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Política

Renovación Popular postulará a la Mesa Directiva del Congreso

El congresista Alejandro Muñante confirmó que la bancada de Renovación Popular presentará una propuesta para presidir el Congreso y sugirió a su colega Norma Yarrow como la candidata ideal para dirigir la Mesa Directiva porque tendría “la capacidad de poder enfrentar a la prensa”.

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Tras el término de la legislatura y en plena semana de representación las bancadas continúan presentando sus propuestas a la presidencia del Parlamento a pocas semanas de las elecciones de la próxima Mesa Directiva.

En ese sentido, el parlamentario Alejandro Muñante acaba de confirmar que la bancada de Renovación Popular será parte del nuevo proceso y sugirió a su colega Norma Yarrow como una candidata idónea.

Norma Yarrow sería la candidata de Renovación Popular a la Presidencia del Congreso.

El congresista Alejandro Muñante confirmó a Infobae que la bancada de Renovación Popular presentará una propuesta para ocupar la presidencia del Parlamento y confesó que Norma Yarrow sería una “muy buena candidata” para ocupar el cargo.

Nosotros, como bancada de Renovación Popular, vamos a crecer. Al ser un grupo importante, dada la fragmentación tan grande que sufre este Parlamento, obviamente vamos a querer participar de la Mesa Directiva, ya sea como presidente o vicepresidente. [Los integrantes de la lista] serán materia de la negociación, pero sí, Renovación Popular aspira a ser parte de la Mesa Directiva. […] Las decisiones formales se darán a conocer en su momento”, declaró al medio.

Asimismo, Muñante también remarcó que Renovación Popular no respaldará la reelección de Alejandro Soto como presidente del Congreso, porque no ha demostrado tener la capacidad para comunicarse ante la opinión pública y porque su cargo se necesita “refrescar cada año”.

“Hemos visto que el presidente Alejandro Soto no ha tenido una buena disposición de responder ante la prensa y ese ha sido un punto flaco para nosotros. Creo que el presidente del congreso es, a su vez, el vocero del parlamento, así que eso se tiene que corregir y espero que el próximo presidente o presidenta tenga esa capacidad”, sostuvo.

Además, precisó que los criterios de su bancada es que el próximo jefe de la Mesa Directiva debe tener la “capacidad de enfrentar a la prensa”, principalmente ahora en un contexto de “bastante polarización”.

“Dada la coyuntura que tenemos, que vivimos un ambiente bastante grande en polarización, necesitamos que el próximo presidente o presidenta del parlamento tenga una habilidad que no se ha visto en los últimos años: la capacidad de poder hablar y enfrentar a la prensa”, concluyó.

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Política

Ministro de Salud defiende a Dina Boluarte y responde a contralor Nelson Shack: “No sabía que es fiscal de lavado de activos”

Los ministros se han convertido en “abogadores defensores” de la presidenta, entre ellos, Gustavo Adrianzén, Morgan Quero, Hania Pérez de Cuellar, Leslie Urteaga, Pérez Reyes, Arana Ysa y Elizabeth Galdo. Y hace unas horas, el titular del Minsa, César Vásquez, con una actitud sarcástica, aseguró que Nelson Shack no tiene el encargo de investigar a la mandataria.

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¡Vergonzoso! El Estado no les paga S/30 mil soles para que funjan de ‘escuderos’ y abogados defensores de la presidenta. Sin embargo, un ramillete de ministros ha desnaturalizado el rol que deben ejercer de acuerdo a ley y se dedican a ser voceros y ‘protectores’ de Dina Boluarte. Entre ellos, el ministro de Salud, César Vásquez, que apenas hace unas horas arremetió contra el contralor general de la República, Nelson Shack, luego de que este anunciara un informe de la institución que preside, donde acreditan que efectivamente, existe un presunto desbalance patrimonial de la mandataria, Dina Boluarte.

César Vásquez acusa a Nelson Shack de ejercer una “maniobra política”

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) mostró una actitud sarcástica, y en declaraciones a la prensa aseguró que el contralor Nelson Shack no tiene el encargo de investigar a la mandataria Boluarte Zegarra.

“Yo creo que es una maniobra política del contralor que se va; porque de cuando acá un contralor tiene como función investigar desbalance patrimonial. Yo no sabía que Nelson Shack es fiscal de lavado de activos”, expresó ante la prensa, este viernes 19 de julio y advirtió que las acciones que realiza Shack contra Boluarte Zegarra se debe a que su gestión estaría culminando.

Se defiende del desabastecimiento de medicinas en el Minsa

Luego de que pacientes de ‘enfermedades raras’, acompañados de médicos y activistas de la salud, realizaran una marcha en el frontis del Ministerio de Salud para exigir que el gobierno abastezca los hospitales de la capital y del Perú con medicinas, el titular del Minsa respondió y aseguró que existe una campaña para “asustar” a la población.

“Es una campaña para forzarnos a nosotros a comprar a sobreprecio productos, como una respuesta a esta campaña de desabastecimiento que quieren vender. Eso es otra cosa que denuncié y he coordinado con Procuraduría del Ministerio de Salud para que haga la denuncia pública”, precisó Vásquez.

Ante las críticas, garantiza abastecimiento de medicamentos para 2024 y 2025

Ante la ola de críticas por el generalizado desabastecimiento de medicinas, hace dos días, el ministro César Vásquez se pronunció, luego del Consejo de Ministros, para asegurar a nombre del Ejecutivo, que los hospitales del Perú pronto contarán con todas las medicinas necesarias, al anunciar un aumento de presupuesto para el presente año y el próximo.

“Le pudo garantizar en nombre del gobierno, se ha destinado el presupuesto necesario, se está activando todos mecanismos para que no haya un desabastecimiento real, duro, fuerte y se tiene el presupuesto y todas las previsiones para garantizar la cantidad suficiente de stock de medicamentos para este año y el próximo”, anunció en conferencia de prensa.

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Política

Presentan habeas corpus para que Antauro Humala no vuelva a amenazar con fusilar a ex presidentes

En reiteradas ocasiones líder etnocacerista ha declarado que de llegar a Palacio se encargará de mandar al paredón a ex mandatarios.

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En un futuro hipotético, de colocarse la banda presidencial, Antauro Humala ordenaría retornar a la época del incanato, reinstauraría los Intis, la ENATRU, cambiaría nuestro el escudo de nuestra bandera y en su lugar pondría la planta de la marihuana, renegaría de la ciencia y en su lugar colocaría nuevamente la costumbre de adorar a las estrellas y las montañas. Ni qué decir sobre el Pacto de San José, el cual pisotearía para así abrir fuego, ciñéndose simbólicamente la mascaypacha, contra todos sus enemigos, mandándolos al paredón.

Al respecto, el Poder Judicial (PJ) admitió a trámite una demanda de hábeas corpus que se presentó contra Antauro Humala, artífice del ‘Andahuaylazo’ en el año 2005.

El recurso fue presentado por las constantes frases que tiene el líder del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) durante sus actividades partidarias y entrevistas, oportunidades en las que se refiere a la posibilidad de fusilar a expresidentes vinculados a la corrupción.

Fue el abogado Gerardo Widauski Kleimberg quien presentó un hábeas corpus ante la Corte Superior de Justicia de Lima. La demanda es a favor de los expresidentes Ollanta Humala, Alberto Fujimori, Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Manuel Merino y Francisco Sagasti, por un presunto atentado contra su libertad personal y el derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial.

“Que el demandado viene difundiendo de forma pública una ideología de odio y racista denominado ´etnocacerismo´, en el cual manifiesta en forma xenófoba y racista la definición de quién es peruano permitiéndose en decir que lo fusilará y asesinará a los beneficiarios, sino también a los que considera corruptos o cualquiera que se oponga a su punto de vista como su ideología al pensamiento criminal supremacista”, se lee en la demanda.

En el documento, el abogado manifiesta que el líder etnocacerista “es una persona criminal y sociópata con un altísimo grado de peligrosidad ya que en su haber cuenta con el asesinato de cuatro policías en una sublevación que lideró en el año 2005”.

“Lo manifestado por el demandado no puede ser pasado por alto ya que hace llamados a la ejecución extrajudicial de los beneficiarios el cual denota una cultura de odio y desprecio por la vida”, se señala en el documento.

El pedido de la demanda contra Antauro Humala es para que el PJ ordene que el ex mayor del Ejército cese con las graves amenazas de muerte en contra de los expresidentes.

Por ahora, el recurso está en manos del PJ, que deberá notificar el caso a Antauro Humala para que dé sus descargos.

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Política

Congreso aprueba en primera votación autorizar el 100% de clases ‘online’ en las universidades

La Comisión Permanente aprobó la medida que autoriza la total educación a distancia y el licenciamiento permanente para las universidades.

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¿En el Congreso defienden los intereses de las universidades? o ¿de los estudiantes universitarios? La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó con 13 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, en primera votación, el proyecto de ley que propone autorizar que las clases sean 100% virtuales en las universidades, argumentando que la modalidad a distancia promueve el aprendizaje autónomo. La propuesta legislativa plantea modificar el artículo 13° y 47° de la Ley Universitaria.

¿Quién presentó el proyecto de ley?

El proyecto de ley fue presentado por el congresista Héctor Valer Pinto, de Somos Perú. Justamente, este legislador recientemente confundió al actor de cine porno conocido como ‘Niño Polla’, con el joven físico peruano Gustavo Aldana, quien ganó un concurso internacional de física cuántica. En su red social, Valer Pinto felicitó al actor español de cine para adultos, en lugar de Aldana.

Con respecto a la modalidad a distancia, o no presencial, en la Comisión se indicó que este tipo de clases permiten un aprendizaje autónomo sin perder la interacción entre estudiantes y docentes, gracias a los medios tecnológicos que se convierten en verdaderas herramientas para los alumnos.

“Podrá comprender hasta el 100 % de los créditos académicos, siempre y cuando se utilicen tecnologías de información y la comunicación (TIC) certificadas”, añade.

El proyecto legislativo de Valer Pinto, es una respuesta a la necesidad de reducir la incertidumbre de los estudiantes, respecto de la oferta académica en sus respectivas localidades. Además, “busca fortalecer los mecanismos de supervisión para asegurar la calidad de servicio educativo universitario”.

Sin embargo, el proyecto de ley establece casos excepcionales. Se trata de las carreras y especialidades que obligatoriamente requieren la realización de experimentos y prácticas presenciales, como es medicina, química, ingeniería civil, entre otros.

Asimismo, los mecanismos para garantizar la calidad de la modalidad a distancia son los siguientes: “Plataforma de gestión académica virtual”, “Estándares de calidad para TIC”, “Capacitación continua” y “Evaluación de satisfacción”, establece el proyecto de ley.

También se aprobó el licenciamiento permanente de las universidades

Asimismo, aprobaron en primera votación establecer de forma permanente el licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Entre los argumentos indican que esta modificación de licenciamiento permanente, lograría una mayor predictibilidad y seguridad en la continuidad de los estudios de los alumnos universitarios.

“La autorización otorgada mediante el licenciamiento por la Sunedu, es de carácter permanente, siempre y cuando las universidades demuestren el cumplimiento continuo de las condiciones básicas de calidad. No obstante, las universidades estarán sujetas a evaluaciones periódicas inopinadas para garantizar la calidad educativa y la transparencia en el uso de recursos públicos”, señala el proyecto de ley.

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Política

Poder Judicial rechazó demanda de amparo presentada por Dina Boluarte para anular denuncia por muertes en protestas

La Corte Superior de Justicia de Lima la declaró improcedente en segunda instancia. Este es el segundo intento fallido de la presidenta para anular la denuncia constitucional que presentó en su contra la exfiscal Patricia Benavides, por las 77 muertes en las protestas de 2022 y 2023.

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La Corte Superior de Justicia de Lima del Poder Judicial declaró improcedente en segunda instancia, la demanda de amparo que presentó la presidenta de la República, Dina Boluarte, para anular la denuncia constitucional que interpuso en su contra la Fiscalía de la Nación, por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.

El Poder Judicial, a través de su cuenta oficial de ‘X’, informó sobre la medida que fue decidida en la Segunda Sala Constitucional de Lima, sobre el recurso constitucional presentado por Boluarte Zegarra.

“Poder Judicial rechazó en segunda instancia, la demanda de amparo presentada por la Presidenta Dina Boluarte Zegarra para anular la denuncia constitucional en su contra por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023. Segunda Sala Constitucional de Lima emitió dicha decisión”, se lee en el post del PJ.

Esta denegatoria vendría a ser el segundo intento fallido de la presidenta para anular la denuncia constitucional que presentó en su contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en noviembre de 2023 por las 77 muertes en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.

Como se sabe, Dina Boluarte Zegarra fue denunciada por el Ministerio Público ante el Congreso de la República por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso liderada por Leidy Camones de APP acaba de ‘blindarla’ y decidió archivar la denuncia por las 77 muertes en las protestas antigubernamentales. Y como una especie de “premio consuelo”, admitieron la denuncia por el ‘caso Rolex’.

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Ley de taxis por aplicativo deberá ser revisada nuevamente en el Congreso tras observaciones del Ejecutivo [VIDEO]

La ATU sostiene que dicha norma, de aprobarse por insistencia, sería una “puerta abierta” a la informalidad.

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Le pusieron freno de mano. El Poder Ejecutivo observó la norma que regula a las empresas de taxis por aplicativo, exigiéndoles establecer un registro nacional con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

Como se recuerda, la autógrafa de ley aprobada el 30 de mayo, plantea regular a las empresas administradoras de intermediación del servicio de transporte, dedicadas principalmente al servicio de taxi, como Uber, Didi, InDrive, Cabify, entre otras. El objetivo es garantizar los derechos y la seguridad de sus usuarios. Para ello, se determina que las compañías deben exigir a los conductores una serie de datos sobre ellos mismos, sus vehículos y el servicio que brindarán.

Bajo la dirección de la presidenta Dina Boluarte, desde Palacio argumentan que, aunque la ley busca regular a las empresas que administran servicios de transporte privado especial mediante plataformas tecnológicas, está afectando negativamente al servicio de transporte terrestre.

Además, la norma introduce un nuevo término denominado “servicio de transporte especial”, pero sin ofrecer una definición clara.

En este contexto, el Congreso de la República tiene la responsabilidad de revisar nuevamente el proyecto de ley que regula las aplicaciones de taxis y podría aprobarlo por insistencia a través de la Comisión Permanente.

fuente: 24 horas.

ATU en contra de ley

Al respecto, la presidenta ejecutiva de la ATU, Marybel Vidal, afirmó que la autógrafa de ley aprobada por el Congreso de la República permitiría evadir la fiscalización a través del uso de aplicativos para taxis y otros vehículos.

Por ello, advirtió que de aplicarse dicha norma sería una puerta abierta a la informalidad en todos los servicios de transporte público.

Explicó que sería “un grave retroceso para el transporte público” debido a que tiene una débil regulación y una inexistente potestad fiscalizadora y sancionadora para los operadores que presten servicios de transporte mediante el uso de aplicativos”.

Agregó que la fórmula legislativa aprobada por el Congreso contraviene la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la ley de creación de la ATU y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

En ese sentido, Vidal sostuvo que, en la autógrafa de ley, no se define qué es un servicio privado de transporte especial y cuál es su alcance o delimitaciones. “Al no definirse y delimitarse el denominado servicio privado de transporte especial, se permitiría que a través del uso de aplicativos se oferten y presten servicios informales, no solo de taxi sino también de carga y de una ciudad a otra”, insistió.

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Política

Congreso blindó a presidenta Dina Boluarte y archivó la denuncia de Fiscalía por muertes en protestas

Nuevamente la mandataria encuentra protección en el Parlamento. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votó en contra de tramitar la denuncia por las 77 muertes en protestas antigubernamentales y como “premio consuelo”, admitieron la denuncia por el ‘caso Rolex’.

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Como era de esperarse, con 14 votos en contra y 2 a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, liderada por Lady Camones, subordinada de Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña, archivo de manera definitiva la denuncia constitucional que interpuso la Fiscalía, contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte, relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas violentas en su contra, a fines de 2022 e inicios de 2023; sucesos que se desataron tras el intento de golpe de Estado realizado por Pedro Castillo.

La Subcomisión archivó denuncia contra Dina Boluarte porque estimó que era improcedente

De acuerdo al informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, durante las protestas se registraron actos violentos contra las fuerzas del orden y daños a la infraestructura pública y los activos críticos. El documento resalta la vigencia del estado de emergencia decretado en aquel tiempo, debido a las manifestaciones y el marco legal que regula la actuación policial. Por lo tanto, como no se demostró un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, ni se obtuvo reconocimiento de responsabilidad por parte de los investigados, la Subcomisión asumió que la denuncia era improcedente y, por lo tanto, fue archivada.

La Subcomisión sí admitió la denuncia contra Dina Boluarte porcaso Rolex’

En su defecto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí aprobó dar trámite a la denuncia del Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’. Esta denuncia fue presentada en mayo pasado por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y en ella se le atribuye a Boluarte Zegarra el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, porque según la Fiscalía, la mandataria habría recibido “en donación continua” tres relojes de la marca Rolex, así como una pulsera Bangle y un par de aretes de oro. Dicho informe de calificación fue aprobado con 17 votos a favor y dos en contra.

Como se recuerda, el denominado ‘Caso Rolex’, involucra al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien también es investigado por la Fiscalía, por el presunto delito de cohecho activo genérico por el préstamo de relojes de la marca Rolex y costosas joyas a la mandataria Boluarte Zegarra. Lo sospechoso en este caso, es que dicho préstamo coincidió con una transferencia millonaria que hizo el gobierno central a la gobernación de la región Ayacucho.

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Política

Ejecutivo observa ley de nombramiento automático de docentes

Aproximadamente 180 mil profesores iban a ingresar a la carrera magisterial, afectado el presupuesto público de dicho sector.

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No hay plata. Aparte de no contar con la preparación adecuada, el ingreso de alrededor de 180 mil docentes de educación básica afectaría, según las explicaciones del Poder Ejecutivo, generaría un mayor gasto para el Estado, precisando que no cuentan con dicho presupuesto para pagar a todos esos profesores.

Es así que el Gobierno de Dina Boluarte observó la ley de nombramiento automático de docentes, los cuales iban a ingresar a la Carrera Pública Magisterial con tan solo 3 años de preparación y sin rendir la Prueba Nacional del Docente.

Según el oficio firmado por la jefa de Estado y su primer ministro, Gustavo Adrianzén, dicha autógrafa vulnera el Principio de Equilibrio Presupuestario debido a que generaría gastos y no se contarían con los recursos suficientes para poder financiarlo

“La Autógrafa de Ley contraviene el Principio de Equilibrio Presupuestario (…), al generar gastos sin contar con recursos suficientes para su financiamiento en el presupuesto institucional de los pliegos involucrados para el presente año fiscal”, se lee en el documento.

Asimismo, se menciona que, de acuerdo al artículo 79 de la Constitución Política del Perú, los representantes ante el Congreso de la República no poseen iniciativa para crear ni mucho menos aumentar gastos públicos

“Teniendo en cuenta que la propuesta legislativa es de iniciativa congresal, es pertinente mencionar que el artículo 79 de la Constitución Política del Perú establece: Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”, agregan. 

Es importante precisar que, hace un mes, con 64 votos en contra, 28 a favor y 23 abstenciones, el Pleno rechazó la reconsideración de la votación respecto al dictamen que proponía el nombramiento excepcional de los docentes que se encuentran contratados para la modalidad de educación básica regular. 

Ante ello, el Consejo Nacional de Educación (CNE) solicitó al Parlamento mantener un comportamiento netamente responsable no solo frente a la formación educativa de los estudiantes sino también una actitud ética en cuanto a los procesos de nombramiento de docentes

Como se sabe, cada año, un gran número de profesores se inscriben y participan en el concurso público del Ministerio de Educación con la finalidad de acceder al nombramiento permanente. 

No obstante, de llegar a concretarse la aprobación de la ley de nombramiento automático, la prueba de rigor se eliminaría y los profesores obtendrían dicho beneficio con solo tener tres años o más como contratados en dicho sector.

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Pedro Castillo continuará encarcelado: Poder Judicial amplía por 18 meses su prisión preventiva

Se declaró fundado el pedido de la Fiscalía de ampliar la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por cargos de abuso de autoridad, rebelión, y perturbación de la tranquilidad pública, debido al autogolpe que orquestó en diciembre de 2022. La Sala judicial indicó que aún subsiste el “peligro de fuga”.

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El Poder Judicial, mediante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República prolongó por 18 meses más la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, rebelión y perturbación de la tranquilidad pública, por causa del autogolpe que protagonizó el 7 de diciembre del 2022, antes de que sea vacado del cargo de jefe de Estado del Perú. Dicho fallo, revocó la resolución de primera instancia que había ampliado la medida coercitiva por 14 meses; en esa línea, el tribunal argumentó que la subsistencia del peligro de fuga justifica la medida de prolongación de la prisión preventiva.

“Lo expuesto permite inferir razonablemente la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable. El recurso defensivo, en este extremo, debe desestimarse. Corresponde prolongar la medida de prisión preventiva”, se lee en el fallo.

Adicionalmente, pesa sobre Pedro Castillo otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presuntamente haber liderado una red de corrupción en el Poder Ejecutivo.

Acusaciones de Pedro Castillo

Como se recuerda, el 7 de diciembre del 2022, mediante un mensaje a la Nación, el entonces presidente Pedro Castillo ordenó el cierre del Congreso y la reestructuración del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como de otras instituciones autónomas. Tras estos hechos, Castillo Terrones fue acusado por el presunto delito de rebelión y enfrenta un pedido de la Fiscalía de 34 años de cárcel. El proceso judicial por el autogolpe de Estado se encuentra en la etapa de control de acusación, y el juez Juan Carlos Checkley viene evaluando la acusación fiscal y los argumentos de la defensa, para decidir si el caso avanza a juicio.

Adicionalmente, la Fiscalía ha pedido 25 años de prisión para la expremier Betssy Chávez, los exministros Roberto Sánchez Palomino (Comercio Exterior) y Willy Huerta Olivas (Interior), y los oficiales de la Policía Nacional (PNP), Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, todos ellos presuntos partícipes en el fallido autogolpe. Asimismo, el expremier Aníbal Torres, afronta un pedido de 15 años de cárcel por rebelión.

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