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¿Quiénes somos, Ayotzinapa?

En México parecemos víctimas de la antigua maldición: nadie puede decir que no vivamos tiempos interesantes. Pero no es que muchos mexicanos podamos o queramos considerar de forma distanciada, desapasionada, lo interesante de nuestro presente. Éste es un tiempo de rabia y de enojo: de indignación que ha hecho eco en todo el mundo.
Ayotzi, aguanta:
el pueblo se levanta.
El 26 de septiembre de 2014 tuvo lugar la “desaparición” forzada de 43 estudiantes de una escuela en el pueblo de Ayotzinapa, Guerrero: de las regiones más pobres y desatendidas de un país con 50% de su población en condiciones de pobreza. Los estudiantes, todos de alrededor de 20 años, aspirantes a ser maestros rurales, eran parte de un contingente que había idoa la cercana ciudad de Iguala a hacer labores de activismo y colecta de dinero: el único modo que tienen muchas escuelas como la de ellos de obtener recursos y, de hecho, de hacerse visibles, ignoradas como son por el Estado.
A las autoridades de Iguala se les hizo fácil mandar a la policía a atacarlos a balazos. También se les hizo fácil, una vez dispersado el contingente, entregar a los 43 que habían capturado a una banda local de narcotraficantes. Es posible que sicarios de esa banda los hayan matado a todos para luego destrozar y quemar sus cuerpos, para intentar destruirlos por completo: se han identificado restos de uno de ellos, Alexander Mora Venancio.
Antes de que se diera esta confirmación, por parte de peritos argentinos que examinaban las evidencias recogidas(aunque no está claro dónde fueron halladas: una de muchas lagunas en el caso, que amplifican la incertidumbre sobre el destino de los muchachos), las autoridades federales ya habían anunciado las muertes;ya se habían encontrado fosas clandestinas con decenas de otros cadáveres…, desaparecidos en otros hechos de violencia, todavía no identificados en su gran mayoría;ya el presidente Enrique Peña Nieto había declarado, con una insensibilidad o una torpeza inmensa, que México debía meramente “superar” el dolor causado por la masacre de Iguala.
Porque vivos se los llevaron,
vivos los queremos.
A la vez, documentos cuya existencia reveló la periodista Carmen Aristegui poco después de la masacre han destapado un escandaloso tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable que involucra a Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera, a la poderosa empresa Televisa –que hizo famosa a Rivera como actriz de telenovelas, y a la que muchos atribuyen la “creación” de Peña Nieto como figura mediática, para hacerlo ganar las elecciones que lo hicieron presidente– y a empresarios previamente beneficiados con contratos millonarios de obra pública. En otros países, la sola sospecha de los negocios ilícitos que aquí se adivinan ya le habría costado al presidente no sólo el cargo sino un juicio penal; en México el poder ha cerrado filas a su alrededor y lo ha protegido con acciones y “argumentos” obscenos por ridículos.
La confluencia del horror de lo sucedido entre los más pobres y el enojo por lo que los más ricos se permiten ha causado una enorme conmoción. Ambos, juntos, han forzado a muchos mexicanos a reconocer una realidad presente desde hace décadas de injusticias silenciadas y agudizada por el deterioro social que hemos padecido en lo que va del siglo XXI. “Lo normal” en mi país es un ambiente vergonzoso de corrupción y violencia. Autoridades y cuerpos de seguridad que no sólo están coludidos con el crimen organizado sino que son parte de él, como resultaron serlo el alcalde de Iguala y su esposa, proveniente de una familia de narcos; un gobierno federal con más interés en cuidar su imagen en el exterior que en el bienestar de sus ciudadanos y que ha intentado cooptar o acallar, sin éxito, la protesta social; medios masivos de comunicación con intereses y componendas que se hacen evidentes en coberturas sesgadas y grandes esfuerzos por satanizar cualquier disenso; legislaturas que bloquean cualquier esfuerzo de esclarecimiento de los crímenes y en las que todos los partidos, incluyendo los de la presunta “oposición”, hacen el juego al presidente o, cuando mucho, buscan su propio beneficio al criticarlo pero han dado la espalda a quienes debían representar.
Nada es nuevo. Iguala y Ayotzinapa, de manera que quizá nadie hubiera podido prever, lo han vuelto visible, intolerable, como nunca antes.
Y mientras tanto los crímenes no han cesado; cada noticia de una muerte espantosa –esté relacionada o no con los hechos de Guerrero– se agrega a una masa informe de informaciones angustiosas; el resto de los muchachos no aparece; miles salen a marchar o se quejan en las ciudades y las redes.
Siempre que marchamos
la gente nos pregunta:
¿Quiénes son ustedes?
Y les contestamos:
Estudiantes, sí, señor,
de lo bueno lo mejor.
Parece que la protesta, emprendida sobre todo por una nueva generación de jóvenes, se propone mantener su búsqueda de justicia para los muchachos de Ayotzinapa y sus familias y no permitir que el hecho se olvide rápidamente. También parece estar ampliando sus miras y abrazar una segunda causa, más amplia, que ya es imprescindible: exigir la limpieza a fondo el sistema político mexicano, incluyendo la renuncia de funcionarios incompetentes y el castigo de corruptos y criminales. Pero no se sabe aún si esto podrá ocurrir. Como otros momentos críticos del pasado reciente, éste ha mostrado la solidaridad de buena parte de la población mexicana pero también sus divisiones, y no está claro si habrá la cantidad suficiente de personas indignadas y dispuestas a continuar la presión. Muchas, sobre todo en las clases medias y altas, tienen miedo: interpretan lo que ocurre en las calles del país como la acción de “rijosos”, “revoltosos”, “izquierdistas” y otros calificativos que muchas veces llegan hasta los insultos racistas y clasistas.
Tampoco está claro, tristemente, si el sistema político mexicano puede realmente reformarse y repararse. Muchas personas en la calle –me ha tocado escuchar a más de una, como le puede suceder casi a cualquiera que se refiera a estos asuntos en México– sostienen que no: que la política nacional está podrida sin remedio y que nuestros gobernantes jamás serían tan tontos como para actuar en su propio perjuicio (y en esto hay, al menos por unos instantes, una escalofriante cercanía de quien habla con la visión corrompida del mundo de esos políticos). Que la única alternativa es un levantamiento armado, dicen.
Esta sentencia proviene de rabia y frustración acumuladas durante décadas y su ánimo puede ser nihilista, reducido a imaginar la venganza, o bien épico, que es el de muchos de los más jóvenes: de aquellos para los que la acción colectiva puede llenar el vacío de una existencia sin oportunidades, sin relieve, sin sentido. Por supuesto, uno de los muchos males causados por nuestro régimen político es justamente que una generación entera, o más, parece condenada a carecer de trabajo, de oportunidades, de cualquiera de los beneficios que llamamos “futuro”.
(Román Luján, poeta y amigo, resumió el ánimo épico en este párrafo encendido: “Las llamas sobre el campesino inmolado. Las llamas sobre Alexander Mora Venancio. Las llamas de la revolución que nos aguarda.”)
Yo soy ¿quién? El normalista.
Que sí, que no, el normalista.
Yo soy ¿quién? El asalariado.
Que sí, que no, el asalariado.
Yo soy ¿quién? El desempleado.
Que sí, que no, el desempleado.
Yo soy ¿quién? El de Ayotzinapa.
Que sí, que no, el de Ayotzinapa.
Curiosamente, en las emociones bajo la protesta también está en muchos casos una convicción ética. Los desencuentros sobre estos temas continuamente pasan por juicios –acertados o no, tolerantes o no– sobre la catadura moral del adversario.“Todos somos Ayotzinapa”, dice una consigna repetida millones de veces en las últimas semanas, pero ésta es también una consigna desmenuzada y debatida interminablemente. Hay quienes se desligan voluntariamente de ella por creerla estrecha o por creerse (o por creer a otros) indignos de ser incluidos en su afirmación absoluta. Hay una pregunta oculta en esto: ¿Quiénes somos?
Y en la pregunta hay (tal vez) el cambio o el rechazo de una idea antigua de nuestra relación con el poder.
El sentido de palabra patria está en su origen: en latín es el adjetivo de lo que se refiere al padre o a los antepasados. La terra patria era el lugar del que se provenía o por el que se sentían los más grandes afectos, con el que se tenían las más grandes obligaciones. Actualmente se discute su pertinencia y se propone el uso de otras palabras (como matria, por ejemplo), pero el México actual proviene de siglos de historia en los que el concepto convencional de patria se fomentó como una descripción válida de la naturaleza del poder, de la máxima autoridad. El paternalismo de nuestros regímenes se ha mencionado, y atacado, con gran frecuencia.
¿Qué clase de padre sería el Estado mexicano actual, que ha sido llamado una cleptocracia: un gobierno de ladrones, fincado en la corrupción y no en la legalidad?
Sería, claro, un padre golpeador, un bully: abusivo, violento, díscolo, caprichoso; un padre tiránico y hasta un poco perturbado, siempre imponiendo obligaciones imposibles de cumplir y aspiraciones a las que él mismo, invariablemente, cerraría la puerta. Haría desear a sus hijos todo lo que deliberada, sistemáticamente, no les daría nunca. Los culparía de todo daño que les infligiera. Los trataría con distingos, los postergaría invariablemente en favor de sus amistades y protegidos, jugaría a los favoritos y a la división. Los haría creer que el único modo de existir es volverse como él y perpetuar la desigualdad y la injusticia.
Tal vez, sólo tal vez, nos estamos dando cuenta, y comenzamos a entender que no merecemos un “padre” así ni esa forma para la historia de nuestras vidas.
Actualidad
Nombramientos Irregulares en la UNSAAC: nepotismo y despilfarro de recursos públicos
El derrumbe institucional de la UNSAAC. Una historia que incluye a un familiar de la presidenta Dina Boluarte.

La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, otrora símbolo de sabiduría andina y resistencia intelectual, atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Las paredes coloniales que la rodean ya no resguardan el espíritu crítico, sino los ecos de la indignación. Una federación estudiantil en pie de guerra, docentes que denuncian a gritos el desmoronamiento ético de su alma máter, y autoridades que —con el silencio como único argumento— se atrincheran tras resoluciones y formalismos.
La causa inmediata de esta crisis: el proceso de nombramiento de docentes contratados, amparado en la Ley N.º 32171, convertido en botín político y familiar. La ley, que buscaba regularizar a miles de docentes precarios, se ha transformado en Cusco en un instrumento para beneficiar a allegados, parientes y amigos de autoridades universitarias, bajo el manto cómplice de la burocracia y la opacidad.
El Rector Eleazar Crucinta Ugarte y la vicerrectora Paulina Taco han sido señalados públicamente por actos de presunto nepotismo. Más de seis artículos documentadas han encendido las alarmas. Mientras tanto, la comunidad estudiantil —en un acto que recuerda las viejas huelgas universitarias— tomó las instalaciones, exigiendo que las actividades se trasladen a la virtualidad, como si el problema pudiera esconderse tras una pantalla.
El caso más escandaloso, sin embargo, lo protagoniza la Escuela Profesional de Antropología. En un documento fechado el 26 de junio de 2025, los docentes de dicha escuela denuncian un proceso plagado de irregularidades: nombramientos sin sustento técnico, ampliación indiscriminada de plazas sin análisis de carga académica, y vínculos familiares que rozan el tráfico de influencias.

Entre los casos más indignantes figura el del director del Departamento Académico, Dr. Máximo Cama Tito, cuya esposa, Alejandra Tito Tica, aparece nombrada. Similar situación se presenta con el Antropólogo David Ugarte Vegacenteno, cuya hija —Luz Gabriela Ugarte Boluarte, sobrina de la presidenta de la República— figura entre las beneficiadas, pese a no cumplir con los requisitos de la ley. ¿Coincidencia? ¿Amnesia legal? ¿O simple impunidad disfrazada de meritocracia?
La evaluación de candidaturas parece haberse realizado con la ligereza de quien selecciona nombres al azar. Morvely Karen Núñez del Prado, declarada «apta», jamás figuró como docente contratada durante el semestre exigido por ley. Su inclusión en el listado revela la precariedad —y quizás la perversidad— de los criterios utilizados. En cualquier administración seria, este sería motivo suficiente para anular el proceso. En Cusco, sin embargo, todo sigue igual.
La Federación Universitaria del Cusco, en su oficio N.º 036-2024-FUC-SAG, ha denunciado incluso el pago de sueldos a docentes sin carga académica. Es decir, funcionarios que cobraban sin enseñar. Entre ellos, una vez más, la ya mencionada Luz Gabriela Ugarte Boluarte. ¿Quién autoriza estos pagos? ¿Quién los supervisa? ¿Quién los encubre?

Peor aún, el acuerdo firmado el 8 de mayo entre el rector y el Centro Federado de Estudiantes, donde se comprometía a priorizar la demanda real antes de los nombramientos, fue flagrantemente ignorado. No solo se incumple la palabra dada; se traiciona a una comunidad entera.
Para hablar de estos temas, nos comunicamos con el rector Eleazar Rucinta, pero hasta el cierre del artículo no tuvimos respuesta.

UNSAAC en cuidados intensivos
La UNSAAC está enferma. Y su enfermedad no es solo burocrática, sino moral. La corrupción, ese viejo mal peruano que se infiltra en los pasillos del poder como una hiedra venenosa, ha encontrado terreno fértil en la universidad más antigua del sur del país.
La pregunta ya no es si estas denuncias son ciertas —los documentos hablan por sí solos—, sino cuánto tiempo más la sociedad cusqueña y el Estado peruano permitirán que esta situación se prolongue. ¿Dónde están los organismos fiscalizadores? ¿Dónde está la Sunedu? ¿Dónde está la presidenta, cuya sobrina es parte del escándalo?
Urge una intervención que no sea decorativa. Una auditoría real. Un castigo ejemplar. Porque si dejamos que la UNSAAC se hunda, con ella se hundirá también una parte esencial de nuestra historia académica, de nuestro futuro colectivo. Y lo más terrible: no nos daremos ni cuenta.
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Cámaras inoperativas, vehículos de serenazgo en mal estado, equipos defectuosos, todo eso ha encontrado la Contraloría en 248 municipios
Inspección realizada en mayo por la Contraloría ha revelado que muchos gobiernos locales no cuentan con las medidas necesarias para vigilar sus jurisdicciones.

Desprotegidos. La Contraloría General de la República realizó un operativo a 248 gobiernos locales durante los días del 8 al 14 de mayo, detectando severas deficiencias en los servicios de seguridad ciudadana. El operativo denominado “Servicios de seguridad ciudadana ejecutados por los gobiernos locales” arrojó que en todos eso municipios no existe un correcto funcionamiento en herramientas que deberían de ayudar al personal a combatir la delincuencia urbana.
Así, figuran 1553 cámaras de videovigilancia inoperativas (el 20 % de las 6144 instaladas), siendo las regiones más afectadas Arequipa (255), La Libertad (180) y Lima Provincias (153). Además, el 22 % de las cámaras no almacenan las grabaciones por el plazo mínimo de 45 días, como exige la norma, y el 86 % de las municipalidades no tiene un plan de mantenimiento para estos equipos.

Respecto a los equipos de radiocomunicación, se detectaron 1054 unidades inoperativas (el 19 % del total) y se constató que el 32 % de las municipalidades no cuenta con un centro de telecomunicaciones para monitoreo y respuesta ante emergencias.
En cuanto al patrullaje municipal, 378 vehículos (el 14 % del total) están inoperativos, mientras que 34 gobiernos locales no realizan patrullaje conjunto con la Policía Nacional, lo que debilita la coordinación interinstitucional.
El personal de serenazgo también enfrenta condiciones precarias: el 63 % de las municipalidades supervisadas no les proporciona equipo de protección completo, y el 20 % solo les entrega equipamiento parcial, sin chalecos antibalas, rodilleras ni coderas.
De forma aún más crítica, seis municipalidades no cuentan con servicio de serenazgo ni con cámaras de videovigilancia, lo que refleja una ausencia total de presencia municipal en materia de seguridad.
Recomendaciones de la Contraloría
La Contraloría General ha comunicado los resultados del operativo a los titulares de los gobiernos locales visitados con la finalidad de que adopten las medidas preventivas y correctivas que contribuyan a optimizar la gestión de seguridad ciudadana que vienen desarrollando.
Asimismo, ha recomendado la elaboración e implementación obligatoria de planes objetivos específicos para el servicio de serenazgo en todos los gobiernos locales, alineados con directivas nacionales y bajo enfoque de gestión de riesgos. Esto permitirá optimizar el uso de recursos, fortalecer la capacidad operativa y mejorar la articulación del sistema de seguridad ciudadana.
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Caos en la Vía Expresa: Metropolitano colapsó otra vez
Más de 20 buses del Metropolitano quedaron varados en la Vía Expresa de Paseo de la República. Según la ATU, el incidente fue causado por un acto de vandalismo que puso en peligro a un conductor.

Este lunes 30 de junio, Lima volvió a experimentar lo que para miles de ciudadanos ya no es una excepción, sino una lamentable rutina: el colapso del servicio del Metropolitano. Más de 20 buses quedaron varados durante horas en plena Vía Expresa, entre el Centro de Lima y San Isidro, dejando a cientos de pasajeros atrapados, molestos y sin respuestas claras.
Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la causa de este nuevo episodio de caos fue un “acto de vandalismo” que afectó a uno de los conductores. Si bien el comunicado oficial señala que el servicio fue “restablecido”, la realidad es que no existen protocolos efectivos para enfrentar imprevistos, ni mucho menos un plan de contingencia que priorice a los usuarios.
La ATU se limitó a publicar en redes sociales: “Se ha superado el incidente”, como si con eso bastara para justificar horas de retraso y desorden en el servicio. Es inaceptable que un sistema de transporte que moviliza a miles de personas a diario dependa del azar, sin medidas preventivas ni capacidad de reacción frente a emergencias mínimas.

Como si fuera poco, la estación Naranjal del Metropolitano también sufrió bloqueos debido a manifestantes. Aunque finalmente se dispersaron con apoyo policial, el daño ya estaba hecho: más demoras, más caos, y más ciudadanos afectados.
La ATU parece olvidar que gestiona un servicio esencial para la vida diaria de la ciudad. La falta de inversión en infraestructura de respaldo, la carencia de información oportuna a los usuarios y la absoluta ausencia de un plan de manejo de crisis evidencian un sistema colapsado por la improvisación.
Los limeños no merecen más excusas ni comunicados vacíos. Necesitan un sistema de transporte urbano que funcione, que sea seguro, previsible y, sobre todo, respetuoso con su tiempo y su dignidad. Si la ATU no puede garantizar eso, entonces la pregunta es obligada: ¿para qué existe?
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TC determinó que demolición de muro en la plazuela de la iglesia San Francisco no vulneró ningún patrimonio
Máximo intérprete de la Constitución indicó que demolición de cerco perimétrico fue completamente legal.

Se acabaron las barreras. El Tribunal Constitucional (TC) puso punto final a la controversia legal sobre la demolición del muro perimétrico que rodeaba la plazuela San Francisco, en el Cercado de Lima.
A través de una sentencia emitida esta semana, el colegiado declaró infundada la demanda de amparo presentada por la Provincia Franciscana de los Doce Apóstoles contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Cultura (Mincul).

De acuerdo con el fallo, el muro, que fue construido en 1989 como medida de seguridad, no contaba con protección como patrimonio cultural, ni a nivel nacional ni internacional.
El fundamento 16 de la sentencia señala que la construcción original respondió a necesidades de seguridad durante la época del terrorismo y comercio ambulatorio en el Centro de Lima. «Esta situación ha variado […] ya no sería necesario», indicó el TC, respaldando el criterio municipal.

Por el contrario, incluso la Unesco respaldó su demolición al considerar que no formaba parte de los elementos reconocidos como parte del valor universal excepcional del Centro Histórico de Lima.
El TC también precisó que la demolición, realizada por la comuna limeña en febrero de 2022, fue parte de un plan integral de recuperación y peatonalización del entorno monumental.
La decisión se sustentó en que el muro estaba levantado sobre un bien de propiedad pública y no generaba derechos adquiridos que impidieran su retiro.
En su sentencia, el tribunal descartó que la medida haya afectado la libertad religiosa o las actividades propias del convento y la iglesia San Francisco. Los magistrados señalaron que no se acreditó ninguna restricción al ingreso de fieles ni a las celebraciones litúrgicas.
Finalmente, el TC exhortó a la Municipalidad de Lima y a la comunidad franciscana a establecer mecanismos de coordinación para garantizar que los proyectos de mejoramiento urbano no interfieran con el normal desarrollo de las actividades religiosas.
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Hallan muerto a José Miguel Castro, exfuncionario clave del caso Susana Villarán
Degollaron al testigo clave que iba a declarar contra la ex alcaldesa Susana Villarán. PNP descarta suicido por la escena encontrada.

Hoy, 29 de junio, la Policía Nacional del Perú halló sin vida a José Miguel Castro Gutiérrez, de 51 años, exgerente municipal de la gestión de Susana Villarán y testigo clave en el caso de financiamiento ilegal de campañas políticas en Lima. Castro fue encontrado en el baño de su domicilio, ubicado en la calle Madrid, distrito de Miraflores, con un profundo corte en el cuello de aproximadamente 14 centímetros.
Según el parte policial, al que este medio tuvo acceso, fue su padre, Julio Sergio Castro Gómez, de 81 años, quien halló el cuerpo alrededor de las 10:15 a. m. al ingresar a los servicios higiénicos del inmueble. Castro Gutiérrez había sido visto por última vez a las 10:00 p. m. del día anterior y se encontraba en pijama, tendido en el piso y con signos evidentes de sangrado.
Al lugar acudieron agentes policiales y personal del SAMU, quienes constataron la muerte. El paramédico Kenneth Encinas Panduro indicó que el cuerpo presentaba una herida cortante en el cuello. Además, se hallaron en la escena un cuchillo de cocina con mango de color negro, manchado de sangre, y otro cuchillo con mango de color rojo con similares características.
El hecho ocurre a pocas semanas de que Castro declarara nuevamente ante la Fiscalía en el marco del proceso que investiga la presunta recepción de aportes ilegales de Odebrecht y OAS a las campañas del «No a la revocatoria» y la reelección municipal de Villarán. La Fiscalía ya había incluido a Castro como colaborador eficaz.
La noticia ha generado conmoción y suspicacias en sectores políticos y de la opinión pública, dado el contexto judicial que enfrentaba. El Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer si se trató de un suicidio, como sugiere el informe preliminar, o si hay indicios de participación de terceros.
Actualidad
NEO TV irrumpe en la televisión peruana: arte, análisis, cultura y política en una nueva señal
Una nueva propuesta televisiva.

Una nueva forma de ver televisión ha llegado al Perú. Se trata de NEO TV, un canal diferente, audaz y necesario, que apuesta por contenidos de calidad, pensamiento crítico y conexión con lo esencial: el arte, la cultura, la información y el análisis profundo de la realidad.
NEO TV ya está disponible en múltiples plataformas de acceso nacional, incluyendo Win, Win Plus, TV 360 de Bitel, Zapping, Best Cable, Megatel, Bantel, Yotta TV y en señal abierta a través del canal 18.6 de la Televisión Digital Terrestre.
Bajo el lema “La nueva televisión ya está aquí”, NEO TV presenta una propuesta fresca y comprometida con el contexto actual del Perú, ofreciendo una programación diversa y de alta calidad, pensada para un público exigente, curioso y con ganas de ver más allá del entretenimiento vacío.
Estos son algunos de sus programas emblema:
• Tecnología y Negocios con Juan José Sandoval – los protagonistas de la innovación y el mundo empresarial comparten su visión.
• Ver para Crear con Luis Agusti – entrevistas íntimas con los artistas más importantes del país.
• Lima Gris – periodismo de investigación con la conducción de Edwin Cavello.
• Lo que es y no lo que parece con Ian Paredes – análisis político directo y sin concesiones.
• Hombro a Hombro – el entorno natural bajo la lupa: clima, mareas y sostenibilidad.
• El Ojo está en la Cabeza – una exploración del mundo a través de la fotografía.
• Viajando con Uchi Vargas – rutas y destinos que inspiran y conmueven.
• Al final del día con César Sánchez Torrealva – un late night con conversaciones inteligentes.
• Influencer de la semana con Milagros Salinas – un podcast fresco, con voces que importan.
• La homilía del Padre Arens – espiritualidad y reflexión en tiempos de cambio.
NEO TV no es solo un canal, es una declaración de principios. Es la respuesta a una audiencia que pide algo distinto. Es la televisión que pone en valor el contenido, el talento nacional y la mirada crítica sobre nuestro presente.
NEO TV ya está disponible en múltiples plataformas de acceso nacional, incluyendo Win, Win Plus, TV 360 de Bitel, Zapping, Best Cable, Megatel, Bantel, Yotta TV y en señal abierta. pic.twitter.com/9aWNKDBt0k
— Revista Lima Gris (@Limagris) June 27, 2025
Actualidad
Pronunciamiento de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú ante el caos que reina en la BNP
Asociación muestra su “profunda preocupación” por la designación de personal sin experiencia dentro de la Biblioteca Nacional.

Descompaginados. La reciente designación de Keila Miroslava Garrido Gonzales como directora de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias ha ocasionado que la Asociación de Bibliotecólogos del Perú (ABP) dé un grito al cielo debido a que la mencionada funcionaria se especializa en criminología y no cuenta con experiencia comprobada en el área de bibliotecología.
Es así que la ABP viene señalando, mediante un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a lo que sería una designación de una persona sin perfil idóneo para tan importante cargo dentro de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).
“Hemos tomado conocimiento, con gran inquietud, la designación de la Sra. Keila Miroslava Garrido Gonzales en la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias y la Dirección de Gestión y Articulación de Bibliotecas. Es ALARMANTE que una funcionaria con una trayectoria profesional ajena al ámbito bibliotecario y cultural, especializada en criminología, ocupe puestos donde se necesita personal técnico con conocimiento del tema”, se lee en el pronunciamiento de hoy.

En efecto, según su perfil profesional, Keila Miroslava se dedica a la criminología, trabajando previamente para el Ministerio del Interior que en ese momento lo dirigía el exministro Vicente Romero.

La ABP espera una pronta rectificación por el bienestar y correcto funcionamiento de la BNP, respetándose esta vez la meritocracia y la experiencia requerida.
Actualidad
Respuesta a Carta Notarial de Lita Aimé Verástegui Soto
La excoordinadora de Incorporación y Desarrollo de la Oficina de Gestión del Talento del Pronabec envió una carta notarial solicitando el retiro de información sobre su persona, publicada en una nota periodística del 19 de junio de 2019 en nuestra web. Esta es la respuesta de Lima Gris.

Llegó a nuestra redacción una carta notarial enviada por la señora Lita Aimé Verástegui Soto, excoordinadora de Incorporación y Desarrollo para la Oficina de Gestión del Talento, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) solicitando el retiro de la información publicada, concerniente a su persona, de una nota periodística publicada en nuestra web el 19 de junio de 2019, titulada: “Lita Aimé Verástegui Soto, denunciada por presunta estafa ahora trabaja en el Ministerio de Educación”, Según su comunicación, el contenido de dicha nota generaría, un perjuicio en su contra, tanto en el ámbito laboral, familiar y social.
Asimismo, la señora Verastegui Soto, pese a que no nos envió documentación correspondiente del Poder Judicial que corrobore lo que actualmente afirma, indica que el proceso penal que se le incoara en calidad de denunciada por el presunto delito de estafa en agravio del Banco GNB, fue declarada: “No ha lugar a la apertura de instrucción”, según manifiesta, mediante resolución del 16 de noviembre del 2023, por el Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, y que posteriormente, quedó consentida mediante resolución del 28 de diciembre del 2023, archivándose definitivamente los actuados.

Es preciso aclarar, que cuando la señora Verástegui Soto, en su misiva se basa en el inciso 6 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, que reconoce su derecho, a que toda plataforma informática no afecte su intimidad personal y familiar. Debemos aclararle que la nota publicada en la cual se hace mención de su nombre, no tuvo el objetivo, ni mucho menos invadió su esfera íntima y familiar. Lo que se difundió en el informe periodístico fue considerado de interés público, toda vez que, en ese momento, ella se desempeñaba como una funcionaria pública y por ende tenía la condición de servidora del Estado; y, por tanto, la denuncia periodística era pertinente.
Asimismo, si bien, la señora Verástegui Soto también ha pedido la supresión de sus datos personales; es fundamental recordar que el artículo 2, inciso 7 de la Constitución Peruana reconoce a toda persona el derecho a solicitar rectificación ante información que considere agraviante. No obstante, este derecho, según jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, debe ejercerse dentro de un plazo razonable. La doctrina jurídica y la práctica constitucional han establecido que dicho plazo no puede exceder los 60 días desde la publicación del contenido cuestionado.
En ese sentido, la Ley N.º 26847, en su artículo 2, establece que el derecho de rectificación debe solicitarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la difusión de la información. En este caso, la publicación data del 19 de junio de 2019. La carta notarial de la señora Verástegui Soto fue recibida más de 2,196 días después, es decir, tras 6 años y 6 días. Esta dilación supera ampliamente cualquier criterio de razonabilidad o vigencia del derecho que ahora pretende ejercer.
Por tanto, consideramos que dicho pedido ha caducado por inacción. De acuerdo con el marco normativo vigente y el principio de preclusión de derechos, ya no resulta procedente ningún pedido. La demora en su solicitud, además de carecer de sustento legal, debilita cualquier pretensión de afectación a la intimidad personal.
Conforme al principio de veracidad y responsabilidad que guía nuestra labor periodística, reafirmamos que Lima Gris actuó dentro del marco legal y ético que regula el ejercicio de la libertad de prensa. Ergo, la nota en cuestión constituye parte del archivo periodístico histórico de nuestro medio.
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