Cuando los transportistas salen a las calles a reclamar mayor seguridad, cuando los comerciantes se ven forzados a cerrar sus negocios ante los constantes mensajes extorsivos, cuando un niño tiene que dejar de ir al colegio por temor a que le explote una granada, la congresista de Acción Popular, Hilda Portero, ha presentado un Proyecto de Ley (PL) para promover el famoso dulce norte ‘King Kong’. Y es que la legisladora cree más conveniente fomentar una semana para saborear ese exquisito manjar a tener que atender los cientos de casos por intoxicación derivados del programa ‘Wasi Mikuna’.

La propuesta de ley se ha convertido en un tema de controversia debido a su presentación en un escenario marcado por el sufrimiento de miles de peruanos que padecen la violencia y los problemas de salud.

El ‘King Kong’, la solución a todos los problemas del país

La congresista Hilda Portero, en colaboración con otros miembros del grupo parlamentario Acción Popular, ha presentado un proyecto de ley que establece la creación de la “Semana Tradicional del King Kong”, con el fin de promover este tradicional dulce originario de Lambayeque. El proyecto busca declarar la última semana de julio como una festividad anual dedicada a este producto emblemático. Según el texto del proyecto, la ley tiene como propósito fortalecer la identidad cultural, potenciar la economía regional y fomentar el desarrollo turístico de la región norteña.

En cuanto a los beneficios económicos, la propuesta contempla incentivos a los productores locales y pequeñas empresas que elaboran el King Kong. Además, se plantea crear eventos como ferias, exposiciones y concursos para atraer tanto a turistas nacionales como internacionales, generando ingresos para la región y creando nuevos empleos. A través de esta propuesta, se espera que el dulce tradicional sea reconocido no solo como un producto regional, sino también como un referente cultural a nivel nacional e internacional.

El proyecto también considera la entrega de apoyo a los productores para garantizar la calidad técnica del producto y su sostenibilidad a largo plazo. Además, se prevé la creación de incentivos fiscales y financiamiento para los pequeños empresarios que deseen comercializar el King Kong, promoviendo su visibilidad en mercados locales e internacionales.

Por Leonardo Serrano Zapata

De acuerdo con la última Encuesta Nacional Docente 2021 (ENDO, 2021), respecto a la pregunta: «¿Qué tan satisfecho está usted con el reconocimiento que brinda el MINEDU al docente?», el 35,1% de los docentes se mostró satisfecho, mientras que el 42,0% se mostró poco satisfecho y el 15,4% nada satisfecho. Esto resulta en un 57,4% de docentes insatisfechos con el reconocimiento otorgado por el MINEDU. Esto implica que las políticas de reconocimiento docente implementadas por el despacho, hoy a cargo del ministro Morgan Quero Nicollo no están reflejando adecuadamente el esfuerzo de los docentes para mejorar sus competencias profesionales en la búsqueda de la tan ansiada «calidad educativa».

Esta expectativa de satisfacción respecto al reconocimiento del mérito docente por parte del Estado probablemente se agravará en la próxima medición, especialmente considerando los criterios adicionales establecidos por el Ministerio de Educación para el Ascenso de Escala 2024.

Recordemos que los días 20 y 21 de febrero del presente año se publicó la lista de ganadores de la asignación regular de vacantes del Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, correspondiente al proceso de 2024.

Lo primero que piensa la ciudadanía respecto a estos procesos es: «Qué bien que se evalúe a los docentes» o «Si quieren ganar más, que lo hagan por mérito propio», entre otras opiniones. Sin embargo, ¿es posible reconocer el mérito de los docentes cuando se desarrollan normativas que los colocan en condiciones adicionales y desiguales en comparación con otras profesiones?

Por ejemplo: el 7 de febrero del 2017, La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) informó que aquellos que cuenten con título de segunda especialidad profesional en Medicina Humana, obtenido a través del residentado médico, podrán utilizarlo como el equivalente a un grado de maestro, para ejercer la docencia en pregrado y maestría en dicha carrera.

La RVM N.° 077-2024-MINEDU, “Norma que regula el Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica en el marco de la Carrera Pública Magisterial de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial”,  norma que permitió el desarrollo del concurso de Ascenso docente 2024, establecía que para tener el mérito de otorgarle al docente un puntaje máximo de 4 puntos, en aplicación del criterio 1.2 ‘Otros estudios de educación superior’, sub criterio; los docentes nombrados debían presentar “título de profesor o licenciado en Educación y el título de segunda especialidad deben haber sido obtenidos posterior a su nombramiento”. Esta disposición excluye del proceso de valoración aquellos títulos de profesor, o licenciado en Educación y títulos de segunda especialidad obtenidos antes del nombramiento docente y/o Ingreso a la Carrera pública magisterial, lo que representó una restricción que en definitiva afectó a la evaluación de la trayectoria académica y profesional de los docentes participantes del concurso.

¿Quién propuso una medida tan claramente contraria a la norma? Según lo dispuesto en la Ley Universitaria N.º 30220, con respecto a la obtención de Título Profesional y Título de Segunda Especialidad, establecidos respectivamente en los literales 45.2 Título Profesional: requiere del grado de Bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas. El título profesional sólo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller. y 45.3 Título de Segunda Especialidad Profesional: requiere licenciatura u otro título profesional equivalente, haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta (40) créditos, así como la aprobación de una tesis o un trabajo académico.

Ambas formaciones profesionales (segunda especialidad y segundo título profesional en educación), independientemente del vínculo contractual de cualquier profesional, deben ser reconocidas como mérito en cualquier concurso público y/o privado, ya que acreditan la existencia de nuevas competencias y especialización en el ejercicio profesional.

No obstante, la exclusión de título de profesor o licenciado en Educación y el título de segunda especialidad obtenidas antes del nombramiento constituye una limitación que desvaloriza la formación continua y desincentiva la mejora profesional previa al nombramiento y/o ingreso a la Carrera Pública Magisterial.

Cabe señalar que esta restricción no está respaldada por la legislación universitaria actual, lo que genera inequidad en la valoración de los méritos de los docentes en el proceso de Ascenso de Escala 2024.

Esto perjudicó a aquellos docentes que, en su compromiso con la educación, optaron por especializarse antes de obtener su nombramiento o ingresar a la carrera pública magisterial como lo hacen miles de docentes que aún no se encuentran nombrados, pero cuentan con muchas acreditaciones y grados académicos entre ellos (Segunda Especialidad, Maestría y Doctorado).

Esta situación contraviene la política de reconocimiento docente y permanencia en la carrera, así como el principio de «meritocracia» tantas veces mencionado. Nos preguntamos: ¿A cuántos docentes perjudicó la medida del Ministerio de Educación, que claramente carece de fundamento? ¿Cuántos docentes vieron limitadas sus oportunidades de participar en un concurso público diseñado para reconocer el mérito y permitirles ascender dentro de la Carrera Pública Magisterial? Parece que el ministro está enviando un mensaje claro a los docentes: «Solo reconoceré tus méritos obtenidos después de tu nombramiento como docente». En otras palabras, espera a ser un docente nombrado para luego especializarte…

¿Dónde quedó la meritocracia?

Idas y venidas que le cuestan mucho dinero a todos los peruanos. El fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, acaba de ser suspendido por un plazo de 6 meses, de acuerdo a la última resolución de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, presidida por Juan Fernández Jerí, quien también estaría involucrado en un presunto audio donde el ex abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, le habría solicitado el apartamiento inmediato de Domingo Pérez de su cargo.

Motivos de la suspensión

El cargo que se le atribuye al fiscal José Domingo Pérez es “haber actuado en un proceso a sabiendas que se encontraba legalmente impedido de hacerlo al haber incluido al abogado Arsenio Oré Guardia, en la investigación 55-2017, como presunto autor del delito de obstrucción a la justicia”.

Ello, dice la ANC, pese a que “el supuesto hecho habría sido incurrido dentro de la investigación que ya se venía conociendo con antelación, situación de la que debió haber previsto inhibirse del mismo, a pesar de habérsele solicitado, empero aun así continuó avocándose al caso por un periodo de aproximadamente 5 años y 3 meses”.

A partir de los elementos de convicción, incluida la sentencia del TC a favor de Arsenio Oré, el órgano de control concluye que hay fundadas y razonables piezas para suponer que el fiscal habría incurrido en falta disciplinaria e incumplido “su deber de perseguir el delito con independencia, objetividad, razonabilidad y respeto al debido proceso”.

La ANC sostiene que el apartamiento preventivo del cargo sobre José Domingo Pérez se justifica en “la gravedad de los hechos que se le imputan” y “la convicción que existe sobre su responsabilidad disciplinaria”, así como “el riesgo que implica continuar llevando casos emblemáticos que siempre se encuentran en el ojo público”.

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso, no solamente blindó a sus colegas “otorongos”, los congresistas Pasión Dávila, José Jerí, Kira Alcarraz y Elizabeth Medina. Sino que hizo lo mismo con la legisladora de Perú Libre, Kelly Portalatino Ávalos, al aprobar por mayoría el informe final que recomienda desestimar la denuncia de oficio en su contra y proceder con su archivo.

Alex Paredes indica que no se pudo corroborar los hechos denunciados

El presidente de la Comisión de Ética, Álex Paredes Gonzales, durante la sesión del lunes 7 de abril presentó el informe final de las investigaciones, en el cual concluyó que no se pudo corroborar lo denunciado por un extrabajador en 2024. En este sentido, señalaron que revisaron las afiliaciones políticas y descubrieron que estas fueron a diversos partidos, y no solo a Perú Libre. En el documento presentado se detalló que las inscripciones incluyeron partidos como ‘Juntos por el Perú’, ‘Adelante Pueblo Unido’, ‘Ahora Nación’, ‘Somos Perú’, ‘País para Todos’, entre otros.

Asimismo, el informe desestimó la acusación de que se realizaron descuentos y/o recortes en los sueldos de los extrabajadores, aclarando que no existen pruebas suficientes para respaldar lo que alegaba el exasesor.

«No existen pruebas respecto al porcentaje del descuento de remuneraciones y bonos, como la presentación de vouchers, depósitos bancarios, grabaciones de audio y videos, fotos, participación de terceros que vinculen a la congresista con algún trabajador o extrabajador que se haya visto afectado», indicaron en la sesión.

“Kelly Portalatino no tuvo responsabilidad ética”

Asimismo, indicaron que el caso de afiliación presentado en el programa Cuarto Poder constituye «un caso único (…), por lo que se descarta que este hecho, planificado, pueda considerarse como una afiliación de nuevos militantes de Perú Libre».

Finalmente, el informe concluyó recomendando que se desestimara la denuncia contra la congresista Kelly Portalatino, debido a que no se halló «responsabilidad ética», por lo que solicitó su archivo. El informe fue respaldado en la comisión, con 7 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

Kelly Portalatino fue sindicada de haber cometido presunto peculado

La congresista fue señalada por haber contratado a Luis Solís Rodríguez en marzo de 2024 como coordinador en la región Ancash, quien supuestamente dedicaba su tiempo laboral a afiliar nuevos militantes al partido Perú Libre, a cambio de puestos de trabajo.

La denuncia, que fue divulgada en un programa dominical, también incluía acusaciones sobre despidos de empleados que se negaron a afiliarse al partido, descuentos del 5% en salarios y bonos que serían destinados al partido, y el uso de recursos estatales para fines exclusivos del partido político. El fin de las afiliaciones sería el recorte del porcentaje indicado en las remuneraciones mensuales, cuya comisión mensual iría directamente en beneficio del prófugo Vladimir Cerrón Rojas.

En rojo. No se puede tapar el sol con un dedo cuando se informa sobre un hecho delictivo casi a diario, indicándose que los malhechores utilizaron como medio de escape una motocicleta lineal. En reiteradas ocasiones se han visto robos o atracos teniendo a dos sujetos con el rostro completamente cubierto encima de una moto, huyendo inmediatamente entre los automóviles.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Poder Ejecutivo implementar “medidas extraordinarias” durante el estado de emergencia en Lima. Entre ellas, destaca la propuesta de restringir el uso de motocicletas lineales entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., sin ninguna excepción.

A través de un comunicado oficial, la entidad plantea que esta restricción se aplique de manera continua y rigurosa, con el fin de dificultar el accionar de bandas criminales que operan a bordo de este tipo de vehículos.

La moto lineal, el medio para la huida más rápida

Según la Defensoría, las motocicletas lineales son usadas con frecuencia por delincuentes porque facilitan la huida rápida, complicando su identificación y posterior captura. Por ello, también han sugerido una segunda medida que se aplique durante el día.

“Prohibir, sin excepción, que las motocicletas lineales transporten a más de una persona dentro del marco temporal establecido para su circulación”, añade la institución, recomendando además que se evalúe la efectividad de estas medidas luego de 30 días de su aplicación.

Estas recomendaciones llegan en medio de una crisis de seguridad que ha motivado al Gobierno a declarar estado de emergencia en Lima Metropolitana, ante el incremento de robos, extorsiones y sicariato, muchos de ellos ejecutados a bordo de motocicletas.

La adopción de las medidas queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá evaluar la viabilidad legal y operativa de la propuesta, así como sus implicancias en el transporte, el comercio y los derechos ciudadanos.

Esta propuesta ha tenido como consecuencia directa el reclamo inmediato de distintos gremios y trabajadores de delivery, así como de ciudadanos que utilizan las motos lineales como su medio de transporte, argumentando que dicha solicitud resulta desproporcionada y carente de enfoque ya que la delincuencia puede actuar de otras maneras.

Martín Valeriano Napan, en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), anunció que el gremio de choferes llevará a cabo un paro este jueves 10 de abril en Lima, como respuesta al aumento de la delincuencia que continúa afectando al sector del transporte.

El dirigente de transportes indicó en una entrevista con América Noticias, que el gremio tomó la decisión de realizar el paro, debido a la inoperancia de las autoridades para resolver los problemas de inseguridad y extorsión, que han llevado al asesinato de más conductores de transporte público.

«Todo esto sucede por la inoperancia de las autoridades, que no resuelven el problema de la inseguridad. Frente a todo lo que viene sucediendo, se ha tomado la decisión con las bases para hacer una paralización el jueves 10 de abril. No queremos ver más muertes de choferes», expresó Valeriano Napan.

Invitó a más choferes a sumarse al paro

Asimismo, el presidente de Anitra contó que el próximo paro será respaldado por gremios del transporte formal y añadió que todos los choferes del servicio público están invitados a sumarse a esta paralización, en afán de protesta.

«Queremos reiterar que la convocatoria la está haciendo el transporte formal. Invitamos a todos los choferes. Esto no puede seguir sucediendo, vemos tantas muertes a diario y más de 50 empresas extorsionadas. Muchas han dejado de laborar, debido a los cobros dobles. No solamente una banda hace el cobro de cupos», agregó.

Asesinato de chofer de Etuchisa originó los nuevos paros

Como se sabe, el lunes 7 de abril, desde horas de la madrugada, en Lima se realizó un paro, acompañado de protestas organizadas por un grupo de transportistas de Lima Norte, pertenecientes a las empresas Etuchisa (‘El Chino’), Vipusa, El Rápido y Consorcio, entre otras. Ellos mientras bloquearon importantes vías, incluyendo la Panamericana Sur, realizaron una marcha hacia el Congreso de la República para presentar sus demandas y exigir acciones contra la creciente ola de extorsiones y de criminalidad en su jurisdicción. Asimismo, la protesta se originó a raíz del asesinato de Loymer Noé Benigno, chofer de Etuchisa, ocurrido el pasado viernes 4 de abril en Los Olivos.

Crónica de una muerte anunciada. Recientemente la actual titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga, salió a anunciar que el programa de alimentación escolar Wasi Mikuna (ex Qali Warma) se encontraba en “proceso de extinción” reconociendo entre líneas que dicho programa no tiene solución a corto plazo y que tampoco basta con cambiarle el nombre su continúa desde dentro la corrupción.

Durante las últimas semanas las consecuencias de ese mal manejo han tenido como únicas víctimas a cientos de menores de edad que se han visto perjudicados con alimentos defectuosos, en mal estado, o de dudosa procedencia.

Ahora, en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 08 de Cañete, en Lima, una madre de familia encontró presuntos “cuerpos extraños cristalizados” al momento de preparar la avena suministrada por Wasi Mikuna.

Según imágenes de Canal N, se puede apreciar en el fondo del recipiente dichos elementos extraños que hacían imposible el consumo, llamando mucho la atención de los padres de familia ante la posibilidad de que se replique en otros lugares.

Tras conocerse el caso, la directora de la UGEL 08, Mercedes Reyes, se reunió con el director de la institución educativa y representantes del programa en la zona. Posteriormente, emitieron un comunicado oficial anunciando la suspensión inmediata de la distribución de los víveres, a fin de proteger la salud de los escolares.

UGEL Cañete suspendió distribución de productos de Wasi Mikuna: Madre de familia denunció presencia de objetos cristalizados cuando preparaba avena con la leche que le entregó el programa de desayuno escolar

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— Canal N (@canalN_) April 7, 2025

Gusanos y gorgojos

Asimismo, en la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto, indignados padres de familia denunciaron la presencia de gusanos y gorgojos en las conservas entregadas por el programa de alimentos estatal.

Dicho hallazgo también fue corroborado por las cámaras de Canal N, siendo comunicado de inmediato al subprefecto distrital de Teniente César López Rojas. En tanto, días atrás, el director de la IEP n.° 62028, William Villacorta Vela, indicó que había recibido arroz con gorgojos, viéndose forzado a devolver ese producto a Wasi Mikuna.

Frente a estas denuncias, la jefa del programa Wasi Mikuna Loreto declaró que los elementos hallados no provienen de los productos enlatados distribuidos por el Estado. No obstante, las madres encargadas de la preparación aseguraron haber abierto los envases momentos antes de encontrar los cuerpos extraños.

Loreto: Padres de familia de la IE 62028 Shucush Yacu del distrito de Teniente César López Rojas denuncian conservas en mal estado del programa Wasi Mikuna

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— Canal N (@canalN_) April 7, 2025

Por Rafael Romero

Existe una carpeta fiscal abierta recientemente, donde magistrados del Ministerio Publico realizan las primeras indagaciones respecto de presuntos actos de corrupción perpetrados por una red o argolla enquistada en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería de la República).

Para algunos periodistas y jurisconsultos esa argolla estaría plenamente identificada, sobre todo a partir del denominado caso Fortunato Quesada, “armado” o “desatado” entre enero y junio del 2018 desde Lima. Lamentablemente, respecto del problema, y por lo menos desde ese año, los ministros de Relaciones Exteriores parecen cortados por la misma tijera, pues han preferido mirar de costado en lugar de limpiar la Cancillería; y es peor cuando algunos altos funcionarios habrían obstaculizado las acciones encaminadas a transparentar y sancionar ese tipo de casos.

En ese sentido, las acciones preliminares de la Fiscalía en los predios de la diplomacia peruana, que requiere a gritos una reorganización, deberán ser prolijos para conocer y valorar testimonios y cartas reveladoras, como las del chef Jesús Alvarado Zegarra, que trabajó en la residencia del embajador Fortunato Quesada en Tel Aviv y que fue testigo de excepción respecto de un plan perverso, maquiavélico y delictivo ejecutado desde las más altas esferas de la Cancillería.

El ciudadano Jesús Alvarado, ex servidor del Ministerio de Relaciones Exteriores, acaba de ratificarse en sus declaraciones mediante las cuales detalla cómo funciona esa argolla delictiva y quiénes la integran. En esta historia del complot contra el embajador Quesada estamos en condiciones de revelar, en calidad de primicia, dicha ratificación del chef Jesús Alvarado.

En el texto de su testimonio, fechado del pasado 1 de abril, podemos encontrar, de forma sencilla y valiente, datos, hechos, mecanismos de un modus operandi impulsado por funcionarios públicos en actividad y el objetivo de conspirar contra quien resulta incómodo en la Cancillería, ya sea en áreas o puestos diplomáticos dentro o fuera del Perú.

Alvarado, muy indignado, textualmente dice que su carta es “para desmentir y hablar sobre sus difamación de la Sra. Romina Tevez Araujo (empleada del hogar en la residencia del embajador Fortunato Quesada en Israel) a mi persona y al Embajador, quien fue desleal desde que llego a la casa del embajador y fue recibida por en ese entonces el Ministro Consejero Pedro Rubin el 2018 con quien ya tubo contacto directo desde un comienzo y siendo parte del COMPLOT en contra del Embajador Fortunato Quesada, también con Popolizo, De Zela y compañía” (sic).

Pero lo vergonzoso de la Cancillería es que algunos funcionarios referidos por Jesús Alvarado continúan muy orondos en actividad y hasta premiados con puestos claves y bien remunerados pese a los siguientes hechos que describe en su declaración:

“(…) Cuando llegue a Israel (casa del embajador Fortunato Quesada) ya se sentía esa vibra de mala onda en contra del señor Quesada ya que me comentó en una oportunidad la Sra. Empleada del hogar que el ex ministro Consejero Pedro Rubin ya la había abordado para comentarle algunas cosas negativas de nuestro jefe directo y así ponernos en alerta sin razón alguna (sic) … y todo era cuchicheos de los empleados sobre el embajador lo cual me hacía pensar y también equivocarme como me paso y la historia la saben, que tuve reuniones con el ex ministro consejero Pedro Rubin donde hay audios de las mismas reuniones con las expresiones negativas sobre mi jefe directo” (sic).

El chef Alvarado Zegarra también adjunta a su carta un mensaje aclaratorio que le envió la empleada del hogar Romina Tevez, donde ella lo difama diciéndole que él “es el principal responsable del COMPLOT CONTRA EL SEÑOR QUESADA”, hecho y expresiones de dicha mujer que hoy Alvarado rechaza de plano y acota literalmente otro dato sobre un complot que tenía el objetivo de hacer daño y empapelar al entonces embajador del Perú en Israel mediante trampas y celadas, como la siguiente:

“Si hubo una invitación al señor Quesada para salir al resto bar que estaba cerca de casa y donde el mensaje del ex ministro Consejero Pedro Rubin era que la empleada del hogar la Sra. Tevez (cómplice del mismo ex ministro en todo) le tomará fotos bebiendo un trago como con ella como si fuera toda una mala práctica del embajador pero más bien era para hacerlo caer en una trampa que sería sembrada por las cabezas de Ministerio de relaciones exteriores” (…).

Se aprecia a la luz del testimonio de Jesús Alvarado que con su carta del pasado 1 de abril, conocida en calidad de primicia por esta redacción, él no solo busca defender su honor frente a los dichos por la ciudadana Romina Tevez sino que defiende la verdad en un caso que lleva años ya no solo en materia administrativa a nivel del Ejecutivo, sino también a nivel del Poder Judicial y del Ministerio Público. En ese contexto, el chef Jesús Alvarado acota lo siguiente:

“Dejo muy claro que a mi si me engañaron con todo lo que se me dijo por llamadas telefónicas vía WhatsApp desde Lima (ministerio de relaciones exteriores) /Israel (Pedro Rubin y compañia) lo cual nunca se cumplió y más bien apenas VOTARON AL SEÑOR QUESADA también me VOTARON, aludiendo que no había dinero para pagarme pero si para pagarle y ayudar a la Sra. Tevez quedándose hasta cumplir el CONTRATO y otras gollerias más que va tener que explicar ante la ley ya que pudo viajar a USA CON VISA QUE LE AYUDO PEDRO RUBIN entre otras cosas más” (sic).

Y otro relato contundente que la Fiscalía deberá diligenciar está de lo declarado por el chef Alvarado cuando afirma: “(…) la Sra. Tevez hizo grabaciones ilegales dentro de la residencia del señor Quesada como también ya tenían fecha para ser cómplice en las grabaciones que se hicieron en las oficinas de la embajada de Perú en Israel para el PROGRAMA PANORAMA” (…) aumentando así las falsas denuncias en contra del Embajador y mi persona”.

Señores y altos funcionarios del Estado, en medio de un desmoronamiento de la moral pública y la corrupción, al parecer nada nos sorprende pues basta revisar cualquier ámbito del gobierno para evidenciar hechos vergonzosos. No obstante, algo de decoro e integridad debería de quedar y en eso los lectores coincidirán, seguramente, con la parte final del testimonio de Jesús Alvarado en el sentido de que acabe la impunidad, en especial él cuando señala: “Espero que les caiga todo el peso de la ley por dejar tan mal a nuestro país y a TORRE TAGLE no como hoy que siguen siendo PREMIADOS y con puestos en otros países”.