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Política

Walter Alva ¿Qué está sucediendo con el patrimonio arqueológico en Lambayeque?

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Walter Alva, el patrón de la arqueología

¿Qué está sucediendo con el patrimonio arqueológico en Lambayeque?

Escribe Edwin Cavello Limas

 
Foto: Arqueólogo Walter Alva

Esto es parte de un informe que se acaba de publicar en la revista impresa Lima Gris N° 5

Hace unas semanas publicamos en la web de Lima Gris, una nota de investigación publicada en el diario EL CICLON de la ciudad de Chiclayo, la denuncia realizada por el periodista Jorge Moncada se tituló “ALVA EXCAVA SIN CONTROL”, con fecha 22 de mayo del 2013, la misma que está basada en el Informe N° 047-2012-OCI/MC. Para nosotros en dicho informe se señala hechos tan graves que no pueden pasarse por alto.

Cómo puede ser posible que el arqueólogo Walter Alva haya realizado excavaciones ilegales (huaqueo) en el sitio arqueológico de El Choro del distrito de Pomalca sin autorización del Ministerio de Cultura, ya que para realizar este tipo de excavaciones se requiere cumplir con lo dispuesto por el artículo N° 11 del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado mediante Resolución Suprema N° 004-2000-ED, de no cumplir con esto, este hecho es considerado un delito de acuerdo al artículo 226° del Código Penal y es penado hasta con seis años de pena privativa de libertad.

Otra de las “perlas” que arroja este informe y que debe de ser de interés es el manejo del presupuesto destinado a la UNIDAD EJECUTORA NAYLAMP N° 5, dinero que sale del bolsillo de todos los peruanos. Dentro del informe se menciona el hecho de haber realizado incrementos de honorarios de hasta por 1’829,308.00 Nuevos Soles sin el sustento correspondiente ni proceso de selección de acuerdo a la normativa. Además, de una deficiente gestión administrativa, y de recursos humanos (personal sin contratos, descontrol de ingresos y salidas por reloj inoperativo), es increíble que los museos de la unidad ejecutora no cuenten con acceso directo al Sistema Nacional de Registro de Bienes del Ministerio de Cultura, eso quiere decir que no existe ningún control respecto a las piezas arqueológicas que se van encontrando.

Lo más irónico de este informe es que el Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán también funciona como cementerio, puesto que ahí se encuentra enterrada quien en vida fuera la señora Susana Meneses de Alva, ex esposa de Walter Alva. Si bien es cierto, existe la RD N° 307-2012/INC, ésta no cuenta con el sustento legal correspondiente, tal como figura en el informe.

Tras la publicación del primer informe, el arqueólogo Walter Alva se comunicó con LIMA GRIS, vía telefónica instándonos a emitir una rectificación con carácter de urgencia por supuestamente estar dañando su imagen a nivel internacional, dada la rapidez con la que esta noticia se vio replicada a través de las redes sociales (noticia que fue replicada del diario Ciclón de Chiclayo), enviándonos posteriormente una carta notarial con fecha 01 de junio del 2013, la misma que fue respondida por nuestra área legal el 14 de junio del 2013.

Preocupados por conocer más sobre la problemática del patrimonio arqueológico de Lambayeque, LIMA GRIS, se comunicó el 11 de junio del 2013, con el área de prensa del Ministerio de Cultura, a fin de concretar una entrevista con el Ministro Luis Peirano y el Jefe de Control Institucional. Al no tener una respuesta, nos apersonamos el 19 de junio al Ministerio de Cultura, donde nos dijeron que enviáramos un correo solicitando nuevamente la entrevista con los temas a tratar. Hasta el cierre de esta edición solo recibimos silencio.

Ante la indiferencia del Ministerio de Cultura, LIMA GRIS se comunicó con tres personas claves, para conocer más sobre el arqueólogo Walter Alva y el patrimonio arqueológico. Las respuestas fueron sorprendes:

HEINZ PLENGE, prestigioso fotógrafo que registró el hallazgo arqueológico realizado por Ernil Bernal en 1987, quien cuenta con un archivo fotográfico en su poder.

JORGE MONCADA, periodista del diario EL CICLÓN, coincidentemente agredido tras la publicación de la nota periodística.

JORGE CENTURION CENTURION, ex director de la Unidad Ejecutora Naylamp N° 5, quién fue retirado de su cargo, según su versión, por decisión política.

Ellos, respondieron a nuestras preguntas:

Heinz Plenge

¿Usted tiene un registro de fotografías de lo que se descubrió en la tumba del señor de Sipán?

Yo tengo una colección de fotos que tomé durante las excavaciones del señor de Sipán, y otra colección de fotos de objetos que me fueron mostrados por Ernil Bernal, el huaquero que encontró la primera tumba sobre este contexto. No sé si ustedes tienen conocimiento, a Ernil Bernal lo mataron en pleno operativo policial, allí hubo algo medio oscuro.  No habían llevado un fiscal, como habían intervenido otras veces la casa de la familia Bernal, esta vez fue sin ningún fiscal y donde le metieron un disparo a Ernil y lo mataron.

¿Para usted fue prácticamente un asesinato?

Un asesinato, porque a él le disparan en su casa y él estaba desarmado. Eso fue materia de un juicio y al final le echaron la culpa a un policía que ya se iba de baja como suele suceder. Ese policía se llama Jorge Andonaire, él todavía está vivo y trabaja acá en Chiclayo.

Ernil Bernal, huaquero que descubrió la tumba de Sipán y falleció en 1987

¿ Todos los objetos que usted fotografió se encuentran en el Museo de Sipán?

De las cosas que a mí me enseñó Ernil Bernal, no todas están en el Museo. Ahora, quién las tiene y en qué momento se pierden, eso es un enigma.

¿Usted sospecha de alguien?

Es un poco aventurado decir quién las tiene; lo que sabemos es que Walter Alva con la policía intervienen en dos o tres operativos, y la familia Bernal manifiesta  que en el primer operativo se llevaron aproximadamente cinco saquetas llenas de cosas de oro. El asunto es que si uno visita el museo donde exhiben las cosas que les quitaron a los huaqueros, eso no llega pues ni a media saqueta. Y eso digamos era una especulación de porqué lo mataron a Ernil Bernal, porque él había dicho que si lo llevaban al juez, él iba decir todo lo que le habían quitado. Entonces la especulación es que a él lo silenciaron para que no diga todo lo que le habían quitado. Lo que recuerdo es que de esas cabezas de oro laminado, en esa época en la tumba de la excavación clandestina salieron cerca de 60 de esas cabezas (cabezas redondas que tienen los dientes como felino) y esa otra famosa de Sipán con los ojos azules que tiene una orejita. En esa época la gente hablaba de que en el mercado negro, cada una de esas estaba valorizada en 40 mil dólares. Y en el Museo de las Tumbas Reales hay solo tres de esas cabezas.

¿No hubo una investigación teniendo como prueba el registro fotográfico que usted tenía?

No. A mí nunca nadie me pidió esas fotos, ni el INC ni el juez, ni nadie.

¿Cuál es la relación que usted tiene con Walter Alva?

Muy álgida, obviamente él me considera una piedra en el zapato, porque él sabe desde un principio que conozco muchos detalles  de ese famoso descubrimiento que él dice descubrió; nosotros decimos que las cosas se descubren solo una vez. O sea, ese es un descubrimiento de un mausoleo Mochica, donde los primeros que llegaron fueron los huaqueros, o sea, un descubrimiento ilegal  o lo que quieran, pero el descubrimiento no lo hizo Walter Alva. Y él siempre se ha vendido como el descubridor, y las primeras leyendas que ponían en el museo de sitio que hacían en Sipán, y en las publicaciones que hicieron en National Geographic, él decía que los huaqueros se le adelantaron, lo hacía parecer que él estaba investigando eso y que los huaqueros se le adelantaron, cosa que no es del todo cierto. Realmente cuando la policía fue quien lo llamó para decirle que había ese hallazgo, él al comienzo ni siquiera creía. Pero Alva no reaccionaba hasta que la policía le dijo: ven a ver lo que hemos quitado;  recién allí él se da cuenta de la magnitud del hallazgo, recién allí se anima en ir a Sipán, antes creo que ni conocía Sipán. Él era el director del Museo Brunnig en ese momento, empleado público, obviamente parte de su responsabilidad, era velar por el patrimonio arqueológico de la zona, y él lo que hizo es actuar como un funcionario público, y cuando recién se ha dado cuenta del hallazgo él vio una oportunidad allí para destacar como académico, como científico.  De manera que él a mí no me tiene ni un grado de simpatía.

 Hay gente que no quiere hablar del tema…

Sí, él siempre se ha vanagloriado de tener parientes en la política que lo han respaldado, en la época de Belaunde su contacto decía que era Alva Orlandini, en la época del APRA decía que era Alva Castro, así por el estilo, obviamente que él ha tenido un buen manejo mediático, y los medios lo han ensalsado hasta el punto de que nadie quiere poner la mano, empezando por las autoridades de Lima.

Sorprende el informe N° 209-2012-OCI/MC que se ha presentado  con fecha del 30 de julio del 2012 y que tiene conocimiento tanto el Ministro de Cultura Luis Peirano, como el viceministro Rafael Varón…

Lo único que han hecho es llamarle la atención severamente. Ahora,  qué pasa cuando a un campesino lo encuentran huaqueando, lo meten a la cárcel. Entonces, el hecho de haber ido a hacer excavaciones sin autorización, eso tiene una palabra: se llama huaqueo, y ellos mismos lo dicen en el propio informe de la contraloría del Ministerio de Cultura, eso es un delito; pero el viceministro solo le hace una llamada de atención severa y allí quedó.

LEE EL INFORME Y LAS ENTREVISTAS COMPLETAS EN LA REVISTA IMPRESA LIMA GRIS N°5

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Política

Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía

La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

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La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.

Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Hace unos días, el PJ suspendió por 24 meses a Patricia Benavides del cargo de Fiscal Suprema.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.

La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.

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Política

Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio

Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

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Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Resolución n.° 000040-2025-DP/SGDP, de renuncia de Mónica Tiburcio.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.

¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?

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Política

Congreso perverso: cuando la planilla se reparte entre familiares

Al menos 30 grupos de hermanos fueron contratados sin restricción. Mientras el país exige transparencia, en el Congreso se reparten puestos como favores políticos. Parlamentarios de bancadas como APP y Fuerza Popular han convertido la planilla estatal en un feudo familiar, contratando hermanos, militantes y operadores sin pudor ni mérito.

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El Congreso de la República, lejos de ser una institución al servicio del pueblo, se ha convertido en una agencia de empleo para militantes, familiares y amigos de los legisladores. Lo revelado por el periodista Martín Hidalgo no sorprende, pero sí indigna: hay al menos 30 grupos de hermanos contratados dentro del Parlamento gracias al uso descarado de influencias por parte de congresistas que actúan como si el Estado fuera su chacra personal.

Lo más grave es que este modus operandi no solo es conocido, sino también tolerado por las bancadas más poderosas. Fuerza Popular y, aún más escandalosamente, Alianza para el Progreso (APP) han convertido al Congreso en su feudo, donde colocan a militantes, amigos y familias enteras sin el menor rubor. No se trata de casos aislados, sino de una práctica sistemática que deja en evidencia el profundo desprecio que estos partidos tienen por la ética pública y el servicio al país.

Uno de los recientes casos más graves, tiene que ver con la congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, Rosio Torres, quien contrató a Cecilia Salazar y a su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido de César Acuña. ¿Y qué dijo Eduardo Salhuana presidente del Congreso y también de APP? que no hay norma que prohíba el hecho de la parlamentaria por Loreto.

‘Mochasueldo’ Rosío Torres de APP, es respaldada por su colega Eduardo Salhuana.

Los contratos se distribuyen sin vergüenza, como si fueran favores políticos pendientes tras campañas financiadas en la sombra. Son hermanos, primos, esposas, hijos y operadores de campaña que de pronto aparecen con sueldos del Estado, sin mérito alguno y muchas veces sin siquiera cumplir con las funciones que se les asignan. Todo esto es posible gracias a la «organización parlamentaria», ese espacio discrecional en el que cada congresista puede disponer de puestos como quien reparte caramelos.

Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur Salazar, son militantes de APP.

Mientras tanto, el servicio parlamentario profesional, aquel que requiere carrera y mérito, queda relegado. ¿Para qué formar cuadros técnicos si con un carnet partidario basta para asegurarse un puesto? Esta es la lógica de la ‘dedocracia’ parlamentaria que ha colonizado el Legislativo.

El blindaje es otra constante. Entre ellos se tapan, se protegen, se callan. Cuando un escándalo estalla, se finge indignación en los pasillos, pero las comisiones de ética duermen el sueño eterno. Nadie investiga, nadie sanciona. La impunidad es parte del sistema.

Lo más trágico es que esto se hace con dinero de todos los peruanos. El Congreso, lejos de representar al pueblo, ha sido capturado por cúpulas partidarias que reparten cargos como botín. Si no se interviene con una reforma real y profunda, el Congreso seguirá siendo el refugio de mediocres, corruptos y familiares bien conectados.

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Política

Nuevo revés de ‘Porky’: Corte de los EE.UU. falla a favor de Rutas de Lima y ahora Municipalidad de Lima deberá pagarle cerca de 200 millones de dólares

Corte de Apelaciones del distrito de Columbia ratificó que no existen pruebas suficientes de corrupción para anular el contrato firmado el año 2013.

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Al parecer tendrá que requerir más días para “meditar” ya que recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.

Como se recuerda, la MML y el consorcio Rutas de Lima (inicialmente liderada por Odebrecht y en la actualidad bajo el control de Brookfield Insfrastructure), firmaron en el año 2013 un contrato de concesión en tres vías de la capital, la Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé, por un plazo de 30 años, donde se acordó el cobro de peajes a favor de la concesionaria, y que las mismas podían estar sujetas a incrementos paulatinos a lo largo de los años tras nuevos acuerdos pactados en los años 2014 y 2016.

Fue en el año 2017 donde se inició la disputa legal entre Rutas de Lima y la MML tras la implementación del peaje ‘Nueva Chillón’, en el distrito de Puente Piedra. Indignados vecinos empezaron a hacer protestas a lo que ellos consideraban como un cobro abusivo de parte de la concesionaria y en respuesta la comuna limeña decidió cancelar el cobro de manera unilateral, indicando entre sus argumentos que dicho contrato resultaba nulo porque la empresa matriz era Odebrecht, la misma que habría sobornado a funcionarios para quedarse con dicha concesión. Entre los involucrados de ese presunto soborno también se incluye a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.  

Fue así que en el año 2020 el primer laudo arbitral resolvió que la MML debía pagar 68 millones de dólares más intereses a favor de Rutas de Lima, monto que con el tiempo se ha elevado a 190 millones de dólares. En el año 2022, un segundo laudo otorgó otros 7 millones a favor del consorcio por la demora en aplicar los ajustes tarifarios.

Declaraciones de ‘Porky’ terminaron inclinando la balanza a favor de Rutas de Lima

Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.

“No pagaré ni un solo mango”, “(La Municipalidad) no paga nada a grupos criminales”, “No pagamos a delincuentes”, “(La Municipalidad) tiene mecanismos de defensa contra bandas criminales”, son algunas frases dichas por el alcalde y tomadas en cuenta por la magistrada.

“La Corte no recompensará tal conducta dilatoria al eximir a (la Municipalidad de) Lima de la obligación predeterminada (…) de presentar una fianza para posponer la ejecución y cumplimiento del fallo. La Corte deniega la petición del solicitante para suspender la ejecución y el cumplimiento del fallo”, resolvió la jueza.

Quizás sea que ahora el alcalde de Lima requiera de un “traductor” a su costado, porque cada vez que declara al público lo estaría haciendo sin tomarse un segundo para pensar en lo que dice. Esta vez la justicia estadounidense le “explotó” en la cara al popular ‘Porky’.

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Política

Rosío Torres coloca a madre e hija en el Congreso y Salhuana afirma que no es ilegal

La congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, contrató a Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y también de APP, remarcó que no hay norma que prohíba el hecho.

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La congresista Rosío Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso (APP), vuelve a protagonizar un escándalo que evidencia el uso clientelista de recursos públicos en el Congreso. Esta vez, la parlamentaria —investigada por el caso de recortes salariales conocido como “mochasueldo”— ha sido señalada por contratar en su entorno inmediato a una madre y su hija, ambas militantes del mismo partido de César Acuña Peralta.

El reportaje de Cuarto Poder reveló que Cecilia Salazar, asesora principal de Torres Salinas e involucrada en la presunta red de recortes, fue reemplazada temporalmente por su hija, Alexandra Tafur Salazar, como trabajadora del Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento. La contratación de ambas no solo expone la precariedad ética que impera en ciertos sectores del Legislativo, sino también el descaro con el que se normaliza el nepotismo encubierto bajo la excusa de la legalidad.

Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur Salazar, son militantes de APP.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana —también miembro de APP— confirmó la relación familiar y reconoció que, si bien no existe una norma explícita que lo prohíba, el hecho es “éticamente cuestionable”. Una declaración tibia, que más parece una maniobra para ganar tiempo que un verdadero compromiso con la transparencia.

Este episodio revela una práctica común pero silenciada: el uso de cargos públicos como botín político, donde los puestos se reparten entre amigos, militantes y familiares. Que Rosío Torres haya confiado su despacho a personas investigadas por delitos, y que además pertenezcan a su círculo íntimo, debería ser suficiente para exigir su separación inmediata del cargo y una investigación seria desde el Congreso.

No se trata solo de una “falta ética”. Se trata de un patrón de conducta reiterado. Cecilia Salazar, madre de Alexandra, ha sido acusada por un extrabajador del despacho de haber sido cómplice directa en el cobro ilegal de parte de los sueldos del personal. Que hoy siga operando en el Congreso como “trabajadora de confianza” de Torres Salinas, parlamentaria por Loreto, y que su hija Alexandra haya sido colocada en un cargo público, es una afrenta a la ciudadanía.

Mientras tanto, el presidente del Congreso promete “evaluar” y “revisar” si existen más casos similares. La pregunta es: ¿necesita más evidencias para actuar? ¿O la complicidad partidaria seguirá imponiéndose sobre la ética pública?

El Congreso no puede seguir funcionando como agencia de empleos. La permanencia de Rosío Torres y su entorno cercano en puestos clave es un insulto a los peruanos que esperan integridad, no favores ni redes de impunidad.

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Política

‘Ley General de Turismo’ proyecta 34 mil nuevos empleos hacia 2030

La nueva normativa busca impulsar el desarrollo sostenible del sector, formalizar a miles de prestadores turísticos, atraer inversiones y fortalecer la economía local en todas las regiones del país, generando un movimiento económico superior a 17 mil millones de dólares.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció este jueves que el Ejecutivo está sentando las bases para consolidar un turismo fuerte, sostenible y descentralizado, capaz de generar al menos 34 mil nuevos puestos de trabajo en todo el país. Así lo señaló durante la ceremonia de promulgación de la nueva Ley General de Turismo, realizada en Palacio de Gobierno.

En el acto participaron el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, así como otras autoridades del sector.

“El turismo no solo es una fuente de ingresos para miles de familias peruanas; también constituye un motor clave para el crecimiento económico y un pilar fundamental en la promoción de nuestra cultura y diversidad ante el mundo”, expresó la mandataria.

Boluarte Zegarra destacó que la promulgación de esta norma representa un hito en la modernización del sector turístico, al fomentar su desarrollo competitivo y sostenible. Según detalló, la ley permitirá la formalización de al menos cinco mil nuevos prestadores de servicios turísticos en las denominadas zonas especiales de desarrollo, lo cual contribuirá significativamente a dinamizar las economías locales.

Además, precisó que se espera una reducción del 30 % en la oferta informal en los destinos turísticos priorizados, mediante la implementación de controles efectivos y el fortalecimiento del apoyo a las micro y pequeñas empresas del sector (mypes).

Uno de los avances más relevantes que trae la nueva normativa es la ampliación del régimen de recuperación anticipada del IGV, que ahora beneficiará a más de 5,900 empresas turísticas, en contraste con las menos de mil que podían acceder bajo el esquema anterior.

Además, subrayó que, con esta ley, se proyecta alcanzar más de mil millones de dólares en nuevas inversiones turísticas públicas y privadas hacia 2030, lo que generaría un movimiento económico superior a los 17 mil millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento de más del 52 % respecto al desempeño del sector en 2024. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento institucional del turismo, al proyectar la llegada de más de cinco millones de turistas internacionales por año al 2030, cifra que representa una meta ambiciosa pero alcanzable.

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Política

Perú estudia salir del ‘Sistema Interamericano de Derechos Humanos’

¿Avance o retroceso? El titular del Minjusdh, Juan Alcántara anunció que la Cancillería liderará una comisión multisectorial encargada de evaluar rigurosamente la permanencia del Perú en el SIDH.

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El reciente anuncio del ministro de Justicia, Juan Alcántara, sobre la conformación de una comisión liderada por la Cancillería para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) marca un momento clave y delicado en la política exterior y de derechos humanos del país. Esta decisión, impulsada por el premier Eduardo Arana y respaldada por el Ejecutivo, pone sobre la mesa una discusión que tiene implicancias jurídicas, diplomáticas y éticas de gran magnitud.

El hecho de que la Cancillería esté a cargo de esta comisión responde a criterios de competencia institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schialer, posee la atribución exclusiva de conducir la política exterior del país, y por tanto, la eventual denuncia o retiro de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recae en su ámbito. No obstante, esta formalidad no exime al Estado peruano de asumir las consecuencias que implicaría alejarse de un sistema que ha sido tradicional en la protección de derechos fundamentales, durante las últimas décadas, especialmente en contextos donde la justicia interna ha sido insuficiente.

El SIDH ha sido históricamente una herramienta de protección para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en la región. Casos emblemáticos en el Perú, como los de La Cantuta, Barrios Altos o los abusos en penales durante la época de la subversión, encontraron justicia internacional cuando los mecanismos nacionales fallaron.

No obstante, también se han registrado excesos por parte de diversos sectores, en especial algunas ONG que, de manera cuestionable, han instrumentalizado el discurso de los derechos humanos para obtener financiamiento millonario de fundaciones internacionales, promoviendo con ello una agenda progresista. En algunos casos, incluso han recurrido a demandar al Estado con el aparente objetivo de obtener indemnizaciones cuantiosas. A esto se suma la creciente y desproporcionada injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual ha generado preocupación en distintos sectores del país.

La CIDH impone su agenda: Hace unas semanas rechazó amnistía para militares que enfrentaron al terrorismo.

El Ejecutivo plantea que esta evaluación se hará de manera multisectorial —incluyendo al Congreso, la sociedad civil y la academia—, es decir, esta comisión deberá tomar una decisión en un espacio real de deliberación democrática.

La soberanía democrática se fortalece cuando el país se sujeta a estándares supranacionales que garantizan el respeto a la dignidad humana; sin embargo, esta es insoslayable y bajo ningún concepto debería socavarse con algún tipo de injerencia internacional inapropiada.

En conclusión, esta comisión debe ser transparente, técnicamente sólida y abierta al escrutinio público. De lo contrario, podría sentar un precedente regresivo en la protección de derechos humanos en el Perú.

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Política

Rechazan apelación de Pedro Castillo y seguirá en prisión preventiva por 18 meses

La Corte Suprema declaró infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva presentada por la defensa del expresidente, quien enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundada la solicitud de ‘cesación de prisión preventiva’ presentada por el abogado del expresidente Pedro Castillo. Con esta decisión, se confirma la vigencia de la medida coercitiva de 18 meses, dispuesta el 5 de julio de 2024 por la Sala Penal Permanente.

La resolución forma parte del proceso penal que se le sigue a Castillo Terrones por su presunta responsabilidad en delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Entre los cargos más graves figura el delito de rebelión, contemplado en el artículo 346° del Código Penal, además de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

El Poder Judicial ha considerado que no existen elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida. Para el tribunal, los delitos imputados son de suficiente gravedad como para sustentar la prisión preventiva, en tanto se continúa desarrollando el juicio correspondiente.

La defensa del exmandatario alegó que la medida resulta excesiva y desproporcionada, pero su apelación fue rechazada. Según la Corte Suprema, las condiciones jurídicas que motivaron la decisión original se mantienen vigentes, así como el riesgo procesal que representa el imputado.

Castillo se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple la prisión preventiva impuesta. Esta medida fue ratificada tras la revisión de los elementos presentados en la investigación fiscal, entre ellos su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, que dio origen a su detención y posterior procesamiento.

El proceso judicial avanza con audiencias periódicas, aunque no exentas de controversia. En las últimas semanas, se han registrado enfrentamientos verbales entre los magistrados y la defensa legal, reflejando el clima tenso que rodea el caso.

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