Por: Jorge Paredes Terry

En un mundo marcado por avances tecnológicos acelerados, la inteligencia artificial (IA) se presenta como una fuerza transformadora capaz de redefinir el empleo, la productividad y hasta la propia esencia del trabajo humano. Sin embargo, en medio de esta revolución digital, la clase trabajadora enfrenta desafíos sin precedentes: la automatización de empleos, la precarización laboral y la concentración del poder económico en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas. Hoy más que nunca, es necesario reivindicar el papel fundamental de los trabajadores y trabajar desde los espacios políticos para construir una nueva clase trabajadora, resiliente y con derechos garantizados en esta nueva era. 

La IA no es solo una herramienta más; es un agente disruptivo que está reconfigurando industrias enteras. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 2030, más del 14% de los empleos a nivel global podrían ser automatizados, mientras que otro 32% sufrirán transformaciones radicales. Esto no significa necesariamente un futuro sin trabajo, pero sí exige una reinvención de las habilidades laborales y una lucha contra la desigualdad que podría profundizarse si no hay intervención política. 

Los trabajadores menos cualificados, los jóvenes en busca de su primer empleo y aquellos en sectores repetitivos (manufactura, logística, servicios básicos) son los más vulnerables. Sin embargo, incluso profesiones tradicionalmente «seguras» como el derecho, la medicina o el periodismo están siendo impactadas por algoritmos capaces de realizar diagnósticos, redactar contratos o generar contenidos. La pregunta clave es: ¿quién se beneficia de este progreso? 

Ante este escenario, la política debe asumir un rol protagónico para evitar que la IA se convierta en un instrumento de explotación, sino en una palanca para el bien común. Algunas líneas de acción urgentes son: 

1. Garantizar Derechos Laborales en la Era Digital

   – Legislar para que la automatización no signifique despidos masivos sin alternativas. 

   – Implementar impuestos a los robots y empresas que reemplacen mano de obra humana, destinados a fondos de reconversión laboral. 

   – Proteger el teletrabajo con salarios dignos y límites a la vigilancia algorítmica. 

2. Educación y Formación Continua como Derecho Universal

   – Sistemas públicos de capacitación en competencias digitales, programación y manejo de IA. 

   – Promover la educación técnica y universitaria gratuita con enfoque en empleos del futuro. 

3. Democratizar la Tecnología

   – Fomentar cooperativas tecnológicas y modelos de economía social donde los trabajadores sean dueños parciales de las herramientas que usan. 

   – Nacionalizar infraestructuras digitales clave para evitar monopolios privados. 

4. Renta Básica Universal (RBU) como Red de Seguridad

   – Ante la posible reducción de empleos formales, la RBU puede ser un mecanismo para garantizar dignidad mientras se transita hacia nuevos modelos económicos. 

Nueva Conciencia de Clase

La clase trabajadora del siglo XXIno puede ser la misma que la del siglo XX. Debe ser una clase informada, organizada y con capacidad de negociación colectiva en un entorno digital. Los sindicatos deben modernizarse, los partidos progresistas tienen que incluir la soberanía tecnológica en sus agendas, y los movimientos sociales deben presionar para que la riqueza generada por la IA se redistribuya. 

La lucha ya no es solo entre capital y trabajo, sino entre humanidad y algoritmos controlados por élites. La meta no es resistir el progreso, sino asegurar que este progreso sirva a las mayorías. Como dijo el filósofo Aaron Bastani: “El futuro será de quienes se atrevan a reclamarlo». La nueva clase trabajadora debe ser protagonista de ese futuro, o corre el riesgo de ser borrada de él. 

CAMARADAS:

La IA llegó para quedarse, pero su impacto dependerá de las decisiones políticas que tomemos hoy. O permitimos que sea un instrumento de concentración de poder, o la convertimos en una oportunidad para construir una sociedad más justa. La clase trabajadora, unida y con visión estratégica, puede ser la fuerza que guíe este cambio. El tiempo de actuar es ahora.

El sistema penitenciario peruano es un reflejo del colapso institucional del Estado. Sumido en el hacinamiento, la corrupción estructural y una ineficiencia crónica, los penales del país se han convertido en verdaderos «resorts del crimen», espacios donde las reglas del Estado de derecho son fácilmente reemplazadas por sobornos, jerarquías mafiosas y abandono. Las cárceles, lejos de cumplir su función de rehabilitación, operan como “escuelas del delito”, sostenidas por una cadena de negligencia institucional que ignora la permanente “desactivación de los protocolos de seguridad”.

La situación es alarmante. Tomemos como ejemplo el penal de Lurigancho, el más grande del país y uno de los más sobrepoblados de América Latina. Inaugurado hace 51 años para una capacidad máxima de 3,200 reclusos, hoy alberga cerca de 10,000 internos. Es decir, una superpoblación de 190%. Algo indecible, que solo puede ocurrir en Perú. Este nivel de hacinamiento convierte a los penales en focos de violencia, tráfico de drogas, extorsión y fugas, como la reciente huida del interno venezolano John Kennedy Javier Sebastián, quien escapó de Lurigancho escalando un muro sin ser detenido por el personal penitenciario. ¿Es esta la señal definitiva del colapso del INPE?

Frente a esta crisis y ante la presión mediática, el Gobierno de Dina Boluarte ha optado por una medida polémica: la privatización de las cárceles. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció el 30 de abril ante la Comisión de Justicia del Congreso que se emitirá un decreto de urgencia para permitir la participación del sector privado en la gestión penitenciaria. Se argumenta que la intención es mejorar la infraestructura, implementar modelos de rehabilitación más eficaces y descongestionar los penales. Pero ¿es realmente la privatización la solución?

El mito del ahorro

Uno de los principales argumentos a favor de las cárceles privadas es que supuestamente resultan más baratas para el Estado. La lógica parece simple: las empresas privadas operan con mayor eficiencia, tercerizan servicios, construyen más rápido y se deshacen del pesado aparato burocrático estatal. Sin embargo, esa premisa se desmorona ante la evidencia internacional.

Estudios en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia han demostrado que los supuestos ahorros desaparecen cuando se consideran todos los costos reales: formación del personal, programas de rehabilitación, supervisión estatal, seguridad y administración. Además, los contratos con operadores privados suelen incluir cláusulas que aseguran altos pagos en todos los servicios.

Un informe del Departamento de Justicia en Estados Unidos, reveló que los presos en cárceles privadas sufren más incidentes violentos y tienen menor acceso a programas de reinserción. En Gran Bretaña, la compañía G4S —encargada de operar varios centros penitenciarios— fue acusada por negligencia grave en la gestión de seguridad. En tanto, surge una conclusión preocupante: las cárceles privadas definitivamente no son más baratas y muchas veces son peores que las estatales.

¿Lucro o rehabilitación?

Privatizar, implica necesariamente introducir una lógica comercial de mercado en un servicio que debería estar guiado por los ‘principios de justicia’ y ‘derechos humanos’. Entonces surge la pregunta: ¿puede una empresa privada cuya finalidad es el lucro, estar realmente comprometida con la rehabilitación del interno?

La experiencia demuestra que no. En la lógica crematística-empresarial, reducir costos y maximizar las ganancias quizá implique recortar en personal capacitado, en alimentación, en salud mental o en programas educativos. Y si mantener las cárceles llenas garantiza mayor rentabilidad y lucro, entonces hay un incentivo perverso que contradice los objetivos de resocialización.

A ello se suma un factor adicional en el caso peruano: la débil capacidad del Estado para regular y fiscalizar. En un país donde el control estatal es frágil, con instituciones penetradas por la corrupción y sin sistemas eficientes de auditoría, ¿quién garantiza que las cárceles privadas no se conviertan en un negocio más, sin rendición de cuentas?

El verdadero problema

La raíz del problema penitenciario no está solo en la infraestructura, sino en la corrupción sistémica que permea todos los niveles del Estado. Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta la Policía Nacional, pasando por funcionarios de justicia y contratistas privados, existe una red informal que mantiene operativas estas “cárceles del crimen” a través del soborno, la inacción y el desgobierno.

El verdadero debate no debería centrarse en si privatizar o no, sino en cómo reconstruir las instituciones públicas. Lo que Perú necesita es una reforma penitenciaria integral, que incluya inversión en infraestructura, profesionalización del personal penitenciario, políticas efectivas de rehabilitación y, sobre todo, voluntad política para enfrentar la corrupción.

En ese contexto, una posible salida podría ser un modelo mixto de Asociación Público-Privada (APP), donde el Estado mantenga el control y la regulación, mientras que el sector privado se encargue de aspectos técnicos o logísticos. Pero esto solo funcionaría si existe un aparato estatal fuerte, transparente y con capacidad real de fiscalización. Hoy, ese no es el caso, porque la institucionalidad en el Perú se ha convertido en una “pita tan débil que se rompe todos los días”.

Privatizar las cárceles en el Perú no es la solución mágica que algunos prometen. En un país con instituciones debilitadas, donde el lucro y la coima suelen imponerse al interés público, la privatización puede terminar siendo más cara, menos humana y significativamente ineficaz. El camino tendrá que ser otro. Es exigible reforzar el Estado, combatir la corrupción y repensar el sistema penitenciario desde sus cimientos. Sin embargo, no solo en este gobierno, sino en los anteriores, ya se ha vuelto una mala costumbre, imponer paliativos, en lugar de tratar y resolver los problemas de fondo.

Durante muchos años un extraño consenso se ha manejado entre las derechas e izquierdas globalistas de España y Chile, así como de otros tantos países. Y es el consenso hecha política pública (que no se alteró ni con cambios de mandatos y partidos, lo cual revela que no hay una alternancia de poder sino una continuación de una misma común política), y es la consigna de que renovable es igual a bueno. Pues esta política ha seguido a pie juntillas como política de Estado los gobiernos de España y Chile. Resultado: apagones nacionales, algo jamás visto en toda su historia.

Antes el gran pero las renovables eran costosas, pero gracias a los subsidios de los Estados así como la participación masiva de China que viene abaratando los precios, no ha dejado de tener un enorme Pero en el campo práctico. Y es que las renovables son muy inestables. Es decir, que puede generar más inestabilidad a la red eléctrica, dicho de otra manera, hace más probable que ocurra un apagón como el vivido en España y Chile. Si bien las renovables podrían llegar a ser estables, esos proyectos están todavía en estudio e implementación, por lo que falta mucho para su inclusión realista en la red eléctrica.

Lo sucedido en España recientemente se puede explicar por la incorporación forzada de las renovables a la red eléctrica la cual no ha incluido las tecnologías todavía experimentales para su mejora. Por lo que a medida que más energía renovable se ha incorporado a la red eléctrica, más se hace vulnerable.

Conclusión. Sea energía nuclear, de carbón o provenga de gas o petróleo, la energía es energía y será tanto más segura en la medida en que su suministro sea estable. Y en tanto las renovables, sean de energía solar, algunas hidráulicas e incluso las eólicas (que para generar energía utilizan electrónica de potencia para ser más eficiente), no son estables. Poner toda la carne en el asador renovable es ideología y no eficiencia. Porque a medida que las renovables ocupen más espacio en la red eléctrica seremos más vulnerables. Entonces, bastaría que pase algo, un accidente, y la red eléctrica se vienen abajo. Y esto puede volver a pasar. La pregunta es: ¿Es seguro y confiable desconectarnos de las energías tradicionales?

¿Qué daño ha cometido la ciudad para merecer semejante castigo? En el Perú, particularmente en Lima Metropolitana y el Callao, las calles se han convertido en territorio hostil: asfalto tomado por una tribu urbana que no responde a normas, ni reconoce autoridades. Son los motociclistas —una fauna cada vez más incontrolable— que circulan como si la ley fuera una sugerencia decorativa, desafiando a diario la seguridad ciudadana con una mezcla de temeridad, pedantería, informalidad e impunidad.

Cualquiera que haya caminado o conducido por Lima lo ha vivido: motos zigzagueando imprudentemente entre vehículos detenidos, invadiendo carriles, subiendo a veredas con total impunidad, ignorando los semáforos como si se tratara de simples adornos urbanos; sin respetar los límites de velocidad, ni las señalizaciones, ni el adecuado uso de luces, yendo muchas veces en sentido contrario. No es una exageración: es la cotidianidad. Una jungla sin reglas donde la motocicleta ya no es símbolo de eficiencia, sino de anarquía y peligro sobre ruedas.

Ante el creciente hartazgo ciudadano y la desesperación por el avance de la delincuencia motorizada, el Gobierno de Dina Boluarte —tras meses de silencio e inacción— emitió el Decreto Supremo N.º 046-2025-PCM. La norma, en efecto hasta el 16 de mayo del 2025 y con posibilidad de prórroga, prohíbe el traslado de acompañantes en motocicletas lineales en Lima y Callao, así como el uso de pasamontañas, y obliga a los repartidores a inscribirse en un registro oficial. Además, prohíbe el uso de cajuelas en la espalda, una medida orientada a identificar con mayor facilidad a los delincuentes que se escudan en el uniforme del delivery para delinquir.

¿La reacción? Predecible. Los gremios de moteros estallaron en redes sociales, en los micrófonos de los programas periodísticos y hasta en comunicados indignados. Se rasgan las vestiduras alegando su “clásico libreto” que tiene que ver con la violación de sus derechos fundamentales: el libre tránsito, el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley. Todos tienen el mismo guion aprendido: que son padres de familia, estudiantes, trabajadores esforzados. Que llevan a sus esposas al trabajo, a sus hijos al colegio. Que no son delincuentes, sino ciudadanos de bien.

Nadie discute lo anteriormente mencionado. El punto no es ese. El problema es la masa crítica de motorizados que cree que las calles fueron construidas exclusivamente para ellos. Una tribu de anarquistas que actúa como si las reglas del tránsito no les aplicaran, y que, en la práctica, impone un modelo de movilidad basado en la ley del más vivo, el más fuerte y del más rápido.

Una epidemia en las calles llamada ‘motos’

La realidad es más cruda de lo que los defensores de las motos quieren aceptar: los motorizados, en muchos casos, son peores que los propios delincuentes que andan armados. Porque son más numerosos, más frecuentes, más visibles y más inacabables. Son los que invaden veredas a toda velocidad, los que no respetan semáforos, los que zigzaguean entre autos a centímetros de provocar una tragedia, los que se pasan en rojo sin mirar, sin frenar, sin pensar. Muchos no portan placas, no tienen licencia, no usan casco, no cuentan con SOAT y violan la ley con total desparpajo, seguros de que no serán sancionados.

En la práctica, han secuestrado el espacio urbano. Lima les pertenece. Las pistas son suyas. El caos que antes se atribuía exclusivamente a las combis piratas y a los taxistas informales ahora tiene un nuevo protagonista: el motociclista urbano, que ha hecho del desorden y el caos un estilo de vida; y del irrespeto una “ideología”. Es decir, se han convertido en toda una fauna de desadaptados que le hacen daño a la sociedad, porque tienen cero educación, cero conciencia, cero respeto y cero empatías.  

Y si esto no fuera suficiente, está el rostro más oscuro del problema: el crimen organizado sobre dos ruedas. Sicarios, raqueteros y extorsionadores se mueven cómodamente en motocicletas, muchas veces sin placa o con una placa robada, y escapan por calles sin control. La moto se ha convertido en el vehículo predilecto de la delincuencia urbana, y sin embargo, los gremios y asociaciones de motociclistas lo minimizan y le dan la espalda al problema. Se victimizan, se defienden, y lanzan un argumento tan falaz como peligroso: “como nosotros no somos delincuentes, no deben restringirnos”.

Ese inmoral argumento olvida un detalle clave: vivimos una emergencia. Y cuando la inseguridad afecta la vida de miles de personas, se requieren medidas excepcionales. ¿Es una solución perfecta prohibir los acompañantes? No. ¿Es suficiente? Tampoco. Pero es un paso. Uno que apunta a cortar, aunque sea parcialmente, la facilidad con que se cometen delitos desde una moto lineal.

El verdadero problema es estructural: un Estado ausente. Durante años, las autoridades permitieron que las motocicletas invadan las calles sin ningún tipo de control, sin fiscalización, sin regulación. La informalidad se volvió norma, y hoy vemos las consecuencias. No existen operativos permanentes, no se exige el cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito, y las sanciones no se aplican con rigor. ¿Cuántos motociclistas infractores han terminado con la moto en el depósito? ¿Cuántos han perdido la licencia —si la tenían— por infracciones reiteradas?

Perú tierra de nadie

El país se ha convertido en tierra de nadie. Y los motociclistas han encontrado en esta debilidad gubernamental e institucional el terreno fértil para expandirse. Como si no fuera suficiente con la impunidad del tránsito, ahora también gozan de impunidad mediática: cada vez que se intenta regularlos, inmediatamente se agrupan y realizan un espíritu de cuerpo ilegitimo, gritan censura, discriminación y abuso de autoridad; cuando en el fondo, el motociclismo en nuestro país es sinónimo de peligro común, perturbación, temeridad, incultura e impunidad. Gracias a estos anarquistas urbanos de dos ruedas el número de siniestros viales es alarmante.

La respuesta del gobierno es tardía e insuficiente. El decreto de restricción puede ayudar a mitigar temporalmente el caos, pero no sustituye una política integral. Se necesita una reforma seria: educación vial desde las escuelas, control estricto del parque automotor, policías capacitados y suficientes para realizar operativos en todas las zonas críticas, y una alianza con gobiernos locales para fiscalizar y controlar el espacio urbano.

Y, sobre todo, se necesita un cambio cultural. Un mensaje claro desde el Estado de que las calles no son territorio libre para tribus motorizadas sin ley. Que el respeto por el otro es mucho más importante que la velocidad y la adrenalina. Que el derecho a circular libremente no puede estar por encima del derecho a vivir con seguridad.

Hasta entonces, la ciudad seguirá siendo rehén de los anarquistas con motor y peor aún, será testigo de las incidencias de esta horda de motos lineales que actualmente ha convertido a las calles en una jungla de animales sin control.

Por Edwin A. Vegas Gallo

Desde el pasado 23 de febrero, se inició en LR dominical, un pugilato periodístico con réplicas, dúplicas y demás yerbas, entre el periodismo de investigación de Paola Ugaz, Pedro Salinas y del otro lado, los representantes del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana, SVC, representado por Percy García Cavero (Asociación Civil San Juan Bautista), el dimitente y expulsado ex obispo de Piura José Antonio Eguren Anselmi y el cura expulsado del SVC Jaime Bartle.

Han sido como 6 páginas completas, de cargos y descargos, en LR dominical, con dimes y diretes, que los sufridos lectores hemos leído, sin entender porqué la justicia ordinaria, no interviene cortando de raíz y sentenciando a quien haya delinquido, en contra de la buena fe de los católicos.

Lo cierto es que SS FRANCISCO, en su INFABILIDAD PAPAL, ante pruebas concluyentes, objetivas, fruto de la Misión pontificia Scicluna- Bartomeu, firmó el pasado 14 de abril la disolución total del SVC y de las congregaciones de monjas, adherentes a aquél.

Incluso ya desde tiempo atrás, de oficializar la disolución, monseñor Bartomeu ofició misa dominical en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, sede matriz del ex SVC, para que, como feligresía, entendamos la decisión infalible del extinto Francisco.

Al parecer las aguas dentro del ex SVC, no se calmaron y el pasado domingo en la misa de la parroquia, su párroco hasta ahora, el cura Juan Carlos Rivva, en insólita predica del evangelio, respirando por la herida del cierre, nos faltó el respeto a los feligreses o por lo menos a mí, con expresiones fuera de tono, en contra de la decisión ejecutiva papal del cierre del SVC, llegando al extremo temerario de señalar, “qué si el papa hubiera muerto una semana antes, tal vez el SVC no se hubiera disuelto” e incluso apostillando, que la muerte del Papa hay que tratarla “como un difunto más”.

Lamentable estos micro cismas en la iglesia católica, que a nada bueno conducen y que los pastores en lugar de guiar a la grey, hacen lo indecible por no saber acatar las decisiones pontificias, poniendo en tela de juicio la INFABILIDAD PAPAL (dogma en la Iglesia Católica desde 1870), y no haciendo mea culpa de sus actos indecentes e impropios.

Lo ocurrido estos últimos días con el cuerpo de nuestro cófrade, el Tío Factos, el poeta Guillermo Gutiérrez con orden de ser lanzado a la fosa común, despertó todo tipo de indignación en las redes sociales, los periódicos y la televisión. Y nos hizo recordar también el caso del vate Juan Ramírez Ruíz arrojado a un lugar similar o el caso del poeta chiclayano José Eufemio Lora y Lora en un osario en París. Y cómo no, a un grande de la cultura y la música clásica, Wolfgang Amadeus Mozart extraviado en el cementerio Biedermeier de Viena.

Lo cierto es que todo ser humano merece una despedida digna, hasta las guerras se detienen cuando hay que recoger a los caídos. El caso de Aquiles que arrastra por nueve días el cuerpo de Héctor y lo martiriza en La Iliada ha pasado a la historia como un acto de humanidad y conmiseración. Príamo, el padre de Héctor, le ruega a Aquiles que devuelva el cadáver y Aquiles a pesar de aceptar, quedan en que son enemigos y que muy posiblemente se acuchillen si se vuelven a ver, pero eso no quita de que son humanos y el respeto exánime.

Los neandertales convivían con sus muertos y las culturas preincaicas tenían un fervor particular con el mundo inanimado y el Hanan Pacha. Y ese respeto no ha cambiado. No importa la religión a la que pertenezcas, así seas católico, evangélico, musulmán o vedanta. No importa si eres ateo. El respeto a los muertos, al entierro digno pasa incluso con las leyes. Existe, como nos explicó un abogado, un posible “Hábeas corpus post mortem” para recuperar un cuerpo lanzado a la fosa común.

Y nos apena que un poeta, alguien dedicado a la cultura por más de cincuenta años, esté pasando por esto. Es terrible y doloroso que las autoridades no hayan sido lo suficientemente humanas y flexibles para entender que GG no estaba solo, que había una familia y contaba con sus amigos: Mary Soto, Edián Novoa, Frido Martin, Blásica, Cassamar y este servidor para evitar que está afrenta se consumara.

En estos días se espera la despedida final de Gutiérrez, el “Tío Factos” que tanto sintonizó con los jóvenes a quienes les entregó cultura a raudales y cuyo único gran tesoro fue su biblioteca y cuyo único mensaje sería: ¡Lean!

Descansa en paz, mi amigo.

“La primera vez que visité Machupicchu, percibí una extraña presencia al ingresar a la ciudad inca y sentí un escalofrío. Era como si ya hubiera estado allí, con el mismo grupo de turistas y el mismo joven guía. Cerré los ojos y una visión me envolvió: la misma escena y el mismo aire fresco de la mañana. Mi mente y mi alma podían reconocerlos, y noté que aquello no era la primera vez”.

“En Lima, me tomé un café en una fuente de soda del recién inaugurado Centro Comercial Camino Real, y de pronto vi a una chica sentada en una mesa cercana, como si la hubiera visto antes, pero no la conocía. Se levantó y comenzó a bailar al ritmo de ‘Another One Bites the Dust’. Ese instante, lo sentí familiar. ¿Había estado en ese lugar antes? ¿Con la misma gente, mirando las mismas paredes de colomural y el poster de Farrah Fawcett?”

“En otro tiempo, cuando corría apurado para llegar a casa después de clases, escuché mi nombre, claro y nítido. Volteé, pero no había nadie. Solo el sonido del viento moviendo los arbustos. Era la misma experiencia… de haber vivido ese momento antes”.

El deja vú es esa sensación extraña de haber vivido previamente un momento presente, lo que desconcierta a nuestra racionalidad. Este fenómeno ha sido estudiado científicamente con diversas teorías. La “memoria dual” sugiere que el cerebro registra erróneamente una experiencia reciente como si fuera pasada. La “teoría del error” propone un desajuste temporal en la estructura cognitiva. La “teoría neurológica” lo vincula con disfunciones eléctricas en el hipocampo y la corteza temporal. Desde un enfoque psicológico, la “memoria implícita” apunta a que el subconsciente evoca fragmentos de experiencias previas.

Desde una visión espiritual y filosófica el deja vú trasciende a la perspectiva estructuralista y científica y se resume probablemente a vidas pasadas. Asimismo, podría ser un mensaje desde otra dimensión que nos advierte—qué camino seguir en ese preciso instante—.

El deja vú nos dota de extrañas emociones… fascinantes, tristes y alentadoras; pero también nos puede brindar una sensación de seguridad e intuición para lograr una conexión con “algo” quizá más trascendente.

(Columna publicada en Diario Uno)

Guillermo Gutiérrez, a quien las redes sociales bautizaron cariñosamente como el «Tío Factos», no fue solo ese anciano hosco y agudo que desnudaba, con ironía punzante, las miserias del país en un canal de YouTube. Mucho antes, Gutiérrez Lymha había sido una voz esencial en la contracultura peruana: fundador del Movimiento Kloaka, aquel grupo insurgente de poetas que en los años ochenta —junto a Roger Santiváñez, Mariela Dreyfus y otros— desafiaba el orden establecido con versos incendiarios.

El pasado 5 de abril, Gutiérrez murió en el más cruel de los anonimatos. Durante días, su cadáver permaneció abandonado en la Morgue Central de Lima. Se temió, y no sin razón, que terminara arrojado en una fosa común, como tantos otros a quienes la indiferencia nacional entierra dos veces: primero en vida, luego en la muerte.

La movilización para evitar ese destino infame fue espontánea y conmovedora. Desde las redes sociales saltó a la prensa, la radio, la televisión. Escritores, editores, libreros, vecinos de Villa El Salvador y hasta burócratas de última hora se unieron en una campaña urgente, casi desesperada. La fiscalía, inflexible en un principio, acabó cediendo ante la presión. Hoy, finalmente, su cuerpo será entregado a sus familiares.

Este acto de dignidad colectiva no habría sido posible sin la solidaridad de muchos: Mary Soto, Rodolfo Ybarra, Edián Novoa, Frido Martín, Miguel Blásica, Fernando Cassamar, Miguel Fegale, el Gremio de Escritores, el Movimiento Cultural Lima Norte, Cirko Terror, los libreros de Amazonas, de la avenida Uruguay, de Alfonso Ugarte, y tantos otros que se rehusaron a permitir que el olvido lo consumiera en silencio.

Guillermo Gutiérrez nos deja tres poemarios: Ulkadi (1987), La muerte de Raúl Romero (2007) e Infierno Iluminado (2022). Tres gritos contra la abulia de un país que a veces devora a sus mejores hijos.

Vivía en Villa El Salvador. Era un hombre solitario, herido por la muerte de su madre y la depresión. La última vez que lo vieron en las calles, fue una feria de libros frente al Congreso. Caminaba despacio, como si presintiera que su final estaba cerca. Hoy, al menos, sabemos que no murió del todo: su nombre, su obra y nuestra memoria se encargarán de mantenerlo vivo.