Este miércoles 20 de noviembre la Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio del dictamen que propone la unión civil entre parejas del mismo sexo. El documento recoge las propuestas de la parlamentaria Martha Moyano y su colega de Avanza País, Alejandro Cavero. Seguidamente, el proyecto deberá agendarse en el próximo pleno para su respectiva votación.

Recordemos que, el 15 de agosto de 2022 el congresista Alejandro Cavero presentó el proyecto de ley de unión civil entre parejas homosexuales, pero con algunas restricciones, como la adopción homoparental, lo que fue criticado por parte de colectivos LGBT.

Este predictamen incluye la formalización de la unión civil mediante escritura pública que deberá ser inscrita en el Registro de Personas naturales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, bajo sanción de nulidad y además propone un marco legal que incorpora otros derechos para parejas del mismo sexo en Perú. Entre los beneficios sobresalen la potestad de tomar decisiones médicas en casos de urgencia, la pensión de sobrevivencia y la administración conjunta de bienes adquiridos durante la convivencia. Asimismo, se contemplan derechos sucesorios y patrimoniales al otorgar seguridad jurídica en casos de fallecimiento. También, reconoce el derecho de visita en centros penitenciarios.

Congresista Juan Burgos señala que esta ley atenta contra la familia

Por su parte, el legislador de Podemos Perú, Juan Burgos, se mostró en contra de la iniciativa y advirtió que votaría en contra, porque considera que atenta contra el núcleo de la sociedad, que es la familia.

“Pretender imponer la Unión Civil en el Perú es introducir cambios sociales que alterarían normas culturales, religiosas o familiares, atentando contra la institución del matrimonio entre el hombre y la mujer como eje nuclear de la sociedad. Como titular de la Comisión de Justicia votaré en contra”, se lee en su red social.

Criticas técnicas de la Defensoría del Pueblo y la RENIEC

Sin embargo, el dictamen recoge algunas opiniones en contra. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo indicó que el Proyecto de Ley 2803/2022-CR “no resulta viable en tanto no se ajusta a los actuales estándares internacionales en materia de protección de las personas LGTBI”, debido a que solamente contempla “la dación de prerrogativas patrimoniales, pero desconoce el objetivo de reconocer un trato equitativo para las uniones de personas del mismo sexo”.

Por su parte, la RENIEC ha sido más crítica hacia la propuesta de Alejandro Cavero, 2803/2022-CR, al indicar que la “convivencia, cualquiera sea la denominación que se le dé, no origina un cambio en el estado civil de las personas”. Es decir, las uniones civiles no pueden equipararse a un matrimonio en el registro del estado civil sin reformar la Constitución.

La ‘unión civil’ entre parejas del mismo sexo no tuvo éxito en Perú

Como se recuerda, a partir del siglo XXI en Perú se empezó a discutir el tema de la unión civil entre personas del mismo sexo. En esa línea, la primera iniciativa política sobre este tema lo impulsó en diciembre de 2003 la congresista fujimorista Martha Moyano, quien presentó, sin éxito, el proyecto de ley 09317/2003-CR para establecer la unión civil entre dos personas del mismo sexo que hayan convivido en relación estable por un período mínimo de un año. ​

Posteriormente, en 2010 el entonces congresista Carlos Bruce propuso el proyecto de ley 03814/2009-CR «Ley de Patrimonio Compartido»,​ mientras que su colega de Loreto José Augusto Vargas Fernández hizo lo propio con el proyecto de Ley 04181/2010-CR «Ley que Establece las Uniones Civiles entre Personas del Mismo Sexo».​ Ambos proyectos de ley fueron archivados al finalizar el periodo legislativo. Sin embargo, en septiembre de 2013, Carlos Bruce volvió a intentarlo y presentó el proyecto de Ley n.º 2647/2013-CR «Ley que establece la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo»; sin embargo, el proyecto fue rechazado y archivado por el Congreso de la República en marzo de 2015.

Al año siguiente, el 30 de noviembre de 2016, los congresistas de Peruanos Por el Kambio y hoy casados con sus respectivas parejas del mismo sexo, Carlos Bruce y Alberto de Belaúnde, volvieron a presentar un proyecto de ley al Congreso de la República para la unión civil homosexual, y nuevamente, fueron rechazados.

Nuevas reglas para ser un ‘Otorongo’. Con 20 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 8014/2023-CR, 8024/2023-CR, 8145/2023-CR, 8267/2023-CR, 8336/2023-JNE, 8761/2024-CR, 8850/2024-CR, entre otros, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, Ley de Organizaciones Políticas, Ley de Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino, para adecuar la normativa electoral al proceso de elecciones del Congreso bicameral.

La propuesta, aprobada en el grupo de trabajo que preside Fernando Rospigliosi (FP), modifica los artículos 20, 21, 30, 31, 84, 108, 112, 116, 118, 121, 122, 123-A, 320, 323 y 325 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, donde se detalla que las elecciones para senadores y diputados del Congreso se realizan conjuntamente con la del presidente y vicepresidentes.

“Para acceder al procedimiento de distribución de escaños en la Cámara de Diputados o en el Senado, se requiere haber alcanzado al menos el cinco por ciento del número legal de miembros y al menos el cinco por ciento de los votos válidos a nivel nacional en la respectiva cámara”, se precisa en el artículo 20.

En otra parte, se indica que la elección de los senadores por distrito electoral múltiple se realiza aplicando el sistema mayoritario, para lo cual el territorio de la República se divide en 27 circunscripciones electorales: una por cada departamento del territorio nacional, además de una por Lima provincias, una por la Provincia Constitucional del Callao y una por los peruanos residentes en el extranjero.

“Se asigna un escaño a cada circunscripción electoral con excepción de Lima metropolitana a la que se le asigna cuatro escaños aplicando a esta el sistema de elección proporcional. Para la elección de los senadores por distrito electoral múltiple es de aplicación el voto preferencial opcional”, se destaca en uno de los cambios.

Otras modificaciones se dan en los artículos 13 y 23 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, que refieren a las causas para la cancelación de la inscripción de un partido político y las candidaturas sujetas a elecciones primarias, respectivamente.

También, en las disposiciones complementarias modificatorias sobre la Ley de Elecciones Municipales, se indica que están impedidos para postular el presidente, los vicepresidentes y los congresistas, salvo en los casos en que el mandato de estos últimos venza el mismo año en el que se desarrollan las elecciones regionales y municipales.

“Por excepción, para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se exceptúa lo dispuesto en los literales c), d) y e) del numeral 23.1 del artículo 23, 24-A y 24-B de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, respecto al porcentaje de libre designación, pudiendo hasta el 30 % del total de candidatos a los consejos regionales y municipales ser designados entre los afiliados o no afiliados por el órgano de la organización política que disponga el estatuto, porcentaje que incluye a las candidaturas de alcalde, gobernador y vicegobernadores”, se indica en la decimoctava disposición transitoria.

Resulta extraño el hecho de observar deserción policial en los exteriores de la vivienda del hoy prófugo de la justicia, Nicanor Boluarte Zegarra, pese a que tiene una orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra. Por su parte, las cámaras de la prensa llegaron hasta los exteriores de la casa ubicada en el pasaje Daniel Alomía, en San Borja y constataron que ningún policía resguardaba la vivienda, y mucho menos se observaba algún tipo de operativo de la PNP para intervenir dicha vivienda, o tratar de ubicar al imputado. así como averiguar sobre su paradero.

Asimismo, se constató que dentro del departamento ubicado en el segundo piso del condominio no hubo ningún movimiento desde hace varios días, información que coincide con las versiones dadas por los vecinos de Nicanor Boluarte. Según fuentes, durante los últimos días su hija Claudia, pasó los días en el club de esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima, ubicado en Chosica.

La PNP habría tenido orden de no vigilarlo

RPP, informó que Nicanor Boluarte no fue incluido en diligencias para que sea vigilado y monitoreado por la PNP. Es decir, ni la Dirección de Inteligencia (DIRIN) ni la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) lo incluyeron en sus registros de seguimiento. Asimismo, vecinos del condominio afirmaron no haberlo visto en los últimos diez días.

@limagristv LA PNP TENDRÍA ORDEN DE NO VIGILAR VIVIENDA DE NICANOR BOLUARTE. #actualidad #limagris #noticia #noticias #parati #actualidadnoticias #fyp #perú #lima #canaln ♬ sonido original – LimaGris

Pese a que el hermano de la presidenta no se presentó ni compadeció en la audiencia de prisión preventiva realizada este lunes 18 de noviembre, el juez Richard Concepción Carhuancho resolvió el pedido de la Fiscalía y le impuso 36 meses de prisión preventiva, por el caso ‘Los waykis en la sombra’.

Tras días de dilatación, el magistrado decidió e impuso la medida restrictiva a Nicanor Boluarte Zegarra, en medio de la investigación en su contra. El abogado Luis Vivanco, defensa del hermano de la presidenta ya había informado que no logró comunicarse con su patrocinado. No obstante, el juez Concepción Carhuancho simplemente registró su ausencia

Concepción Carhuancho rechaza aplicar Ley 32108 en caso ‘Waykis en la Sombra’

En el marco de la investigación, Concepción Carhuancho decidió no aplicar la Ley 32108, una norma que regula el crimen organizado, en el proceso que afecta a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta y otros tres involucrados, quienes enfrentan una solicitud de prisión preventiva por cargos de organización criminal y tráfico de influencias.

Asimismo, el juez destacó que el delito de organización criminal debe regirse por la ley anterior y no por la recientemente aprobada por el Congreso. Además, denunció que la nueva norma contravendría la Constitución Política del Perú y a la Convención Americana de Derechos Humanos.

“El juzgado ha llegado a la conclusión que el delito de organización criminal debe regirse por el artículo 317° del Código Penal, modificado por Decreto Legislativo 1244. Ley anterior, no pudiendo aplicarse la Ley 32108, la ley posterior, a pesar de ser más favorable a los investigados, por ser contrario a la Constitución Política del Perú y a la Convención Americana de los Derechos Humanos, en aplicación del control difuso y del control de convencionalidad”, enfatizó Concepción Carhuancho.

Tras el fallo del juez Concepción Carhuancho, el hermano de la presidenta continuaba no habido. Si Nicanor Boluarte sigue en la clandestinidad se convertirá en prófugo de la justicia.

En medio de un escenario político en el que se viene llevando a cabo una audiencia de requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra el hermano presidencial Nicanor Boluarte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, no se mostró ajeno y vertió sus opiniones al respecto.

Entre tanto, el juez Richard Concepción Carhuancho decidirá hoy si es que a Boluarte Zegarra se le impone la medida excepcional de prisión preventiva, que solicitó el Ministerio Público.

Salhuana Cavides, comentó que las investigaciones llevadas contra el hermano de la presidenta, continúan por una probabilidad que se dé la medida preventiva de privación de la libertad, y en caso que éste se fugue y pase a la clandestinidad, deberá ser inmediatamente capturado por la PNP. 

«En este caso, el hermano de la señora presidenta está inmerso en una imputación de tipo penal, tengo entendido que están a la espera de la resolución del juez Concepción Carhuancho para el tema de la prisión preventiva. El juzgado dispondrá lo que corresponde y si se fuga, la Policía tiene que encargarse de capturarlo», indicó Salhuana.  

En esa línea, el parlamentario agregó que considera que las leyes deben cumplirse, ello en referencia a la separación de la ‘Ley de Organizaciones Criminales’ a favor de los investigados. Por tanto, acusó de un posible abuso sobre la figura de control difuso usada por los jueces para discernir entre las normas a aplicarse.

«Es su punto de vista, pero yo considero que las leyes se dan para que sean cumplidas. Creo que se está abusando del control difuso que establece la Constitución en la carta política», concluyó el presidente del Parlamento.

Como no les alcanza su sueldazos, ahora el Poder Judicial (PJ) se premia a sí mismo con un ‘bono’ nada despreciable. El Congreso de la República oficializó el bono mensual de 9360 soles que recibirán los jueces titulares del PJ.

La normativa fue aprobada en una sesión del Pleno el pasado 15 de junio de este año. Según el acuerdo, se tomó esta decisión para reconocer la “labor y dedicación al servicio público”. En la Ley n.º 32164 se establece que serán beneficiarios de la bonificación: Jueces superiores titulares (9369 soles), jueces especializados y/o mixtos titulares (7254 soles), y los jueces de paz letrado titulares (4680 soles).

“La bonificación adicional mensual no tiene carácter remunerativo, no está afecta a cargas sociales y no es de naturaleza pensionable ni forma parte de los beneficios laborales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios (CTS) o cualquier otro tipo de bonificación, asignación o entrega”, explica la Ley.

También se menciona que el bono se financia con los saldos de partidas presupuestarias del PJ del año fiscal 2024 o con cargo al presupuesto del 2025, “sin demandar recursos adicionales al tesoro público”. Para ello, se autoriza al PJ hacer los cambios necesarios para implementar esta norma.

Cuando la Ley fue aprobada en el Parlamento, a medios de este año, la Comisión de Presupuesto precisó que por medio de esta acción se busca “corregir la “disparidad existente en las remuneraciones entre los distintos niveles de jueces”.

En el dictamen incluso se sostiene que la ampliación “podría traer beneficios significativos”, como “el fortalecimiento de la independencia judicial al garantizar una remuneración equitativa para todos los magistrados, lo que a su vez contribuiría a preservar la imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional”.

“Además, esta medida podría ayudar a prevenir conflictos y demandas judiciales relacionadas con la disparidad salarial entre los jueces, promoviendo un ambiente laboral más equitativo y justo dentro del Poder Judicial. Asimismo, al garantizar una remuneración suficiente para todos los jueces titulares, se estaría protegiendo la estabilidad y la integridad del sistema judicial en su conjunto, lo que a su vez podría tener un impacto positivo en la calidad y eficiencia de la administración de justicia en el país”, dice el texto.

La normativa fue firmada por el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, y por la vicepresidenta, Patricia Juárez, de Fuerza Popular.

Como es habitual, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén Olaya, desempeña su cargo para escudar recurrentemente a la mandataria Dina Boluarte, y hace solo unas horas desacreditó la encuesta de Datum que revela el 3% de aprobación a la presidenta Dina Boluarte. El premier señaló que esta recolección de datos se dio antes del APEC, por lo que, esperará que los resultados varíen en una nueva encuesta, tras dicha cumbre de lideres.  

«La encuesta ha sido antes de APEC. Esperemos la encuesta después de APEC, para ver cómo nos va», indicó.

Adrianzén afirma que respeta las encuestas; pero luego dice que discrepa de ellas

Asimismo, el premier aseveró que, si bien respeta a las encuestas, indicó que también discrepa de estas. Y añadió que la encuesta es un pueblo agradecido por obras, y no por promesas. “La encuesta es esta”: en referencia a quienes habían asistido al evento en el que participó. “Es un pueblo agradecido por las obras, no por las promesas. Estoy seguro que muchos están contentos porque hayamos podido traer esta obra a Huancayo”, refiriéndose a la ceremonia donde se puso la primera piedra del Parque Bicentenario de Junín.

Premier Gustavo Adrianzén tiene una aprobación de 6%

La encuesta realizada por Datum señala que la desaprobación al premier Gustavo Adrianzén asciende al 81% y su aprobación se redujo al 6% en noviembre. En junio de este año las cifras eran muy distintas: 72% estaba en contra de la gestión del premier y el 8% está a favor de esta.

Aprobación a gestión de Dina Boluarte desciende vertiginosamente

Solo el 3% de peruanos aprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte. En tanto, la desaprobación a su mandato alcanzó el 94%. Según se precisó, la gestión de la jefa de Estado se redujo en dos puntos en comparación del mes anterior (5%). Además, es la peor calificación que ha recibido la presidenta en lo que va del año y en toda la historia de la política, antes jamás visto.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Javier Demartini Montes, prácticamente fundó el equipo ministerial, desde que la presidenta Dina Boluarte asumió su mandato y le dio la confianza desde hace 23 meses ininterrumpidos para que se encargue de la cartera del MIDIS. Sin embargo, su sector ha tenido recurrentes denuncias sobre el programa social ‘Qali Warma’. Y esta vez, una reciente revelación periodística indicó que productos enlatados de la empresa ‘Frigoinca’ del programa en mención también habrían servido como alimento para perros.

No obstante, tras este nuevo escándalo que evidencia la falta de protección y la falta de cuidado de miles de niños peruanos, el ministro Demartini Montes, simplemente, descartó su renuncia; y en respuesta aclara que trabajará «muy duro» para corregir los errores en su sector.

Demartini asume su responsabilidad sobre caso ‘Qali Warma’ pero no renuncia

El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) indicó en entrevista con Canal N que ante las denuncias contra ‘Qali Warma’ su despacho tomará decisiones estructurales, pero que no renunciará al cargo, porque trabajará de acuerdo a la responsabilidad que le dio la mandataria Dina Boluarte.   

«Más allá de las encuestas, lo que nosotros responsablemente tenemos que hacer es tomar decisiones estructurales. No pasar la página ni echar la basurita debajo de la alfombra. Lamentablemente, yo ya conozco cuando pasan estas cosas y salen por todas partes a pedir la cabeza del ministro. Hasta donde me dé la responsabilidad que me encargó la presidenta seguiré trabajando muy duro para corregir esto», aclaró Demartini Montes.

Midis desmiente la denuncia contra ‘Qali Warma’

Asimismo, a través de un comunicado, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) desmintió «enfáticamente» que el programa ‘Qali Warma’ distribuyera alimentos para animales en colegios de Ayacucho, como lo denunció el dominical ‘Punto Final’.

«El Midis desmiente enfáticamente que el programa Qali Warma distribuyera alimentos dirigidos para el consumo animal, pues los productos que adquiere cuentan con todos los registros sanitarios y certificados emitidas por la Digesa, autoridad sanitaria responsable de autorizar la fabricación y comercialización de cualquier producto apto para el consumo humano», se lee en el oficio.