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Política

Presidente Boluarte emite polémico decreto para liberar a delincuentes de las cárceles

En lugar de construir más penales para albergar a miles de criminales, el gobierno publicó un decreto para que, condenados por 10 años, sean liberados de las cárceles y vuelvan a las calles. Y a los que, por primera vez roben o asesinen, en lugar de ser recluidos, se queden en su casa.

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En lugar de construir más cárceles de máxima seguridad para albergar a miles de criminales, que día a día son procesados y sentenciados, el Poder Ejecutivo liderado por Dina Boluarte Zegarra, ha promulgado el Decreto Legislativo 1585, que modifica algunos artículos del Código Penal, para deshacinar los pernales. Es decir, liberar a criminales y darles facilidades para que vuelvan a las calles, en el caso que hayan recibido, condenas con penas privativas de la libertad menor a 10 años, y los que recién hayan sido sentenciados, ya no vayan a la cárcel.

Este Decreto, establece mecanismos para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios, y tiene por objeto modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal, el Decreto Legislativo N° 1322, que regula la vigilancia electrónica personal, la Ley 30219, ley que crea y regula el beneficio especial de la salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de libertad y modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 703, Ley de Extranjería, y el Decreto Legislativo N° 1300, que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad, por penas alternativas.

Decreto Legislativo 1585, firmado por Dina Boluarte, Otárola y el ministro de Justicia Arana.

Es decir, un rosario de modificaciones que solo promociona la liberación de delincuentes extranjeros, para que retornen a las calles para seguir delinquiendo. Como la modificación al artículo 52-B del Código Penal, sobre la conversión de la prisión efectiva, por la de vigilancia electrónica personal.

En ese sentido, el articulo establecía que los condenados con penas entre 7 y 10 años no eran enviados a una cárcel, y/o saldrían de prisión, con la condición que llevaran un grillete electrónico. Ahora, con la modificación, este beneficio favorecerá a los que tengan sentencias de entre 10 y 12 años de prisión efectiva.

Acaso, ¿esto es un negocio de “grilletes electrónicos”? ¿Cuánto costará adquirir miles de grilletes electrónicos? ¿Quizá hubo un lobby a la vista con los importadores de grilletes?

Asimismo, el gobierno en esta nueva modificación de la ley penal, ha incorporado que toda pena de cárcel por cualquier delito culposo, y que no supere los 6 años de cárcel efectiva, se convierta a una vigilancia electrónica; es decir, con grilletes personales.

“Cabe precisar que no pueden ser beneficiados con vigilancia electrónica quienes hayan sido sentenciadas por los delitos de parricidio, homicidio calificado, feminicidio, sicariato, lesiones graves, lesiones leves, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, trata de personas en todas sus modalidades, acoso, secuestro, violación sexual en todas sus modalidades, acoso sexual, tocamientos indebidos, proxenetismo, robo agravado, apropiación ilícita, extorsión, tráfico ilícito de drogas en sus formas agravadas, apología la terrorismo, organización Criminal, marcaje, genocidio, desaparición forzada, tortura, la mayoría de los delitos contra la integridad nacional, rebelión, sedición, conspiración, retención ilegal de mando, concusión, cobro indebido, colusión simple y agravada, patrocinio ilegal, peculado doloso y culposo, malversación, cohecho en todas sus modalidades, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y delitos de terrorismo”.

El gobierno también suspende la ejecución de penas

También se modificó el artículo 57° del Código Penal, que se refiere a la suspensión de la ejecución de la pena, y agrega como causal excepcional para que la condena de prisión efectiva no se ejecute, cuando no supere los 8 años y el sentenciado carezca de antecedentes penales y sea menor de 25 años, al momento de cometer el delito. En este caso, el juzgador evaluará el comportamiento procesal y la personalidad del agente, y cómo se sustentará que el condenado “no volverá a cometer un nuevo delito”.

Cambios en la suspensión de la pena.

Sobre las modificaciones a la prisión preventiva

Además, el gobierno de Dina Boluarte para deshacinar las cárceles ha modificado el artículo 268° del Código Procesal Penal, sobre los presupuestos de la prisión preventiva, para elevar el requisito de prognosis de la pena —proyección de la pena a imponer al final del proceso— a 5 años.

Antes los jueces, además de determinar los fundados elementos de convicción, el arraigo y el peligro procesal, tenían que comprobar que la prognosis supere los 4 años.

Pero hay otros cambios del gobierno, respecto a la prisión preventiva.

En el nuevo Decreto Legislativo, se exhorta al Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia recaída en el hábeas corpus a favor del exsecretario de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, sobre la revisión de oficio de la orden de prisión preventiva cada 6 meses.

“Para tales efectos, el juez convoca, dentro del tercer día de cumplido los 6 meses, a una audiencia virtual e inaplazable, salvo por razones estrictamente excepcionales. Esta se llevará a cabo con la concurrencia obligatoria del Ministerio Público, con conocimiento del imputado y su abogado defensor. En dicha audiencia se evalúa la subsistencia de los motivos que determinaron su imposición, así como si los elementos de convicción recabados con posterioridad inciden en la vigencia de los presupuestos materiales de la prisión preventiva”, se ha incorporado al Código Procesal Penal.

En caso que se revoque la prisión preventiva en una revisión de oficio y la Fiscalía apele esa decisión, la excarcelación del investigado se suspende, hasta que la instancia superior confirme, o deje sin efecto la resolución de primera instancia.

Además, el Ejecutivo incorpora el artículo 268-A, para fijar como medida más gravosa; es decir, la máxima que se deberá imponer, la vigilancia electrónica personal, cuando la Fiscalía pida prisión preventiva en delitos que no superen los 7 años. En estos casos, la prisión preventiva solo procederá si la vigilancia con grillete electrónico es revocada, o si se solicita una segunda medida coercitiva contra el investigado.

Priorizarán vigilancia electrónica, en lugar de prisión preventiva, por delitos menores a 7 años.

El colmo de la impunidad: El hurto será despenalizado

Además, del “rosario” de modificaciones establecidas para alentar a los “amigos de lo ajeno”, el nuevo Decreto despenaliza el delito de hurto, e incorpora el artículo 5-A al Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal (Decreto Legislativo 1322).

En este precepto se facilita que las personas condenadas a una pena menor de 6 años por los delitos de hurto simple, hurto agravado, piratería de señal satelital, o hurto de uso, podrán pedir al juez que su pena se convierta a una vigilancia electrónica.

Finalmente, quisiéramos preguntarle a la señora Dina Boluarte ¿Cuándo tomará la decisión de construir más penales de máxima seguridad, en lugar de liberar a criminales?

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Política

Rosío Torres coloca a madre e hija en el Congreso y Salhuana afirma que no es ilegal

La congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, contrató a Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y también de APP, remarcó que no hay norma que prohíba el hecho.

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La congresista Rosío Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso (APP), vuelve a protagonizar un escándalo que evidencia el uso clientelista de recursos públicos en el Congreso. Esta vez, la parlamentaria —investigada por el caso de recortes salariales conocido como “mochasueldo”— ha sido señalada por contratar en su entorno inmediato a una madre y su hija, ambas militantes del mismo partido de César Acuña Peralta.

El reportaje de Cuarto Poder reveló que Cecilia Salazar, asesora principal de Torres Salinas e involucrada en la presunta red de recortes, fue reemplazada temporalmente por su hija, Alexandra Tafur Salazar, como trabajadora del Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento. La contratación de ambas no solo expone la precariedad ética que impera en ciertos sectores del Legislativo, sino también el descaro con el que se normaliza el nepotismo encubierto bajo la excusa de la legalidad.

Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur Salazar, son militantes de APP.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana —también miembro de APP— confirmó la relación familiar y reconoció que, si bien no existe una norma explícita que lo prohíba, el hecho es “éticamente cuestionable”. Una declaración tibia, que más parece una maniobra para ganar tiempo que un verdadero compromiso con la transparencia.

Este episodio revela una práctica común pero silenciada: el uso de cargos públicos como botín político, donde los puestos se reparten entre amigos, militantes y familiares. Que Rosío Torres haya confiado su despacho a personas investigadas por delitos, y que además pertenezcan a su círculo íntimo, debería ser suficiente para exigir su separación inmediata del cargo y una investigación seria desde el Congreso.

No se trata solo de una “falta ética”. Se trata de un patrón de conducta reiterado. Cecilia Salazar, madre de Alexandra, ha sido acusada por un extrabajador del despacho de haber sido cómplice directa en el cobro ilegal de parte de los sueldos del personal. Que hoy siga operando en el Congreso como “trabajadora de confianza” de Torres Salinas, parlamentaria por Loreto, y que su hija Alexandra haya sido colocada en un cargo público, es una afrenta a la ciudadanía.

Mientras tanto, el presidente del Congreso promete “evaluar” y “revisar” si existen más casos similares. La pregunta es: ¿necesita más evidencias para actuar? ¿O la complicidad partidaria seguirá imponiéndose sobre la ética pública?

El Congreso no puede seguir funcionando como agencia de empleos. La permanencia de Rosío Torres y su entorno cercano en puestos clave es un insulto a los peruanos que esperan integridad, no favores ni redes de impunidad.

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Política

‘Ley General de Turismo’ proyecta 34 mil nuevos empleos hacia 2030

La nueva normativa busca impulsar el desarrollo sostenible del sector, formalizar a miles de prestadores turísticos, atraer inversiones y fortalecer la economía local en todas las regiones del país, generando un movimiento económico superior a 17 mil millones de dólares.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció este jueves que el Ejecutivo está sentando las bases para consolidar un turismo fuerte, sostenible y descentralizado, capaz de generar al menos 34 mil nuevos puestos de trabajo en todo el país. Así lo señaló durante la ceremonia de promulgación de la nueva Ley General de Turismo, realizada en Palacio de Gobierno.

En el acto participaron el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, así como otras autoridades del sector.

“El turismo no solo es una fuente de ingresos para miles de familias peruanas; también constituye un motor clave para el crecimiento económico y un pilar fundamental en la promoción de nuestra cultura y diversidad ante el mundo”, expresó la mandataria.

Boluarte Zegarra destacó que la promulgación de esta norma representa un hito en la modernización del sector turístico, al fomentar su desarrollo competitivo y sostenible. Según detalló, la ley permitirá la formalización de al menos cinco mil nuevos prestadores de servicios turísticos en las denominadas zonas especiales de desarrollo, lo cual contribuirá significativamente a dinamizar las economías locales.

Además, precisó que se espera una reducción del 30 % en la oferta informal en los destinos turísticos priorizados, mediante la implementación de controles efectivos y el fortalecimiento del apoyo a las micro y pequeñas empresas del sector (mypes).

Uno de los avances más relevantes que trae la nueva normativa es la ampliación del régimen de recuperación anticipada del IGV, que ahora beneficiará a más de 5,900 empresas turísticas, en contraste con las menos de mil que podían acceder bajo el esquema anterior.

Además, subrayó que, con esta ley, se proyecta alcanzar más de mil millones de dólares en nuevas inversiones turísticas públicas y privadas hacia 2030, lo que generaría un movimiento económico superior a los 17 mil millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento de más del 52 % respecto al desempeño del sector en 2024. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento institucional del turismo, al proyectar la llegada de más de cinco millones de turistas internacionales por año al 2030, cifra que representa una meta ambiciosa pero alcanzable.

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Política

Perú estudia salir del ‘Sistema Interamericano de Derechos Humanos’

¿Avance o retroceso? El titular del Minjusdh, Juan Alcántara anunció que la Cancillería liderará una comisión multisectorial encargada de evaluar rigurosamente la permanencia del Perú en el SIDH.

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El reciente anuncio del ministro de Justicia, Juan Alcántara, sobre la conformación de una comisión liderada por la Cancillería para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) marca un momento clave y delicado en la política exterior y de derechos humanos del país. Esta decisión, impulsada por el premier Eduardo Arana y respaldada por el Ejecutivo, pone sobre la mesa una discusión que tiene implicancias jurídicas, diplomáticas y éticas de gran magnitud.

El hecho de que la Cancillería esté a cargo de esta comisión responde a criterios de competencia institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schialer, posee la atribución exclusiva de conducir la política exterior del país, y por tanto, la eventual denuncia o retiro de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recae en su ámbito. No obstante, esta formalidad no exime al Estado peruano de asumir las consecuencias que implicaría alejarse de un sistema que ha sido tradicional en la protección de derechos fundamentales, durante las últimas décadas, especialmente en contextos donde la justicia interna ha sido insuficiente.

El SIDH ha sido históricamente una herramienta de protección para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en la región. Casos emblemáticos en el Perú, como los de La Cantuta, Barrios Altos o los abusos en penales durante la época de la subversión, encontraron justicia internacional cuando los mecanismos nacionales fallaron.

No obstante, también se han registrado excesos por parte de diversos sectores, en especial algunas ONG que, de manera cuestionable, han instrumentalizado el discurso de los derechos humanos para obtener financiamiento millonario de fundaciones internacionales, promoviendo con ello una agenda progresista. En algunos casos, incluso han recurrido a demandar al Estado con el aparente objetivo de obtener indemnizaciones cuantiosas. A esto se suma la creciente y desproporcionada injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual ha generado preocupación en distintos sectores del país.

La CIDH impone su agenda: Hace unas semanas rechazó amnistía para militares que enfrentaron al terrorismo.

El Ejecutivo plantea que esta evaluación se hará de manera multisectorial —incluyendo al Congreso, la sociedad civil y la academia—, es decir, esta comisión deberá tomar una decisión en un espacio real de deliberación democrática.

La soberanía democrática se fortalece cuando el país se sujeta a estándares supranacionales que garantizan el respeto a la dignidad humana; sin embargo, esta es insoslayable y bajo ningún concepto debería socavarse con algún tipo de injerencia internacional inapropiada.

En conclusión, esta comisión debe ser transparente, técnicamente sólida y abierta al escrutinio público. De lo contrario, podría sentar un precedente regresivo en la protección de derechos humanos en el Perú.

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Política

Rechazan apelación de Pedro Castillo y seguirá en prisión preventiva por 18 meses

La Corte Suprema declaró infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva presentada por la defensa del expresidente, quien enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundada la solicitud de ‘cesación de prisión preventiva’ presentada por el abogado del expresidente Pedro Castillo. Con esta decisión, se confirma la vigencia de la medida coercitiva de 18 meses, dispuesta el 5 de julio de 2024 por la Sala Penal Permanente.

La resolución forma parte del proceso penal que se le sigue a Castillo Terrones por su presunta responsabilidad en delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Entre los cargos más graves figura el delito de rebelión, contemplado en el artículo 346° del Código Penal, además de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

El Poder Judicial ha considerado que no existen elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida. Para el tribunal, los delitos imputados son de suficiente gravedad como para sustentar la prisión preventiva, en tanto se continúa desarrollando el juicio correspondiente.

La defensa del exmandatario alegó que la medida resulta excesiva y desproporcionada, pero su apelación fue rechazada. Según la Corte Suprema, las condiciones jurídicas que motivaron la decisión original se mantienen vigentes, así como el riesgo procesal que representa el imputado.

Castillo se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple la prisión preventiva impuesta. Esta medida fue ratificada tras la revisión de los elementos presentados en la investigación fiscal, entre ellos su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, que dio origen a su detención y posterior procesamiento.

El proceso judicial avanza con audiencias periódicas, aunque no exentas de controversia. En las últimas semanas, se han registrado enfrentamientos verbales entre los magistrados y la defensa legal, reflejando el clima tenso que rodea el caso.

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Política

Vizcarra niega sobornos: su abogado afirma que pruebas de Obrainsa son falsas

Mientras el Poder Judicial evalúa imponer seis meses de prisión preventiva a Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo, su defensa legal desacredita la versión presentada por la empresa Obrainsa como parte de su colaboración eficaz.

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En un nuevo giro del caso “Lomas de Ilo”, el abogado del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, Erwin Siccha, ha afirmado que la información presentada por la empresa Obrainsa como parte de su colaboración eficaz ante el Ministerio Público sería falsa. Según Siccha, un informe pericial de parte, elaborado por la defensa, demostraría que las pruebas entregadas por Obrainsa no solo son inconsistentes, sino cronológicamente imposibles.

El Ministerio Público acusa a Vizcarra de haber recibido S/ 2,3 millones en sobornos a cambio de adjudicar los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional. La Fiscalía sostiene que parte de ese dinero fue entregado en efectivo por medio del exconserje Tobías Puertas. Sin embargo, la defensa del expresidente ha planteado un punto clave: los presuntos desembolsos S/ 400 mil y S/ 600 mil habrían ocurrido en enero y abril de 2014, mientras que las facturas que cobró Obrainsa y que habrían originado esos fondos para el supuesto soborno datan de junio del mismo año.

Erwin Siccha, abogado de Martin Vizcarra por el caso ‘Lomas de Ilo’.

El abogado de Vizcarra se pregunta: ¿cómo puede sostenerse una teoría fiscal basada en pagos que ocurrieron después de los retiros? ¿Y por qué se aprobó una colaboración eficaz con pruebas que presentan inconsistencias tan evidentes?

Si el informe pericial presentado demuestra errores en las fechas clave, el Poder Judicial tendría el deber de examinarlo con objetividad, sin ceder a la presión mediática ni al cálculo político.

Mientras tanto, el Poder Judicial (PJ) anunció que retomará este jueves 26 de junio a las 5.00 p. m. la audiencia en la que decidirá si dicta o no seis meses de prisión preventiva contra el cuestionado exmandatario.

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Política

Designan a Mónica Tiburcio como la nueva secretaria de comunicaciones del Despacho Presidencial

Tiburcio se reunió hasta en tres oportunidades con Juan José Santiváñez antes de su designación.

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Quieren limpiarle la estirada cara a Dina Boluarte y lo hecho por el otrora vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien se encuentra desaparecido desde que saliera a la luz el escándalo de la comida en mal estado de Qali Warma (Wasi Mikuna), hasta el momento no viene dando resultados positivos.

Cabe recordar que la última conferencia de prensa ofrecida por el impávido vocero se dio el pasado 1 de febrero de 2025, y desde ese entonces han tenido que salir los ministros de Boluarte a brindar improvisadas conferencias a los medios de prensa.

Como Hinojosa resultaba inexpresivo y casi actuaba como un robot ante las cámaras, ahora el Gobierno ha preferido contar con una persona especialista en medios y que se encargue en mejorarle la alicaída imagen de la jefa de Estado; es por ello que ayer se designó como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial a Mónica Otilia Tiburcio Orbezo, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

La Resolución n.° 38-2025-DP/GDP lleva la firma del secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez.

La resolución también precisa que el vínculo laboral de la servidora se encuentra regulado exclusivamente por el régimen de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, su reglamento y las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

De igual modo, se dispone que la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones efectúe la publicación de la presente resolución en el portal institucional del Despacho Presidencial.

Tarea titánica

La gestión de Tiburcio estará enfocada en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Asimismo, también estará encargada de coordinar con los distintos medios de prensa y de gestionar la imagen institucional del Gobierno.

Como ya se indicó, la imagen estática dejada por Fredy Hinojosa no aportó en lo más mínimo por crear una cercanía con la población y sobre todo con los hombres de prensa.

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Política

CIDH cuestiona a la JNJ por reposición de Benavides y respalda a Delia Espinoza

Una vez más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre asuntos internos del Perú, esta vez tomando posición en la disputa fiscal entre Delia Espinoza y Patricia Benavides, al objetar el fallo de la JNJ que buscaba reponer a esta última.

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En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “advirtió” sobre una supuesta afectación a la autonomía del Ministerio Público, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Con esta declaración, que ha causado controversia y rechazo en varios sectores jurídicos y políticos del país, la CIDH ha vuelto a entrometerse en los asuntos internos del Perú.  

La CIDH indica que fallo de la JNJ afecta autonomía del Ministerio Público.

Lo cuestionable no es solo el tono del pronunciamiento, sino su evidente sesgo. El organismo omitió que la suspensión por 24 meses de Benavides Vargas fue determinada por el Poder Judicial, a pedido de Delia Espinoza, cuando ella aún no era fiscal de la Nación, y que dicha medida dejó sin efecto cualquier intento de restitución. Sin embargo, la CIDH parece más interesada en blindar a Espinoza Valenzuela —quien desobedeció abiertamente una resolución de la JNJ— que en observar con imparcialidad el proceso institucional.

El respaldo implícito de la CIDH a una fiscal que se mantiene en el cargo tras negarse a cumplir un mandato legal, avalada luego por una decisión judicial, genera serias dudas sobre la coherencia del organismo de Derechos Humanos, que no condena la desobediencia de Espinoza ni su instrumentalización del Ministerio Público; por el contrario, se minimiza su impacto y se enfoca el reproche en una decisión que ya había sido invalidada por la justicia ordinaria.

¿Desde cuándo defender la autonomía institucional significa ignorar el Estado de derecho? La CIDH, que debería velar por los derechos humanos y la legalidad, se posiciona en un debate judicial y político interno como si tuviera mandato para intervenir, vulnerando así el principio de no injerencia.

Sus constantes pronunciamientos selectivos y omisiones calculadas evidencian una preocupante parcialidad que erosiona la legitimidad del propio sistema interamericano. En lugar de fortalecer la institucionalidad en Perú, la CIDH parece decidida a jugar un papel político, avalando conductas que, si provinieran de otras figuras, serían calificadas de antidemocráticas.

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Política

Podemos Perú anuncia que no será parte de la nueva Mesa Directiva del Congreso

Bancada de José Luna indicó que apoyará agrupación que no esté alineada al gobierno, pero en el último voto de confianza al premier Arana marcaron en abstención la mayoría de ellos.

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¿Cómo creerle a una bancada que en las decisiones más importantes prefirieron votar en abstención? La bancada de Podemos Perú, liderada por el cuestionado congresista José Luna Gálvez, tiene en sus filas a “perro, pericote y gato”, pues esa nómina está compuesta por parlamentarios con severas investigaciones y carpetas fiscales abiertas.

Se quieren presentar como los últimos paladines de la justicia, rechazando abiertamente una hipotética alianza con Dina Boluarte y el Gobierno Central, pero sus anteriores decisiones terminan por desmoronar tal falacia. El plan de Podemos y Luna Gálvez es querer hacer creer al ciudadano que es el bloque opositor del gobierno, para así acumular votos en las futuras elecciones.

Mediante un comunicado, la bancada de Podemos explicó que no respaldará ninguna fórmula para la nueva Mesa Directiva del Congreso. Explican que su decisión obedece a una posición coherente “frente a los graves hechos que viene marcando al actual gobierno y su relación de blindaje por ciertos grupos políticos del Congreso”.

Según ellos, añaden, solo apoyarán a la lista que garantice la independencia del Congreso, deslinde de actos de corrupción que involucren al entorno de la presidenta y rechace cualquier intento de intercambio de favores o reparto de cargos públicos. ¿Les creemos?

“Podemos Perú no permitirá que el Congreso se convierta en una extensión del Gobierno ni en un refugio de impunidad. El Perú no soporta más arreglos bajo la mesa ni componendas que solo profundizan la desconfianza ciudadana”, enfatizó la agrupación en el documento.

Cabe recordar que el pasado martes la bancada de Renovación Popular también había anunciado su decisión de no integrar la nueva Mesa Directiva 2025 -2026. Por su parte, Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, mencionó que no tiene en mente presentarse para la nueva conformación. En tanto, la bancada de Somos Perú suena como la más voceada para obtener la presidencia. A ellos se sumarían APP y Fuerza Popular para completar la mesa.

Memorex:

En el pasado voto de confianza al gabinete Arana, ocho de los catorce miembros de Podemos Perú votaron en abstención, pese a que se trataba de un gabinete reciclado y con más dudas que certezas. Así se presentan como los grandes opositores de Boluarte.

Imagen: composición diario Correo.
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