En algunos sectores caviares de nuestro país se ha armado todo un terremoto mediático debido a la reciente medida adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intempestivamente ordenó la suspensión de operaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Lo que ha generado una gran zozobra debido al negativo impacto que esta disposición podría tener en el financiamiento de numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación locales que dependían de su inyección económica.

Como se sabe, en el año fiscal 2024 la cooperación estadounidense desembolsó una millonada consistente en US$134.5 millones en el Perú, de los cuales US117 millones se canalizaron a través de USAID. Estos fondos se destinaron a áreas como educación, medio ambiente, salud, y fortalecimiento institucional.

Ya no habrá millones de dólares para las ONG, ni para algunos medios periodísticos

Si bien, la suspensión de los recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional pone en riesgo la continuidad de algunos programas, mayormente afectará a un clan de políticos, académicos y medios de comunicación caviares que en los últimos años han dependido de ellos y que siempre se empecinaron en ocultar su verdadera y millonaria fuente de financiamiento.

Ya no es secreto que varias ONG peruanas han recibido millones de dólares de USAID para que no solo puedan subsistir, sino, además, de llevar a cabo sus proyectos, también gocen de otras gollerías y puedan otorgar salarios dorados a su plana de colaboradores.

Entre estos organismos se encuentran el mediático Instituto de Estudios Peruanos (IEP) la ‘Fundación Tribu’, ‘Lundu’ y también ‘Fraternidad Transmasculina’. Asimismo, figuran portales digitales como ‘Epicentro’, de la colombiana Clara Elvira Ospina, y ‘La Encerrona’, del cuestionado periodista Marco Sifuentes, que, desde Madrid – España, imparte su agenda publicitaria. Asimismo, aparece el portal ‘Ojo Público’, de los experiodistas de El Comercio, Nelly Luna Amancio y Óscar Castilla. Pero tampoco se queda atrás la Fundación Mohme, asociada al Grupo La República, perteneciente a Gustavo Mohme Seminario; y lo mismo El Comercio y RPP.

Lo cierto es que desde que el periodista Paola Benza informó esta data en su noticiero ‘La Contra’, sufrió en las redes un cargamontón de toda la caviarada peruana, entre ellas, la excolaboradora fujimorista Rosa María Palacios.

Se supone que estos denominados “medios de comunicación” han recibido ayuda financiera de USAID para promover supuestamente el “periodismo independiente” y la “investigación periodística”, pero en la práctica no ha sido así, pues sus agendas han respaldado posiciones contrarias al Estado peruano y además de haber realizado publicidad feroz a algunas “marcas” y “empresas”, ellos han investigado a sus enemigos y a sus adversarios ideológicos.

JNE y ONPE también recibían millones de USAID

Curiosamente, en la lista de financiados también figuran instituciones del Estado, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encabezada por Piero Corvetto Salinas, amigo del politólogo caviar, Fernando Tuesta Soldevilla. También aparece en la relación, la Asociación Civil Transparencia, así como otros organismos.

Sin duda, estas organizaciones, dedicadas a la investigación social, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo comunitario, van a enfrentar dificultades financieras ante la suspensión de los millones de USAID. Asimismo, esta decisión tomada por la gestión presidencial de Donald Trump de suspender las operaciones de USAID ha generado críticas de grupos “progresistas”, tanto a nivel nacional como internacional. Algunos argumentan que esta medida responde a una agenda política que busca reducir la influencia de programas que promueven “inclusiones sociales”.

El cierre del sitio web de USAID en Perú y ha incrementado las preocupaciones sobre el impacto en los programas de ayuda en países como el Perú, sobre todo en “La República”, que escribía: “La suspensión de la cooperación afectará gravemente a la salud pública y al medio ambiente”.

Más políticos en crisis que tendrán que reciclarse

Como se sabe, algunos políticos de izquierda caviar se refugian en las ONG luego de haber fracasado en los comicios electorales, como es el caso de Verónica Mendoza, la eterna candidata presidencial. Así como Salvador del Solar y las oenegeras Marisa Glave, Indira Huilca, y Anahí Durand, que forman parte de ese grupito que se pretende erigir como la reserva moral peruana. Asimismo, la excongresista y exministra y reciclada política Marisol Pérez Tello, que blindó el lesivo acuerdo con Odebrecht en perjuicio del Estado peruano y que despidió a la procuradora Katherine Ampuero, precisamente por haber puesto ‘entre las cuerdas’ a la empresa corrupta brasileña. Y ni qué decir de los exministros Carlos Basombrío y Gino Costa, quien respaldó a Martín Vizcarra. Es decir, ahora tendrán que ganarse el pan con el sudor de su frente, si es que antes no se reciclan en otra camarilla estatal, como ya están acostumbrados.

“O me das o te vas”, esas fue la aberrante propuesta sexual que habría realizado el actual Jefe del Área de Cultura del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao), Arnaldo Uribe Enríquez, hacia la ex trabajadora María de los Ángeles Escobar Herrera, quien lo viene denunciando por no haber aceptado acostarse con él. Ante la negativa de esa propuesta indecente, Uribe Enríquez habría cumplido con su promesa, despidiéndola en el acto.

El GORE Callao continúa en el ojo de la tormenta. Hace unas semanas, Rubén Villalba, coodinador de la Oficina de Gestión Patrimonial, también fue denunciado por realizar esas malas prácticas que por lo visto estarían continuando dentro de esa institución encabezada por su gobernador Ciro Castillo. Y es que en el GORE Callao se habría extendido la mala costumbre de otorgar puestos de trabajo a cambio de favores sexuales.

La denunciante de Uribe Enríquez presentó al dominical Panorama chats de WhatsApp donde se corroboraría un constante acoso contra la ex trabajadora.

Mi regalo serás tú y yo te daré el depa, ¿aceptas?”, se lee en uno de los mensajes. “Me ofreció un departamento a cambio de que yo me acostara con él, me dijo o me das o te vas. Yo le dije no entiendo y él me dijo, aquí es así y tú lo sabes’”, declaró Escobar Herrera.

“Estamos hablando de un tema de abuso de poder. En este momento estamos frente a una sociedad machista, yo he visto muchos casos que te dicen yo estoy acostumbrado a hablar así y es porque la sociedad machista tiene ese tipo de conversaciones; sin embargo, la norma es clara y nos dice que estas condicionas sumando el abuso de poder y conductas sexistas y hostigar a la persona una y otra vez… Estamos frente a un caso de hostigamiento sexual laboral.”, explicó la abogada Gianela Sipion Castillo, quien representa a la denunciante.

Los mensajes revelados incluyen comentarios despectivos sobre el físico de la denunciante, así como propuestas sexuales explícitas. “¿Viste esa pareja? La chica tiene tú mismo d*** o sea, p***”, se puede leer en uno de los chats. Uribe, quien también es profesor de marinera, ha sido presentado como un modelo de respeto hacia la mujer, pero las evidencias apuntan a un comportamiento completamente opuesto en el ámbito laboral.

Uribe Enríquez niega conversaciones

Por su parte, Uribe Enríquez negó las acusaciones en su contra. Sin embargo, en una conversación telefónica previa, había admitido haber mantenido diálogos con Escobar Herrera. El caso ha generado indignación y se espera una pronta acción de las autoridades para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

¡Se vienen las portátiles! No sería raro ver dentro de poco a decenas o cientos de ciudadanos vitoreando y lanzando flores a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y sus ministros, gritando eufóricamente “Dina, reelección” o “Viva Dina y sus ministros”, todos ellos pulcramente usando un polo blanco con el rostro de la mandataria, tornándose iracundos cuando alguno de nosotros ose criticarla.

Pues bien, tal parece ser el caso de su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien estaría contando con una “portátil digital” que se encarga de limpiar su alicaída imagen en las redes sociales. Definitivamente una ardua labor, pues los resultados en el combate contra la delincuencia no lo acompañan.

El dominical Cuarto Poder difundió unas conversaciones de WhatsApp donde se demostraría la existencia de dicha “portátil digital”, encabezada por Luis Pineda Rodríguez, un expolicía y amigo de Santiváñez, quien obtuvo contratos con el Mininter por servicios de monitoreo y análisis de redes sociales.

El citado medio reveló que Pineda visitó a Santiváñez el 7 de agosto de 2024. Trece días después, el 20 de agosto, recibió su primera orden de servicio por 10.800 soles.

Dos meses más tarde, obtuvo una segunda contratación por el mismo monto y rubro. En las conversaciones filtradas, Pineda instó a miembros de un chat a participar en encuestas en redes sociales para respaldar al ministro.

Esta clase de respaldo ocurrió el 20 de octubre de 2024, cuando Cuarto Poder planteó la pregunta: “¿Cree que Juan José Santiváñez debería ser removido de su cargo?”. Ante ello, en el chat, Pineda Rodríguez escribió: “Voten por el NO. Santiváñez es el único ministro que se ha preocupado por nosotros, ha peleado por los aumentos y el único que pecha a la Fiscalía cuando nos denuncia. Es hora de defenderlo”.

El resultado de la encuesta reflejó un 67% de apoyo al ministro. Un hecho similar ocurrió el 26 de enero de 2025. En esta ocasión, la secretaria del general Óscar Arriola, Francesca Velapatiño, escribió en el chat grupal: “Chicos, apoyen al ministro. Están haciendo una encuesta para que lo cambien. Se viene el aumento en diciembre, les recuerdo. El aumento a las remuneraciones después de mucho tiempo”.

Consultado sobre el contenido compartido en los chats, Pineda Rodríguez explicó: “Yo lo conozco desde hace muchos años, me enseñó muchas cosas porque es un profesional preparado, enfocado en el derecho policial (…) Cuando reenvío una encuesta, no estoy diciendo, ‘vota por el sí o no’, es su libre voluntad”, sin embargo, en las imágenes compartidas por el medio periodístico se estaría dando todo lo contrario.

El Congreso hace lo que se le da la gana y al parecer ninguno de sus representantes puede hacer algo por cambiarlo. Este último viernes, la jefa de Estado, Dina Boluarte, promulgó la ley 31254 que restituye el financiamiento privado de personas jurídicas a los partidos políticos.

La medida busca regular los aportes de estas entidades y establecer disposiciones específicas para el uso del financiamiento público.

Dicha norma modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, específicamente los 29, 30 y 31, respecto al financiamiento público directo, financiamiento privado, y sobre las fuentes de financiamiento ilegal.

Respecto al financiamiento privado, precisa que las organizaciones políticas “pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada”.

Ello, mediante las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural y persona jurídica nacional, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito, no superen en un año calendario el equivalente a 200 unidades impositivas tributarias por aportante para cada organización política.

“En ningún caso un aportante puede aportar más de 500 unidades impositivas tributarias (UIT) al año – es decir, 2.67 millones de soles-, sin importar el número de organizaciones políticas a las que aporte”, refiere.

En las disposiciones complementarias finales, se establece que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberá adaptar sus procedimientos internos y la normativa reglamentaria relacionada dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de la ley.

Asimismo, se indica que la ONPE, en colaboración con el Banco de la Nación y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, debe emitir las normas correspondientes para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30-C sobre las contribuciones a través de la entidad financiera estatal.

Como se recuerda, hasta el año 2018 las empresas privadas podían financiar campañas políticas; sin embargo, la norma se modificó tras revelarse el caso Lava Jato en el Perú.

A su casa. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema acaba de excluir del proceso penal al actual congresista de la República Roberto Sánchez Palomino, quien durante el fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022 se desempeñaba como ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Dicha instancia judicial declaró fundado un recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó Sánchez Palomino para que se archive el delito de rebelión que le atribuye la Fiscalía y sea excluido de este proceso penal.

El tribunal supremo adoptó esta medida al acoger el recurso de apelación que presentó la defensa legal de Roberto Sánchez para que se revocara la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 11 de julio del 2024, en la que había declarado «infundada» dicha excepción de improcedencia de acción, en primera instancia.

La sala presidida por el juez supremo César San Miguel resolvió revocar el auto o resolución apelada y declarar fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa legal de Sánchez Palomino.

La defensa legal de Roberto Sánchez sostiene en su recurso de apelación que el juez supremo Checkley Soria realizó un análisis que no planteó la conducta atribuida a su patrocinado no se subsume en el delito de rebelión y que existe una falta de precisión en la imputación formulada contra su defendido por lo que demandaba que la siguiente instancia revocara la resolución apelada y estime su pretensión.

“El primer argumento contra mi patrocinado es que habría participado en una reunión el 6 de diciembre donde se tomaron acuerdos para supuestamente cerrar el Congreso, pero era una versión absolutamente genérica, sin ningún tipo de precisión. El segundo argumento era que también había estado en una supuesta reunión con el señor (Luis) Mendieta, pero tampoco decían de qué se había tratado esta reunión. Esas son las observaciones que nosotros hicimos y que el representante del Ministerio Público no pudo vincular directamente”, explicó su abogado para Infobae Perú.

No obstante, el tribunal supremo confirmó la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 11 de julio del 2024, en la que declaró «infundado» el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó el teniente de la Policía Nacional, Eder Infanzón, con el que buscaba que se archive el delito de rebelión que le atribuye la Fiscalía y sea excluido de este proceso penal.

El dato:

El Ministerio Público solicitó una pena de 25 años de prisión e inhabilitación por 2 años y 6 meses para ejercer cargos públicos contra el extitular del Mincetur.

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, vuelve a atacar a sus detractores y ahora les sugiere tomar hepabionta para que curen sus hígados enfermos.  

Este vienes 31 de enero, durante su participación en la ceremonia de inauguración del Roadshow: Inversiones en Turismo 2025, la jefa de Estado dio un breve discurso en el que, además de recomendar a sus opositores tomar hepabionta para sanar sus hígados, pidió dejar de lado los ataques, divisiones y enfrentamientos ideológicos, a fin de seguir avanzado en la meta y visión que se tiene como país.

«Es momento de dejar de lado la división y los ataques. Créanme, no suma eso… pero ya nosotros hemos hecho una catarsis y hemos dicho: ‘A ellos que todavía insisten en sus posiciones ideológicas, anarquistas, violentistas, dejémoslos con sus hígados enfermos a un costadito. Nosotros sigamos avanzando en la meta y en la visión que tenemos como país», expresó durante el inició de su discurso.

Posteriormente, mientras trató de ser reflexiva, al pedir más unión en un solo corazón para mejorar el país; de pronto, volvió a atacar a sus opositores y nuevamente les recomendó tomar hepabionta.

«Queridos hermanos y hermanas del país, podremos mantener al país en la senda del crecimiento y la estabilidad, unidos en un solo corazón, en un solo pensamiento, que es mejorar al país, y en un solo abrazo como peruanos, (donde) nos encontramos todos sin distinción alguna, y los que andan con su hígado enfermo, tomen hepabionta y trabajemos por el Perú», culminó la investigada jefa de Estado.

Dina Boluarte: Déjenlos con sus hígados enfermos, tomen Hepabionta y trabajemos por el Perú. pic.twitter.com/9PmL81utuB

— Revista Lima Gris (@Limagris) January 31, 2025

Poca cosa. Desde el Palacio Legislativo parecieran estar empecinados en querer ‘pasar la página’ respecto al asesinato de Andrea Vidal Gómez, una ex trabajadora del Congreso involucrada en una presunta red de prostitución, la cual se encargaba en meter agraciadas señoritas para que se desempeñen como asistentes o secretarias, a pesar de no contar con experiencia previa en dichos cargos.

Es así que el pasado 16 de enero, el Congreso emitió un comunicado oficial refiriéndose al asesinato de la joven abogada; ahí se leía que el objetivo principal del atentado era nada menos que el conductor del taxi, José Briceño, y no Andrea Vidal, todo ello porque el primero recibió más balas.

Ante los cuestionamientos que generó este mensaje, la jefa de la Oficina de Comunicaciones, Alejandra Aramayo, acudió a la Comisión de Fiscalización, donde reveló que Julio Talledo, un funcionario de confianza de Eduardo Salhuana fue quien redactó la publicación.

Al ser interrogado al respecto, el titular de la Mesa Directiva, le restó importancia al pronunciamiento, diciendo que la información ya había sido difundida previamente en otros medios de comunicación.

“Es un tema anecdótico, no tiene mayor relevancia. Creo que el Congreso tiene el derecho a informar por los medios que tiene, de información, que además había sido de público conocimiento. Es información había sido publicada en cuatro, cinco diarios, en todas las redes sociales. Así que no era ninguna novedad y el Congreso tiene todo el derecho de hacerlo en sus medios de comunicación, así que yo no le veo ninguna razón”, señaló ante los medios de comunicación.

#EnVivo

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, sobre mensaje compartido en redes respecto al caso Andrea Vidal: Es un tema anecdótico, no tiene mayor relevancia, el Parlamento tienen derecho a informar por los medios que tiene

Encuentra más información en la WEB ►… pic.twitter.com/ECws82bDKr

— Canal N (@canalN_) January 30, 2025

Según la División de Homicidios de la PNP, Andrea Vidal era el verdadero objetivo del ataque, debido a la forma en que los criminales le dispararon. Aunque el caso aún sigue en proceso de investigación, resulta aún más preocupante que el Congreso haya difundido un comunicado adelantando información sobre un hecho que no está esclarecido en un afán de limpiar la imagen de la entidad.

Agarrado del cuello. Cuando se conoció la designación de Eduardo Arana como ministro de Justicia muchos voltearon a mirarse por sus oscuras vinculaciones con el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y en particular con Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, allá por el año 2018.

Ante ello, el Poder Judicial (PJ) ha ordenado levantar el secreto de las comunicaciones al actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Eduardo Arana, quien viene siendo investigado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado y, de manera alternativa, por cohecho activo específico. Todo esto en torno a una supuesta participación con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Es así que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y ordenó que las empresas de telecomunicaciones entreguen información clave sobre las comunicaciones del ministro.

De acuerdo a la resolución judicial, la medida permitirá a la Fiscalía acceder al registro de llamadas, mensajes de texto y de voz, tanto entrantes como salientes, de un teléfono celular utilizado por Eduardo Arana en el periodo comprendido entre el 8 y 9 de abril de 2018. Además, las operadoras móviles deberán remitir la relación de todas las líneas telefónicas que el ministro ha registrado o utilizado en ese tiempo.

En tanto, el titular del MINJUSDH rechazó la solicitud fiscal mediante un escrito presentado el 8 de noviembre de 2024. En su defensa, argumentó que la medida no responde a “actos urgentes e inaplazables” que permitan determinar la existencia de un delito. Asimismo, cuestionó que la Fiscalía no haya identificado a personas específicas que presuntamente hayan cometido ilícitos.

Como se recuerda, Eduardo Arana es investigado tras la revelación de un reporte periodístico que expuso una conversación telefónica con Walter Ríos en 2018. Según la Fiscalía, este diálogo podría estar relacionado con la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.