El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado Huamaní, solicitó autorización para declarar ante la prensa, debido a las recientes acusaciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, hacia la referida unidad policial.

Esta petición del coronel Colchado habría sido presentada aproximadamente hace diez días, con la intención de responder, como parte de su derecho a la defensa, al considerar que las imputaciones de presuntas irregularidades en las que se hallaría involucrado, atentan contra su imagen y reputación.

Ministro del Interior Santiváñez denunció irregularidades en la Diviac

Apenas hace unas horas, el titular del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó a la Diviac por la falta de resultados y por presuntas irregularidades en la ejecución de su presupuesto.

En conferencia de prensa, no solo acusó a la unidad de operaciones de ser selectiva en los casos que sigue, sino también, de no haber justificado el uso y la ejecución de sus fondos. Y aseguró que el equipo ha sido instrumentalizado.

“No ha rendido cuenta sobre importante sumas de dinero que se le ha sido entregada en cuatro años, cerca de 72 millones de soles. No solo no ha rendido cuenta, sino que ha sido observada por la Contraloría. (…) No han podido ser justificados porque tendrían comprobantes de pagos duplicados”, refirió el titular del Mininter.

Fiscalía habría coordinado con la PNP solicitar la detención de Harvey Colchado

A raíz de las acusaciones del ministro del Interior, la Fiscalía de la Nación habría solicitado la detención del exjefe de la Diviac. Sin embargo, la petición fue rechazada por el Poder Judicial.

A falta de confirmación por parte de la defensa de Harvey Colchado, su abogado Miguel Pérez Arroyo, anunció que, si el Ministerio Público intenta intervenirlo, acudirán a los mecanismos de defensa correspondientes.

“Siendo que es altamente probable que sea cierto por la seriedad de las fuentes que lo han hecho público, entendemos que es cierta y vamos a poner los mecanismos de defensa pertinentes para que no se materialice este abuso y esta arbitrariedad que se está pretendiendo cometer contra el coronel Colchado y las personas que integran la Diviac”, indicó el abogado a Exitosa.

El ‘Capitán Arturo’ no verá la luz del día. El Poder Judicial (PJ) ratificó el rechazo al recurso del ex ministro del Interior y ex candidato presidencial Daniel Urresti con el que solicitaba la suspensión provisional de la pena de 12 años de prisión que se le impuso por el asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos en el año 1988.

De acuerdo a la resolución de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema no corresponde declarar nula la resolución no corresponde declarar nula la resolución de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria que declaró improcedente el pedido de Urresti para suspender la ejecución de la pena hasta que se resuelva el recurso de nulidad contra la sentencia del caso.

En su recurso, el exministro solicitaba que se le aplique el Nuevo Código Procesal Penal —específicamente el artículo relacionado a la suspensión de la pena—, pese a que el caso Bustíos se tramitó bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales de 1940. Invocaba el principio de que se debe aplicar la ley procesal más favorable al reo.

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria desestimó el pedido de la defensa de Daniel Urresti al considerar que ello “conllevaría quebrantar el principio de legalidad procesal y dejar vacío la vigencia de los casos iniciados en el Código de Procedimientos Penales”. Si bien la Corte Suprema también rechazó el recurso, lo hizo bajo otros argumentos.

En efecto, la Sala Suprema Penal Transitoria, alejándose de la argumentación de la Sala Superior, sostiene que, excepcionalmente, sí podría aplicarse alguna disposición del Código Procesal Penal a un proceso iniciado bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales.

“Bajo los cimientos de una interpretación extensiva y constitucional, y en aras de garantizar el principio de igualdad ante la ley y en pro de la protección más eficaz a los derechos, entre ellos, el derecho particular a la libertad personal, para el Tribunal, sí sería aplicable excepcionalmente el numeral 2 del artículo 402 del Código Procesal Penal (suspensión de la ejecución de la pena impuesta por el mismo tiempo en que se emita la resolución de segunda instancia) en los procesos penales tramitados bajo las normas del Código de Procedimientos Penales. Siempre que concurran los presupuestos legales previstos para su aplicación”, se lee en la resolución.

En el caso de Urresti, según la Sala Suprema, se podría aplicar la suspensión de la ejecución de la pena solo si se cumplen con los requisitos fijados en el artículo 57 del Código Penal: naturaleza o gravedad y el peligro de fuga. En ese sentido, los jueces supremos procedieron a evaluar si Urresti cumple con dichas condiciones.

Si bien el tribunal supremo reconoce que el exministro “mantuvo una conducta procesal positiva” al asistir a las citaciones de las autoridades, la naturaleza del hecho atribuido (asesinato con alevosía de Hugo Bustíos) “yace en un tipo penal de grave reproche”. “Por ello la intensidad de la pena impuesta al procesado (12 años de prisión)”, se lee.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inmediatamente respondió al expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien en una entrevista a El Comercio lo cuestionó “por ser una decepción como alcalde” y por no haber cumplido sus promesas de campaña.

En ese sentido, el popular Porky calificó a PPK como un “delincuente” y un “cómplice de Odebrecht”.

Rafael López Aliaga arremetió con todo

En una conferencia realizada durante un evento en la Plaza Mayor de Lima, el alcalde capitalino respondió ante las aseveraciones del expresidente, y le recordó su vinculación con la corrupta empresa brasileña Odebrecht.

“Hay un delincuente expresidente que dice que el señor López Aliaga ha traído unas motitos. ¡Tiene la osadía! Tremendo ladrón, delincuente y cómplice de Odebrecht. Unas motitos… ¡10 mil motos, oye, PPK!”, aseveró el burgomaestre.

Asimismo, el líder de Renovación Popular tildó de cínico a PPK y le recordó que en su gestión presidencial nunca hizo algo.

“No seas cínico, todavía, que has robado al Perú. Delincuente, cómplice de Odebrecht. Hemos traído 10 mil motos, cosa que no hiciste en tu vida”, concluyó el alcalde.

¿Qué dijo PPK en contra de López aliaga?

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, durante una entrevista para El Comercio, también fue consultado sobre la gestión del alcalde Rafael López Aliaga y esto fue lo que dijo:

“Yo no me quiero pelear con nadie, pero “Porky” como alcalde ha sido una decepción. Ha prometido un montón de cosas irrelevantes como motocicletas, y ha hecho muy poco”.

PPK responsabiliza a Keiko Fujimori de la crisis que atraviesa Perú

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado por lavado de activos y por quien la Fiscalía ha pedido 35 años de cárcel por el ‘caso Odebrecht’, también se pronunció sobre la lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori.

Al respecto, el exmandatario la responsabilizó de la crisis que atraviesa el Perú al haberle “abierto la puerta” a Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de 2021.

“Le abrió la puerta a Castillo y le abrirá la puerta a Antauro. Keiko fregó al Perú. Por eso la gente no le da el triunfo. (…) El fujimorismo ha fregado al Perú. Corrijo, no fue el fujimorismo; Keiko fregó al Perú”, culminó.

A pesar de las aseveraciones de PPK, gran parte de la ciudadanía en todos los rincones del país, no olvidan que él dio carta abierta para que la diáspora de cientos de miles de ciudadanos venezolanos indocumentados y en situación de ilegales ingresen al Perú por las fronteras sin ningún tipo de restricciones. En ese sentido, temibles organizaciones criminales extranjeras ya han tomado el territorio nacional y son el terror de millones de peruanos.

Así las cosas, algo que resulta imborrable es lo que PPK afirmó en 2017:

“Los venezolanos son bienvenidos al Perú. Vengan aquí y les pagaremos los sueldos de ley”.

Tres parlamentarias de la república han impulsado una moción de censura contra los ministros de Educación, Morgan Quero, y de la Mujer, Ángela Hernández, por las declaraciones que dieron al justificar las violaciones sexuales contra niñas Awajún y por no asistir a las comisiones del Congreso para rendir explicaciones y explicar sobre las medidas que adoptarán desde sus sectores, ante esta problemática.

A través un documento, las legisladoras Ruth Luque, Flor Pablo y Susel Paredes presentaron la medida y también llamaron a que otros colegas se sumen al pedido de censura.

Las mociones de censura se deben a que los funcionarios incurrieron en “discriminación en agravio de las niñas de las comunidades nativas Awajún y Wampis” y por “no acudir ni dar cuenta a las comisiones del Congreso de la República pese a la gravedad de los hechos”.

Ministros de Educación, Mujer y Cultura se ‘zurraron’ en la Comisión de Pueblos Amazónicos

Dejaron con los ‘crespos hechos’ a los dirigentes amazónicos y no asistieron al Congreso.

Los ministros Morgan Quero, Ángela Hernández y Leslie Urteaga, fueron citados en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República, para que expliquen sobre las denuncias de niñas ultrajadas en la comunidad Awajún; sin embargo, brillaron por su ausencia.

La sesión estuvo programada para el martes 25 de junio desde las 10:00 a.m. con el objetivo de obtener respuestas sobre las supuestas medidas adoptadas por los ministerios involucrados en la eliminación de la problemática.

Asimismo, Morgan Quero y Ángela Hernández también fueron citados ante la Comisión de la Mujer y Familia, pero también se negaron a asistir.

Ruth Luque: “No pueden seguir al frente de sus carteras”

A través de su cuenta de X, la parlamentaria Ruth Luque comunicó las razones de la moción de censura contra ambos ministros del gobierno de Dina Boluarte.

“Ante la ausencia sistemática de los ministros de Minedu y del MIMP en las comisiones del Congreso para rendir cuentas de su accionar en la problemática de la grave violación sexual contra la niñez indígena en Condorcanqui, hemos decidido impulsar moción de censura, contra ambos ministros”, anunció.

¡Desprecio Total! Se burlaron de las niñas Awajún y se niegan a responder ante el Congreso por las denuncias de abuso sexual en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas.

La sesión estuvo programada para el martes 25 de junio desde las 10:00 a.m. con el objetivo de obtener respuestas sobre las supuestas medidas adoptadas por los ministerios involucrados en la eliminación de la problemática.

En ese sentido, y ante la gravedad de los hechos, los ministros Morgan Quero (Educación), Ángela Hernández (Mujer y Poblaciones Vulnerables) y Leslie Urteaga (Cultura) fueron citados por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República para discutir sobre los incidentes de violación sexual contra adolescentes en la comunidad Awajún.

Sin embargo; con su ausencia demostraron que poco les interesa abordar esta importante problemática de abusos sexuales a menores de edad, en especial, en diversas regiones del país.

Se regresa al norte, pero no precisamente a Estados Unidos sino a Huaral. Alejandro Sánchez Sánchez, ex financista de la campaña presidencial de Pedro Castillo, cumplirá 30 meses de prisión preventiva en el penal de Huaral, mientras la Fiscalía lo investiga porque estaría vinculado a una red criminal dedicada al tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado peruano. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo encarceló el lunes 24 de junio, tres días después desde que llegó al Perú desde los Estados Unidos.

Como se sabe, Alejandro Sánchez huyó del Perú luego de que el Poder Judicial dictó orden de detención en su contra, en el marco del caso ‘Asesores en la Sombra’. El pasado 21 de junio las autoridades norteamericanas lo deportaron junto a 150 personas.

El dueño de la casa ubicada en jirón Sarratea, donde Pedro Castillo como presidente realizaba reuniones de manera clandestina, es investigado en el caso ‘Asesores en la Sombra’, desde 2021. Su abogado, Tomás Gálvez comunicó que su cliente es inocente y no se acogerá a la colaboración eficaz.

“Lo que pasa es que él, como me indicó en un primer momento, cuando tomé la defensa, él se mantiene en que no ha cometido ningún delito y que es una persecución. Ciertamente en esas condiciones no puede someterse a ninguna colaboración eficaz, porque el que se somete a colaboración eficaz es reconocer la comisión de un delito. En este caso, él dice que no ha participado en ningún hecho ilícito, por lo que se descarta la posibilidad de una colaboración eficaz”, declaró en RPP.

Sánchez Sánchez es considerado un asesor crucial en las investigaciones relacionadas con el exmandatario y su entorno. Antes de ser deportado, estuvo detenido en el Centro de Procesamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Pine Prairie, en Luisiana. Al llegar al país, se sometió a un control de identidad en el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de turno y luego fue puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ser ingresado en un centro penitenciario, donde enfrenta una orden de 30 meses de prisión preventiva.

Las ONG, Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia contra la presidenta de la República Dina Boluarte por las muertes de 49 personas durante las protestas en su contra, en diciembre del 2022 e inicios del 2023.

Ambas organizaciones de derechos humanos se reunieron con la Fiscalía de la CPI con el fin de mostrar evidencia de que las muertes durante las protestas fueron asesinatos y se trataron de ataques sistemáticos y lo fundamentan con informes detallados, donde se especifican las causas de los decesos y los patrones de lesiones.

En esa línea, indicaron que los militares y policías hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, y atentaron contra “hombres jóvenes e indígenas” y concluyen que la represión del gobierno de Dina Boluarte debería constituir crímenes de lesa humanidad, conforme a lo establecido por el Estatuto de Roma.

Las ONG pidieron a la institución internacional que inicie una investigación para indicar sobre lo sucedido en el país, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Estas imputaciones no solo se basan en el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, sino también por informes realizados por las ONG, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

Como se recuerda, el Gobierno de Dina Boluarte ha sostenido que los decesos se produjeron a causa de “manifestaciones violentas” que presuntamente buscaban pervertir el orden constitucional. Sin embargo, no es menos cierto, que gran grupo de violentitas atacaron activos críticos, e incluso quemaron y tomaron cinco aeropuertos en diversas regiones del país.  

En el informe también se considera acciones del Gobierno que justifican las muertes de los protestantes, tal como la promoción de algunos militares que participaron en los eventos. Ante ello, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano indicó a Infobae:

“También hemos señalado cómo es que se han ido premiando a algunos militares que estuvieron involucrados en realizar acciones, han sido premiados con felicitaciones y gradurías militares. Todo eso abona una responsabilidad desde el alto cargo que es la presidencia de la República”.

El Ministerio de Salud, a través de la Resolución Ministerial N° 447-2024/MINSA, dispuso el cese del uso de los términos “transexualismo” y “travestismo” en el capítulo de Trastornos Mentales y del Comportamiento de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud (CIE-10).

Sin embargo, cabe recordar que el pasado 10 de mayo el Minsa incorporó la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la OMS dentro del Decreto Supremo N.º 009 -2024-SA. que patologiza las identidades LGBTIQ+ y otras formas de diversidad sexual, especialmente las personas trans.

Han trascurrido 45 días desde que se aprobó esta disposición y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha reculado en su decisión.

Como se sabe, la publicación de dicho decreto supremo generó el rechazo en las redes sociales, especialmente entre activistas por los derechos LGBTIQ+.

Según la reciente norma, publicada en el diario oficial El Peruano, se trata de los siguientes diagnósticos: transexualismo, travestismo de rol dual, trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, trastorno de la identidad de género no especificado y orientación sexual egodistónica.

Y en su defecto, dispone el uso de los diagnósticos “discordancia de género en la adolescencia o adultez”, “discordancia de género en la infancia”, “discordancia de género sin especificación” y “asesoramiento relacionado con el comportamiento y la orientación sexual o las relaciones sexuales de las personas”, en el capítulo XXI: Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud.

El ministro César Vásquez, firmó el dispositivo en el que se establece que, en todos los establecimientos de salud públicos o privados, así como en las actividades de atención a los usuarios de salud, se usen los nuevos códigos y sus descripciones (diagnósticos) incluidos en la CIE-10.

El Minsa argumenta que la norma obedece a “avances en el conocimiento médico”

Desde el Ministerio de Salud indican que esta disposición se debe a que se han producido avances en el conocimiento médico y se han implementado nuevas y diversas intervenciones sanitarias en salud pública a nivel nacional con la aparición de nuevas necesidades en el campo de la salud comunitaria, las cuales incluyen nuevos diagnósticos, como la enfermedad por coronavirus, ciertos tipos de cáncer y enfermedades mentales. Mientras tanto, la CIE-10 se mantiene vigente en Perú, hasta que se inicie la implementación progresiva de la CIE-11.

Finalmente, señalan que reafirman su respeto a la dignidad de la persona humana y su libre accionar en el marco de los derechos humanos brindando servicios de salud en su beneficio.