Por Jorge Paredes Terry

Con un 2% de aprobación, la cifra más baja registrada en cualquier democracia del mundo y un rechazo que roza el 90%, Dina Boluarte debería ser un cadáver político. Las calles corean «¡Dina traidora, corrupta y asesina!», la Fiscalía la acusa de ser penalmente responsable por la muerte de 49 manifestantes, y su hermano Nicanor y su exaliado Vladimir Cerrón huyen de la justicia. Sin embargo, como un espectro institucional, sigue ocupando Palacio de Gobierno. El enigma peruano tiene respuesta en una ingeniería del poder que convierte debilidades en armas y transforma el miedo ciudadano en cemento para sus cimientos podridos.

Su primera trinchera es el Congreso, donde una alianza tácita con la derecha y ultraderecha (Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Renovación Popular de Rafael López Aliaga) y Alianza para el Progreso de César Acuña, funciona como blindaje vital. Estos grupos, que controlan el Congreso y las comisiones clave, han archivado sistemáticamente las 34 denuncias constitucionales contra ella por homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas de 2022-2023. La ecuación es perversa: para los congresistas, aprobados por apenas el 4% de los peruanos, Boluarte es «una piñata» útil. Mantenerla en el poder les permite negociar ministerios, impulsar agendas contra las ONG y evitar elecciones anticipadas que los dejarían sin curul. Keiko Fujimori, según encuestas, ejerce la mayor influencia política sobre el gobierno (37%), seguida por el fugado Vladimir Cerrón (27%), demostrando que el Ejecutivo es un títere de intereses opuestos pero coincidentes en la supervivencia.

Pero el verdadero mecanismo de control es más siniestro: el terror como anestesia social. Mientras el país sufre 1.909 extorsiones mensuales y los homicidios aumentan 34%, los medios, especialmente la televisión, saturan sus pantallas con sicariatos, balaceras y secuestros. Esta cobertura, que consume el 47% del tiempo en noticieros (frente al 18% en 2021), no es periodismo: es un amplificador involuntario de la estrategia gubernamental. El cálculo es maquiavélico: un ciudadano aterrorizado por la delincuencia no protestará aunque no tenga agua, trabajo o justicia. Los números lo confirman: el 62% de los peruanos evita salir de noche por miedo, el 48% renuncia a marchar por «temor a la criminalidad», y las movilizaciones antigobierno cayeron 76% en 2025. Boluarte no necesita comprar medios (aunque invierte S/287 millones en pauta oficial): el rating de la sangre le regala la parálisis social que necesita.

Esta cortina de humo le permite operar en la sombra. Mientras anuncia laboratorios balísticos y «guerras contra el crimen», su gobierno ha triplicado el presupuesto para control social: el programa «Disminución de conflictos sociales» recibió S/1.125 millones en 2025, cinco veces más que en 2019, fondos que financian equipamiento militar para reprimir, no para proteger. Simultáneamente, militariza el lenguaje: declara estados de emergencia, llama «traidores» a los críticos y acusa a la prensa de «terrorismo de imagen» cuando revelan sus joyas y Rolex o su rinoplastia con dinero público. El silencio es su otra arma: 200 días sin responder preguntas de periodistas, rompiendo récords de opacidad en democracia. Cuando habla, es para culpar a «fake news» o invocar conspiraciones: acusó a la Fiscalía y la prensa de planear un «golpe de estado blanco», el ataque más grave a la libertad de expresión desde que asumió.

Detrás de todo, sostienen el régimen tres poderes fácticos: los grandes empresarios (79% de peruanos cree que influyen «mucho» en su gobierno), las Fuerzas Armadas (56%) y el capital transnacional. Boluarte los atiende en foros, donde promete «apostar por el libre mercado» y ofrece el país como «hub de inversiones mineras». Mientras, recorta impuestos a conglomerados mediáticos y entrega megaproyectos a multinacionales. Esta alianza perversa explica por qué, pese al colapso social (22 niños muertos por desnutrición en Puno, hospitales sin insumos), la economía crece al 3.9%. Para las élites, es suficiente: prefieren una administración impopular pero dócil, antes que un cambio que afecte sus privilegios.

¿Hasta cuándo? El círculo de hierro se resquebraja. La Corte Penal Internacional investiga a Boluarte por crímenes de lesa humanidad, EE.UU. retiró fondos de USAID. Su única esperanza es llegar a julio de 2025, cuando el Congreso no podrá disolverse si la vaca. Pero ni siquiera sus aliados creen en ella: la llaman «presidenta interina» en los pasillos del Congreso. El régimen se sostiene no por fortaleza, sino porque nadie ni la oposición fragmentada, ni los empresarios, ni una ciudadanía aterrada ha encontrado cómo romper el hechizo de este cadáver político que sigue caminando, mientras nuestra patria se desangra.

Por Vladimir Nalvarte

He aquí un film que propone un giro democrático al llamado séptimo arte. Un cine alternativo contra el dominio de la banalidad. Cuando la indigencia en materia de “celuloide” campea en un medio envilecido por lo espectacular, un cine que en principio podría ser anónimo, sin jerarquías, celular en mano, parece irrumpir con franca osadía y algunas ideas. Un cine hecho de alguna manera contra el cine. Estética que busca una remembranza de algo así como una naturaleza perdida en el orden fugaz de las cosas.

En Una ballena gigante, una ballena blanca, en la niebla (2025), de Mario Castro Cobos, prácticamente no hay diálogos. Tampoco lo que se llama un argumento. Se trataría, eso sí, de un viaje. De una errancia entre fragmentos de rostros y la epidermis de una ciudad que podría ser cualquiera. Aquí los largos planos secuencia se enhebran y se montan entre sí en un ejercicio del arte de la contemplación.

Esa es su narrativa. Aparecen y desaparecen nubes en un fondo de cielo matinal; esqueletos y bordes de superficies de plazas, pórticos, cerraduras coloniales, calles, más calles y en medio de este magma de “tema y variación”, sombras, rostros que parecen sin pasado. Y, de entre todos, el rostro único de una joven mujer. Entrañable. Inquietante por familiar. No hay más. O poco más. En medio de esta vorágine de signos -que no olvidamos que son todas las imágenes en el cine, según Gilles Deleuze- que se planteaba como un ensayo sin eje, ella, sola, se yergue de pronto en punto de convergencia de un film que busca resignificar con un fondo musical de Mahler (Sinfonía n.°5 Adagietto) lo que tiene de inmanente un paisaje, en lo que cabe en una mirada. Poca cosa.

Con todo, un cine así siempre parece estar en proceso; este no será la excepción. A su favor diremos que no teme arriesgar ni mostrar sus costuras, sus desviaciones. La mano que tiembla. Béla Balász describió a comienzos del siglo pasado al cine “como el heraldo de una nueva ‘cultura visual’ que nos devolvería nuestros cuerpos, y sobre todo nuestros rostros, que se habían convertido en algo ilegible…”. Pues bien: aquí vamos de nuevo.

Película

Más películas

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Por Marisol Verónica Giordano Silva

Con marcada velocidad la globalización borra efemérides, tradiciones, celebraciones, fiestas y costumbres de los pueblos que hasta ayer nomás eran relativamente soberanos.  Por más que los países de Europa, América, Oceanía, Asia o África se resistan, sus historias y culturas podrían sucumbir a la moda de la Coca-Cola, del Netflix o de los algoritmos.

Lamentablemente grades gestas heroicas, patrióticas y estrictamente nacionales también corren el riesgo de perderse con el paso anodino de la globalización y la pesada gama de tecnologías que hacen cada día más al ser humano menos humano.

Si las cosas se siguen presentando así, sin que nadie le ponga freno o se detenga un momento a generar conciencia entre sus habitantes para que la memoria de nuestros ancestros no se diluya, pues entonces es hora de fortalecer el aula y empezar por los más niños, desde la Educación Inicial, para darle a esta generación un sentido de pertenencia y honra hacia nuestros héroes.

Por ejemplo, tenemos por estos días en el calendario cívico escolar la fecha del 7 de junio, Día de la Bandera, y siendo el Perú un país tan rico en cultura, historia, vivencias e identidad los maestros tenemos que renovar en esta fecha nuestro compromiso con el respeto a nuestros héroes, entre los que encontramos a Francisco Bolognesi, e inculcar entre los peruanos más jóvenes el debido homenaje a este patriota, quien junto a muchos compañeros de armas dejaron su vida en el fragor de la Batalla en Arica, un 7 de junio de 1880.

De manera que procedamos con unción patriótica, con vocación desplegada a la mejor enseñanza de nuestros niños y que esta generación en el futuro recuerde como otras anteriores la alegría que sentía y la emoción que les henchía el pecho cuando de infantes entonaban la Marcha de Banderas y el Himno Nacional.

Que esa esencia no se pierda y démosles a nuestras instituciones, como el Ejército del Perú, el sitial que le corresponde, fomentado entre los niños y sus familias una permanente llama encendida para vivenciar cada fecha cívica con mucho amor y con gran sentido de identidad, sobre todo respecto de nuestros símbolos patrios y de la herencia que nos dejaron nuestros antepasados en esta hermosa tierra llamada Perú.

¡Viva el 7 de junio! ¡Viva Francisco Bolognesi y los héroes de nuestra patria!

Por Rafael Romero

Señora Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza Valenzuela, públicamente denuncio a quienes resulten responsables en el Ministerio de Cultura por el supuesto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales frente a la tramitación lenta, defectuosa y arbitraria de los Expedientes N° 34720-2024 y N° 128394-2024, paralizados dolosamente en el despacho viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales desde el 5 de diciembre del año pasado.

Algunos funcionarios podrán buscar mil excusas, poner pretextos o simular nuevos vericuetos de su tramitología, pero lo que no pueden negar es su falta de vocación de servicio, muchos más cuando hay razones de peso para cumplir y hacer cumplir la ley ante pintores o escultores que merecen ser reconocidos dadas sus credenciales, dones, talento y profesionalismo, respecto de los cuales el Estado tiene la obligación de promoverlos, promocionarlos y entregarles sencillos galardones cuando esos artistas están poniendo el nombre del Perú muy alto a nivel mundial.

Pero a los señores del MINCUL no les da la gana de trabajar y menos de estudiar más ni de cultivar mejor la inteligencia o el análisis suficiente como para entender la perspectiva provechosa para el país cuando los ciudadanos presentamos expedientes probos, justos, sanos y limpios, siendo el deber de la administración pública el de tramitarlos de acuerdo a ley, de forma célere y oportuna, conforme a la Ley 27444, pero no lo han hecho.

Es lamentable que el ciudadano de a pie o el administrado sea una persona de segunda categoría frente a la práctica perversa e insensible de un puñado de funcionarios del Ministerio de Cultura, donde -salvo honrosas excepciones- hay gente que se cree de primera categoría, configurando una burocracia dorada que solo se sirve del cargo en sus intereses particulares, mas no sirve a los intereses nacionales.

Lamentablemente, señores del Ministerio Público, dentro del citado portafolio del Poder Ejecutivo atrás quedaron los principios de la PCM sobre la integridad y atrás también quedaron los sabihondos discursos de SERVIR sobre la idoneidad y la ética en la función pública. Todo eso en la praxis no es nada más que papel mojado en tinta frente a la negligencia funcional, al cohecho, al peculado, la impunidad o la procrastinación. 

En ese sentido, de oficio incluso, los fiscales que hace unas semanas iniciaron investigaciones preliminares a la alta dirección del MINCUL, también pueden indagar qué ha pasado con los Expedientes N° 34720-2024 y N° 128394-2024, y según los hechos y documentos deberán individualizar responsabilidades sobre el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, entre otros ilícitos penales que adicionalmente pudieran presentarse.

Ahora bien, frente al tipo penal específico señalado, se recuerda que el bien jurídico tutelado es el normal y correcto funcionamiento de la Administración Pública en cuanto a la oportunidad y eficacia en el cumplimiento de la función pública por parte de los funcionarios públicos que representan al Estado. Se busca así el normal desarrollo de las funciones públicas con el objetivo de evitar que estas se vean perjudicadas por la inercia dolosa del funcionario que ejerce un cargo determinado, según la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema (Casación N° 169-2012-ÁNCASH, 12 de setiembre de 2013).

De otro lado, la omisión de actos funcionales es una infracción del deber, que se configura con la sola omisión, sin exigir un resultado lesivo a la Administración Pública más allá de la propia inercia dolosa del funcionario. En consecuencia, se trata que es un delito de mera actividad; y si bien en el delito de omisión de actos funcionales no se afecta el patrimonio público, lamentablemente, sí se afecta la regularidad y la legalidad de los actos administrativos, según lo señala la jurisprudencia penal.

En otras palabras, se lesiona esencialmente el correcto funcionamiento de la Administración Pública, como bien jurídico protegido, en cuanto persigue garantizar la regularidad y la legalidad de los actos realizados por los funcionarios públicos en el desarrollo de las actividades propias del cargo, así como evitar su actuación arbitraria, contraria a la Constitución, leyes o deberes (Sala Penal Permanente RN 2347-2008-LIMA).

No obstante, el sujeto pasivo es el Estado y la persona natural o jurídica que haya sido perjudicada con el acto abusivo del funcionario estatal del MINCUL. De manera que no existe explicación razonable para excluir a quien es el directo perjudicado en sus derechos como sujeto pasivo-agraviado y por tanto puede participar del proceso penal como tal.

En este artículo de denuncia y divulgación, es pertinente señalar que la figura delictiva denominada “incumplimiento de deberes” se perfecciona hasta por tres hipótesis o supuestos claramente diferenciados, según tres verbos que recoge el tipo penal: “omitir”, “rehusar” y “retardar” algún acto a cargo de un funcionario.

Se “omite” un acto cuando el funcionario público prescinde, descuida, desatiende o incumple algún trámite dentro de sus atribuciones en el cargo, empleo u oficio que desempeña en el MINCUL, y no se requiere de un resultado lesivo más allá de la propia inercia dolosa del funcionario.

Por su parte, el funcionario “reúsa” algún acto de su cargo, cuando esquiva, declina, desestima o niega el cumplimiento de un acto funcional que está en el deber de hacer por hallarse dentro de sus atribuciones, de acuerdo con el cargo que desempeña en el MINCUL. Y se “retarda” algún acto de su cargo cuando un servidor público demora, retrasa, difiere, aplaza, dilata o pospone el cumplimiento de dicho acto funcional cuando está en el deber de hacerlo en tiempo oportuno.

En suma, son supuestos delictivos de comisión dolosa y de simple actividad, no cabiendo la comisión por culpa, pues el funcionario actúa con conocimiento de que su conducta es ilegal, omitiendo, rehusando o retardando un acto funcional que le corresponde realizar; y el delito se consuma automáticamente e incluso sin necesidad de que se produzca un resultado material o un perjuicio para terceros.

El cine: jugar a, o sospechar que, las imágenes tienen conciencia de sí mismas. El mundo: signos escritos. Cómo se descifra lo viviente, lo existente. El mundo. ¿Es descifrable? Pero si lo es, es íntimo, personal. Te lo llevas del ojo a la boca. El mundo está bueno para comer. Pro-nun-ciar. En una película que se gusta muda. ¡Tan llena de letras, de palabras! Palabras para dominar el mundo, o la imagen del mundo. Tentado de pensar que el mundo es solo imagen, y entonces, en el fondo…

Vuelvo, para no quedarme mudo. Palabras… para que seas dominado por las palabras. El mundo te dice. Tú dices al mundo. Tantas palabras, y no sabemos (todavía) qué son. Un mundo de palabras, sí, ¡también las palabras son un mundo! Jugamos con dobles, pluralidades. Palabras, buscadas, encontradas por la ciudad. Como señales. Como piezas de un rompecabezas… qué va hacia dónde…

Entre las delicias visuales, frescas y constantes, al ritmo casi marcha de las letras me mantengo, estoy a la espera de una revelación. Ah la verdad abstracta tras la miríada de particularidades. La película es generosa en mostrar pero también en esconder. Insisto. ¿Leemos -vemos, entendemos- el mundo como si estuviese hecho de / con palabras? El alfabeto. Qué necesidad. Qué invento. Su magia inocente cargada de sonido, de sentido. Palabras que empiezan con A, con B, con C… y así. Una y otra vez, es una ronda. Podríamos no acabar nunca. Es el goce del juego, y el juego es uno de los más profundos significados. En cada momento.    

Pero me olvidaba. Esta película empieza no con palabras escritas sino con pantalla en negro y una voz. Oh la recitación. Oh el viejo libro infantil. Oh las órdenes disimuladas. Las frases, dichas en tono monocorde, con impecable indiferencia, quieren ser hipnóticas. Somos niños, ¿te acuerdas?, empezando a aprender el alfabeto. Luego, como divas, una a una, las letras, las 24 actrices de la profundamente bella película, se suceden, desfilan, explotan.

El filme estructural. No tiene ‘contenido’ ¿aparente? o el contenido es su propia construcción, su estructura, su forma, sus patrones. Nada en contra de los films máquinas (¡pero todos lo son!) que no disimulan serlo.  Al contrario. Pues buscan la esencia, no solo de los films, sino de nosotros mismos. Sí, te engañaron: el cine es más de lo que tú crees.    

Película

https://m.ok.ru/video/1748433701577

Por Fernando Casanova

Hay que tener estómago para seguir creyendo en las elecciones peruanas.
Hay que tener una fe propia de los conventos.
Porque vamos, ¿quién puede mirar esta farsa sin reírse, sin escupir al suelo después? Basta con tener los ojos abiertos para ver que lo que se viene no es democracia,
es un nuevo y cansado casting de ratas.

Otra vez elecciones. Otra vez la propaganda.
Otra vez los spots de tipos que no te mirarían en la calle
pero ahora te prometen patria, justicia y trabajo.
Otra vez la escenografía de la “fiesta cívica”,
con sus ONPEs desveladas,
con su desfile de candidatos que huelen a sobre manila,
a billetes de banco, de mina, de droga.

Porque seamos serios:
el crimen está gobernando.
No en la sombra, no detrás.
Gobierna desde el estrado, desde la curul, desde el despacho ministerial, en la corte suprema.
El sicariato se volvió parte del paisaje.
Ya no causa escándalo, causa tráfico.
Y la policía —esa caricatura de autoridad—
está más ocupada borrando pruebas que haciendo operativos.

¿Y las Fuerzas Armadas?
Juran lealtad a la Constitución con una mano,
y con la otra custodian avionetas de narcos mientras le sacan el igv a lo inimaginable.

Hay una peste moral que lo ha tocado todo, si no, tiren entonces la primera piedra.
Desde el municipio más remoto hasta el hemiciclo más iluminado.
Y aún así, nos siguen diciendo que el problema es la abstención ciudadana.
Que es peligroso no votar. Que la multa.
Como si marcar una cédula fuera a exorcizar un sistema podrido.

No. No va a cambiar nada.
Porque el sistema no está en crisis: es la crisis.
El sistema se alimenta del caos, lo administra, lo recicla.
Nos da elecciones como quien pone morfina a un enfermo terminal para que no grite tanto.

¿Puede acaso haber democracia
con más de cuarenta partidos inscritos con firmas falsas, con locales fantasma y comités que no existen.
Cuando los candidatos emergen no del clamor popular, sino de los escritorios de las farmacias, de traficantes de tierra, de lavadores?

Pero uno igual va.
Con la nariz tapada, con el hígado revuelto.
Va como quien deja constancia en una escena del crimen.
Firma, no para elegir al presidente,
sino para decir: yo vi esto y me hice el cojudo.

Eso es hoy votar.
Una liturgia sin fieles, un trámite deprimente, una forma de dejar que el silencio se coma todo. No hay esperanza. No la busquen en las urnas.
Lo que hay es rabia, necesidad, miedo.
Y si se junta lo suficiente, quizás —con los años, entre las ruinas y hartos ya de salir a trabajar entre la escombrera—
nos dé para inventar otro país.

Pero por ahora, todo indica que
nos tocará votar, otra vez, entre cenizas.

La reciente propuesta de la congresista Katy Ugarte para trasladar a reos peruanos de alta peligrosidad a cárceles en El Salvador ha desatado un intenso debate público. Por un lado, un sector de analistas la tilda de inconstitucional, inviable e incluso absurda; por otro, ciudadanos comunes —sobre todo quienes sufren a diario los estragos de la criminalidad— ven en la idea una medida necesaria para castigar con mayor rigor a los avezados cabecillas del crimen organizado. En el imaginario colectivo, estas cárceles extranjeras, particularmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, representan un infierno sin privilegios, donde los delincuentes “pagan de verdad” sus crímenes. A diferencia de Perú, donde algunas cárceles se han convertido en resorts del crimen.

Presentado como un proyecto de ley en el Congreso de la República, el plan se justifica con el argumento de reducir la sobrepoblación carcelaria, que ya sobrepasa el 150 % en el país, e impedir que las mafias sigan operando desde los penales y, supuestamente, ahorrar recursos al Estado. Sin embargo, detrás del aparente pragmatismo de la propuesta se esconde una preocupante crisis de gestión penitenciaria, una peligrosa cesión de soberanía judicial y una estrategia que, lejos de atacar la raíz del problema, simplemente lo traslada literalmente fuera de nuestras fronteras.

Este proyecto exige un análisis más profundo, no solo desde la logística penitenciaria, sino también desde la sociología del poder, los derechos humanos y la gobernabilidad. Lo que parece una genuina política pública de seguridad, en realidad revela un fracaso estructural del Estado para reformar su sistema penitenciario.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) la megacárcel creada por el hoy mayormente popular presidente Nayib Bukele en El Salvador, ha ganado notoriedad mundial por sus métodos radicales. Las imágenes de miles de reclusos rapados, alineados, bajando la cerviz y semidesnudos han sido interpretadas por muchos como símbolo de orden y disciplina.

Que el premier Eduardo Arana haya viajado a El Salvador a inicios de 2024, y que el Ejecutivo actualmente evalúe adoptar este modelo carcelario, no es casual. En un contexto de baja aprobación presidencial, el gobierno de Dina Boluarte busca desesperadamente proyectar imagen de firmeza ante el crimen, apelando al populismo punitivo como salvavidas político. Mostrar “mano dura” podría resultar rentable electoralmente, sobre todo en los sectores populares más golpeados por la criminalidad, como San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres o Villa El Salvador.

No obstante, cabe preguntarse: ¿es esta realmente una solución eficaz o simplemente un paliativo mediático?

Desde una perspectiva sociológica, este tipo de propuestas no resuelven las causas estructurales del delito. El crimen organizado no nace en las cárceles: se alimenta de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y el abandono institucional. Las cárceles son apenas la última estación del trayecto. Pensar que enviar reos al extranjero desarticulará redes criminales es tan ingenuo como creer que barrer la basura bajo la alfombra limpia una casa. Las bandas no dependen de un solo líder encarcelado, sino de estructuras complejas con tentáculos territoriales y económicos que seguirán operando con o sin sus cabecillas.

El traslado de reos al extranjero también plantea serias preguntas éticas, jurídicas y económicas. ¿Qué tipo de soberanía judicial conserva un país que permite que otra nación custodie, alimente y discipline a sus ciudadanos condenados? ¿Cuál será el verdadero costo para el Estado peruano? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se estima que paga alrededor de 20 mil dólares al año por cada convicto confinado en el Cecot. ¿Estamos dispuestos a asumir una carga similar, solo para aparentar control?

Además, si el Cecot es denunciado por violaciones de derechos humanos contra reclusos peruanos, ¿quién asumirá la responsabilidad? Las ONG ya han alertado sobre las condiciones extremas en esta prisión salvadoreña. Eventuales indemnizaciones internacionales terminarán siendo pagadas, como siempre, por el contribuyente peruano.

Los promotores del proyecto sostienen que “es más barato enviar a los delincuentes fuera” que mantenerlos en penales dominados por mafias. Pero esta afirmación, lejos de ser un argumento de peso, constituye una confesión del fracaso estatal. El Estado peruano no solo es incapaz de controlar sus cárceles, sino que, en lugar de invertir en mejorar el sistema penitenciario, opta por tercerizar el castigo, como una especie de servicio subcontratado.

Este tipo de propuestas evidencia una forma de populismo punitivo que ofrece resultados inmediatos en encuestas, pero que no garantiza seguridad a largo plazo.

Tampoco es cierto que esta medida ayude a reestructurar el sistema penal. No construirá nuevas cárceles, no modernizará el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), no fortalecerá la Policía Nacional del Perú, ni evitará que miles de jóvenes de los barrios más vulnerables ingresen a las bandas criminales por necesidad. No es una política pública de seguridad integral, sino un mero maquillaje de emergencia diseñado para calmar momentáneamente la indignación ciudadana. Más preocupante aún es el precedente que se sentaría: convertir el encierro en una mercancía internacional.

En definitiva, esta iniciativa parlamentaria no representa una solución real, sino una maniobra cosmética para ocultar el verdadero problema: el Estado peruano ha perdido el control de su sistema penitenciario. Y como suele ocurrir con los paliativos, pueden calmar el dolor por un rato, pero no curan la enfermedad.

Por Edwin A. Vegas Gallo

La presidenta Dina Boluarte asistirá a la Cumbre Mundial del Océano, a realizarse en Niza, Francia, entre el 9 y el 13 de junio próximo, con el lema NUESTRO OCÉANO, NUESTRO FUTURO, NUESTRA RESPONSABILIDAD.

El viaje presidencial fuera altamente provechoso, si el Perú contara con una política de Estado a largo plazo para la sostenibilidad de nuestro mar.

 Lamentablemente, ello no es así, ya que la decisión ejecutiva y legislativa más pasa por favorecer la extracción de anchovetas del mar peruano para harina destinada a la alimentación animal, además de permitir la explotación de hidrocarburos en el litoral.

No hay visión política en este mar de problemas, como es el mar peruano, en esta parte del Pacífico sur oriental.

Ni siquiera tenemos una ley de manejo costero integrado que la presidenta pueda exhibir en Niza en la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos.

Al contrario, tenemos un mar peruano enfermo por la contaminación producida por los gobiernos locales adyacentes a aquél, donde descargan tanto vertidos líquidos como sólidos, con un mar de plástico incluido.

En Niza se tratará sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas marinos y, hasta donde se conoce, las autoridades ministeriales que tienen competencia en ellono se han preocupado de agendar este tema, que de por sí es un tema de derechos humanos.

Recordemos el pasado año los impactos del oleaje producido en Máncora, con destrucción de viviendas y hoteles, dentro del área prohibida para la construcción, o el desastre económico de los pescadores artesanales por la dificultad de salir a la pesca.

Ni que decir de la contaminación de la caleta Cabo Blanco, dejada por la empresa petrolera Savia y heredada por Petroperú, con consecuencias funestas para la economía de los pescadores.

Asimismo, no hay que olvidar la pretensión judicial de la Sociedad Nacional de Pesquería para que se les permita la pesca industrial de la anchoveta dentro del área de la Reserva Marina de Paracas.

En este punto, señalo que el Perú se ha comprometido a proteger el 30% del área marina y apenas se llega al 9%.

No se me ocurre qué puede señalar la presidenta Boluarte cuando, en la agenda de Niza, se vea el estado de la ratificación del Convenio de Naciones Unidas sobre el alta mar, que aquí en Perú, Cancillería no impulsa su discusión en el Congreso y que, por cierto, los padres y madres de la patria lo desconocen.

¿Sabrá la presidenta Boluarte que entre el 2003 y el 2022 el 21% del océano global (75 millones de km²) se está oscureciendo, con consecuencias para el comportamiento animal y humano?

 Sabrá la Sra. Boluarte de la matanza de tiburones, para sólo usar las aletas y exportarlas a mercados exóticos.

Por cierto, el próximo 8 de junio es el Día Internacional de los Océanos. El lema será MARAVILLA SOSTENIENDO LO QUE NOS SUSTENTA. Se concientizará en el marco del Decenio de Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas y durante la Conferencia Mundial de los Océanos.

Es de señalar que la Cumbre de Niza pasa por que se hagan inversiones para el buen manejo de un océano sano, que generen beneficios significativos económicos, ambientales y de salud, con fuerte gobernanza, con finanzas innovadoras y con tecnología que trabaje en la restauración y protección de los ecosistemas marinos costeros.