Haciendo un poco de historia, la inmunidad parlamentaria se origina durante la época de la Francia revolucionaria, donde se entendía más el concepto de “soberanía parlamentaria”, siendo los parlamentarios los máximos representantes de la voluntad popular y por ende requerían de una protección que les permita continuar con su proceso legislativo. Durante esa primitiva etapa de la democracia, aún no estaban separados los poderes del Estado, observándose cierta inclinación de los órganos judiciales a favor del monarca que representaba por naturaleza la oposición al voto popular. Teniendo un Parlamento frágil era más que previsible que reciba ataques constantes de parte de los detractores o de otros poderes que se resignaban a no desaparecer; es así que se dio la aparición de la inmunidad para frenar así cualquier persecución política.

Con el paso de los siglos las delimitaciones entre los principales poderes del Estado se fueron forjando con mayor notoriedad, quedando el Ejecutivo, Legislativo y Judicial cada uno por su lado, asegurando su independencia funcional.

La Constitución Política del Perú se refería en su artículo 93 sobre la inmunidad parlamentaria, leyéndose:

“Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”.

Sin embargo, en el año 2021, mediante la Ley 31118, publicada el 6 de febrero, se aprobó su modificatoria quedando de la siguiente manera:

“Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas.

El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia.

En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario”.

El retorno a una desfasada inmunidad

Hace cuatro años, la representación nacional aprobó en segunda votación la reforma constitucional que eliminaba la inmunidad parlamentaria.

El entonces presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez Farías (Alianza para el Progreso), durante su sustentación reconoció que tal herramienta había servido como escudo para que algunos legisladores se protejan de los procesos judiciales.

El congresista de APP además indicó que durante los últimos años el Congreso ha sufrido un declive moral, estando normalmente cuestionado por la población y que tal modificatoria significa eliminar “cualquier atisbo de impunidad”.

Ahora, este Congreso ha votado a favor del retorno de la inmunidad parlamentaria; fueron 84 los votos, en primera votación, que permitirán que los futuros senadores y diputados puedan gozar de tal privilegio a partir del 2026.

Es como si en menos de 4 años el Congreso haya mejorado su imagen institucional, eliminando cualquier duda de corrupción, de peculado, de congresistas “Mochasueldos” o viajeros, muchos de ellos actuando de lobistas de las grandes empresas, o de títeres de la jefa de Estado. El Poder Legislativo, que cuenta con solo 3 % de aprobación, ahora pretende aprobar el regreso de una inmunidad que ya no les corresponde por todo lo dicho anteriormente.

De esta manera, de aprobarse nuevamente en la siguiente legislatura, el artículo 93 de nuestra Carta Magna quedaría así:

“Desde que son elegidos y hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, los senadores y diputados no pueden ser procesados penalmente ni detenidos sin previa autorización de la cámara respectiva a la que pertenecen o de la Comisión Permanente, la cual debe pronunciarse en un plazo improrrogable de treinta días calendario.

En caso de delito flagrante, deben ser puestos de inmediato a disposición de su respectiva cámara o de la Comisión Permanente para que, dentro del plazo de las veinticuatro horas, autorice o no la privación de la libertad y el procesamiento”.

Durante más de una década, Jorge Luis Noriega Ríos trabajó como auxiliar de pesca para el Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Ingresó en 2013 y permaneció en funciones hasta diciembre de 2024. Según su testimonio, no solo cumplió con su labor en zonas complejas y de difícil acceso, como los ríos del sur del país, sino que fue víctima de una cadena de abusos e irregularidades encabezadas por su entonces jefe, el exdirector general de Acuicultura, Víctor Eduardo Yépez Pinillos.

Noriega Ríos fue contratado inicialmente para apoyar en investigaciones científicas sobre el camarón de río, una especie que habita en zonas como Chincha y Pisco (Ica), y Majes, Camaná, Tambo y Ocoña (Arequipa). Su trabajo era riesgoso y exigente: consistía en sumergirse de madrugada en los ríos para capturar ejemplares vivos que luego serían estudiados por biólogos del IMARPE. Cada expedición duraba varios días y contaba con la participación de entre 10 a 12 pescadores técnicos.

Pero detrás de esa labor científica, había una práctica irregular. Según la denuncia de Noriega, Yépez Pinillos le exigía que entregara su talonario completo de recibos por honorarios y, además, su clave SOL de la Sunat, información estrictamente confidencial. La justificación era que “IMARPE no pagaría” si no se llenaban correctamente los recibos, y que él, como jefe, lo haría por su cuenta para “evitar errores”. Sin embargo, según el testimonio, Yépez utilizaba esos documentos para manipular montos, apropiarse de parte del dinero destinado al trabajador, e incluso justificar pagos a familiares suyos que no realizaban labores de campo.

Noriega Ríos asegura que nunca tuvo control sobre los recibos emitidos a su nombre. Tampoco supo con exactitud cuánto cobraba formalmente por cada expedición, porque era Yépez Pinillos quien redactaba y presentaba toda la documentación. A lo largo de los años, este sistema se mantuvo sin cambios, incluso con descuentos arbitrarios por conceptos como movilidad, pasajes o alimentación, que tampoco eran informados oficialmente.

La situación se agravó cuando Noriega Ríos revisó su historial en Sunat y descubrió que los montos registrados en los recibos emitidos a su nombre eran mucho mayores a lo que realmente había recibido. Esta abismal diferencia, sostiene, fue sistemáticamente apropiada por Yépez Pinillos. El cálculo que ha realizado estima que el perjuicio económico asciende a aproximadamente 70 mil soles. Un dinero que, cabe resaltar, proviene del tesoro público, porque Imarpe está adscrito al Ministerio de la Producción y que nunca llegó realmente a las manos del trabajador.

Pero el caso no se limita a una presunta apropiación indebida. Noriega Ríos también denuncia que Yépez utilizaba los recibos de otros trabajadores para pagar a sus familiares, quienes sí participaban en las expediciones, pero sin figurar oficialmente. De este modo, manejaba una red irregular de pagos sin control formal, ni fiscalización institucional.

En 2025, al sentirse engañado, Noriega Ríos decidió enviar una carta notarial a Yépez Pinillos. La fecha fue el 10 de abril. En el documento, le exigía explicaciones, una reparación económica y una respuesta frente a los años de abuso. Pero no hubo respuesta ni devolución del dinero. Lo único que obtuvo fue silencio.

Previamente, había intentado comunicarse con su exjefe por llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. Le pidió que le devolviera el dinero, que al menos reconociera lo que había hecho. Según relata Noriega, Yépez incluso le habría pedido que no lo denunciara, reconociendo de forma implícita la irregularidad de sus acciones. Aun así, nunca le resarció los daños.

Ante la falta de respuesta, el 17 de mayo de 2025, Noriega Ríos elevó su reclamo a un nivel institucional. En una segunda carta notarial, se dirigió al Presidente Ejecutivo de IMARPE, el contralmirante Jorge Manuel Paz Acosta. En ella, expuso todos los hechos ocurridos durante sus 11 años de servicio: los abusos sistemáticos, las manipulaciones de documentos, los pagos irregulares y el uso indebido de recursos públicos; incluso mencionó que tenía en su poder audios, fotos y chats de WhatsApp que prueban lo realizado por Yépez Pinillos. También pidió formalmente que se inicie una investigación interna para esclarecer los hechos y, si corresponde, aplicar sanciones.

Sin embargo, a la fecha de esta publicación, IMARPE no ha emitido ninguna respuesta, ni un acuse de recibo, ni una señal de que se investigue el caso. El reclamo permanece, según indica nuestra fuente, olvidado en el séptimo piso del edificio, donde funciona la presidencia ejecutiva del organismo del mar.

¿Por qué no se responde a una denuncia tan grave? ¿Yépez Pinillos actuó solo o hubo conocimiento institucional de sus prácticas? ¿Cómo justificaba los pagos en la documentación oficial de IMARPE? ¿Dónde están los controles internos?

La historia de Jorge Luis Noriega Ríos podría ser solo la punta del iceberg. Si un funcionario logró, durante más de una década, manejar recursos públicos con esta libertad, emitir recibos a nombre de terceros y mover dinero sin fiscalización, la pregunta más alarmante es: ¿cuántos otros casos como este existen dentro de IMARPE?

Noriega nunca tuvo seguro médico a pesar de trabajar buceando en ríos, sin ninguna cobertura por riesgos laborales y nunca tuvo contrato fijo. Su vida y su trabajo se mantuvieron en la informalidad institucionalizada, sostenida con promesas, manipulaciones y silencios. Y a pesar de todo eso, no busca venganza. Solo exige justicia y reparación.

Este caso merece atención urgente. No solo por el perjuicio económico y por ser de interés público, sino por el mensaje que deja: que, en algunas instituciones públicas, la impunidad todavía se sienta cómoda. Que los funcionarios que se aprovechan de su posición para enriquecerse a costa de los más vulnerables pueden pasar desapercibidos. Y que cuando un trabajador honesto alza la voz, lo ignoran.

La historia de Jorge Noriega Ríos no debe quedar archivada en un escritorio. Merece respuesta, investigación y, sobre todo, la verdad.

Al cierre de este informe, Lima Gris intentó comunicarse por vía telefónica con Víctor Eduardo Yépez Pinillos y con el Presidente Ejecutivo de Imarpe, Jorge Manuel Paz Acosta, sin obtener respuesta. Asimismo, se les envió un mensaje a través de WhatsApp solicitando sus descargos; sin embargo, hasta el momento no han respondido.

Puro show. Días atrás, muchos congresistas manifestaban en distintos medios que no le iban a otorgar la confianza al Gabinete Ministerial que preside Eduardo Arana Melchor, sin embargo, al momento de la votación optaron por darle el visto bueno. Hasta 52 parlamentarios habían indicado, muy convencidos ellos, que no pensaban darle su voto a un gobierno que poco o nada hace por combatir la delincuencia y la extorsión.

Pese a que se trata de casi el mismo gabinete que presidía Gustavo Adrianzén (solo dos ministros fueron cambiados), este Parlamento oportunista no se ruboriza cuando tiene que cambiar su voto en cuestión de minutos y es que muchos analistas políticos indican que detrás de todo eso existe un ‘pacto’ con el Ejecutivo: no te incomodo, pero tú tampoco me incomodas. Así, tienen planificado quedarse hasta el 2026 y si es posible unos años más ya que ahora existe la posibilidad de elegirse como senadores y diputados.

Entre las bancadas parlamentarias que no dijeron sí o no al voto de confianza en los días previos se encontraban Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), las dos fuerzas políticas aliadas al gobierno de Dina Boluarte. Precisamente fueron esas dos bancadas quienes terminaron inclinando la balanza a favor de la investidura; de parte de ellos fueron 30 votos a favor. Votos provenientes de Acción Popular, el Bloque Magisterial, y Honor y Democracia fueron decisivos para la continuidad de Arana Melchor en el premierato.

Por ejemplo, el congresista Fujimorista Alejandro Aguinaga, durante su exposición mencionó que se trataba de un gabinete que se veía repitiendo durante los últimos años. En igual sintonía, el legislador de Acción Popular Elvis Vergara criticó que el Ejecutivo se resistía a “reestructurar” el sector del Interior y la Policía. Ambos parlamentarios votaron a favor de la confianza.

Otras legisladoras que se la pasaron criticando al premier Arana fueron las fujimoristas Martha Moyano y Rosángella Barbarán. La primera manifestó que “la confianza se construye, no se regala”, mientras que la segunda mencionó que se trató de un discurso “lleno de tecnocracia”. Sus palabras se las llevó el viento, pues finalmente le dieron la confianza.

Los votos ‘cobardes’ o en abstención provinieron desde la bancada de Podemos Perú; 8 parlamentarios optaron por la salida más sencilla.

Tal parece que durante el receso de dos horas que se dio durante la moción de confianza se habrían cerrado varios acuerdos bajo la mesa entre el Legislativo y el Ejecutivo, para que así Arana y compañía salgan airosos del Parlamento. En tanto, una despreocupada Boluarte, ahora concentra su atención en elegir qué ropa llevar a su próximo viaje, que atender el clamor de la ciudadanía.

El Perú se encuentra en un momento decisivo para su futuro energético. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tiene pendiente la publicación del nuevo reglamento que normará el desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC). Esta norma técnica es crucial para atraer inversiones, garantizar una transición energética ordenada y evitar los errores del pasado. Sin embargo, si no se realiza con visión técnica, transparencia y participación multisectorial, podría desencadenar una cadena de problemas similares a los que hoy enfrenta el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez.

¿Por qué es tan importante este reglamento? Porque define el marco de juego para inversiones millonarias en energía solar, eólica, biomasa e hidroeléctrica de pequeña escala. Determina, entre otras cosas, cómo se integrarán estas fuentes al sistema eléctrico nacional, qué incentivos se otorgarán, cómo se asignarán los proyectos y qué estándares técnicos deberán cumplir. No es solo un documento administrativo: es la hoja de ruta para garantizar que el Perú tenga un sistema energético limpio, competitivo y sostenible.

El problema es que, si esta norma se diseña mal, con vacíos legales, ambigüedad técnica o falta de visión de largo plazo, el impacto será tan desastroso como el que hoy vemos en el proyecto del nuevo Jorge Chávez. Recordemos: un aeropuerto anunciado como la obra emblemática del bicentenario, que prometía convertirnos en el hub aéreo de Sudamérica, hoy se ha convertido en un símbolo de improvisación. Las demoras en su construcción, la falta de integración vial, las trabas regulatorias y el centralismo en la toma de decisiones han afectado no solo al turismo, sino a la competitividad del país.

En el caso energético, los errores podrían ser aún más costosos. Una mala regulación podría desincentivar la inversión privada en renovables, perpetuar nuestra dependencia del gas natural y del diésel, y retrasar la descarbonización de la matriz energética nacional. Peor aún, podría generar conflictos sociales en territorios donde se ubiquen proyectos mal diseñados, sin consulta previa ni evaluación ambiental rigurosa. Todo esto bajo un contexto de crisis climática global que exige respuestas urgentes y responsables.

Además, es necesario subrayar que las energías renovables —aunque fundamentales para la transición— son, por naturaleza, intermitentes. Dependen del sol, del viento y de factores climáticos que no siempre pueden preverse con precisión. Por ello, sin una adecuada planificación del respaldo (potencia firme) y sin mecanismos claros de integración al sistema eléctrico, existe el riesgo real de apagones o desabastecimientos, especialmente en horas pico o en condiciones adversas. Lamentablemente, la ley recientemente aprobada no pasó por una evaluación técnica rigurosa ni por un análisis multisectorial. Fue impulsada y aprobada con premura, bajo una lógica más política que técnica, lo que incrementa los riesgos de errores estructurales que podrían costar caro al país y afectar directamente a los usuarios.

Ya hay señales preocupantes. Expertos del sector han advertido que el borrador del reglamento —que aún no se publica oficialmente— presenta deficiencias en la definición de prioridades tecnológicas, mecanismos de competencia para subastas y coordinación con otros sectores como transporte y agricultura. Además, la falta de una visión descentralizada puede hacer que los beneficios se concentren en pocas regiones, repitiendo el patrón de exclusión que tanto daño ha hecho en otros sectores.

La historia del aeropuerto Jorge Chávez nos deja una lección clara: no basta con tener un megaproyecto o una gran ambición. Se necesita una planificación técnica rigurosa, transparencia en la ejecución, y, sobre todo, una lectura territorial e inclusiva del desarrollo. En el caso del reglamento de energías renovables, esto significa convocar a especialistas, escuchar a las comunidades, establecer metas claras y asegurar mecanismos de fiscalización real.

El Perú no puede darse el lujo de repetir errores. Mientras países vecinos como Chile, Colombia y Brasil avanzan con marcos regulatorios modernos que atraen inversión y reducen emisiones, nosotros seguimos atrapados en la burocracia y la improvisación. Las energías renovables son una opción fundamental, pero no nos dan seguridad energética por sí solas.

Todo depende de una sola cosa: hacer bien el reglamento. No se trata de apresurarlo ni de maquillarlo para quedar bien en una foto. Se trata de construir un instrumento técnico, participativo y de largo aliento. Si fallamos, el nuevo sistema energético podría terminar siendo un nuevo error estructural, como lo es hoy el Jorge Chávez. Y en vez de volar hacia el futuro, seguiremos anclados a los errores del pasado.

¿De vuelta a la década de 1970? Esta mañana, a las 11:25 a.m., diversos congresistas presentaron el Proyecto de Ley (PL) n.° 1565/2024-CR que declara de interés público la nacionalización de la empresa Telefónica del Perú.

Tal iniciativa, promovida por parlamentarios de izquierda (Guillermo Bermejo, Sigrid Bazán, Ruth Luque, Jaime Quito, Roberto Sánchez, entre otros), plantea además la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, una entidad pública de derecho privado que estaría adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que reemplazaría a la actual operadora de telecomunicaciones.

El mencionado PL establece que el Poder Ejecutivo deberá ejecutar la expropiación de todas las acciones, activos y operaciones de Telefónica del Perú en un plazo máximo de 30 días calendario, contados desde la entrada en vigencia de la norma.

Entre los argumentos expuestos, se señala la necesidad de proteger los intereses del Estado, de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), del capital de los proveedores y del servicio estratégico de telecomunicaciones, con el objetivo de garantizar la conectividad en todo el territorio nacional.

La propuesta también incluye dentro del proceso de expropiación a empresas asociadas como PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cibersecurity & Cloud Tech Perú, creadas entre marzo y junio de 2020. 

Según el proyecto, el pago por la expropiación —denominado “justiprecio”— se calculará con base en la última operación extrabursátil de venta del 99.3 % de acciones de Telefónica del Perú. A este monto se le descontarán las deudas tributarias, sanciones regulatorias y otras penalidades que la empresa o su matriz mantengan con el Estado.

La última vez que se intentó expropiar en el país

Nuestra Constitución Política de 1993 refiere en su artículo 70 la existencia de un “procedimiento expropiatorio”.

Art. 70°: “(…) A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.

Asimismo, en el segundo artículo de la Ley General de Expropiaciones, Ley 27117) podemos hallar una definición de expropiación. En la citada norma se indica que “la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.

Siguiendo con la Ley 27117, la causal de un procedimiento de expropiación, así como el uso o destino que tendrán los bienes expropiados, deberá ser por necesidad pública o seguridad nacional.

El antecedente más reciente sobre un intento de expropiación podría encontrarse cuando el entonces primer ministro Guido Bellido, a través de un comunicado en Twitter, anunció en setiembre del 2021 que convocaría a la empresa PlusPetrol, encargada de explotar y comercializar el gas de Camisea, para renegociar el reparto de las utilidades generadas, agregando que de no llegar a un acuerdo se buscaría la “recuperación o nacionalización” del yacimiento gasífero.

El ex premier sostenía esa alternativa basándose en el ideario que Perú Libre presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no siendo una idea caprichosa de su parte.

“La estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos, es lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso. […] Los principales yacimientos de la gran y mediana minería […] deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales según su jurisdicción. El yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas, también”, se lee en plan de gobierno que llevó a Pedro Castillo como presidente.

Cabe recordar que el Estado concesionó a la empresa PlusPetrol la explotación de ese recurso y es esa la base legal que impediría una expropiación.

Por otro lado, el artículo 70 de nuestra Carta Magna está sujeta a interpretaciones que van desde el análisis con qué quiere decir con “seguridad nacional” o necesidad pública”. Solo basta hacer un poco de memoria con lo que quiso hacer el expresidente Martín Vizcarra, en el 2020, con las clínicas privadas que estaban vendiendo a sobrecosto los medicamentos durante la pandemia. El ‘Lagarto’ les otorgaba un plazo de 48 horas a las clínicas para que bajen los precios de las medicinas, apelando en ese momento que se trababa de un asunto de “necesidad pública”.

Bien dicen que para ser político hay que tener una vena actoral para convencer a los ciudadanos, tener un control escénico, sonreír cada momento o, cuando se dé la ocasión, mostrar un rostro compungido ante una triste noticia. Tanto los políticos como los actores y actrices solo nos muestran una careta que oculta oportunamente su verdadera identidad, confundiéndonos en varias ocasiones sobre sus verdaderas intenciones. Así, saber reír, llorar o mostrarse indignado es una cualidad que los asemeja.

El más reciente caso del salto del mundo de la pantalla chica a la política la podemos encontrar en el actor Renato Rossini, quien intentará convertirse en el futuro alcalde de Jesús María representando al partido de Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña.

El actor de 54 años fue oficializado a través de las redes sociales del partido de ‘Plata como cancha’, posando al lado del cuestionado gobernador de La Libertad que prefiere irse de viaje a poner orden en su región.

Según Rossini, su postulación representa una evolución lógica de su vocación pública: “Siempre he estado cerca de la gente”, declaró durante su presentación, sin embargo, según la base de datos del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no se encuentra afiliado al partido político.

Risas y tangas: todo vale para ser elegido

Junto con Rossini se suma la exconductora de televisión Sofía Franco, figurando como precandidata a la alcaldía de Lima. La ex pareja del alcalde del ex alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, se postulará junto con el partido Progresemos.

Asimismo, el humorista Carlos Álvarez desde hace varios meses atrás ya inició su campaña presidencial para las Elecciones del 2026 junto con el partido País para Todos, aunque durante los últimos días dejó entrever sus pretensiones al manifestar que su relación con dicho grupo político no se encuentra en su “mejor momento”.

Pero no solo ellos intentarán convertirse en autoridades públicas. Años atrás, vedettes, actores y actrices, ex deportistas, o cómicos buscaron mejor fortuna por intermedio del voto popular.

Desde el mundo de las luces y lentejuelas, allá por el año 1995, una curvilínea Ivonne Susana Díaz Díaz, para todos Susy Díaz, salía a la Plaza San Martín enseñando en una de sus nalgas el número 13, número elegido para postularse al Congreso. Inmediatamente se ganó la simpatía del ciudadano de a pie, siendo elegida como las más votadas.

La entonces parlamentaria del partido político Movimiento Independiente Agrario (MIA) presentó 120 proyectos de ley, convirtiéndose en la legisladora con más iniciativas presentadas durante esa gestión. Se aprobó 30 proyectos de los 120 presentados por la ‘Chuchi’.

Sin lugar a dudas, Susy Díaz dejó un precedente y es así que en el 2016 la también exvedette y actriz cómica Mariella Zanetti se convirtió en regidora del distrito de Surco. No tuvo la misma suerte cuando quiso tentar una curul cuatro años después, presentándose con el número 8 por el partido Vamos Perú por Lima. Solo obtuvo 3231 votos.

En el 2020 otra actriz cómica, Lucy Bacigalupo, quiso sumarse a la ola postulando para el Parlamento con el partido Avanza País, pero solo obtuvo 936 votos.

Pablo Villanueva, mejor conocido como ‘Melcochita’, no se quiso quedar atrás y en el 2022 decidió lanzarse como regidor en el distrito de La Victoria por el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Para mala suerte de él no dio en la ‘clave’ correcta y no fue elegido.

Efraín Aguilar, conocido director y productor televisivo, se aburrió de estar detrás de cámaras y se presentó como candidato al Congreso por el partido Renovación Popular. El popular ‘Betito’ se quedó ‘fuera de foco’ luego de conseguir 1891 votos.

El ex arquero de Alianza Lima, George Forsyth, se convirtió en alcalde de La Victoria el año 2019 luego de obtener el 30,32 % de los votos válidos. El 12 de octubre renunció a su cargo para poder postular a las Elecciones Presidenciales del 2021. Su ex esposa, la actriz Vanessa Terkes, probó las mieles de la política en un corto periodo, postulando al Legislativo el 2021 con el partido APP. La ‘chata’ Terkes obtuvo una buena cantidad de votos (13,844, según ONPE), pero no le bastó para alcanzar una curul.

En tanto, las exvoleibolistas Gabriela Pérez del Solar, Leyla Chihuán, Cenaida Uribe, Cecilia Tait, se colocaron el fajín de parlamentarias en distintos periodos. Ahora, ex voleibolista arequipeña Diana Gonzales forma parte de los 130 ‘Padres de la patria’.

Desde el mundo del balompié también surgieron intenciones políticas, como el caso de Germán Leguía que postuló al Congreso el año 2021 por APP. Asimismo, Julio ‘Coyote’ Rivera se presentó para las Elecciones del 2021 como candidato congresal por el partido Unión por el Perú. Por su parte, Jean Ferrari, también quiso ocupar un escaño en el Congreso, postulando el 2021 con el partido Victoria Nacional.

A este paso es más que seguro que youtubers, streamers y supuestos influencers de las redes sociales terminarán ocupando una curul en nuestro alicaído y desprestigiado Congreso de la República. Ya veremos a los nuevos elegidos por el voto popular realizar transmisiones en vivo, pidiendo ‘tap tap’ en la pantallita para promover una ley o abstenerse de una votación.

Otra más a la lista del ‘Lagarto’. El expresidente Martín Vizcarra se encuentra entre los peores mandatarios que ha tenido el Perú; solo basta recordar que dio la orden de encerrar a millones de peruanos en sus casas durante la pandemia del coronavirus, existiendo millones de peruanos que viven del día a día. En esos años, miles de personas no sabían cómo llevar un pan a sus hogares, mientras que el infame ‘Lagarto’ experimentaba consigo mismo inoculándose vacunas supuestamente “de prueba”. Solo él y sus allegados más cercanos podían sentirse seguros, en tanto miles eran cremados y enterrados sin poder ser velados por sus seres queridos.

Antes de que se diera todo eso, el entonces mandatario, el 30 de setiembre de 2019, manda a cerrar el Congreso de la República argumentando que el existía una maniobra de “obstrucción y blindaje” desde el Parlamento que se negó a suspender la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, a los que Vizcarra entendía que tal nombramiento estaba siendo direccionado desde el fujimorismo.

Es por ello que anoche el Pleno del Congreso aprobó, por reconsideración, inhabilitarlo de cualquier función pública durante 10 años.

Tras aprobarse una reconsideración a la votación del pasado 30 de abril, cuando se rechazó inhabilitar al exmandatario, la representación nacional logró 67 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones para sancionar a Vizcarra.

La reconsideración fue presentada por los legisladores Noelia Herrera (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia) y fue aprobada con 95 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones.

La propuesta recibió el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Somos Perú, Honor y Democracia, además de algunos congresistas no agrupados. Por su parte, el grupo Juntos por el Perú – Voces del Pueblo votó en contra o se abstuvo.

La ‘cola’ de Vizcarra: ya lleva tres inhabilitaciones

Martín Vizcarra no solo se encuentra inhabilitado por cerrar el Congreso, sino que también cuenta con dos inhabilitaciones previas. Así, fue inhabilitado por 10 años por presuntamente haberse vacunado de manera irregular contra el Covid-19 en octubre de 2020, solo unos meses antes de que fuera vacado.

Además, el exmandatario cuenta con otra inhabilitación de 5 años por presuntamente haber tenido vínculos con empresas del sector cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Por alguna razón que escapa a la lógica común —y que bordea más bien la dramaturgia del poder mal ejercido—, el Ministerio de Cultura del Perú ha decidido destinar más de 30 mil soles del erario público en la instalación de una puerta de vidrio templado con sistema digital de seguridad en el despacho para el ministro Fabricio Valencia. Sí, en un país donde los artistas mendigan presupuestos, donde los museos mueren lentamente y donde las expresiones culturales no oficiales son condenadas al olvido, el ministro decidió blindar su oficina como si de una bóveda bancaria se tratara.

La orden de compra N° 0000225, emitida el 2 de junio de 2025 a favor de la empresa KAP KAE SAC, especifica la adquisición de una mampara, puertas de vidrio templado, sistema de apertura digital y un pequeño archivador de melamine para el octavo piso del Ministerio de Cultura. Es allí donde despacha el ministro Valencia, y es allí donde, según fuentes internas del MINCUL, también se encuentra instalada una cama.

Orden de compra de puerta de seguridad. Fuente: Ministerio de Cultura.

El problema no es solo el gasto innecesario —se gastó treinta sueldos mínimos por esa puerta— sino el mensaje que se transmite: la cultura del encierro, de la opacidad, del privilegio en la sombra. Lo grave no es solo el vidrio templado, sino lo que pretende esconder. Porque, según se ha filtrado, esta puerta de alta seguridad solo se abre desde dentro. ¿De qué se protege el ministro? ¿O a quién pretende proteger u ocultar?

Todo esto sería un detalle excéntrico —una anécdota más para los archivos de la arrogancia oficial— si no fuera porque la instalación de esta puerta coincidió, con sospechosa puntualidad, con los días previos a que estallara el escándalo de Shirley Hopkins, la mujer vinculada al ministro y que, sin título profesional alguno, recibió jugosas órdenes de servicio por parte del mismo Ministerio. ¿Casualidad?

¿Qué ocurría dentro de ese despacho del piso 8? ¿Por qué necesitaba el ministro un acceso restringido, casi clandestino, a su oficina? ¿Por qué una cama? ¿Por qué una puerta que transforma una oficina pública en una guarida privada? Las preguntas son muchas, y las respuestas, como suele pasar en este país, brillan por su ausencia.

La transparencia, palabra tan manoseada en los discursos oficiales, parece convertirse aquí en un eufemismo grotesco. Mientras los artistas independientes reciben correos de rechazo con la excusa de “no hay presupuesto”, mientras el patrimonio se deteriora sin intervención estatal, mientras los gestores culturales viven en la precariedad, el ministro se construye un búnker.

Y no un búnker cualquiera: un espacio blindado, cerrado, insonorizado, exclusivo. Un palacio de cristal para un príncipe que prefiere esconderse antes que rendir cuentas. Así se cultiva la desconfianza, y así se gesta también la rabia social.

Porque el pueblo no es tonto. La ciudadanía intuye que algo huele mal. El Perú ha sido educado —por las trágicas lecciones de su historia— para sospechar de los lujos del poder, de los símbolos del encierro, de los silencios estratégicos. Y cuando la cama se junta con la puerta blindada, y cuando la puerta se junta con la presunta amante con contratos públicos, el relato ya no se puede maquillar con notas de prensa ni con declaraciones anodinas.

Fabricio Valencia no solo debe dar explicaciones, debe comparecer ante el Congreso y rendir cuentas ante los ciudadanos. Porque la cultura, señor ministro, no es una cueva privada ni una coartada para el confort personal. La cultura, bien entendida, es un acto público, un compromiso con la verdad, un espacio de apertura, no de encierro.

Las decisiones que se toman desde los escritorios de los ministerios no son inocuas. Si usted manda a poner una puerta que solo se abre desde dentro, lo que transmite no es seguridad, sino miedo. Si manda instalar una cama en su despacho, no está descansando: está deshonrando la función pública. Y si gasta más de 35 mil soles en ese capricho, mientras niega apoyo a quienes hacen cultura en las calles, lo que usted construye no es una política cultural, sino una tragedia.

Esto parece una tragicomedia, ya que hasta los propios funcionarios del piso 8 de la sede central del Mincul nos dicen: “No sabemos quién está más templado, el vidrio o el ministro”.

Lo cierto es que ningún ministro anterior se atrevió a tanto. La falta de transparencia y el recorte al polígono de las Líneas de Nasca son dos casos que han convertido a Fabricio Valencia Gibaja en un personaje tristemente célebre.

El dato:

La empresa KAP KAE SAC, solo en estos meses del 2025, ha cobrado más de 150 mil soles del Ministerio de Cultura.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.