Desde el 11 de enero del año 2022, la coronel del Ejército María de los Milagros Carrasco Cabrejos se desempeñaba en el cargo de presidenta del Tribunal Superior Militar Policial del Centro-Fuero Militar Policial, con sede en Lima. Sin embargo, luego de su ratificación en el cargo en enero del 2024, según la denuncia, surgieron situaciones que afectaban no solo a su persona, como presidenta del colegiado y como mujer, sino, al propio Tribunal. 

Los presuntos autores de estos abusos desmedidos, serían el Mayor General FAP (r) Arturo Antonio Giles Ferrer, presidente del Fuero Militar Policial, y el General de Brigada del Ejército Peruano, Enrique Odorcio Hilario Chambergo, vocal supremo, miembro de la Sala Suprema de Guerra del Tribunal Supremo Militar Policial. Asimismo, en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos del Ministerio Público, entre los fundamentos jurídicos se indica que ambos Generales atentaron contra los derechos humanos de Carrasco Cabrejos, al vulnerar el artículo primero de la Constitución del Perú, que establece que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.  Asimismo, según su artículo segundo: “Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, o de cualquier índole”.

Denuncia fiscal contra generales Giles Ferrer e Hilario Chambergo del Fuero Militar Policial.

La coronel Carrasco Cabrejos denunció que el Presidente del Fuero Militar Policial, General FAP (r) Giles Ferrer le expresó su deseo de no entablar mayor comunicación con ella. Es decir, ni por teléfono, ni de manera presencial, debido a que no estaba de acuerdo, ni fue de su agrado que el Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial la hayan ratificado en el cargo de Presidenta por tercer año consecutivo. Asimismo, le ordenó no asistir a ninguna ceremonia oficial, o de celebración que pudieran llevarse a cabo en las instalaciones del Fuero, a la que habitualmente asisten los vocales y personal militar policial del Tribunal. Argumentando que “toda coordinación la haría a través de sus directores”. El alto mando de la FAP, también le pidió que no interfiera en sus decisiones de nombrar como “ayudante”, a personal del Tribunal Superior Militar Policial del Centro.   

Coronel EP María Carrasco denunció ante Fiscalía a dos generales por ‘abuso de autoridad’ y ‘acoso laboral’.

Todas esas imposiciones hicieron sentirse humillada y afectada en su dignidad a la Coronel Carrasco Cabrejos. Tomando en cuenta que Giles Ferrer, nunca le comunicó formalmente ni le cursó ningún documento sobre la designación de su ayudante, la Capitán EP, Angie Gamarra Carbajal, quien usó el cordón amarillo de Ayudante en los eventos en los que acompañó al Presidente del Fuero Militar Policial, Giles Ferrer.

Por tales motivos, Carrasco Cabrejos ya no volvió a mantener comunicación con él y tampoco asistió a las posteriores ceremonias de izamiento del Pabellón Nacional. Los mismos que se realizaban todos los días lunes en el patio del Fuero Militar Policial. Por lo que ya no era posible que se la visualizara en ninguno de dichos actos, después de las fechas indicadas.

No obstante, la coronel le comunicó en una audiencia del 6 de marzo de este año al General de Brigada EP, Hilario Chambergo, sobre el proceder de Giles Ferrer, respecto de las prohibiciones de asistir a las ceremonias, y de no tener mayor comunicación con él. Sin embargo, la respuesta del alto mando del Ejercito fue sorprendente al responderle, que ella vea su problema y que lo resuelva sola. Es decir, no le habría importado el abuso que se habría cometido contra la oficial.

General EP, Enrique Odorcio Hilario Chambergo, ha sido denunciado ante la Fiscalía por discriminación.

En ese sentido, la conducta del General FAP (R) Arturo Antonio Giles Ferrer, lo ubicaría como presunto autor del delito de Abuso de Autoridad en agravio del Estado y de la Coronel denunciante. Asimismo, como presunto autor del delito de Discriminación en agravio de la misma persona, y finalmente, como presunto autor de actos de Acoso Laboral.  

Tribunales del Fuero Militar Policial ubicado en la avenida República de Chile.

General FAP (r) Giles Ferrer habría omitido contratar notificadores, afectando al Tribunal Superior Militar Policial

Según la denuncia de la Coronel Carrasco Cabrejos que data de junio de este año, desde que el General Giles Ferrer asumió la presidencia del Fuero Militar Policial desde diciembre de 2023, hasta la fecha señalada anteriormente; es decir, por más de seis meses, omitió de manera premeditada contratar a un notificador o Courier para el Tribunal Superior Militar Policial, pese a que dicha directriz se encuentra prevista en la Programación Multianual 2023, en el número de registro 48° y 52° del Tribunal-Presupuesto del año 2024. A pesar de ello, la denunciante señala que le reiteró que contrate a un notificador, a través de múltiples oficios formales que cursó mes a mes. Sin embargo, abusando presuntamente de su poder nunca registró a un notificador, causando así un perjuicio a la gestión administrativa del Tribunal, al afectar directamente la labor judicial y fiscal del colegiado en mención.   

General FAP (r) Arturo Antonio Giles Ferrer ha sido denunciado en Fiscalía por acoso laboral.

Como se sabe, en la sede de Lima del Tribunal Superior Militar Policial del Centro, hasta el 31 de enero de 2024 se tenía 07 Juzgados Militares Policiales y 07 Fiscalías Militares Judiciales, los que, a partir del 01 de febrero 2024, se fusionaron en 03 Juzgados y 03 Fiscalías. Por ende, los notificadores son imprescindibles para poder comunicar el desarrollo de las resoluciones y disposiciones emitidas, tanto de los órganos fiscales, como judiciales; así como para la debida correspondencia de los documentos emitidos.

Retiraron vehículos asignados al Tribunal Superior, obstaculizando su labor

La coronel denunciante, también indica que el 22 de abril del 2024, recibió en su celular una llamada del Director de Logística del Fuero Militar Policial, coronel FAP (r) Moy Galarza, quien le comunicó que al día siguiente le iba a llegar un documento formal, donde el Presidente del Fuero Militar Policial, General Giles Ferrer le ordenaría que entregue los tres vehículos y una motocicleta que le habían sido asignados al Tribunal Superior (sede Lima) desde el año 2014. Dicha entrega debía realizarla a la Oficina de Transporte del FMP, aduciendo que OCI del Fuero Militar Policial observó que el combustible entregado al Tribunal, provenía de un contrato de abastecimiento de combustible del Fuero Militar Policial.     

Recurso de Elevación de Actuados, presentado por la coronel Milagros Carrasco Cabrejos.

Contrataron a ‘chofer civil’ para acosar al personal del Tribunal

El chofer Teodocio Llanos Flores, en calidad de personal civil laboró en el Tribunal Superior Militar Policial del Centro hasta el 26 de febrero de 2024. No obstante, luego de tres días, el 29 de febrero, Llanos Flores presentó al Fuero Militar Policial un informe sin fecha, en el que narra la existencia de presuntas irregularidades en el desenvolvimiento de las acciones de la coronel Carrasco Cabrejos al mando del Tribunal, con respecto al uso de los vehículos que le fueron asignados para las respectivas comisiones. Por su parte, la Coronel denunciante asevera que dicho chofer inventó falsedades sin ninguna prueba sobre el empleo de los vehículos del Tribunal Superior, aduciendo que él había realizado comisiones para el beneficio familiar de la oficial Carrasco Cabrejos. Sin embargo, luego de que la denunciante Carrasco Cabrejos le envió un informe al Presidente del Fuero Militar Policial, General FAP Arturo Antonio Giles Ferrer, en el que detallaba que el chofer civil Teodocio Llanos Flores acosaba y amenazaba con llamadas telefónicas al personal de Reenganchados y de Tropa del SMV del Ejercito, éste hizo caso omiso y omitió tomar las acciones correspondientes sobre estos graves hechos cometidos por el mencionado chofer.

Presidenta del Tribunal Superior Militar Policial renunció a su cargo por ‘discriminación’ y ‘acoso laboral’

Mediante carta formal enviada el último lunes 16 de diciembre, al Presidente del Fuero Militar Policial, General FAP (r) Arturo Giles Ferrer, la Coronel María de los Milagros Carrasco Cabrejos renunció al cargo de Presidenta del Tribunal Superior Militar Policial del Centro. En la misiva, la oficial señala que la causa que ha motivado tomar esta decisión, obedece a que, en el presente año, permanentemente ha sido víctima de presuntos actos de abuso de autoridad, discriminación, hostigamiento laboral y usurpación de funciones, en su contra. Asimismo, indica que durante los más de 12 años que tuvo de servicio en el Fuero Militar Policial, nunca recibió un tratamiento semejante. 

Carta de la coronel Carrasco Cabrejos en la que renuncia al Tribunal Superior Militar Policial.

Así las cosas, la Coronel María de los Milagros Carrasco Cabrejos, además de haber renunciado a su cargo de magistrada en el Tribunal Superior Militar Policial, por presuntamente haber sido víctima de abuso de autoridad, discriminación y acoso laboral, denunció ante el Fiscal Supremo Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos del Ministerio Público a ambos generales de la FAP y del EP, respectivamente (Arturo Antonio Giles Ferrer y Enrique Odorcio Hilario Chambergo) por haber tomado represalias contra ella y por presuntamente haber vulnerado su dignidad como mujer y como profesional del Ejército peruano; por lo que adjuntó una serie de medios probatorios y anexos representados en una veintena de documentos oficiales. 

Nos comunicamos vía telefónica con el General Giles Ferrer para recoger su descargo, pero hasta el cierre de este informe no tuvimos respuesta.

Es lamentable que estas cosas sucedan en la esfera militar. Nos preguntamos ¿hará algo el Ministerio de la Mujer? Se supone que el Estado busca erradicar la violencia contra la mujer.

La habrían silenciado. El pasado 9 de diciembre la ciudadanía se quedó sorprendida por la manera en que unos sicarios acabaron con la vida de la joven abogada Andrea Vidal Gómez, pues era poco usual que los delincuentes hayan utilizado más de medio centenar de balas para asesinarla. En un principio se creyó que el objetivo principal era el chofer de taxi de nacionalidad venezolana, pero eso se descartó por el método tan salvaje utilizado.

En realidad, la víctima era la abogada de 27 años que se transportaba en la parte trasera del vehículo, el cual se venía desplazando en el distrito de la Victoria, entre las avenidas San Eugenio y Santa Catalina.

Durante el atentado la ex trabajadora del Congreso recibió una serie de balazos en la cabeza, espalda y brazos, sobreviviendo de milagro, pero la tarde de ayer se conoció que no aguantó más el ataque de los sicarios, falleciendo en el Hospital 2 de Mayo, en Cercado de Lima.

Luego del ataque se conoció que Vidal Gómez se desempeñaba hasta el mes de setiembre como asesora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, teniendo como jefe a Jorge Torres Saravia. Este último fue destituido el pasado 13 de diciembre luego que un informe periodístico revelara que presuntamente estaría inmerso en una red de prostitución dentro del propio Parlamento, y que Vidal y Torres habrían discutido fuertemente lo que motivó la salida de la abogada, quien en estas últimas semanas habría estado dispuesta a revelarlo todo a las autoridades.

Al respecto, la ahora congresista de la bancada de Renovación Popular, Patricia Chirinos, utilizó sus redes sociales para condenar el accionar en el que estaría involucrado Jorge Torres y manifestó que tomará cartas en el asunto para iniciar una investigación comandada por el Ministerio Público.

“El funcionario ha sido señalado por presuntamente contratar a mujeres sin el perfil ni la experiencia necesaria para laboral en el Congreso de la República a cambio de favores sexuales y ser el autor intelectual detrás del intento de asesinato de una exfuncionaria del parlamento”, manifestó días antes en un oficio enviado a la fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela.

Por su parte, Torres Saravia, desde la clandestinidad, salió a negar las acusaciones: “Yo no las contrato directamente; eso lo hace el departamento de recursos humanos. Conozco a algunas de ellas. He trabajado en un despacho con una y a las otras las he conocido recientemente”, afirmó.

Que se desaparezca un perrito tal vez asustado por las bombardas o los disparos se puede entender, pero que no se encuentren 17 caballos eso ya deja mucho que pensar. Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República indicó que, dentro de la Unidad Histórica de Policía Montada, ubicada en el Cuartel El Potao, no dan explicaciones sobre el paradero de 17 caballos y 28 perros.

El informe de control, correspondiente al mes pasado, ha puesto en evidencia una serie de anomalías en la gestión de los animales.

Realizada la revisión, la Contraloría exigió explicaciones al comandante general de la Policía, Víctor Zanabria sobre estos irregulares hechos dentro de la reconocida instalación de equitación.

Según los resultados, se encontró una discrepancia considerable entre los caballos registrados en el inventario y los realmente presentes en las instalaciones. En el reporte anterior, realizado a finales de octubre, se contabilizaban 122 caballos en esta dependencia policial. Sin embargo, tras la última inspección de la Contraloría, solo se encontraron 105 caballos, lo que significa una ‘ausencia’ de 17 animales no registradas.

El valor de los caballos que desaparecieron se estima entre 7.000 y 10.000 soles cada uno, lo que convierte la desaparición de estos animales en una pérdida considerable de recursos.

El hallazgo más sorprendente fue que, además de los caballos faltantes, se encontraron seis caballos y un poni que no pertenecían a la Policía Nacional. Estos animales, según la auditoría, eran alimentados y cuidados con recursos públicos.

La presencia de animales ajenos a la institución en las instalaciones de la Policía Montada ha puesto también en evidencia posibles irregularidades en el manejo y control de los bienes de la PNP, lo que podría involucrar un uso indebido de fondos públicos.

Por su parte, de acuerdo con el Departamento de Servicios Veterinarios de la PNP, la unidad tenía bajo su custodia 63 perros a finales de octubre. Sin embargo, el inventario realizado por la Contraloría reveló que solo había 35 perros en las instalaciones de la Policía Canina, lo que implica una desaparición de 28 animales.

Además de los perros desaparecidos, la auditoría encontró 15 canes que no pertenecían a la unidad. La presencia de estos animales ajenos a la institución ha generado aún más interrogantes sobre el manejo de la Policía Nacional de los recursos destinados a la Unidad Canina.

En el oficio emitido por la Contraloría, se solicitó que la PNP proporcionara una respuesta en un plazo de cinco días. Sin embargo, hasta el momento, no se ha obtenido información sobre si la solicitud ha sido atendida o si se han tomado medidas al respecto.

Toda una rata. Efectivos de la DEPINCRI de Trujillo, La Libertad, intervinieron a Pedro Denis Zavaleta Avalos, de 35 años de edad, conocido en el mundo del hampa como “Mickey Mouse” que habría utilizado la voz del personaje animado para presuntamente extorsionar a sus víctimas.

El sospechoso fue detenido en el distrito de Alto Trujillo cuando se disponía a recibir un pago de mil soles que había pactado con una de sus víctimas, sin sospechar Pedro Zavaleta que en realidad se trataba de un efectivo policial que se hacía pasar por un humilde comerciante.

Lo llamativo de la modalidad de extorsión de Zavaleta es que reconoció ante la Policía que buscó que su voz no se pueda identificar, por lo que decidió realizar imitaciones de Mickey Mouse y del Pato Donald. Sin embargo, su intención no fue suficiente y los agentes de la Policía lograron intervenirlo en el lugar que se pactó para hacer el supuesto cobro del cupo.

“Escúchame, papá. Completa los mil soles y yo te voy a dejar tranquilo (…)”, es una de las frases que agentes de la Policía Nacional lograron registrar de la imitación del criminal, que tenía la costumbre de enviar sus amenazas por medio de mensajes y audios de WhatsApp, además de llamadas por teléfono a sus víctimas.

Luego de la intervención policial, agentes de la PNP intervinieron la vivienda de Zavaleta, donde encontraron municiones de armas de fuego y dinamita, implementos que refuerzan más la idea de que el criminal está involucrado en al menos un caso de extorsión.

El presunto extorsionador está siendo investigado para determinar si había participado en otro tipo de delitos en la ciudad de Trujillo, sobre todo en distritos cercanos a su intervención, como Florencia de Mora y El Porvenir. Si bien el delincuente ya tenía antecedentes por estafa, esta es la primera intervención que ha tenido por extorsión.

Una prisión supuestamente de máxima seguridad se encuentra en estos momentos en el ojo de la tormenta luego que se difundiera un reportaje del programa dominical Cuarto Poder, que en ese centro penitenciario se estaría dejando ingresar ladrillos de cocaína bajo la venia, presuntamente, del director Carlos Franco Medina, en complicidad de otros funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).

El ilícito material lleva los sellos de dos cárteles de la droga, lo que agravaría aún más la situación del administrador y todos aquellos que estén implicados.

La pesquisa reveló que, en contra de todos los protocolos de seguridad, un sujeto identificado como Franco Polo Huacachi Rivera logró ingresar al penal con la droga. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que se burlaron los controles, sin que se detectara el uso de una falsa identidad en el sistema de control biométrico, según imágenes difundidas por el citado programa periodístico.

Huacachi Rivera, encargado de coordinar el ingreso del vehículo, utilizó un Documento Nacional de Identidad (DNI) falso. De acuerdo con el reportaje, el día de los hechos, contrató a un chofer al que, durante unos 25 minutos, obligó a descender de la furgoneta mientras eventualmente se escondía la droga en los asientos. Al esperar el permiso de los agentes del INPE para continuar, conversaba con los policías cercanos, sin levantar sospechas.

Las imágenes también revelan que el director del establecimiento fue quien ordenó personalmente que el vehículo pasara los controles sin problemas. “Con la mano, ordena que pase”, se detalló en el informe.

El vehículo, que supuestamente transportaba chatarra, pasó por tres inspecciones antes de estar a punto de descargar la carga. En la última revisión, Huacachi Rivera comenzó a ponerse nervioso, lo que alertó al agente penitenciario. Una cámara captó el momento en que le hizo un gesto al chofer para que guardara silencio. El agente, al inspeccionar el vehículo, descubrió cuatro ladrillos de cocaína en el respaldo del asiento del conductor. Más droga fue hallada en la cabina.

La Fiscalía Antidrogas, junto con agentes policiales, llegó al lugar de inmediato. Al ser consultado al respecto, el jefe del INPE, Javier Llaque, reconoció en el dominical que, “lamentablemente”, algunos servidores se prestan para actos ilícitos.

Director y administrador del Penal Ancón I dejaron ingresar vehículo con droga al penal de máxima seguridad. Así se trabaja en las cárceles dirigidas por corruptos amantes del dinero. ¡Indignante! #CuartoPoder pic.twitter.com/Mpc5BGSd22

— Poco Serio (@pocoserio_pe) December 16, 2024

El Ministerio Público ha abierto una investigación formal sobre la participación de los funcionarios penitenciarios, ya que, según el reportaje, minutos antes del hallazgo, ellos se encontraban en un campo de chatarra. Para Huacachi Rivera, se solicitó una condena de 17 años de prisión, mientras que para el chofer del vehículo se pidieron 10 años. El juzgado aceptó la solicitud de este último, pero determinó que la prisión fuera suspendida.

Una mente siniestra dentro de una institución educativa. El terror de todo padre de familia es que un sujeto depravado se encuentre disfrazado de profesor y que esté enseñando en la misma aula donde se encuentran nuestros menores hijos. El caso de un profesor del colegio Ciro Alegría del distrito de Carabayllo vuelve a preguntarnos sobre la idoneidad de los docentes, sobre todo en las primeras etapas formativas de los niños.

Jonathan Víctor Ahumada viene siendo denunciado por sus propios alumnos de sexto de primaria de instigarlos a consumir bebidas alcohólicas fuera de su horario de clases y para ello habría enviado un audio invitando a todo su salón a su domicilio para concretar la fiesta clandestina.

Cabe recalcar que los menores rondan los 12 y 13 años de edad, y que la propuesta habría sido realizada por el sujeto mencionado quien les pedía que no se lo cuenten a sus padres. Dicho evento no se concretó debido a que uno de los estudiantes informó a sus padres, lo que permitió revelar la situación y tomar medidas al respecto.

“Queden un día de esta semana, si es posible, para que todos, en vez de ir al colegio, se vengan para acá. Eso sí, me avisan un día antes para que yo pueda comprar golosinas y cosas por el estilo. Como sé que están ahí tomando estupideces, yo les voy a preparar cosas ricas”, se escucha en la grabación que correspondería a Ahumada.

También acosaba a sus ex alumnas para que sean sus enamoradas y así aprobarlas

Pero eso no es todo, a Ahumada Rodríguez también se le acusa de contactarse con sus ex alumnas de otro colegio, vía WhatsApp, para proponerles que sean sus enamoradas a cambio de ayudarlas en sus cursos o favorecerlas económicamente.

En los chats difundidos por el noticiero ATV, se puede leer lo siguiente: “Le dices que quiero invitarla a salir, no me importa si no va al cole”; y en otro fragmento: “Tendrías que ser mi enamorada, esa es la condición, y claro, el no enamorarse de mí, son las dos únicas condiciones que pongo”.

Jonathan Víctor Ahumada Rodríguez fue detenido por la Policía Nacional del Perú y trasladado a la comisaría de El Progreso, en Carabayllo, donde permanece bajo custodia por el presunto delito de acoso a menores de edad.

Si usted se pregunta dónde está un policía en el momento que es asaltado o extorsionado, pues déjeme decirle que probablemente se encuentren en sus comisarías, patrullando en una calle vacía, o fungiendo de chambelanes. Sí, ¡de chambelanes!, algo que no les corresponde bajo ningún criterio, sobre todo si varias ciudades del país se encuentran en estado de emergencia.

Cerca de 20 suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) habrían sido utilizados de manera indebida como chambelanes en el quinceañero de la ahijada del coronel PNP Juan Chia Arias.

Esa reunión social se realizó el lunes 9 de diciembre en el distrito de Kimbiri, en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Fue una valiente esposa de uno de los suboficiales que participó en la fiesta de la quinceañera quien denuncio ese hecho que mancilla aún más la imagen institucional de la Policía.

La mujer en conversación con el programa de noticias ‘Ocurre Ahora’ de ATV, denunció que 20 de los 40 policías que conforman dicha unidad fueron amenazados por su oficial superior para que asistan como ‘chambelanes’ y acompañen a las señoritas en la fiesta.

De acuerdo con la esposa, el Coronel Chia Arias es el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la zona y jefe de Inspectoría. “El coacciona a todo el personal de la Dirincri. Mi esposo fue cambiado por esos hechos porque él no ha estado de acuerdo, nos han amenazado”, expresó para el citado medio.

Coronel les habría exigido 50 soles a cada uno para sus implementos en el quinceañero

Pero no solo habrían sido amenazados para acudir como chambelanes al quinceañero de la querida ahijada del coronel Chia Arias, sino que tenían que sacar dinero de sus bolsillos para cubrir los gastos de la indumentaria.

“Les han pedido S/50 a cada efectivo, ¿Para qué? Para que hagan compra de sus cintos, de los cordones que han utilizado. ¡Que gaste su plata y alquile personas que puedan vestirse de chambelanes! ¿Por qué utiliza al personal policial?”, contó.

Los ciudadanos tienen que hacer sus propias investigaciones, colocar rejas, cámaras de vigilancia, realizar rondas urbanas, contratar efectivos de seguridad y demás medidas que los protejan de la delincuencia, pues no encuentran una respuesta inmediata por parte de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ante la tardía reacción de los agentes del orden más vidas se seguirán perdiendo, tal como sucedió con el caso de Sheyla Cóndor. Esta vez le tocó el turno a una niña de tan solo 12 años que fue violentada y presuntamente ultrajada dentro de una casucha instalada en un terreno abandonado en Los Lúcumos de Pachacamac, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). El asesino confeso responde al nombre de Yerson Alexander Juárez, quien en un primer momento intentó evadir a las autoridades.

Investigaciones de la Policía se mueven a ‘paso de tortuga’

La víctima escapó la noche del sábado de su casa, luego de discutir con su madre cuando esta le exigió que le diga con quién conversaba por Whatsapp.

Los preocupados padres, luego, acudieron a la Comisaría de José Gálvez para asentar la denuncia por desaparición, pero no hubo ninguna reacción por parte de la PNP.

Estos agregaron que la madrugada del domingo la abuela de la niña -quien no sabía de la ausencia- recibió varias llamadas de un teléfono desconocido, pero no atendió ninguna de ellas.

En la mañana del domingo informó de las llamadas a Enrique Huamán, padre de la víctima, quien desde el celular de la abuela marcó el número desconocido, que sonaba apagado.

Huamán intentó una nueva llamada, esta vez de un número distinto. Una persona le contestó en la otra línea.

“Él dijo que la niña estaba llorando. Cuando lo llamé otra vez, dijo que la niña se iba corriendo, que por eso no podía llevarla a la comisaría, además, porque estaba operado”, relató el padre en comunicación con RPP.

Luego, el desconocido entró en contradicción y pidió al padre de la víctima a que deje de llamarlo porque estaba trabajando.

“Era esquivo. Y ahí es cuando comienzo a sospechar”, refirió Huamán.

Cerca del mediodía del domingo, Huamán acudió de nuevo a la Comisaría de José Gálvez para entregar el número de dicho desconocido, pero no hubo respuesta rápida de la PNP.

Según los familiares, fueron ellos mismos quienes, con ayuda de un amigo, geolocalizaron al sujeto.

Los padres también entregaron esta información a la Policía, que solamente entonces comenzó a actuar.

“Para mí fue demasiado tarde la reacción, porque tuvieron el número desde el mediodía y esto pudo evitarse”, cuestionó Huamán.

“Cuando llegó mi señora al lugar, el sujeto empezó a defecar (por el abdomen) delante de ella para que le diera asco. Estaba operado (con una colostomía). Pero igual ella entró”, dijo.

Ya en el cuarto de Juárez Tapia, la madre de la menor no encontró nada al principio. Pero tras rebuscar entre las cosas vio un bulto debajo de la cama, envuelto con frazadas y alfombras.

Cuando el sospechoso se da cuenta de que hallaron a su víctima, confiesa su crimen a la Policía y a la madre: “Sí pues jefe, ya la maté”, afirmó.

Luego intentó escapar, pero los familiares y vecinos del lugar lo detuvieron.

El padre de la víctima resaltó que la acción policial fue demasiado lenta.