De espaldas a la cruz. En el año 2019 todos se preguntaban por qué el entonces cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, de un momento a otro se apartó de la Iglesia Católica, siendo él uno de los principales rostros en el Perú, realizando charlas en distintos medios de comunicación, participando activamente en la política del país, siendo una voz autorizada durante más de 20 años.

Informa el medio español El País que las denuncias de pederastia perpetradas presuntamente por Cipriani eran bien conocidas por la Iglesia en nuestro país desde 1983, pero fueron ignoradas más de 35 años, época en que el Papa Francisco tuvo conocimiento de las mismas, forzando la salida del entonces cardenal de cualquier actividad relacionada con la Iglesia Católica, imponiéndole además severos castigos como el exilio del Perú.

De acuerdo a las acusaciones del denunciante (quien prefirió mantenerse en el anonimato temiendo represalias), los presuntos abusos sexuales se realizaron cuando él tenía 16 años en un centro de estudiantes del Opus Dei en Lima. El hombre, ahora de 58 años de edad, narra que Cipriani se convirtió en su confesor, llamándolo al menos una vez por semana por sus fallos en los estudios.

“Me recriminaba con crudeza sobre mis fallos en los estudios o en mi conducta. Llegaba al punto en que me sentía muy mal y algunas veces lloraba. Yo estaba arrodillado frente a él, entre sus piernas. Cuando me tenía totalmente demolido emocionalmente, me abrazaba. Luego pasó a meter la mano debajo de mi polo, por la espalda y me sobaba largo rato. Después metía la mano, levantando el buzo, acariciando mis glúteos. Golpeaba mis nalgas y me decía ‘esos jamones’”, se lee en la nota del citado medio internacional.

A pesar de esas actitudes indebidas, cuenta el denunciante, la Iglesia prefirió pasar en alto todo ello, tornando la historia a favor de Cipriani. Impotente de todo lo que venía sucediendo optó por alejarse de manera definitiva de la Iglesia.

Ya en el año 2018, el denunciante decidió escribirle una carta al Papa Francisco, relatando detalladamente todos los momentos incómodos vividos.

Cipriani reconoce denuncia, pero niega que haya cometido abuso sexual

Por su parte, Cipriani admitió conocer la denuncia en su contra por abuso sexual enviada al Vaticano, aunque precisó que se trata de “documentación reservada que ni siquiera” él tiene en su poder. En una carta enviada al diario El País, que reveló el testimonio del denunciante, indicó que “resulta grave que se publique de manera parcial información” de carácter confidencial sobre un caso del cual la Santa Sede le pidió guardar silencio.

“No he cometido ningún delito, ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes, ni después. Se recogen unas acusaciones presentadas (…) en 2018, referentes a unos hechos presuntamente acaecidos en 1983. En agosto de 2018 fui informado de que había llegado una denuncia que no se me entregó″, señaló.

El dato:

Juan Luis Cipriani, ahora de 81 años, pasa sus días entre Roma y Madrid, apartado de cualquier actividad religiosa. Recientemente, el 7 de enero de 2025, regresó al Perú para recibir una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; ambos pertenecen al Opus Dei.

El gobierno de Donald Trump ha empezado con mucho rigor para aquellos migrantes que se encuentren en situación irregular en los Estados Unidos, siendo detenidos e inmediatamente deportados a sus países de origen. Entre los migrantes se encuentran muchos peruanos que se encuentran radicando ahí de ilegales, temiendo muchos de ellos por su futuro.

Ante esa situación, el canciller Elmer Schialer consideró que los peruanos que se encuentran en una situación irregular en Estados Unidos (EE.UU.) “deben preocuparse”.

Durante una entrevista ofrecida al dominical Punto Final, el ministro de Relaciones Exteriores subrayó que cualquier Estado tiene la potestad de no desear mantener en su país personas que han infringido la ley, ya sea una falta o delito.

En esa línea, el ministro Schialer indicó que Perú acatará las expulsiones. “Todos los países debemos tener el derecho de expulsar a las personas que han cometido alguna falta o incluso un crimen”, sostuvo.

En tanto, el canciller peruano informó que más de un millón 60 mil peruanos viven en Estados Unidos, y que de ellos 300 mil son indocumentados.

Recomendaciones si un peruano es detenido en Estados Unidos

En el caso de que un nacional sea detenido desde Cancillería se ha emitido una serie de recomendaciones de darse esa situación.

-Mantén la calma y no te resistas ni obstruyas a los agentes u oficiales.

-No mientas ni entregues documentos falsos, las consecuencias pueden ser graves.

-Prepárate y habla con tu familia sobre qué hacer si te detienen. Memoriza los –números de teléfono de tus seres queridos y tu abogado/a.

-Ten un plan de emergencia si tienes hijos o necesitas tomar medicamentos.

Asimismo, recordaron a los ciudadanos peruanos sus derechos en caso de una intervención por parte de las autoridades estadounidenses.

Según precisaron, quienes sean detenidos pueden elegir permanecer en silencio, para lo cual deberán manifestar en voz alta dicha decisión.

De igual forma precisaron que la policía puede revisar al ciudadano detenido si es que consideran que lleva algo ilegal o un arma.

Indicaron también que, si la policía es la que realiza el arresto, el ciudadano tiene derecho a un abogado gratuito que deberá asigna el gobierno local si es que no puede pagarlo.

Añadieron que si la detención la realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), el ciudadano puede hablar con un abogado, pero deberá buscar un por su cuenta, debido a que el gobierno no se lo proporcionará.

Un nuevo audio atribuido al ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, revela que el Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP) Víctor Zanabria Angulo, le habría alertado sobre un allanamiento a su vivienda. El archivo de una supuesta conversación entre el capitán PNP, Junior Izquierdo y Santiváñez Antúnez, el pasado 21 de mayo del 2024, fue difundido por Cuarto Poder y en él se hace referencia a un tal ‘Canario’, apodo que habría sido atribuido al comandante PNP Zanabria Angulo.

Ministro Santiváñez habría amenazado a Víctor Zanabria con destituirlo

El denominado capitán ‘Culebra’ entregó este audio al Ministerio Público en agosto del 2024, y en éste se escucharía a Santiváñez Antúnez contarle a Izquierdo, cómo el jefe de la PNP Víctor Zanabria le alertó acerca de dicha diligencia en su vivienda como una supuesta muestra de su lealtad. Esta alerta del comandante PNP se habría dado luego de que el ministro del Interior le increpara por presuntas investigaciones sobre la relación de sus padres con el caso ‘Waykis en la Sombra’. En tanto, el Santivañez habría amenazado con destituirlo de la Comandancia General.

Me dice: “Yo entiendo que esté molesto por lo de ayer, pero no puede decirme que va a tumbarme, yo soy el comandante general. Y voy a darle un tema para que usted vea que yo soy leal. Le van a allanar su casa'», se escucha en el audio.

Dina Boluarte habría ordenado a Santiváñez ‘destruir’ al coronel Moreno Panta

En el audio también se hace referencia al coronel PNP, Franco Moreno Panta, miembro de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac). Según se oye, la presidenta Dina Boluarte, tendría incomodidad contra este alto oficial.  

A inicios de mayo del 2024, Moreno Panta fue convocado por Palacio de Gobierno directamente por Boluarte Zegarra para pedirle información confidencial acerca de un operativo policial contra su hermano Nicanor, acusado de encabezar una presunta ‘red criminal’. Sin embargo, el coronel PNP se habría negado a dar información, razón por la cual la mandataria ordenó a Santiváñez Antúnez «destruir» a Moreno Panta.

«La tía me dice: “Destruye, sácalo a Moreno», le habría dicho el ministro Santiváñez a ‘Culebra’.

Mininter emitió un comunicado que desvirtúa los audios

Asimismo, a través de su cuenta de X, el Mininter negó que los audios atribuidos a Juan José Santiváñez sean verdaderos y señaló que nunca se ha dictado una medida judicial restrictiva de derechos en contra del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

No solo quiere mejorar su rostro, sino estaría buscando bajar esos kilitos de más obtenidos en Navidad y Año Nuevo. Nuestra infame jefa de Estado, Dina Boluarte, una vez más estaría haciendo gala de su poca empatía con la ciudadanía, adquiriendo equipos para gimnasio valorizados en más de 50 mil soles. Así lo denunció este último fin de semana el programa Ocurre Ahora, de ATV.

Pese a que el país se encuentra en zozobra debido a los constantes atentados con dinamita utilizados por extorsionadores, a nuestra mandataria chalhuanquina no se le ocurre mejor idea para combatir la delincuencia que adquiriendo modernas trotadoras.

De acuerdo al citado medio, en diciembre pasado se adquirieron tres máquinas de gimnasio: una a Gold’s Gym por 6,300 soles y dos más a Innova Sport por 12,900 soles. Un mes antes, en noviembre, se compraron dos trotadoras eléctricas, también a Gold’s Gym, por un valor total de 37,000 soles. Estas adquisiciones suman S/49.900, destinados exclusivamente a la renovación del equipamiento de entrenamiento físico en Palacio.

El ex secretario de la Presidencia, Ricardo Pinedo, indicó que si la factura está registrada a nombre del despacho de la mandataria lo más probable es que el equipamiento esté destinado para el uso personal de la mandataria. “Si en la factura señala que es de despacho presidencial, es para el uso de la Presidenta”, afirmó.

Dina ha gastado más de S/50 mil de nuestra plata en hacerse un gimnasio en Palacio. A esta MOSTRA le afectan más los comentarios de su físico que los de sus ASESINATOS. ¡Indignante! pic.twitter.com/yalk58uddC

— Poco Serio (@pocoserio_pe) January 25, 2025

Máquinas de gimnasio estarían destinadas para la Casa Militar

Por su parte, desde despacho presidencial aseguran, según fuentes palaciegas, que dichos equipos de gimnasio serían destinados al personal de la Casa Militar.

De acuerdo con estas fuentes, el objetivo de la compra sería mantener en forma a los miembros del equipo de seguridad de la presidenta Dina Boluarte. No obstante, no se proporcionaron detalles adicionales sobre el destino específico de los bienes adquiridos.

Los propietarios de la cevichería “Mi Barrunto”, ubicada en el distrito de La Victoria, están en la mira de la Fiscalía de Lavado de Activos, por un presunto caso de ‘lavado de activos’ que tendría nexos con el narcotráfico. Tal es así, que el pasado 2 de enero de este año, el fiscal Elías Pizarro, luego de varios meses de seguimiento de la ruta del dinero, formalizó investigación por el delito de lavado de activos, contra los hermanos Luis, César y Jhonatan Sánchez Aranda, y contra la pareja del primero, la modelo Itamar Orellana Menjívar, según indica un informe de Hildebrandt en sus trece.

Según el semanario, la Fiscalía sostiene que, entre el 2014 y el 2017, las cuentas bancarias de los hermanos Sánchez Aranda, fueron inyectadas sin justificar la procedencia de los depósitos, con 3 millones 400 mil dólares, equivalentes a 12 millones de soles aproximadamente, desde cuentas extranjeras de Panamá.

En el expediente fiscal se maneja la tesis de que los tres parientes serían los presuntos integrantes de la organización criminal ‘Clan familiar Sánchez Aranda’, y “habrían realizado diversas operaciones destinadas a ocultar o a disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades ilícitas como el tráfico de drogas”.

“Los investigados se encargarían de ingresar dinero maculado a través de personas jurídicas constituidas, obteniendo por dichas acciones cuantiosas ganancias, que debían ingresar al sistema financiero nacional con apariencia de legalidad, cuando lo real es que poseen un origen ilícito que proviene del tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencias y otras actividades criminales”, se lee en el documento fiscal.

En mayo del 2023 la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la PNP puso la mira contra Luis Sánchez Aranda, debido a sus pomposas apariciones en redes sociales, en las cuales se mostraba con abundantes fajos de billetes en las manos, así como con costosas joyas de oro de marca Rolex.  Asimismo, la PNP identificó que entre el 2016 y el 2023, Luis Sánchez Aranda invirtió cerca de US3.5 millones para adquirir inmuebles y vehículos de alta gama. Por ejemplo, en el año 2020, compró un Lamborghini Urus, un Mercedes Benz C200 (usado) y un BMW X7 del 2020, valorizados en US320 mil, US30 mil y US144 mil, respectivamente. Posteriormente, en 2021 adquirió un Ferrari F8 Spider, valorizado en US297 mil.

Luis Sánchez Aranda le compró un Porsche Cayenne a ‘Chibolín’

En toda esta trama de adquisiciones lujosas, también está involucrado el expresentador, hoy preso preventivamente, Andrés Hurtado ‘Chibolín’; pues, en el 2023, Sánchez Aranda le compró un Porsche Cayenne por US30 mil, y tres meses después se lo revendió al mismo precio a la empresa del mismo ‘Chibolín’, denominada ‘AH Entertainment Company’.

No obstante, también adquirieron costosas viviendas. En ese sentido, Sánchez Aranda compró al contado una casa por US1 millón de dólares, ubicada en la avenida Golf de los Incas; un departamento por 920 mil soles, en Monterrico; y otro de US500 mil, en la Urbanización El Polo, en el distrito de Santiago de Surco. Y en la misma época, entre 2016 y 2023, sus hermanos también adquirieron vehículos de alta gama. Por ejemplo, Jonathan compró al contado un BMW X1 y un BMW X6, por US50 mil y US100 mil en 2020, respectivamente. Mientras que César, hizo lo mismo y obtuvo un BMW 118i, de US38 mil; un Audi Q7, de US30 mil; un BMW X1, de US30 mil; y un Porsche Macan de US35 mil. Es decir, en tres años desembolsó US133 mil solo en automóviles.

Dos testimonios claves comprometen a los hermanos de ‘Mi Barrunto’

Asimismo, el semanario señala que existen dos testimonios claves en este caso. El primero es de Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, quien el 18 de octubre del 2024 declaró ante la Fiscalía debido a que anteriormente ella había afirmado en el programa Magaly TV que “el dueño de una cevichería” le sugirió a su entonces pareja trasladar su dinero a Panamá. Luego al ser interrogada por el fiscal Elías Pizarro, ella confirmó que efectivamente se refería al ‘cevichero’ Luis Sánchez Aranda.

Otro personaje clave es el narcotraficante Mauro Algumer Vilca, socio de Zoran Jaksic, conocido cabecilla del ‘Grupo América’, una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas. Como se conoce, Algumer en 2021 fue sentenciado a 25 años de prisión, tras haber sido detenido con un cargamento de 100 kilos de cocaína proveniente del Huallaga. Durante el juicio en el Poder Judicial, Algumer aseguró que “Mi Barrunto” era un sitio frecuentado por narcotraficantes para convenir entregas de droga. Gracias a esta declaración, agentes de inteligencia pudieron identificar que todos los integrantes de la red de ‘Algumer Vilca’ asistían a la cevichería para hacer “negocios”, según señala el Semanario.

Si bien, el Ministerio Público ha detectado que los 12 millones de soles fueron trasferidos desde Panamá, aún desconoce cómo es que los hermanos Sánchez Aranda de pronto amasaron una fortuna, aunque también tienen claro, que estos montos no son producto de la venta exclusiva de ceviches.

Vicky Navarro trabajó en el Gobierno Regional de La Libertad y fue subordinada de Jorge Torres Saravia en la campaña política del excongresista Luis Valdez Farias, de Alianza para el Progreso (APP); sin embargo, ella acusó al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de haberla abusado sexualmente, tras doparla en Pacasmayo y exige justicia porque en 2020 su caso por violación sexual fue extrañamente archivado por el fiscal Agustín Germán Risco Baquedano.

No obstante, este viernes 24 de enero, Navarro declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el legislador Juan Burgos, quien actualmente indaga sobre la presunta ‘red de prostitución’ del Congreso, y que habría sido dirigida precisamente por Jorge Torres Saravia. En esa línea, su extrabajadora aportó detalles clave sobre la situación en la que ella se encuentra y corroboró lo que había revelado previamente en el Ministerio Público.

Navarro se ha visto obligada a defenderse de las acusaciones de Jorge Torres Saravia, quien ha afirmado que ella mintió sobre lo sucedido. Y durante su testimonio ante la Comisión de Fiscalización, ella afirmó que Torres Saravia, en una ocasión, le manifestó: «A mí no me va a pasar nada; tengo a todos comprados», en un aparente intento de demostrar su impunidad. Asimismo, confesó su temor ante posibles represalias. “Tengo miedo que me puedan hacer algo. Es tiempo de hacer cambios y contar la verdad”, expresó entre lágrimas.

Por su parte, Torres Saravia defendió su posición durante su intervención en la Comisión de Fiscalización, y argumentó que el caso de violación sexual en Pacasmayo fue archivado. Sin embargo, no quiso precisar el nombre del fiscal responsable de esa decisión. Se trata de Agustín Germán Risco Baquedano, titular de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo, quien extrañamente decidió no continuar con la investigación por ‘falta de pruebas’ y archivó el caso. En esa época, el 6 de agosto del 2020, Torres Saravia habría solicitado que se archive la investigación por violación sexual y, tan solo un día después, el fiscal accedió al pedido.

Por otro lado, Torres Saravia admitió haber enviado una carta notarial a Vicky Navarro solicitando una rectificación de sus acusaciones, hecho que la congresista Norma Yarrow calificó como un acto de amedrentamiento hacia la víctima.

Sin embargo, Vicky Navarro ha pedido que se reabra el expediente fiscal y esta vez solicita que incluyan un audio de 15 minutos, grabado por su esposo, en el que claramente se escucha a Torres Saravia reconocer sus malos actos y ofrecer dinero a cambio de su silencio.

Giovanni Forno Flórez sigue despachando en su oficina en el Congreso de la República, gracias a la protección que ha recibido de la Mesa Directiva que lo respalda en el cargo de Oficial Mayor, pese al escándalo por la ‘presunta red de prostitución’ que habría montado su contratado, Jorge Torres Saravia.

Patricia Juárez: “Tiene muchísimos años de experiencia y tiene que seguir en su cargo”

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos, confirmó que la Mesa Directiva llegó a un acuerdo sobre la permanencia del Oficial Mayor, Forno Flórez y decidieron ratificarlo en el cargo. La legisladora explicó que entre las razones para renovar la confianza al funcionario son su amplia experiencia y la ausencia de acusaciones en su contra.

“Nosotros ya hemos tenido un acuerdo de Mesa. Es un oficial, una persona que tiene muchísimos años de experiencia, y nosotros (la Mesa Directiva) hemos tenido un debate, y consideramos que el oficial mayor tiene que seguir en su cargo, lo hemos ratificado”, declaró Juárez Gallegos.

La congresista fujimorista pidió que le digan ¿cuál es la imputación en contra de Forno Flórez? y lamentó las noticias sobre prostitución y favores sexuales, a las que se refirió como “especulaciones” que dañan la imagen del Congreso.

“El oficial mayor es un funcionario de alta experiencia, que ha cumplido perfectamente la labor para el cual se le ha convocado. Que alguien me diga cuál ha sido la imputación que tiene (Giovanni Forno) respecto a este tipo de comentarios que se han estado dando, de especulaciones y temas que le hacen daño al Parlamento”, agregó.

Cinco bancadas del Congreso exigen la salida urgente de Giovanni Forno

Como se recuerda, a inicios de enero del 2025, a pocos días de cumplirse un mes del asesinato de Andrea Vidal, las bancadas de Podemos Perú, Renovación Popular, Honor y Democracia, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular exigían que el funcionario sea retirado del cargo. Sin embargo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana de APP, no evaluó la permanencia de Forno Flórez como Oficial Mayor, lo mantuvo en el cargo, y luego viajó a China.

Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País blindaron a Giovanni Forno

Tras la declaración de la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos, en la que reitera que la decisión adoptada por la Mesa Directiva indica ratificar a Forno Flórez, se cierra el tema de su salida del Congreso. Asimismo, se confirma que la medida de ratificación cuenta con el respaldo de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP), Perú Libre y Avanza País, las mismas que forman parte de la Mesa Directiva.

Cuestionamientos a Giovanni Forno

La duda sobre el trabajo que hace Giovanni Forno surgió a raíz de la designación de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Torres Saravia sería el líder de la red de explotación sexual y con ayuda de Andrea Vidal, contrataba a mujeres jóvenes a quienes hacía pasar como asesoras o secretarias, pero en realidad sus funciones eran otras. Tras la investigación de la Comisión de Fiscalización, Torres Saravia señaló que fue Giovanni Forno quien lo llamó y contrató para que dirija la Oficina Legal del Parlamento; sin embargo, el Oficial Mayor confirmó que la designación de Torres Saravia era su responsabilidad, pero de pronto “perdió la memoria” y no quiso precisar quién lo recomendó, o cómo consiguió su curriculum.

“No recuerdo quién me hizo llegar el currículum, pero lo que sí recuerdo es haberlo tenido y haber revisado los méritos académicos que tenía y si había o no idoneidad de una persona para asumir un cargo”, declaró Forno ante dicha comisión. Sin embargo, su respuesta disgustó a las bancadas opositoras, que inmediatamente remitieron un oficio al titular de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana exigiendo la pronta destitución de Forno.

“Cese inmediato del Oficial Mayor en atención a los serios cuestionamientos a su trabajo, en particular por la negligente falta de transparencia para la designación de profesionales que van a ocupar cargos de jefatura dentro del Parlamento; situación que viene ocasionando un grave perjuicio a la imagen del Congreso y el correcto desempeño laboral de los trabajadores de este Poder del Estado”, indicaba el oficio multipartidario.

Sin embargo, a pesar de los pedidos y cuestionamientos, el Oficial Mayor del Congreso Giovanni Forno, fue blindado por la Mesa Directiva y continuará laborando en el Parlamento.

De mal en peor. De propia boca del titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Walter Astudillo, se ha admitido que no existe una estrategia de parte del Gobierno Central para afrontar la delincuencia en la ciudad de Trujillo, pese a que ya han pasado cinco días del atentado contra una sede del Ministerio Público.

Cualquiera diría que la presidenta Dina Boluarte, en coordinación de sus ministros de Defensa e Interior, así como de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, desde hace varios días ya se encontraban elaborando un plan para combatir las organizaciones criminales que vienen tomando las ciudades del norte del país, en particular Trujillo donde una explosión terminó por destruir una sede del Poder Judicial.

Pese al anuncio de la jefa de Estado de desplegar a las fuerzas del orden, y de presentar batallones al día siguiente en la ciudad de la Eterna Primavera, finalmente se descubrió que eso fue solo para la foto, pues el propio ministro Astudillo es consciente que nada se ha avanzado.

A pesar de la necesidad de priorizar la intervención frente a los múltiples atentados, el ministro Astudillo no pudo precisar cómo serán las acciones de los militares.

“La participación de las Fuerzas Armadas, que se dará mediante acciones militares en apoyo a la Policía Nacional del Perú, tiene que estar basada en un plan y una estrategia. Ese día, se acordó con el jefe de la región de La Libertad que el día de ayer en la noche (22 de enero) se presentaría al Ministerio del Interior el plan para que sea aprobado y, a su vez, permita la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a esta estrategia de control territorial”, declaró a RPP Noticias.

Es decir, el plan de control territorial aún se encuentra en proceso, pero Astudillo reafirmó que la salida de los militares será en acompañamiento de la PNP, quienes continuarán manteniendo el orden interno. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas apoyarán con el patrullaje a pie y los operativos que realicen los agentes.