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Política

Periodistas Enrique Chávez y Carlos Cabanillas fueron sentenciados a dos años de cárcel por difamación agravada

Ernesto Gamarra y su esposa Pilar Brescia denunciaron por difamación agravada a los periodistas, Enrique Chávez y Carlos Cabanillas por elaborar una nota periodística basada en falsedades y documentos apócrifos, y la Corte Superior de Justicia condenó a ambos, por el delito contra el honor y les impuso dos años de pena privativa de la libertad.

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La 8va Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundados los recursos de apelación interpuestos por los periodistas sentenciados Enrique Chávez Duran y Carlos Enrique Cabanillas León, contra sus sentencias condenatorias del 26 de enero de 2023.

Dicha sala confirmó la sentencia por difamación agravada, que condenó a ambos periodistas como autores del delito contra el honor, en agravio del excongresista Ernesto Ramón Gamarra Olivares, e impuso dos años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el plazo de un año, bajo reglas de conductas. Además, a cada uno de los sentenciados se les impuso un pago de reparación civil de S/50 mil soles, en favor de la parte agraviada.

Sentencia a favor de Ernesto Gamarra, que ratifica dos años de cárcel a periodistas de Caretas por difamación agravada.

Asimismo, también se confirmó la sentencia por difamación agravada de los mismos sentenciados Enrique Chávez Duran y Carlos Enrique Cabanillas León, en agravio de María del Pilar Yraida Juana Brescia Álvarez, más conocida como Pilar Brescia, y les impusieron a ambos un año de pena privativa de la libertad, suspendida.

Resolución del Trece Juzgado Penal Unipersonal.

No obstante, si bien se encuentra en la etapa de instrucción, aún falta la lectura de sentencia por difamación agravada que interpuso Patricia Gamarra Brescia, a ambos periodistas de la revista Caretas, por sindicarla también, como integrante de una “organización criminal”.

¿Cómo empezó todo?

El 11 de marzo de 2020, Ernesto Gamarra denunció por difamación agravada al director de la revista Caretas, Enrique Chávez Duran y al periodista de la misma revista, Carlos Enrique Cabanillas León. En la querella que interpuso el expolítico, también pidió una reparación civil de S/500 mil soles y justificó su pretensión, porque la publicación periodística que los condenados elaboraron generó desconfianza en muchas personas y en amigos de Gamarra, ocasionándole un daño irreparable a su nombre y honor.

Querella interpuesta por Ernesto Gamarra contra periodistas Enrique Chávez y Carlos Cabanillas.

En esa línea, unas semanas atrás, en la edición N° 2630 de la revista Caretas, de fecha 27 de febrero de 2020 aparece en la portada, en la parte superior el título: “Nuevo escándalo de Polo Gamarra” y en el interior en la pagina 9, aparece en el índice: “Chapulín Chantaje”. En la entrada se lee: “Juez pide prisión preventiva para Polo Gamarra por extorsión, chantaje y crimen organizado. Su hija Patricia Gamarra y su esposa Pilar Brescia también están involucradas en el caso”, y al costado de esa mención aparece una fotografía de Gamarra junto a su esposa, la actriz Pilar Brescia, con camisetas amarillas. La de ella aparece con la frase: “Tú no has cambiado polo”. Mientras que la frase que colocaron en la camiseta de Gamarra dice: “Tú no has cambiado Ladrón”.

Fotografía montada de Ernesto Gamarra y Pilar Brescia publicada por Caretas.

En el interior de la revista, la nota periodística titulada: “Chapulín Chantaje”, fue elaborada por Carlos Enrique Cabanillas; sin embargo, todo lo que menciona allí es totalmente falso. Porque Gamarra, ni tenía un proceso penal que lo investigaba por dichos delitos, y tampoco hubo un pedido de prisión preventiva en su contra. Es más, nunca fueron notificados, ni él, ni su esposa, ni su hija, por algún tipo de investigación preliminar o preparatoria por los delitos supuestamente atribuidos en la nota periodística de dicha revista.

Pero, lo más grave es que los periodistas hoy sentenciados por difamación, nunca mencionaron, ni reprodujeron cuál era la Carpeta Fiscal y la investigación policial que investigaba a la familia Gamarra-Brescia.

La falsa publicación de cuatro páginas de la revista Caretas en su versión impresa con fecha del 27 de febrero de 2020.

Estos periodistas, más bien, utilizaron como prueba o fuente para redactar la nota difamatoria, una imagen de un supuesto expediente judicial con código 16627-2019-1-3204-JR-PE-01, en el cual, supuestamente estaban investigando a Polo Gamarra. Sin embargo, una extraña característica de la imagen de ese “expediente” que fue publicado en la nota, demuestra que no llevaba ninguna firma de ningún juez, o especialista legal y mucho menos, ninguna firma electrónica.

Otra prueba irrefutable de que el proceso judicial que menciona la nota de Caretas, nunca existió, se basa en el pronunciamiento de la propia Corte Superior de Justicia de Lima, que el 28 de febrero de 2020, a través de su red social Twitter, desmintió la existencia de ese expediente:

“ACLARACION A LA OPINION PÚBLICA La @CSJdeLima aclara que dentro de su jurisdicción no existe el número de expediente 16627-2019 donde esté siendo procesado Ernesto Gamarra, por lo tanto, la resolución publicada, que supuestamente emitió el 33° Juzgado Penal, carece de veracidad”.    

Aclaración de la CSJ, que dejó mal parados a periodistas de la revista Caretas.

Tras ello, lo más sorprendente del proceder de la revista Caretas, fue su respuesta a través de su red social Twitter del 2 de marzo, y dice: “Caretas publica una rectificación de los extremos de la nota que incluyen los contenidos del supuesto expediente cuya existencia es puesta en cuestión por la Corte Superior de Justicia de Lima”.

Y en su editorial indicaron que: “En la última edición impresa de Caretas se publicó el contenido de una denuncia por extorsión presentada por el empresario Diego Vásquez de Velasco contra el excongresista Ernesto Polo Gamarra. La denuncia se encuentra correctamente documentada y tramitada en el Ministerio Público”. Pero en realidad, no mostraron ni la imagen de un documento formal, ni parte del supuesto “expediente” que mencionaban, ni con firmas de un juez, ni con sellos.  

Otra gran irresponsabilidad, que obedece al ejercicio antiprofesional que realizaron los periodistas de la revista Caretas, Enrique Chávez y Carlos Cabanillas, es que no intentaron comunicarse en ningún momento con los agraviados para pedir sus descargos, antes de publicar su nota difamatoria, que, entre otras sindicaciones falsas, difundía:

 “El 17 de diciembre del 2019 el empresario Diego Vásquez de Velasco recibió una llamada amenazadora. Del otro auricular, Polo Gamarra le advirtió que lo habría denunciado en la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores por proxenetismo. Gamarra terminó su monologo ofreciendo una sospechosa rama de olivo: necesitaban conversar para llegar a un acuerdo”.

Periodistas Enrique Chávez y Carlos Cabanillas.

No obstante, toda esa mención fue falsa y tampoco publicaron en su portal web, aquel supuesto audio, en el que Gamarra amenaza a Vásquez de Velasco. Asimismo, es falso que él lo haya denunciado, ni por proxenetismo, ni por otra causa.

La nota difamatoria, también afirma que Ernesto Gamarra presentó dos habeas corpus y eso, no solo no es cierto, sino, que tampoco consignaron en su publicación un documento de dicho recurso de garantía constitucional.

Otro de los documentos falsos, que se da cuenta en la publicación de la revista Caretas, se trata de un supuesto informe de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) y de la División Policial de Crimen Organizado de Chimbote, que recomendaba la inclusión de Pilar Brescia y de su hija Patricia Gamarra, ambas parientes directas de Ernesto Gamarra, como parte de una organización criminal.

Dicho informe, está supuestamente firmado por el comandante PNP Edward Zavaleta López, y según el documento, fue suscrito por dicho oficial en calidad de jefe de la división chimbotana, el 15 de febrero del 2020. Pero, resulta que dicho oficial policial, se encontraba cambiado desde diciembre de 2019 en la ciudad de Lima, para seguir estudios en la Escuela de Oficiales de La Campiña, Chorrillos. Y en esa época el jefe de la división de Chimbote era el comandante de la PNP, Ulises Córdova del Valle.

Pilar Brescia: “Sentir que se puede mentir con la magnitud que ha mentido este medio, es aterrador”

Lima Gris conversó con la actriz Pilar Brescia, que es una de las agraviadas en este caso:

¿Qué sentiste cuando leíste la publicación de Caretas que sindicaba a toda tu familia como parte de una organización criminal?

Es una sensación de injusticia, de la que uno ha escuchado de la gente pidiendo justicia. Es una sensación de sentirte sin ayuda, ni respaldo. Efectivamente, los medios de comunicación tienen un poder y suponemos que deben estar del lado bueno de la vida; pero sentir que se puede mentir con la magnitud que ha mentido este medio, es aterrador. Yo soy medianamente conocida y medianamente preparada como para enfrentar esta situación; pero esto le puede causar a una familia inocente, la muerte moral.

Luego de eso, ¿La vida de ustedes fue la misma?

Creo que lo que amainó un poco esto, fue el Covid y los escándalos políticos que vivimos, pero eso no hace que baje el dolor y el desasosiego de sentir que te han tirado excremento gratuitamente. Por ejemplo, a mi hija, que no tiene nada que ver. En todo caso, a mí podría caerme de refilón, porque “Polo” está metido políticamente, pero yo creo que lo que se tenga que hacer, tiene que estar siempre respaldado por la verdad. Y lo que yo he sentido es que en el Perú vale todo.

A pesar de todo, ¿Crees en la libertad expresión?

Yo creo en la libertad de expresión. El punto es que estamos pasando un momento muy difícil. Y creo que lo venimos arrastrando desde los noventa, donde el periodista escribe lo que se le dice que tiene que escribir; y lee lo que se le dice que tiene que leer. Pero quienes tienen una ética y un amor por su profesión, se han ido retirando de los medios y ha ido quedando gente por “encargo”.

¿Cómo te sientes de haber ganado en la vía legal? porque finalmente la verdad salió a la luz.

Hay una satisfacción, pero eso no le va a llegar a la cantidad de personas que leyeron que en mi familia somos una organización criminal, de extorsionadores. Y habrá que vivir con eso.

Ustedes recurrieron al Consejo de la Prensa Peruana para que se pronuncien sobre la mala práctica de estos periodistas difamadores ¿Cuál fue su respuesta?

Mi hija Patricia también recurrió a ellos y en el caso de ella le contestaron que estos periodistas no formaban parte. Y a mí me dijeron que había llegado tarde, fuera de fecha para presentar esa solicitud de queja. Y en realidad no fue eso; yo pedí un pronunciamiento de ellos acerca de la primera sentencia, donde condenaron a los periodistas, efectivamente por difamación. Bueno, todavía creemos en las instituciones, pero el problema es que las instituciones no están muchas veces a la altura de la imagen que venden.

Si bien la instancia judicial les dio la razón, ¿van a seguir recurriendo a las instancias comunicacionales y a los medios de difusión?

Mira, yo lo subí en Facebook, a pesar que no soy una experta en redes y a pesar de ser una comunicadora social, pero lo poco que saqué en Facebook con las fotos de estos dos periodistas, tratando de verbalizar el malestar y al mismo tiempo el bienestar que traen estas sentencias, eres el único periodista que las ha recogido, y hoy día es una manera de sentirme mucho mejor. 

El Consejo de la Prensa Peruana no quiso pronunciarse sobre periodistas difamadores

El 17 de junio de 2023, la agraviada Pilar Brescia envió una carta dirigida al presidente del Tribunal de Ética, del Consejo de la Prensa Peruana, Andrés Calderón López, para solicitar su opinión en su calidad de directivo ético del consejo, en relación a la difamación agravada que sufrieron ella, su esposo y su hija, por acción de los periodistas Enrique Chávez Duran, Carlos Cabanillas León y Juan de Dios Chipana Palomino (este último fue absuelto), al atribuírseles pertenecer a una organización criminal dedicada a la extorsión, el chantaje y suplantación de funcionarios.

La actriz, en el penúltimo párrafo de la misiva, textualmente escribió: ¿Cómo ha cumplido su Tribunal con el fin de emitir pronunciamientos públicos sobre casos o infracciones flagrantes a la ética periodística cometidos por la prensa, o contribuido a promover el respeto a los valores éticos en el periodismo peruano?

Carta enviada por Pilar Brescia al Consejo de la Prensa Peruana.

Esta fue la esquiva e insólita respuesta del Tribunal de Ética del CPP

Del modo más inexplicable, el 11 de julio de 2023, este tribunal con la Resolución N° 004-2023-TE/CPP, resolvió: Declarar inadmisible la solicitud de queja presentada por Pilar Brescia contra la revista Caretas, por ser extemporánea.

Esta decisión fue aprobada con los votos de Andrés Francisco Calderón (presidente), Jenny Canales (vicepresidente), Sonia Goldemberg (vocal), Hugo Coya (vocal) y Alejandra Puente (vocal).

Sin embargo, desde su antojadiza perspectiva se basaron en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que estipula que una persona puede presentar una “solicitud de queja” dentro de los 30 días útiles, siguientes a la difusión de la información y que, pasado ese plazo, el tribunal no está obligado a admitir la solicitud. No obstante, añaden que la “solicitud de queja” presentada fue tres años después de haberse publicado el artículo.   

Respuesta del Consejo de la Prensa Peruana a Pilar Brescia.

Ante dicha respuesta del Tribunal de Ética del CPP, Pilar Brescia respondió con otra carta y claramente explicó que ella en ningún momento formuló una “solicitud de queja” y que, por tanto, no corresponde una declaración de improcedencia, a lo que no se ha solicitado.

En resumidas cuentas, el Tribunal de Ética del CPP se fue por la “tangente” y omitió pronunciarse sobre los periodistas difamadores, cambiando la naturaleza de una petición de pronunciamiento público, por la de una supuesta “solicitud de queja”, a la que nunca se recurrió.

Entonces, nos preguntamos ¿para qué sirve un Tribunal de Ética? ¿No se supone que deben actuar con ética, independientemente, de un acápite mal interpretado? ¿Dónde quedó la empatía y la solidaridad con una ciudadana agraviada? ¿o es que los periodistas son intocables? o ¿Acaso, por ser periodistas estamos obligados a hacer un espíritu de cuerpo periodístico?

¿Quiénes difamaron a la familia Gamarra-Brescia?

Enrique Chávez Duran

Según su hoja de vida es politólogo de la universidad de Los Andes, en Colombia. Él se inició en la revista Caretas, primero como subdirector y luego pasó a ser director. Posteriormente apareció en el canal del Estado, TV Perú, durante el gobierno de Ollanta Humala, cuando la “allegada” de Nadine Heredia, María Luisa Málaga presidía el IRTP.

Periodista Enrique Chávez.

Primero ingresó como un humilde narrador de noticias y poco a poco fue empoderándose en la televisora, hasta conseguir que le dieran programa propio (Cara a Cara en 2015) y con mejor sueldo.

Entonces, se fue enquistando y permaneció en el canal durante los gobiernos de PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti y Castillo, aunque en el régimen chotano, en febrero de 2022, salió de la televisora estatal, simplemente porque ya no quisieron renovarle su orden de servicio.

Hay que recordar que en el programa “Cara a Cara” de Enrique Chávez, se ensalzó al Lagarto Martín Vizcarra y a sus esbirros, como también al encargado de Palacio, Francisco Sagasti y a todos los congresistas del Partido Morado. Chávez, del modo más deplorable ejerció cero pluralismo e imparcialidad, y cero enfoques de televisión pública. Lamentablemente Cara a Cara fue un programa que “adoctrinaba”, difundiendo los equivocados teoremas del caviarismo más puro.

Carlos Cabanillas León

Este señor fue profesor del curso-taller de crónicas de la universidad de Lima, gerente de Comunicación e Imagen Institucional en la Municipalidad de Miraflores durante 2021; asimismo, trabaja en la revista Caretas casi 18 años, desde 2006 hasta la actualidad, como jefe de Edición, y también fue editor consultivo de la revista Cosas y jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República en 2021. Además, es actual colaborador del diario El Comercio y Perú 21.

Periodista Carlos Cabanillas León.

No cabe duda, que estos «hombres de prensa» presentaron documentos falsos, y según la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, hubo dolo. Es decir, la publicación se realizó con el objetivo de dañar severamente la imagen de la familia Gamarra-Brescia.

Si bien es cierto, que un sinnúmero de políticos y autoridades del Estado, suelen querellar a algunos periodistas, con el afán de amedrentarlos, porque estos, fueron denunciados en notas periodísticas, por presuntos actos de corrupción; esta vez, no fue así y los periodistas de la revista Caretas, según el ente de justicia, obraron de mala fe.

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

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Política

Pleno aprueba ampliación del desarrollo del mecanismo de obras por impuestos

Se usará IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar en Obras por Impuestos enfocada a gobiernos regionales y locales. Con mucha facilidad fue exonerada de segunda votación.

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En el marco de mejora del procedimiento legal y operativo de ejecución de la ley de obras por impuestos, se propuso hoy en el pleno reformas a la ley 29230.

En una emocionante sesión del Pleno de hoy el presidente de la Comisión de Economía, el ‘niño’ López, expuso esta mejora a la norma, la cual ayudará a impulsar la inversión pública en los gobiernos regionales y locales con participación del sector privado a fin de ampliar e impulsar el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos. Conforme a lo que dijo el congresista López «el objetivo del dictamen es ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (…) busca ampliar las entidades habilitantes que además del gobierno local y regional se habilitará también a las universidades nacionales para que ellos también puedan utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos y mejorar su infraestructura mediante la participación privada.

«Si bien es cierto los gobiernos regionales tienen determinados objetivos de cierre de brechas, estos no impactan a través de obras por impuestos a la solución de otros tipos de problemas como la educación» dijo López.

Lo que busca este dictamen es ampliar fuentes de financiamiento para expandir la capacidad de realizar proyectos bajo obras por impuestos.  «En la actual norma no se puede utilizar los recursos directamente recaudados y lo que hace esta norma es también que estos recursos puedan habilitar también que estos recursos puedan utilizarse para estos proyectos y su planificación para que puedan ser desarrollados. Además, se plantea un seguimiento y monitoreo [esto huele a más burocracia y que va ser más lenta la ejecución] a través de ProInversión. Además, el uso de IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar».

Debemos recordar que esta herramienta que impulsa la inversión en salud, saneamiento y educación, en favor de comunidades con brechas identificadas, contribuye a cerrar la profunda pero muy profunda brecha en infraestructura que tiene Perú. Solo en Apurímac existe un puente de piedra que data de 1580 que hasta ahora se utiliza porque no se ha construido otro.

Por su parte el diputado Víctor Flores se refirió a la situación del mecanismo «el monto máximo del CIPRL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local) considera a los dos últimos años y no solo el último como señaló MEF, lo cual ha perjudicado a los gobiernos regionales para hacer obras por impuestos. Consideramos debe actualizarse excepcionalmente los topes máximos de capacidad anual para los gobiernos regionales, locales y universidades. Para que en un plazo de 15 días MEF pueda actualizar los flujos transferidos, los montos reducidos para el repago de los CIPRL y la relación de los convenios suscritos. La modificatoria prevista incidiría en la reducción de 91 proyectos sin adjudicarse por un máximo de 877 millones».

La congresista Diana González, mencionó la importancia de la norma «que fortalece el régimen de OXI, dónde el privado diseña e implementa la obra, cerrando muchos presuntos canales de corrupción, y el Estado tiene que reconocer al sector privado como aliado estratégico para el cierre de brechas, y muchos ministros han reconocido el impacto de OXI para la realización de obras y el incremento de las mismas respecto al año anterior». También mencionó «fortalecer los techos presupuestales de los gobiernos regionales y locales para la emisión del certificado de OXI, pero en la última ley del crédito suplementario se incluyó una modificación a la segunda disposición que redujo el monto máximo que pueden usar los gobiernos regionales y locales, afectándolos».  En resumen, se busca incrementar el techo presupuestal para coadyuvar a los gobiernos regionales.

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque fue crítica con esta propuesta. «Estoy opuesta a la incorporación de la reducción al IGV en el art. 7 de la norma, por tener un impacto, porque significaría una reducción a los propios gobiernos locales. Ya de por sí las empresas tienen de por sí ciertos beneficios».

El congresista Eduardo Castillo Rivas solicitó en el pleno al presidente de la comisión de economía, «incorporar a los locadores como beneficiarios de la especialización y certificación gradual de profesionales señalados en el art. 7 de la norma 29230». Es decir, pretende hacerlo más rápido incorporando a los locadores como parte de los beneficiarios.

Finalmente, por 60 votos a favor fue aprobado en primera votación esta propuesta. El proyecto será materia de segunda votación en 7 días calendario.

Posteriormente, según informó la oficina de comunicaciones del Congreso, el proyecto de ley fue exonerado de segunda votación, con lo cual quedó expedido para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

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Política

Congreso cita con “urgencia” al ministro Rómulo Mucho para que explique sobre Ley MAPE

Luego que el Gobierno envió al Legislativo el documento de la Ley MAPE, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Diana Gonzales, advierte poca claridad en diversos aspectos de la ley; y, por ende, pidió citar urgentemente al titular de Energía y Minas Rómulo Mucho.

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Este miércoles 20 de noviembre el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre. Y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, hoy el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, envió el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.

Sin embargo, la congresista Diana Gonzáles Delgado (Avanza País) solicitó al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, citar con “carácter de urgencia” al ministro Mucho Mamani, para que informe y explique en detalle sobre los alcances y el contenido del Proyecto de la Ley MAPE, recientemente aprobado en el Ejecutivo.

“Solicito tenga a bien citar con carácter de urgencia al Ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho, a la siguiente sesión extraordinaria […] para informar sobre el contenido y alcances del Proyecto de Ley 09555/2024-PE Ley de la pequeña minería y minería artesanal”, se lee en el documento.

Oficio enviado a congresista Paul Gutiérrez para que cite a ministro Rómulo Mucho.

Cabe mencionar que el documento entregado al Poder Legislativo, indica en su tercera disposición complementaria que los procedimientos iniciados con el Reinfo continuarán su trámite en esas instancias durante 6 meses, contados desde el día hábil siguiente a la publicación de la nueva ley y al finalizar dicho plazo, indican, que el Minem asume las funciones que se le habían dado a las Direcciones Regionales de Energía y Minas y las Gerencias Regionales de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREM/GREM) con el Reinfo para la formalización minera.

Mineros informales bloquearon Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE

Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.

Más de mil mineros informales hoy mantuvieron bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.

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Política

Ministros de Estado defienden a prófugo Nicanor Boluarte [VIDEO]

¡Lluvia de escuderos! Los ministros César Vásquez, Durich Whittembury y José Arista se despojaron de sus investiduras sectoriales y han asumido roles de ‘abogados defensores’. Pero esta vez no protegen a la presidenta Dina Boluarte, sino, a su “socio” y hermano, el prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra.

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Primero fue el premier Gustavo Adrianzén, que salió a declarar tras la medida de detención preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte Zegarra, y se atrevió a decir que existe una “judicialización de la política”, mencionando incluso, que hay una soterrada intención de promover una vacancia presidencial.

Seguidamente, hizo lo mismo, el titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, al afirmar que el fallo judicial del juez Richard Concepción Carhuancho “no tiene explicaciones técnicas” y que además obedece a un proceso politizado.

Y en menos de unas horas, se sumaron tres ministros “escuderos” para defender, no precisamente, a la presidenta Dina Boluarte; sino a su hermano Nicanor. Quien, en lugar de ponerse a derecho, pasó a la clandestinidad e ingresó a la categoría de prófugo de la justifica.

Premier Gustavo Adrianzén ahora defiende a prófugo Nicanor Boluarte.

Escudero 1: Ministro César Vásquez asevera que todo es ‘un show mediático’

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, quizá por una orden de su mentor César Acuña Peralta, ha vinculado esta situación con los esfuerzos que existen para lograr la desestabilización del gobierno y señaló que el juez Richard Concepción Carhuancho tiene “mucho afán mediático”.

El ministro también se pronunció sobre el reciente fallo judicial que dicta 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte y considera que algunos actores políticos buscan desacreditar la gestión de la mandataria, tras el supuesto éxito de la APEC.

Además, cuestionó al juez Richard Concepción Carhuancho por haber tomado la medida y refirió que tiene “mucho afán mediático, y una pasión por las cámaras”. Asimismo, remarcó que el sistema se está politizando porque se afecta la presunción de inocencia, así como la estabilidad política del gobierno, y en especial al propio hermano de la presidenta.

“Estamos vulnerando la presunción de inocencia. Se está desnaturalizando esta medida de prisión preventiva. Uno de los grandes afectados es el señor Boluarte por ser hermano de la presidenta. Hace daño que la justicia se politice”, sostuvo el ministro de Salud.

Escudero 2: Ministro Whittembury pide que ‘justicia no sea politizada’ para Nicanor Boluarte

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, insinúa que el inicio de la lectura de la resolución que dictó prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, coincidió estratégicamente con el cierre del Foro APEC y consideró que esto podría ser un intento de desviar la atención de los logros que se alcanzaron en dicha cumbre internacional. Y al momento de ser consultado sobre la medida impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, Whittembury se reafirmó en su posición, de que la justicia no debe estar politizada

Escudero 3: Ministro José Arista critica prisión preventiva contra Nicanor Boluarte

Por último, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas José Arista afirmó que, en su condición de ciudadano, le llama la atención que algunas personas sean detenidas durante 36 meses sin una investigación completa. Asimismo, criticó la resolución que dicta prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, advirtiendo que debe respetarse el derecho de las personas a ser tratadas como inocentes, hasta que se demuestre lo contrario.

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Política

Se promulga Ley que penaliza acoso sexual contra menores de 14 años [VIDEO]

Ley N.° 32169 establece penas que van de 6 a los 9 años de prisión efectiva contra sujetos que persigan a menores con fines sexuales.

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¡Los niños no se tocan! Existen personas que valiéndose del anonimato de las redes sociales buscan acercarse a nuestros hijos, creándose perfiles falsos o acercándose a ellos a través de los mismos juegos. Personas depravadas que solo buscan saciar sus deseos más enfermizos sin importarles que con ello estarían destrozándole le vida a un inocente.

Se ha publicado la Ley N.° 32169, la misma que penaliza el acoso sexual contra menores de 14 años. Como se recuerda, la norma fue aprobada en el Pleno del Congreso el 31 de octubre pasado.

Para la firma de la autógrafa, realizada en el despacho de la Presidencia del Congreso, estuvo presente Diana Gonzales Delgado, de Avanza País, autora de la iniciativa legislativa. En ese momento, mencionó que, para crear el delito de acoso sexual a menores de 14 años, se tuvo que incorporar el artículo 176-D al Código Penal peruano.

“Esta iniciativa surgió durante las reuniones sostenidas en semana de representación entre el Grupo Multipartidario Arequipa y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien advirtió que la actual tipificación del delito de acoso sexual, como requiere de la negativa de consentimiento por parte de la víctima, no incluye los casos donde la víctima es menor de 14 años”, explicó.

fuente: 24 horas.

De acuerdo al documento publicado en el diario oficial El Peruano, la persona que “de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía” con una niña o niño, podría recibir una condena de entre seis y nueve años de prisión. Además, podría ser inhabilitado conforme a los numerales 5,9, 10 y 11 del artículo 36 del Código Penal.

“Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta, valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación o cualquier otro medio tecnológico”, indica el texto.

La Ley, oficializada este jueves, lleva las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y del titular de la PCM, Gustavo Adrianzén.

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Política

Ministro Demartini cuestiona prisión contra Nicanor Boluarte: “no tiene explicaciones técnicas”

Otro de los ministros que se suma a la “cruzada” para defender al hermano prófugo de la presidenta. El titular del Midis Julio Demartini aseveró que la medida judicial es un “proceso politizado”; sin embargo, evitó opinar sobre la situación de clandestinidad de la que goza Nicanor Boluarte.

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Se suma otro ministro a la defensa del prófugo de la justicia, Nicanor Boluarte Zegarra. Esta vez, el titular de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) Julio Demartini, criticó la orden de 36 meses de prisión preventiva impuesta contra el hermano de Dina Boluarte, por el caso “Waykis en la sombra”, y también evitó pronunciarse sobre el hecho que se encuentre en la clandestinidad y no ponerse a derecho.

Demartini aprovechó para responder que su opinión la emite como un “ciudadano común y corriente y también como un funcionario público”, pero no como miembro del Gabinete. Dicha aseveración genera cierta confusión y contradicción.

“Pero vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez Carhuancho en la detención preliminar, el nuevamente dio una sanción con restricción de la libertad y la sala revoca esa decisión por algo fundamental. Porque el señor Carhuancho señala que el señor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, sostuvo.

“Ayer nuevamente el señor, después que la sala ya lo ha corregido en la detención preliminar, ahora en la preventiva vuelve a utilizar elementos que ya han sido corregidos por su superior”, añadió el ministro Demartini.

Con respecto a su paso a la clandestinidad, el ministro Julio Demartini no quiso opinar y solo se limitó a decir que Nicanor Boluarte “tomará una decisión adecuada”.

“No puedo opinar porque él tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está meritando. Si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, indicó.

Asimismo, afirmó que la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y será usado para afectar políticamente a la presidenta Dina Boluarte.

“Estas decisiones que no tienen explicaciones técnicas. Pasan a ser un coro en el campo político que dice ‘presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado’ y eso no es así”, culminó el titular del Midis.

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Política

Premier Adrianzén califica como ‘campaña de vacancia’ la prisión preventiva de Nicanor Boluarte

En vista que la presidenta Dina Boluarte no se pronuncia por la prisión preventiva contra su prófugo hermano Nicanor, el premier tomó el rol de “defensor” y criticó al juez Concepción Carhuancho.

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El Gobierno se encuentra en su peor crisis, tras la situación penal del hermano presidencial y prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra. Sin embargo, desde el Ejecutivo no ha habido un pronunciamiento formal respecto a esta situación. Y quien nuevamente tomó la posta para fungir como “abogado defensor” de la mandataria, ha sido el presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien, tras ser consultado por la prensa sobre el imputado hermano de la jefa de Estado, a quien le dictaron 36 meses de prisión preventiva y ordenaron su inmediata captura, cuestionó y desacreditó un mandato judicial impuesto por el juez Richard Concepción Carhuancho.

Asimismo, Adrianzén, pese a ser abogado y conocer perfectamente, qué implica el no ponerse a derecho ante un mandato judicial, e incurrir en una obstaculización a la justicia, él minimizó la situación de clandestinidad de Nicanor Boluarte y su actual condición de prófugo de la justicia, y apenas mencionó: «seguramente sus abogados podrán presentar los recursos de apelación que crean responsabilidad y se tomará la decisión final».

Asimismo, cuestionó la vinculación de Dina Boluarte con la presunta organización criminal que, según tesis fiscal, habría sido dirigida por su hermano mayor Nicanor, y que tendría como objetivo afectar la continuidad de su cargo de presidenta de la República. «Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política. (…) Hay una afiebrada idea de que existe una organización criminal, y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral de la señora presidenta de la República que podría conducir a su vacancia», aseveró disgustado el titular del Consejo de Ministros.

«Veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe (una posible relación entre Dina Boluarte con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. Nosotros no podemos permitir esta idea de presionar para que renuncie; o de promover una vacancia. No tiene ningún asidero», añadió Adrianzén.

Además de ratificar que existe una supuesta judicialización de la política, Adrianzén habló de una “soterrada intención” para promover una presunta incapacidad moral que pueda llevar a su renuncia, o a una eventual vacancia presidencial.

“Nosotros no podemos permitirlo y creo en realidad que no solamente eso, sino que esta idea de presionar para que renuncie, o de promover una vacancia, no tiene ningún asidero. La señora presidenta constitucional está firme en el puesto, su liderazgo respecto al Poder Ejecutivo es indubitable”, culminó el premier escudero.

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Política

Gobierno aprobó Ley MAPE en medio de cuestionamientos por el ‘Reinfo’ [VIDEO]

El titular de Energía y Minas Rómulo Mucho aseguró que este jueves el Ejecutivo enviará el proyecto al Congreso para que sea debatido. Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión de Energía del Parlamento, Diana Gonzales, observó poca claridad en diversos aspectos de la ley.

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El premier Gustavo Adrianzén confirmó que el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre.

Asimismo, y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguró que este jueves el Gobierno enviará el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.

Ministro Rómulo Mucho le hace ‘propaganda’ al gobierno de Dina Boluarte y a la Ley MAPE

Asimismo, el ministro de Energía y Minas, no pierde la oportunidad para indicar las bondades de la reciente Ley aprobada por el Gobierno. Y además, se dio tiempo para “resaltar” la supuesta disposición de la presidenta Dina Boluarte, para solucionar y poder formalizar a miles de mineros informales. 

«Con este proyecto de ley se evidencia que el Gobierno tiene interés de ordenar esta actividad porque se sabe que estaba pendiente la elaboración de la ley MAPE. La ley busca brindar asistencia técnica con tecnologías limpias, generar incentivo para la formalización, establecer zonas especiales y áreas exclusivas para estas actividades, con potencial minero. Establece procedimientos para la formalización, con las direcciones regionales del Minem», remarcó Rómulo Mucho en conferencia de prensa.

Como se recuerda, desde su implementación en 2017, el Reinfo registró cerca de 90.000 inscritos. Previamente, se advirtió que el registro fue empleado de manera inadecuada, facilitando el avance desmedido de la minería ilegal.

Mineros informales bloquean Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE

Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.

Más de mil mineros informales mantienen bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.

Solo 2% de los registros que ha tenido el ‘Reinfo’ logró ser formalizado

Dicha cifra obedece a un análisis de Videnza realizado al Registro Integral de Formalización Minera, (Reinfo), que trata de difundir la intención de formalizar, pero sin resultados concretos.

La minería no formal, que comprende a la informal e ilegal, se ha convertido en la actividad que más dinero ilícito genera en el Perú; incluso mucho más que el propio narcotráfico, según lo reportan expertos en temas mineros. En tal sentido, según cifras estimadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la exportación de oro ilegal se multiplicó hasta por siete veces entre el periodo 2005-2023, y solo este año 2024 alcanzará el máximo histórico de US$ 6,840 millones, un crecimiento de 41%, respecto del 2023.

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Política

El premier Adrianzén y cuatro ministros más se presentarán este viernes en el Congreso

El Congreso aprobó la propuesta del presidente del parlamento de invitar a cinco ministros para que informen los resultados de la APEC..

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Mientras Japón abre sus fronteras sin visa a los peruanos, Perú ya tiene un TLC con Hong Kong, a su vez que ha llevado a su perfeccionamiento el TLC con China que permitirá el ingreso de diversas frutas a la China, un mercado de 1400 millones de consumidores. Fue esto lo que resumió el presidente del Congreso, Salhuana que puso como moción del día la comparecencia de los ministerios claves en esta APEC para dar resultados de esta cumbre.

Con mucho entusiasmo Salhuana mencionó el impacto positivo de la cumbre, como es la potencialidad de otras frutas peruanas como la castaña de Madre de Dios. También refirió en el pleno de hoy que que se ha declarado a Perú libre de fiebre aftosa lo cual cristaliza la posibilidad de exportación de carne de ganado vacuno.

«Considero de suma importancia que el Premier, el Canciller, el titular del MEF, el ministro de Agricultura y riego y el titular de Comercio Exterior, asistan al congreso y nos informen cuales son los acuerdos precisos y en qué manera beneficiarán al país en materia agraria, forestal, comercial, de turismo, etc».

La propuesta de Salhuana fue aprobada con 88 votos de aprobación. Los ministros habrán de presentarse este viernes 22 de noviembre a las 9am, a lo que parece una invitación sobre los resultados del APEC, pero que más podría ser una oportunidad para cercar al gobierno.

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