Periodistas Enrique Chávez y Carlos Cabanillas fueron sentenciados a dos años de cárcel por difamación agravada
Ernesto Gamarra y su esposa Pilar Brescia denunciaron por difamación agravada a los periodistas, Enrique Chávez y Carlos Cabanillas por elaborar una nota periodística basada en falsedades y documentos apócrifos, y la Corte Superior de Justicia condenó a ambos, por el delito contra el honor y les impuso dos años de pena privativa de la libertad.
La 8va Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundados los recursos de apelación interpuestos por los periodistas sentenciados Enrique Chávez Duran y Carlos Enrique Cabanillas León, contra sus sentencias condenatorias del 26 de enero de 2023.
Dicha sala confirmó la sentencia por difamación agravada, que condenó a ambos periodistas como autores del delito contra el honor, en agravio del excongresista Ernesto Ramón Gamarra Olivares, e impuso dos años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el plazo de un año, bajo reglas de conductas. Además, a cada uno de los sentenciados se les impuso un pago de reparación civil de S/50 mil soles, en favor de la parte agraviada.
Sentencia a favor de Ernesto Gamarra, que ratifica dos años de cárcel a periodistas de Caretas por difamación agravada.
Asimismo, también se confirmó la sentencia por difamación agravada de los mismos sentenciados Enrique Chávez Duran y Carlos Enrique Cabanillas León, en agravio de María del Pilar Yraida Juana Brescia Álvarez, más conocida como Pilar Brescia, y les impusieron a ambos un año de pena privativa de la libertad, suspendida.
Resolución del Trece Juzgado Penal Unipersonal.
No obstante, si bien se encuentra en la etapa de instrucción, aún falta la lectura de sentencia por difamación agravada que interpuso Patricia Gamarra Brescia, a ambos periodistas de la revista Caretas, por sindicarla también, como integrante de una “organización criminal”.
¿Cómo empezó todo?
El 11 de marzo de 2020, Ernesto Gamarra denunció por difamación agravada al director de la revista Caretas, Enrique Chávez Duran y al periodista de la misma revista, Carlos Enrique Cabanillas León. En la querella que interpuso el expolítico, también pidió una reparación civil de S/500 mil soles y justificó su pretensión, porque la publicación periodística que los condenados elaboraron generó desconfianza en muchas personas y en amigos de Gamarra, ocasionándole un daño irreparable a su nombre y honor.
Querella interpuesta por Ernesto Gamarra contra periodistas Enrique Chávez y Carlos Cabanillas.
En esa línea, unas semanas atrás, en la edición N° 2630 de la revista Caretas, de fecha 27 de febrero de 2020 aparece en la portada, en la parte superior el título: “Nuevo escándalo de Polo Gamarra” y en el interior en la pagina 9, aparece en el índice: “Chapulín Chantaje”. En la entrada se lee: “Juez pide prisión preventiva para Polo Gamarra por extorsión, chantaje y crimen organizado. Su hija Patricia Gamarra y su esposa Pilar Brescia también están involucradas en el caso”, y al costado de esa mención aparece una fotografía de Gamarra junto a su esposa, la actriz Pilar Brescia, con camisetas amarillas. La de ella aparece con la frase: “Tú no has cambiado polo”. Mientras que la frase que colocaron en la camiseta de Gamarra dice: “Tú no has cambiado Ladrón”.
Fotografía montada de Ernesto Gamarra y Pilar Brescia publicada por Caretas.
En el interior de la revista, la nota periodística titulada: “Chapulín Chantaje”, fue elaborada por Carlos Enrique Cabanillas; sin embargo, todo lo que menciona allí es totalmente falso. Porque Gamarra, ni tenía un proceso penal que lo investigaba por dichos delitos, y tampoco hubo un pedido de prisión preventiva en su contra. Es más, nunca fueron notificados, ni él, ni su esposa, ni su hija, por algún tipo de investigación preliminar o preparatoria por los delitos supuestamente atribuidos en la nota periodística de dicha revista.
Pero, lo más grave es que los periodistas hoy sentenciados por difamación, nunca mencionaron, ni reprodujeron cuál era la Carpeta Fiscal y la investigación policial que investigaba a la familia Gamarra-Brescia.
La falsa publicación de cuatro páginas de la revista Caretas en su versión impresa con fecha del 27 de febrero de 2020.
Estos periodistas, más bien, utilizaron como prueba o fuente para redactar la nota difamatoria, una imagen de un supuesto expediente judicial con código 16627-2019-1-3204-JR-PE-01, en el cual, supuestamente estaban investigando a Polo Gamarra. Sin embargo, una extraña característica de la imagen de ese “expediente” que fue publicado en la nota, demuestra que no llevaba ninguna firma de ningún juez, o especialista legal y mucho menos, ninguna firma electrónica.
Otra prueba irrefutable de que el proceso judicial que menciona la nota de Caretas, nunca existió, se basa en el pronunciamiento de la propia Corte Superior de Justicia de Lima, que el 28 de febrero de 2020, a través de su red social Twitter, desmintió la existencia de ese expediente:
“ACLARACION A LA OPINION PÚBLICA La @CSJdeLima aclara que dentro de su jurisdicción no existe el número de expediente 16627-2019 donde esté siendo procesado Ernesto Gamarra, por lo tanto, la resolución publicada, que supuestamente emitió el 33° Juzgado Penal, carece de veracidad”.
Aclaración de la CSJ, que dejó mal parados a periodistas de la revista Caretas.
Tras ello, lo más sorprendente del proceder de la revista Caretas, fue su respuesta a través de su red social Twitter del 2 de marzo, y dice: “Caretas publica una rectificación de los extremos de la nota que incluyen los contenidos del supuesto expediente cuya existencia es puesta en cuestión por la Corte Superior de Justicia de Lima”.
Y en su editorial indicaron que: “En la última edición impresa de Caretas se publicó el contenido de una denuncia por extorsión presentada por el empresario Diego Vásquez de Velasco contra el excongresista Ernesto Polo Gamarra.La denuncia se encuentra correctamente documentada y tramitada en el Ministerio Público”. Pero en realidad, no mostraron ni la imagen de un documento formal, ni parte del supuesto “expediente” que mencionaban, ni con firmas de un juez, ni con sellos.
Otra gran irresponsabilidad, que obedece al ejercicio antiprofesional que realizaron los periodistas de la revista Caretas, Enrique Chávez y Carlos Cabanillas, es que no intentaron comunicarse en ningún momento con los agraviados para pedir sus descargos, antes de publicar su nota difamatoria, que, entre otras sindicaciones falsas, difundía:
“El 17 de diciembre del 2019 el empresario Diego Vásquez de Velasco recibió una llamada amenazadora. Del otro auricular, Polo Gamarra le advirtió que lo habría denunciado en la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores por proxenetismo. Gamarra terminó su monologo ofreciendo una sospechosa rama de olivo: necesitaban conversar para llegar a un acuerdo”.
Periodistas Enrique Chávez y Carlos Cabanillas.
No obstante, toda esa mención fue falsa y tampoco publicaron en su portal web, aquel supuesto audio, en el que Gamarra amenaza a Vásquez de Velasco. Asimismo, es falso que él lo haya denunciado, ni por proxenetismo, ni por otra causa.
La nota difamatoria, también afirma que Ernesto Gamarra presentó dos habeas corpus y eso, no solo no es cierto, sino, que tampoco consignaron en su publicación un documento de dicho recurso de garantía constitucional.
Otro de los documentos falsos, que se da cuenta en la publicación de la revista Caretas, se trata de un supuesto informe de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) y de la División Policial de Crimen Organizado de Chimbote, que recomendaba la inclusión de Pilar Brescia y de su hija Patricia Gamarra, ambas parientes directas de Ernesto Gamarra, como parte de una organización criminal.
Dicho informe, está supuestamente firmado por el comandante PNP Edward Zavaleta López, y según el documento, fue suscrito por dicho oficial en calidad de jefe de la división chimbotana, el 15 de febrero del 2020. Pero, resulta que dicho oficial policial, se encontraba cambiado desde diciembre de 2019 en la ciudad de Lima, para seguir estudios en la Escuela de Oficiales de La Campiña, Chorrillos. Y en esa época el jefe de la división de Chimbote era el comandante de la PNP, Ulises Córdova del Valle.
Pilar Brescia: “Sentir que se puede mentir con la magnitud que ha mentido este medio, es aterrador”
Lima Gris conversó con la actriz Pilar Brescia, que es una de las agraviadas en este caso:
¿Qué sentiste cuando leíste la publicación de Caretas que sindicaba a toda tu familia como parte de una organización criminal?
Es una sensación de injusticia, de la que uno ha escuchado de la gente pidiendo justicia. Es una sensación de sentirte sin ayuda, ni respaldo. Efectivamente, los medios de comunicación tienen un poder y suponemos que deben estar del lado bueno de la vida; pero sentir que se puede mentir con la magnitud que ha mentido este medio, es aterrador. Yo soy medianamente conocida y medianamente preparada como para enfrentar esta situación; pero esto le puede causar a una familia inocente, la muerte moral.
Luego de eso, ¿La vida de ustedes fue la misma?
Creo que lo que amainó un poco esto, fue el Covid y los escándalos políticos que vivimos, pero eso no hace que baje el dolor y el desasosiego de sentir que te han tirado excremento gratuitamente. Por ejemplo, a mi hija, que no tiene nada que ver. En todo caso, a mí podría caerme de refilón, porque “Polo” está metido políticamente, pero yo creo que lo que se tenga que hacer, tiene que estar siempre respaldado por la verdad. Y lo que yo he sentido es que en el Perú vale todo.
A pesar de todo, ¿Crees en la libertad expresión?
Yo creo en la libertad de expresión. El punto es que estamos pasando un momento muy difícil. Y creo que lo venimos arrastrando desde los noventa, donde el periodista escribe lo que se le dice que tiene que escribir; y lee lo que se le dice que tiene que leer. Pero quienes tienen una ética y un amor por su profesión, se han ido retirando de los medios y ha ido quedando gente por “encargo”.
¿Cómo te sientes de haber ganado en la vía legal? porque finalmente la verdad salió a la luz.
Hay una satisfacción, pero eso no le va a llegar a la cantidad de personas que leyeron que en mi familia somos una organización criminal, de extorsionadores. Y habrá que vivir con eso.
Ustedes recurrieron al Consejo de la Prensa Peruana para que se pronuncien sobre la mala práctica de estos periodistas difamadores ¿Cuál fue su respuesta?
Mi hija Patricia también recurrió a ellos y en el caso de ella le contestaron que estos periodistas no formaban parte. Y a mí me dijeron que había llegado tarde, fuera de fecha para presentar esa solicitud de queja. Y en realidad no fue eso; yo pedí un pronunciamiento de ellos acerca de la primera sentencia, donde condenaron a los periodistas, efectivamente por difamación. Bueno, todavía creemos en las instituciones, pero el problema es que las instituciones no están muchas veces a la altura de la imagen que venden.
Si bien la instancia judicial les dio la razón, ¿van a seguir recurriendo a las instancias comunicacionales y a los medios de difusión?
Mira, yo lo subí en Facebook, a pesar que no soy una experta en redes y a pesar de ser una comunicadora social, pero lo poco que saqué en Facebook con las fotos de estos dos periodistas, tratando de verbalizar el malestar y al mismo tiempo el bienestar que traen estas sentencias, eres el único periodista que las ha recogido, y hoy día es una manera de sentirme mucho mejor.
El Consejo de la Prensa Peruana no quiso pronunciarse sobre periodistas difamadores
El 17 de junio de 2023, la agraviada Pilar Brescia envió una carta dirigida al presidente del Tribunal de Ética, del Consejo de la Prensa Peruana, Andrés Calderón López, para solicitar su opinión en su calidad de directivo ético del consejo, en relación a la difamación agravada que sufrieron ella, su esposo y su hija, por acción de los periodistas Enrique Chávez Duran, Carlos Cabanillas León y Juan de Dios Chipana Palomino (este último fue absuelto), al atribuírseles pertenecer a una organización criminal dedicada a la extorsión, el chantaje y suplantación de funcionarios.
La actriz, en el penúltimo párrafo de la misiva, textualmente escribió: ¿Cómo ha cumplido su Tribunal con el fin de emitir pronunciamientos públicos sobre casos o infracciones flagrantes a la ética periodística cometidos por la prensa, o contribuido a promover el respeto a los valores éticos en el periodismo peruano?
Carta enviada por Pilar Brescia al Consejo de la Prensa Peruana.
Esta fue la esquiva e insólita respuesta del Tribunal de Ética del CPP
Del modo más inexplicable, el 11 de julio de 2023, este tribunal con la Resolución N° 004-2023-TE/CPP, resolvió: Declarar inadmisible la solicitud de queja presentada por Pilar Brescia contra la revista Caretas, por ser extemporánea.
Esta decisión fue aprobada con los votos de Andrés Francisco Calderón (presidente), Jenny Canales (vicepresidente), Sonia Goldemberg (vocal), Hugo Coya (vocal) y Alejandra Puente (vocal).
Sin embargo, desde su antojadiza perspectiva se basaron en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que estipula que una persona puede presentar una “solicitud de queja” dentro de los 30 días útiles, siguientes a la difusión de la información y que, pasado ese plazo, el tribunal no está obligado a admitir la solicitud. No obstante, añaden que la “solicitud de queja” presentada fue tres años después de haberse publicado el artículo.
Respuesta del Consejo de la Prensa Peruana a Pilar Brescia.
Ante dicha respuesta del Tribunal de Ética del CPP, Pilar Brescia respondió con otra carta y claramente explicó que ella en ningún momento formuló una “solicitud de queja” y que, por tanto, no corresponde una declaración de improcedencia, a lo que no se ha solicitado.
En resumidas cuentas, el Tribunal de Ética del CPP se fue por la “tangente” y omitió pronunciarse sobre los periodistas difamadores, cambiando la naturaleza de una petición de pronunciamiento público, por la de una supuesta “solicitud de queja”, a la que nunca se recurrió.
Entonces, nos preguntamos ¿para qué sirve un Tribunal de Ética? ¿No se supone que deben actuar con ética, independientemente, de un acápite mal interpretado? ¿Dónde quedó la empatía y la solidaridad con una ciudadana agraviada? ¿o es que los periodistas son intocables? o ¿Acaso, por ser periodistas estamos obligados a hacer un espíritu de cuerpo periodístico?
¿Quiénes difamaron a la familia Gamarra-Brescia?
Enrique Chávez Duran
Según su hoja de vida es politólogo de la universidad de Los Andes, en Colombia. Él se inició en la revista Caretas, primero como subdirector y luego pasó a ser director. Posteriormente apareció en el canal del Estado, TV Perú, durante el gobierno de Ollanta Humala, cuando la “allegada” de Nadine Heredia, María Luisa Málaga presidía el IRTP.
Periodista Enrique Chávez.
Primero ingresó como un humilde narrador de noticias y poco a poco fue empoderándose en la televisora, hasta conseguir que le dieran programa propio (Cara a Cara en 2015) y con mejor sueldo.
Entonces, se fue enquistando y permaneció en el canal durante los gobiernos de PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti y Castillo, aunque en el régimen chotano, en febrero de 2022, salió de la televisora estatal, simplemente porque ya no quisieron renovarle su orden de servicio.
Hay que recordar que en el programa “Cara a Cara” de Enrique Chávez, se ensalzó al Lagarto Martín Vizcarra y a sus esbirros, como también al encargado de Palacio, Francisco Sagasti y a todos los congresistas del Partido Morado. Chávez, del modo más deplorable ejerció cero pluralismo e imparcialidad, y cero enfoques de televisión pública. Lamentablemente Cara a Cara fue un programa que “adoctrinaba”, difundiendo los equivocados teoremas del caviarismo más puro.
Carlos Cabanillas León
Este señor fue profesor del curso-taller de crónicas de la universidad de Lima, gerente de Comunicación e Imagen Institucional en la Municipalidad de Miraflores durante 2021; asimismo, trabaja en la revista Caretas casi 18 años, desde 2006 hasta la actualidad, como jefe de Edición, y también fue editor consultivo de la revista Cosas y jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República en 2021. Además, es actual colaborador del diario El Comercio y Perú 21.
Periodista Carlos Cabanillas León.
No cabe duda, que estos «hombres de prensa» presentaron documentos falsos, y según la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, hubo dolo. Es decir, la publicación se realizó con el objetivo de dañar severamente la imagen de la familia Gamarra-Brescia.
Si bien es cierto, que un sinnúmero de políticos y autoridades del Estado, suelen querellar a algunos periodistas, con el afán de amedrentarlos, porque estos, fueron denunciados en notas periodísticas, por presuntos actos de corrupción; esta vez, no fue así y los periodistas de la revista Caretas, según el ente de justicia, obraron de mala fe.
Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.
Presunta ‘red de prostitución’ del Congreso pretende cambiar el rumbo de la investigación en el asesinato de Andrea Vidal
No cabe duda que en algunos congresistas ha crecido el temor de que la investigación de la ‘presunta red de prostitución’ y el asesinato de la extrabajadora que fue contratada por la influencia de Alianza para el Progreso llegue hasta el final y logre dar con los verdaderos responsables. Por ello, aducen que Andrea Vidal fue una víctima circunstancial porque quien estaba en la mira de los sicarios era el taxista.
Desde el Congreso de la República emitieron un comunicado que atribuye el asesinato de Andrea Vidal a la inseguridad ciudadana, e indicaron que los sicarios tenían como verdadero objetivo al taxista, basándose en un documento pericial de protocolo de necropsia que no tiene firmas ni sellos oficiales, ni de la Fiscalía, ni de Medicina Legal. A pesar de que la Fiscalía continúa con las investigaciones sobre el asesinato de la extrabajadora del área Legal del Parlamento quien fuera contratada por las huestes de Alianza para el Progreso (APP), desde el Legislativo algunos congresistas y funcionarios prácticamente se han atribuido el rol de fiscales y jueces porque prematuramente ya han sacado una conclusión sobre el caso.
A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el Parlamento se solidarizó con la familia de la joven e indicó que ella una víctima más del sicariato, alegando que esto lo ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú (PNP).
«Nos solidarizamos con la familia de la señorita Andrea Vidal. Tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi», escribieron.
Asimismo, el Poder Legislativo instó a la Fiscalía de la Nación a acelerar la investigación del caso y exhortó a la PNP a realizar las acciones necesarias para capturar a los criminales.
«Instamos a la Fiscalía a acelerar la investigación para esclarecer los hechos y exhortamos a la Policía Nacional a realizar las acciones que sean necesarias para la captura de los sicarios».
La necropsia de Andrea Vidal Gómez y el taxista José Vargas Briceño
El protocolo de necropsia que no tiene sellos ni firmas oficiales revela que Vidal sufrió siete impactos de bala: uno en la cabeza, específicamente en la región parietal derecha, que resultó ser la herida fatal; dos en la mama izquierda y cuatro en las extremidades inferiores (dos en el muslo derecho, uno en la pierna derecha y uno en el pie).
En cuanto al taxista, recibió 16 impactos de bala distribuidos en la cabeza (2), cuello (4), tórax (5), abdomen (1), pelvis (2) y extremidades superiores (2). Según la observación forense, la concentración de disparos en la cabeza, cuello y tórax indica que los atacantes buscaban asegurar la muerte de las víctimas.
El informe señala que la trayectoria de los proyectiles, de arriba hacia abajo, sugiere que los atacantes eran sicarios que dispararon desde vehículos en movimiento, posicionándose en paralelo al objetivo para maximizar la eficacia del ataque.
En el documento, insólitamente concluyeron que el conductor, José Daniel Vargas Briceño, era «probablemente el objetivo principal del ataque», ya que los disparos se concentraron en el parabrisas y el lado izquierdo del vehículo, coincidiendo con su posición. Además, se destaca que la participación de sicarios y la intensidad del ataque apuntan a un ajuste de cuentas por motivos criminales.
Un poco más y los agarraban en plena ‘hora loca’. Cinco trabajadores de la Municipalidad Provincial del Cusco fueron despedidos luego que se descubriera que estaban bailando y bebiendo alcohol dentro de las oficinas del Área de Fiscalización de la mencionada comuna cusqueña.
La oficina, usualmente compuesta por computadoras, escritorios y documentos, fue alterada de manera radical para darle la impresión de una discoteca, con sus luces de neón que podían ser apreciadas fácilmente desde los exteriores del edificio municipal.
En un principio todos imaginaban que esa fiesta clandestina se había realizado recientemente; sin embargo, esta tuvo lugar el pasado 27 de diciembre, cuatro días antes de las celebraciones de Año Nuevo.
En las imágenes se puede apreciar al personal de Recursos Humanos sorprendiendo en flagrancia a los trabajadores municipales cuando estos se preparaban a consumir ron con gaseosa.
La comuna cusqueña se pronunció esta semana a partir de que los videos de esta fiesta comenzaron a circular en las redes sociales.
“Tras lo ocurrido, y por mandato del alcalde Luis Pantoja, se rescindió el contrato de los cinco involucrados”, se lee en el comunicado en el que no se nombra a los implicados.
Paradójicamente, el área tiene la función de realizar intervenciones a los locales nocturnos.
En la oficina, se encontraron hasta cinco botellas de ron y gaseosa, además de las luces de fiesta y música a alto volumen, que se escuchaba desde el exterior del local municipal.
Los trabajadores, en presunto estado de ebriedad, fueron sorprendidos mientras bailaban.
De momento, la Municipalidad Provincial del Cusco comunicó que los implicados han sido sometidos a los procedimientos administrativos correspondientes y deberán responder a la Ley Disciplinaria en caso amerite.
Dina Boluarte desafía a encuestas que le dan bajas cifras: «Les he dicho que me pongan CERO»
Durante una actividad oficial la presidenta arremetió contra las encuestadoras y le atribuyó a su Gobierno el “crédito” del crecimiento económico. Asimismo, hace unas horas aseguró que se siente orgullosa de servir al pueblo de manera honesta y con las “manos limpias”, por lo que nadie puede señalarla con el dedo al aducir que no tiene carpetas fiscales por actos de corrupción.
Durante la reunión para la Gestión de Inversiones para el Desarrollo Territorial – Agenda 2025, desarrollado en el distrito de San Borja, la presidenta de la República, Dina Boluarte respondió fuerte y claro sobre las encuestas que la ponen entre las más bajas cifras de popularidad. Ante ello, la mandataria pidió que la califiquen con un “cero”, para que así la impulsen a trabajar más por el Perú.
Dina Boluarte dice que gracias a su trabajo la economía ha crecido
En su intervención, la mandataria afirmó que, pese a las críticas en contra de su gobierno, ella está demostrado que han venido trabajando con mejoras en la economía y que ese es un punto innegable; incluso, para aquellos que señalan que «no trabaja».
«Este año que terminó, 2024, vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido. Eso nadie lo puede negar, ni siquiera aquellos que nos dicen que no hacemos nada y que nos ponen en las encuestas el 3%, 4%. Ayer en un periódico ‘que nos quiere mucho’ nos han puesto un puntito más. Yo lo que les he dicho es que no me hagan el favor. No les he dicho que me suban; pónganme ‘cero’, y realmente nos concentraremos en seguir trabajando», enfatizó.
«Nadie puede dirigirme el dedo» (por actos de corrupción) ¿Y el caso Rolex qué?
Asimismo, apenas hace 24 horas, desde La Libertad, anunció que nadie puede decir que su gobierno, específicamente nadie de su gabinete, ni ella, son señalados por actos de corrupción, ni que tengan investigaciones abiertas por delitos contra la administración pública.
«Con el orgullo de peruana y decir: Gracias Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi pueblo y lo hice de manera honesta con las ‘manos limpias’. Nadie puede dirigirme el dedo, ni a mí, ni a mis ministros. Ninguno tenemos ninguna carpeta por actos de corrupción», complementó la mandataria.
Sin embargo, Dina Boluarte omite decir que sí existe una, entre las varias investigaciones que corren en su contra y que mantienen una carpeta en el Ministerio Público, precisamente por el caso ‘Rolex’, que la acusa de enriquecimiento ilícito.
Aron Espinoza: “La incapacidad del alcalde de Lima se demuestra al no entregar una obra emblemática porque está en campaña presidencial” [VIDEO]
El regidor metropolitano remarcó que Rafael López Aliaga demuestra su incapacidad, pero además contó que ha endeudado a Lima con un crédito de más de S/5 mil millones que los pagarán los próximos 4 o 5 alcaldes y manifestó que el burgomaestre solo piensa en su campaña presidencial y no en gobernar la capital que lo eligió.
El regidor de Lima, Aron Espinoza Velarde, vuelve a cuestionar la gestión municipal del alcalde metropolitano Rafael López Aliaga y acusó a éste por múltiples razones, entre ellas de preocuparse más por su campaña presidencial en lugar de inaugurar alguna obra emblemática en 25 meses de gestión ininterrumpida.
Asimismo, por haber endeudado irresponsablemente con S/5 mil millones a la comuna capitalina con el fin de tener caja para publicitar una obra que ni siquiera tiene expediente técnico, la Vía Expresa Sur, en la que trata de amedrentar a un juez por haber concedido una medida cautelar en favor de varios vecinos de un Asentamiento Humano de San Juan de Miraflores y que a pesar de ser propietarios fueron despojados de sus casas porque éstas fueron demolidas por orden del alcalde Rafael López Aliaga.
Regidor critica que alcalde López Aliaga no respeta la propiedad de los demás
En conversación con Exitosa, el regidor Espinoza Velarde también criticó que López Aliaga a través de la Municipalidad denunciara al juez Javier Paredes Salas por presunto prevaricato y usurpación de funciones, luego de que dictara una medida cautelar que suspendía las obras de la Vía Expresa Sur.
«Ha declarado en emergencia la Vía Expresa Sur y ha encargado a EMAPE la demolición, pero le puso el alto un juez y lo único que hace es amedrentarlo. Sabemos que la obra es importante, pero ¿Qué hacemos si no respetamos la propiedad de los demás? Si no tenemos expediente técnico, ¿Cómo podemos saber el trazo real de esa obra?», denunció Espinoza.
López Aliaga en su segundo año de gestión demuestra su incapacidad
El regidor de Lima también indicó que el burgomaestre Rafael López Aliaga está demostrando su incapacidad al no entregar una obra emblemática y apuntó que el burgomaestre solo inaugura «obras pequeñas» como escaleras o losas deportivas en distritos de la capital y que además organiza grandes convocatorias con inauguraciones incluidas para presentar los grandes logros de estas “obras”.
«La incapacidad del alcalde de Lima se demuestra al no entregar, en su segundo año de gobierno, una obra emblemática que tenga el sello de Rafael López Aliaga. Lo que hace para tapar esa incapacidad de ejecución de obra, es inaugurar obras pequeñas como escaleras, losas deportivas, etc. Hace toda una gran convocatoria como si fuera una gran obra», señaló.
López Aliaga endeudó a Lima por S/5 mil millones
En esa misma línea, Aron Espinoza afirmó que los próximos 4 o 5 gobiernos pagarán la deuda que estaría dejando Rafael López Aliaga. Posteriormente, calculó que la deuda ascendería a S/5 mil millones.
«Nos hemos sobreendeudado. Hay que decirles a los limeños que los próximos 4 o 5 gobiernos, de los próximos alcaldes, pagarán la deuda que hoy ha comprometido Rafael López Aliaga, irresponsablemente. Son más de S/5 mil millones de soles (…) Esa obra (Vía Expresa Sur) también ha sido parte del gran endeudamiento que ha tenido la Municipalidad», aseveró.
El alcalde López Aliaga está enfocado en su campaña presidencial y no gobierna la ciudad capital
Finalmente, el regidor metropolitano manifestó que el burgomaestre de Lima está pensando en su campaña presidencial y no en gobernar la capital, por la que fue elegido.
«El señor está pensando en su campaña presidencial y no está pensando en gobernar Lima, por lo que fue elegido. No puede ser posible que un alcalde esté pensando en cómo se ve haciendo una obra y que esto le sirva de plataforma para ser el próximo candidato presidencial», culminó.
Pidieron a Contraloría que intervenga a la MML por financiamiento de la ‘Marcha por la Vida’
Como se recuerda, a inicios del mes de diciembre del 2024, el regidor Aron Espinoza denunció que desde las redes institucionales de la comuna metropolitana pretendieron lavarse la cara, porque anteriormente ellos eran promotores de la ‘Ley Cavero’ y también solicitó la intervención de la Contraloría por el presunto mal uso de fondos públicos para costear la denominada ‘Marcha por la vida’.
En aquel momento, el regidor criticó las acciones que venía realizando el alcalde de Lima Rafael López Aliaga y afirmó que el burgomaestre, estaba desesperado por levantar su popularidad porque estaba más preocupado en su campaña presidencial. En tal sentido, pidió que la Contraloría General de la República investigue el financiamiento de la Municipalidad Metropolitana para la ‘Marcha por la Vida y Familia’.
MML gastó más de S/9 mil en materiales para la ‘Marcha por la Vida y la Familia’
La Gerencia de Desarrollo Humano, mediante la Subgerencia de la Mujer y Familia de la Municipalidad de Lima, adquirieron miles de globos, matracas y silbatos por más de S/9 mil, con el dinero de los tributos de todos los vecinos de Lima para una marcha de color “celeste” que se desarrolló el pasado sábado 7 de diciembre del 2024.
Según la web de Convocatorias para Compras, que no sobrepasen las 8 UIT, el 04 de diciembre, la MML pidió una cotización para la compra de materiales para la ‘Marcha por la Vida y la Familia’, por el número de 1mil banderines, 2 mil globos, 30 cientos de globos pencil, 500 matracas, 500 silbatos, y otros materiales que fueron utilizados por los manifestantes durante la marcha.
Sin embargo, a la fecha esta acción continúa pasando desapercibida y la Contraloría no ha emitido ningún informe al respecto.
🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el regidor de Lima, Aron Espinoza, acusó al alcalde Rafael López Aliaga de endeudar a la MML. "Los próximos cuatro o cinco gobiernos pagarán la deuda de más de 5 mil millones", indicó.
Reasignan al capitán ‘Culebra’ a Moquegua para que cumpla funciones como policía comunitario [VIDEO]
Capitán PNP Junior Izquierdo es uno de los principales testigos en las investigaciones contra el ministro del Interior Juan José Santiváñez, quien habría ordenado el cierre de la DIVIAC, así como realizar seguimiento al comunicador Marcos Sifuentes.
Lo mandaron lejos. La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) designó al capitán Junior Izquierdo Yarleque, alias “Capitán Culebra”, como policía comunitario en Moquegua.
Esta resolución firmada por el general Víctor Zanabria, se emite poco después de que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, se negara a entregar su cuenta de iCloud a la Fiscalía de la Nación, en el marco de una investigación en su contra.
El documento oficial justifica la reasignación de los oficiales subalternos de armas y servicios por la “causal de necesidad de servicio”. Sin embargo, este movimiento ha generado dudas sobre sus motivaciones, dada la situación que involucra al ministro Santiváñez.
“Reasignar cargos a los Oficiales Subalternos de Armas y Servicios de la Policía Nacional del Perú, por la causal de necesidad del servicio, con costo y sin costo para el Estado conforme a los anexos 1 y 2 que forman parte de la presente resolución”, se lee.
Antes de su reasignación, el capitán Izquierdo trabajaba en la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, gestionando operaciones de emergencia y seguridad pública sin contacto directo con la comunidad. Ahora, como policía comunitario en Moquegua, se enfocará en patrullajes a pie, sensibilización y colaboración con líderes locales para prevenir delitos.
Este cambio se produce en medio de las investigaciones que señalan al ministro Santiváñez por haber solicitado al capitán Izquierdo intervenir en el control del comunicador Marco Sifuentes.
Como se sabe, Izquierdo divulgó audios que, implicarían a Santivañez en comprometedoras conversaciones. En estos audios, se escucharía al ministro mencionar que la presidenta Dina Boluarte le habría ordenado disolver la División de Investigación de Alta Criminalidad (Diviac) para tomar el control del Ministerio del Interior. Además, se sugiere que existía una relación cercana entre ambos.
PJ ordena la liberación de José Nenil Medina, ex alcalde de Anguía [VIDEO]
Ex alcalde vinculado con Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.
Suelto en plaza. El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la libertad del exalcalde de Anguía en Cajamarca, José Nenil Medina Guerrero, quien es investigado por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.
«Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordena la libertad del investigado José Nenil Medina Guerrero e impone las siguientes restricciones: no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles», se puede leer en la resolución.
Además, el tribunal le impuso restricciones como no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles.
El exalcalde de Anguía cumplía 30 meses de prisión preventiva como parte de la investigación por presuntamente ser parte de la red criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda.
De acuerdo con la investigación fiscal, Medida Guerrero era miembro del denominado Gabinete en la Sombra del expresidente, Pedro Castillo, actuando como operador de una presunta red criminal.
Se le acusa de participar en negociaciones ilícitas para asegurar presupuesto de obras en Cajamarca, particularmente a través del Ministerio de Vivienda, recibiendo presuntas coimas a cambio de adjudicaciones.
En enero del año pasado, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor del exalcalde de Anguía y anuló el mandato de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, un mes después la Tercera Sala Constitucional de Lima revocó el habeas corpus que dejaba sin efecto su reclusión.
Mentirosa y plagiadora. El Ministerio Público concluyó que el libro “Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, de coautoría de la actual jefa de Estado, Dina Boluarte, se detectaron “párrafos completos” extraídos de otros autores sin su consentimiento.
Cabe precisar que el delito de plagio ya prescribió, sin embargo, la Fiscalía ordenó retirar todos los ejemplares de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), así como la anulación definitiva de su registro legal.
De acuerdo a peritajes técnicos realizados con la colaboración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se constató la reproducción de párrafos completos de textos originales en el libro. No obstante, las diligencias no pudieron continuar debido al tiempo transcurrido desde la publicación, hace 19 años. La normativa vigente permite investigar casos similares solo dentro de un plazo de 12 años.
El proceso fiscal fue impulsado tras una denuncia periodística en el programa Punto Final que señalaba presunto plagio en la obra. El fiscal Miguel Puicón Yaipén lideró las indagaciones, que incluyeron entrevistas con los supuestos coautores del libro y un análisis técnico. Según informó el citado medio, su unidad de investigación pudo confirmar que el Ministerio Público sí corroboró plagio en la obra de la jefa de Estado. “Se advierte de la reproducción de párrafos exactos de los textos originales”.
Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito obligó a las autoridades a archivar el caso penal. La Fiscalía explicó: “El transcurso del tiempo habilita la prescripción del presente caso, circunstancia que imposibilita continuar con las diligencias”. Pese a esto, se adoptaron medidas administrativas como el retiro del libro de la Biblioteca Nacional del Perú, instruyendo además la anulación de su registro.
Por su parte, los abogados Luis Gavancho, Carmen Rivera y María Chávez, supuestos coautores de la obra, manifestaron no haber aprobado el texto final de la obra, pues solo se llegó a considerar una publicación conjunta, la cual nunca se concretó.
Presentan proyecto de ley que obliga a los policías someterse a pruebas psicológicas trimestrales
La iniciativa presentada en el Congreso busca la estabilidad emocional de los agentes policiales, considerando que en los últimos años su salud mental se ha ido menoscabando. Por lo que se han reportado múltiples casos de efectivos involucrados en feminicidios, abusos sexuales, extorsión y redes criminales.
Ya no es secreto para la opinión pública que la salud mental de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha visto menoscabada en los últimos tiempos por acciones antijuridicas, no solo ligadas a actos de corrupción; sino a graves delitos penales, como la violación sexual, el feminicidio, y pertenecer a bandas criminales, bajo el ropaje de un uniforme policial. Debido a estas razones, desde el Congreso proponen establecer de manera obligatoria una evaluación psicológica y periódica para todos los miembros de la Policía del Perú, mientras se encuentren en servicio activo.
De esta manera, la legisladora de la bancada de Perú Libre, María Agüero, ha presentado la propuesta legislativa N° 9928/2024-CR que busca implementar las pruebas psicológicas obligatorias para los miembros de las fuerzas del orden. La iniciativa, establece que los aspirantes a ingresar a la PNP deberán aprobar una evaluación psicológica como requisito indispensable para su admisión; aunque este requisito ya se encuentra incluido en la malla de evaluaciones al inicio de una postulación. Pero, además, se estipula que los policías que se mantengan en servicio activo se sometan a pruebas psicológicas trimestrales.
Se crearía la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’
La iniciativa legislativa también contempla la creación de la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’, que será la encargada de desarrollar, coordinar, implementar y supervisar el sistema de evaluaciones periódicas para todos los agentes de la institución policial. Este órgano será quien vele por la salud mental de todos los efectivos policiales, con el propósito de que se mantengan aptos mentalmente para el desempeño de sus funciones.
Policías que presenten diagnósticos con problemas de salud mental serán tratados
En caso de que un efectivo de la Policía presente indicios de trastornos emocionales graves, la propuesta legislativa establece su derivación a un tratamiento especializado. Pero, si el agente se niega a recibir el tratamiento psicológico, su actitud será considerada como una infracción disciplinaria, con las consecuencias que ello conlleve, como una sanción drástica.
El Congreso debatirá la propuesta legislativa
La parlamentaria Agüero sostiene que esta medida busca garantizar la integridad y eficacia de la institución policial, asegurando que sus efectivos puedan contar con la estabilidad emocional necesaria para enfrentar las exigencias de su labor diaria. «Es fundamental que nuestros policías estén en óptimas condiciones psicológicas para servir y proteger a la ciudadanía», sostuvo.
Mientras tanto, el proyecto de ley se encuentra en debate en las comisiones correspondientes del Congreso, donde se evaluará la viabilidad y las posibles modificaciones que requiera antes de ser sometido a votación en el pleno. Y de ser aprobado, marcaría un cambio importante en las políticas de recursos humanos de la Policía Nacional del Perú.