Tras el nuevo escándalo revelado en un programa dominical, en el que se revela que el programa Qali Warma distribuía en colegios de Ayacucho las conservas Don Simón, de la empresa Frigoinca, que no eran aptos para consumo humano sino para animales, y que no solo involucran al director de dicho programa escolar alimentario, Pedro Jonel Ripalda Ramírez, sino, al propio ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, el congresista de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, criticó al programa Qali Warma y subrayó la importancia de investigar a fondo estas nuevas denuncias sobre la distribución de alimentos no aptos para los niños.

El legislador, señala que las personas responsables de poner en riesgo la salud pública deben ser tratadas con severidad, sugiriendo que las penas sean tan duras como las de un crimen o cadena perpetua.

“Una persona que juega con la salud de la población no tiene nombre es como un asesino. Eso es lo que sucede cuando hay personas que tienen esa manera de ganar dinero de manera sucia», aseveró Montoya Manrique. 

Asimismo, el legislador de ‘Honor y Democracia’ hace un llamado a la Comisión de Fiscalización del Congreso para interpelar al ministro Julio Demartini y, si es necesario, censurarlo.

“La Comisión de Fiscalización debería citar al ministro y previo a una interpelación que es necesario. Yo creo que en este caso debe llamarse a los responsables del sector como primer responsable. Es un tema de suma importancia que tiene muchas aristas”, sostuvo.

Asimismo, menciona al actual vocero presidencial Freddy Hinojosa, quien era director del programa cuando se dieron los permisos para la distribución de los alimentos, sugiriendo que debe rendir cuentas.

Jaime Quito exige la renuncia del ministro Julio Demartini

Por su parte, el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, también se pronunció respecto a este nuevo escandalo de Qali Warma y exige la inmediata renuncia del ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, así como del director de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) Mario Troyes Rivera y pide fuertes sanciones contra todos los responsables de este nuevo escándalo de las conservas toxicas distribuidas a los niños por el programa social, por considerarse un grave caso de negligencia que sigue afectando a miles de niños.

Si en el Congreso de la República se instaurara un sueldo por rendimiento o pago por comisiones muchos de sus representantes estarían con los bolsillos vacíos debido a su pobre o nula participación en el mejoramiento del país. Las encuestas lo dicen y el sentir de la población respalda la poca popularidad de los parlamentarios. Pese a ello, mes a mes y sin mucho esfuerzo reciben en sus cuentas bancarias sus sueldos con beneficios, monto que bien podría rescatar a una familia con escasos recursos económicos.  Y pensar que existen legisladores que les queda chico su sueldo.

En tan solo un mes, los denominados ‘padres de la Patria’ percibirán la envidiable suma de 46 mil soles, algo equivalente a más de 45 sueldos mínimos, monto que muchos peruanos estarán familiarizados, pues eso es lo que ganan al mes trabajando más de ocho horas diarias.

Los conceptos que integran este monto incluyen salario, gratificación, asignación por función congresal, tarjeta navideña y la semana de representación.

El monto asignado se incrementó respecto al año pasado, cuando el total percibido por los congresistas en diciembre alcanzaba los S/43,200. Este año, los 130 parlamentarios recibirán en conjunto más de S/6 millones, un incremento significativo en comparación con los S/4.47 millones desembolsados en diciembre de 2022. La tarjeta navideña de S/1,700, una de las asignaciones más comentadas, se mantiene igual, pero el aumento se explica por el ajuste en otros conceptos.

El debate sobre las remuneraciones de los congresistas reaviva la discusión sobre la necesidad de medidas que ajusten los ingresos de los altos funcionarios al contexto económico del país. Sobre todo en nuestro país que aún enfrenta los efectos de la recesión este tema no solo genera indignación, sino que también resalta la urgente necesidad de replantear las prioridades presupuestales y políticas en beneficio de la mayoría.

¿Habrá blindaje? Hoy la Comisión de Ética del Congreso de la República presidida por el parlamentario Álex Paredes evaluará si procede con la denuncia contra su colega de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez, por el denominado caso ‘Mochasueldos’, según el expediente N.º 190-2024-2025/CEP-CR.

La sesión se llevará a cabo a las 5 p.m. en la Sala Miguel Grau. Como se sabe, Agüero Gutiérrez es acusada de haber recortado parte de los sueldos de sus trabajadores en beneficio propio. En tal sentido, la parlamentaria está siendo investigada por el Ministerio Público, que también ha señalado como implicados a dos de sus extrabajadores.

Dictaron 18 meses de prisión preventiva contra exasesores de ‘Mochasueldo’ María Agüero

El Poder Judicial (PJ) dictó 18 meses de prisión preventiva contra los exasesores de la congresista de Perú Libre, María Agüero, por el caso ‘Mochasueldos’. La medida se impuso a través del Noveno Juzgado Penal Nacional, contra Edson Flores y César de la Cruz, extrabajadores de la parlamentaria, quienes son investigados por los delitos de concusión y otros. Asimismo, el Poder Judicial indicó que, en el caso de Flores, se dispuso su inmediata reclusión en un centro penitenciario, mientras que, ordenaron la captura de De La Cruz, al encontrarse no habido. Como se recuerda, según una investigación periodística reveló que un trabajador de confianza de la congresista de la República, María Agüero, habría recibido una suma que asciende los S/27 mil, producto de recortes de sueldos a miembros del despacho de la parlamentaria.

Comisión de Ética también verá casos de Portalatino, Alcarraz, Espinoza y Gutiérrez Ticona

La Comisión de Ética también verá el informe de Calificación del Expediente N.º 184-2024-2025/CEP-CR, seguido contra la congresista Kelly Portalatino, quien es investigada por utilizar a sus trabajadores para que recolecten afiliados a Perú Libre.

Asimismo, se continuará la audiencia con el Expediente N.º 174-2023-2024/CEPCR seguido contra los congresistas Darwin Espinoza y Kira Alcarraz, así como, con en el Expediente N.º 179-2023-2024/CEP-CR, seguido contra el parlamentario Paul Gutiérrez Ticona.

Bien dicen que ‘a caballo regalado no se le mira el diente’, sin embargo, cuando se trata de alimentos destinados a los niños más vulnerables bien vale revisar de arriba a abajo qué es lo que se llevan a la boca los más indefensos.

Tras la denuncia contra el programa Qali Warma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sobre el expendio de carne de caballo que se hacía pasar por la de res, ahora sale a la luz otro nuevo escándalo que compromete aún más a sus directivos.

Un informe detallado del dominical ‘Punto Final’ reveló que la empresa Frigoinca habría dado como donativo alimentos en mal estado que eran destinados tanto para menores de edad como a perros; sí, leyó bien, a perros.

De acuerdo al citado medio periodístico, el programa Qali Warma distribuía en colegios de Ayacucho las conservas Don Simón, de la empresa Frigoinca, que no eran aptos para consumo humano sino para animales.

Kimberly Hernández, representante del refugio de animales ‘Entre Patas’ en Chepén, señaló en el reportaje que la misma empresa se comunicó con ella para ofrecerles, como donación, 64 579 conservas de carne y cerdo ‘Don Simón’ con la especificación directa que era alimentos solo para animales domésticos. 

Lo que señala ‘Punto Final’ es que los productos que la empresa dio al albergue de mascotas provenía del mismo lote de producción que Qali Warma tenía destinado para los colegios de Ayacucho. 

Esta impactante revelación no se habría dado si no fuera por el testimonio de una persona que les brindó un teléfono con las pruebas suficientes del caso. Esa persona, según el dominical ‘Cuarto Poder’ era Noemí Alvarado Llanos, quien denunció que Frigoinca habría estado entregando esos productos defectuosos desde el año 2021.

Además, la testigo señaló a Víctor Salazar, quien fue funcionario del programa Qali Warma hasta diciembre de 2022, y a Freddy Hinojosa Angulo, actual vocero de la Presidencia, de ser cómplices en este presunto caso de corrupción, otorgando favores a la empresa Frigoinca.

El reportaje afirma también que esto fue un ‘encubrimiento’ por parte de Frigoinca porque usaron esta modalidad para desaparecer de sus plantas todos los productos defectuosos, a fin de evitar que Digesa los revisara. 

Mario Troyes, director general de Digesa, manifestó en el reportaje que no puede afirmar que la empresa se haya negado a la revisión de los productos o que no hubieran encontrado las conservas defectuosas. 

Según ‘Punto Final’, la empresa Frigoinca tenía procesos sancionadores desde 2021 en Digesa tras detectárseles materias extrañas en las conservas.

Tras días de dilatación, el juez Richard Concepción Carhuancho decidirá este lunes 18 de noviembre si dicta o no 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en medio de la investigación que se le sigue por el caso ‘Los waykis en la sombra’. Entre tanto, el abogado Luis Vivanco, defensa del hermano de la presidenta, informó en dos oportunidades que no logró comunicarse con su patrocinado. Es decir, Boluarte Zegarra, no compareció este lunes a la audiencia del Poder Judicial. No obstante, el juez Concepción Carhuancho simplemente registró su ausencia.

Asimismo, se definirá la situación legal del exdirector General de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Jorge Luis Ortiz Marreros, así como contra Jorge Chingay Salazar, amigo de Nicanor Boluarte y contra Zenovia Griselda Herrera Vásquez, para quienes se pide la misma medida restrictiva de 36 meses de encierro preventivo.

El magistrado Concepción Carhuancho dictará su decisión respecto a estos cuatro investigados tras haber culminado la evaluación del requerimiento que hizo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder para imponer 36 meses de prisión preventiva contra estas cuatro personas como parte de la investigación preparatoria que se les inició por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado.

Concepción Carhuancho rechaza aplicar Ley 32108 en caso ‘Waykis en la Sombra’

En el marco de la investigación, Concepción Carhuancho decidió no aplicar la Ley 32108, una norma que regula el crimen organizado, en el proceso que afecta a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta y otros tres involucrados, quienes enfrentan una solicitud de prisión preventiva por cargos de organización criminal y tráfico de influencias.

Asimismo, el juez destacó que el delito de organización criminal debe regirse por la ley anterior y no por la recientemente aprobada por el Congreso. Además, denunció que la nueva norma contravendría la Constitución Política del Perú y a la Convención Americana de Derechos Humanos.

“El juzgado ha llegado a la conclusión que el delito de organización criminal debe regirse por el artículo 317° del Código Penal, modificado por Decreto Legislativo 1244. Ley anterior, no pudiendo aplicarse la Ley 32108, la ley posterior, a pesar de ser más favorable a los investigados, por ser contrario a la Constitución Política del Perú y a la Convención Americana de los Derechos Humanos, en aplicación del control difuso y del control de convencionalidad”, enfatizó Concepción Carhuancho.

El juez Concepción Carhuancho también informó que al finalizar la lectura de su resolución dará a conocer cuando emitirá su fallo, respecto al pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el abogado Mateo Castañeda y el exprefecto Regional de Cajamarca, Noriel Chingay Salazar, quienes también son investigados en el caso ‘Los waykis en la sombra’.

Según la tesis fiscal, esta presunta organización criminal que estaría encabezada por Nicanor Boluarte, habría captado a personas alineadas a los intereses de esta red criminal para luego colocarlas en puestos clave de entidades del Estado como Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional, así como el Instituto Peruano de Deporte (IPD) y Provias Descentralizado.

El último capricho de ‘Porky’. El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Rafael López Aliaga, firmó el pasado sábado 16 de noviembre un acuerdo con la operadora ferroviaria estadounidense Caltrain para la donación de “19 locomotoras diésel – eléctricas y 90 vagones de dos pisos”, los cuales serán destinados para el transporte público de Lima.

Esa ceremonia contó con la presencia del secretario de Estados Unidos, Antony Blinken; la embajadora de EE.UU. en el Perú, Stephanie Syptak-Ramnath; el ministro de Transportes Raúl Pérez-Reyes; también otros funcionarios de la municipalidad de Lima.

Sin embargo, la MML asumirá los gastos derivados de esta donación que superan los 24 millones de dólares, según se aprobó en la última sesión del Concejo Municipal el pasado miércoles.

Estos detalles de la donación figuran en el Acuerdo de Concejo N° 419 de la Municipalidad de Lima, publicado el último jueves en el Diario Oficial El Peruano.

Un día antes, dicha transacción fue aprobada en sesión de Concejo Municipal, con 20 votos a favor y 4 abstenciones, después de que la regidora Giuliana Calambrogio Correa realizara la sustentación de los dictámenes.

En la intervención, Calambrogio Correa dijo que el informe indicaba que la Municipalidad de Lima “asumiría un gasto aproximado de $ 24.5 (millones): 7.5 por gastos y 17 por traslado”.

Calambrogio agregó que “17 millones de dólares” serán destinados para el transporte “de recogerlos allá en California y poderlos tener aquí”; mientras que los otros 7 millones “hay que entender el tema del almacenamiento, pero no solo eso sino el papeleo interno que en cualquier donación se realiza, que haya traspaso de títulos, se tiene que pagar abogados y notarías porque es parte de lo que estamos asumiendo, nos están dando un activo muy grande, que está rondando los 90 millones, a un precio ínfimo”.

Sin embargo, el regidor Julio Gagó cuestionó que se trate de una donación debido a los gastos que la municipalidad deberá asumir.

“No he encontrado en este informe un criterio técnico, que haya personas que conozcan este tipo de equipos y que hayan ido a inspeccionar esta mercadería y nos diga en este informe que la mercadería está en muy buenas condiciones, que todo viene operativo”, refirió.

Cuestionan competencias de la MML para la adquisición de vagones de tren

Por su parte, en entrevista para Exitosa, el ex regidor municipal Jorge Valdez exhortó a la Contraloría por la adquisición de los vagones de tren, considerando que se trataría de una malversación de fondos, así como las competencias de la MML respecto a que no serían la autoridad idónea para temas de transporte urbano.

Valdez detalló que la MML no debería estar detrás de este tipo de acciones, de lo contrario, debería verificar la limpieza pública, seguridad y otros aspectos.

«¿La Municipalidad de Lima es competente o no en tema de transporte urbano? La respuesta es que no, la MML ya no tiene a su cargo el transporte urbano. (…) Ojo ahí a la Contraloría, porque desde mi punto de vista, podría tratarse de una malversación de fondos. Porque en el Estado, cuando tú destinas un dinero para una función que no corresponde, podría haber una malversación por parte de la municipalidad», puntualizó. 

Récord histórico nunca antes visto en la política peruana. Según la última encuesta de Datum, en noviembre solo el 3% de peruanos aprueba la gestión de la presidenta de la República Dina Boluarte. Mientras tanto, la desaprobación a su mandato alcanzó un contundente 94%.

Según precisó Urpi Torrado, gerente general de la encuestadora, la gestión de la jefa de Estado se redujo en dos puntos en comparación de octubre (5%). Además, es la peor calificación que ha recibido la jefa de Estado en lo que va del año.

El factor ‘Santiváñez’ y las ‘clases virtuales’ de escolares fueron el detonante

De acuerdo a las cifras de Datum, la aprobación ha empezado a ir en picada desde octubre del año pasado. Es así como, en un año, Boluarte Zegarra pasó de 11% de aprobación (noviembre 2023) a solo 3%. Cabe precisar que, a partir de junio de este 2024, la opinión popular sobre su gestión fluctuaba entre el 5% y 6% de apoyo.

No obstante, en noviembre según Torrado, la cifra descendió debido a factores como la creciente inseguridad que no ve respuestas en el actual ministro del Interior Juan José Santiváñez, porque cada vez que responde a la prensa asevera que todo está bien en materia de control de la delincuencia. Asimismo, otros dos factores fueron los que impulsaron esta vertiginosa caída, como es el caso, de la imposición de clases virtuales para los estudiantes, pese a que la mayoría no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios, así como por falta de conectividad a internet. Y el tercer factor, se debe a la decisión de la mandataria, al haber instaurado tres días no laborables, debido a la realización del reciente APEC.

Desaprobación de Dina Boluarte no para de crecer

En tanto, durante este año 2024, su desaprobación no deja de incrementarse. En enero Boluarte recibió un 85% de desaprobación, sin embargo, en noviembre ha alcanzado el 94%. Al igual que su aprobación, a partir de junio las cifras se mantenían bastante similares alrededor del 91% y 92%, hasta este mes que volvió a incrementar.

Asimismo, el norte del Perú y Lima – Callao son las localidades que peor califican la gestión de la presidenta apurimeña con (94%). Por otro lado, el centro y sur del país, desaprueban a la mandataria con un 93%; mientras que, en el oriente, el 90% no está de acuerdo con su gobierno.

Opinión popular desaprueba gestiones del Premier y del MEF

En el caso del premier Gustavo Adrianzén, la desaprobación asciende al 81% y su aprobación se redujo al 6% en noviembre. En junio de este año las cifras eran muy distintas: 72% estaba en contra de la gestión del premier y el 8% está a favor de esta. Respecto al ministro de Economía, el 75% desaprueba su trabajo dentro de la cartera del MEF y apenas el 10% sí lo aprueba.

Hoy la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Stella Mera Gómez, anunció un peculiar acuerdo sostenido entre Perú y Japón. El trato entre ambas naciones consiste en el otorgamiento de visa para el libre ingreso de nuestros ciudadanos al país asiático, pero únicamente será viable en tres casos específicos.  

¿Cuáles son los tres casos que permitirán a los ciudadanos peruanos ingresar a Japón?

Durante entrevista con Exitosa, desde los interiores del Ministerio de Cultura (Mincul), donde se viene desarrollando el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la funcionaria del Mincetur Mera Gómez detalló que el acuerdo logrado con Japón consiste en la exención de visas por tres años, específicamente para diplomáticos, hombres de negocios y una categoría adicional que posteriormente el Ministerio informará.

«Nos hemos puesto de acuerdo para que nos concedan la exención de visas por tres años (…) para diplomáticos, personas de negocios y una categoría más», declaró la viceministra.

Asimismo, Mera Gómez descartó que en el acuerdo se haya aceptado la visa de turista; sin embargo, dejó la posibilidad que si el «piloto» que están poniendo en marcha logra funcionar de maravillas, entonces puede sentar un antecedente para la exención del documento requerido.

«No, no es la visa de turista. Esperamos que, si este piloto funciona de maravillas, puede ser un antecedente para que se pueda solicitar la exención de visa de turista en tres años», agregó durante la entrevista.

TLC con China no implica modificaciones  

Por otro lado, la viceministra de Comercio Exterior habló sobre al Tratado de Libre Comercio (TLC) con República Popular de China, afirmando que ello no implicaría modificaciones legales o algún tema de derechos humanos.

«Los acuerdos comerciales, no todos necesariamente pasan por el Congreso. La Constitución establece cuáles son estos supuestos, tratados que tienen nada que ver con temas tributarios, derechos humanos o que impliquen cualquier modificación legal», concluyó.