¿En qué momento legislarán a favor del país? El pasado 2 de julio, el congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) presentó el Proyecto de Ley (PL) n.° 11822/2024-CR, que busca modificar artículos sustanciales de la Ley 26834, conocida también como la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

De acuerdo con el texto, se propone modificar nueve artículos e incorporar tres disposiciones complementarias. Los cambios que se proponen abren la posibilidad de que se realicen actividades extractivas en áreas protegidas, donde actualmente están prohibidas.

Entre las modificaciones se busca permitir la explotación de recursos en parques nacionales y santuarios nacionales e históricos y otorgar mayor injerencia en estas áreas por parte del Ministerio de Energía y Minas, institución responsable de la extracción de hidrocarburos en el país.

El PL presenta como justificación la posibilidad de generar el aumento del canon y sobrecanon que sirvan para el cierre de brechas sociales y de infraestructura. La propuesta se encuentra actualmente en las comisiones de Energía y Minas y de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

No es la primera vez que se pretende cambiar la norma que rige para las áreas protegidas. En 2023, una propuesta del Ejecutivo planteaba modificar nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas para abrir estos espacios a la exploración y explotación de gas y petróleo. Sin embargo, la norma no fue aprobada.

Diversas instituciones civiles y de pueblos indígenas se han manifestado en contra de esta nueva propuesta. “Con esta modificatoria de la ley se legalizaría la extracción de hidrocarburos en espacios intangibles. Sería un impacto grave no solamente a la diversidad biológica, sino que también se promueve un retroceso y debilitamiento de toda la normativa ambiental”, señala Vanessa Cueto, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

En un análisis legal publicado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se señala que se trata de un PL inconstitucional que debe ser archivado porque “constituye un retroceso para la institucionalidad ambiental de nuestro país y una vulneración al derecho humano a un ambiente sano y equilibrado”, por lo que considera que debería “ser observada por el Ministerio del Ambiente”.

Los cambios que ponen en riesgo las áreas protegidas

La nueva propuesta de ley indica que cuando el desarrollo de un proyecto para la extracción de recursos renovables o no renovables sea declarado de necesidad pública e interés nacional se permitiría su explotación, así como la modificaciones y transformaciones de la zona.

Otro de los cambios se refiere a la creación y modificación legal de las áreas protegidas. En la ley vigente se indica que “la reducción física o modificación legal” de un área natural protegida “solo será aprobada por ley”. En el nuevo proyecto de ley las modificaciones en las áreas protegidas serán aprobadas por decreto supremo y refrendadas por “el ministro del Ambiente y por uno o más ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan”.

Además, en el caso de áreas protegidas marinas, “donde sea posible el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos”, lo debe refrendar el ministro de Producción. En el caso de que las áreas naturales protegidas “incluya áreas donde exista evidencia de la presencia o el posible aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos, incluyendo las áreas promocionales y otras de similar naturaleza en cualquier parte del territorio nacional”, también lo deberá refrendar el ministro de Energía у Minas.

Una tercera modificación que se cuestiona tiene que ver con la aprobación del plan maestro de cada área protegida. Se propone que la aprobación de este plan de gestión, así como de sus modificaciones y actualizaciones, cuente con la opinión del ministro de Energía y Minas cuando exista evidencia de la presencia o del posible aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos.

La SPDA también cuestiona la participación del ministerio en los procesos de creación, aprobación y modificación de las áreas protegidas y señala que incluir a este ministerio significa “colocar una presión sobre gran parte del territorio nacional, reduciendo procesos técnicos a procesos politizados”.

La organización también señala que la creación de un área protegida es reconocida internacionalmente como herramienta de conservación importante, por lo que establecer medidas de este tipo contradice la postura del Estado peruano para dar cumplimiento a las metas internacionales de conservación, como el Convenio de Diversidad Biológica.

En la zona de Gambetta Alta, en el Callao, decenas de familias viven a escasos centímetros de los rieles por donde circulará el tren de pasajeros recientemente traído desde Estados Unidos. Este convoy forma parte del anunciado servicio ferroviario Lima–Chosica. Sin embargo, la proximidad de las viviendas a la vía férrea —menos de un metro en algunos casos— incumple abiertamente la norma técnica, que exige una franja de seguridad de al menos 20 metros a cada lado.

Cuarenta años en terreno público

Los vecinos reconocen haber ocupado el terreno de manera informal desde hace décadas, incluso antes de que existiera el proyecto de reactivación del tren. No cuentan con títulos de propiedad, pero afirman que ninguna autoridad se ha acercado a informarles qué ocurrirá ahora que el tren de pasajeros podría comenzar a operar con mayor frecuencia.

“Nadie nos ha dicho nada. No sabemos si nos van a desalojar ni cuándo. Estamos en el limbo”, declaró un residente.

Acostumbrados al riesgo

Aunque la cercanía al tren siempre ha representado un peligro, los vecinos del Callao afirman que ya estaban habituados. Relatan que cuando el tren pasaba, cerraban puertas y se mantenían dentro de casa. Sin embargo, en el pasado ya se han producido accidentes, incluso con consecuencias fatales para personas y animales.

“Siempre hemos tenido cuidado, pero si este nuevo tren pasa cada hora, no sabemos qué puede pasar”, alertó un morador.

El tren donado por la empresa Caltrain, de mayor tamaño y diseñado para transporte de pasajeros, podría operar con una frecuencia mucho mayor, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en tramos sin cercos ni señalización mínima.

“Es más ancho, y si uno está cerca, lo puede arrastrar”, advirtió un vecino.

Hasta ahora, ni el Ministerio de Transportes, ni las autoridades locales del Callao han informado sobre planes de mitigación, reubicación o medidas de seguridad. Los vecinos afirman estar dispuestos a dialogar y reconocer su condición de ocupantes informales, pero exigen información clara y anticipada. Temen que, si no se actúa pronto, la puesta en marcha del tren termine en una tragedia evitable.

La exprimera ministra Betssy Chávez Chino anunció el inicio de una huelga de hambre absoluta desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva por su implicación en el caso del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En una carta difundida, la también exministra de Cultura y Trabajo acusa «actos ilegales, arbitrarios y humillantes» al interior del establecimiento penitenciario femenino, los cuales —según sostiene— vulneran sus derechos fundamentales. Chávez, sindicada como presunta coautora del delito de rebelión, denuncia haber sido víctima de hostigamientos sistemáticos.

Entre los agravios señalados, afirma que se le prohíbe el uso de los baños los fines de semana, se le restringe el tránsito por los pasadizos del penal y no se le permite recibir la visita de su defensa legal de lunes a jueves. Además, asegura que también se le ha limitado la visita ordinaria de familiares y amigos.

Cabe recordar que, a inicios de julio, Chávez Chino denunció intentos de chantaje sexual y cobros de cupos dentro del penal, sin que hasta el momento se conozcan avances concretos en esas investigaciones.

Con esta medida de protesta, la exprimera ministra busca llamar la atención sobre las condiciones de su detención y exigir un alto a lo que califica como tratos degradantes e injustificados.

Betssy Chávez denunció ser víctima de chantaje s3xual y corrupción en penal anexo Mujeres de Chorrillos. pic.twitter.com/4H9gbdUORp

— Revista Lima Gris (@Limagris) July 11, 2025

Van y vienen, pues no les ata una ideología política definida y tampoco pertenecen a una escuela definida de pensamiento. Sí, la mayoría de nuestros congresistas saltan de bancada y bancada hasta encontrar una que les brinde las posibilidades de seguir creciendo en cuanto a sus intereses personales. Atrás quedaron aquellos bloques claramente definidos de izquierda, centro o derecha, donde los contrapuntos eran el tema central, y no los escándalos de cada uno de nuestros ‘padres de la patria’.

Ya faltan pocos días para la elección de una nueva Mesa Directiva en el Congreso y ya varios legisladores vienen analizando la posibilidad de ser parte de lo que será la última de este mandato. De esta manera, el parlamentario Alex Paredes acaba de presentar de manera formal su renuncia a la bancada compuesta por el Bloque Magisterial, anunciando su incorporación a Somos Perú.

Mediante carta dirigida al portavoz de este grupo, Héctor Valer, Paredes sustentó su solicitud argumentando su inscripción partidaria y cumplimiento del Reglamento del Congreso. Adjuntó su carta de renuncia al anterior grupo parlamentario como requisito procedimental.

En paralelo, la congresista Elizabeth Medina también anunció el último lunes 14 de julio, su renuncia al Bloque Magisterial, con miras a la nueva legislatura, incorporándose también a Somos Perú.

Previamente, la congresista Kelly Portalatino también presentó su carta de renuncia a la bancada de Perú Libre, el último 11 de julio.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Portalatino agradeció a Perú Libre por la oportunidad que le dieron de ser militante y congresista para “trabajar en beneficio de las clases sociales más vulnerables”.

Indicó también que su renuncia no responde a motivos ideológicos o el programa partidario, con el cual dijo haber sido consecuente durante su periodo de militancia. Según precisó, su decisión se da por motivos personales.

El dato:

Con la incorporación de Medina y Paredes, la bancada de Somos Perú contaría con 7 integrantes. Estos son: José Jerí, Alfredo Azurín, Héctor Valer, Jorge Morante, Ana Zegarra, José Pazo, Alex Paredes y Elizabeth Medina.

A las buenas o a las malas. La congresista que le encanta ocultar su tesis, María Acuña (Alianza para el Progreso (APP), ahora se encuentra advertida por nada menos el alcalde de Surco, Carlos Bruce, de retirarse de una presunta invasión en un parque público. De acuerdo al popular ‘Techito’ Bruce, si la parlamentaria no desocupa de manera voluntaria esa supuesta ocupación ilegal, su comuna procederá a demolerla de acuerdo a ley.

“El caso es contundente. Lo mejor es que la congresista voluntariamente retire el espacio invadido y demuela la construcción que se ha hecho ahí. De no ser el caso, la ley nos establece un procedimiento por el cual lo haríamos como municipio, que es el demoler. Hay un procedimiento. Cuando es un espacio público, calculo que en 45 días ya estaríamos demoliendo”, declaró Bruce para Canal N.

Asimismo, informó que ya se ha iniciado el contacto con los propietarios del inmueble involucrado. “Esta mañana he indicado que se pongan en contacto con los dueños del inmueble para involucrarles, que voluntariamente se retiren del área pública. De lo contrario, lo haríamos nosotros de manera compulsiva”, añadió.

También hizo referencia a las constantes quejas de vecinos respecto a ruidos provenientes de dicha construcción: “Veníamos recibiendo quejas de vecinos por los ruidos. Se está poniendo la multa respectiva y la invocación para que actúen dentro de las normas básicas de la vecindad y no estar haciendo estos ruidos”.

Esta controversia fue difundida el pasado domingo en el programa Cuarto Poder, donde la congresista, hermana de César Acuña, habría invadido 118 metros cuadrados del parque n.° 17, ubicado en la urbanización Los Álamos de Monterrico. En el área ocupada se identificaron estructuras de carpintería, cercos metálicos, calaminas y una puerta con un cartel que dice “Bienvenidos”.

Mientras el discurso oficial insiste en la lucha contra la corrupción, el gobierno de Dina Boluarte parece operar con una lógica opuesta. Una de sus decisiones más reveladoras es el respaldo que mantiene —y refuerza— a Ismael Sutta Soto, un funcionario cusqueño con un pesado historial de investigaciones fiscales y observaciones de la Contraloría, pero que hoy ostenta no uno, sino dos cargos clave en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Desde hace dos semanas, Sutta no solo continúa como viceministro de Transportes, cargo que asumió el 28 de junio del 2023, sino que también ha asumido el cargo interino de viceministro de Comunicaciones, desde el 30 de junio de este año. Un ascenso político a pesar de sus graves antecedentes, que genera preguntas incómodas sobre los verdaderos criterios del Ejecutivo para designar a sus altos funcionarios. ¿Por qué se le premia? ¿Qué lo hace intocable?

Su cercanía con el círculo presidencial es una explicación recurrente. Fuentes del sector sostienen que su permanencia responde a una cuota de poder que le garantiza protección política, incluso ante un rosario de acusaciones graves.

Ismael Sutta tiene cuatro carpetas fiscales activas en el Cusco, región donde fue regidor y gerente municipal. Entre los presuntos delitos que se le imputan figuran peculado, concusión, abuso de autoridad, delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. La más reciente data de febrero de 2025, cuando un ciudadano denunció haber pagado a alguien que se identificó como él para obtener una licencia de conducir, en un caso aún bajo investigación en la Fiscalía Anticorrupción.

Pero las observaciones no terminan ahí. Informes de la Contraloría atribuyen a Sutta Soto responsabilidades civiles y administrativas por irregularidades cometidas en la Municipalidad del Cusco, entre 2019 y 2022, que habrían ocasionado pérdidas por más de 700 mil soles al Estado. El caso más alarmante: la prescripción de miles de papeletas de tránsito sin justificación técnica, con un perjuicio de más de 620 mil soles para la comuna.

A pesar de este historial, teñido de presunta corrupción, el gobierno de Dina Boluarte, no solo lo mantiene en su cargo, sino que lo promociona. El mensaje es claro: la meritocracia y la transparencia son prescindibles cuando se trata de lealtades políticas. En el Perú de Boluarte, los cuestionados no son sancionados, se les asciende.

A menos de un año del inicio formal de la campaña para las elecciones generales de 2026, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, parece decidido a mantener el reflector apuntando hacia su figura política. Esta vez, el foco es un ambicioso —y aún inviable— proyecto ferroviario, del que se habla más en conferencias de prensa que en términos técnicos reales.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), su titular, el acuñista César Sandoval, no ha dudado en calificar las acciones del burgomaestre como irresponsables y guiadas por intereses electorales. “Le pido al alcalde que no actúe por caprichos personales ni por estar en campaña. No se puede mentir ni hacer demagogia con un tema tan delicado”, sentenció el ministro desde Loreto.

Y es que el tren de López Aliaga, lejos de contar con estudios técnicos, permisos o garantías financieras, parece más un anuncio de campaña—con concierto musical incluido—que una obra pública seria. El alcalde de Renovación Popular ha cambiado reiteradamente su discurso: primero habló de una “marcha blanca”, luego de una “marcha en vacío”, sin ofrecer fechas claras, rutas definidas, ni procesos legalmente sustentados. Según el MTC, nada de esto ha sido autorizado.

El problema no es solo de forma, sino de fondo. El Ministerio ha advertido que el proyecto carece de estudios de viabilidad, impacto ambiental, análisis financiero y acuerdos formales con concesionarios. Aun así, el alcalde insiste en presentarlo como un logro de su gestión, apelando a la expectativa ciudadana de mejorar el transporte urbano, sin explicar cómo se sostendría técnica o económicamente.

“El alcalde le ha faltado el respeto a la ciudadanía de Lima y al ministerio”, afirmó Sandoval, acusándolo de desinformar al público con anuncios grandilocuentes sin sustento alguno.

Este nuevo capítulo entre la Municipalidad de Lima y el gobierno central pone en evidencia un patrón preocupante: la utilización del aparato municipal como plataforma electoral. Mientras López Aliaga busca titulares, miles de limeños siguen atrapados en un sistema de transporte colapsado, sin soluciones reales a la vista.

La postura del MTC es clara: sin estudios serios, no hay tren. Pero el alcalde López Aliaga, más interesado en la propaganda que en la planificación, parece decidido a seguir vendiendo humo sobre rieles. Una estrategia que, aunque útil para su campaña, no resuelve la crisis del transporte en Lima.

No la quieren en Puno, menos en Arequipa y tampoco en Iquitos. Las encuestas solo arrojan una realidad que la jefa de Estado, Dina Boluarte, no quiere reconocer hasta ahora, y es que ese 3 % de aprobación no es una cifra caprichosa extraída de la nada, sino una consecuencia directa de su distanciamiento con la población y los medios de prensa. Tanto ella como sus ministros se vienen ganando a pulso el repudio de las mayorías, quienes le demuestran su descontento cada vez que viajan a sus regiones.

Con motivo del VIII Consejo de Estado Regional a realizarse en la ciudad oriental de Iquitos, un grupo de manifestantes se enfrentó esta mañana a la Policía Nacional del Perú (PNP) a tan solo dos cuadras de la Villa Aérea del Perú, lugar donde se prevé que la mandataria aterrice para participar del mencionado concejo.

🔴 #Urgente: En Iquitos se registran disturbios durante protesta contra la llegada de la presidenta Dina Boluarte. Se reportan dos personas heridas, una de ellas una agente de la policía. Varios niños fueron afectados por gases lacrimógenos lanzados por la Policía. pic.twitter.com/R4beQEtQTr

— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) July 15, 2025

Ciudadanos e integrantes de gremios de construcción civil, organizados presuntamente por el excongresista Fernando Meléndez, integrante de Alianza para el Progreso (APP), se congregaron en la plaza 28 de Julio para salir a marchar a la base aérea, con la intención de acercarse lo máximo posible cuando Boluarte pise suelo amazónico. Al ver que la Unidad de Servicios Especiales que resguarda el perímetro de la Villa Aérea les impedía el paso, varios de ellos empezaron a arrojar piedras y objetos contundentes contras las fuerzas del orden, iniciándose así los disturbios que terminaron hasta el momento con dos heridos y varios vecinos de Mariscal Cáceres, Atlántida, Sargento Lores y Zamora, quienes se vieron afectados por los gases lacrimógenos.

Tal parece que existiría una pugna entre Meléndez y el actual gobernador de regional de Loreto, Jorge René Chávez Silvano (Somos Perú), quien estaría buscando su reelección como gobernador.

De acuerdo a las primeras informaciones de los medios locales, la protesta fue convocada por gremios locales y colectivos que cuestionan la gestión del Ejecutivo, especialmente en zonas de la selva.

Las críticas apuntan a la percepción de abandono del Ejecutivo hacia las regiones amazónicas, así como a la continuidad de conflictos sociales sin resolución clara en zonas de frontera, salud, educación y servicios públicos.