Por: Jorge Paredes Terry

La comisión multisectorial enviada por el gobierno fue una farsa. Vinieron, hablaron bonito y se fueron, dejando tras de sí la misma miseria y desesperación. No les importó tocar el tema que toda la Provincia clama, la eliminación del Decreto 060-2025, ni la reactivación de la minería, actividad que es el sostén de la vida de Pataz. Sus discursos fueron una burla, una ofensa a nuestra inteligencia y al sufrimiento de miles de familias.

La indignación recorre las venas de Pataz. La comisión multisectorial del gobierno, enviada con la promesa de soluciones, se ha convertido en un insulto a la inteligencia y una bofetada a la desesperación de su pueblo. No solo fallaron en abordar los problemas reales, sino que se burlaron de las necesidades urgentes de la provincia con discursos vacíos y promesas huecas.

¿Qué hicieron? Nada. Mientras la población clamaba por la derogación del Decreto 060-2025 un decreto criminal que ahoga la economía local y la reactivación de la minería artesanal, la columna vertebral de la economía de Pataz, la comisión se dedicó a un teatro de apariencias. Sus palabras, sin base ni contenido, se desvanecieron sin dejar rastro de soluciones concretas.

Este nuevo desprecio, esta burla descarada, ha desatado la furia contenida. Las rondas campesinas, las comunidades, las asociaciones de mineros artesanales y las autoridades locales han llegado a un punto de inflexión. La amenaza de un paro general indefinido en toda la Provincia ya no es una amenaza, es una promesa. Ni un solo gramo de oro saldrá de Pataz hasta que el gobierno derogue el decreto 060-2025 y reactive las actividades mineras.

¿Cómo puede el gobierno paralizar una provincia entera por su incapacidad para combatir la delincuencia? ¿Acaso la minería artesanal, fuente de sustento para miles de familias, debe ser sacrificada para tapar la ineficiencia gubernamental? La respuesta es un rotundo NO.

Pataz no se rendirá. La lucha por la supervivencia, por el derecho al trabajo y al desarrollo, continúa. El silencio cómplice del gobierno solo fortalecerá la determinación de un pueblo que exige justicia y soluciones reales, no farsas multisectoriales. El grito de Pataz resuena con fuerza: ¡Deroguen el Decreto criminal 060-2025! ¡Reactiven la pequeña minería o Pataz se levanta!

Por Tino Santander

Hace dos días que acabo de volver del Cusco. Encontrarme con mis viejos amigos es un placer; conversar con la prensa aguda y mordaz es un ejercicio dialéctico al que estoy acostumbrado desde muy joven. Sin embargo, lo que más me impactó es el grave proceso de deterioro de la ciudad: parece un inmenso pueblo joven, lleno de autos que hacen de la vida cotidiana un desorden insoportable. Nada en el Cusco está organizado ni funciona. Los gobiernos locales y regionales van dando palos de ciego a ver si les sale una. La improvisación, la informalidad y la insensatez guían la política cusqueña.

Una característica de este sombrío panorama la comprobé cuando observé que los cusqueños están desconectados del Cusco oficial, que todos los días es criticado y vilipendiado por la prensa regional. El parlamento, el gobierno, los partidos políticos y los movimientos regionales son despreciados con la pasión militante del odio. Me atrevería a señalar que, en las próximas elecciones fraudulentas del 2026, ganará el voto nulo y en blanco. Nadie entiende por qué tenemos cuarenta y tres partidos políticos, muchos de ellos organizados con firmas falsas y comités fantasmas. Ningún cusqueño con los que conversé votará por estas membresías del fraude y la corrupción.

La paradoja de esta desconexión con la “clase política cusqueña” se expresa en que la inmensa mayoría de cusqueños se refugia en su trabajo cotidiano, en su vida familiar, en sus estudios. He visto en los mercados, en las calles, en la universidad, el entusiasmo de trabajar y estudiar para salir adelante. La gente sabe que la vida familiar, los amigos y las fiestas jubilares son de ellos; que el futuro y el progreso están en sus manos; que el reto de vivir en el Cusco solo les compete a ellos, a pesar de los corruptos del parlamento, de las mentiras del gobierno y de la incompetencia de la clase política regional. Ellos sienten que es mejor estar en ambientes sanos que participar en política o comprometerse con el desarrollo regional y nacional, al que ven como el territorio del hampa organizada.

Sin embargo, la conversación con el historiador César Chacón es la que más vueltas me da en la cabeza. César inspiró el título de este artículo cuando me dijo:

“He leído tus artículos y ensayos sobre los pendejos y achorados. Estoy de acuerdo en la definición sociológica y antropológica de ambos personajes, que atraviesan toda la estructura de la sociedad peruana. El primero saca ventaja personal en cualquier circunstancia de la vida. Sin pendejada, nada se hace. El achorado, el agresivo, el laqlay (fanfarrón), lo vemos todos los días en los medios de comunicación hablando sobre el Perú, queriendo imitar a Bukele, a Milei, al pobre diablo de Evo Morales. Me parece que te has olvidado de otro sujeto social: los rosquetes, esos cobardes que dejan el Perú y el Cusco en manos de los que tú llamas los podridos.”

—¿Tú crees que somos un pueblo de cobardes?

—Sí, porque no podemos dejar en manos de esta gente el destino del Perú. ¿Dónde están tus llamados y escritos sobre la insurgencia democrática, sobre la movilización popular y la revolución social que tumbe a estos podridos y, a través de una junta de notables, se convoque a elecciones limpias, que suspenda el proceso de regionalización corrupto, que se recupere el territorio del crimen organizado bajo las banderas de la minería informal y otras pendejadas de los corruptos? Recuperar el territorio para recuperar los recursos naturales con nuevos contratos. Todo lo demás es rosquetería caviar, medias tintas derechistas.

—De acuerdo, pero no somos un país de rosquetes, como tú dices. La historia lo demuestra: recuperamos el Perú después de la guerra civil con Chile, de la locura de Sendero; salimos de dictaduras y de lo más infame, como el gobierno de Vizcarra. NO somos un pueblo de rosquetes y te aseguro que el Perú va a ir a una insurrección democrática de las clases medias, los emprendedores del campo y la ciudad, que transformará el país. El pueblo no es tonto.

—Mira, Tino, no estoy seguro de eso. Voy a cumplir ochenta y cuatro años y conozco el Perú mejor que nadie. Ahora está cómodo, amordazado por las redes sociales, embrutecido en alcohol, en fiestas populares sin sentido. Antes era la prensa reaccionaria la que influía, pero tenían la resistencia de los movimientos populares que estaban en el Apra y en la izquierda; eso no existe. No hay nada, ni nadie, y sin políticos reformistas solo queda la derecha y la media tinta de los rosquetes. Así que agrega ese nuevo personaje o sujeto social a tu análisis.

No creo que los rosquetes sean mayoría en el Perú. Ojalá, César, esté equivocado y pronto la inmensa mayoría se rebele y promueva la insurrección democrática para cambiar el Perú.

Solo en el Perú puede darse este espectáculo chocante: Fiorella Molinelli, expresidenta de EsSalud y hoy precandidata presidencial por el partido ‘Fuerza Moderna’ —ya inscrito en el JNE—, ha comenzado a dar visos de su campaña política con total desenfado. A la par, el expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado por el Congreso y excluido del padrón de su propio partido, ‘Perú Primero’, sigue recorriendo medios, plazas y encuestas como si nada. Hasta se permite celebrar los recientes —y dudosos— sondeos que lo colocan a la cabeza de la intención de voto. ¿Hasta cuándo seguiremos normalizando la desvergüenza?

Ambos personajes, lejos de rendir cuentas por sus decisiones cuestionadas, se reposicionan políticamente como si su paso por el poder no hubiera dejado huella alguna. Pero la realidad es otra: ha surgido una huella millonaria. Gracias a sus oficios —y omisiones—, el Perú deberá pagar 91 millones de dólares al consorcio ‘Kuntur Wasi’, por el fallido contrato del aeropuerto de Chinchero.

Hace un mes, el Tribunal de Quiebras del Distrito de Columbia (EE.UU.) declaró en rebeldía al Estado peruano por no responder a tiempo una demanda internacional. El consorcio ‘Kuntur Wasi’ ya quedó habilitado para ejecutar medidas coercitivas sobre activos del Estado en territorio estadounidense. Una vergüenza jurídica y diplomática.

Perú pagará $91 millones de dólares a ‘Kuntur Wasi’

Claro, tanto Molinelli como Vizcarra intentarán lavarse las manos. Dirán que no fue su culpa, que la anulación del contrato fue decisión del exministro de Transportes Bruno Giuffra. Pero esa es solo media verdad. Porque si ellos no hubieran firmado la adenda cuestionada que alteró sustancialmente las condiciones del contrato original—trasladando el riesgo económico al Estado peruano—, no habría existido un litigio internacional ni sanción del CIADI. La única raíz del problema está ahí, en esa decisión política que hoy cuesta 91 millones de dólares a todos los peruanos.

La historia es clara. El 3 de febrero de 2017, bajo el mandato del hoy expresidente—procesado por corrupción—Pedro Pablo Kuczynski, y a órdenes del entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra, la viceministra Fiorella Molinelli estampó su firma en una adenda hecha a medida del concesionario. La Contraloría no tardó en denunciar que el documento no se ajustaba al marco de Asociaciones Público-Privadas (APP), pues hacía que el Estado asumiera el financiamiento del proyecto, exonerando de obligaciones al consorcio ‘Kuntur Wasi’, perteneciente a los ‘amigos’ de PKK.

Por eso, en 2019, la Fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra Molinelli por el presunto delito de colusión agravada. También se incluyó a otros funcionarios y representantes del consorcio. La sombra de la presunta ilegalidad sigue vigente, pero no parece pesarles. Ni a ella, ni a Vizcarra, ni a quienes hoy los acompañan.

Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿Dónde queda la ética en la política peruana? ¿Basta con no tener ‘sentencia firme’ para lanzarse a una elección? ¿Seguiremos degradando el principio de ‘presunción de inocencia’ hasta volverlo un salvavidas para el cinismo?

El país necesita liderazgos nuevos, pero también necesita memoria. Porque mientras olvidamos, ellos regresan. Y con ellos, los mismos errores —ahora más caros que nunca.

Por Rafael Romero

Ante la crisis del régimen de Dina Bolaurte y con la Fiscalía interviniendo el Ministerio de Cultura y la Cancillería, resulta oportuno detenernos en este último caso porque queda el plazo de seis meses para concluir las diligencias preliminares por supuesto tráfico de influencias, entre otros delitos a determinar.

Además, la Fiscalía acaba de requerir las medidas de levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario de las personas naturales y jurídicas, que se estime pertinentes, vinculadas al Ministerio de Relaciones Exteriores. De otro lado, el Ministerio Público solicita las partidas registrales de las propiedades y poderes de los investigados (funcionarios Pedro Rubín, Néstor Popolizio, Edgardo Popolizio, Hugo De Zela y José Betancourt Rivera).

En medio de este caso y a partir de las declaraciones públicas del chef Jesús Alvarado, y de pruebas irrefutables que obran en el archivo documentario de Torre Tagle, resulta pertinente determinar, por parte de la Fiscalía, las similitudes y diferencias en el tratamiento de dos casos: uno, la forma displicente como procedió la alta dirección de la Cancillería respecto del complot contra el diplomático de carrera Fortunato Quesada Seminario, quien fue embajador en Tel Aviv (Israel); y, dos, la forma “tan amable” y “acomodaticia” de esa misma Cancillería respecto de los problemas supuestamente generados por el diplomático de carrera José Betancourt Rivera, cuando era embajador en El Cairo (Egipto).

Será crucial en este caso todo aquello que permita individualizar conductas penales de los involucrados, siendo evidente que se causó un daño irreparable en los derechos laborales y humanos de la parte más débil en este tinglado de una argolla, como es el caso del embajador Fortunato Quesada, el más perjudicado en este desaguisado o entuerto generado desde Lima el primer semestre del 2018.

Será importante para la Fiscalía contar con el Informe de la ORH N° 011-2020, firmado por la ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, Fátima Trigoso; así como contar con los números telefónicos de los involucrados y los números institucionales que les fueron entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el cumplimento de sus funciones; siendo también relevante contar con el informe documentado que deberá hacer el canciller Schialer respecto del procedimiento de designación de José Betancourt Rivera, a finales del 2024, como especialista de la Oficina de Recursos Humanos, igualmente se debe acopiar toda la data del procedimiento de retiro de dicho embajador en el país africano de Egipto.

A partir de las investigaciones que -cuando están bien hechas- revelan todo con gran detalle, consideramos que tras años de silencio e impunidad todo quedará más claro sobre los autores del complot contra el embajador Fortunato Quesada, sí y solo si bajo la imparcialidad de la Fiscalía. Como contraparte también se sabrá todos los detalles del “buen trato” y las “asimetrías benignas” brindadas al embajador Betancourt Rivera desde Lima hacia Egipto porque, ¿hubo un complot versus una protección institucional? De ser así, ¿ello no sería una desproporción punible pues al parecer la Cancillería le tenía “camote” al embajador Betancourt, pero tirria al embajador Quesada?

No olvidar que la prensa informó el año pasado que el Perú retiró a su embajador en Egipto luego de acusaciones del mal comportamiento de este para con los altos funcionarios del país africano. Además, trascendió que el país africano incluso agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano por la salida del diplomático José Betancourt. Esto informó INFOBAE: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú retiró al embajador del país en Egipto, José Betancourt Rivera, luego de que el cónsul honorario de Alejandría, Basil Marco, reportara a Cancillería sobre malos comportamientos del diplomático ante altos funcionarios y personalidades del país africano”.

Mientras que el periodista de La Encerrona, Jonathan Castro, informó que, el 14 de julio del 2024, Basil Marco envió una carta de cuatro páginas al entonces ministro Javier González-Olaechea, donde describe una serie de problemas que vio de primera mano en los últimos dos años. El ex cónsul honorario sostiene que él organizó varias reuniones en Alejandría entre el exembajador peruano y personalidades culturales, y del Poder Ejecutivo, como el gobernador de Alejandría, el jefe del Puerto de Alejandría, el almirante de la Marina, el presidente de la Universidad de Alejandría, el decano de la Facultad de Derecho de la misma institución, entre otros. Su primera preocupación, señala, era que Betancourt había tenido interacciones con militares y funcionarios de alto nivel del gobierno egipcio “plagadas de arrogancia y falta de respeto”.

“Lamento informarle que en muchos casos necesité calmar a estos oficiales después de la visita oficial, debido al pobre temperamento del embajador. Para resaltar con un ejemplo que presencié de primera mano: el embajador fue dominante y exigente con el jefe del Puerto de Alejandría, en vez de intentar iniciar un diálogo constructivo con él. Debido a la importancia de las relaciones personales para cualquier misión diplomática, estas interacciones lastimaron el objetivo de mejorar las relaciones bilaterales entre el Perú y Egipto”, dice en la misiva dirigida a González-Olaechea.

Luego, afirma que Betancourt le pidió organizar varias reuniones con sus propios recursos y sin el apoyo de la embajada peruana. “En mis 32 años como cónsul honorario de Perú en Alexandría, ninguno de sus antecesores demandó que estos eventos sean organizados por mi cuenta sin ningún tipo de apoyo de la embajada. Con los anteriores embajadores, numerosos eventos han sido organizados de manera colaborativa (…). Creo que estos ejemplos resaltan una actitud preocupante por parte del embajador peruano, debido a que reflejan mal los valores y compromisos de la misión peruana en Egipto”, precisa.

También informó el periodista Castro, que Egipto, a través de una misiva enviada a Torre Tagle el jueves 19 de septiembre del 2024, agradeció la salida del funcionario de la sede diplomática: “Se complace en informar el gran agradecimiento al Canciller peruano Elmer Schialer y así extender el mismo a la presidenta Dina Boluarte, al haber realizado el retiro de quien era el Embajador peruano en Egipto”, se lee en la carta.

“Es así que el canciller egipcio, Dr. Badr Abdelatty se encuentra muy agradecido por la rápida y comprensiva respuesta a tan delicada situación, y cómo fue manejada por el lado peruano, siendo así que salvaguarda y mantiene las relaciones bilaterales entre ambos países. Del mismo modo, cabe señalar que dicha resolución demuestra el interés de colaboración, diálogo y así conseguir logros bilaterales”, añaden.

Como se recuerda, destapes periodísticos entre el 2023 y 2024 han determinado que, contra el embajador peruano en Israel, Fortunato Quesada, se perpetró desde Lima una conspiración. No obstante, a partir de publicaciones de INFOBAE de setiembre del 2024, se conoció otro affaire, el del embajador José Betancourt, entonces con desempeño en la República Árabe de Egipto. ¿Frente a esos dos casos la Cancillería actuó con coherencia e integridad?

Por nuestra parte, ante la historia reciente de Torre Tagle, cabe preguntar: ¿urge una reorganización de la Cancillería al evidenciarse una argolla de funcionarios con gran poder que se superpone al paso de los cancilleres? ¿Esa Cancillería es la que procedió a sancionar a Quesada, pero no lo hizo con Betancourt, incluso premiándolo laboralmente pese a los cuestionamientos de los funcionarios de Egipto, de INFOBAE y “La Encerrona”?

Dentro del marco del interés público, cabe preguntar: ¿qué pasó en Egipto y qué fue lo que determinó el retorno apresurado del embajador Betancourt a Lima, más allá de las versiones egipcias de que se portó mal con algunos de sus funcionarios gubernamentales? De otro lado, ¿es cierto que la embajada de Egipto en Lima emitió una nota donde agradeció a la Cancillería peruana por el retiro del embajador Betancourt de El Cairo? ¿Podría decirse que una nota de ese tipo equivale a declararlo “persona non grata”? Además de que, quizá, una Resolución Suprema como la N° 151-2024-RE, del pasado 10 de setiembre, ¿no debió de explicar el motivo de su retiro de Egipto y de su retorno a Lima?

A partir de la investigación fiscal ¿se sabrá que el canciller Schialer decidió retirarlo antes para no dañar las relaciones bilaterales peruano-egipcias?  Y si el retiro de la embajada peruana en Egipto fue intempestivo, por malentendidos con las autoridades egipcias, entonces ¿por qué la Cancillería no abrió un proceso administrativo disciplinario que aclare todos los puntos de este caso?

¿Schialer mantendrá ante la Fiscalía el silencio cómplice, el blindaje y la política del avestruz? ¿No es grave que como canciller haya firmado, en medio de un supuesto favoritismo, la Resolución Ministerial N° 0871-2024-RE, del 19 de noviembre de 2024, con la cual se designó a José Betancourt como asesor Especializado de la Ofician General de Recursos Humanos, con eficacia anticipada, del 15 al 25 de noviembre de 2024, es decir, cuando apenas dejó la embajada del Perú en El Cairo?

Sin duda, el Ministerio Público tiene un gran caso por desentrañar.

Por Jorge Linares

Los niños de la comunidad de Nuevo Campeón, Belén, que se encuentra en el río Itaya de la ciudad de Iquitos, celebraron el Día de la Educación Inicial, recordando a dos jóvenes educadoras nacidas en la ciudad de Iquitos entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

“Han pasado 94 años desde que se declaró cada 25 de mayo como el Día de la Educación Inicial; sin embargo, para nosotras como docentes y yo en mi calidad de directora, es alentador este tipo de acompañamientos que nos hace diferentes personas o instituciones en nuestros centros de aprendizaje de inicial y de primaria. Es evidente que estos niños de Belén viven en situación de pobreza extrema y situación vulnerable considerando la crecida del río, ellos están expuestos a la picadura de mosquitos que transmiten el dengue, o la leptospira producido por la orina de los roedores y las mordeduras de víboras como el jergón o cascabel que son frecuentes en esta temporada; pero, gracias al esfuerzo que hacemos junto a los padres de familia y a las personas mencionadas anteriormente, queremos mejorar la calidad de vida de los menores de edad”, manifestó la educadora Janeth Piña.

“Es importante manifestar que deseamos concientizar o sensibilizar a los menores con su entorno, la importancia del cuidado del medio ambiente y del río. Asimismo, ellos vienen recibiendo capacitación en talleres de patrimonio e historia de la ciudad de Iquitos. En ese contexto el día de hoy conocieron una parte de la vida y obra de las dos hermanas Victoria y Emilia Barcia Boniffatti, mujeres que contribuyeron con mejorar la educación en menores de 6 años en todo el Perú”, sostuvo la profesora Ingrid Alcántara.

El escritor Rafael Otero Mutín dedicó su pluma prodigiosa al trabajo de estas dos ilustres señoritas loretanas en su obra literaria “Los Jardines de Emilia”, donde describe minuciosamente toda la odisea que ellas emprendieron para lograr instaurar los jardines de infancia en Iquitos y otras ciudades del país. Sin ninguna duda, cobró notoriedad el histórico recinto educativo construido bajo la dirección de las hermanas Barcia Boniffatti en la década de 1930 en la ciudad de Iquitos que estaba ubicado en la calle Yavarí cuadra 7 y que fue destruido por órdenes de una autoridad regional; esa misma suerte han tenido diferentes inmuebles de la ciudad de Iquitos que fueron considerados patrimonio de la nación desde el año 1986; entre otros inmuebles desafortunados podemos recordar el palacio municipal frente a la Plaza de Armas que fue demolido con autorización del alcalde provincial dejando en completo abandono los murales de César Calvo de Araújo, entre otros atentados a la cultura y memoria de nuestra población. Por eso, siempre será nuestra primacía honrar a ilustres hijas e hijos de Loreto y a aquellas autoridades o personas que destruyeron nuestro patrimonio siempre será mejor, dejarlos en el olvido de los tiempos.

Hemos llegado al punto en que la política peruana se parece más a un “sketch” de comedia de mediodía que a un proyecto serio de nación. En lugar de ideas, nos venden palabrotas. En lugar de planes, nos regalan palabreo barato. Hoy, los asesores de imagen de ciertos candidatos parecen más interesados en crear memes virales que en diseñar políticas públicas. ¿Este es el nivel?

VÍDEO DE HERNANDO DE SOTO DICIENDO “HUEVÓN”

En un reciente episodio del podcast No te lo pierdas, el candidato Hernando de Soto —ese mismo que alguna vez fue asesor de líderes mundiales— soltó un “huevón” al aire con una sonrisa cómplice. Lo dijo como quien lanza un anzuelo para pescar likes, no ideas. Luego, como si se tratara de un debut en el mundo del habla popular, confesó que era la primera vez que llamaba así a alguien. ¿Y eso qué? ¿Debemos aplaudirle por bajarse del Olimpo tecnocrático para codearse con el pueblo desde la grosería?

No, señor. No necesitamos políticos que hablen como el pueblo. Necesitamos políticos que planteen políticas por y con el pueblo. Que propongan. Que trabajen. Que se ensucien las manos con soluciones, no con frases hechas para el trending topic.

He escuchado a jóvenes decir: “Al menos ese candidato habla como nosotros”. ¿Eso basta? ¿Acaso queremos presidentes que nos hagan reír cinco minutos y nos condenen cinco años?

Esto no es nuevo. Ya lo vimos en el Congreso. Recordemos a esa congresista chumpunera gritándole “¡que se vaya al carajo!” al expresidente Castillo. ¿Eso es valentía? ¿Eso es política? No. Eso es show barato. Circo. Payasada con presupuesto del Estado.

¿Dónde están las propuestas de desarrollo sostenible? ¿La reforma educativa? ¿La estrategia frente al cambio climático? ¿El nuevo modelo productivo? Nada. Solo hay gritos, gestos, palabras fuertes y micrófonos calientes. La política peruana se ha convertido en un callejón donde el más malhablado se lleva los aplausos. ¿Y el futuro? Bien, gracias.

Se nos viene una generación de votantes jóvenes. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se estima que más de 2.5 millones de peruanos votarán por primera vez en las elecciones generales de 2026. Estos nuevos votantes representan aproximadamente el 9% del total del padrón electoral, que supera los 27 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.

Además, Reniec ha informado que el 25.6% del electorado tendrá menos de 30 años, lo que equivale a alrededor de 6.7 millones de personas. Este segmento joven del electorado podría desempeñar un papel significativo en los resultados de los comicios.

¿Y esto es lo que tienen para ellos? ¿Un repertorio de insultos con disfraz de cercanía? Creen que conquistar a la juventud es hablar como en TikTok. Pero los jóvenes no son tontos. Quieren oportunidades. Quieren empleo. Quieren universidades dignas, salud pública que funcione, transporte que no sea una trampa mortal, quieren motivos para quedarse en el Perú.

La política se ha vuelto una parodia de sí misma. Es como ver a un viejo actor de Shakespeare actuando en un reality de chismes. Triste. Incoherente. Penoso.

La política hoy parece el arte de simular. Simular empatía. Simular cercanía. Simular humanidad. Todo medido, todo calculado. Dicen “carajo” con la misma precisión con la que miden el plano de una sonrisa falsa.

No podemos seguir normalizando la vulgaridad como estrategia electoral. No podemos aplaudir a quien cree que basta con decir “huevón”, “mierda” u otros términos en una entrevista para ganarse el respeto. La política no es una taberna. Es, o debería ser, un espacio de diálogo, propuestas y decisiones que afecten la vida de millones.

Señores candidatos: No se disfracen de pueblo. Sean pueblo. Y eso empieza por respetar la inteligencia del elector, no por subestimarla. La nueva forma de hacer política no puede ser solo ruido. Una última cosa: no queremos “bufones” en el poder. Queremos líderes. ¿Es mucho pedir?

La obstinación de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, no conoce de límites, ni de vergüenza. Mientras Perú arde entre crisis políticas, protestas reprimidas con sangre y una gestión que naufraga sin rumbo ni liderazgo visible, la mandataria se da el lujo de abandonar el país cada semana para asistir a ceremonias internacionales que bien podrían ser representadas por un canciller o embajador. Sin embargo, lo más indignante no está en su afición por los vuelos presidenciales, sino en el acelerado trámite dentro de su despacho para aumentarse el sueldo en más del 125%. De percibir S/ 16,000, la señora pasaría a ganar más de S/ 35,000 mensuales. ¿Méritos? Ninguno. ¿Gestión política? Nula. ¿Cinismo? Desbordante.

Desde el Ejecutivo, un séquito de ministros subalternos —cuando no cómplices— ha salido a desmentir que esta iniciativa tenga el sello de Boluarte Zegarra. Pero la verdad, como siempre, se impone. Un documento fechado el 10 de febrero de 2025, emitido por el Despacho Presidencial y revelado por el programa Panorama, deja al descubierto la maniobra. El Oficio N.º 001180-2025-DP/SSG, firmado por el subsecretario general Antonio Mirril Ramos Bernaola, con destino a la Presidencia del Consejo de Ministros, trata explícitamente sobre la “valorización de puestos de funcionarios” en el Despacho Presidencial. El primer paso para justificar el aumento de sueldo de la mandataria chalhuanquina.

Mientras tanto, los peruanos se preguntan si este mismo aparato burocrático, tan ágil y exprés para tramitar incrementos salariales presidenciales, tiene la misma eficiencia para resolver los problemas del agro, la educación pública, el sistema de salud colapsado y la inseguridad galopante. La respuesta es evidente: no.

¿Boluarte cobrará pensión vitalicia?

Y como si fuera poco, en el trasfondo político resuena otra pregunta: ¿Dina Boluarte cobrará pensión vitalicia? Recordemos que la Ley N.º 26519, que otorgaba una pensión mensual de S/15, 600 a expresidentes constitucionales, fue derogada por el Parlamento en junio de 2021. En teoría, ese beneficio quedó eliminado. Pero en la práctica, sabemos que en Perú la norma escrita importa menos que la realidad fáctica. Algunos expresidentes, como Alberto Fujimori —pese a su sentencia condenatoria por violaciones de derechos humanos— desde agosto de 2024 recibió ese dinero gracias a la venia de un Congreso sumiso y de espaldas al clamor popular.

Si bien, la normativa actual permite otorgar pensiones de gracia solo en casos excepcionales. Cuando se trate de expresidentes sin otros ingresos estatales, sin sentencias judiciales y que hayan culminado su mandato con dignidad y un desempeño durante el quinquenio en beneficio del país. ¿Podrá Dina Boluarte cumplir con esos requisitos? La respuesta es tan dudosa como su legitimidad en el cargo. Su desvinculación con el sentir popular y su gobierno sostenido por la alianza con grupos conservadores cuestionados por corrupción, parecen inhabilitarla moralmente —si no legalmente— de cualquier beneficio adicional.

Sin embargo, en el Perú de hoy, donde el Congreso y el Ejecutivo se abrazan por conveniencia y no por principios, no sería extraño que Boluarte Zegarra no solo logre su incremento salarial, sino que además reclame —sin sonrojarse— una pensión vitalicia equivalente a ese nuevo monto. Es decir, más de S/ 35,000 mensuales, una burla para millones de ciudadanos que sobreviven con sueldos mínimos y servicios públicos colapsados.

¿Quién no recuerda a Merino y Sagasti, quienes, por calentar la silla de Palacio durante algunas semanas, pretendieron cobrar pensiones vitalicias? Afortunadamente, el Congreso les negó ese despropósito. Pero el precedente está ahí, como amenaza latente.

Lo que queda claro es que, para Dina Boluarte, los intereses crematísticos son prioritarios. Primero asegura su abultado sueldo, luego probablemente su pensión dorada. Y mientras tanto, el país sigue hundido en la precariedad, dirigido por una presidenta que ya no escucha, no representa, y lo que es peor, no le importa.

Por: Jorge Paredes Terry

El Perú se esconde tras una máscara de cifras oficiales que ocultan una realidad lacerante: ocho de cada diez peruanos, el 80%, vive y trabaja en la informalidad o la ilegalidad. Esta alarmante estadística nos sitúa en los primeros lugares del ranking mundial de países con mayor informalidad, un título vergonzoso que refleja la profunda brecha social y económica que carcome las entrañas de nuestra nación. Más allá de las estadísticas, esta realidad representa la lucha diaria de más de 26 millones de compatriotas que, lejos de ser delincuentes, son los que, con su esfuerzo silencioso y a menudo invisible, sostienen la economía del país. Es hora de dejar de criminalizarlos y de empezar a comprender la complejidad de este problema que nos afecta a todos.

La informalidad no es una simple elección; es, en la mayoría de los casos, una imposición. Millones de peruanos se ven obligados a trabajar en el sector informal por la falta de oportunidades, por la ausencia de un mercado laboral que los incluya, por la dificultad de acceder a créditos, a seguros, a la protección de la ley. Son los jóvenes sin empleo que se ven obligados a vender en la calle, los agricultores que trabajan la tierra sin títulos de propiedad, los mineros que arriesgan sus vidas en socavones ilegales, los pescadores artesanales que compiten con la pesca industrial, los comerciantes ambulantes que enfrentan el acoso policial. Son los rostros invisibles de una economía sumergida que, paradójicamente, alimenta a la economía formal.

La criminalización de la informalidad es una respuesta simplista y miope a un problema complejo. En lugar de perseguir a quienes buscan sobrevivir, el Estado debe enfocarse en crear las condiciones para que puedan formalizarse. Se necesita una reforma integral del sistema tributario que simplifique los trámites y reduzca la carga burocrática para las pequeñas y medianas empresas. Se requiere una inversión masiva en educación y capacitación para que la población tenga las herramientas necesarias para acceder a empleos formales y mejor remunerados. Es fundamental fortalecer el Estado de Derecho para garantizar la seguridad y la justicia para todos, incluyendo a aquellos que operan en la informalidad.

La informalidad no es solo un problema económico; es una cuestión de derechos humanos. Los trabajadores informales carecen de acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la justicia. Viven en una situación de vulnerabilidad permanente, expuestos a la explotación laboral, a los accidentes de trabajo, a la falta de protección legal. Su invisibilidad perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión, generando una sociedad desigual y fracturada.

Superar la informalidad requiere un cambio de paradigma. Debemos dejar de ver a los trabajadores informales como un problema y empezar a considerarlos como parte de la solución. Son ellos quienes, con su esfuerzo diario, mantienen a flote la economía del país. Es hora de reconocer su contribución, de proteger sus derechos, de brindarles las oportunidades que se les han negado durante décadas. Solo así podremos construir un Perú más justo, más equitativo, donde la informalidad y la ilegalidad no sean la única opción para millones de peruanos, sino la excepción que confirma la regla de una sociedad que valora la dignidad de todos sus ciudadanos. El Perú no puede permitirse ignorar a «los ilegales»; su futuro depende de su inclusión. Abrimos el debate.