¿La recibirán con velas blancas? La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha dado plazo hasta hoy lunes 4 de agosto a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que cumpla con reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema. Este aviso tiene lugar luego de que la Corte Suprema revocara la suspensión de 24 meses contra la extitular del Ministerio Público.

Como se recuerda, la directora encargada de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Hidalgo, a pedido de la defensa de Benavides, requirió a Espinoza que acata la cuestionada resolución que anula la destitución de la exfiscal de la Nación “en el plazo de un día”, es decir hasta la medianoche de hoy.

Cabe precisar que la defensa de la extitular del Ministerio Público ha solicitado que sea repuesta como fiscal suprema titular y no como fiscal de la Nación. Esto coincide con lo manifestado tanto por Humberto Abanto como por la propia Patricia Benavides: que su mandato como máxima autoridad de la Fiscalía acabó indefectiblemente a inicios de julio.

Espinoza recordó que recientemente las dos Fiscalías Supremas Transitorias Especializadas en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos fueron convertidas a permanentes, pero que eso no garantiza que se contaba con el dinero para pagar una plaza de fiscal supremo titular.

Si ello se cumple, Patricia Benavides podría ser designada en una de esas Fiscalías Supremas.

No obstante, hay puntos a tenerse en cuenta. En la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se tramitan las investigaciones contra altos funcionarios implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Benavides ha sido señalada por los cuestionados cambios en este equipo fiscal, incluso habría complotado con José Luis Castillo Alva. Su eventual designación en este despacho podría generar un evidente conflicto.

Por otro lado, una eventual designación en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos tampoco sería viable toda vez que este despacho tiene a su cargo la investigación contra su hermana, la jueza superior Enma Benavides, por presuntos sobornos de procesados por narcotráfico.

Una salida sería mover a algunos fiscales supremos de sus despachos para acomodar a Benavides o que sea enviada como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Actualmente, la fiscal suprema provisional Martha Maisch ocupa este cargo.

Millones regalados como cancha. Una investigación del programa Cuarto Poder revela que el gobierno regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, otorgó una obra pública valorizada en más de 194 millones de soles a un consorcio sin las credenciales ni el historial necesario para hacerse cargo de tan importante obra.

De acuerdo al citado medio periodístico, el proyecto está a cargo del Consorcio Hospital Virú, conformado por tres empresas: JM Constructores Peruanos SAC, cuyo propietario, el ingeniero civil Joel Yangari Cartolín, figura como inhabilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú, y cuya empresa no registra experiencia previa en la construcción de hospitales ni en obras públicas de gran envergadura; LC&EC Constructora —de la cuestionada joven empresaria Lucero Coca Condori, de 23 años, quien, según se conoció la semana pasada, logró ganar contratos por 300 millones de soles en el Gobierno Regional de la Libertad— y la empresa extranjera Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú. 

El reportaje enfatizó que ni Yangari ni Coca tienen experiencia en construcción de hospitales. De hecho, la empresa de Yangari solo registra pequeños servicios previos al Estado, como estudios topográficos, mecánica de suelos y la elaboración de planos y memoria descriptivas por montos que no superaban los S/34 000. 

Yangari Cartolín posee el 49 % del consorcio ganador, mientras que el 50 % restante pertenece a LC&EC Constructora, de Lucero Coca. El 1% restante pertenece a Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria, una firma, apuntó el dominical, con trayectoria, cuya participación fue clave para acreditar los requisitos técnicos exigidos por el proceso de licitación.

«Para mí está claro que estas obras millonarias adjudicadas a ciudadanos que no tienen experiencia se deben a dos cosas: corrupción, por un lado, y gerentes testaferros, por otro. Están utilizando a personas [sin experiencia] para hacerse de estas obras en perjuicio de los liberteños», dijo el consejero regional Robert de la Cruz.

#CuartoPoder
Más de 194 millones de soles le costó a la gestión de César Acuña la obra del hospital de Virú, adjudicada a un consorcio donde figura una empresa sin experiencia previa ni contratos con el Estado, cuyo dueño está inhabilitado como ingeniero ►… pic.twitter.com/M5fxcG4XYP

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) August 4, 2025

El especialista en contrataciones del Estado, José Trelles, expresó su preocupación por esta presunta irregularidad, ya que este “patrón” se observa en otros procesos: empresas sin experiencia que se asocian con compañías extranjeras con trayectoria solo para cumplir los requisitos mínimos.

Robert de la Cruz denunció amenazas de muerte contra aquellos que ponen de relieve supuestos actos de corrupción en la gestión de César Acuña. “Las amenazas de muerte y las agresiones físicas provienen de funcionarios de APP. Responsabilizó de lo que me pueda pasar de aquí en adelante al partido Alianza para el Progreso”, arguyó. Y añadió: “Alianza para el Progreso es el pulpo de la política de la región de La Libertad”.

El intento de presentar el libro del cabecilla terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) ha encendido una ola de críticas desde distintos sectores políticos. Diversos congresistas han expresado su rechazo ante lo que consideran una peligrosa forma de apología al terrorismo, bajo el disfraz de una actividad cultural.

El primero en pronunciarse fue el congresista José Cueto, quien calificó de inadmisible la intención de incluir en un espacio público como la FIL a un personaje que lideró una organización responsable de numerosos atentados durante las décadas de violencia política en el país. “No podemos permitir que ese tipo de ideologías la traten de maquillar para presentarla”, afirmó Cueto, advirtiendo sobre los intentos de reescribir la historia y blanquear el rostro del terrorismo a través de narrativas literarias.

En la misma línea, el congresista Fernando Rospigliosi consideró que abrirle las puertas de la feria del libro a un texto firmado por Víctor Polay implica un peligroso retroceso democrático. “No habría que darles publicidad ni espacio para que puedan hacer apología al terrorismo”, subrayó. Rospigliosi, exministro del Interior y conocido por su firme postura en contra de las agrupaciones violentistas, instó a las autoridades culturales a tomar responsabilidad y evitar normalizar discursos que relativicen el daño causado por el MRTA.

Por su parte, el congresista Roberto Sánchez también se pronunció en contra de la iniciativa, aunque con un enfoque más conciliador. “No volver nunca jamás a épocas del desprecio de la vida”, dijo, recordando los años oscuros que vivió el país a manos del terrorismo y la necesidad de proteger la memoria colectiva frente a discursos que trivialicen esa violencia.

La polémica sobre el libro de Polay se suma a un debate más amplio en torno a los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas culturales frente a contenidos sensibles. La FIL de Lima, organizada por la Cámara Peruana del Libro, aún no ha emitido una postura oficial respecto a los cuestionamientos, pero el hecho ha reabierto heridas no cerradas provocadas por los grupos terroristas.

Víctor Polay Campos, actualmente preso por delitos de terrorismo, fue uno de los fundadores y máximos dirigentes del MRTA, organización que, junto a Sendero Luminoso, sembró el terror en el país durante las décadas de 1980 y 1990. La sola presencia de su nombre en el programa de un evento cultural ha sido percibida por muchos como un intento de legitimación encubierta.

El debate, lejos de cerrarse, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una vigilancia ética y crítica en los espacios culturales del país, especialmente cuando se trata de voces que representan una historia de violencia, muerte y dolor para miles de peruanos.

La Primera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (Fecor) ha abierto una investigación preliminar contra la congresista Rosio Torres Salinas, su esposo, el exgobernador de Loreto Fernando Meléndez Celis, y su exasesor Jesús Sierra Tapia. La indagación, liderada por el fiscal Eduardo Castañeda Garay, involucra a más de una decena de personas vinculadas presuntamente a una organización criminal dedicada al lavado de activos, colusión agravada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros delitos.

La investigación, identificada en la Carpeta Fiscal N° 86-2024, se inició a raíz de publicaciones periodísticas difundidas en mayo y junio por medios como Diario UNO y Exitosa. El Ministerio Público dispuso un plazo de 120 días para que la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional desarrolle diligencias que permitan verificar la magnitud de los hechos.

Un patrimonio sospechoso de 29 millones de soles

Según la resolución fiscal a la que accedió Diario UNO, la pareja Meléndez-Torres habría acumulado un patrimonio de aproximadamente 29 millones de soles a través de presuntas actividades ilícitas. Para encubrir la adquisición de bienes inmuebles y otros activos, habrían recurrido al uso de testaferros, incluyendo familiares directos, colaboradores cercanos y simpatizantes del partido Alianza para el Progreso (APP).

Entre los investigados figuran los padres de la congresista, Neri Salinas Dávila y Cirilo Torres Pinchi; sus hermanos Pitín Pérez Salinas, Hayda y Herbert Torres Salinas; y su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien ya enfrenta una pesquisa por recorte de sueldos a trabajadores del Congreso. También se ha incluido en la indagación a Flor Ruiz López, una adulta mayor que habría transferido parte de su patrimonio a la madre de la parlamentaria.

El despacho congresal de Rosio Torres también aparece implicado. Entre los excolaboradores bajo investigación se encuentran Samuel Torres Navarro Chichipe y los hermanos Abigail y Christian Ricarte García Díaz. Este último habría comprado inmuebles al contado sin justificar ingresos formales.

Red criminal y uso de fondos ilícitos en campaña

De acuerdo con el expediente, Fernando Meléndez sería el presunto líder de la red criminal. La Fiscalía investiga si utilizó fondos ilícitos —presuntamente vinculados a narcotráfico y minería ilegal— para financiar su campaña con miras a regresar al Gobierno Regional de Loreto.

Asimismo, se le acusa de haber ubicado a exfuncionarios del GORE Loreto en el despacho congresal de su esposa entre 2022 y 2023. Esto habría facilitado la canalización de recursos de origen ilegal hacia el sistema económico formal, mediante el uso de ‘prestanombres’.

En el caso de Rosio Torres, la Fiscalía la señala como la segunda al mando dentro de esta red. Además de estar incluida en las investigaciones por lavado de activos y colusión, también enfrenta acusaciones por concusión, debido a presuntos recortes de sueldos a personal de su despacho. A ello se suma una grave imputación por homicidio, cuyo detalle aún se mantiene en reserva por tratarse de una etapa preliminar.

Compra de inmuebles sin sustento económico

Jesús Sierra Tapia, exasesor de Torres, es otro de los personajes clave en esta investigación. Las autoridades lo acusan de enriquecimiento ilícito y lavado de activos tras detectar la compra de al menos 81 inmuebles en Lima y Tarapoto, muchos de ellos adquiridos al contado y a precios subvaluados. Se presume que estas propiedades fueron utilizadas como vehículos para ocultar dinero de origen ilícito.

En paralelo, la fiscal Claudia Dávila Chicoma, de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, ha iniciado una investigación independiente (Carpeta Fiscal N° 39-2025) centrada exclusivamente en Sierra Tapia, con base en un informe de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional.

Remisión a la Fiscalía de la Nación

Dado que la congresista Rosio Torres cuenta con inmunidad parlamentaria, el fiscal adjunto supremo Mirko Cano ha enviado el caso a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a fin de que se evalúe su inclusión en la Carpeta Fiscal 103-2023, que ya investiga a la legisladora por el delito de concusión.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que, de cara a las elecciones generales de 2026, tanto Rosio Torres como Fernando Meléndez estarían considerando una posible postulación bajo el paraguas político de Fuerza Popular, lo que abre nuevas interrogantes sobre los vínculos entre poder político y presuntas redes de corrupción.

Podemos Perú, la bancada congresal que ha juntado a perro, gato y harto ‘pericote’. Un testigo protegido afirma que la congresista Francis Paredes, de Podemos, habría cobrado al menos 45 mil soles a un empresario a cambio de una jefatura en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

De acuerdo al informe difundido anoche por el dominical Panorama, dicha cantidad de dinero habría sido entregada en tres depósitos de 15 mil soles a la cuenta de Maura Porras Huamán, persona cercana de la parlamentaria representante de la región Ucayali, refiriéndose a ella como ‘La Reinita’.

En enero de 2022, Paredes (mencionada como ‘La Profesora’) le informó a su amiga que le realizarían un depósito en su cuenta bancaria de Interbank, pidiéndole que le avisara cuando llegaran dichos depósitos.

Para concretar la operación, la congresista le facilitó al empresario Rodolfo Bardales Piña el número de cuenta de su amiga, con el propósito de que el dinero fuera depositado en partes cada 15 días. Dicho pago estaría relacionado con el presunto nombramiento en una jefatura del INPE.

Luego, la totalidad del dinero fue entregada a Javier Antonio Barbarán Pérez, alias ‘Pelacho’, hombre de confianza de Francis Paredes, quien incluso facilitó una camioneta para concretar la entrega.

Según el estado de cuenta correspondiente a mayo de 2022, Maura Porras efectivamente recibió un depósito de S/15 mil en su cuenta bancaria. El monto fue retirado en una agencia de Interbank ubicada en San Borja. Esta operación se repitió en dos ocasiones más, en una sucursal cercana al centro comercial La Rambla.

Cuenta el colaborador eficaz que la persona que iba a ser beneficiada con la jefatura sería Edgar Vilcapaza Arias, trabajador del INPE en Pucallpa. Sin embargo, la situación se complicó, ya que, tras el pago realizado a mediados de 2022, no se habría cumplido con otorgar dicho puesto.

Como consecuencia de lo ocurrido, la amiga de Francis Paredes comenzó a enfrentar problemas. Rodolfo Bardales Piña, quien realizó los depósitos, se presentó en su domicilio y le reclamó de forma airada por no haber cumplido con el nombramiento de su allegado en el INPE.

Porras Huamán habría llamado a la parlamentaria, quien le habría respondido: “Que tengan paciencia, que esperen, que eso va a salir y que los asesores estaban viendo ese tema”.

La situación no se resolvió, y la amiga de Francis Paredes comenzó a recibir nuevas visitas acompañadas de reclamos y amenazas, exigiéndole la devolución del dinero entregado.

“Habiendo concurrido a su casa por estos motivos, un aproximado de 15 veces, tanto Piña en su moto marca Honda de color rojo y en dos oportunidades también Vilcapaza en un carro plomo. Piña amenazó a ‘reinita’ diciéndole que tanto ella como la profesora lo habían engañado y que si no devolvía el dinero ‘a ambas les van a mandar a los penaleros’”, señala el documento fiscal.

El descargo de la parlamentaria

Horas después de que se emitiera tal reportaje, la parlamentaria emitió un comunicado en sus redes sociales, afirmando que se trata de un “préstamo y obligación de pago entre terceros”.

Mientras Bolivia se prepara para conmemorar su bicentenario con una serie de actos oficiales en Sucre, la gran ausente será la presidenta del Perú, Dina Boluarte. El gobierno del país altiplánico ha optado por no incluirla entre los invitados, una decisión que no ha pasado desapercibida en el escenario diplomático regional.

En su lugar, quien representará al Estado peruano será el ministro de Defensa, Walter Astudillo, según lo aprobado por un decreto supremo emitido por el Ejecutivo. Astudillo participará en los eventos programados entre el 5 y el 7 de agosto, con el objetivo —según se argumenta oficialmente— de fortalecer los vínculos de cooperación bilateral con el gobierno de Luis Arce. Su traslado se realizará en un avión de la Fuerza Aérea del Perú.

Pero detrás de la cortesía diplomática, hay una tensión latente. La exclusión de Boluarte Zegarra parece estar directamente relacionada con las recientes declaraciones que hizo durante su mensaje por Fiestas Patrias, en las que comparó al Perú con «países fallidos» como Cuba, Venezuela… y Bolivia. Un comentario que fue interpretado como una crítica directa al modelo político boliviano.

«Estamos camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, Bolivia y Venezuela», dijo Boluarte ante el Congreso, asegurando que su gobierno evitó ese colapso al asumir con responsabilidad institucional en medio de una grave crisis.

La Cancillería peruana intentó minimizar el impacto diplomático. El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, afirmó que las palabras de la mandataria fueron malinterpretadas y que no se trató de un ataque directo. “Fue una comparación general sobre la situación económica de la región, no un señalamiento específico a Bolivia”, aseguró.

No obstante, la decisión del gobierno boliviano de dejar fuera a Boluarte Zegarra en una fecha tan simbólica, evidencia que las relaciones bilaterales atraviesan un momento delicado. Aunque se mantiene el canal diplomático formal —como demuestra la invitación a Astudillo—, el gesto de exclusión presidencial es elocuente.

En un contexto regional donde la diplomacia debería tender puentes, no levantar barreras, el distanciamiento entre Bolivia y Perú prende señales de alerta. La pregunta es si esta tensión será contenida por el canal institucional o si marcará un nuevo episodio de aislamiento internacional para un gobierno que, como el de Dina Boluarte, ya enfrenta cuestionamientos en múltiples frentes.

En medio de una profunda crisis de seguridad, caos institucional y un creciente descontento ciudadano, la presidenta Dina Boluarte ha decidido —una vez más— abandonar el país. Esta vez será por ocho días, del 5 al 12 de agosto, para participar en actividades protocolares en Japón e Indonesia. El Congreso, en una ya habitual muestra de complacencia, el último viernes 1 de agosto autorizó el viaje con 63 votos a favor.

¿Es realmente prioritario para el Perú que su presidenta siga acumulando millas aéreas mientras en el territorio nacional se multiplican los asesinatos, la informalidad campea, y las regiones claman por una gestión más presente?

Desde que asumió el cargo, Boluarte Zegarra ha adoptado un estilo presidencial errante, con una agenda internacional que parece ignorar la magnitud de los problemas internos. Su gira por Asia, que incluye reuniones con empresarios, ceremonias protocolares, y cenas de gala, refleja más una obsesión por la vitrina internacional que un compromiso real con el país que gobierna.

Un itinerario de lujos y formalidades

La apretada agenda de Dina Boluarte en Japón incluye eventos como la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (CEPEJA), un almuerzo en su honor, encuentros con la comunidad peruana y la clásica foto con el emperador Naruhito. También hará acto de presencia en la Expo Osaka-Kansai 2025, donde visitará el pabellón peruano y participará en ceremonias que, si bien simbólicas, tienen escaso impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos peruanos.

En Indonesia, más de lo mismo: reuniones con el presidente Prabowo Subianto, firma de acuerdos, un foro empresarial, visitas al Parlamento y a la Secretaría de la ASEAN. El protocolo como protagonista, y la realidad peruana como telón de fondo ignorado.

Una presidenta ausente de su país, pero presente en la foto

La ausencia de Dina Boluarte se ha convertido en una constante preocupante. La presidenta parece más interesada en estrechar manos extranjeras que en resolver el caos interno que azota al Perú. Durante su mandato, se han disparado los niveles de criminalidad, con regiones dominadas por mafias, extorsión y sicariato. A esto se suma la parálisis en la gestión pública, con ministerios sin rumbo claro y una ciudadanía cada vez más harta de la desconexión entre el poder y el pueblo.

Mientras Boluarte Zegarra disfruta de recepciones diplomáticas en hoteles cinco estrellas y trenes bala en Japón, miles de peruanos en zonas rurales no tienen acceso a servicios básicos. El contraste es obsceno.

El costo político y económico del ausentismo presidencial

Cada salida internacional de la presidenta implica un despliegue de recursos públicos: seguridad, logística, alojamiento, viáticos y, por supuesto, la delegación que la acompaña. En momentos en que se exige austeridad y eficiencia, estos viajes resultan un lujo difícil de justificar.

A ello se suma el costo político. La presidenta parece ajena al rechazo creciente que genera su gestión. Su desapego del territorio nacional, su escasa presencia en regiones golpeadas por desastres naturales y su nula conexión con la ciudadanía construyen la imagen de una mandataria que gobierna a distancia, sin empatía ni sentido de urgencia.

Una gira que llega en el peor momento

La autorización del Congreso llega justo cuando el país enfrenta una nueva oleada de inseguridad ciudadana y corrupción. La desaprobación de Boluarte Zegarra alcanza niveles históricos, y varios de sus ministros son cuestionados por su ineficiencia y lambisconería. En lugar de concentrarse en una reforma profunda del Estado, o en liderar una cruzada contra la delincuencia, la jefa de Estado prefiere mantener una agenda de relaciones públicas fuera del país.

El argumento oficial es el mismo de siempre: atraer inversión extranjera. Sin embargo, los resultados de sus anteriores giras no se traducen en cambios tangibles para la economía nacional. La promesa de convertir al Perú en un polo de inversión permanece en el discurso, pero no en la realidad.

¿Una presidenta en piloto automático?

La sensación es clara: Dina Boluarte ha optado por sobrevivir políticamente sin enfrentar los problemas de fondo. Sus viajes son parte de una estrategia que prioriza la exposición internacional sobre el compromiso nacional. No hay liderazgo visible, ni decisiones audaces. Solo una administración que parece moverse en piloto automático mientras el país se hunde en la incertidumbre.

En suma, la nueva gira de la presidenta Boluarte no es solo un símbolo de desconexión, sino también una muestra preocupante de prioridades distorsionadas. El Perú necesita una presidenta presente, no una turista diplomática.

De acuerdo al cronograma electoral formulado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este último sábado solo cinco alianzas electorales acudieron a presentar su inscripción para participar en las Elecciones Generales 2026, respetando el plazo previsto.

De esta manera, los partidos Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz, y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! formalizaron la solicitud de inscripción de su alianza electoral bajo el nombre de Unidad Nacional. El candidato presidencial de esta coalición sería el congresista Roberto Chiabra.

«Somos la primera alianza y esto se ha dado, porque los partidos miembros tienen coincidencias ideológicas y programáticas. Es importante que sea la primera, porque viene una serie de procedimientos que se tienen que realizar en el Jurado Nacional de Elecciones y, al ser la primera, entendemos que habrá un pronunciamiento rápido respecto de nuestra alianza», manifestó Jimmy Benites, vocero de dicha alianza.

Por su parte los partidos Ahora Nación (AN), del exrector de la UNI Alfonso López Chau, y Salvemos al Perú, del exministro del Interior Mariano González, se presentarán como Alianza Electoral Ahora Nación. La solicitud fue presentada por Carlo Magno Salcedo, personero legal de la nueva agrupación política, en representación de ambos bloques. Cabe mencionar que tal solicitud fue observada por el JNE.

En tanto, Primero la Gente (partido vinculado al expresidente Martín Vizcarra) y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores formalizaron su inscripción bajo el nombre del último. Su personero legal, Marco Zevallos, señaló: «Nosotros nos hemos mantenido desde hace más de un año con todas las organizaciones. Los partidos que nos hemos sostenido en la mesa fuimos el PTE y Primero la Gente. Le proponemos al país trabajo digno, entre otras demandas que exige. Esta alianza no está circunscrita únicamente a las elecciones generales 2026 y las regiones».

Los partidos Voces del Pueblo (del legislador Guillermo Bermejo) y Nuevo Perú por el Buen Vivir se presentarán como la alianza electoral Venceremos, representando la apuesta desde la izquierda. Vicente Alanoca, líder del partido político Nuevo Perú, señaló que apuestan por un «liderazgo colectivo». «Las bases determinarán el candidato presidencial de nuestra alianza», expresó.

Finalmente, los partidos Fuerza Moderna (liderada por la exministra Fiorella Molinelli) y Batalla Perú (del actual gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas) se unieron bajo el nombre Fuerza y Libertad. “Somos dos economistas que lideramos los partidos, con experiencia pública. Además, coincidimos con modernizar al Estado con meritocracia”, mencionó Molinelli.