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Política

Mónica Yaya: «La Bancada Morada con el señor Martín Vizcarra han sido socios en negocios sucios»

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La Bancada Morada logró acelerar el debate técnico y político en plena pandemia para sacar el Proyecto de Ley N° 6953/2020, este proyecto viene siendo cuestionado por muchas entidades especializadas. El PL presentado por el congresista Alberto de Belaunde, busca subsidiar a empresas de energía renovable. De aprobarse el Proyecto de Ley de la Bancada Morada, esto nos costará a todos los peruanos 1,500 millones de dólares en subsidios.

Sobre el tema conversamos con la abogada y experta en contrataciones con el Estado Mónica Yaya Luyo, quien señala que aquí hay intereses empresariales e incluso la intervención del ex presidente Martín Vizcarra. Además, menciona que detrás de las empresas de energía renovable también se encuentra el estudio Echecopar, estudio que tiene relación con la Premier Violeta Bermúdez y desde donde se viene cocinando un negociado.

Además mencionó que es lamentable que ninguno de los candidatos presidenciales se pronuncie sobre el abuso y pisoteo que está haciendo, por ejemplo, la empresa china Luz del Sur con la economía de los peruanos.

Doctora Mónica Yaya ¿Cuál es su impresión sobre el Proyecto de Ley N° 6953/2020 presentado por el congresista Alberto de Belaunde?

A mí lo que me llama la atención del proyecto de Ley del congresista De Belaunde son dos cosas. Lo primero es que este Proyecto de Ley no haya pasado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, porque esto implica una modificación en los precios de la tarifa de luz. Porque de acuerdo a lo señalado por Osinergmin, esto va a afectar tanto a los usuarios libres como a los regulados. Sobre todo me llama la atención porque en estos momentos en el Perú, tenemos sobreoferta de generación de energía. De tal manera que los precios están más bajos de lo normal porque hay sobrecosto precisamente.

Congresista Alberto de Belaunde.

¿Cree que hay un negocio?

Lo que estoy viendo acá es un negocio del señor Javier de Belaunde, que dicho sea de paso es el padre fundador del estudio Echecopar, que es asesor de empresas generadoras de energía renovable. Aquí lo que se tiene que ver es qué empresa está detrás de todo esto, creo que es la empresa filipina Energy Development Corporation que se menciona en lo que ustedes han publicado. Esta empresa simplemente ha agarrado de empleados a un grupo de congresistas seguramente y a un grupo de opinólogos, pero que efectivamente una situación así no nos beneficia a los usuarios de la energía eléctrica. ¿Por qué tenemos que subsidiar a estas empresas? Lo que sucede es que las pérdidas que estas empresas tienen en Europa las quieren compensar con ganancias en países como el Perú, en donde lamentablemente algunas normas no pasan por el filtro de calidad que deberían tener en el Congreso de la República.

Ahora la gente tiene que saber que estos 1,500 millones de dólares es un subsidio que será pagado por todos los peruanos y que solo va a beneficiar a un pequeño grupo de empresarios.

Exacto, y que va a venir en nuestro recibo de luz, por eso a mí me llama la atención la rapidez y el silencio con el que el señor De Belaunde y sus cómplices están haciendo aprobar este Proyecto de Ley en el Congreso de la República con una celeridad que hubiéramos querido que tenga en otros tipos de Proyecto de Ley como por ejemplo, la liberación de los fondos de la AFP. Entonces, cuál es la razón que el señor Alberto de Belaunde quiere favorecer a este tipo de empresas, por qué no se ha invitado a todos los factores para que se desarrolle un debate público. El Ministerio de Economía y Finanzas también debe opinar, porque si los peruanos solo vamos a trabajar para pagar los recibos de Luz, al final nuestra capacidad adquisitiva va a caer y esto va a afectar todo. Las mismas industrias se van a paralizar.

En este Proyecto de Ley vemos un interés del Partido Morado, ya que no solo aparece el nombre de Alberto de Belaunde, también está el señor Pedro Gamio que es otro integrante del Partido Morado. Entonces, es Proyecto de Ley tiene color político.

Hay lamentablemente color político y tiene olor a dinero sucio. Porque el primer fundamento que le ponen al Proyecto de Ley es el compromiso que tiene el Perú en París para disminuir la emisión de gases con efecto invernadero. Pero un momentito, el Perú no es un país que produzca grandes cantidades de gases. Los que más producen son los países donde las industrias están mucho más desarrolladas como China, Estado Unidos y Canadá. El Perú en gases con efecto invernadero produce 0.00001, porque nuestras industrias no solamente no están tan desarrolladas como en otros países, sino que además en estos momentos están paralizadas. Entonces, esa exposición de motivos y ese análisis deficiente de costo beneficio que ha hecho el señor de Belaunde para favorecer a estas empresas, es un engañamuchachos. Este Proyecto de Ley no tiene lógica, la una lógica que tiene es la de querer hacer un negocio a costa de los peruanos.

¿Qué piensa sobre el papel que está jugando el ministro Jaime Gálvez?

El ministro Jaime Gálvez se ha hecho el de la vista gorda en el caso de Luz del Sur, está claro que el objetivo de Luz del Sur es que suba el precio de la generación de electricidad, y nos quiso mentir el ministro Jaime Gálvez el 22 de noviembre del año pasado, porque dijo que solo iba a subir el precio de la electricidad de las industrias, como si eso de por sí no nos perjudicara, porque si sube el precio a las industrias va a subir el costo de vida de los peruanos. Finalmente, lo que ha hecho es favorecer con una norma a Luz del Sur, y sobre esto actualmente está permitiendo que la bancada morada liderara por el infame señor Alberto de Belaunde, quien me da pena que tan joven sea tan corrupto, nos engañe con este supuesto beneficio de disminuir los gases del efecto invernadero de la industria peruana ¿de qué industria peruana está hablando?

Ministro de Energía y Minas Jaime Gálvez.

Curiosamente esta empresa filipina Energy Development Corporation comienza a trabajar en el sur del Perú, exactamente en Arequipa y Moquegua. Es decir, inicia en Moquegua, la tierra del expresidente Martín Vizcarra que actualmente se encuentra investigado por corrupción.

Así es, lo que pasa es que la Bancada Morada con el señor Martín Vizcarra han sido socios en negocios sucios. Entonces, esto debe tener una etapa de negociación en la cual estoy segura y pongo las manos al fuego por lo que voy a decir, aquí el señor Vizcarra debe haber intervenido. No es casualidad que esta empresa haya decidido precisamente invertir en Moquegua.

Ex presidente Martín Vizcarra y el presiden de la República Ppopular China, Xi Jinping.

Otro Factor que se debe señalar es que es una empresa asiática, primero fue el tema de Luz del Sur y las vacunas con el gobierno de la República Popular China y ahora tenemos una nueva negociación con una empresa asiática, esta vez de procedencia filipina. Lo curioso es que todo esto actualmente es promovido por la Bancada Morada en plena segunda vuelta.

Es lamentable que ninguno de los candidatos se pronuncie sobre el abuso y pisoteo que está haciendo por ejemplo Luz del Sur con la economía de los peruanos. El señor Pedro Castillo dice luchar contra los monopolios, pero no mencionó el monopolio de Luz del Sur, y creo que no es porque no lo conozca, sino que no lo ha querido mencionar. Creo que lamentablemente los capitales extranjeros están viendo a Perú como un terreno fértil para la corrupción. Odebrecht hizo gran daño al Perú y ha dejado el terreno preparado y condicionado para seguir sembrando corrupción y así lo ha entendido la empresa Luz del Sur y la empresa de generación de energía renovable.

¿Actualmente cuál cree que es el papel que está jugando el presidente Francisco Sagasti en estas negociaciones de energía?

El presidente Sagasti juega el papel de no estar enterado de nada. Está dejando pasar todo, no hay ninguna protesta ni ninguna protección al ciudadano de parte ni de INDECOPI ni de MINEM, tampoco del Ministerio de Economía para proteger la capacidad adquisitiva de los peruanos. En estos momentos los peruanos estamos desprotegidos. Confío mucho en la Comisión de Defensa del Consumidor, la Comisión ha tenido un mejor papel que los organismos del Poder Ejecutivo, que en realidad están supeditados a los negocios que se cocinan en el estudio Echecopar. No olvidemos la relación que tiene la Premier Violeta Bermúdez y su esposo con el estudio Echecopar. Yo no me creo ese cuento que su esposo renunció. Los negocios continúan allí y son los clientes del estudio Echecopar que están empujando este Proyecto de Ley y por eso se sirven de uno de sus empleados, como lo es el señor De Belaunde, quien está traicionando a los peruanos con este Proyecto de Ley, y se está burlando en nuestra cara.

Presidente Francisco Sagasti.

Es claro que el presidente Sagasti está al tanto de esto, porque el que presenta el Proyecto de Ley es precisamente el congresista Alberto de Belaunde, integrante de su bancada. Esto al final terminará perjudicando a todos los peruanos.

Perjudica a todos los peruanos, pero yo estoy segura que, como buenos caviares, el señor Alberto de Belaunde y el presidente Sagasti van a resultar con los bolsillos llenos luego de las negociaciones que han hecho bajo la mesa con Luz del Sur y con estas empresas de energía renovable.

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Edwin Cavello Limas. Periodista y cinéfilo. Es CEO y director de la revista, radio y TV Lima Gris. Fue editor de la revista ONCE, Actualmente es columnista del diario La Razón, Editor de Cultura de Diario UNO y conductor del programa Lima Gris que se transmite por Radio Planicie 91.5.FM.

Política

Nuevo escándalo: Congresista Roberto Sánchez usó fondos públicos para reuniones de su partido Juntos por el Perú [VIDEO]

Lo cometido por el congresista Sánchez quedó grabado en video.

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Un video muestra al congresista y presidente del partido Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, admitiendo que los fondos públicos destinados a la capacitación de organizaciones políticas fueron desviados para financiar reuniones internas del partido, lo cual es ilegal.

El video, grabado en agosto de 2024, muestra a Sánchez explicando cómo se utilizarían estos recursos públicos para costear dos reuniones programadas de su partido, una en agosto y otra en septiembre.

En la grabación, Sánchez detalla que, debido a que no podían usar los fondos públicos para cubrir los gastos de transporte y alojamiento de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de JPP durante los dos días que pasarían en Lima, idearon una estrategia para encubrir la reunión como una capacitación. De esta manera, pretendían hacer pasar el evento como un taller formativo de corta duración, de dos o tres horas, que luego se transformaría en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional.

“Para formalizar este taller ante la ONPE, lo presentaremos como una capacitación breve, de dos o tres horas. Después de eso, continuaremos con la sesión del Comité Ejecutivo Nacional. Podríamos poner, por ejemplo, los días 1 y 2 como el taller. Haremos una capacitación corta y luego seguiremos con la sesión del comité”, explica Roberto Sánchez en el video.

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Política

Ministra Leslie Urteaga en la mira del Congreso tras denuncias de niños intoxicados con productos de ‘Wasi Mikuna’

La titular del Midis, quien hace unos días cogió maletas y viajó a Chile a un foro de ‘desarrollo sostenible’, tendrá que asistir al Parlamento para rendir explicaciones sobre la intoxicación de más de 120 escolares en diversas regiones. Por su parte, la congresista Norma Yarrow le cursó un oficio exigiéndole una inmediata respuesta.

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Como se recuerda, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini pretendió “lavarle la cara” al otrora programa alimentario ‘Qali Warma’, tras las denuncias que indicaban que los productos alimenticios destinados a escolares del país, estaban preparados con carne de caballo. Por lo que optó a cambiarle de nombre y en diciembre de 2024 decidió ponerle ‘Wasi Mikuna’.

Como se recuerda, en diciembre del 2024 el Fujimorismo y APP blindaron al exministro ‘carne de caballo’, a pesar de las intoxicaciones de escolares.

‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’ resultaron ser lo mismo

Han transcurrido, cuatro meses, y dicho programa social no ha cambiado en su estructura ni en sus habituales problemas. Y en solo una semana, se han intoxicado alrededor de 120 niños en Áncash, Amazonas y Piura, luego de consumir conservas de pescado procedentes del programa Wasi Mikuna.

Ante ello, algunos congresistas, como la presidenta de la Comisión Investigadora en torno a Programas Sociales, Katy Ugarte Mamani dijo que «no hay un control de calidad» en el programa ‘Wasi Mikuna’, el cual reemplazó a ‘Qali Warma’. Asimismo, consideró que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, inmediatamente debe acudir al Congreso para responder sobre los reportes de escolares intoxicados, tras consumir los alimentos del cuestionado programa social.

“La ministra tiene que venir al Congreso sobre esta situación tan delicada, porque no podemos permitir que niños sigan intoxicándose y no podemos jugar con la salud de la niñez”, refirió Ugarte Mamani.

‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’ es más de lo mismo en calidad de atención.

Norma Yarrow exige explicaciones a ministra Leslie Urteaga

La parlamentaria de Renovación Popular, Norma Yarrow Lumbreras también se pronunció sobre la reciente denuncia de niños intoxicados por ingerir productos alimenticios de ‘Wasi Mikuna’, e indicó que tiene información del daño ocasionado en más de 80 menores de un colegio piurano, donde se distribuyen desayunos elaborados por el programa del Midis. Además, recordó los posibles casos de intoxicación ocurridos recientemente en el distrito de Los Olivos y en la localidad de Bagua.

Yarrow Lumbreras solicitó a tomar acciones de supervisión e investigar los hechos de esta alarmante situación, remarcando que «afecta la salud de la población escolar». En ese sentido, exigió una inmediata respuesta a fin de que se identifiquen las responsabilidades del caso.

Posteriormente, la congresista anunció mediante sus redes sociales que había enviado los oficios correspondientes a la ministra Leslie Urteaga y el contralor César Aguilar, con la finalidad de esclarecer estas preocupantes circunstancias que perjudican a varios escolares peruanos. Además, criticó duramente al programa ‘Wasi Mikuna’, calificándolo como «un burdo maquillaje» de su predecesor, ‘Qali Warma’.

«Nuevamente alumnos de diferentes regiones resultan intoxicados al ingerir alimentos del programa Wasi Mikuna, antes Qali Warma. Esto es una burla y atentado a los estudiantes más humildes. Envío oficios a la Contraloría y al Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (MIDIS). Otra vez se pone en riesgo la vida de nuestros escolares», publicó en su cuenta de X, Yarrow Lumbreras.

Leslie Urteaga se fue de viaje a Chile  

La cuestionada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga Peña, apenas hace tres días cogió sus maletas y emprendió vuelo a Santiago de Chile, representando a Perú en la Octava Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, que se lleva a cabo en el país mapuche, del 1 al 4 de abril.

Actualmente, Fiscalía investiga a ministra Leslie Urteaga por presuntos actos de corrupción cuando despachaba en el Mincul.

Durante su ausencia, el despacho del Midis quedó a cargo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate.

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Política

Congresista Montoya sobre la comunidad LGBT: “Ellos mismos se discriminan” [VIDEO]

Parlamentario sostiene que “ellos mismos se discriminan cuando quieren ser algo diferente en la sociedad”.

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No quiere compartir el baño. El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, en declaraciones para Exitosa, manifestó que las personas de la comunidad LGBT son las únicas responsables de sentirse discriminadas “cuando quieren ser algo diferente en la sociedad”. Dichas aseveraciones se dan bajo el contexto de que recientemente el Congreso de la República aprobó una ley que establece el uso de baños según el sexo biológico.

El legislador recalca que sus declaraciones no implican cualquier tipo de discriminación hacia la comunidad LGBT, argumentando que sus miembros son seres humanos al igual que todos.

“No hay discriminación a nadie. La discriminación es cuando ellos se autocalifican LGBT. Son seres humanos al igual que yo y que usted. Ellos son los que se discriminan y quieren ser algo diferente en la sociedad», declaró para el citado medio.

El congresista, uno de los coautores de la norma, explicó que estuvo “congelada” durante más de dos años y que nació a raíz de la denuncia de una usuaria al notar que en el aeropuerto Jorge Chávez existían baños para aquellas personas con que se autoperciben como mujeres u hombres.

«Yo soy autor de parte de esa ley. Ayer ha sido aprobada esta ley que fue puesta en comisiones hace más de dos años (…) ha estado congelada, recién salió ayer. Esto se hizo cuando se escuchó la denuncia de una persona que había ido al aeropuerto y encontró unos baños donde podían entrar hombres y mujeres juntos, entonces salió la discusión, hicimos una investigación y era necesario normarlo para evitar problemas, sobre todo en la niñez», continuó explicando. 

 Activista trans en contra de Ley

A propósito de ello, la activista trans Gahela Cari rechazó que se acuse a las personas trans como los principales agresores sexuales contra menores.

«En lugar de poder invertir el dinero del Estado en sacar normas a favor de la educación y de la población, se use a los niños para vulnerar los derechos de las personas trans. Es grave», sostuvo la ex candidata al Congreso.

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Política

Gobernadores regionales, alcaldes, congresistas y otros funcionarios públicos están prohibidos de realizar publicidad estatal

Tras el anuncio presidencial que convocó a Elecciones Generales 2026 quedan prohibidas todas las propagandas estatales. Es decir, todo servidor público no podrá aparecer en spots a través de su imagen y voz que lo identifique y tampoco deberá publicitar colores, frases, símbolos, o signos, que estén relacionados con una organización política.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que desde este jueves 27 de marzo se encuentra efectiva la prohibición de realizar publicidad estatal en todo el país, ante la oficialización de la convocatoria a Elecciones Generales 2026 (EG 2026), de acuerdo con la normatividad vigente.

El impedimento rige desde el pasado jueves 27 de marzo. Es decir, desde el día siguiente en que se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N°039-2025-PCM, mediante el cual la mandataria Dina Boluarte convocó al proceso para elegir al presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Resolución n.° 047-2024-JNE.

Existen excepciones

Si bien esta restricción está vigente y tiene que acatarse bajo todo concepto, también tiene excepciones. Es decir, cuando la publicidad estatal se justifica en casos de impostergable necesidad o utilidad pública, por temas referidos a educación, salud, seguridad u otras situaciones similares, tal como lo precisa el Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, aprobado por Resolución n.° 047-2024-JNE.

Alcaldes, gobernadores y otros servidores públicos no podrán hacer propaganda

Los avisos o mensajes exceptuados, en ningún caso pueden contener o hacer alusión a colores, nombres, frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento que directa o indirectamente esté relacionado con una organización política.

Además, ningún funcionario o servidor público de una entidad o cualquiera de sus dependencias deberá aparecer en la publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique.

En las citadas excepciones, debe cumplirse las exigencias señaladas en el citado reglamento. Así, por ejemplo, se debe solicitar autorización previa, de tratarse de avisos o mensajes publicitarios a ser propalados por radio o televisión.

En tanto, si la difusión se lleva a cabo a través de la prensa escrita, redes sociales u otros medios se deberá presentar un reporte posterior. También se anota que los referidos procedimientos deben entregarse ante la Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI) del JNE, mientras no se instalen los Jurados Electorales Especiales (JEE) competentes.

Las notas de prensa no están prohibidas  

Asimismo, no se encuentran dentro de la definición de publicidad estatal las notas de prensa; las comunicaciones internas e interinstitucionales; y los avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y otras normas afines.

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Política

Indecopi se niega investigar a Centro Comercial Real Plaza

La Comisión de Protección al Consumidor declaró improcedente la denuncia presentada contra la empresa Real Plaza y sus apoderados, basándose en una ‘leguleyada’ que sustenta el principio ‘non bis in idem’, “ya que existe otra entidad del estado (autoridad municipal) con competencia para conocer los hechos denunciados”.

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Indecopi declaró improcedente la denuncia presentada por la asociaciones de defensa al consumidor, Centro EQUIDAD, ADCIP, y PROCONSUMO, contra Real Plaza SRL y sus gerentes y/o apoderados, Misael Shimizu Mitsumasu, Luis Alonso Santa María Torres y Garlet Noemi Rodríguez Ortiz, por su presunta responsabilidad y/o culpa, en los hechos fatídicos del pasado 21 de febrero del 2025, y por su actuar negligente en días posteriores, por acciones de supuesta omisión que vulneraron los derechos de los consumidores. Y por haber ocultado información de las deficiencias en sus 11 locales o centros comerciales. 

Resolución Final n.° 0747-2025/CC2 de Indecopi.

La Comisión de Protección al Consumidor a través de la Resolución Final N° 0747-2025/CC2 argumenta que se han cumplido todos los requisitos necesarios para que se configure el supuesto de afectación al Principio de Non Bis In Idem (no dos veces por lo mismo). Por esa razón, no solo han declarado inadmisible la denuncia, sino también, improcedente, por falta de competencia, arguyen. 

Denuncia contra Real Plaza y sus apoderados.

Alegan que no tienen competencia para sancionar

De acuerdo al punto 23 de la resolución de Indecopi, se señala que el artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) establece que las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas y por ende establecen las escalas de multas. Asimismo, en el punto 24, indican que las municipalidades de Huancayo, Cusco, Villa María del Triunfo, Ate, Piura, Guardia Civil, Centro Cívico, y Juliaca cuentan con competencia para conocer los hechos cuestionados, con respecto a los centros comerciales de Real Plaza. 

En tal sentido, en el punto 25, Indecopi argumenta que “ya existe una entidad del estado (autoridad municipal) con competencia para conocer los hechos denunciados por Equidad, Proconsumo y ADCIP, por lo que no corresponde a Indecopi conozca el mismo sin haberse verificado una afectación en concreto a los consumidores”. Asimismo, en el punto 26, la entidad señala que “En atención a lo expuesto, corresponde declarar improcedente por falta de competencia, el extremo referido a que Real Plaza, el señor Shimizu, el señor Santa María y la señora Rodríguez habrían puesto en riesgo la seguridad de los consumidores, toda vez que sus locales comerciales (Real Plaza Huancayo, Cusco, Villa María del Triunfo, Puruchuco, Santa Clara, Piura, Guardia Civil, Centro Cívico y Juliaca) presentaban defectos (estructurales y eléctricos)”.

Indecopi no identifica deficiencias de Real Plaza

En los puntos 36, 37 y 38, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi considera que los denunciantes de Real Plaza y sus apoderados, brindaron medios probatorios con información que sustenta de manera genérica las deficiencias que habrían presentado los centros comerciales de dicha empresa. Por lo tanto, no fue posible identificar de manera concreta y detallada los defectos aducidos. Asimismo, señalan que no les fue posible verificar que, con anterioridad a las intervenciones de las municipalidades, la empresa denunciada hubiese tenido conocimiento de las deficiencias alegadas.

Declaran improcedente resarcir económicamente a afectados de Real Plaza

Finalmente, en los puntos, 39, 40 y 41, Indecopi declaró improcedente interponer la medida cautelar solicitada por los denunciantes, con el fin de que se reembolsen los gastos efectuados por los consumidores que fueron afectados por la tragedia del pasado 21 de febrero del 2025, en su local del Centro Comercial Real Plaza Trujillo. La entidad, nuevamente argumenta que, ante esta pretensión, también se ha configurado el Principio de Non Bis In Idem, considerando que las supuestas infracciones ya están siendo analizadas por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad. 

En resumidas cuentas, Indecopi, a través de su Comisión de Protección al Consumidor, prácticamente abandona su legítimo rol de proteger a los usuarios peruanos. En tanto, surge la pregunta ¿a quién protege Indecopi, al consumidor o a la empresa privada? 

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Política

Gobierno de Dina Boluarte desiste en imponer “franja informativa”

Fue el ministro de Justicia quien indicara que propuesta queda “suspendida”.

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Recapacitaron. El gobierno de Dina Boluarte dio marcha atrás en querer imponer una “franja informativa” que obligaba a todos los medios de comunicación el transmitir todo lo que se debatía en el denominado ‘Cuarto de Guerra’, presidida Boluarte Zegarra y sus ministros.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Eduardo Arana, explicó que la medida había sido planteada con el fin de garantizar que los medios informaran sobre las actividades oficiales y las acciones del Ejecutivo durante el estado de emergencia contra la criminalidad.

Durante su anuncio, el funcionario detalló que la propuesta se basaba en el artículo 6 de la Ley de Radio y Televisión, que ya prevé el apoyo de los medios “en situaciones de desastre y emergencia”. Además, mencionó que un decreto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya regula las obligaciones de los medios en estos contextos. “Hay una norma vigente. No es verdad que sea inconstitucional o ilegal, ya existe”, afirmó.

Explicó, además, que el propósito de la medida era unificar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad organizada y brindar a la población información relevante sobre las acciones del gobierno en el marco de un estado de emergencia. Aunque la propuesta no había sido sometida a un “debate público” formal, Arana reconoció que los comentarios previos habían generado “confusión sobre el verdadero propósito” de la propuesta.

“La intención de la medida tenía el fin de unir esfuerzos en beneficio de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, y que de modo alguno pretendía vulnerar la libertad de expresión, en aras de nuestra vocación democrática. Suspenderemos la referida propuesta”, dijo al reiterar que el Ejecutivo defiende los “valores democráticos” y la libertad de expresión.

Titular de Justicia fue el encargado de anunciar que “franja informativa” ya no iba. Foto: Andina.

Sin embargo, tal anuncio trajo consigo una ola de críticas por parte de distintos sectores, en especial desde la Asociación de Periodistas del Perú (APN), el cual calificó de “inaceptable” dicha propuesta del Ejecutivo.

La ANP había señalado que la propuesta revestía una particular gravedad, ya que observaba un intento de controlar el contenido de los medios. “En un contexto de permanentes arremetidas del Ejecutivo contra las libertades informativas, con escaladas constantes, resulta nocivo anunciar una propuesta de esta naturaleza”, sostuvieron.

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Política

Premier Gustavo Adrianzén será interpelado por el Congreso de la República

Adrianzén deberá presentarse al Parlamento el 9 de abril para responder un pliego de 43 preguntas. La moción se fundamenta en “la incapacidad para luchar contra la inseguridad ciudadana”. En respuesta, el titular de la PCM califica la medida de “persecución política” y no descarta pedir cuestión de confianza.

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Parecía nunca llegar, pero llegó el día en que algunas facciones del Congreso ya no pretenderían arropar al Gobierno de Dina Boluarte. Por lo que el Pleno aprobó, con 43 votos a favor, 39 en contra y 21 abstenciones, la admisión de la Moción de Orden del Día 16263, que solicita la interpelación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya.

Como era de esperarse, las bancadas que se opusieron a aprobar la moción fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial y Honor y Democracia.

Keiko y Acuña responsables de sostener el gobierno de Dina Boluarte.

La interpelación propuesta por el legislador Edward Málaga Trillo (Avanza País), de acuerdo a lo confirmado por el presidente de la Mesa Directiva Eduardo Salhuana, quedó programada para el próximo miércoles 9 de abril a las 3 de la tarde, en la cual Adrianzén Olaya deberá responder un pliego de 43 preguntas alusivas a su labor en temas urgentes, como la inseguridad ciudadana y minería ilegal, la composición de su Gabinete Ministerial y la política económica del gobierno.

Por su parte, Málaga Trillo remarcó que el gobierno no resuelve un tema tan importante, como es la inseguridad.

“Incapacidad para avanzar en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que nos sigue costando vidas, especialmente afectando a empresarios, comerciantes, transportistas, colegios y artistas”, refirió el parlamentario.

Premier Adrianzén menospreció encuesta que dio 3% de aprobación a gestión presidencial de Dina Boluarte.

Premier Adrianzén: interpelación es una “persecución sistemática”

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén en la conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, comparó la medida de interpelación, con casos anteriores de censura en el gobierno de Boluarte Zegarra y se refirió a las destituciones del exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho y el exministro del Interior Juan José Santivañez, así como la interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Pérez Reyes.

Asimismo, afirmó que el Ejecutivo también evalúa las medidas de retribución que tomará ante este proceso, como es la figura de cuestión de confianza: “Pero en la misma medida que el Congreso de la República articula mecanismos contenidos en el Reglamento del Congreso, el Poder Ejecutivo está evaluando las medidas que va a adoptar al respecto”.

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Política

Mincul investigará a ‘influencers’ que realizaron publicidad en santuario de Machu Picchu

DDC del Cusco recuerda que están prohibidas las imágenes con “fines publicitarios” del santuario, y que los interesados deben de solicitar un permiso.

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No se cuidaron. El Ministerio de Cultura (Mincul), a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, indicó que viene realizando investigaciones contra unas supuestas ‘influencers’ por presuntamente infringir el reglamento de visita del santuario de Machu Picchu.

La entidad recordó que el uso de la imagen del Santuario Histórico “con fines publicitarios” está estrictamente prohibido.

Asimismo, explicó que la norma tiene como objetivo “proteger este invaluable Patrimonio Cultural y Natural”, así como garantizar “su conservación a lo largo del tiempo”.

A propósito de ello, Nino del Solar Velardo, jefe del referido parque arqueológico, expresó su preocupación sobre este caso, donde las ‘influencers’ habrían configurado el posible uso no autorizado de la imagen de Machu Picchu.

“Es fundamental que todos los ciudadanos, nacionales o extranjeros, que visitan la Llaqta de Machu Picchu cumplan con el Reglamento de Uso Sostenible y Visita Turística para la Conservación de la Llaqta de Machu Picchu que establece claramente las conductas calificadas como prohibidas o que transgreden la norma vigente”, manifestó.

Además, destacó que el boleto de ingreso establece explícitamente que, al adquirirlo, se aceptan los términos, condiciones y el reglamento de visita.

En ese sentido, indicó que la DDC, ante un posible incumplimiento de las normas, está facultada para iniciar ‘las acciones legales correspondientes’, lo que motivó abrir una investigación contra este grupo de creadores de contenido.

Responsables de publicidad no solo recibirían un “calambre al ojo”, sino durísimas sanciones.

Cabe precisar que cualquier visitante que realice actos indebidos o intente ingresar con objetos prohibidos en los monumentos históricos enfrentará consecuencias severas. Estas medidas incluyen la expulsión inmediata del recinto sin posibilidad de reembolso y el inicio de acciones legales correspondientes.

El control y la vigilancia dentro de estos espacios están a cargo de los guardaparques del Ministerio de Cultura y de los agentes de la Policía Nacional, quienes deberían garantizar el cuidado.

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