Luego de conocerse que por mayoría, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema declaró ilegal a la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vinculada a Antauro Humala, el congresista Guido Bellido se solidarizó con el etnocacerista.

Mediante un mensaje en su cuenta oficial de X, el parlamentario Bellido Ugarte señaló: «Las ideas se confrontan en el ámbito político. Excluir a un candidato del proceso electoral por ideas, no es democrático. Expresamos solidaridad con Antauro Humala y los militantes del partido A.N.T.A.U.R.O, a quienes se pretende privar del derecho constitucional de ser elegidos».

¿Quiénes fueron los jueces que tomaron esa decisión? Los jueces supremos fueron: Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana, Eduardo Raymundo Ricardo Yrivarren Fallaqué, Juan José Linares San Román y José Wilfredo Díaz Vallejos emitieron el fallo en mayoría, a favor de declarar fundada la demanda. Mientras que el juez supremo Pedro Cartolín Pastor, en minoría, votó por declarar infundada la demanda.

Ante lo sucedido, el congresista Bellido se pronunció con firmeza en defensa de la democracia frente a la disolución del partido político de Antauro Humala, subrayando que esta medida resulta contraria a los principios democráticos que deben regir en el país. Según Bellido, el pueblo peruano es el único soberano para decidir a sus gobernantes y expresar su voluntad en las urnas, y no se debería limitar su derecho a elegir y participar en la vida política.

Recordemos que la democracia es un bien fundamental que no puede ser vulnerado, y una medida de este tipo plantea la urgente pregunta: ¿dónde queda la democracia en el Perú si no se respeta la pluralidad y la participación popular?

El Primer Despacho del Equipo Especial, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, requirió ayer la suspensión del cobro de peajes de concesión ‘Línea Amarilla’, como medida preventiva en las investigaciones que se le siguen a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, así como las empresas Constructora OAS y Línea Amarilla SAC.

Mediante un comunicado, la Fiscalía señaló que la solicitud de suspensión abarca los peajes ubicados en la sección 1: Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita, Ramiro Prialé, y la sección 2: Peajes Estadio, Ejército y Huánuco.

La Fiscalía también requirió el nombramiento de la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Peajes (Emape S.A.), como administrador judicial, a fin de que custodie los bienes de la concesión de las áreas del terreno.

Este pedido fue presentado por el Ministerio Público bajo el amparo del artículo 313 del Código Procesal Penal, como parte de las investigaciones contra la empresa Línea Amarilla S. A. C., Constructora OAS y Susana Villarán de la Puente, durante su gestión como exalcaldesa de Lima.

Con la medida, según el requerimiento, se busca poner término a las pretensiones de Lima Expresa de “seguir beneficiándose de manera indebida con el cobro de un peaje incrementado mediante acuerdos clandestinos” encubiertos vía un mecanismo de trato directo.

La respuesta de Lima Expresa

Por su parte, la empresa concesionaria Lima Expresa emitió un comunicado para señalar que la solicitud hecha por la Fiscalía se encuentra en «proceso de investigación» y piden al Poder Judicial tomar decisiones en respeto de las garantías constitucionales.

«Invocamos a las autoridades del sistema de justicia del país a adoptar decisiones en estricto respeto de las garantías constitucionales, única manera de restituir la confianza empresarial, garantizando la seguridad jurídica y la predictibilidad que son muy necesarias para el desarrollo de la inversión privada», se lee en el pronunciamiento.

El dato:

El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para el próximo 21 de noviembre, a las 10 de la mañana, la audiencia donde se verá el pedido realizado por el Ministerio Público para suspender la recaudación de peajes.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, no puede poner orden dentro de su portafolio y peor va a ponerlo en las calles de la ciudad. Algo raro está pasando dentro del Mininter que los funcionarios no duran ni un mes.

El general PNP Luis Ricardo Chávez Gil, quien ocupaba el cargo de viceministro de Orden Interno en el Ministerio del Interior, presentó su renuncia tras cinco meses en el puesto. Chávez Gil, que también desempeñaba funciones como jefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), dejó el cargo por “motivos personales,” según indicó el titular del Mininter. Sin embargo, fuentes cercanas revelaron que su salida ocurrió después de que Santiváñez ordenara aplicar pruebas de polígrafo a altos funcionarios del ministerio, incluido el propio Chávez Gil, algo que habría motivado su dimisión.

Chávez Gil, abogado y general de la Policía Nacional, cuenta con una larga trayectoria en el ámbito de la seguridad. Ha ocupado roles clave, como director de la Dirección Contra el Crimen Organizado en 2020 y asesor en el Viceministerio de Orden Interno. Su formación académica incluye estudios en Derecho por la Universidad San Martín de Porres y una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Católica Los Ángeles.

La salida de Chávez Gil se suma a una serie de renuncias recientes en el Ministerio del Interior, que refuerzan la percepción de inestabilidad en la alta dirección de esta entidad. Entre los funcionarios que han dimitido se encuentran Luis Santiago Quiñones Carrasco, director de Asuntos Internos, y Paúl César Guillén Montoya, asesor de la Secretaría General, quienes dejaron sus cargos a mediados de octubre. Además, cuatro directores clave, como el jefe de la Oficina de Presupuesto y la directora de Modernización y Desarrollo Institucional, también presentaron su renuncia el 15 de octubre, marcando un éxodo significativo de funcionarios en áreas cruciales para el funcionamiento de la institución.

A inicios de octubre, Walter Zegarra Figueroa, jefe del Gabinete de Asesores de Juan José Santiváñez, renunció a su cargo mediante una carta dirigida al ministro, sin especificar las razones. Fuentes cercanas señalaron que Santiváñez habría solicitado la renuncia de todos sus asesores ministeriales, lo que sugiere que la salida de Zegarra podría estar relacionada con cambios en la estrategia de gestión del ministerio.

Este contexto de múltiples renuncias pone de relieve una etapa de cambios y reorganización en el Mininter, en un momento en que las críticas hacia la gestión de la seguridad en el país y el manejo del orden interno han sido constantes.

La construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, ha significado un rosario de controversias que solo han contribuido a dilatar aún más dicho proyecto, que hasta el momento solo habría alcanzado el 12% de su ejecución. 

Hace más dos meses, exactamente el 16 de agosto el ministro de Transportes Raúl Pérez Reyes se reunió en una mesa de diálogo en la cual se comprometió con el gobernador de Cusco, el alcalde de Urubamba, el alcalde de Chinchero y los presidentes de las comunidades campesinas, a solucionar las negociaciones con el ‘Consorcio Natividad Chinchero’ para que las obras no sean paralizadas. Sin embargo, el pasado 06 de septiembre el Consorcio envió una comunicación oficial dirigida al propio MTC anunciando la suspensión de todas las obras.

No obstante, el gobierno de Dina Boluarte Zegarra hoy anunció con “bombos y platillos” que acaban de firmar la adenda del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, con el fin de destrabar esta obra de gran envergadura.

“Este aeropuerto no es solo una obra de infraestructura; representa un motor para impulsar la conectividad, el desarrollo socioeconómico y la generación de oportunidades para más peruanos. Su construcción es una prioridad para nuestro gobierno, y nada detendrá esta obra”, refirió la presidenta durante el acto protocolar realizado en Palacio de Gobierno y explicó que, tras la firma de la adenda, esperan culminar el terminal de pasajeros y el cerco perimétrico, dentro de los plazos establecidos. Asimismo, anunció que la pista de aterrizaje y la torre de control pasarán por un nuevo proceso de licitación, que comenzará en 2025.

Además, la jefa de Estado subrayó que en su fase inicial el aeropuerto de Chinchero recibirá a más de siete millones y medio de pasajeros al año.

“Con ello, dinamizaremos el turismo nacional e internacional, así como la economía local. Más de cinco mil peruanos se beneficiarán con empleos directos, y más de un millón se verán favorecidos en sectores como el turismo, comercio y transporte”, culminó la mandataria.

Como se sabe, Cusco espera hace más de 20 años la culminación de la construcción de la obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero; sin embargo, los lobbies, las componendas y las evidentes presiones políticas y empresariales originaron que este ambicioso proyecto no tenga fecha cierta de entrega; sin embargo, Dina Boluarte ha lanzado una noticia que pretende alentar a los que ya no creen en la culminación de este proyecto aeroportuario. 

Consorcio Natividad encargado de construcción del Aeropuerto de Chinchero exigía US$193 millones adicionales para continuar con la obra

Recordemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), primero durante el gobierno de Martín Vizcarra y luego con su entonces titular Eduardo González, durante la encargatura de Francisco Sagasti brindó la adjudicación para la ejecución de esta obra mediante un contrato de Estado a Estado con el Gobierno de Corea, al Consorcio Natividad de Chinchero. El costo total de la obra era de US$427 millones; que incluía un terminal de pasajeros, que sería ocho veces más grande que el actual aeropuerto de Cusco Alejandro Velasco Astete, y debía ejecutarse en 47 meses; sin embargo, el “Consorcio Natividad de Chinchero” integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction CO. LTD (Corea), Sinohydro Corporation Limited (China), ICA Constructora S.A de C.V. (México) y HV Contratistas (Perú), pidió este año un adicional de US$193 millones para terminar y concluir la construcción del aeropuerto de Chinchero, argumentando que el cálculo inicial del presupuesto que realizaron no fue el adecuado, debido a la inflación y actualización de precios. Es decir, pidieron al gobierno―fuera del contrato―este excesivo incremento en el costo del presupuesto, sencillamente porque el Consorcio se encontraba desfinanciado para continuar con el proyecto. Sin embargo, el Ejecutivo anuncia el destrabe de dicha obra, pero no informa los detalles de la adenda firmada y tampoco explica si el Estado peruano desembolsará los US$193 millones adicionales.  

La Comisión Especial encargada de la elección de los nuevos miembros de la junta Nacional de Justicia tras un concurso público seleccionó a los siete abogados titulares, Gino Ríos, Francisco Távara, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Víctor Hugo Sándwich, Germán Serkovic, y Rafael Ruiz, quienes se encargarán de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales durante el periodo 2025-2030 en Perú.

Los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) son:

Gino Augusto Tomás Ríos Patio: con 86.48 puntos en el cuadro de méritos, ha sido procurador anticorrupción, denunció a exfuncionarios durante el gobierno de Alejandro Toledo y ha enfrentado acusaciones de plagio y controversias relacionadas con el uso de recursos del Estado en asuntos personales, así como acusaciones por violencia psicológica.

Francisco Artemio Távara Córdova: con 85.60 puntos en el cuadro de méritos, ha sido jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y expresidente del Poder Judicial. Asimismo, figura en los registros de llamadas con el exjuez César Hinostroza en 2018, antes del escándalo del caso «Los Cuellos Blancos del Puerto».

Jaime Pedro de la Puente Parodi: con 85.40 puntos en el cuadro de méritos, ha sido presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, con experiencia como procurador y asesor en el Tribunal Constitucional.

María Teresa Cabrera Vega: con 85.29 puntos, ha sido congresista de la República por el partido Podemos Perú y participó en la mesa directiva liderada por Manuel Merino. Fue conocida por ser la magistrada que dictó sentencia para enviar a prisión a la conductora de farándula Magaly Medina. Además, enfrenta críticas por supuestas contrataciones de familiares en el Congreso.

Víctor Hugo Chanduví Cornejo: con 85.23 puntos en el cuadro de méritos, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Antenor Orrego y juez superior suplente en la Corte Superior de La Libertad.

Germán Alejandro Julio Serkovic González: con 82.03 puntos en el cuadro de méritos, es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Rafael Manuel Ruíz Hidalgo: con 80.65 puntos en el cuadro de méritos, ha sido asesor en derecho constitucional del presidente del Poder Judicial y retirado de un proceso en 2022 por no declarar deudas.

Los nuevos miembros de la JNJ asumirán funciones en enero de 2025, donde se espera que contribuyan al fortalecimiento de la justicia en Perú. En tanto lo miembros suplentes de la JNJ son: Cayo César Galindo Sandoval, Mónica Roxana Rosell Medina, Iván Pedro Lino Guevara Vásquez, Freddy Widmar Hernández Rengifo, Roque Augusto Bravo Basaldúa, Iris Estela Pacheco Huancas y Jorge Félix Balarezo Rengifo.

La presidenta Dina Boluarte le habría ordenado a su mensajero y vocero presidencial Fredy Hinojosa calificar como “traidores a la patria” a todas las personas que salgan a marchar, luego de convocarse un nuevo Paro Nacional los días 13, 14 y 15 de noviembre, fechas coincidentes con la Cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) Perú 2024, a donde llegarán diversas autoridades del extranjero.

Tras las duras declaraciones que Hinojosa hizo el último martes 29 de octubre en Palacio de Gobierno, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Ángel Palomino Pedraza calificó con una “falta de respeto” hablar de traición, frente al clamor de la población y al pedido de acciones inmediatas por la ola de extorsiones y crímenes que todos los días asesinan a más gente en el país.

“Creo que es una falta de respeto hablar de traición, los traidores del Estado son ellos, deberían ser denunciados por traidores a la patria porque traicionaron nuestro voto popular. A ellos les hemos elegido para que nos den leyes humanitarias y justas”, declaró a la prensa y precisó que la convocatoria de la marcha es pacífica y no bloquearán las carreteras.

Vocero presidencial llama «traidores a la patria» a quienes marchen en días del APEC

El mensajero Fredy Hinojosa, vocero oficial del despacho presidencial ayer volvió a la carga y se pronunció en los interiores de Palacio de Gobierno sobre algunos temas coyunturales. Fredy Hinojosa aseguró que quienes convoquen a cualquier tipo de paralización durante estas importantes jornadas son considerados traidores a los intereses del Perú.

Vocero presidencial defiende a presidenta Boluarte y llama «traidores a la patria» a quienes participen en marchas.

«Debemos decirles a nuestros compatriotas que uno no destruye lo que ama, nosotros amamos al Perú. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el Foro APEC es un traidor a los intereses de la patria. En un momento donde el Perú se pone en vitrina internacional, donde las 21 economías más importantes del planeta nos visitan», aseveró.

Como era de esperarse la Policía Nacional del Perú (PNP) no autorizó al suboficial PNP, Félix Montalvo Guevara, declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, por el caso ‘cofre’ presidencial. La institución policial indicó que la solicitud debió ser remitida al Ministerio del Interior. Mediante un oficio enviado al abogado de Montalvo, Jesús Poma Zamudio, el general PNP Raúl Arnaldo Silva Olivera, señaló que dicho pedido tendría que remitirse al Mininter, ya que es la «entidad titular» de la Policía Nacional.

«Lo solicitado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República debe ser remitido a través del Ministerio del Interior por ser la entidad titular de la cual depende la Policía Nacional del Perú», se lee en el documento y además desde la PNP justificaron su decisión al indicar que el suboficial Montalvo Guevara es miembro activo de la Policía Nacional de Perú.

Como se sabe, el exconductor del ‘cofre’ presidencial Félix Montalvo solicitó formalmente la autorización para declarar ante la Comisión de Fiscalización y envió un oficio al comandante general de la PNP, general Víctor Zanabria, para asistir a la sesión programada para hoy miércoles 30 de octubre a las 9:00 a.m. de acuerdo a la invitación que le cursó el legislador Juan Burgos, presidente del mencionado grupo de trabajo, quien requirió su presencia para esclarecer las circunstancias alrededor del vehículo presidencial en el caso ‘cofre’.

«En tal sentido, solicito la autorización expresa y documentada de su despacho para cumplir con asistir a dicha diligencia, tomando en cuenta que mi representado posee la condición de agente policial en situación de actividad y está sujeto a los alcances de la Ley 30714, Código Penal Militar Policial y Ley de Transparencia», se indica en el oficio de solicitud del abogado Poma Zamudio.

Félix Montalvo ya no es más chofer del ‘cofre’ presidencial

Según fuentes oficiales, desde hace una semana, Montalvo Guevara fue retirado del equipo de seguridad personal de la presidenta Dina Boluarte. Las razones son evidentes.

La Ley N.° 31147, que crea el Colegio de Politólogos del Perú fue promulgada hoy por el Poder Ejecutivo, llevando las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, así como del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

El texto implementa el Colegio de Politólogos del Perú como una “institución autónoma de derecho público interno representativo de los profesionales de la ciencia política del país”.

Este nuevo colegio tiene entre sus funciones certificar las competencias profesionales de sus integrantes y vigilar su desempeño profesional para un “ejercicio eficiente” del oficio.

Con esta promulgación, se procederá a instalar una comisión organizadora que, en un plazo de 90 días, deberá elaborar un estatuto propio y registrar a todos los profesionales en Ciencias Políticas con título universitario, ya que ahora la colegiación será obligatoria para que puedan ejercer.

La institución asumirá funciones de representación “a nivel internacional”, la promoción de investigaciones en ciencia política y la generación de recomendaciones sobre la gestión pública. Asimismo, tendrá la potestad de interponer acciones de inconstitucionalidad y proponer mejoras legislativas en su campo, de acuerdo con el texto.

Como se recuerda, el Congreso aprobó en segunda votación el 3 de octubre la creación de esta nueva institución tras superar por mayoría pedidos de reconsideración y una cuestión previa para que el texto regrese a comisiones para seguir siendo evaluado.

El proyectó contó el respaldo de los bloques mayoritarios del Parlamento como Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Honor y Democracia, Acción Popular, Bloque Magisterial.

Por mayoría, rechazaron el pedido de Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) para que la propuesta pase a la Comisión de Constitución luego que advirtiera que el Tribunal Constitucional ha determinado que la colegiación obligatoria no es necesaria para todas las profesiones. De esa misma manera se rechazó el pedido de Sigrid Bazán para reconsiderar la aprobación de la ley.