Perú en parte vive una corriente migratoria de flujo sur a norte, es decir de gente que se va de Chile y Argentina. Mientras tanto los números no mienten: de 1,800 presos extranjeros en 2015 se ha pasado a 5 mil en la actualidad de los cuales alrededor de 4 mil son venezolanos. Mientras tanto, Migraciones confirma que 656 extranjeros han sido sancionados este año con la expulsión, pero la ejecución recae en la autoridad policial.

En la mesa de trabajo encabezada por la congresista Rosangella Andrea Barbarán, de la minoría étnica afrodescendiente, se vio el día de hoy la cuestión de la política de expulsión de extranjeros asociados al crimen en el marco de una perspectiva multisectorial focalizado en seguridad. Aquí los número y medidas que se vienen implementando en el control migratorio.

Barbarán desde el comienzo de la sesión dejó claro que el tema a abordar no era un asunto de xenofobia, así como su escepticismo ante los tratados de DDHH que tiene firmado el Perú: “hoy más que nunca el rol del Estado en la gestión de la migración y la seguridad debe ser pensada en el Perú antes que en cualquier tratado”.

“Desde el Ministerio de RREE.EE. reafirmamos nuestro compromiso con una gestión migratoria responsable, ordenada y humana”.  Fueron las palabras del representante de Torre Tagle en la mesa de trabajo. Lo que sorprende es que diga que “reafirman” cuando fueron los responsables de dicha cartera los que en el gobierno de PPK abrieron las puertas del Perú a una ola de inmigrantes, y fue Torre Tagle precisamente la que no se comprometió con una gestión migratoria responsable.

Pero volvamos a la mesa de trabajo.

El representante del ministerio de RREE, embajador Pedro Bravo en su participación expuso que “la política migratoria tiene que adaptarse a las nuevas realidades (…) e incorporar el componente de seguridad dentro de su ejecución”. También refirió mantener una perspectiva neutral frente a los extranjeros.  En coordinación con la superintendencia de migraciones y el Congreso el Ministerio de RREE ha tomado medidas como son la aprobación de la visa de tránsito, así como el lanzamiento de un decreto Legislativo del sistema integrado de gestión migratoria y del riesgo migratorio el cual está en estado auroral.

Esto último permite tener los datos de antecedentes policiales y judiciales para una consulta inmediata de los cónsules ante los solicitantes de visa (cosas tan simples como saber si el aspirante ha sido expulsado anteriormente).

Bravo también remarcó los cambios en los patrones migratorios que según cifras de la matriz de seguimiento de desplazamiento de la OIM, Organización Internacional de migraciones, por la cual al 2024 “presenciamos dinámicas inusuales en los puestos fronterizos (…) En Tumbes puerta de entrada de migrantes tenemos un flujo inverso”. En promedio diario 343 personas salen del Perú frente a los 228 que ingresan a diario.  Es decir, se van más de los que ingresan. En Tacna el dato es otro, son 273 los que ingresan y 173 los que salen. “En Desaguadero se mantiene una cifra ligeramente ascendente. Pero eso se explica por el incremento de tránsito de comercio legal e ilegal”, señaló Bravo.

Respecto a la demográfica estimó que el 78% de los que ingresan son venezolanos, colombianos y haitianos, lo cual evidencia un fenómeno de retorno.  “Están regresando a Perú debido al endurecimiento de las políticas migratorias y a las oportunidades que ofrecemos por nuestra estabilidad macroeconómica”.

El Embajador se mostró un poco optimista por las estadísticas que revelan un mayor promedio de salidas que de ingresos de inmigrantes al Perú. También definió al Perú como un país de una triple condición migratoria: como país de tránsito, destino temporal y de corredor de retorno.

En 2025, la cantidad de extranjeros en Perú es de 1 millón 466 mil de los cuales 1 millón 250 mil son venezolanos esto en cuanto a un número “estimado”.

El escenario con los venezolanos es complejo: 141 mil están en proceso de regularización, 515 mil en situación regular con diferentes tipos de documentos mientras 603 mil se encuentran en situación irregular. Por otra parte, según el embajador Pedro Bravo, “la exclusión social, laboral y económica expone a los migrantes a condiciones de vulnerabilidad extrema que pueden empujarlos hacia actividades ilícitas como único medio de subsistencia”.

En el plano multilateral se rescató los avances que se vienen haciendo junto a Ecuador a través de la comunidad andina, en que Perú y Ecuador lideran mecanismos de ágil intercambio de información de datos así como la próxima creación de un banco andino de datos. “En las próximas semanas una plataforma para compartir información estadística migratoria con Colombia, Chile y Ecuador estará culminada y será lanzada”.

En lo que respecta al tema de seguridad el representante del Ministerio del Interior mencionó que desde 2017 a 2024 el aumento de las denuncias policiales son la principal evidencia de una posible relación directa entre crimen y migración, puesto que las denuncias se duplicaron. A esto se clasificó que son 5 los principales delitos a los clanes se asocian estás denuncias cometidas por extranjeros: robó agravado, hurto agravado, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y extorsión.

A esto se suma que el total de ingresados en 2024 a prisión fue de 14 mil ingresados de los cuales 1006 son extranjeros lo que representa el 7% de ingresos. Estos son de nacionalidad venezolana, colombiana, ecuatoriana y mexicana.

Los expertos del Ministerio de Justicia y RREE coincidían, sin embargo, en lo complejo de determinar una relación causal entre extranjeros y crimen. Llegaron a señalar que no tenían una injerencia mayoritaria en cuanto a delitos complejos sino más bien relacionado a delitos comunes.

Según esto, la tasa de homicidios no ha tenido un cambio drástico, por ejemplo, la tasa de 2022 es similar a 2021 por lo que no se ha establecido una relación directa del crimen de sangre con la inmigración. Las que si tienen relación directa está en el incremento de denuncias policiales.

Además, cabe mencionar que la población penitenciaria de Perú pasó de 1800 extranjeros en prisión en 2015 a más de 5 mil en la actualidad, de los cuales son venezolanos alrededor de 4 mil.

También cabe destacar que en la política de migraciones a partir de la promulgación del Proceso Administrativo Sancionador que entró en vigor el 11 de enero de 2024, fueron 656 los inmigrantes sancionados en el presente año 2025. Sin embargo, los avances de la misma dependen de la policía y que lo ejecute.

Durante la mesa de trabajo se refirieron al aumento de crimen desde 2019. Previamente el incremento era por decimales, pero desde ese año la cifra no ha hecho más que aumentar en un 1% anual.

Finalmente resulta interesante saber que la máxima sanción de migraciones a un extranjero es la expulsión de hasta 15 años, Pero también que la policía ejecute lo mandado por migraciones en los plazos determinados que en teoría son bastante breves y deberían ser rápidos.

Barbarán señaló al término de la mesa técnica la posibilidad de una reunión con los embajadores de Chile y Ecuador para trabajos conjuntos al respecto de la migración (también se preguntó si todavía teníamos relación con Colombia que haría falta para dichas coordinaciones). También mencionó su decepción cuando en una reunión del Grula se quiso introducir el tema de la inmigración ligada a delincuencia pero que está fue frustrada por Cuba, Nicaragua entre otros.

En fin, queda mucho pan por rebanar.

Por Leonardo Serrano Zapata

Los hechos de Condorcanqui y otros casos similares donde ciudadanos que ejercieron la función docente traicionaron su misión educadora para convertirse en predadores de sus estudiantes, merecen sin duda la respuesta más contundente del sistema penal. La publicación con fecha 11 de enero de 2025, respecto de la modificatoria del artículo 49 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, acerca de la destitución docente.

La ley añade disposiciones estrictas, el literal c) la destitución a los docentes “condenados por delitos contra la libertad sexual, delito de apología del terrorismo, delito de terrorismo y sus formas agravadas y delito de tráfico ilícito de drogas”, en primera instancia. La sentencia en primera instancia se convierte así en guillotina administrativa, sin esperar el tránsito a la cosa juzgada, está debe ser susceptible de apelación —que por definición no es firme y puede ser revocada en instancias superiores—.

La destitución se convierte en una llave maestra que cierra, de un solo giro, la puerta de la presunción de inocencia consagrada en el artículo 2, inciso 24, literal e) de la Constitución Política del Perú:  «toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad». Este principio no es una mera formalidad jurídica, sino la piedra angular de un Estado constitucional de derecho.

Lo positivo

En el literal f del artículo 49.2 representa un avance significativo en la protección de estudiantes y comunidad educativa al establecer la imprescriptibilidad de las investigaciones por hostigamiento sexual y otros delitos contra la integridad sexual de los estudiantes. Esta medida garantiza que las instancias descentralizadas (UGEL, DRE o GRE) dispongan del tiempo necesario para llevar a cabo procesos exhaustivos. Sin embargo, para que esta normativa sea verdaderamente efectiva, es fundamental contar con los recursos humanos y económicos adecuados. Las Comisiones Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPADD) deben estar debidamente equipadas y capacitadas para atender este tipo de casos. Asimismo, es necesario establecer procedimientos claros y ágiles que garanticen la celeridad y transparencia de las investigaciones.

Los literales g y h del artículo 49.2, al prohibir que el docente se presente a trabajar bajo los efectos del alcohol y al impedir el uso político de los estudiantes, buscan garantizar la integridad docente y la protección de los estudiantes. Esto se complementa con los incisos d y h, al prohibir la instrumentalización de los estudiantes con fines políticos, de hacerlo ponen en peligro la integridad de los estudiantes.

Lo preocupante

El literal a) del artículo 49.2 ha generado una considerable inquietud, especialmente considerando el antecedente de la huelga docente de 2017. La posibilidad de destitución por no asistir a la evaluación ha llevado a los gremios docentes a convocar a sus bases para discutir esta medida, señalamos que esto podría pasar a ser una agenda en una eventual convocatoria a huelga docente, recordemos que uno de los pliegos de reclamo en el 2017 fue el tema de la evaluación docente. Ante esta situación, es fundamental que el Ministerio de Educación (MINEDU) recuerde que la normativa vigente contempla la posibilidad de que los docentes que no superen la evaluación participen en programas de capacitación para fortalecer sus competencias, antes de ser destituidos automáticamente.

El literal i, respecto a “las inasistencias por tres días consecutivos o cinco discontinuos”, surge la duda sobre la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción de destitución.

Preocupa lo dispuesto en el artículo 49.3, al establecer una sanción de destitución tras la reiteración de ceses temporales, genera una contradicción con lo dispuesto en el Artículo 51. Eliminación de anotaciones de sanción en el Escalafón Magisterial de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Este último artículo garantiza el derecho del docente a solicitar la eliminación de la anotación de una sanción administrativa. Esta contradicción resulta preocupante, ya que limita el derecho al buen nombre y a la rehabilitación administrativa del docente.

Además, según la Resolución Viceministerial Nº 112-2023-MINEDU, el docente puede solicitar la eliminación de una anotación en su escalafón magisterial demostrando «buena conducta», mediante la presentación del Formato de solicitud de informe para la determinación de buena conducta. Esto en el marco del artículo 2, inciso 7 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho “al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias”.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación tuvo 60 días calendario, que se cumplieron el miércoles 12 de marzo de 2025, para ajustar el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial a estas nuevas disposiciones. Este periodo fue clave para despejar dudas y establecer criterios claros para la aplicación de las sanciones, de forma que se minimicen riesgos de abusos o interpretaciones erróneas que puedan afectar tanto a docentes como a estudiantes. A esperar que dispone el despacho del ministro Morgan Quero.

Sin duda, la mandataria Dina Boluarte Zegarra se encuentra muy preocupada debido a los rumores que corren en ‘Pasos Perdidos’ del Congreso, en los cuales se difunde que ya perdió la venia y el apoyo de algunas bancadas que antes lograron ‘sostenerla’ en el poder.

Actualmente, el escenario se muestra diferente y tras la salida del ministro Juan José Santivañez de la cartera del Interior, y en medio de más colaboraciones de testigos protegidos que vienen aportando más elementos de convicción al Ministerio Público, eso sin contar la próxima declaración de su “excompañera” de confianza Patricia Muriano, quien exclusivamente llegará a Perú para declarar ante Fiscalía todo lo que sabe de la presidenta, y que la comprometería seriamente a raíz de las carpetas fiscales sobre casos, como las operaciones estéticas que se realizó en la clínica Cabani, y el presunto trafico de influencias que tras las sombras habría ejercido su hermano Nicanor Boluarte, con su aprobación; no cabe duda, que la situación legal de la jefa de Estado pasaría a un nivel más delicado, sino, critico.

Acompañada de los jefes de ‘entes electorales’

Es casi seguro que la mandataria siguió los consejos de sus asesores cercanos, que más parecen sus enemigos y de pronto brindó un inesperado mensaje a la Nación, en el que antes de tiempo convocó a Elecciones Generales de 2026.

Algo que podría tener una lectura negativa del anuncio de Boluarte Zegarra, en el cual se hizo público que los comicios generales se celebrarán el 12 de abril del próximo año, obedece al hecho de haber convocado para que la acompañen en su “aviso” a los mandamases de los entes electorales. Dina Boluarte, durante su trasmisión en Palacio de Gobierno, estuvo flanqueada por el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Roberto Burneo Bermejo y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) Carmen Velarde Koechlin.

A simple vista, se podría colegir que con ‘tamaña compañía’, la jefa de Estado, pretende mostrar trasparencia y un respeto irrestricto a la institucionalidad; por ello mencionó: “Los peruanos tenemos una cita con la historia y elegiremos a las autoridades en unas elecciones limpias, transparentes y ordenadas”.

Sin embargo, ¿por qué Corvetto, Burneo y Velarde se prestaron a este show palaciego y salieron como escuderos a refrendar con su presencia el anuncio de la mandataria investigada? ¿Acaso se olvidaron de sus roles y creyeron que estaban haciendo la función de ministros?

¿Acaso Dina Boluarte pretende ‘utilizarlos’ como aliados estratégicos para mejorar su imagen? Dicha presunción, no solo sería injustificada, sino antiética e ilegal, considerando que la ONPE, el JNE y la RENIEC, son organismos del Estado constitucionalmente autónomos y que no se encuentran adscritos a ninguna otra entidad, ni Poder del Estado. Ergo, estos altos funcionarios no se deben a la presidenta, ni a nadie, sino a la defensa de la institucionalidad y al ejercicio de la independencia, la transparencia y la imparcialidad, en cualquier decisión que tomen.

Así las cosas, la mandataria, no solo se encontraría temerosa, debido al cerco fiscal que en menos de lo que se piensa, continúa estrechándole su espacio de poder—pese a que desde Palacio sus arlequines denuncian acoso político y periodístico, y pese a que continúan escudándose en el artículo 117° que la reviste de inmunidad —. Sino que, además—como sucede con el “cuy en tómbola”—, ya estaría buscando espacios alternos y liberados para encontrar refugio ¿acaso un asilo? ¿Acaso un intempestivo viaje oficial?, porque no cabe duda que en las próximas semanas su situación presidencial y legal, cobrarán un ‘color de hormiga’.         

Beethoven compuso la Sonata Claro de Luna, la Novena Sinfonía y otras más completamente sordo. Usaba un cuerno y se valía de un lápiz que se lo ponía en la boca y lo acercaba al piano y así la vibración le indicaba cómo estaba “sonando” la partitura. Tenía poco más de 20 años cuando compuso la magistral Misa Solemnis, en 1819, y vivía en un silencio sepulcral, pero eso no apagaría su llama creativa.

Esta lucha contra la adversidad ha sido replicada por otros músicos que se han empinado sobre sus propias dificultades físicas para entregarnos belleza. En Japón, Ayumi Hamasaki, la “Emperatriz del J-pop”, perdió la audición total del oído izquierdo y fue diagnosticada con la enfermedad de Ménière en 2006. No obstante, ha producido más de 17 álbumes desde 1999 y ha vendido más de 75 millones de copias entre álbumes y sencillos. Y es muy conocida por su filantropía: donó más de 30 millones de dólares en el tsunami de Japón en 2011.

En el caso del rock, y esto quizá por el abuso en los decibelios, ha afectado gravemente a músicos como Pete Townshend quien tiene que usar audífonos y un equipo especial para poder “oír” su propia música. Caso curioso, porque su banda The Who ganó un premio del Récords de Guinnes al “concierto más ruidoso de la historia” en 1976.

Brian Johnson, cantante de AC/DC también se quedó sordo, pero con un tratamiento alternativo regreso al ruedo. Ahora no “escucha” por el oído sino a través de los huesos del tímpano.

Otros músicos han sido afectados por el tinnitus como Ozzi ousborne, Phil Collins, Louis Tomlinson de One Direction, Chris Martin de Coldsplay.  O el rapero Sean Forbes. Y Huey Lewis tuvo que cancelar una gira en 2018 porque se quedó sordo.

El baterista de Metallica, Lars Ulrich, empezó con una sordera durante unos conciertos en 1988 y despertaba con ruidos que solo estaban dentro de su cabeza: «A menudo me quedaba dormido con la televisión encendida y me despertaba en medio de la noche para apagarla (…) Cuando me di cuenta de que lo hacía con frecuencia, levantándome para apagar el televisor que no estaba encendido para empezar, me di cuenta de que tal vez tenía algunos problemas».

Muchos otros musicantes han padecido o padecen de acúfenos o sorderas y logran seguir produciendo discos apelando a la resiliencia o la genialidad.

Por Tino Santander Joo

La semana pasada, Jaime Bayly se proclamó de «izquierda democrática y antimperialista», en un giro copernicano ideológico y político del «niño travieso liberal». No es un converso, sino una acción audaz y marketera frente a la política norteamericana de Trump, que —según él— prefiere aliarse con el dictador Putin, en desmedro de su alianza histórica con la cada vez más irrelevante Europa. Bayly es un actor, un adorador del becerro de oro, y si este va por la izquierda, Jaimito lo seguirá. Es un antimperialismo de boutique que se vende al mejor postor.

Otro antimperialista y revolucionario de las canteras de la derecha ideológica más reaccionaria, Jaime de Althaus, señaló: «El déficit comercial de Estados Unidos se compensa con un superávit financiero, ya que el flujo de capitales hacia el país lo convierte en el centro financiero global y fortalece su moneda como reserva mundial, otorgándole un gran poder geopolítico que se vería afectado si Trump busca reducir el déficit comercial a través de aranceles». El antimperialista Althaus defiende el modelo esclavista de la oligarquía financiera y condena el nacionalismo y proteccionismo de Trump.

La derecha peruana no sabe a dónde va ni qué hacer. Sin dirección política, deambula en el mercantilismo al lado de los caviares que lloran por el USAID y el financiamiento a sus ONG. Quieren imitar a Milei, el «libertario» aliado de Israel, que masacra al pueblo palestino imitando a sus verdugos nazis. Tienen el espíritu fascista del franquismo español reencarnado en Abascal y Ayuso, y quisieran volver al virreinato de pelucas y encomenderos. Que Abascal o Ayuso los nombren sus validos en el Perú es su máxima aspiración. Es una derecha sin norte y peligrosa.

El fujimorismo no es de derecha; es una organización mafiosa aliada a organizaciones criminales regionales que mueven muchísimo dinero y mantiene una estructura clientelista eficiente. Pero, muerto Alberto Fujimori, se va a diluir electoralmente. Otro grupo mafioso es Alianza para el Progreso de Acuña, que es la expresión de la degradación pandillera de la política peruana. Los otros partidos de derecha no existen; son membretes o simples plataformas políticas para vender candidaturas, negocios montados por empresarios audaces al amparo de la informalidad.

Acción Popular es una paradoja: mientras Barnechea se pronuncia contra el oligopolio bancario y el monopolio farmacéutico, su partido y su bancada se ponen al servicio de los bancos y los grupos de poder económico. Un viejo militante de Acción Popular me dijo: «En el partido, la mayoría no sabe quién fue Belaunde». El Apra está reducido a pequeñas tribus o bandas que viven del recuerdo de García; tampoco tienen idea de quién fue Haya de la Torre, y menos aún de que escribió un libro fundamental para entender la historia del Perú: “El antimperialismo y el Apra”.

Esa es nuestra derecha antimperialista, que anda buscando un Franco, un Pinochet o, como dicen sus escribas más esnobistas: «Necesitamos un Bukele para que ponga orden en este desorden». La otra derecha hace negocios en los directorios de las empresas corruptas como Odebrecht o Graña y Montero (Norvial).

La derecha política no existe; está subordinada al oligopolio bancario y al monopolio farmacéutico, que controlan la economía nacional. La podemos derrotar a través de una revolución social, de una insurrección democrática de los empresarios, de los trabajadores, de los movimientos sociales para democratizar el crédito a través de la libre competencia y hacer que la minería financie la agricultura, la salud, la educación y la infraestructura nacional.

La derecha no va a solucionar la grave situación de inseguridad en la que vivimos; porque, utiliza el miedo de la gente para promover sus posiciones fascistas y mantenerse en el poder. Al frente esta la izquierda que esta perdida en sus ambiciones electorales. La inmensa mayoría silenciosa aguarda en serena y vigilante expectativa el momento adecuado para la gran rebelión ciudadana.

60 mil soles otorgados por el Ministerio de Cultura a la librería arequipeña Fabla Salvaje han generado una batalla cultural que, según el ministro Fabricio Valencia, terminará convirtiéndose en una batalla legal. El dinero entregado por el Mincul fue para el mejoramiento, implementación y relanzamiento de la librería, pero en febrero, la utilización del logo del Mincul en el anuncio de la presentación del libro “Violencia de Estado en el Perú” de Anouk Guiné provocó una nueva salvajada por parte del gobierno de Dina Boluarte.

La torpe reacción del ministro de Cultura Fabricio Valencia contra la librería arequipeña fue motivada por una información lanzada por el periodista Aldo Mariátegui desde Willax. Mariátegui cuestionó un banner, pero desconocía que desde el 2023 la librería promociona diversas presentaciones de libros utilizando el logo del Mincul. ¿Por qué antes desde el Ministerio de Cultura no se dijo nada sobre el uso del logo? O tal vez, el logo fue solo una excusa para censurar la presentación de un libro con una narrativa que cuestiona al gobierno y a la derecha bruta y achorada.

Ruhuan Huarca de Fabla Salvaje nos cuenta que el día de la presentación del libro de Anouk Guiné, seguridad de Estado llegó hasta las instalaciones de la librería y comenzaron a sacar todos los libros para tomarles foto; luego de ello, filmaron al público. Lo sorprendente es que, a pesar de que la librería retiró el logo un día antes de la presentación del libro, desde el despacho de Fabricio Valencia se insistió en una campaña contra la librería, ya que el propio titular del Mincul, el 10 de marzo pasado, anunció desde el Congreso de la República que la librería Fabla Salvaje será denunciada penalmente.

El Ministerio de Cultura se creó en el 2010 para formular, ejecutar y establecer estrategias de promoción cultural de manera inclusiva y accesible, y para realizar acciones de conservación y protección del patrimonio cultural. Hoy, bajo la gestión del ministro Fabricio Valencia, el Mincul se ha convertido en una institución que persigue de manera abusiva a una pequeña librería que abrió sus puertas en la tierra de Mario Vargas Llosa.

César Vallejo, en su novela corta Fabla salvaje, nos habla sobre la pérdida de la cordura de Balta Espinar. Curiosamente, el caso Fabla salvaje también puede representar la locura repentina de un ministro de Cultura, que comienza a derrumbarse.

Trasmitir conocimiento y enseñanza es una práctica milenaria. En la antigua Grecia los efebos recurrían a un mentor y eran instruidos en el arte de la guerra, deportes, literatura, filosofía y otras disciplinas intelectuales, hasta convertirse en ciudadanos.

Posteriormente, en el mundo contemporáneo se diversificaron las ciencias y a través de un ordenamiento de conocimientos y técnicas surgieron las especialidades.

Sin embargo, es necesario contar con un buen profesor que a través de la didáctica sepa trasmitir el conocimiento (episteme). Si bien, no es una tarea fácil, ya que algunos teóricos mediante métodos confusos invitan al aprendiz a seguir los caminos más densos del saber; también existen tutores iluminados, que cuentan con el arte de descomplicar toda dificultad habitada en cada rincón de un “teorema”. A esta especie de excelsos se les denomina “pedagogos”. Habitualmente podemos recurrir a docentes, catedráticos, e instructores, pero ello no significa que necesariamente ejerzan “pedagogía” y se conviertan en maestros. Por lo que tal categoría solo la alcanzan los eximios humanistas, que a través de la simpleza forman a personas ilustres.

—Si no puedes explicar algo de forma sencilla, es que ni tú mismo lo has entendido lo suficiente—, se le atribuye la frase al Albert Einstein. Asimismo, Emerson decía: —La naturaleza y los libros pertenecen a los ojos que los ven—.  

Es importante el ejercicio de la lectura, como es importante el ‘arte de vivir’ y conocer el mundo a través de las relaciones humanas. Démonos el menester de caminar, preguntar y contrastar lo que sucede alrededor y solo así nos convertiremos en doctos. Hoy en día en el mundo estudiantil existen grados y postgrados académicos que te dan un frio reconocimiento para acceder al mundo laboral; sin embargo, aquello no tiene nada que ver con el humanismo y la ilustración.

Si tan solo, recurriéramos al mundo del cine y recordáramos al profesor Mark Thackeray de “Al maestro, con cariño”, o al profesor de literatura John Keating de “La Sociedad de los Poetas Muertos”, o al historiador William Hundert de “El Club del Emperador”, sabríamos que solo los verdaderos maestros pueden lograr grandes personas, listas para emprender grandes cambios. Y aunque la IA se interponga entre nosotros, nunca desfallezcamos y encontremos a un mentor para que nos ayude a salir del oscurantismo.        

Por: Jorge Paredes Terry

La censura al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, destituido por el Congreso tras su incapacidad para luchar contra la criminalidad desbordada, marca un punto de quiebre en el ya debilitado gobierno de Dina Boluarte. Este hecho, sumado al inicio de masivas movilizaciones ciudadanas que ayer colmaron las calles de Lima y otras regiones, confirma que el régimen ilegítimo instalado tras el fallido autogolpe de diciembre de 2022 está agotando su último aliento. Santiváñez, cómplice de los ya famosos waykis, usó el cargo de ministro para cumplir cual perro guardián cada una de las órdenes de Boluarte, su incapacidad para frenar la ola de sicariato, y los más de 1800 asesinados durante su gestión, calzaba perfectamente para una censura ganada a pulso.

Las imágenes de ayer, con miles de ciudadanos marchando bajo consignas como “Boluarte asesina”, “Elecciones ya”, «que se vayan todos» no son solo un recordatorio de la indignación social, sino una advertencia clara: la paciencia se agotó. Estudiantes, trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes han vuelto a tomar las plazas, esta vez con mayor fuerza, conscientes de que la salida de Santiváñez es apenas un eslabón en la cadena de desmontaje de un régimen que se sostiene por inercia. La movilización masiva demuestra que, pese a la represión, la desinformación y el desgaste, la demanda por el fin de este gobierno usurpador sigue viva. Boluarte, con un respaldo popular inferior al 3%, se aferra al poder sin mandato legítimo, protegida por un Congreso desprestigiado que hoy intenta maquillar su complicidad con la censura a un cadáver viviente.

Ahora Toca Eliminar al Tridente de la Corrupción: Fujimori, Acuña y Cerrón apuntalan a Boluarte,

El gobierno de Dina Boluarte se sostiene todavía, en parte, sobre un precario equilibrio de poder corrupto, un tridente formado por figuras políticas tan dispares como Keiko Fujimori, César Acuña y Vladimir Cerrón. A pesar de sus ideologías antagónicas, los tres comparten un común denominador: las dadivas y un pragmatismo político que les permite, a cambio de favores y cargos públicos, brindar un apoyo tácito, a la actual administración.

Keiko Fujimori, a pesar de las reiteradas derrotas electorales y las investigaciones en su contra, ha encontrado un espacio de influencia dentro del gobierno, todo el país sabe que ella es la titiritera. Su silencio estratégico en algunas ocasiones, o incluso su apoyo firme a Boluarte, le permite mantener una clara relevancia política, mientras que sus aliados reciben jugosos puestos en el gobierno. Este servilismo, sin embargo, no pasará desapercibido para el electorado.

César Acuña, con su partido Alianza para el Progreso, ha demostrado una notable flexibilidad ideológica. Su pragmatismo le ha permitido obtener una representación ministerial sin precedentes, ahora sí la plata fluye como cancha para sus arcas, a pesar de las críticas a su desastrosa gestión como gobernador de la región La Libertad, este actor de memes es un oportunista nato, pero no hay mal que dure cien años, cada una de sus tropelías le costará caro, muy pronto.

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, a pesar de su discurso radical para las tribunas, también ha encontrado un espacio de negociación con el gobierno, sobre todo con el desaforado ministro Santiváñez, quien jamás lo buscó o podemos decir lo escondió. Si bien trata de maquilar su influencia con Dina, su capacidad para articular las votaciones en el Congreso hacen de este actor una pieza necesaria en el oscuro ajedrez del régimen.

Este tridente de poder, sin embargo, se sustenta en una base de arena. La población peruana está cada vez más consciente del servilismo de estos líderes y de su participación en el mantenimiento de un gobierno impopular. Las urnas, en las próximas elecciones, serán el escenario donde el pueblo peruano pasará factura por este pacto de silencio y oportunismo político. El tiempo dirá si estos líderes políticos lograron asegurar su futuro a costa de la estabilidad del país.

El Legislativo, cuya aprobación ronda el 4%, actúa como un cómplice tardío. Mientras promete “limpiar” su imagen evade su responsabilidad central: destituir a una presidenta ilegítima y convocar elecciones generales inmediatas. Su estrategia es evidente: simular cambios para ganar tiempo, mientras protegen a Boluarte hasta 2026 y preservan un sistema político corrupto que beneficia a los mismos de siempre. Pero la ciudadanía no olvida. Su teatro de “renovación” es un insulto a los miles que exigen un cambio real.

El fin de la etapa más oscura de los últimos 25 años —un periodo marcado por el neoliberalismo extractivista, la corrupción sistémica y la violencia estructural contra los pobres y los pueblos originarios— no llegará con gestos aislados. La renuncia de Boluarte y la convocatoria a elecciones son pasos urgentes, pero insuficientes si no van acompañados de una transformación profunda. Sigo creyendo que las elecciones deben ser el puente hacia una Asamblea Constituyente libre y soberana, que permita refundar el Perú sobre bases de justicia social, plurinacionalidad y democracia participativa. Un proceso que excluya a los responsables de masacres, a los lobistas del poder económico y a los operadores políticos que hoy buscan reciclarse.

Sin embargo, nada de esto será posible sin la unidad y la movilización permanente del pueblo. Las calles, convertidas nuevamente en trincheras de dignidad, deben mantenerse activas: con marchas, paros nacionales, plantones y acciones creativas que desborden el control de un régimen en retirada. Es hora de tejer alianzas entre sindicatos, organizaciones indígenas, colectivos urbanos, artistas y jóvenes, superando diferencias para construir un frente común. La consigna es clara: “¡Fuera Dina!”. Pero también lo es la necesidad de no repetir los errores del pasado: la lucha debe ser pacífica, masiva e incluyente, sin caer en provocaciones que justifiquen más represión.

El ocaso de Boluarte no es solo el fin de un gobierno ilegítimo; es el colapso de un modelo que por décadas ha priorizado el saqueo sobre la vida. Su caída, sin embargo, no será un regalo de los poderosos. Será la conquista de un pueblo que, tras años de resistir, hoy ve en el horizonte la posibilidad de un nuevo mañana, sí podemos hacerlo. La tarea es clara: mantener la presión en las calles, denunciar los pactos cupulares y exigir elecciones libres con garantías. El tiempo de la impunidad se acaba. El tiempo del pueblo, organizado y unido, comienza ahora.

¡Sin luchas no hay victorias!