Los propietarios de la cevichería “Mi Barrunto”, ubicada en el distrito de La Victoria, están en la mira de la Fiscalía de Lavado de Activos, por un presunto caso de ‘lavado de activos’ que tendría nexos con el narcotráfico. Tal es así, que el pasado 2 de enero de este año, el fiscal Elías Pizarro, luego de varios meses de seguimiento de la ruta del dinero, formalizó investigación por el delito de lavado de activos, contra los hermanos Luis, César y Jhonatan Sánchez Aranda, y contra la pareja del primero, la modelo Itamar Orellana Menjívar, según indica un informe de Hildebrandt en sus trece.

Según el semanario, la Fiscalía sostiene que, entre el 2014 y el 2017, las cuentas bancarias de los hermanos Sánchez Aranda, fueron inyectadas sin justificar la procedencia de los depósitos, con 3 millones 400 mil dólares, equivalentes a 12 millones de soles aproximadamente, desde cuentas extranjeras de Panamá.

En el expediente fiscal se maneja la tesis de que los tres parientes serían los presuntos integrantes de la organización criminal ‘Clan familiar Sánchez Aranda’, y “habrían realizado diversas operaciones destinadas a ocultar o a disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades ilícitas como el tráfico de drogas”.

“Los investigados se encargarían de ingresar dinero maculado a través de personas jurídicas constituidas, obteniendo por dichas acciones cuantiosas ganancias, que debían ingresar al sistema financiero nacional con apariencia de legalidad, cuando lo real es que poseen un origen ilícito que proviene del tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencias y otras actividades criminales”, se lee en el documento fiscal.

En mayo del 2023 la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la PNP puso la mira contra Luis Sánchez Aranda, debido a sus pomposas apariciones en redes sociales, en las cuales se mostraba con abundantes fajos de billetes en las manos, así como con costosas joyas de oro de marca Rolex.  Asimismo, la PNP identificó que entre el 2016 y el 2023, Luis Sánchez Aranda invirtió cerca de US3.5 millones para adquirir inmuebles y vehículos de alta gama. Por ejemplo, en el año 2020, compró un Lamborghini Urus, un Mercedes Benz C200 (usado) y un BMW X7 del 2020, valorizados en US320 mil, US30 mil y US144 mil, respectivamente. Posteriormente, en 2021 adquirió un Ferrari F8 Spider, valorizado en US297 mil.

Luis Sánchez Aranda le compró un Porsche Cayenne a ‘Chibolín’

En toda esta trama de adquisiciones lujosas, también está involucrado el expresentador, hoy preso preventivamente, Andrés Hurtado ‘Chibolín’; pues, en el 2023, Sánchez Aranda le compró un Porsche Cayenne por US30 mil, y tres meses después se lo revendió al mismo precio a la empresa del mismo ‘Chibolín’, denominada ‘AH Entertainment Company’.

No obstante, también adquirieron costosas viviendas. En ese sentido, Sánchez Aranda compró al contado una casa por US1 millón de dólares, ubicada en la avenida Golf de los Incas; un departamento por 920 mil soles, en Monterrico; y otro de US500 mil, en la Urbanización El Polo, en el distrito de Santiago de Surco. Y en la misma época, entre 2016 y 2023, sus hermanos también adquirieron vehículos de alta gama. Por ejemplo, Jonathan compró al contado un BMW X1 y un BMW X6, por US50 mil y US100 mil en 2020, respectivamente. Mientras que César, hizo lo mismo y obtuvo un BMW 118i, de US38 mil; un Audi Q7, de US30 mil; un BMW X1, de US30 mil; y un Porsche Macan de US35 mil. Es decir, en tres años desembolsó US133 mil solo en automóviles.

Dos testimonios claves comprometen a los hermanos de ‘Mi Barrunto’

Asimismo, el semanario señala que existen dos testimonios claves en este caso. El primero es de Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, quien el 18 de octubre del 2024 declaró ante la Fiscalía debido a que anteriormente ella había afirmado en el programa Magaly TV que “el dueño de una cevichería” le sugirió a su entonces pareja trasladar su dinero a Panamá. Luego al ser interrogada por el fiscal Elías Pizarro, ella confirmó que efectivamente se refería al ‘cevichero’ Luis Sánchez Aranda.

Otro personaje clave es el narcotraficante Mauro Algumer Vilca, socio de Zoran Jaksic, conocido cabecilla del ‘Grupo América’, una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas. Como se conoce, Algumer en 2021 fue sentenciado a 25 años de prisión, tras haber sido detenido con un cargamento de 100 kilos de cocaína proveniente del Huallaga. Durante el juicio en el Poder Judicial, Algumer aseguró que “Mi Barrunto” era un sitio frecuentado por narcotraficantes para convenir entregas de droga. Gracias a esta declaración, agentes de inteligencia pudieron identificar que todos los integrantes de la red de ‘Algumer Vilca’ asistían a la cevichería para hacer “negocios”, según señala el Semanario.

Si bien, el Ministerio Público ha detectado que los 12 millones de soles fueron trasferidos desde Panamá, aún desconoce cómo es que los hermanos Sánchez Aranda de pronto amasaron una fortuna, aunque también tienen claro, que estos montos no son producto de la venta exclusiva de ceviches.

Vicky Navarro trabajó en el Gobierno Regional de La Libertad y fue subordinada de Jorge Torres Saravia en la campaña política del excongresista Luis Valdez Farias, de Alianza para el Progreso (APP); sin embargo, ella acusó al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de haberla abusado sexualmente, tras doparla en Pacasmayo y exige justicia porque en 2020 su caso por violación sexual fue extrañamente archivado por el fiscal Agustín Germán Risco Baquedano.

No obstante, este viernes 24 de enero, Navarro declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el legislador Juan Burgos, quien actualmente indaga sobre la presunta ‘red de prostitución’ del Congreso, y que habría sido dirigida precisamente por Jorge Torres Saravia. En esa línea, su extrabajadora aportó detalles clave sobre la situación en la que ella se encuentra y corroboró lo que había revelado previamente en el Ministerio Público.

Navarro se ha visto obligada a defenderse de las acusaciones de Jorge Torres Saravia, quien ha afirmado que ella mintió sobre lo sucedido. Y durante su testimonio ante la Comisión de Fiscalización, ella afirmó que Torres Saravia, en una ocasión, le manifestó: «A mí no me va a pasar nada; tengo a todos comprados», en un aparente intento de demostrar su impunidad. Asimismo, confesó su temor ante posibles represalias. “Tengo miedo que me puedan hacer algo. Es tiempo de hacer cambios y contar la verdad”, expresó entre lágrimas.

Por su parte, Torres Saravia defendió su posición durante su intervención en la Comisión de Fiscalización, y argumentó que el caso de violación sexual en Pacasmayo fue archivado. Sin embargo, no quiso precisar el nombre del fiscal responsable de esa decisión. Se trata de Agustín Germán Risco Baquedano, titular de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo, quien extrañamente decidió no continuar con la investigación por ‘falta de pruebas’ y archivó el caso. En esa época, el 6 de agosto del 2020, Torres Saravia habría solicitado que se archive la investigación por violación sexual y, tan solo un día después, el fiscal accedió al pedido.

Por otro lado, Torres Saravia admitió haber enviado una carta notarial a Vicky Navarro solicitando una rectificación de sus acusaciones, hecho que la congresista Norma Yarrow calificó como un acto de amedrentamiento hacia la víctima.

Sin embargo, Vicky Navarro ha pedido que se reabra el expediente fiscal y esta vez solicita que incluyan un audio de 15 minutos, grabado por su esposo, en el que claramente se escucha a Torres Saravia reconocer sus malos actos y ofrecer dinero a cambio de su silencio.

Giovanni Forno Flórez sigue despachando en su oficina en el Congreso de la República, gracias a la protección que ha recibido de la Mesa Directiva que lo respalda en el cargo de Oficial Mayor, pese al escándalo por la ‘presunta red de prostitución’ que habría montado su contratado, Jorge Torres Saravia.

Patricia Juárez: “Tiene muchísimos años de experiencia y tiene que seguir en su cargo”

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos, confirmó que la Mesa Directiva llegó a un acuerdo sobre la permanencia del Oficial Mayor, Forno Flórez y decidieron ratificarlo en el cargo. La legisladora explicó que entre las razones para renovar la confianza al funcionario son su amplia experiencia y la ausencia de acusaciones en su contra.

“Nosotros ya hemos tenido un acuerdo de Mesa. Es un oficial, una persona que tiene muchísimos años de experiencia, y nosotros (la Mesa Directiva) hemos tenido un debate, y consideramos que el oficial mayor tiene que seguir en su cargo, lo hemos ratificado”, declaró Juárez Gallegos.

La congresista fujimorista pidió que le digan ¿cuál es la imputación en contra de Forno Flórez? y lamentó las noticias sobre prostitución y favores sexuales, a las que se refirió como “especulaciones” que dañan la imagen del Congreso.

“El oficial mayor es un funcionario de alta experiencia, que ha cumplido perfectamente la labor para el cual se le ha convocado. Que alguien me diga cuál ha sido la imputación que tiene (Giovanni Forno) respecto a este tipo de comentarios que se han estado dando, de especulaciones y temas que le hacen daño al Parlamento”, agregó.

Cinco bancadas del Congreso exigen la salida urgente de Giovanni Forno

Como se recuerda, a inicios de enero del 2025, a pocos días de cumplirse un mes del asesinato de Andrea Vidal, las bancadas de Podemos Perú, Renovación Popular, Honor y Democracia, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular exigían que el funcionario sea retirado del cargo. Sin embargo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana de APP, no evaluó la permanencia de Forno Flórez como Oficial Mayor, lo mantuvo en el cargo, y luego viajó a China.

Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País blindaron a Giovanni Forno

Tras la declaración de la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos, en la que reitera que la decisión adoptada por la Mesa Directiva indica ratificar a Forno Flórez, se cierra el tema de su salida del Congreso. Asimismo, se confirma que la medida de ratificación cuenta con el respaldo de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP), Perú Libre y Avanza País, las mismas que forman parte de la Mesa Directiva.

Cuestionamientos a Giovanni Forno

La duda sobre el trabajo que hace Giovanni Forno surgió a raíz de la designación de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Torres Saravia sería el líder de la red de explotación sexual y con ayuda de Andrea Vidal, contrataba a mujeres jóvenes a quienes hacía pasar como asesoras o secretarias, pero en realidad sus funciones eran otras. Tras la investigación de la Comisión de Fiscalización, Torres Saravia señaló que fue Giovanni Forno quien lo llamó y contrató para que dirija la Oficina Legal del Parlamento; sin embargo, el Oficial Mayor confirmó que la designación de Torres Saravia era su responsabilidad, pero de pronto “perdió la memoria” y no quiso precisar quién lo recomendó, o cómo consiguió su curriculum.

“No recuerdo quién me hizo llegar el currículum, pero lo que sí recuerdo es haberlo tenido y haber revisado los méritos académicos que tenía y si había o no idoneidad de una persona para asumir un cargo”, declaró Forno ante dicha comisión. Sin embargo, su respuesta disgustó a las bancadas opositoras, que inmediatamente remitieron un oficio al titular de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana exigiendo la pronta destitución de Forno.

“Cese inmediato del Oficial Mayor en atención a los serios cuestionamientos a su trabajo, en particular por la negligente falta de transparencia para la designación de profesionales que van a ocupar cargos de jefatura dentro del Parlamento; situación que viene ocasionando un grave perjuicio a la imagen del Congreso y el correcto desempeño laboral de los trabajadores de este Poder del Estado”, indicaba el oficio multipartidario.

Sin embargo, a pesar de los pedidos y cuestionamientos, el Oficial Mayor del Congreso Giovanni Forno, fue blindado por la Mesa Directiva y continuará laborando en el Parlamento.

De mal en peor. De propia boca del titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Walter Astudillo, se ha admitido que no existe una estrategia de parte del Gobierno Central para afrontar la delincuencia en la ciudad de Trujillo, pese a que ya han pasado cinco días del atentado contra una sede del Ministerio Público.

Cualquiera diría que la presidenta Dina Boluarte, en coordinación de sus ministros de Defensa e Interior, así como de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, desde hace varios días ya se encontraban elaborando un plan para combatir las organizaciones criminales que vienen tomando las ciudades del norte del país, en particular Trujillo donde una explosión terminó por destruir una sede del Poder Judicial.

Pese al anuncio de la jefa de Estado de desplegar a las fuerzas del orden, y de presentar batallones al día siguiente en la ciudad de la Eterna Primavera, finalmente se descubrió que eso fue solo para la foto, pues el propio ministro Astudillo es consciente que nada se ha avanzado.

A pesar de la necesidad de priorizar la intervención frente a los múltiples atentados, el ministro Astudillo no pudo precisar cómo serán las acciones de los militares.

“La participación de las Fuerzas Armadas, que se dará mediante acciones militares en apoyo a la Policía Nacional del Perú, tiene que estar basada en un plan y una estrategia. Ese día, se acordó con el jefe de la región de La Libertad que el día de ayer en la noche (22 de enero) se presentaría al Ministerio del Interior el plan para que sea aprobado y, a su vez, permita la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a esta estrategia de control territorial”, declaró a RPP Noticias.

Es decir, el plan de control territorial aún se encuentra en proceso, pero Astudillo reafirmó que la salida de los militares será en acompañamiento de la PNP, quienes continuarán manteniendo el orden interno. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas apoyarán con el patrullaje a pie y los operativos que realicen los agentes.

Para temas que les darán réditos personales ahí sí son los primeros en alzar la mano, pero para asuntos relacionados a investigaciones por presunta violación sexual su ausencia es tan grande como el hemiciclo. Resulta sumamente indignante ver todas las sillas vacías en una comisión del Congreso donde se debatirá la presunta violación sexual perpetrada por el legislador José Jerí contra una trabajadora.

Convocada de manera presencial solo asistieron dos legisladores, entre ellos Alex Paredes en su posición de presidente de la comisión, y Elvis Vergara, quien para colmo se apareció tardíamente. Para colmo de todo eso, algunos congresistas se conectaron de manera virtual, incumpliendo la norma que indicaba necesariamente que se encuentren de manera presencial en el Parlamento, pero ni así se llegó al mínimo para que se dé por iniciada la sesión.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Alex Paredes, solicitó el registro de asistencia poco después de las 10 de la mañana, tras conocerse que tres congresistas habían solicitado licencia: María Taipe (Perú Libre), Kira Alcarraz (Podemos Perú) y Cruz Zeta (Fuerza Popular).

A pesar de los esfuerzos por reunir a los legisladores ausentes, solo seis marcaron presencia, entre ellos el propio Paredes. Entre los faltantes más relevantes destacó Nelcy Heidinger (APP), secretaria de la Comisión, quien, según la relatora de la sesión, reportó dificultades para conectarse de forma virtual, lo que impidió su asistencia a pesar de los tres llamados realizados.

Tampoco estuvieron presentes congresistas como Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Auristela Obando (Fuerza Popular) y Kelly Portalatino (Perú Libre), lo que pone en evidencia una falta de compromiso en la participación activa de los parlamentarios en asuntos cruciales.

Suspensión de Raúl Doroteo tampoco se revisó por inasistencias

Asimismo, en la sesión también se encontraba previsto debatir la suspensión por 120 días del congresista Raúl Doroteo, quien está implicado en el caso conocido como ‘mochasueldos’, relacionado con los recortes salariales a sus trabajadores.

Como se recuerda, en diciembre de 2024, la Comisión de Ética aprobó un informe final que recomendó la suspensión de Doroteo. Según las investigaciones, los recortes salariales fueron realizados por su colaborador de confianza, Mario Ricardo Reyes Ortiz, ascendiendo a más de 40 mil soles. Además, otro de los afectados, César Martín Salguero Sánchez, sufrió un descuento del 10% de su sueldo bajo el concepto de “apoyo social político”.

El congresista Alfredo Pariona Sinche, miembro de la bancada Socialista, presentó el Proyecto de Ley (PL) N° 10015-2024, el cual busca modificar una norma relacionada al teletrabajo de las personas vulnerables. La propuesta legislativa establece que las madres gestantes puedan laborar bajo esta modalidad, hasta que sus hijos cumplan un año de edad.

Dicho proyecto, busca modificar la Ley 31572, bajo el argumento de que esto fortalecería la «protección constitucional de la madre trabajadora» y que se garantizará el derecho a la igualdad material de las madres trabajadoras, en condiciones adecuadas y «sin descuidar la productividad» de las funciones que ejerzan. Por tal motivo, la propuesta legislativa solicita aplicar un texto sustitutorio a la Ley vigente, añadiendo la modalidad del trabajo remoto para este tipo de circunstancias. A su vez, remarca que este derecho se establecería desde el momento en el que la trabajadora informa de su embarazo, y se extendería hasta que el infante cumpla un año de edad.

«La madre trabajadora tiene derecho a realizar teletrabajo hasta que su hijo cumpla un (1) año de edad. Esta modalidad se aplica, además, para las trabajadoras gestantes desde el momento en que comunican su condición al empleador, y no afecta el derecho de descanso pre y post natal», se lee en el texto sustitutorio.

Congresista Pariona justifica el proyecto de Ley

El legislador representante de Huancavelica, Alfredo Pariona justificó su proyecto argumentando que es deber del Estado establecer medidas adecuadas para esta población vulnerable.

Según el texto sustitutorio, esto sería posible si se promueve un entorno más inclusivo e igualitario para todos los sectores de la población.

«El Estado debe promover medidas para que este sector vulnerable de la población pueda desarrollar su experiencia laboral en condiciones adecuadas, sin que esto implique un perjuicio para el empleador o una disminución en la productividad de la trabajadora», manifestó Pariona Sinche. Asimismo, el informe del congresista señala que el Proyecto de Ley busca garantizar un balance entre «la vida laboral y personal» de las madres trabajadoras que se encuentren embarazadas.

Como es habitual, desde que la noticia saltó en diciembre del 2024, mediante un programa periodístico, el congresista de Honor y Democracia, José Cueto, negó enfáticamente que exista una presunta ‘red de prostitución’ en el Congreso de la República. Ha pasado más de un mes desde que se hizo pública esta información y a pesar que van saliendo más evidencias al respecto, el legislador nuevamente declara que “no existe una red de prostitución, argumentando que las pruebas que se vienen han presentado para sustentar estos señalamientos no son suficientes.

El parlamentario señaló en una entrevista para Canal N, que hablar de una «red» implica «bastante cosas» y añadió que el caso de la trabajadora Isabel Cajo con cuenta de OnlyFans puede ser un tema aislado.

«Yo sigo pensando que no hay una red. Hablar de una red de prostitución implica bastantes cosas- No solamente que haya una chica con OnlyFans o que se haya ido a la habitación de alguien. (…) Yo lo que creo es, que detrás de esto hay otras cosas», declaró para el medio local.

El presidente del Congreso Eduardo Salhuana se mantiene en silencio, respecto a la presunta ‘red de prostitución’ que habría sido operada por Jorge Torres Saravia.

El Congreso atribuyó el asesinato de Andrea Vidal a la inseguridad ciudadana

Como se recuerda, hace unos días, el Congreso de la República atribuyó la muerte de Andrea Vidal a la inseguridad ciudadana y aseguró que los sicarios que la acribillaron tenían como objetivo al taxista. A través de su cuenta oficial de X, el Legislativo se solidarizó con la familia de la joven extrabajadora e indicó que ella fue una víctima más del sicariato, alegando que dicha conclusión la determinó el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El protocolo de necropsia revela que Andrea Vidal sufrió siete impactos de bala: uno en la cabeza, específicamente en la región parietal derecha, que resultó ser la herida fatal; dos en la mama izquierda y cuatro en las extremidades inferiores (dos en el muslo derecho, uno en la pierna derecha y uno en el pie). Por su parte, el taxista, recibió 16 impactos de bala distribuidos en la cabeza (2), cuello (4), tórax (5), abdomen (1), pelvis (2) y extremidades superiores (2). Según la observación forense, la concentración de disparos en la cabeza, cuello y tórax indica que los atacantes buscaban asegurar la muerte de las víctimas.

Según la evidencia, concluyeron que el conductor, José Daniel Vargas Briceño, era «probablemente el objetivo principal del ataque», ya que los disparos se concentraron en el parabrisas y el lado izquierdo del vehículo, coincidiendo con su posición. Además, se destaca que la participación de sicarios y la intensidad del ataque apuntan a un ajuste de cuentas por motivos criminales. Es decir, desde la perspectiva de la oficina de Comunicaciones del Parlamento, Andrea Vidal no era el objetivo a exterminar. 

En #CuentasClaras, el congresista José Cueto negó que exista una red de prostitución en el Congreso y sugirió que detrás de todo esto hay otros intereses

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— Canal N (@canalN_) January 23, 2025

Prácticamente la Policía Nacional del Perú (PN) se encuentra abandonada a su suerte, mientras los criminales han tomado las calles del Perú entero y hacen de las suyas extorsionando y asesinando ante el pavor de los ciudadanos. sin embargo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, ha salido a revelar una situación que llena de más preocupación a la opinión pública y que debería alertar a las autoridades para que inmediatamente tomen medidas urgentes.

En esa línea, Santivañez Antúnez declaró que la PNP se encuentra desabastecida de armas de fuego, lo que limitaría su efectividad en la lucha contra la delincuencia.

La Policía no tiene armas, municiones, ni chalecos antibalas

Durante conferencia de prensa, tras la sesión de Consejo de Ministros, el cuestionado titular del Mininter indicó que la Policía Nacional carece de pistolas, municiones, chalecos antibalas, entre otros elementos que resultarían fundamentales para combatir el crimen. En ese sentido, han decidido declarar en desabastecimiento a la PNP a fin de acortar los plazos de adquisiciones y así lograr cerrar la preocupante brecha existente. Santiváñez Antúnez informó que existe un déficit de 7 mil fusiles para luchar contra los criminales.

«Se está declarando en desabastecimiento a la Policía Nacional, esencialmente en 3 rubros: desabastecimiento de pistolas y municiones, chalecos antibalas y fusiles. Eso nos va a permitir procesos de adquisición mucho más rápido», manifestó Santiváñez.

Aseguró que están comprometidos en la lucha contra la criminalidad

Pese a las deficiencias, el ministro Santiváñez resaltó que se encuentra comprometido en la lucha contra la delincuencia. En esa línea, indicó que serán retirados los agentes PNP que estén involucrados en organizaciones criminales.

Ante las declaraciones del titular del Mininter, el exdirector general de la PNP, general (r) Eduardo Pérez Rocha, aseguró que la Policía Nacional está abandonada ante la falta de herramientas de trabajo. Según indicó, hace más de 40 años no se ha comprado «armamento de puño», municiones ni portatropas.

«La Policía Nacional está abandonada. El último presidente que compró patrulleros fue Ollanta Humala; después ya no se han comprado y se ha dado una ley para que sean las regiones (quienes compren el equipamiento)», declaró y tras el anuncio de Santiváñez acerca del retiro de agentes PNP coludidos con la delincuencia en Trujillo, el ministro del Interior informó que trasladará efectivos de Lima hasta la ‘Ciudad de la eterna primavera’.

Esta medida fue duramente criticada por el exdirector general de la PNP argumentando que los agentes PNP limeños tendrán complicaciones para infiltrarse en las organizaciones criminales de Trujillo. Y es que, para Pérez Rocha, el agente debe de ser del lugar.

«(Santiváñez dice) ‘voy a llevar a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior para que supervisen el trabajo’. Esto no tiene nada de solución del problema», mencionó.