Fue durante el primer gobierno de Alan García, en 1988, cuando se reestructuró la histórica Guardia Republicana para convertirse en un primer momento como la “Policía de Seguridad” hasta el año 1991, para posteriormente ser parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Realizando una breve reseña histórica, la Guardia Republicana fue creada por iniciativa del expresidente Augusto B. Leguía, quien durante su segundo mandato , en 1919, quiso emular a la famosa Guardia Republicana de Francia, disponiendo que desde ese momento el Batallón de Gendarmes de Infantería n.° 1 pase a llamarse Batallón de Gendarmes de Infantería «Guardia Republicana del Perú» n.° 1, el cual tendría como funciones la seguridad de las instituciones del Estado como el Palacio de Gobierno o el Congreso de la República.

Al respecto sobre esta desactivada entidad, el congresista de Renovación Popular, Miguel Ciccia, presentó el Proyecto de Ley (PL) n.° 11687/2024-CR que propone la restitución de la Guardia Republicana, pero además de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones el Perú (PIP) y el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), instituciones especializadas de la PNP.

De acuerdo al PL, la PNP estaría integrada tres cuerpos policiales especializados. En ese sentido, la Guardia Civil del Perú se encargaría del orden público, patrullaje preventivo, seguridad ciudadana y funciones policiales urbanas y rurales. 

Con respecto a la Guardia Republicana, tendría como función, la protección de instituciones y activos críticos del Estado, servicios de escolta, seguridad penitenciaria y custodia de sedes institucionales.

Por su parte, la Policía de Investigaciones del Perú estaría dedicada a la investigación criminal, lucha contra el crimen organizado, delitos complejos en apoyo técnico policial al Ministerio Público. 

Asimismo, busca el retorno del Grupo Especial de Inteligencia «como unidad élite de inteligencia operativa» de la PNP y su conformación sería por agentes egresados de las escuelas de la Guardia Civil, Guardia Republicana, PIP, GEIN y especializadas en la lucha contra el terrorismo, crimen organizado y otras amenazas a la seguridad ciudadana. 

La iniciativa legislativa también contempla crear nuevas escuelas policiales para cada unidad, y establece un plazo máximo de 12 meses para adecuar la estructura y funciones de la PNP. De aprobarse, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en 90 días, derogando toda norma en contra.

La reciente denuncia penal interpuesta por Delia Espinoza Valenzuela contra Patricia Benavides Vargas y su “comitiva de incursión” no es simplemente un acto legal y facultativo; es el más reciente capítulo de una pugna de poder descarnada entre dos fiscales supremas que parecen haber olvidado que el Ministerio Público no es un feudo personal, sino una institución del Estado que exige estabilidad, credibilidad y respeto.

Espinoza Valenzuela, actualmente en el cargo de fiscal de la Nación, acusa a Benavides Vargas de ‘usurpación de funciones’ y ‘perturbación de la tranquilidad pública’ por irrumpir, junto a su abogado Juan Mario Peña Flores y otros seis acompañantes, en la sede institucional del Ministerio Público el pasado 16 de junio a las 08:27 a.m. Según la denuncia, Benavides se presentó como fiscal de la Nación pese a no contar con el respaldo formal de la Junta de Fiscales Supremos, lo que para Espinoza representa una actuación ilegal, una afrenta al orden interno y una amenaza a la institucionalidad.

Sin embargo, lo que subyace detrás de esta denuncia no es solo una controversia técnica o legal. Es la continuidad de una guerra política que ha degradado profundamente la imagen del Ministerio Público. Ambas fiscales, con cuestionamientos distintos pero igual vehemencia, parecen más concentradas en disputarse el trono que en velar por la justicia.

Delia Espinoza, en lugar de actuar con la prudencia y neutralidad que se espera de la cabeza de esta institución, ha utilizado su posición para consolidar su autoritarismo mediante denuncias que, si bien pueden tener sustento legal, se leen también como maniobras de control político interno.

Por su parte, Patricia Benavides tampoco actúa con altura institucional. Su ingreso intempestivo al noveno piso de la Fiscalía, flanqueada por abogados, policías y asesores, fue un acto claramente calculado y amedrentador para enviar un mensaje de prepotencia y desafío. Retomar funciones sin un acto colegiado expreso por parte de la Junta de Fiscales Supremos no solo es jurídicamente cuestionable, sino que pone en entredicho su compromiso con el debido proceso y con la institucionalidad misma que afirma querer defender.

El país asiste indignado, a una disputa de egos que debilita gravemente al sistema de justicia. Y en lugar de construir consensos o preservar la autonomía del Ministerio Público, ambas fiscales se olvidaron de velar por el ‘principio de legalidad’ y se han enfrascado en una batalla encarnizada por el poder que solo beneficia a los impunes, sean de derecha o izquierda y daña aún más la confianza ciudadana.

No se trata de quién tiene la razón, sino de quién está dispuesto a actuar con altura moral. Ni Delia Espinoza ni Patricia Benavides parecen, hoy dispuestas a dar un paso atrás por el bien institucional. Y mientras tanto, la Fiscalía de la Nación se ha convertido en escenario de una vergonzosa telenovela política, donde lo último que importa es la justicia.

Qué se puede esperar de un alcalde que ha abandonado toda la avenida Abancay, Mercado Central, Mesa Redonda, la avenida Grau, y demás calles de su jurisdicción al comercio ambulatorio. Es más, ahora los vendedores vienen ocupando gran parte del jirón Cusco, haciéndonos recordar cómo era Lima en la década de 1990. Tal parece que para el alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, sus competencias solo se circunscriben en cuidar y embellecer la Plaza Mayor, dejando a su suerte lo demás.

Ciertamente no se le puede exigir mucho a un alcalde que prefiere permanecer encerrado en el Palacio Municipal, desentendiéndose de los almacenes clandestinos que en realidad son conocidos por todos los vecinos. O será que prefiere tomarse fotos con youtubers y streamers, entregándoles diplomas y ramos de flores; en tanto, la delincuencia es moneda corriente en sus narices.

A propósito de la delincuencia, el popular ‘Porky’ hace honor a su apelativo, embarrándose solo con sus declaraciones. López Aliaga aseguró que desde su gestión se comprarán drones equipados con inteligencia artificial que sobrevolarán la ciudad tipo “cóndor” para ubicar a los delincuentes y, si se da la ocasión, “explotar” en su humanidad.

El alcalde explicó que el sistema utilizará tecnología avanzada para detectar delitos en tiempo real. “El dron es (…) como un cóndor. Detecta, porque tiene IA, si hay un hecho delictivo, y baja el dron y te manda un aviso: o te paras, o exploto. Así funciona la tecnología, así funciona el mundo”, declaró sin siquiera detenerse en lo que dijo. “Así funciona el mundo”, añadió.

Tuvo que salir el asesor del alcalde en temas de seguridad, Alberto Jordán, para ‘traducir’ lo dicho por López Aliaga, indicando que en realidad los drones irán a hacer un cerco y que en sentido figurado iban a “explotar” para atrapar al ladrón. Una explicación demasiado forzada que solo sus más acérrimos seguidores le creen.

‘Porky’ presidente

Tal parece que ‘Porky’ ya se viene proyectando para su candidatura a la presidencia de la República y poco o nada le importa cómo va a dejar su jurisdicción. Hace poco, en radio Bethel, señaló que se tomaría unos días para pensar si dejaría la alcaldía de Lima para postular a las elecciones presidenciales de 2026.  “Voy a retirarme de todo el tráfago de ser alcalde dos días para pensar bien. No es fácil. Ser alcalde de Lima es ser bombero. (…) Un presidente tiene muchos más recursos para solucionar los temas de fondo del Perú, por ejemplo, el hambre”, declaró.

No obstante, en 2021, cuando era candidato para la Municipalidad de Lima, prometió que no dejaría el cargo.

“Yo hecho ya una propuesta pública y soy una persona de palabra. Si entro cuatro años, que me parece poco, debería ser reelegible el alcalde si hace una buena gestión. Pero considero que el Perú necesita unirse, todos los partidos democráticos tenemos que unirnos y tener un candidato único. Yo aseguro que me quedo los 4 años porque considero que el país está en un grave problema de corrupción”, señaló Aliaga en una entrevista que brindó en 2022 a Cuarto Poder.

Con promesas incumplidas, proyectos fracasados como la reorganización de los comerciantes informales en la Huerta Encontrada, sus misteriosas desapariciones durante los incendios, su poca palabra, o sus drones “cóndor” que explotarán en la cara, ¿cómo creerle que mejorará las cosas de encontrarse en el sillón presidencial?

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, lanzó un contundente contraataque contra su antecesora, Patricia Benavides Vargas, al presentar un requerimiento judicial para suspenderla del ejercicio de sus funciones por 36 meses. La solicitud fue remitida al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el pasado 11 de junio, apenas dos días después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anulara la destitución de Benavides Vargas y ordenara su reincorporación.

Según la carpeta fiscal 605-2024, la medida busca evitar posibles actos de obstrucción a la investigación penal que se sigue contra Benavides por presuntos delitos de cohecho pasivo específico y encubrimiento personal.

La fiscalía sostiene que Patricia Benavides habría recibido beneficios indebidos a cambio de favorecer nombramientos dentro del Ministerio Público, especialmente en favor del abogado José Luis Castillo Alva, vinculado al caso “Cuellos Blancos del Puerto”. Asimismo, se le atribuyen coordinaciones con otros actores, como Abelardo Caycho, Alberth Fernández, Katherine García, Juan Carlos Tafur y César Romero, señalados como parte de una presunta ‘red de tráfico de influencias’ al interior del Ministerio Público.

El requerimiento de Delia Espinoza se fundamenta en el artículo 159° de la Constitución y en los artículos 297° y 298° del Código Procesal Penal, que permiten adoptar medidas cautelares para proteger la integridad de las investigaciones. La gravedad de los delitos imputados y la posición de poder que aún ostenta Benavides Vargas son, según la fiscalía, razones suficientes para justificar su suspensión inmediata.

Además, fuentes fiscales advirtieron que hechos recientes ocurridos en la sede del Ministerio Público habrían agravado la situación legal de Benavides Vargas, lo que refuerza la necesidad de su apartamiento.

La audiencia decisiva se llevará a cabo el lunes 24 de junio, a las 2:30 p. m., y será el juez supremo de investigación preparatoria quien determinará si acepta la suspensión de tres años solicitada por la fiscal de la Nación Espinoza. El caso marca un nuevo capítulo en la batalla institucional que enfrenta a dos de las figuras más cuestionadas y descreditadas del Ministerio Público.

La polémica en torno a la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación sigue agudizándose. Esta vez, los congresistas Elías Varas Meléndez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) y Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) presentaron denuncias constitucionales contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), acusándolos de vulnerar la Constitución y exceder sus competencias.

El congresista por Áncash, Elías Varas formalizó una denuncia contra los seis integrantes de la JNJ que suscribieron la resolución que devuelve a Benavides Vargas a la Fiscalía de la Nación. En declaraciones, calificó el acto como “inconstitucional, ilegal y contrario al artículo 158° de la Constitución”, el cual establece claramente las funciones de la JNJ y limita su rol respecto a magistrados supremos.

Varas Meléndez argumentó que la Junta incurrió en el presunto delito de avocamiento indebido, al asumir competencias exclusivas del Poder Judicial. “No pueden restituir a una fiscal suprema cuando hay procesos en curso y decisiones tomadas por órganos constitucionalmente competentes, como la Junta de Fiscales Supremos”, afirmó.

El legislador también criticó la falta de unanimidad en la decisión, recordando que el miembro de la JNJ Francisco Távara se excusó de votar y luego declaró que no se alcanzó el consenso necesario. Para Varas, esto invalida aún más la resolución y confirma su carácter arbitrario.

A esta denuncia se sumó el legislador por Huancavelica Alfredo Pariona, quien también presentó una acusación constitucional contra todos los miembros de la JNJ y solicita su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos, alegando una grave infracción constitucional.

Ambos congresistas coinciden en que la JNJ ha extralimitado su mandato, interfiriendo indebidamente en un caso cuya resolución corresponde al sistema judicial y al Congreso, no a un órgano administrativo. Además, advierten que esta decisión agrava la ya delicada situación del Ministerio Público, minando su institucionalidad y abriendo un peligroso precedente de impunidad.

Las denuncias ya se encuentran en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la apepista María Acuña Peralta, que deberá evaluar su admisibilidad y determinar si procede iniciar un proceso sancionador contra los cuestionados miembros de la Junta Nacional de Justicia.

¿Esta vez será vencida? Tantas veces se ha mencionado que el Congreso viene preparando una moción de vacancia, pero siempre en la ‘puerta del horno’ se termina cayendo por obra y gracia del fujimorismo y APP, los grandes aliados de Dina Boluarte que grita a los cuatro vientos, con bastante seguridad, que se quedará hasta el año 2026.

La jefa de Estado pareciera tener en la palma de su mano al Parlamento a base de presuntos negociados por debajo de la mesa, motivo por el cual los legisladores cambian de parecer en cuestión de horas al momento de votar en contra de las mociones de vacancia.

Esta vez, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda evaluar la causal de vacancia por “incapacidad moral” contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte por no haber informado al Legislativo sobre la intervención quirúrgica que se realizó en junio del 2023.

En el informe se menciona que existe un “alto grado de certeza” de que la jefa de Estado se sometió a una intervención quirúrgica de carácter estético y funcional, del 28 de junio al 4 de julio, por lo que se vio comprometida la continuidad del mando presidencial, la capacidad de toma de decisiones en tiempo real, la atención de emergencia nacional y la conducción general de la política del Estado.

“El Congreso se encuentra en la obligación constitucional de valorar si dicha conducta compromete irreversiblemente la integridad moral de la presidenta para ejercer el cargo y, en consecuencia, si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de su vacancia por la causal de incapacidad moral permanente”, se lee entre las recomendaciones.

Asimismo, se estableció que la mandataria ha permanecido internada en la clínica Cabani por un periodo de dos días y una mañana, sumando a ellos los días de descanso médico que habría requerido para la recuperación, por lo cual habría incurrido en “abandono de cargo sin justificación constitucional”.

Esta información fue confirmada por el médico cirujano Mario Cabani mediante cartas notariales remitidas el 9 de junio de 2025. En dichos documentos, el especialista detalla que se realizaron procedimientos como rinoplastia, septoplastia, blefaroplastia y la colocación de hilos tensores.

“Esta situación evidencia un claro abandono de cargo sin justificación constitucional, omitiendo la activación del mecanismo de sucesión presidencial”, precisa el documento.

En tanto, el presidente de dicho grupo de trabajo, Juan Burgos, hizo énfasis en las consecuencias que se hubiesen dado al tener a la jefa de Estado postrada durante varios días en una camilla, estando indispuesta a atender las urgencias del país.

“Lo que se encuentra en evaluación no es la naturaleza médica o estética de los procedimientos quirúrgicos a los que se sometió la señora presidenta, tampoco sus motivaciones personales, sino las consecuencias constitucionales y políticas derivadas de su inactividad funcional como jefa de Estado durante el periodo intraoperatorio como su recuperación postoperatoria”, expresó el parlamentario de Podemos Perú.

La impunidad vuelve a extender sus tentáculos en uno de los casos más sensibles vinculados al escándalo Lava Jato. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por el juez Richard Concepción Carhuancho, aprobó una prórroga de 20 meses adicionales en la investigación preparatoria contra Susana de la Puente Wiese, exembajadora del Perú en el Reino Unido y exbanquera de JP Morgan. La medida responde a un pedido del fiscal adjunto José Alfredo Lázaro Marca, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien había solicitado inicialmente una extensión de 24 meses.

La investigación, formalizada en 2022, involucra a Susana de la Puente Wiese, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y otros implicados como presuntos autores de los delitos de ‘asociación ilícita para delinquir’ y ‘lavado de activos’. Según la carpeta fiscal, se trataría de una organización delictiva que canalizó dinero desde Brasil hacia Perú para financiar campañas políticas, específicamente la de PPK en 2011. La delación de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht, reveló que Susana de la Puente Wiese recibió US$300,000 para la campaña de «Alianza por el Gran Cambio», un hecho que la exdiplomática niega.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, De la Puente Wiese sigue residiendo cómodamente en Europa, entre Londres y Madrid, sin restricciones legales para regresar al país. Se mantiene activa en inversiones tecnológicas y proyectos turísticos —como el Hotel B, en el distrito de Barranco, Lima— mientras evita enfrentar de manera presencial a la justicia peruana. La Fiscalía no ha solicitado aún medidas coercitivas, y su defensa habría intentado bloquear diligencias judiciales que la obliguen a presentarse en territorio nacional.

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez, quien también participó en investigaciones preliminares del caso, señaló públicamente que la conducta de Susana De la Puente ha sido obstruccionista. «Susana de la Puente tiene que venir al Perú a responder ante la Fiscalía», afirmó. «Lo que pretende su defensa es que no venga, y no concordamos con esa posición. Todos son iguales ante la ley, y Susana de la Puente también».

A pesar de haber declarado su supuesta disposición a colaborar, los hechos muestran lo contrario: no ha comparecido en el país y busca que las diligencias se ejecuten desde el extranjero, en una muestra de privilegio que contrasta con la situación de otros investigados que sí enfrentan restricciones.

En un país donde la justicia suele ser lenta, el caso de Susana de la Puente Wiese se convierte en un ejemplo paradigmático de cómo el poder económico y las redes de influencia pueden contribuir a postergar indefinidamente la rendición de cuentas. La ampliación del proceso investigativo, lejos de ser un avance, evidencia el estancamiento y la falta de contundencia institucional frente a quienes, desde el exterior, continúan eludiendo la justicia.

Dimes y diretes. Ayer se vivió de todo tanto dentro y fuera del Ministerio Público, desde ‘improvisados’ manifestantes de ‘La Resistencia’, matones, agentes de seguridad, abogados que iban y venían de oficina a oficina, portazos, y hasta una vigilia a la luz de las velas. Todos pensarán que se trataba de una pelea de callejón, pero en realidad se trataba de la irrupción de Patricia Benavides en dicha institución.

En tanto, la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano del Ministerio Público, se pronunció sobre la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anula las sanciones contra Patricia Benavides, reponiéndola en su cargo como fiscal de la Nación. Es así que mediante un breve pronunciamiento mencionaron que tal órgano se encuentra facultado para designar al titular del Ministerio Público.

“Como parte de su fortalecimiento y unidad entre los miembros del máximo órgano de gobierno del Ministerio Público y como ejemplo de cohesión institucional, reafirman que es la Junta de Fiscales Supremos —y no otro órgano del Estado— la que tiene la atribución exclusiva de elegir al Fiscal de la Nación”, escribieron.

La publicación se dio horas después de que el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, exhorte al organismo resolver y ejecutar la resolución, adelantando que “sea cual sea su decisión la respaldarán”. “Apelar a la sapiencia, al buen tino. Ya en un momento, quizá un poco más tranquilo hoy día que ayer, porque ayer creo que han estado en crispado todos los ánimos. Que la Junta de Fiscales Supremos pueda anteponer los intereses del país por encima de los intereses de grupo”, manifestó y calificó de bochornosa la disputa por el cargo.

“Es bochornoso ver como dos personas se disputan un cargo cuando el cargo es lo más sublime de toda institución. Entonces, corresponde a la Junta, en su facultad constitucional, a la Junta de Fiscales Supremos, tomar la decisión más sabia. Yo espero que sí lo vayan a tomar. No tengo un prejuicio contra ninguno de ellos”, expresó.

La pugna por la Fiscalía de la Nación continúa y cada bando no piensa ceder ni un centímetro por hacerse de tan importante entidad. “Yo no me muevo del lugar”, manifestó Delia Espinoza, quien hasta ahora continúa mostrando su medalla de fiscal de la Nación. Por su parte, Patricia Benavides continúa merodeando en las afueras, a la espera de un descuido o un pronunciamiento oficial. Todo indica que la Fiscalía se ha convertido en el juego de las sillas, donde el que se duerme pierde su asiento.