A través de un convenio firmado entre el Poder Judicial (PJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se facilitará a este último el acceso a información sobre antecedentes penales y sentencias condenatorias de los candidatos que participarán en las elecciones del 2026.

Sin embargo, surge la pregunta ¿en caso de encontrar antecedentes penales y condenas el JNE se negará a inscribir al candidato implicado?

Presidenta del PJ señala que el propósito de este acuerdo es la ‘transparencia’

La ceremonia para el anuncio de este acuerdo se realizó en Palacio de Justicia, en la cual, Janet Ofelia Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, remarcó que la medida asegurará que los procesos electorales se desarrollen con la mayor integridad y eficiencia. 

«Es brindar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y confianza respecto a que la información sobre las sentencias condenatorias, consentidas o ejecutoriadas de los candidatos y candidatas que postulan es información fidedigna de los registros que mantiene y resguarda el Poder Judicial», aseveró Tello Gilardi y añadió que este convenio no solo marca un avance significativo en la cooperación entre ambas instituciones, sino que también reafirma su compromiso con la justicia, la transparencia y el fortalecimiento de la democracia. 

¿Qué establece el acuerdo?

El convenio establece que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendrá acceso a la información de antecedentes penales contenida en la Base de Datos del Registro Nacional de Condenas, mediante el Web Service y el Módulo de Solicitudes de Información de Antecedentes Penales (MSIAP). 

«Nos encontramos ad portas del inicio de un proceso electoral marcado por una muy debilitada credibilidad y legitimidad de la ciudadanía en sus autoridades y líderes políticos, que exige acciones concretas, oportunas y articuladas», remarcó la titular del PJ.

Alrededor de 50 partidos políticos participarían en las elecciones 2026

Según lo estimó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en las elecciones generales de 2026 podrían participar 50 partidos políticos y 12 mil candidatos para ocupar los cargos de presidente y vicepresidentes de la república, diputados, senadores y parlamentarios andinos. Asimismo, el titular del JNE precisó que actualmente están inscritos 39 partidos políticos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE y reveló que otros 36 están pendientes de inscripción.

«Estimamos que podría haber alrededor de 50 partidos que podrían participar en las elecciones generales de 2026 y que serían alrededor de 12,000 candidatos entre senadores, diputados, candidatos al Parlamento Andino y también a la presidencia y vicepresidencias», refirió Burneo.

Ganó tiempo el fiscal Domingo Pérez. El Poder Judicial (PJ) concedió los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la Procuraduría de Lavado de Activo contra el falló que anuló el juicio por el caso ‘Cócteles’, con lo que se suspende la medida dictada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional el pasado 13 de enero.

Las apelaciones presentadas por el fiscal José Domingo Pérez y el representante de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de Lavado de Activos fueron concedidas por el mismo juzgado que anuló el juicio oral.

Ahora el colegiado elevará los recursos a la Sala Penal de Apelaciones que fijará una fecha para la audiencia en la que abordará los requerimientos de las partes.

Desde Fiscalía señalaron mediante su apelación que el fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional habría afectado “la garantía fundamental de la motivación de las resoluciones judiciales”; es decir, no se habría dado razones “que justifiquen la decisión” judicial.

De igual forma consideraron que se vulneró “la garantía fundamental de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional” y la “garantía fundamental de la observancia de un debido proceso, preclusión procesal y legalidad”.

El recurso apunta que el colegiado «pretende extender los efectos de una resolución constitucional cuyo acto procesal nulo es el requerimiento acusatorio. Sin embargo, la resolución […] declara la nulidad de un acto procesal distinto al requerimiento acusatorio, esto es el auto de citación a juicio oral».

Como se recuerda, el pasado 13 de enero el PJ declaró fundado el pedido mediante el cual se anula el juicio oral iniciado a Keiko Fujimori, investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el denominado caso ‘Cócteles’.

Esta decisión fue adoptada por el colegiado en atención de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la acusación fiscal contra el exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper.

El extitular de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto Reyes, perteneciente a las filas de Alianza para el Progreso (APP) se resiste a responder sobre su supuesta participación en la contratación de las señoritas, Isabel cajo y la asesinada Andrea Vidal, quienes habrían pertenecido a una presunta red de prostitución en el Parlamento. En esa línea, rechazó la invitación y anunció que no asistirá a la Comisión de Fiscalización para declarar.

A través del Oficio N° 686-2024-2025-ASR-CR enviado a Juan Burgos, su colega de Alianza para el Progreso (APP) aseguró que se encuentra «impedido legalmente de asistir» debido a varios puntos que considera no se ajustan al procedimiento.  

Alejandro Soto dijo que no asistirá porque Burgos no tiene facultades para investigarlo

Tras rechazar la cita convocada para que declare, Alejandro Soto se justificó indicando que actualmente la Contraloría General de la República ya se encuentra realizando diligencias indagatorias, respecto de la contratación de Andrea Vidal Gómez, Isabel Cajo Salvador, Jorge Torres Saravia y otros. Asimismo, resaltó que los informes que se emitan a partir de ello serán «objetivos e imparciales».

Además, resaltó que el Ministerio Público es el órgano competente para investigar el presunto delito relacionado con una ‘red de prostitución’ en el Congreso, y no la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside su colega Juan Burgos. Asimismo, aseguró que la “comisión fiscalizadora” no tiene facultades de Comisión Investigadora, por lo que, no podría investigar a los parlamentarios como los dispone el «Acuerdo de Consejo Directivo del 11 de abril de 2008». En esa línea, Soto señaló que Burgos es testigo en una carpeta fiscal que se sigue contra él. Ante ello, indicó que el presidente de la Comisión de Fiscalización no puede ser «juez y parte».

«Usted ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía de la Nación por el delito de Usurpación de Funciones, al investigar una materia que no es de su competencia», agregó el también investigado Soto.

Alejandro Soto fue citado para que responda por contrataciones de Andrea Vidal y Isabel Cajo

El expresidente del Congreso Alejandro Soto fue citado a la Comisión de Fiscalización para ser consultado acerca de información relevante y de interés nacional sobre la presunta ‘red de prostitución’ en el Parlamento, la cual está presuntamente relacionada con el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento y quien estuvo a cargo del investigado Jorge Torres Saravia. Mediante una carta oficial remitida por Juan Burgos, presidente de la mesa de trabajo, se le solicitó a Soto apersonarse el próximo jueves 23 de enero a la decimocuarta sesión extraordinaria de la comisión mencionada, programada para las 09:00 horas de la mañana en la sala de sesión Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

«… y a su vez estando a las notas periodísticas propaladas en los medios de comunicación sobre presunta red de prostitución en el Congreso, atentado ocurrida a la que en vida fue Andrea Vidal Gómez, exservidora del Congreso de la República, presunto manejo de contratación de personal y otros», se precisa en el documento oficial.

Sin embargo, el legislador Alejandro Soto ha rechazado la invitación y anunció que no acudirá a declarar.

Los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz expusieron en el libro “Mitad monjes, mitad soldados” una serie de confesiones sobre violaciones físicas y sexuales contra los integrantes del Sodalicio de parte, nada menos, de sus propias autoridades de manera sistemática. Una treintena de testimonios darían cuenta de las aberraciones cometidas contra jóvenes que solo buscaban acercarse a la palabra del Señor.

Ya en el año 2015 llegaría “El caso sodalicio”, otro libro demoledor terminó por llamar la atención del Vaticano, quienes el año 2023 enviarán una misión especial para atender las denuncias en primera persona, recaban toda la información posible de boca de las propias víctimas. Como resultado de las pesquisas, un año después, se expulsó a 13 miembros del Sodalicio, incluyendo a Luis Figari.

Finalmente, el 14 de agosto del año pasado se anunció la disolución del Sodalicio. Esta decisión se dio luego de un año de investigación liderado por la Comisión de Alto Nivel conformada por los obispos Charles Scicluna y Jordi Bertomeu del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Dicasterio para los institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

Aunque la noticia no fue confirmada por la Santa Sede, recién hoy, a través de un comunicado, confirmó la disolución del Sodalicio por decisión del propio Papa Francisco.

El texto que confirma la desaparición del Sodalicio hace referencia a la inmoralidad de su fundador. Las primeras denuncias contra el religioso detallaron un sistema de sumisión total a su poder bajo el lema “el que obedece nunca se equivoca” y junto con otros miembros fue señalado por abuso físico, psicológico y sexual.

El cuestionado congresista Darwin Espinoza Vargas, sería presuntamente sería parte de una organización criminal que operó durante el gobierno de Pedro Castillo y han salido a la luz nuevas evidencias que comprometen mucho más al legislador.

Según una nueva investigación periodística, Espinoza Vargas habría recibido pagos millonarios para favorecer intereses empresariales, mediante modificaciones de normas legales en el sector pesquero. Según testimonios de los colaboradores eficaces, lo sindican de haber obtenido S/1 millón de soles para modificar una norma. El legislador y su esposa Bélgica Arangoitia Horna habrían recibido los sobres de dinero, que serían destinados a impulsar un decreto en el Ministerio de Vivienda para evitar la reducción del bono de vivienda social, el mismo que fue firmado poco después, el 23 de diciembre de 2021.

Según uno de los aspirantes a colaborador eficaz, Sada Goray y Espinoza Vargas se conocieron el 15 de septiembre de 2021, en una reunión organizada por el congresista Enrique Alva. “Este fue el comienzo de lo que luego se orquestó”, relató la fuente al referirse a otro presunto esquema de sobornos para modificar el reglamento de ordenamiento pesquero del atún, con lo cual se benefició a empresas vinculadas a la empresaria y al comerciante atunero Fernando Pazos Huayamares, quien también es dueño del restorán ‘La cuadra de Salvador’.

Los chats de Darwin Espinoza y su cuñado Javier Pérez Reyes

Entre los hallazgos más contundentes, se encuentran conversaciones de WhatsApp entre Espinoza Vargas y su cuñado Javier Pérez Reyes, (pareja sentimental de Ingrid Espinoza Vargas), quien ocupó el alto cargo de Director General de Pesca para Consumo Humano del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Dichos mensajes revelan cómo el congresista por Áncash solicitaba supervisión directa sobre documentos y decisiones dentro del ministerio.

Javier Pérez Reyes: Ya está, salió la publicación…

Darwin Espinoza: Cuñado, necesito conocer cada documento que entra y sale de tu oficina.

Pérez Reyes: Ya, ok.

Darwin Espinoza: Cuñado, no está de más decir que nada pasará si no le doy el ok.

A pesar de las notables evidencias, Espinoza Vargas negó que él haya interferido para que su cuñado Pérez Reyes ingrese en el Ministerio de la Producción. Sin embargo, el testimonio de uno de los colaboradores eficaces contradice su versión. Y uno de los chats presentados ante la Fiscalía revela que el congresista habría ayudado a Jorge Prado Palomino a ser ministro de Producción. En la conversación se muestra cómo Pérez Reyes le informa a su cuñado Espinoza Vargas que oficializaron la designación de Jorge Luis Prado Palomino como titular de PRODUCE y le pide «no te olvides de mi». Ante este mensaje, el parlamentario responde: «No pues, tranquilo ya tenemos lo que buscamos».

Darwin Espinoza niega las acusaciones en su contra

Ante la avalancha de pruebas y en respuesta a estas acusaciones, Darwin Espinoza ha negado rotundamente las imputaciones; sin embargo, las fotografías y los registros de reuniones desmienten sus declaraciones. Asimismo, el abogado de Sada Goray confirmó su cooperación con la Fiscalía, detallando las operaciones financieras que involucran a Espinoza Vargas. La disposición fiscal también señala que, aunque el Decreto Supremo que beneficiaba a las empresas atuneras fue finalmente aprobado en junio de 2022, su implementación se trabó debido a la falta de un contrato necesario, dejando el documento sin efecto práctico. 

Actualmente, 18 personas están siendo investigadas, incluyendo a la esposa de Darwin Espinoza, Bélgica Arangoitia Horna, quien también habría recibido pagos por otros casos relacionados. Sin embargo, la detención preliminar solicitada para algunos implicados fue desestimada debido a las limitaciones legales. 

Una más del ministro que se encuentra más perdido que huevo en ceviche. El siempre bien arropado y engreído ministro de Dina Boluarte, Morgan Quero Gaime, participó de una celebración organizada por el pastor evangélico José Linares, quien viene siendo investigado por presuntamente haber abusado sexualmente de su menor hija, la cual finalmente terminó siendo embarazada ¡por su propio padre! El titular del Ministerio de Educación(Minedu) acudió al onomástico de Linares luego que este acudiera previamente, en diversas ocasiones, a la sede que él preside.

En un video difundido por 24Horas de Panamericana Televisión, se escucha a Morgan Quero expresar: “Para mí es un orgullo estar con ustedes, acompañando en esta ocasión a nuestro querido pastor José Linares”. El video corresponde a la fiesta de cumpleaños de Linares, quien está involucrado en múltiples denuncias por abuso sexual y agresiones físicas hacia su hermano.

Las imágenes fueron registradas el pasado 8 de enero, cuando el pastor celebró su cumpleaños. En un momento del evento, Morgan Quero se levantó y tomó la palabra para expresar su “orgullo” por participar en la celebración del denunciado.

Durante su intervención, expresó: “Nuestro amor por el Señor, nuestro amor a Dios, nuestro amor a las familias, a las que les debemos tanto la posibilidad de estar aquí todos reunidos como una gran familia. Muchas gracias y feliz cumpleaños”, mostrando así su apoyo al líder del movimiento Pro Familia Pro Vida.

Cabe precisar que, Linares Cerón registra visitas en el Ministerio de Educación entre octubre y noviembre del 2024 en el despacho del asesor ministerial.

Minedu rechaza reportaje

Por su parte, el Minedu emitió un pronunciamiento en el que destacó que Morgan Quero “no tiene ninguna relación laboral con el señor José Luis Linares Cerón”.

Asimismo, se indicó que la participación de Quero en el evento se debió a una invitación extendida por los miembros de dicho colectivo. “Su presencia en un evento social, en el que ambos estuvieron presentes, se debió a una invitación realizada por los miembros del Movimiento Pro Familia Pro Vida”, detallaron.

La agrupación política de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, ‘Partido Ciudadanos Por el Perú’, finalmente logró oficializar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta organización se sumaría a los 40 partidos políticos que participarán en las siguientes elecciones primarias a celebrarse a fines de 2025.

Tal como está publicado en la página oficial del JNE, se detalla el registro de organizaciones políticas y tiene en su apartado número 13 al partido ‘Ciudadanos por el Perú’ (CPP), cuya inscripción fue efectuada el pasado 15 de enero del presente año. Su ubicación geográfica fue detallada en Villa María del Triunfo y los personeros legales son, Luciano Alfredo Murrugarra Ramírez, como titular, y Nilda Flor Bravo Núñez, como alterna.

Testigo acusa a los hermanos ‘Boluarte Zegarra’ de manejar a prefectos para recolectar firmas

Como se recuerda, en septiembre del 2024, la fiscal del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) Melissa Angulo, detalló la versión del testigo Teodoro Berrú Zurita, exconsejero espiritual de Dina Boluarte, sobre la audiencia de prisión preventiva contra los implicados en el caso «Los Waykis en la Sombra». En esa línea, Dina Boluarte habría exigido que su hermano forme el partido ‘Ciudadanos por el Perú’ (CPP) para que este sea un «soporte social» para su gestión en todo el país y detalló cómo se distribuían las funciones para que se elijan y nombren a los prefectos y subprefectos, con el objetivo de realizar la recolección de firmas para la inscripción del partido de los Boluarte Zegarra. Sin embargo, también se habría detectado firmas falsas.

Dina Boluarte habría exigido que se formen 60 comités distritales para CPP

Según el testigo, Víctor Torres Merino era quien buscaba a los dirigentes y pequeños empresarios con el fin de que asuman los mencionados cargos públicos y que, posteriormente, Edwin Ugarte Nina, era quien pedía el dinero para que puedan acceder a los cargos.  Sin embargo, Berrú Zurita incriminó mucho más a la presidenta Dina Boluarte, quien fue señalada por exigir el cumplimiento de las tareas con el fin de formar cerca de 60 comités distritales para la agrupación ‘Ciudadanos por el Perú’ y así reunir la cantidad de firmas exigidas por el JNE.

Al parecer Jorge Luis Torres Saravia se encuentra cada vez más involucrado en una serie de delitos que de demostrarse podrían llevarlo muchos años en la cárcel. Como se conoce, además de ser sindicado como presunto proxeneta por ser cabecilla de una presunta ‘red de prostitución’ en el Congreso, luego de haber sido ignorada por autoridades fiscales, tras cuatro años de impunidad, nuevamente ha salido a dar la cara una víctima de Torres Saravia para brindar su testimonio que da cuenta de la trágica experiencia que le tocó vivir por culpa del exjefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso.

Se trata de Vicky Navarro, quien este domingo desde Trujillo volvió a denunciar en el programa Cuarto Poder, que fue dopada para luego ser violada sexualmente por Torres Saravia, y que, tras el ultraje, terminó embarazada. Esto sucedió la madrugada del 14 de enero de 2020 en un hotel en Pacasmayo, donde ambos se encontraban realizando actividades proselitistas para Alianza para el Progreso (APP), ya que, por ese entonces, ambos, Jorge Torres Saravia y Vicky Navarro, trabajaban juntos para el Gobierno Regional de La Libertad y apoyaban la campaña política de Luis Valdez Farias al Congreso. 

Según la denunciante, el exjefe de la Oficina Legal del Parlamento la citó en su habitación de hotel para concluir algunos detalles de la campaña de su jefe Valdez Farias y le pidió beber una cerveza con él y ante la insistencia de Torres Saravia, Vicky aceptó; sin embargo, contó que, minutos después, ella perdió el conocimiento.

“Usted me dopó. Yo no sentí las piernas, yo veía borroso. Yo llegué arrastrada a la manija de la puerta y usted esperó verme así. Es tan enfermo”, manifestó Vicky Navarro, mientras sollozaba en modo de impotencia.

“Yo estaba con el pantalón en la rodilla, estaba con el brasier suelto, el polo para arriba (…). Él tuvo el descaro de contestarle a su esposa (…). Le dijo ‘está todo bien’”, añadió la víctima.

Posteriormente, la extrabajadora del Gobierno Regional contó que perdió el bebé a raíz de todos los medicamentos que le recetaron por el episodio de violación que tuvo que vivir.

Fiscal Agustín Germán Risco Baquedano blindó a Torres Saravia y archivó el caso

Según el dominical, tras siete meses de investigación preliminar, el fiscal Agustín Germán Risco Baquedano, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo, extrañamente decidió no continuar con la investigación por ‘falta de pruebas’ y archivó el caso. En esa época, el 6 de agosto del 2020, Torres Saravia habría solicitado que se archive la investigación por violación sexual y, tan solo un día después, el fiscal accedió al pedido.

Sin embargo, Vicky Navarro ha pedido que se reabra el expediente y esta vez solicita que incluyan un audio de 15 minutos, grabado por su esposo, en el que claramente se escucha a Torres Saravia reconocer sus malos actos y ofrecer dinero a cambio de su silencio.

Mujer ultrajada por Torres Saravia acudirá al Congreso a declarar

Como se recuerda, a fines de diciembre de 2024, Vicky Navarro fue citada para declarar a la Comisión de Fiscalización del Congreso, por el caso Andrea Vidal, la extrabajadora parlamentaria que fue acribillada a balazos en un taxi.

Asimismo, Navarro también ha denunciado que viene siendo víctima de amedrentamiento por parte de Torres Saravia, quien le envió una carta notarial por presunta difamación. Sin embargo, Vicky Navarro agradece estar viva y clama a Dios por justicia divina, para ella y para todas las que viven este infierno en silencio.

#CuartoPoder
Vicky Navarro ha solicitado la reapertura de su expediente, incluyendo un audio como prueba en el que se escucha a Torres Saravia pedir perdón y ofrecer dinero a cambio de silencio

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— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) January 20, 2025