Hoy el Poder Judicial confirmó la incautación del libro ‘El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’ (2004), coescrito por la presidenta Dina Boluarte, por la investigación fiscal que enfrenta por el presunto delito contra los derechos de autor.

La medida impuesta por el Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial en Delitos Tributarios, Aduaneros, contra la Propiedad Intelectual y Ambiental de Lima, dice en la resolución:

“Resulta idónea, dado que es una fuente obtenida de la propia Biblioteca Nacional” y “porque su eventual extravío o manipulación podría significar [una] obstaculización de la actividad persecutora del Ministerio Público”.

Hace cuatro meses, tras un reportaje de Punto Final, el fiscal Miguel Puicón, ingresó a la Biblioteca Nacional para analizar un ejemplar del libro y de acuerdo al informe periodístico, en el año 2007, cuando Dina Boluarte postuló a una plaza como asesora de la alta dirección en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), consignó la obra como suya, en su hoja de vida académica.

El libro ‘El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’, tiene 176 páginas, y fue escrito por otras siete personas y no consigna sello editorial, ni tiraje, y tras someterlo al software antiplagio Turnitin, se obtuvo un hallazgo contundente: un 55% del contenido en el texto, proviene de fuentes no citadas.

Resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial en Delitos Tributarios, Aduaneros, contra la Propiedad Intelectual y Ambiental de Lima.

De acuerdo con la resolución judicial, más de 20 páginas incluyen contenido plagiado del mexicano David Sower Valencia Duran, de la argentina Gisele Jaquenod de Giusti, y hasta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; incluso, la conclusión del libro, fue copiada íntegramente.

No obstante, cuando Dina Boluarte asumió el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021, eliminó la publicación de su trayectoria laboral en su hoja de vida y desde entonces, permaneció oculta hasta la emisión del reportaje.

Lo más sorprendente, es que luego del destape periodístico, la mandataria se mantuvo en silencio y no quiso hablar sobre el caso.

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, declaró que con el fallo (auto) de su institución, que rechaza pedidos de aclaración, determinan la inmediata ejecución de la sentencia que concede la libertad al exdictador Alberto Fujimori.

“(¿Debe ser liberado?) Sí, porque esta resolución de aclaración que hemos dictado lo que hace es despejar el camino para que se cumpla esta sentencia del año pasado que estableció la inmediata libertad de Alberto Fujimori”, afirmó Morales Saravia a RPP.

Con esta posición, el titular del TC, contradice frontalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al aseverar que las sentencias de su colegiado deben acatarse, sobre las resoluciones de la Corte Interamericana:

“En este caso, la que tiene prevalencia es la sentencia del TC. Las decisiones de la Corte Suprema (IDH) y su jurisprudencia las valoramos mucho, pero nosotros no nos hemos pronunciado sobre ese punto. En todo caso puede haber un debate sobre el alcance o no de esa decisión (de la Corte IDH). Depende ya de las autoridades penitenciarias de proceder con la excarcelación”.

Asimismo, afirmó que el Tribunal Constitucional no pretende generar una distracción sobre otros temas de coyuntura, como los cuestionamientos contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Lo podemos probar. La resolución de aclaración tiene fecha 21 de noviembre. Ese día lo debatimos y lo votamos. Lo que pasa es que las votaciones son reservadas. Luego de eso vino este problema que estamos enfrentando, toda esta situación terrible y dramática. Pero nosotros tenemos que seguir nuestros procedimientos. No podemos decir porque hay algo no podemos publicar. Ese ha sido el temperamento de todos. Los 6 hemos firmado, sea mayoría o sea voto singular”.

Una verdadera casa de cuervos dentro del Parlamento. De ideologías diferentes, pero que convergen solamente cuando de bonos se trata, pues ambas hasta el momento no lo han devuelto. Las congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) y Sigrid Bazán (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) se encuentran dispuestas a ‘sacarse los trapitos sucios’ en el hemiciclo del Congreso, todo porque la última denunció constitucionalmente a la primera.

No tranquila con ese primer golpe, la legisladora Chirinos se pronunció a través de sus redes sociales por la denuncia presentada por su colega, quien la viene acusando de pertenecer a una presunta red criminal la cual estaría liderada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides.

De esta manera, utilizando su cuenta de X (Twitter), Chirinos le hizo recordar un poco de su pasado a la congresista de izquierda.

“¡Ay Tesorito! si con esa rapidez hubieras actuado y denunciado a tu jefe Castillo, podríamos considerar tu DC más seriamente, pero todos sabemos de qué pie cojeas. Era de esperarse todo este cargamontón que quieren hacerme, como si con eso me van a asustar. Tranquilos, mantengan la calma, no se desesperen, ni dejen q la frustración les haga perder la compostura. ¡Pronto todo se aclarará y la verdad prevalecerá!”, se lee en el tuit.

Un día antes, Chirinos acusó a la “casta caviar” de estar detrás de las investigaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien lideraría una presunta organización criminal.

“Era de prever que la casta caviar, al sentir que pierden poder y el control sobre el sistema de justicia, no se quedaría de brazos cruzados y contraatacaría, intentando desacreditar a cualquiera que se atreva a desafiarlos. En su desesperación, buscan sin éxito implicarme en actividades ilegales. Pero todo es FALSO. Y sepan que estoy aquí, bien parada. Estén seguros de que seguiré luchando para devolverle a todos los peruanos la confianza en la justicia. ¡Nuestra lucha continúa!”, afirmó.

Como se recuerda, la congresista Bazán Narro presentó una denuncia constitucional contra Chirinos, como ya se indicó líneas arriba.

A detalle, Bazán atribuye a Chirinos presunta infracción a la Constitución y la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias.

De acuerdo con los chats en poder del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, el asesor de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, prometía archivar investigaciones fiscales contra parlamentarios a cambio de que voten a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

En un chat, Villanueva le dice a su interlocutor: “Patty Chirinos dice que ya tiene al Bloque Magisterial. Faltaría PL (Perú Libre)”.

Este jueves 30 de noviembre, a las 8 de la mañana la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, deberá responder a la Comisión de Fiscalización del Congreso, por sus presuntos vínculos con una organización criminal que operaría en los fueros del Ministerio Público.

La cita la solicitó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Wilson Quispe (Perú Libre), y dicho grupo de trabajo ha fijado la sesión semipresencial, en la Sala Francisco Bolognesi de la sede del Legislativo.

El requerimiento congresal, obedece al reciente destape periodístico que anunció el operativo Valkiria V, y que, mediante una medida judicial, el último lunes por la madrugada se detuvo preliminarmente al exasesor de la Fiscalía de la Nación, Jaime Villanueva, por ser un presunto operador político, con el fin de fijar acuerdos ilícitos con un grupo de congresistas, a cambio de archivar sus investigaciones.

El Equipo Especial de Fiscalización contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), ha sindicado a Patricia Benavides como cabecilla de una organización criminal que habría direccionado votos para tomar decisiones claves en el Congreso, como la elección del Defensor del Pueblo y la destitución de Zoraida Ávalos como fiscal suprema; a cambio de archivar investigaciones graves de algunos parlamentarios.

Tras el escándalo que involucra a las altas esferas del Ministerio Público, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena han solicitado la salida de Patricia Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación.

Tras la aprobación del informe final de La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, que propone suspender a la legisladora María Cordero Jon Tay (No Agrupada) e inhabilitarla durante 10 años por recortar el sueldo a sus trabajadores, ella perdió el control en su respuesta y rompió en llanto.

Asimismo, pidió disculpas a la ciudadanía: “Reitero nuevamente mis disculpas a ustedes y a la ciudadanía, por la mala imagen que se pudo haber dado por estos hechos inexactos”, dijo la parlamentaria este martes 28 de noviembre.

La aprobación se presentó con 18 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones en el grupo de trabajo que dio la razón al informe sustentado por la congresista, Susel Paredes (Cambio Democrático – Juntos por el Perú).

El documento propone acusar a Cordero Jon Tay por el presunto del delito de concusión tipificado en el artículo 382° del Código Penal en agravio del Estado. Asimismo, plantea suspenderla por la duración de la investigación, en caso se apruebe la acusación por antejuicio en el pleno del Parlamento.

Dicho informe de inhabilitación a Codero Jon Tay, por la infracción a la Constitución, será remitido ante la Comisión Permanente, que deberá evaluarlo.

Ante ello, la parlamentaria rompió en llanto y afirmó que se habría generado una “campaña” para desacreditarla y estaría induciendo a los miembros del Parlamento.  

“Los están induciendo, presidenta, colegas congresistas, por error a ustedes para que continúen con este procedimiento, cuando existe una investigación fiscal que está a trámite en otro poder del Estado, que es al que le corresponde y no juzgar por lo mismo dos veces”.

Atenta a las represalias. Una guerra sin cuartel se ha desatado dentro del Ministerio Público y se puede apreciar una notoria división entre los fiscales. Una de las agraviadas de lo que fue una noche de puyazos y golpes bajos fue la fiscal Marita Barreto, quien ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se suspenda la resolución de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien le quitó el mando del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).

Y no solo eso, Barreto Rivera también requiere que el Estado peruano “adopte las medidas necesarias” para proteger su vida y la de su familia toda vez que “en estos últimos tiempos ha venido siendo “pasible de seguimientos, reglajes, hostigamientos, presiones y hostilizaciones”.

“(La fiscal de la Nación) Me cesa en el cargo de fiscal superior provisional y Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficoop) en un momento en el cual obtuve una medida judicial de detención provisional contra el principal asesor de confianza de la fiscal de la Nación, Doctora Liz Patricia Benavides Vargas, como parte de una presunta organización criminal liderada —nada más y nada menos— que por ella misma, advirtiéndose presuntas componendas con algunos miembros del Poder Legislativo a fin de favorecerla”, se lee en el escrito.

Como se recuerda, la fiscal de la Nación retiró a Barreto en la madrugada del lunes 27 de noviembre, tras tomar conocimiento de que se llevaría a cabo un operativo en el que su asesor Jaime Villanueva sería detenido por presunta organización criminal y tráfico de influencias.

La organización criminal, de acuerdo con la hipótesis del EFICOOP, estaría liderada por el titular del Ministerio Público para lograr la impunidad en las investigaciones disciplinarias que se le sigue en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Para lograr ello, habría, a través de su asesor, coordinado ilícitamente la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ávalos y la remoción de la JNJ.

El dato:

Tras la remoción de Barreto en el EFICCOP, la fiscal de la Nación puso en su lugar al fiscal José Cuya, pero este declinó por “motivos personales”. Conocido ello, la fiscal Benavides nombró a Daniel Jara, un fiscal adscrito a su despacho, es decir, un fiscal de su confianza.

La enfermedad ha hecho metástasis en las principales instituciones del Estado y la población, que no salía a protestar desde diciembre del año pasado, se viene alistando para alzar su voz en contra de sus autoridades que supuestamente deberían de otorgarnos una estabilidad jurídica. Al contrario de ello, muchos parlamentarios, fiscales y hasta la jefa de Estado, estarían pensando solamente en llenarse en los bolsillos y permanecer todo el tiempo posible en el poder.

Durante todo este año han ido saliendo encuestas que arrojaban cada trimestre números negativos para los intereses de nuestras autoridades, léase la presidenta de la República, Dina Boluarte, su primer ministro Alberto Otárola, la mayoría de congresistas, los ministros de Estado, y uno que otro funcionario con varios ‘anticuchos’.

La gota que derramó el vaso fue el reciente escándalo que compromete a la mismísima fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sus asesores, y una treintena de congresistas que estarían fungiendo como nuevos ‘niños’ de la fiscal. Los ánimos siguen caldeados y no se avizora en el firmamento una bandera blanca en señal de paz.

Es por ello que distintas agrupaciones civiles se vienen preparando para lo que será una gran marcha programada para este sábado 2 de diciembre, teniendo como punto de concentración la Plaza San Martín, a pesar que existe una ordenanza que restringe las concentraciones dentro de Cercado de Lima.

Con el hashtag “#QueSeVayanTodos”, a través de las redes sociales, la población capitalina y organizaciones civiles vienen convocando a todas personas que estén interesada en salir a marchar contra la corrupción y la violación de derechos humanos.

Red Muqui Perú, un colectivo de 30 instituciones de 11 regiones del país que acompaña y asesora a comunidades y poblaciones que habitan en zonas con actividad, expresó que se sumará a la marcha.

“Ante los últimos hechos ocurridos, se evidencia el grado de corrupción de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien es denunciada por liderar una organización criminal, que ha estado negociando con el Congreso de la República las investigaciones de corrupción a sus integrantes a cambio de mantener su impunidad. Por ello, su permanencia en el cargo es insostenible y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe pronunciarse inmediatamente”, remarcó el colectivo en su más reciente pronunciamiento.

Además, la movilización se dará para pedir la salida de la presidenta de la república, Dina Boluarte, y las autoridades que integran el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, con la finalidad que se dé paso a nuevas elecciones generales.

Mientras se encontraba en el puente Atocongo en el distrito de Surco, el empresario y exasesor del expresidente Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, fue detenido por efectivos de la Policía Nacional (PNP).

Sin embargo, tras salir enmarrocado de la comisaria de Sagitario, para que lo trasladen a medicina legal para su control y exámenes respectivos, Shimabukuro se ofuscó y gritó a la prensa que se encontraba a su alrededor, que todo era una cortina de humo: “Esto es una cortina de humo. Los verdaderos delincuentes están en la Fiscalía, en el Congreso y en el Gobierno”, precisó muy seguro.

Las causas de su detención obedecen a que tenía una requisitoria vigente; sin embargo, según la tesis del abogado defensor de Shimabukuro, el doctor Carlos Salazar, dicho arresto no significa una “detención preliminar”; y más bien, se debió a sus reiteradas inasistencias. 

“Aproximadamente hace nueve meses se le había requerido en una comisión en el Congreso de la República. Nosotros mandamos una información indicando que no podíamos asistir a la comisión, en cuanto a las investigaciones que son reservadas”, agregó el letrado.

La defensa legal del también financista de la campaña electoral de la actual mandataria Dina Boluarte, añadió que no fueron notificados con la respuesta y a pesar de ello, el grupo de trabajo congresal solicitó la presencia de su patrocinado por “grado o fuerza”.