Ministerio Público abrió investigación preliminar contra Ricardo Ruiz Caro Villagarcia por construcción irregular de la sede del MINCUL en Cusco

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco ha abierto investigación preliminar en contra de Edwin Caro Villagarcía, Omar Baca Moreno, Ana Florez Becerra, Gladis Gutiérrez Gayo, Mónica Mojonero Merma, Jorge Moya Cohaguila, Ángel Farfán Gonzáles y L.Q.R.R. (Los que resulten responsables), por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, sub tipo Negociación Incompatible, previsto en el artículo 399 del Código Penal.

De acuerdo, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC) habría cometido irregularidades en la adquisición de un terrero, Contrato N° 026-2015-DDC-C, para que pase a su propiedad contraviniendo normativas de bases integradas; asimismo, se aprobó la ampliación hasta en tres oportunidades (aunque la tercera finalmente fue declarada improcedente) la etapa de ejecución contractual, pese a que el contratista no llegó las causas debidamente justificadas para la demora.

“El contratista al presentar estas dos solicitudes de ampliación de plazo también incumplió lo dispuesto en el artículo 34.9 de la Ley de Contrataciones del Estado que señala ‘El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento’”, se lee en el escrito del Ministerio Público.

Además, el documento fiscal señala: “En dicho informe técnico se establece que el monto de inversión del Proyecto asciende a S/ 142’877,799.00 millones de soles y precisa como número de beneficiarios a 425, 716 habitantes.

El proyecto comprende en la adquisición de terreno y al mejoramiento de la infraestructura de la DDC de Cusco, en sus cuatro locales propios de la entidad. Entre ellos figuran: local Kusikanshi, local Saphy, local Velasco Astete y el nuevo local adquirido como componente del proyecto, ubicado en el distrito de Wanchap.

Debido a todas esas modificatorias, la tesis fiscal, representada por la abogada Marleny Julissa Borgoquez Vergara, sostiene que se habrían alterado las penalidades por la demora en la ejecución del contrato, lo cual devino en una excedente de 120 días adicionales al contrato original, teniendo como penalidad acumulada S/. 4’290,950.40.

La denuncia de la fiscalía también menciona: “Se incluyó una condición contractual que modificó lo dispuesto en las bases integradas y que limitó la aplicación de penalidades. Además, en la etapa de ejecución contractual las dos primeras solicitudes de ampliaciones de plazo fueron admitidas y declaradas procedentes, pese a que el contratista incumplió los requisitos de la normativa de contrataciones, siendo autorizadas por la Jefa del Área funcional de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, quien no tenía facultades delegadas para ello, esto es, sin observar que el contratista no haya indicado la fecha de culminación del hecho generador del retraso. Asimismo, aprobaron informes mediante los cuales se hizo un cálculo de una penalidad menor al contratista por la improcedencia de la tercera solicitud de ampliación de plazo, inobservando la fórmula establecida en la normativa de contrataciones. También se llevó a cabo de forma desfavorable a la entidad, una conciliación extrajudicial, debido a que el contrato con la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., incluyó una condición contractual que no fue considerada en las bases integradas, imposibilitando así la aplicación de penalidades. Por último, se efectuó el segundo pado al contratista por S/ 19’309,276.80 millones de soles, antes de la firma de la Escritura Pública, incumpliendo las condiciones contractuales”.

Conclusiones

“Después de la evaluación llevada a cabo la comisión de comprobantes de pago que fueron emitidos a nombre del contratista así como la información remitida por las diversas áreas de la DDCC, evidenciando que los funcionarios hoy denunciados habrían en la adquisición del terreno a la empresa Backus, incumplido dolosamente la normativa de contratación durante la suscripción del contrato N° 026-2015-DDC-C, la cual se incluyó una condición contractual que modificó lo dispuesto en las bases integradas y que se limitó a la aplicación de penalidades en la etapa de ejecución de las dos primeras solicitudes de ampliación de plazo que fueron y admitidas y declaradas procedentes pese a que el contratista incumplió con los requisitos de la normativa de contrataciones”, se lee en la parte final del escrito.

Lo sorprendente es que algunos de los funcionarios denunciados como los señores Jorge Luis Moya Cohaguila, Omar Karell Baca Romero, Gladis Gutierrez y Mónica Mojonero, siguen laborando en la DDC de Cusco, pese a existir incompatibilidad por conflicto de intereses, poniendo en grave riesgo la investigación fiscal, así como la posible desaparición de importante documentación.