No cabe duda de que el cuestionado exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, y actual funcionario del gobierno de Dina Boluarte, sigue siendo protagonista de titulares por razones que poco tienen que ver con méritos públicos y sí mucho con escándalos, sospechas e impunidad. El nombre de Santiváñez se ha convertido en sinónimo de una preocupante normalización del uso del poder para fines particulares, en un país que ya no se escandaliza fácilmente por la corrupción, pero que sí continúa pagando su precio.

El Ministerio Público abrió recientemente diligencias preliminares contra Santiváñez por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. La resolución, fechada el 7 de mayo de 2025, detalla que el exministro habría utilizado su posición para interceder ante la presidenta de la República, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor José Zanabria Angulo y el jefe del Estado Mayor, Óscar Manuel Arriola Delgado, buscando colocar a sus allegados en cargos estratégicos en embajadas peruanas en el extranjero. La denuncia, de origen anónimo, provino de un correo electrónico enviado el pasado 20 de enero. Un hecho que, más allá de su forma de ingreso al sistema judicial, refleja la desconfianza ciudadana en las vías oficiales y el temor a las represalias.

Entre los supuestos beneficiados por esta presunta red de favores figuran el coronel PNP Luis Huamán Santamaría (designado en Paraguay), el comandante PNP Allan Villaverde Erazo (en EE.UU.) y el comandante PNP Dante Velasco Marín (en Italia). Según la tesis fiscal, estos oficiales habrían prometido “guardar en secreto actividades ilícitas” cometidas por Santiváñez, e incluso se sugiere una posible implicación de la propia presidenta Boluarte. Si esto se confirma, estaríamos ante un caso que no solo erosiona aún más la credibilidad del Ejecutivo, sino que compromete la institucionalidad del Estado en su conjunto.

Pese a estas graves acusaciones, Santiváñez no ha desaparecido de la administración pública. Todo lo contrario: ha sido reciclado, reinsertado y premiado. Actualmente, ocupa dos cargos en el Estado. Por un lado, forma parte del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), y por otro, funge como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Esta duplicidad de funciones plantea una inquietante pregunta: ¿está Santiváñez percibiendo doble remuneración con recursos públicos mientras afronta investigaciones fiscales por delitos graves?

Lo más indignante, sin embargo, es que el Estado —el mismo que lo investiga— ha financiado su defensa legal. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, durante el segundo semestre de 2024, el Ministerio del Interior aprobó cuatro resoluciones para pagar los servicios jurídicos de Santiváñez. El monto total supera los 410 mil soles. Esta desfachatez de financiar la defensa de un exfuncionario por investigaciones de organización criminal y encubrimiento personal, no hace sino confirmar que la institucionalidad está siendo secuestrada por los mismos a quienes debería fiscalizar.

El historial de Santiváñez está plagado de sombras. En marzo de 2025, su vivienda fue allanada por la Fiscalía como parte de las investigaciones por presunto abuso de autoridad. Días después, él mismo pidió al Poder Judicial que anulara dicha diligencia. Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado su pedido, ratificando la legalidad del procedimiento. La Fiscalía incluso reveló que en los domicilios de una de sus colaboradoras, Yessenia de la Cruz, se encontraron documentos relevantes. Pese a estos hallazgos, Santiváñez continúa moviéndose con comodidad dentro del aparato estatal.

Peor aún, se le vincula con un audio enviado al capitán PNP Junior Izquierdo, alias “Culebra”, donde el exministro le habría pedido que el coronel (r) Harvey Colchado “controle” al periodista Marco Sifuentes. De confirmarse este hecho, estaríamos ante una grave intromisión en la libertad de prensa y un claro intento de coacción desde el poder.

La permanencia de Santiváñez Antúnez en el Ejecutivo, a pesar de sus escándalos, no es solo una afrenta a la ética pública: es una señal de la putrefacción de los mecanismos de control. ¿Cómo se explica que alguien investigado por delitos tan graves siga tomando decisiones desde una posición de poder? ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que las instituciones no están siendo utilizadas como escudos para la impunidad?

Este caso, más allá de los detalles judiciales, revela un patrón peligroso: la captura del Estado por redes de lealtades personales y clientelismo. Juan José Santiváñez, lejos de ser un accidente, es un síntoma. Su ascenso, caída y reciclaje ilustran con crudeza cómo la política peruana permite —y hasta premia— la desvergüenza.

A estas alturas, ya no se trata solo de una investigación fiscal. Se trata de recuperar el sentido de lo público. La continuidad de Santiváñez Antúnez en el aparato estatal es una provocación al sentido común, una bofetada a los peruanos que todavía creen que el Estado debería estar al servicio de los ciudadanos y no de sus verdugos.

El caso Santiváñez es, en resumen, un espejo de la corrupción estructural que carcome al Perú.

En la penumbra de las instituciones públicas, donde el mérito profesional debería ser la única credencial válida, el Ministerio de Cultura ha vuelto a abrir un capítulo vergonzoso. Esta vez, el protagonista es el ministro Fabricio Valencia, cuya gestión ha sido salpicada por la sospecha, la opacidad y una indignante muestra de favoritismo. Al centro del escándalo: Shirley Hopkins, una señorada de 34 años de edad, locadora de servicios que, sin contar con título universitario, ha recibido contratos por un total de 127,500 soles en el Ministerio de Cultura.

La información ha sido revisada y contrastada en los documentos oficiales por diversas fuentes periodísticas. ¿Cómo se explica tal desembolso a una persona que no cumple con los requisitos mínimos para la función pública? La respuesta, aunque oficiosamente negada, parece estar en la relación personal que uniría al ministro con la beneficiaria. Testimonios recogidos de altos funcionarios del Mincul y una fuente clave de un viceministerio, apuntan a una presunta relación sentimental entre Valencia y Hopkins, lo que abre un enorme interrogante sobre la ética del funcionario y la legitimidad de las contrataciones.

El congresista Jaime Quito, miembro de la bancada de izquierda no ha dudado en elevar la voz: “Lo que vemos en el Ministerio de Cultura es favoritismo. Esto llegaría hasta una relación sentimental. Realmente este gobierno no da para más. Vemos una pobredumbre en todas sus instituciones. Aquí se tiene que investigar lo que realmente está pasando. Todo esto es totalmente cuestionable y condenable”, declaró con vehemencia. Las palabras de Quito resumen el sentimiento generalizado de hastío frente a una administración que prometió transparencia pero ha caído en prácticas similares a las que antes criticaba.

No es la primera vez que el Ministerio de Cultura se convierte en epicentro de un escándalo moral y administrativo. El recuerdo del caso Richard Swing —aquel consultor sin competencias evidentes que firmó millonarios contratos con el Estado en tiempos de Vizcarra— aún está fresco en la memoria colectiva. Swing se convirtió en símbolo de la utilización del aparato estatal para pagar favores personales y políticos. Hoy, con otro rostro y otro nombre, el patrón se repite: contratos sin sustento técnico, vínculos afectivos camuflados, y un silencio ministerial que ofende tanto como la falta de justicia.

Los presuntos delitos que podrían estar configurándose son varios: negociación incompatible, colusión, y hasta peculado doloso, dependiendo de lo que determine la Fiscalía. Y es aquí donde el Ministerio Público tiene una oportunidad de reivindicar su rol fiscalizador.

Mientras tanto, la cultura —la verdadera, la que necesita promoción, talento y recursos— sigue siendo la gran olvidada. Porque cuando el poder se usa para pagar favores del corazón, el arte y la ética terminan terminan siendo la última rueda del coche.

La tecnología puede ser beneficiosa para la humanidad si es utilizada de manera correcta. Cada cierto tiempo aparece un nuevo celular con alguna mejora: más rápido, más eficiente, más duradero, pero todos al final cumple la misma función que es estar conectados.

De acuerdo a un estudio realizado el año pasado por Nomophobia, un portal especializado en tecnología, el 93 % de los peruanos encuestados lo utiliza para revisar sus redes sociales. Cabe indicar que dentro de ese universo no podrían estar excluidos los estudiantes. Por su parte, la empresa Claro también elaboró una encuesta, revelando que la gente utiliza sus celulares en un 66 % para realizar llamadas; en tanto el uso de WhatsApp se disparó hasta en un 97 %.

Esa cifra elevadísima viene preocupando a profesores y padres de familia de todo el país, pues consideran que muchas veces los dispositivos móviles no vienen siendo utilizados de manera provechosa por los estudiantes, sobre todo los que se encuentran en la etapa del colegio, años en que un niño está más propenso a ser influenciado por supuestos líderes de las redes sociales.

Ante ello, el Proyecto de Ley (PL) n.° 5532 de la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) acaba de ser aprobado en el Parlamento con 80 votos. La iniciativa legislativa regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en todas las instituciones y programas educativos a nivel nacional, ello con la intención de mejorar la atención en clase, reducir el uso excesivo de internet, evitar riesgos relacionados con la exposición digital constante, además de combatir el ciberacoso.

Dicho PL cuenta con excepciones relacionadas con estudiantes que cuenten con condiciones de salud que requiera el uso de dispositivos electrónicos como parte de su atención.

Cabe recalcar además que este proyecto ahora deberá ser aprobado por el Ejecutivo para su promulgación. Una vez promulgada, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tendrán un plazo de 60 días para elaborar un reglamento donde se detallen las disposiciones para su implementación en las aulas de todos los colegios, sean particulares o estatales.

En palabras de la autora del proyecto, esta ley “ahora está en más de 20 países para poder ayudar a los jóvenes a tener una buena formación académica. Hoy entran al colegio con el celular y se distraen, no atienden las clases; además, están vulnerables a cualquier ciberataque. Si no está el celular, ellos van a poder concentrarse y su nivel académico va a levantarse”. Pero, ¿qué tan cierto es todo eso?

Resultados no son concluyentes en otros países

Aparte del Perú, 79 países del mundo ya se encuentran implementando restricciones para el uso de celulares en las escuelas, de acuerdo al informe ‘¿Prohibir o no prohibir? Monitoreo de las regulaciones de los países sobre el uso de teléfonos inteligentes en la escuela’, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco).

A propósito de ese estudio, la psicóloga María Becerril Pérez, de la UNAM, observó distintos resultados en los países donde rige la restricción de celulares en las aulas, determinando que el estudio carece de una conclusión definitiva desde el ámbito científico, ya que los datos disponibles no son concluyentes.

La investigadora sacó esas conclusiones en base a resultados disímiles en Suecia o Estados Unidos. En el primer país se reveló que las escuelas con restricciones del uso de celulares los estudiantes no obtuvieron calificaciones ni positivas ni negativas en su rendimiento académico. En tanto, en el segundo país se detectó que a pesar de haber una prohibición se registró un mayor índice de ciberacoso.

«Sobre el uso de celulares, en las primeras etapas, digamos la etapa preescolar o en la etapa de primaria baja, que son los primeros tres años es optar por un no rotundo, y en términos de primaria al quinto y sexto de primaria, un pequeño acercamiento e ir reconociendo cómo es; en la secundaria con un uso restringido, obviamente con el bachillerato igual, eso sería en términos estrictos de un sí o un no”, recomendó la académica para el portal mexicano Milenio.

Las realidades educativas son muy similares en México y Perú. Al respecto, la última prueba PISA del año 2022 nos indicó que tres de cada cuatro estudiantes tienen bajo desempeño en las matemáticas; ambos países cuentan con 66 % de bajo rendimiento de su alumnado.

Por todo ello es importante revisar a profundidad qué tan conveniente será restringir radicalmente el uso de celulares en los colegios. Una alternativa podría ser regularlos de acuerdo al nivel de instrucción, complementando el aprendizaje con salidas al exterior del aula, visitando museos o sitios arqueológicos donde los niños se encuentren alejados de sus celulares.

El nuevo escándalo en el Ministerio de Cultura ha saltado hasta el Congreso de la República. Desde el parlamento la congresista Susel Paredes se refirió a las contrataciones de Shirley Hopkins y sobre el presunto uso indebido del vehículo oficial del ministro Fabricio Valencia para temas particulares.

«De inmediato con el nombre completo, voy a solicitar copia de los contratos, y pedir los productos de los contratos. Sobre lo otro, sería otro delito, porque uno no puedo usar el coche oficial para temas privados», señaló la congresista tras destaparse el escándalo.

El escándalo protagonizado por Shirley Hopkins en el Ministerio de Cultura recuerda inevitablemente el caso de Richard Swing, no solo por la ligereza con la que se entregaron órdenes de servicio, sino por un detalle revelador: ninguno de los dos cuenta con título universitario. A pesar de ello, fueron favorecidos con contrataciones en el Ministerio de Cultura, amparados en redes de poder y en la deliberada omisión de requisitos mínimos.

La reincidencia de estos casos, separados por gobiernos pero unidos por el mismo patrón de impunidad, revela una cultura institucional que desprecia la meritocracia y privilegia los favores personales sobre la capacidad profesional.

Las órdenes de servicio otorgadas a Shirley Hopkins por un total de 127,500 soles no solo sorprenden por sus montos y por la ausencia de un título profesional que justifique su contratación, sino también por los indicios de una presunta relación sentimental con el entonces ministro de Cultura, Fabricio Valencia. Esta cercanía, nunca desmentida con firmeza por los involucrados, ha sido señalada por diversas fuentes internas como el verdadero factor que facilitó su acceso a recursos públicos. En un contexto donde la transparencia debería ser norma, la mezcla de vínculos personales con decisiones administrativas desnuda una estructura ministerial capturada por el amiguismo y el favoritismo.

La jugosas contrataciones de Shirley Hopkins en el Ministerio de Cultura, habría sido por su presunta relación sentimental con el ministro Fabricio Valencia Gibaja. Esto no obedecería a criterios meritocráticos, sino a su cercanía con el ministro.

Las órdenes de servicio por 127,500 soles se ha traducido en beneficios directos para ella. Además, se ha habría dado uso del vehículo oficial del ministerio para salidas privadas entre ambos, lo cual podría constituir un caso de peculado de uso.

Sobre este nuevo escándalo en el Ministerio de Cultura, el congresista Alex Paredes, mencionó: «Debería intervenir la Contraloría, se supone a hay un órgano de control, hay un órgano de recursos humanos. Sabemos que hay filtros cuando se tratan de contrataciones, y son ellos los que tienen que responder y es la Contraloría la que tiene que intervenir, porque ahora ya está bien considerado y sancionado en el Código Penal el tema de nombramiento indebido en el cargo».

Además, sobre el uso del vehículo oficial para salidas personasles, agregó: «Podríamos estar hablando de un peculado de uso, por no administrar adecuadamente los recursos del Estado».

El caso Valencia-Hopkins es más que una historia de una simple relación: representa una posible utilización del poder para beneficio personal. El dinero pagado a Hopkins no proviene del bolsillo del ministro, sino del presupuesto público, afectando la confianza ciudadana y el principio de transparencia que debería regir la función pública.

El ‘Doc’ quiere cantar ‘Libre soy’. Vladimiro Montesinos Torres, nacido en Arequipa el 20 de mayo de 1945, acaba de cumplir 80 años y tiene pensado celebrarlo en libertad, y es que tiene en mente acogerse a la Ley 32181, que indica en su primer artículo que “Los mayores de ochenta años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 286 o del artículo 290 del Nuevo Código Procesal Penal”.

Cuenta el abogado César Pacheco para Infobae Perú que el ex asesor de Alberto Fujimori pueda gozar de los beneficios de la Ley promulgada por Dina Boluarte el año pasado, formalizando su solicitud ante el Poder Judicial.

“Todos los sentenciados que tengan 80 años se van libres. Así dice la ley y la ley se cumple al pie de la letra”, mencionó el letrado.

Asimismo, rechazó una posible detención domiciliario para su patrocinado, indicando que le correspondería libertad acatado reglas de conducta.

“¿Por qué va a ir a detención domiciliaria? Su libertad con reglas de conducta. Ya el juez dirá cuáles son las reglas de conducta que le va a imponer, pero sale libre porque él está ahorita incomunicado en la Base Naval del Callao”, respondió.

¿Sale en junio del 2026 o el 2031?

Quien fuera una de las personas más poderosas del país, aquel asesor que supo tejer una red de corrupción a base de sobornos a jueces, fiscales, empresarios y dueños de medios de comunicación, controlar medio país utilizando el Servicio Nacional de Inteligencia, y ordenar a grupos paramilitares silenciar a los opositores del gobierno del ‘Chino’, no ve las horas en dejar finalmente la prisión de Base Naval del Callao, sin embargo, aún queda pendiente una condena en su contra, la misma que extendería por seis años más su deseo de libertad.

En efecto, el ‘Doc’ fue sentenciado a 25 años por la masacre en Barrios Altos y a 20 años por la desaparición forzada y homicidio del dirigente Santiago Fortunato Gómez Palomino, confundido en ese entonces con un terrorista; posteriormente, el Grupo Colina reconoció que se había equivocado de sujeto.

Sobre la primera condena a Montesinos Torres le correspondería salir de prisión en junio del año próximo; en tanto con la segunda los jueces supremos resolvieron que la pena menor hubiera sido absorbida por la mayor (la de 25 años por Barrios Altos) si es que se trataba del mismo proceso penal, cosa que no ocurrió.

Al respecto, su abogado mencionó que ya se había presentado un recurso de amparo citando el caso del ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Juan Rivero Lazo, en donde el Tribunal Constitucional señaló que le correspondía su libertad porque en 1992, fecha de la desaparición y muerte de Palomino, no estaba vigente el tratado que considera como un delito permanente la desaparición forzada. Asimismo, en ese momento el Código Penal permitía la “refundición” de todas las penas por delitos relacionados en una sola.

De esta manera es que se espera que su patrocinado obtenga su libertad el próximo año, fecha en que ya estaría teniendo 81 años.

El Ministerio de Cultura (Mincul) vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, el titular del sector, Fabricio Valencia Gibaja, enfrenta serios cuestionamientos por su presunta relación sentimental con Shirley Hopkins Cerna, quien ha recibido órdenes de servicio por un total de 127,500 soles desde su llegada a la cartera. Lo que en un inicio parecía una vinculación personal se ha transformado en un caso con indicios de posibles delitos como negociación incompatible, tráfico de influencias y peculado de uso.

Desde el Congreso de la República, Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización confirmó que el ministro será citado al parlamento tras la denuncia periodística.

La figura central de este escándalo es Shirley Hopkins Cerna, una mujer de 34 años, sin título universitario, que reside en San Borja, a pocas cuadras de la sede del Mincul. Desde mayo de 2024 ha sido contratada reiteradamente por el ministerio bajo diversas órdenes de servicio, a pesar de contar únicamente con estudios técnicos y simples diplomados de corta duración.

La contratación de Hopkins, según denuncias internas, no obedece a criterios meritocráticos, sino a su presunta cercanía con el ministro. Las fuentes aseguran que ambos mantienen una presunta relación sentimental y que esta cercanía se ha traducido en beneficios directos para ella. Además, se ha reportado el uso del vehículo oficial del ministerio para salidas privadas entre ambos, lo cual podría constituir un caso de peculado de uso.

Las cifras hablan por sí solas. Hopkins recibió su primera orden de servicio el 16 de mayo de 2024 por 22,500 soles. Le siguieron contratos de 15 mil, 30 mil y otros dos más, todos emitidos ya bajo la gestión de Valencia. La última orden fue el 2 de abril de 2025, por 30 mil soles, bajo el concepto de “coordinación administrativa para el Gabinete de Asesores”.

A pesar de no cumplir con los requisitos académicos exigidos inicialmente para este tipo de funciones, el Ministerio de Cultura redujo las exigencias de los Términos de Referencia, permitiendo que Hopkins acceda a estos contratos. De acuerdo con la documentación presentada, ella solo cuenta con un título técnico en administración bancaria emitido por un instituto privado.

La situación ha generado un clima de incomodidad y rechazo dentro del Mincul. Altos funcionarios aseguran que el caso es conocido por todo el personal del piso 8, donde se encuentra el despacho ministerial.

Consultada sobre el tema, la abogada Mónica Yaya, experta en contrataciones con el Estado, señala que podrían configurarse los delitos de negociación incompatible, colusión y tráfico de influencias, debido al evidente beneficio económico que Hopkins habría recibido gracias a su vínculo con el ministro. Además, de comprobarse el uso del vehículo oficial con fines privados, estaríamos ante un delito de peculado de uso.

Este nuevo escándalo trae a la memoria el caso Richard Swing, cuando el Ministerio de Cultura, bajo el gobierno de Martín Vizcarra, fue señalado por el otorgamiento irregular de millonarias órdenes de servicio. Lamentablemente, se evidencia que los patrones de favorecimiento político y sentimental se siguen repitiendo.

El caso Valencia-Hopkins es más que una historia de una simple relación: representa una posible utilización del poder para beneficio personal. El dinero pagado a Hopkins no proviene del bolsillo del ministro, sino del presupuesto público, afectando la confianza ciudadana y el principio de transparencia que debería regir la función pública.

Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte guarda silencio, y el ministro Valencia continúa en el cargo. La Fiscalía y la Contraloría tienen ahora la responsabilidad de esclarecer si los vínculos sentimentales han cruzado la línea de lo legal y han comprometido recursos del Estado en beneficio de una persona sin los méritos necesarios para acceder a ese tipo de contrataciones.

Jalón de orejas. La llaqta de Machu Picchu se ha convertido para el Ministerio de Cultura (Mincul) en su gran ‘gallina de los huevos de oro’, pues paulatinamente se pretende incrementar su aforo a cantidades que afectarían su estructura y preservación.

Recientemente, se conoció que el Mincul tiene pensado aumentar su aforo a ¡27 mil turistas por día!, proyecto rechazado de plano por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco calificándola de “inviable”. El argumento en ese momento del ministro Fabricio Valencia fue que se abarataría el precio de boletos, reduciendo la duración de la ruta a una hora, pero con el beneficio de que más turistas puedan ingresar a la ciudadela inca.

Al respecto, la Controlaría General de la República le ha advertido al Mincul que actualmente se evidencia una “sobrecarga turística”, la cual viene afectando sobremanera su estructura y ecosistema.

Asimismo, informó que no se viene efectuando el cobro de la tarifa general de S/. 152 por la visita a la Ruta Realiza Diseñada, porqué está incluida en los boletos adquiridos para el ingreso a la red de caminos mencionada, lo que viene afectando al erario público.

De acuerdo al informe n.° 010-2025-OCI/5765-SOO elaborado por el mencionado órgano de control, se determinó una sobrecarga de 2505 visitantes a la terraza superior de la ciudadela durante el periodo comprendido entre el 17 y el 30 de abril del 2025, y de 1546 viajeros entre el 1 y el 30 de mayo de 2025.

La comisión de control alertó que estas situaciones no garantizan la conservación de las áreas debido a que el constante tránsito de visitantes podría provocar la erosión del suelo en zonas con pendientes pronunciadas y áreas cercanas, así como la compactación del terreno por el peso y frecuencia de turistas, deteriorando caminos, escalinatas, muros y plataformas incas.

Ante ello, el Mincul tiene un plazo reglamentario de 45 días, prorrogable por otros 45 días más, para corregir estas irregularidades. De no hacerlo, la Contraloría activará un servicio de control posterior para determinar responsabilidades.

“Si no superan estas situaciones adversas, identificaremos responsables administrativas e incluso penales, sin importar el cargo: sea el titular de la entidad o un servidor de menor rango”, advirtió Guzmán Vera Coronel, vocero de Contraloría para Nueva TV Nacional.

Tal parece que desde lo más alto del Mincul se pretende exprimir en todo lo posible esa maravilla cusqueña, legado de nuestros ancestros. Construida hace siglos, la ciudadela podría desaparecer en menos tiempo de lo que uno se lo imagina a causa de la codicia de algunas malas autoridades.

El dato:

La llaqta de Machu Picchu fue declarada el 9 de diciembre de 1983 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.