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Política

MINEDU: ¿Una reforma universitaria con intereses ocultos? [VIDEO]

El discurso de Martín Benavides, ex jefe de la Sunedu y hoy ministro de Educación: cuando la realidad desnuda a las palabras y empieza a mostrar los entretelones de una reforma con intereses ocultos.

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En una de sus lecciones, Nicolás Maquiavelo señala: “Busca una buena causa y esconde detrás de ella tus iniquidades”. El ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, parece ser un maquiavélico seguidor de esa enseñanza. El día de ayer, 12 de junio, dio una entrevista en Radio Programas del Perú en la cual, parapetado en el escudo de la reforma universitaria, hizo afirmaciones que tergiversan la verdad, una actitud impropia en un funcionario público vinculado a la educación.

Nadie duda de que las universidades en nuestro país debían ingresar a una severa evaluación y muchas de ellas era necesario que cesaran sus actividades porque no cumplían con estándares básicos. En ese sentido, la reforma que emprendió la Sunedu fue una buena causa. Lo que no puede admitirse es que detrás de ella existan, por lo menos dos situaciones, muy cuestionables. La primera, el cierre de universidades sin haber diseñado alternativas para las decenas de miles de estudiantes que han visto truncado su futuro y hoy se encuentran sin opción de estudios profesionales.

La segunda, utilizar la reforma universitaria como escudo para encubrir irregularidades diversas y situaciones que, al parecer, terminarían mostrando presuntos actos de favorecimiento a intereses económicos.

En la entrevista en RPP, Benavides trató de cuestionar nuestras investigaciones. Es sencillo ponerlo a descubierto a partir de sus propias afirmaciones.

Benavides dijo:

“Yo he visto muchos abogados en medios de comunicación confundiendo a la opinión pública diciendo por ejemplo que Sunedu había emitido normas que discriminaban cuando eso no ha ocurrido así”.

Ministro de Educación Martín Benavides.

La discriminación existe y está referida a los estudiantes que estaban matriculados en las universidades privadas a las que no se les dio licenciamiento. Estos alumnos se quedaron sin opción para seguir estudiando, pero para los estudiantes de las universidades públicas canceladas se expidió el Decreto Supremo 016-2019-MINEDU por el cual, los centros de estudios estatales, pueden presentar un plan de reorganización para poder seguir funcionando. De ese modo, sus estudiantes no se quedan en el aire. Además, aquellas universidades públicas que no logren reformarse, cerrarán definitivamente con lo cual no se daña el sistema educativo.

Esa opción se le niega a las universidades privadas que perdieron su licenciamiento. Es un acto de discriminación crear un régimen especial para las universidades públicas y excluir a las universidades privadas cuando ambas están en la misma condición: pérdida de la autorización de funcionamiento. Para dejar sin efecto la discriminación, los expertos han señalado que habría que incorporar a ese D.S. 016-2019 a las universidades privadas denegadas para que presenten un plan de reforma bajo el control de la Sunedu. Aquellas que no logren pasar esa barrera se clausuran definitivamente y las que aprueben será porque elevaron su nivel educativo bajo la tutela de la Sunedu.

Esto no significa una oportunidad para las “universidades chicha” que, incluso, ya no están operando. Es una medida que daría una salida a universidades, sobre todo en provincias, que pueden dar una alternativa para miles de estudiantes que hoy están privados de sus estudios superiores. ¿Por qué se niega tan rotundamente el ministro Benavides, autor de decenas de cierres en su gestión como jefe de la Sunedu? Porque, como lo ha señalado Lima Gris en informes anteriores, parece empecinado en entregar el mercado universitario de provincias a la UTP, el centro de estudios del grupo económico Intercorp al cual Benavides otorgó siete licencias para filiales que no existen. Ese es el dato concreto de la gestión de Benavides en la Sunedu: beneficio al poder económico y cero alternativas para estudiantes de menores recursos. 

En construcción de la filial Huancayo de la UTP en marzo de 2020. Foto: Portal Central.pe

Benavides dijo:

“Siempre supimos que había que buscarles alternativas a los estudiantes, pero la primera alternativa era responsabilidad de los dueños de las universidades”.

Doble falsedad. Si se revisa toda la documentación de la reforma emprendida por la Sunedu no existe una alternativa diseñada para los estudiantes. El hecho es grave porque el actor principal en el sistema educativo es el alumno y hacer una reforma cerrando universidades sin plantear una alternativa para los estudiantes, es destruir el esfuerzo de las familias que venían pagando esos estudios, es dejar a jóvenes sin opción de un futuro profesional y es generar un problema social.

En cuanto a la afirmación del ministro Benavides respecto de que los dueños de las universidades canceladas son los principales responsables de hallar alternativas para los estudiantes que se quedan sin centro de estudios, solo cabe concluir en dos opciones: o se trata de un funcionario sumamente incompetente, o es una afirmación burlona.

Lo que el ministro Benavides afirma equivale a sostener, por ejemplo, lo siguiente: “si una fábrica es clausurada, los dueños están obligados a buscarle nuevos empleos a sus trabajadores”. Si las universidades están siendo sancionadas con el cierre ¿cómo se van a ocupar en conseguir alternativas para los estudiantes? Si las cierran por mal funcionamiento ¿qué le hace pensar al ministro Benavides que van a invertir dinero en reubicar alumnos? Y si existiera ese milagro ¿dónde los reubican si el sistema universitario estatal no puede absorber nuevos alumnos? 

Las evidencias que están asomando empiezan a mostrar una presunción que las investigaciones convertirán en certezas: la gestión de Martín Benavides como jefe de la Sunedu tuvo la lógica de cerrar, a como de lugar, universidades que podían reformarse; de ese modo, se entrega el mercado universitario a grupos con poderío económico. En esa línea se inscribe el beneficio que otorgó a la UTP (Grupo Intercorp): siete licencias  para filiales en provincias que no existen porque recién están en construcción. (Ver video).

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El Caso UTP y las falacias de Benavides

Entrevista en RPP sobre la investigación de Lima Gris.

Patricia del Río y Ministro Martín Benavides.

Patricia del Río: Discúlpeme que le haga una pregunta sobre un hecho que se ha publicado en una página web, Lima Gris, pero que tiene un sustento interesante y es que, durante su gestión, se habrían aprobado siete sedes de la UTP cuando todavía no se habían construido o cuando estaban a mitad de construcción. ¿Eso no sería jugar con unas reglas distintas a las que se aplicaron a otras universidades?

Ministro Benavides: No para nada. (…) Sunedu tiene para las universidades nuevas que crean filiales nuevas un conjunto de exigencias que son las mismas que se han aplicado para esta universidad (UTP) o para otras, que obliga a las universidades que quieren crear nuevas universidades a que tengan todo implementado para los primeros dos años.

Patricia del Río: Sin embargo, se les otorgó la licencia cuando los locales no estaban terminados incluso no están terminados hasta ahora.

Ministro Benavides: Estaban totalmente implementados para sus primeros dos años.

Patricia del Río: Me gustaría que viera la investigación. Simplemente le hago las preguntas porque hay fotos y allí están los documentos. Edificio en construcción sede UTP 9 de junio del 2020, parado, sin terminar. La foto UTP de Ica también parado. Entonces, ¿a qué se refiere con que la implementación tenía que estar lista para que se le diera licencia a los dos años, o sea, qué cosa tenía que estar listo si allí no hay laboratorios, no hay bibliotecas, si la universidad todavía no está completa.

Ministro Benavides: El expediente de esa universidad (UTP) como de otras universidades que presentaron casos similares, claramente demuestra que tenían todo instalado para los primeros dos años de funcionamiento de la universidad.

Patricia del Río: El expediente.

Ministro Benavides: Sí, el expediente que ha sido verificado por el equipo evaluador de ésta como de otras universidades, no es solamente el caso de la UTP. Entonces, lo que se le da es la autorización de funcionamiento porque ha garantizado que tiene todas las condiciones para los primeros dos años de funcionamiento.

Patricia del Río: El único problema que me gustaría señalar, señor ministro, es que para que se licenciaran las otras universidades les pedían hasta que el caño del laboratorio estuviera puesto. (Ver video).

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Política

Congresista Guido Bellido responde a campaña de desprestigio: “Esta farsa caerá”

En medio de renovadas acusaciones mediáticas, el congresista Guido Bellido Ugarte ha utilizado su cuenta oficial de X (antes Twitter) para responder de manera enfática a lo que califica como una “campaña de desprestigio” orquestada desde sectores del poder político, mediático y de inteligencia.

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En un extenso mensaje, el ex primer ministro niega cualquier vínculo con el terrorismo y denuncia una estrategia sistemática de persecución política que tendría como finalidad el control ilegítimo del Poder Ejecutivo.

Esta farsa caerá: ni vínculos con terrorismo, ni obstrucción a la justicia; solo persecución para seguir usurpando el Poder Ejecutivo”, sentenció Bellido al inicio de su publicación. El congresista recordó que, durante la segunda vuelta electoral del 2021, fue víctima —junto a otros miembros de Perú Libre— de acusaciones basadas en el testimonio de un supuesto informante relacionado con Sendero Luminoso, al que califica como “un agente lumpen usado por la DIRCOTE”.

Bellido sostiene que esas imputaciones, promovidas desde el Ministerio Público con apoyo de ciertos medios de comunicación, buscaron frenar el ascenso electoral de Pedro Castillo y asociar al partido ganador con la violencia terrorista. “La campaña sucia tenía un objetivo claro: evitar que Pedro Castillo ganara las elecciones”, escribió el parlamentario cusqueño.

Sin embargo, señala que, tras la victoria electoral, las maniobras no cesaron. A su juicio, hubo una articulación entre operadores del sistema judicial y servicios de inteligencia del Ejército para montar acusaciones de obstrucción a la justicia. Estas denuncias surgieron con mayor intensidad cuando asumió la presidencia del Consejo de Ministros en julio de 2021. “Se montó una falsa acusación con el objetivo de desestabilizar el gobierno y usurpar el Poder Ejecutivo”, afirmó.

El congresista no escatimó en señalar con nombre y apellido a quienes considera responsables de estas maniobras: “Son aquellos que lucran con el terrorismo, hacen política basada en el miedo, obtienen millones en su nombre y causan la muerte de personas inocentes bajo esa bandera”.

Asimismo, lanzó duras críticas contra la prensa que ha difundido estas denuncias. Bellido apuntó directamente a los medios de comunicación que califica como “sensacionalistas” y subordinados a intereses empresariales. “Se dedican exclusivamente a difamar a quienes no están alineados con su agenda o no sirven a los intereses económicos de los dueños de estas corporaciones”, escribió, sin hacer distinciones.

La publicación del congresista Guido Bellido surge en un contexto de creciente polarización política y judicialización de exfuncionarios vinculados al gobierno de Pedro Castillo, hoy en prisión preventiva por cargos de presunta rebelión y corrupción. Bellido Ugarte, quien presidió el Consejo de Ministros entre julio y octubre de 2021, ha sido una de las figuras más visibles —y polémicas— del oficialismo, y sostiene que las imputaciones en su contra responden a un “linchamiento político” con fines de control del poder.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha respondido a estas acusaciones. No obstante, la publicación del congresista ha reavivado el debate sobre la politización de la justicia, el uso de los medios como herramientas de presión y la fragilidad institucional del país.

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Política

Un voto de confianza más que conversado

Premier Arana acudirá el 12 de junio al Congreso para solicitar el voto de confianza.

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Aunque muchos no lo deseen, Dina Boluarte terminará su mandato en julio de 2026, luego de haber creado ‘puentes’ con las principales bancadas del Congreso de la República; sin ellos, su nefasto gobierno habría durado menos que el de Pedro Castillo que no tuvo ‘muñeca’ ni tino para saciar el hambre de los parlamentarios.

Tras la renuncia de Gustavo Adrianzén al premierato su reemplazante fue el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana Melchor, quien este 12 de junio tendrá que acudir con todo su Gabinete Ministerial al hemiciclo del Legislativo, buscando (o ratificando) el voto de confianza.

Sabiendo de antemano que no iba a contar con los votos suficientes para evitar su censura, el entonces premier Adrianzén decidió ‘inmolarse’ y ofrecer su ‘cabeza en bandeja’ para así evitar el primer ‘strike’ de un gabinete ministerial en la era Boluarte. De no haber realizado tal movida, Dina Boluarte y compañía en estos momentos solo tendrían una ‘bala de plata’, la cual era sumamente riesgosa si no se escogía correctamente al nuevo primer ministro. De haber persistido con Adrianzén estarían a merced del Congreso y eso significaba una amenaza muy fuerte para las aspiraciones de la chalhuanquina.

A los hechos eso nunca sucedió y ahora estamos solo hablando de un nuevo premier que ya contaría con la aprobación de la mayoría de bancadas en el Congreso; es por ello que Arana y compañía acudirán más que confiados el próximo 12 de junio para recibir la aprobación del Legislativo.

“Hemos compatibilizado las agendas y ya hemos dispuesto que la fecha de presentación del Gabinete sea el jueves 12 de junio, a partir de las 9 horas”, indicó el premier Arana luego de haber sostenido una reunión con el presidente del Parlamento, el congresista de Alianza para el Progreso (APP), su tocayo Eduardo Salhuana.

Tocayos. Todo estaría arreglado para que se le dé la confianza a Arana. Foto: Congreso.

Asimismo, Arana Melchor también mencionó que ha cursado invitaciones formales a las diferentes bancadas con el objetivo de sostener encuentros previos a su exposición ante el pleno, las cuales se realizarán el lunes 2 y martes 3 de junio.

 “Tenemos una agenda prevista para exponer nuestros lineamientos de trabajo, pero también para escuchar y recoger las propuestas de los legisladores”, añadió.

Desde las bancadas de izquierda ya se viene anunciando que no le darán el voto de confianza al gabinete de Arana, pero pesará más ese tridente compuesto por Fuerza Popular, Renovación Popular y APP, sí, la misma bancada del presidente del Congreso.

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Política

Seis funcionarios del Mincetur viajarán a Australia con todo pagado

Cada pasaje aéreo a Oceanía costará 3,100 dólares, mientras que el viático diario asignado por el pliego presupuestal del Mincetur a cada funcionario será de 385 dólares. En total, entre pasajes y estadía, el ministerio desembolsará $31,690 dólares, lo que equivale aproximadamente a 115,668 soles.

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Seis servidores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) viajarán a la ciudad de Brisbane, Australia, del viernes 6 al sábado 14 de junio de este año, para participar en reuniones del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), en las que se discutirán prioridades del acuerdo.

Resolución Ministerial n.° 145-2025-Mincetur.

Por tratarse de un tema de interés institucional, asistirán a las reuniones los siguientes funcionarios del Viceministerio de Comercio Exterior: Gerardo Antonio Meza Grillo, director encargado de la Dirección de Asia, Oceanía y África; Celia Pamela Beatriz Huamán Linares, Alexandra Cecille Brun Coronado y Ángela Lucía Rodríguez Fernández, todas ellas también pertenecientes a esa dirección. Además, viajarán Ángela Rossina Guerra Sifuentes, de la Dirección de Norteamérica y Europa, y Victoria Marisol Palacios Surco, encargada de la Dirección de Asuntos Multilaterales.

Según lo dispuesto, cada pasaje aéreo a Oceanía en clase económica costará 3,100 dólares, mientras que el viático diario asignado por el pliego presupuestal del Mincetur a cada funcionario será de 385 dólares. En total, entre pasajes y estadía, el ministerio desembolsará $31,690 dólares, lo que equivale aproximadamente a 115,668 soles.

La Resolución Ministerial n.° 145-2025-Mincetur autoriza el viaje de los mencionados funcionarios para representar al Perú en los encuentros del CPTPP. Además, se establece que, al retornar al país, deberán presentar un informe detallado a la ministra Úrsula Desilú León Chempén, con las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de cuentas correspondiente.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) es un acuerdo comercial entre 11 países de la región Asia-Pacífico, diseñado para fomentar el libre comercio, reducir aranceles y promover normas comunes en temas como inversión, propiedad intelectual, comercio electrónico, trabajo y medio ambiente.

El CPTPP usa el término “progresista” más como una etiqueta diplomática y política que como una garantía de políticas con enfoque social. Su carácter progresista es más nominal que estructural.

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Política

Congresista Susel Paredes sobre la reducción del perímetro de las Líneas de Nasca: «Todo recorte a zonas arqueológicas son negativas» [VIDEO]

Desde el Congreso la parlamentaria criticó el accionar del Ministerio de Cultura.

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La reciente decisión del Ministerio de Cultura de reducir el perímetro de protección de las Líneas de Nasca ha despertado una ola de críticas, entre ellas, la de la congresista Susel Paredes, quien alertó sobre los riesgos que esta medida representa para la integridad de uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del continente.

“Todo recorte a zonas arqueológicas, zonas de amortiguamiento, son negativas, porque los espacios de las zonas arqueológicas siempre son tentación para las invasiones. Mira nomás Chan Chan, es un escándalo, está invadido inmensamente”, sostuvo Paredes en declaraciones a Lima Gris, subrayando que estas modificaciones abren la puerta a la destrucción progresiva del patrimonio cultural.

El Ministerio de Cultura, a través de una resolución firmada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva, aprobó la modificación del polígono de protección de la zona arqueológica de Nasca, lo que implica un recorte de su zona de amortiguamiento. La medida ha generado preocupación entre especialistas, activistas y algunos sectores del Congreso, quienes cuestionan la falta de transparencia en la decisión y temen consecuencias irreversibles.

“La zona de Nasca no solamente son las líneas, hay inmensa cantidad de restos de momias en donde sea que tú abras el suelo”, advirtió Paredes. “Eso tiene que estar muy resguardado. No debe recortarse en ningún caso los límites de las zonas arqueológicas, ni los polígonos, ni las zonas de amortiguamiento, porque lo que necesitamos es protegerlas”.

La congresista también apuntó al trasfondo político de la decisión. “Que APP gobierna con el fujimorismo y con Dina Boluarte, eso es un hecho que lo demuestran los votos y las designaciones en distintas instancias del Estado”, declaró, sugiriendo que detrás del recorte podrían existir intereses particulares ligados al control del territorio.

Consultada sobre posibles acciones parlamentarias, Paredes señaló que solicitará información directa sobre la resolución emitida. “Lo que sí puedo hacer es yo misma pedir la información”, dijo, dejando abierta la posibilidad de convocar a la viceministra de Cultura a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El caso ha puesto nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sitios arqueológicos frente a decisiones administrativas que, lejos de garantizar su protección, podrían facilitar su degradación. En el caso de Nasca, los expertos coinciden en que cualquier intervención debe estar regida por criterios técnicos estrictos y por una política de preservación que respete el valor histórico, cultural y espiritual del lugar.

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Política

Anthony Lastra, ¿el ‘gurú’ de Dina Boluarte?

Pastor evangélico fue consejero espiritual de Pedro Castillo y Lilia Paredes, y ahora estaría aconsejando a la jefa de Estado que cree en un diálogo “interreligioso”.

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A lo largo de la historia del Perú, distintos presidentes recurrieron a curanderos, chamanes, espiritistas, consejeros espirituales o videntes, para que les brinden una visión “más allá de lo evidente”; normalmente lo hacían para conocer quiénes eran sus enemigos, a develar a personajes cercanos de su entorno que en verdad los estaban traicionando. Así, se cuenta que el expresidente Alan García visitaba a los maestros de las huaringas, o que Alberto Fujimori era un asiduo cliente de chamanes y ‘brujitas’. El caso más mediático y conocido fue del expresidente Martín Vizcarra, quien permitía ingresar a su despacho al vidente conocido como Hayimy.

Nuestra actual jefa de Estado, Dina Boluarte, tampoco querría quedarse atrás, siendo ella muy creyente de lo que la ciencia no puede llegar a explicar, vinculándosela con el pastor evangélico Anthony Lastra, pues siempre es tener dos ojos en la espalda.

El pastor ya es un ‘caserito’ dentro de Palacio de Gobierno, pues fue guía espiritual del entonces expresidente Pedro Castillo y de su esposa Lilia Paredes, quien por cierto ha manifestado abiertamente ser evangélica.

Lastra, en sus redes sociales, aseguró haber tenido un rol activo en la salida de la entonces ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, a quien calificó de “hija del diablo” por mostrarse a favor del aborto y de una política pro LGBT.

“… le dije al presidente Castillo que la saque porque si no venía juicio de Dios a su vida y él la sacó”, escribió el pastor Lastra, quien ahora estaría hablándole al oído a la máxima autoridad del país.

A propósito de ello, mediante un comunicado, el Gobierno de Boluarte ha salido a rechazar que el pastor evangélico tenga una relación laboral o espiritual con los organismos del Estado, añadiendo en la parte final que la mandataria “es una mujer de profunda fe católica”, pero abierta a un “diálogo interreligioso”.

Y es que tal mensaje sale luego de que se difundiera una foto oficial donde sale Lastra junto con Boluarte y el ahora premier Eduardo Arana.

Lastra, caminando a la par con Dina Bolaurte. Foto: Gobierno.

El dato:

Lastra considera al Partido Morado de ser “la peor vergüenza del país” al fomentar el matrimonio civil para personas del mismo sexo, tildándolos de ser “hijos de Satanás” por encontrarse a favor de la despenalización del aborto.

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Política

Un Congreso legal, pero no legítimo

Un famélico 4 % de aprobación es el resultado inobjetable que algo anda mal detrás de la Plaza Bolívar.

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Cada quinquenio nos hacemos la misma pregunta: ¿es este Congreso el peor de la historia? Nuestra Constitución Política ha sido tan manoseada con pequeñas modificaciones que no se ha requerido una nueva Carta Magna para darnos cuenta que se trata de una distinta, alterada, variada, modificada, todo para beneficio de aquellos que se hacen llamar ‘padres de la Patria’ y para aquellos que se jactan de ser los líderes de los partidos políticos.

El cambio más reciente va relacionado con el retorno de la bicameralidad en el Congreso, donde volveremos a ver a los senadores y diputados. Para que ocurra eso se tuvieron que modificar 53 artículos de la Constitución (artículos 2, 39, 56, 57, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 150, 157, 161, 162, 182, 183, 191, 194, 201, 203 y 206).

Antes que nada, corresponde mencionar que legalidad no es lo mismo que legitimidad, centrándonos solamente en el ámbito político y no jurídico. La legalidad es entendida cuando una institución se ha conformado de acuerdo a las leyes prescritas; en este caso los parlamentarios fueron elegidos mediante voto popular, corroborado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En contraposición, si una autoridad asume un cargo de manera autoritaria o no respetando ‘las reglas del juego’, se entiende por ello que se encuentra de manera ilegal.

En cambio, la legitimidad puede entenderse a la validación que tienen las autoridades frente a la población. Esto puede variar dependiendo al buen o mal desempeño que tengan estos desde sus puestos; así, un Congreso legitimado es aquel que cuenta con la aprobación de las personas y ello se obtiene cuando se ven leyes productivas y no inclinadas solo para beneficio de unos cuantos.

Recientemente, una encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) arrojó resultados previsibles, otorgándole un 4 % de aprobación a nuestro atribulado y errático Congreso de la República.

Esto tiene una explicación que para la mayoría de ciudadanos resulta muy fácil de entender, pero que para algunas personas solo se trata de una ‘guerra sucia’ para desprestigiar a los ‘padres de la Patria’. Tal vez su desaprobación se deba a los excesivos gastos que realizan mes a mes, contratando personal que nunca se aparece en sus despachos; o recortándoles el sueldo a sus trabajadores, aceptando ellos de “manera voluntaria”; o quizás porque prefieren votar de manera virtual cuando hay sesiones plenarias; o quién sabe, somos crueles al no permitirles que impulsen sus partidos políticos utilizando los recursos del Estado; o peor aún, les ponemos mala cara cuando nos enteramos que votaron a favor de leyes totalmente perjudiciales para el país; o, sencillamente, vemos cómo aprueban la bicameralidad.

Es por ello (y muchas cosas más) que el Poder Legislativo ha perdido legitimidad ante la población.

Bastará ver cómo al final del segundo periodo legislativo, que acaba este 15 de junio (a tan solo dos semanas) nuestros eruditos congresistas, entre gallos y medianoche, promulgan leyes sin mucho debate de por medio o análisis técnico; entonces, volveremos a preguntarnos una vez más ¿será acaso este el peor Congreso de la historia?

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Política

Gobierno impulsa la educación con la entrega de nueva infraestructura escolar en San Juan de Lurigancho y otras regiones del país

La educación pública da un salto de calidad: 144 nuevos colegios con infraestructura moderna serán entregados en todo el país.

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En medio de un contexto de constantes desafíos para el sector educativo peruano, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación (Minedu), ha dado pasos importantes en la mejora de la infraestructura escolar, con resultados tangibles que empiezan a transformar el acceso a una educación digna y moderna. A la fecha, y bajo la gestión de la presidenta Dina Boluarte, se han culminado 144 colegios entre diciembre de 2022 y mayo de 2025, beneficiando a más de 107 mil estudiantes en todo el país.

En el distrito más poblado del Perú, San Juan de Lurigancho, ya se evidencian los frutos de esta política. Po ejemplo, los colegios IE Francisco Bolognesi y el IE Tomás Alva Edison, están siendo modernizados en su totalidad. Estos colegios también son parte del ambicioso programa de Escuelas Bicentenario, una iniciativa que el ministro de Educación Morgan Quero viene impulsando.

Construcción del IE Francisco Bolognesi en San Juan de Lurigancho.

La nueva infraestructura también se puede admirar en distritos como Carabayllo. Además, estos colegios contarán con espacios educativos modernos, seguros y equipados con tecnología adecuada para el aprendizaje del siglo XXI. Ambas instituciones no solo brindarán infraestructura de primer nivel, sino que también dignificarán el proceso de enseñanza y aprendizaje para miles de niños y jóvenes del distrito más poblado del país que cuenta con más de 1 millón 300 mil habitantes.

I.E. 2051 en Carabayllo.

Moderna infraestructura educativa en las regiones

El proyecto de Escuelas Bicentenario ha logrado culminar, hasta la fecha, 38 colegios en Lima Metropolitana, Callao y Junín, beneficiando a más de 59,485 estudiantes. Estas escuelas destacan por su diseño arquitectónico moderno, espacios pedagógicos funcionales y entornos seguros, lo que representa un avance significativo en comparación con la precaria infraestructura que durante décadas afectó el rendimiento escolar en diversas zonas del país.

Pero el esfuerzo no se detiene ahí. En total, se han construido 73 nuevos colegios, de los cuales 28 fueron ejecutados por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) en regiones como Lima, Cajamarca, Áncash, Moquegua, Puno, Tacna, San Martín, Junín, Piura e Ica, beneficiando a 25,337 estudiantes. A esto se suman 45 escuelas reconstruidas en el marco del plan de Reconstrucción con Cambios, ubicadas principalmente en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, con una cobertura de 5,879 alumnos.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ha concretado la edificación de 33 instituciones educativas más, distribuidas en las regiones de Áncash, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Lima y Piura, alcanzando a más de 17 mil estudiantes.

El Ministerio de Educación ha señalado que esta inversión responde a una política de Estado orientada a cerrar las brechas históricas en infraestructura educativa. Para muchos estudiantes, esto significa dejar atrás años de estudiar en aulas prefabricadas, con techos de calamina y sin acceso a servicios básicos, y entrar en contacto, por primera vez, con una escuela moderna y digna.

En un país donde la desigualdad educativa se manifiesta desde los primeros años de formación, la construcción de estos nuevos colegios representa un paso firme hacia una educación más equitativa. La comunidad educativa de San Juan de Lurigancho, y de muchas otras regiones del país, comienza a ver materializado un derecho largamente postergado: estudiar en condiciones que permitan desarrollar todo su potencial.

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Política

¿Luna Gálvez y la doble moral frente a las AFPs? [VIDEO]

El oscuro pasado de José Luna Gálvez es recordado en las redes sociales.

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En tiempos donde la desmemoria es moneda corriente y la indignación se diluye entre titulares virales, recordar quién es quién en la política peruana se convierte en un deber ciudadano. José Luna Gálvez, fundador del partido Podemos Perú, congresista y dueño de la tristemente célebre Universidad Telesup, ha vuelto al ruedo con un nuevo disfraz: el de defensor del pueblo ante las AFP. Pero detrás de su retórica populista, se esconde un oscuro historial de cálculo político y acusaciones de presunta corrupción que no pueden quedar impunes.

En las redes sociales como Tik Tok al actual congresista lo recuerdan entre más sombras que luces. La cuenta de Joco Opina detalle el paso de Luna Gálvez en la política peruana.

@joco_opina #retiroafp #onp @lilidoris @AméricoGonza #ilichlopez #guidobellido #pepeluna #podemosperu #joselunagalvez ♬ 大气震撼 史诗宣传 励志 – HD235( 音乐)

De enemigo de los retiros a oportunista electoral

Uno de los primeros cuestionamientos señala: «Durante años, Luna Gálvez fue un firme defensor del sistema privado de pensiones. Se opuso sistemáticamente a los retiros de fondos y protegió los intereses de las AFP, mientras millones de trabajadores apenas podían tocar un sol de su propio dinero. Sin embargo, hoy aparece presentando un proyecto de ley para un nuevo retiro, en un intento desesperado por reposicionarse políticamente».

¿Por qué este cambio repentino? Porque el retiro es inevitable. El clamor popular es ensordecedor, y hay múltiples proyectos de ley en marcha. Luna lo sabe. Sabe también que su imagen está deteriorada. Por eso reaparece, buscando colgarse de una victoria que no le pertenece.

La bancada invisible

«Cuando se votó la reciente reforma del sistema privado de pensiones, Podemos Perú tenía 11 congresistas. Sólo dos votaron a favor. El resto, simplemente, no fue. Ni siquiera se abstuvieron. No existieron. Esta ausencia no es casual: es una muestra más de que su aparente compromiso con la ciudadanía es, en realidad, cálculo electoral» se menciona en el video.

El pasado de los Luna

«José Luna Gálvez no solo es cuestionado por su ambigüedad política. Su trayectoria está marcada por múltiples investigaciones por presunta corrupción y crimen organizado. Según la Fiscalía, Luna habría liderado una organización criminal durante dos años para copar la ONPE con funcionarios afines. Usó la Universidad Telesup como base de operaciones para presuntos pagos ilegales, con el fin de manipular procesos electorales.

En el caso OAS, el Ministerio Público lo investiga por presunto lavado de activos. Habría recibido 50 mil dólares de la empresa brasileña OAS para financiar encuestas en la campaña del exalcalde Luis Castañeda Lossio. Además, transfirió 180 mil soles a la cuenta de Castañeda entre 2013 y 2015, dinero que, según la fiscalía, provendría del esquema corrupto del caso Lava Jato».

Y si todo esto fuera poco, Luna Gálvez aparece vinculado a los Cuellos Blancos del Puerto, ya que habría financiado campañas de exconsejeros del CNM a cambio de favores políticos y judiciales.

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