La jueza Inés Rojas ha sido contundente en su mensaje y ad portas de dictar sentencia contra el expresidente procesado por el caso Interoceánica, informó que el Poder Judicial ha concluido que Alejandro Toledo, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata sí se reunieron en 2004 en Río de Janeiro, Brasil. Durante la audiencia, la magistrada ha precisado que los implicados sostuvieron encuentros los días 4 y 5 de noviembre del 2004, e indicó que allí se confirmó el pago de sobornos con el fin de adjudicar la buena pro del proyecto de la IIRSA Sur tramo 2, 3 y 4 a la empresa Odebrecht y a su consorciadas.

«Estas declaraciones, no solo confirman, que los días 4 y 5 de noviembre del año 2004, las tres partes contratantes estuvieron en el mismo lugar Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Josef Maiman Rapaport y Alejandro Toledo Manrique, Río de Janeiro, Brasil, sino también que se dio la confirmación del pago de sobornos a costa de adjudicar la buena pro del proyecto de la IIRSA Sur tramo 2, 3 y 4 a la empresa Odebrecht y a su consorciadas», expresó. Asimismo, la jueza apuntó que se concluyó que Josef Maiman Rapaport fue el intermediario entre el dinero que entrego la empresa Odebrecht a Alejandro Toledo.

«Cabe indicar y concluir que, en Río de Janeiro si se dio la conversación y también la aseveración de la aceptación de Josef Maiman, quien iba a ser el intermediario para canalizar los dineros que Odebrecht iba a pagar al señor Toledo, esto para ser favorecido con la buena pro de la IIRSA Sur tramo 2, 3. Inclusive, el tramo 4 que no es tema de este proceso», añadió.

En el año 2024, según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre enero y agosto se registraron 14 220 denuncias de extorsión a nivel nacional. Esto son números de denuncias, sin embargo, la cifra negra la vuelve mucho más grande y difícil de estimar. En promedio tenemos 59 denuncias diarias lo que equivale a una denuncia cada 24 minutos. Es decir, mientras uno se toma su café tranquilo ya se tiene al menos un caso notificado. Las regiones más afectadas por dicha problemática son Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque, Callao e Ica, concentrando dichas regiones el 84% de denuncias a nivel nacional. También hay que señalar que demográficamente el 65% de la población se concentra desde Piura a Ica. Según informó la Policía el distrito limeño de San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor cantidad de denuncias por extorsión en Lima Metropolitana, seguido del Cercado de Lima y Comas. Por otro lado, conforme detalló la Asociación de Bodegueros del Perú, debido a las extorsiones se cerraron alrededor de 3000 bodegas en Lima de manera definitiva. Esto es un impacto en el sector que agrava aún más la recuperación económica del país andino que todavía viene recuperándose de un año de recesión.

Aunque el origen de la ola extorsiva proviene del norte peruano, en gran parte por extorsionadores extranjeros, el aumento de la criminalidad se debe a la ineficacia de los organismos de justicia, algunos acusan a la reforma del ministro Carlos Basombrío en el año 2016 que llevó a que el ministerio del interior (MININTER) dejara de estar a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) lo que incidió a que no se elaboraran planes de seguridad ciudadana de forma anual, y por ende se llevó a la actual situación. El impacto de la presencia de organizaciones criminales de origen extranjero en el Perú y la subsecuente alianza entre dichas organizaciones criminales, ha acentuado la crisis. Una de estas organizaciones es el Tren de Aragua, la cual llevó a la «desaparición» de diversas organizaciones criminales locales, muchas de las organizaciones criminales nativas se han terminado alineando a las organizaciones extranjeras para trabajar junto a ellas. Algunos expertos en el tema señalan que conforme pasaba el tiempo y los operativos policiales capturaban a los principales líderes de las organizaciones extranjeras, se detectó que las organizaciones peruanas empezaron a ocupar su lugar. Pero el nexo con el tren de Aragua no se ha roto, sino que como si se tratara de un Mcdonald’s, en Perú como en Chile funcionan a modo de un sistema de sucursales.

Además de ello se viene visibilizando una crisis en las instituciones como la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Se ha denunciado el montaje de falsos operativos por parte de algunos elementos de la policía para obtener ascensos, al igual que la integración a alguna organización criminal. Por el lado de la fiscalía, se ha denunciado que la labor fiscal ha permitido la liberación de más de 8000 delincuentes capturados en flagrancia en los primeros seis meses del 2024. Es decir, los sicarios matan, y algunos malos jueces y fiscales matan las investigaciones.

La cual coyuntura hace recordar la tesis de José Antonio Russo, sobre las instituciones, y como la clave de la solución de los problemas pasa por una cuestión institucional. Sin embargo, la evidente situación no se percibe de parte de los poderes del Estado Peruano, una intención de afrontar la presente situación de caos que a su vez es alentada por instituciones podridas. Por ejemplo, la digitalización del sistema de seguridad se reduce a solo cámaras y no pasa por un desarrollo de monitoreo informático, además se trabajan en muchas ocasiones y por lo general con herramientas de la época de 1990 mientras las organizaciones criminales han incorporado sistemas de tercerización, sucursal, además de trabajar como transnacionales del crimen.

En octubre de 2024, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público denunció que la Morgue Central de Lima había alcanzado su capacidad máxima para atender cadáveres, ya que había aumentado 10 veces con respecto al año pasado. En resumen, institucionalmente no existen respuestas y el número de muertes de este año podría acabar en un récord histórico.

Hace no mucho, el exministro del Interior, Rubén Vargas, consideró que la actual crisis de seguridad es la más significativa de la historia republicana. No obstante, habría que preguntar que logros obtuvo en su gestión. Afirmó el ex ministro que en este país «aún no hemos tocado fondo» debido a que esta crisis involucra a autoridades políticas. Y por ende es una situación institucional que exige respuestas institucionales. Una encuesta de Datum de octubre de 2024 señaló que los encuestados responsabilizaron de la crisis de inseguridad a las dos instituciones principales: un 44 % señaló a la Presidencia de la República y un 40 % al Congreso. Tenemos entonces un empate técnico en cuanto a la culpa.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 26,9% de la población peruana a partir de los 15 años a nivel nacional urbano, fue víctima de algún delito. Esto es uno de cada cuatro personas lo que se traduce en que prácticamente todas las familias peruanas han pasado por esta situación.

Entre los delitos que se cometen con mayor frecuencia en Perú, encontramos: Hurto agravado: es el apoderamiento mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea mayor a una remuneración mínima vital. Y ahora es el ascenso como la espuma de la extorsión, un crimen mucho más grave que acaba en muchas ocasiones en bala y morgue.

Hay tres variables a considerar en cuanto a la seguridad: el nivel de victimización, o sea, cuántas personas fueron víctimas de un delito, el nivel de percepción de inseguridad, y el número de muertes violentas. En todas Perú está fatal. La situación solo es comparable en Chile donde se ha dado el salto de sicarios que hace poco después de matar a una persona y herir a otras tres, en lugar de huir persiguieron a la ambulancia que llevaba a un herido para rematarlo.

«Todavía no hemos tocado fondo, el escenario que se viene es mucho peor y estamos ante un gobierno a la deriva, con ministros que no solamente son parte del problema, sino que son personajes casi inimputables», cuestionó.

Para Vargas, «lo más peligroso del nuevo escenario criminal es que hay estructuras criminales transnacionales que se están insertando en las economías ilegales con nuevos mecanismos de violencia, que todavía no terminamos de entender».

La próxima inauguración de Chancay en lugar de una bendición podría traducirse en más crímenes por el poder de los mercados ilegales como también los de la economía formal. Oremos. Porque como estamos solo nos queda la fe.

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani continúa impulsando su consigna de promover el reingreso de millonarios proyectos de generación eléctrica a través de energías renovables, incluyendo el discurso de que con dicha fuente diversificada se va a beneficiar principalmente a la población; cuando en realidad, hasta la fecha, los subsidios otorgados para la promoción de energías renovables en el Perú ya superan los US$1,700 millones de dólares, cuyos costos han sido asumidos por todos los usuarios del país, a través de sus recibos de luz.

Mucho Mamani brindó el anuncio en la conferencia «Perú Sustainable Social Infrastructure & Clean Energy SUMMIT 2024», organizada por Dorado Investments en Lima, y publicitada por la Asociación Peruana de Energías renovables (SPR). En su exposición sobre las «Perspectivas de la Energía Renovable en el Perú», el titular del Minem se refirió al avance en la transición de la matriz energética nacional, desde el año 1996 al 2023, donde indica que hubo un incremento en la generación eléctrica debido a la incorporación de las fuentes térmicas a través del gas natural, y la aparición de la fuente eólica y solar.

«Este 2024, hay 4 centrales eléctricas que iniciaron operación, y esperamos que se inicien 4 proyectos más. Son iniciativas que representan un aporte de 628 megavatios al SEIN, beneficiando a 33 millones de peruanos con una inversión de US$ 701 millones», afirmó el ministro, tras destacar que una fuente diversificada de energía beneficiará principalmente a los usuarios y que la generación de energía solar es muy alentadora para convocar nuevas inversiones en el sector energético. «El potencial de generación solar en la selva es más prometedor que el promedio de Alemania», agregó.

También se refirió a la fuente eólica, manifestando: “tenemos para generar 20 mil kilowatts, del cual solo estamos aprovechando el 5 por ciento. El potencial del Perú, es espectacular; estamos trabajando en hacer mapas de las renovables. Tenemos ciertas condiciones inigualables, que no lo tienen otros a nivel mundial”.

Finalmente, el ministro Mucho Mamani incidió en la importancia de contar con una fuente diversificada de energía, para así inducir a más competencia en las futuras inversiones: «Promocionamos las energías renovables, las que permiten incrementar la competencia en la actividad de generación eléctrica y promover nuevas inversiones en proyectos de generación», concluyó.

Usuarios mediante recibos de luz, ya han pagado US$1700 millones para cubrir subsidio a las renovables

La discusión del ingreso masivo de las ‘energías renovables’ (RER) al sistema eléctrico nacional, ya se ha convertido en un “caballito de batalla” para algunos sectores empresariales, y en especial, para algunos “operadores” del Estado que a través del lobby han emprendido una campaña publicitaria para difundir las bondades de esta tecnología. Entre tanto, el Parlamento a través de la Comisión de Energía y Minas continúa aguardando el dictamen del Proyecto de Ley del Ejecutivo N° 4565/2022-PE, con el fin de aprobarse a como dé lugar, en cualquier momento. Y en caso de que llegue al pleno y obtenga los votos necesarios para su aprobación, no cabe duda que las tarifas eléctricas se encarecerán más de lo que actualmente afrontamos cientos de miles de usuarios que hasta la fecha hemos asumido el costo y mediante los recibos de luz, ya hemos pagado US$1700 millones de dólares durante la última década, para cubrir un subsidio a las renovables (RER).

En tanto, surge la pregunta, ¿A quién benefició este subsidio? Asimismo, el reemplazo del 40% en la capacidad de generación eléctrica a gas natural, por las ‘energías renovables’, apenas reducirían la emisión de gases de efecto invernadero en un 2%. Este impacto costaría más de US$5 mil millones de dólares ¿Y quiénes pagarían eso? No cabe duda que nuevamente sería asumido por nosotros, los usuarios. Finalmente ¿Por qué los expertos no mencionan ese aspecto?

El estudioso. Recientemente la Sunedu le canceló las licencias a varias universidades que más que llenar la cabeza de los estudiantes con conocimiento lo único que llenaban era sus cuentas bancarias. Universidades ‘como cancha’ dirían algunos, pero solo tenían de universidad el nombre de su fachada.

A propósito de ello, el congresista Waldemar Cerrón tiene un afán particular en crear y crear universidades, así tengan como banca un ladrillo y sus exámenes sumas y restas. De acuerdo a una investigación del diario Peru21 en la plataforma del Congreso, desde que asumiera como congresista el hermano del prófugo Vladimir Cerrón ha presentado 41 proyectos de ley para crear universidades en 12 de las 26 regiones del Perú.

Solo en la última semana, indica el citado medio, ingresó tres proyectos con los que busca crear la Universidad Nacional Científica de la Mar (Uncalm), que estaría ubicada en el distrito de Patibamba, provincia de La Mar, región Ayacucho; la Universidad Nacional de Chincheros (UNC), en Apurímac; y la Universidad Nacional Autónoma de Formación Artística de Ucayali, en el distrito de Yarinacocha.

El 2024 ha sido particularmente conveniente para Cerrón, pues apenas se inició el año, el 4 de enero, planteó la creación de la Universidad Nacional Tecnológica La Esperanza, en Trujillo. Desde aquel día hasta hoy, suman 35 iniciativas legislativas.

De los 41 proyectos en total para crear universidades, solo uno lo presentó durante el gobierno de Pedro Castillo, pero fue para él y su hermano prófugo de la justicia el más emblemático de todos, pues buscaba crear la Universidad Nacional Autónoma Jaime Cerrón Palomino, progenitor de ambos, la cual se habría ubicado en la provincia de Chupa, región Junín, lugar donde son oriundos. La iniciativa fue finalmente aprobada y publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de noviembre de 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte, pero con el nombre de Universidad Nacional Autónoma de Chupaca (UNAC).

A este paso el país se llenará de más universidades que de chifas al paso.  

La congresista Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, integrante del partido Alianza para el Progreso, nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta, tras ser acusada de crear una ‘caja chica’ producto del dinero que habría recortado de los sueldos de sus trabajadores. Como se sabe, la legisladora enfrenta una serie de denuncias por las supuestas irregularidades que ejercería dentro de su mandato congresal, siendo una de ellas el presunto recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho parlamentario. Según la investigación fiscal esta mala práctica conocida como ‘mochasueldo’, la habría realizado con el objetivo de cubrir sus gastos personales, incluyendo el combustible para su vehículo asignado. 

Según el reciente reportaje de ‘Punto Final’, la primera denuncia contra Ruíz Rodríguez fue hecha por Carlos Marina, un extrabajador de la Comisión de Infancia, que precisamente, era presidida por la parlamentaria de APP, y reveló que mensualmente se le descontaba la suma de S/1,500 de su sueldo, descubriéndose, además, que él no sería el único trabajador afectado, y que otros empleados también habrían sido víctimas del recorte de sus salarios. Según el conjunto de registros presentados ante la Fiscalía, indicaron que los montos adquiridos, se habrían utilizado para el pago de diversos gastos de la parlamentaria, siendo el combustible de su vehículo, uno de los tantos gastos.

Policía-resguardo era su hombre de confianza

Asimismo, uno de los personajes involucrados en esta mala práctica es William Paz, un policía asignado a la seguridad personal de Magaly Ruiz, quien, según testimonios y registros en poder de la Fiscalía, habría recibido el dinero recaudado de la popular ‘caja chica’ como restitución por gastos de gasolina. Sin embargo, Paz ha negado conocer el origen del dinero, así como su relación con los recortes salariales a los trabajadores del despacho congresal de Ruiz Rodríguez. Además, otro testigo protegido contó que el policía resguardo, además de ser el encargado de la seguridad de la legisladora, también prestaba su vehículo personal para que ella se traslade a diferentes puntos.

Nuevamente el filósofo y exasesor del Ministerio Público (MP), Jaime Villanueva ha ratificado que entre Dina Boluarte y Patricia Benavides existe una relación muy estrecha y añadió que ambas habrían intercambiado favores para beneficiarse mutuamente. Esta declaración la dio en una entrevista para Cuarto Poder, en la cual reiteró que la mandataria y su exjefa mantenían una comunicación fluida y que ésta se estrechó más en los primeros meses del 2022.

«Tenían una muy buena y fluida relación. (…) Se habrán reunido unas cuatro o cinco veces, siempre en eventos públicos en los que se buscaba el espacio para que ellas conversaran en privado», sostuvo Villanueva.  

Dina Boluarte y Patricia Benavides sostuvieron reuniones

Según declaraciones del filósofo, Patricia Benavides cuando aún despachaba como Fiscal de la Nación le habría solicitado a Jaime Villanueva que coordine una reunión con la mandataria Dina Boluarte, luego de que se enterara que tenía planeado dar de baja al Comandante General de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado, en medio de las muertes en las protestas en Juliaca.

Es decir, la exfiscal pretendía evitar la destitución del alto mando policial.  Por esa razón, se acordó que la presidenta Boluarte convoque a una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) en la sede del Ministerio de Defensa en el distrito de Jesús María, con el pretexto de las protestas en el interior del país para agendar un encuentro entre distintas autoridades; sin embargo, el verdadero propósito era el encuentro privado entre Dina Boluarte y Patricia Benavides. De esa manera, aguardaron en una de las oficinas del Mindef para esperar a la llegada de la mandataria Boluarte. En aquel recinto se habrían encontrado la exfiscal y Boluarte Zegarra, sin embargo, cuando ésta llegó, el aspirante a colaborador eficaz se retiró, pero una vez que concluyó el encuentro privado, Benavides Vargas le confió que la presidenta accedió a su pedido.

La Fiscalía salvó a Dina Boluarte de ir a prisión preventiva

Durante, la entrevista, el exasesor de Benavides Vargas, también contó que en octubre del 2022 conoció al entonces abogado de Dina Boluarte, Óscar Nieves, cuando Boluarte Zegarra aún era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y en esa época la actual presidenta ya era parte de una investigación por lavado de activos, liderada por el fiscal Richard Rojas por el caso ‘Los dinámicos del centro’. Villanueva reveló que en ese momento le pidieron que hable con su amigo Rafael Vela, para que se desdoble la investigación contra Boluarte Zegarra, con el propósito de no pedir ninguna medida excepcional como la prisión preventiva contra la entonces ministra; y como ya se había presentado la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, ya se tenía planeado que Dina Boluarte quede expedita para sucederlo en Palacio de Gobierno.  

Según sus declaraciones, Vela convenció a Richard Rojas para que separe a Boluarte Zegarra de la investigación y cuando el fiscal presentó el pedido de prisión preventiva contra los imputados en este caso, incluido Vladimir Cerrón.

Si el gobierno de Dina Boluarte no le hace un alto a la delincuencia, entonces los gobiernos locales, dentro de sus posibilidades, buscan una solución alterna a la imparable ola de extorsiones y sicariato donde el vehículo más utilizado es precisamente una moto lineal.

El municipio de Ancón se suma otros cuatro distritos de Lima Norte que han prohibido la circulación de dos personas en una misma motocicleta, esto con el único propósito de reducir los índices de criminalidad registrados en estas comunas.

En declaraciones para RPP, Samuel Daza, alcalde de Ancón, manifestó que tanto como él y las autoridades de Puente Piedra, Comas, Independencia y Santa Rosa buscan con este acuerdo tener un mayor control de los espacios en sus calles y hacer un llamado al Ejecutivo, para implementar la misma medida en casos de estado de emergencia.

Asimismo, precisó el burgomaestre anconero que mediante el presidente de la Mancomunidad Rennán Espinoza se ha solicitado una reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, junto con los alcaldes que conforman esta asociación para tratar los problemas de sicariato y extorsión que ocurren en estos distritos.

“Lo que le pedimos es al ministro que se acerque aquí a Lima Norte para que haya una reunión con los alcaldes. Sí, hemos tenido una reunión articulada con el Ministerio del Interior en Lima, pero es difícil ponerse de acuerdo más de 42 alcaldes, es casi imposible. Nosotros requerimos que el ministro y su equipo nos indiquen cuáles son las estrategias que se van a plantear en este estado de emergencia», dijo.

Bajo su perspectiva, la implementación del estado de emergencia debe contar con tres componentes: trabajo planificado, logística para la Policía Nacional y municipalidades, y trabajo articulado entre el Ejecutivo y gobiernos locales. Sin embargo, para la autoridad, «esas tres cosas en este momento no existen».

“Si usted me pregunta, ¿un estado de emergencia funciona? Sí, funciona, pero al no existir esos tres componentes, esto está tambaleando porque yo me pregunto ¿qué va a pasar el día 61 cuando se acaba el estado de emergencia? Ahí realmente viene el problema y se llama sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad en el estado de emergencia, esto va a fracasar», apuntó.

Su palabra tiene precio. Algo que no se puede negar de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ es su capacidad para negociar o servir de puente, y esta vez lo estaría haciendo dentro del penal de Lurigancho donde se encuentra recluido. De acuerdo a fuentes de Perú 21, el presentador televisivo estaría negociando su confesión a cambio de ciertos beneficios penitenciarios. Cabe recordar que ‘Chibolín’ viene siendo investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros actos contrarios a la ley.

Según el citado medio periodístico, el fiscal supremo Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, percibe que Hurtado podría utilizar la figura como una táctica para intentar anular la medida cautelar en su contra.

“Si hablo, me van a matar”, le habría dicho el conductor a los investigadores al explicar que teme por su seguridad. Para obtener un beneficio penal, no solo debería proporcionar detalles sobre un supuesto soborno de un millón de dólares en el que estaría implicada la fiscal especializada en lavado de activos, Elizabeth Peralta, sino también desglosar otros posibles delitos y conexiones con funcionarios.

Además, debería brindar luces ante los indicios de que el dinero relacionado con estos presuntos sobornos estaría vinculado al estilo de vida de sus hijas en Estados Unidos, lo que también ha llamado la atención a los agentes de la DEA.  Según Perú 21, en los últimos días el conductor se comprometió a detallar su relación con la suspendida jueza María Vidal La Rosa, presidenta de la Corte Superior de Lima.

Sin embargo, ha intentado negociar su liberación antes de presentar pruebas, lo que es inaceptable para la Fiscalía. El Ministerio Público programará un interrogatorio en prisión para obtener su testimonio definitivo.