Otra congresista bajo investigación. La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó ayer denuncia constitucional contra Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, en su condición de congresista de la República, como presunta autora del delito de concusión, en concurso real con el delito de colusión agravada, en agravio del Estado.

“En cuando al delito de concusión, los hechos están referidos a la contratación, como trabajadores de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria del Congreso de la República, de Carlos Augusto Marina Puscan y María Greta Deza Batallano, delito imputado en concurso real con el delito de colusión agravada vinculado a la contratación de Camila Melissa Mantilla Heredia, en el despacho congresal”, precisa un comunicado de la Fiscalía. Cabe recordar que Camila Melissa Mantilla Heredia era pareja sentimental de su hijo Jeffrey Marrufo, siendo contratada de febrero de 2022 a marzo de 2023, encontrándose que en su CV se había declarado información falsa sobre su experiencia laboral.

El Ministerio Público informó también que el pasado 11 de abril se inició diligencias preliminares contra la congresista Ruiz Rodríguez, el fiscal Richard David Rojas Gómez y Alex Junior Rojas Gómez (hermano del fiscal) por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible. 

El caso de Richard David Rojas Gómez también se le inició diligencias preliminares por la presunta comisión de delito de patrocinio ilegal. 

En febrero del año pasado, Marina Puscan y Deza Batallano denunciaron en la Comisión de Ética Parlamentaria a la congresista Ruiz Rodríguez, por presunta vulneración a la ética parlamentaria al supuestamente haber solicitado aportes mensuales a través de su asesor principal de despacho, Jhony Romero.

Posteriormente, en marzo del 2023, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la legisladora Magaly Ruiz Rodríguez, como presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, al haber efectuado cobros irregulares.

Jhony Romero, ahora ex asesor de Ruiz Rodríguez y uno de los investigados por el caso de recorte de sueldos, ha reconocido que sí pidió un porcentaje de los sueldos de varios de los trabajadores bajo órdenes de la legisladora, pero que no se quedó con el dinero.

Asimismo, afirmó que el fiscal Richard David Rojas Gómez se contactó con la congresista por medio de su hermano, quien trabajaba en el Congreso con el propósito de apoyar a la legisladora en las investigaciones en su contra.

Los fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) y agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron las oficinas del estudio del abogado Óscar Nieves Vela.

Hay que remarcar que este abogado es sindicado como consejero legal y asesor en la sombra de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

El procedimiento es parte de una mayor investigación que implica sobornos realizados a Jaime Villanueva y Miguel Girao Isidro, con el presunto fin de archivar un caso de lavado de activos. Según la tesis de la Fiscalía, estos actos fueron ejecutados para beneficiar a Manuel Luis Altamirano Ramírez, involucrado en una cuestionada adquisición de computadoras.

En esa línea, la institución expuso su argumentación para ejecutar la diligencia, señalando entregas de dinero a exasesores y fiscales para beneficiarse en investigaciones fiscales.

¿Por qué allanaron las oficinas de Oscar Nieves?

Según la tesis de la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, Oscar Nieves habría sobornado con dinero al fiscal supremo provisional Marco Huamán, así como a los exasesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, para que algunas denuncias sean archivadas.

Nieves habría ofrecido, una “buena cantidad de dinero” para que se archive la denuncia contra Camilo Peirano Blondet, por lavado de activos. Así se lo habrían informado Marco Huamán y Miguel Girao a Jaime Villanueva. En esa línea, habrían buscado aprovechar la relación de amistad que el “filosofo” mantenía con Rafael Vela, fiscal coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos.

Según la investigación, Vela Barba, habría solicitado información al despacho del fiscal Carlos Puma Quispe, quien tenía a cargo el caso contra Peirano Blondet.

Sin embargo, no se pudo concretar. Le diría a Jaime Villanueva que el investigado solicite una reunión al fiscal del caso para obtener mayores detalles de las diligencias.

El abogado de Peirano Blondet se reuniría con el fiscal Puma Quispe y le habría indicado que el plazo de la investigación preliminar venció y que se debía emitir el pronunciamiento: formalizar investigación preparatoria o archivar; sin embargo, el fiscal Puma había decido que el caso tenía que ser archivado.

Camilo Peirano Blondet es hijo de dos exministros de Estado.

Hace unos días el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, solicitó al Poder Judicial confirmar la incautación de los 3 relojes marca Rolex y una pulsera marca Bangle que la presidenta Dina Boluarte usó en diferentes actividades oficiales.

El miércoles 10 de abril dichos relojes y la pulsera le fueron incautados al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; ese mismo día, su abogado Humberto Abanto acudió a la sede del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público para exhibir los objetos; sin embargo, al salir de la diligencia, el defensor de Oscorima declaró a la prensa que las joyas habían sido incautadas.

En esa línea, el miércoles 24 de abril, el Poder Judicial anunció que el próximo jueves 2 de mayo, a las 10 de la mañana, evaluará el requerimiento fiscal para confirmar la incautación de las joyas mencionadas.

Como es de conocimiento público, la jefa de Estado se encuentra en una investigación por enriquecimiento ilícito, junto con el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Asimismo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria anunció que realizará la audiencia de forma virtual; sin embargo, la mandataria presentó un escrito solicitando se declare infundada esta medida, al igual que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

¿Cuáles son las joyas en posesión de la Fiscalía de la Nación?

-Un reloj Rolex con boleta de venta electrónica N°B002-0008701 emitida por la Casa Banchero: “Código 087994, descripción: Rolex Clásicos Datejust

-Un reloj Rolex con factura N°15017360, cliente N°J519977410, emitido por JOMASHOP: “ítem number: RLX126284SRDO, description: 126284SRDO, Rolex, Rolex Serial #aj509842.

-Un reloj Rolex con factura N°15346534, cliente N°J519977410, emitido por JOMASHOP: “ítem number: PRE-RLX118135RSL-1, description: 118135RSL, Rolex, Rolex Serial #87N27688.

-Una pulsera con boleta de venta electrónica N°B002-00091003 emitida por la Casa Banchero “Pulseras Bangle Brillantes”.

El Congreso de la República promulgó por insistencia la Ley que autoriza de manera excepcional el servicio de transporte público de pasajeros en vehículos motorizados de dos ruedas de la categoría L3, en el departamento de Madre de Dios.

La Ley 32005, publicada en el Diario Oficial El Peruano, tiene como objetivo la regulación y la formalización del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores motorizados de dos ruedas.

Ello se debe a la carencia de adecuados sistemas de transporte urbano, la deficiente infraestructura vial y el escaso número de vehículos de transporte público de pasajeros en unidades de las categorías M2 y M3, en la referida región.

En el artículo 2 de la norma se precisa que la autorización al transporte público en vehículos de dos ruedas es de forma excepcional y complementaria al servicio público de transporte terrestre.

El plazo de autorización, indica el artículo 3 de la norma, es de cinco años, pudiendo ser prorrogado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), previa evaluación del impacto de esta medida y de los informes trimestrales que emitan los municipios provinciales y distritales del departamento de Madre de Dios.

En la disposición complementaria se indica que las municipalidades provinciales y distritales de Madre de Dios, en el marco de sus competencias, regularán el desarrollo del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos motorizados de dos ruedas de la categoría L3.

Se enfatiza en que se debe priorizar la seguridad ciudadana y la protección del pasajero. Para ello se debe establecer la identificación de los conductores y de los propietarios de los vehículos menores que brindan el servicio.

Esto último es para efectos de determinar la responsabilidad extracontractual, así como para determinar los mecanismos y los requisitos de operación que garanticen la seguridad e integridad personal de los pasajeros.

Asimismo, determina el registro de las empresas o asociaciones prestadoras del referido servicio de transporte, las cuales deberán presentar ante la municipalidad competente la relación actualizada de sus asociados en forma mensual, así como el reporte de accidentes ocurridos.

Como se recuerda, el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Eduardo Salhuana, presentó esa iniciativa, indicando que no contraviene las políticas nacionales vigentes en materia de transporte terrestre de personas. Destacó que el Ejecutivo había realizado observaciones generales que no se aplicaban al caso específico de Madre de Dios, donde la necesidad de transporte en motocicletas de dos ruedas se ha tornado excepcional debido a las particularidades geográficas y económicas de la región.

Además, Salhuana aclaró que la norma no contempla a los mototaxis de tres ruedas, vehículos que ya poseen un marco regulatorio específico aún pendiente de reglamentación pero en vigor.

La ley promulgada lleva las firmas del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, y del vicepresidente Arturo Alegría García.

Al parecer, la presidenta de la República, Dina Boluarte, viene allanándose a las diligencias fiscales que anteriormente desairaba y hoy miércoles 24 de abril, rindió su manifestación en el Ministerio Público desde las 8.30 de la mañana, ante el Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma, señalan fuentes de RPP.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de la ciudadanía y la prensa, es el excesivo despliegue policial en los exteriores del edificio del Ministerio Público, en el que acordonaron su perímetro.

Asimismo, el vehículo oficial de la presidenta Dina Boluarte, una camioneta Jeep Grand Cherokee de color gris, se retiró de la Sede Central del Ministerio Público, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, en medio de una cobertura excesiva de medio centenar de hombres de seguridad, pertenecientes a la división de Seguridad del Estado de la PNP.

Tras la salida de Boluarte Zegarra de la Fiscalía, la Policía antimotín permaneció en los ingresos de la puerta principal, en la avenida Abancay. Asimismo, en los jirones Santa Rosa y Cusco, se halló un cordón policial que permitía únicamente el paso peatonal a Mesa Redonda.

¿A qué le teme la presidenta Dina Boluarte? ¿Por qué hace uso de un excesivo contingente policial para resguardarla?

Mientras, que las calles de los distritos de Lima, están desprotegidas de la criminalidad por falta de policías, la presidenta multiplica su resguardo personal con más de medio centenar de policías.

El abogado Rudecindo Vega calificó a la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar de ser la “mandadera” de la presidenta, Dina Boluarte y de su hermano Nicanor, a quienes tildó de ser: “la pareja presidencial fraternal”.   

Estas declaraciones las vertió en una entrevista en RPP, y responsabilizó a Pérez de Cuellar de haber ordenado a Jorge Rochabrunt Gamarra en su calidad de presidente del directorio del “Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú” (Conafovicer), que lo despida de la gerencia general de dicha entidad por haber criticado al Gobierno y a la presidenta Boluarte, en artículos que él redactó para un diario local.

“En el caso de la ministra y del presidente del Conafovicer son recaderos de los dos hermanos que gobiernan en el Perú, Dina y Nicanor. Son la pareja presidencial fraternal. La ministra no tiene vela en este entierro, no tiene la capacidad de decidir ni impulsar cosas”.

“Lo que sí tiene es una capacidad notoria de recadera. Yo a ella no le emplazo nada, ella ha cumplido su mandato; a los recaderos uno no los cuestiona, ellos cumplen su trabajo”, aseveró Vega.

Carta que envió Hania Pérez de Cuellar al presidente del Conafovicer para que despida a Rudecindo Vega.

El funcionario despedido del Conafovicer, también contó que hace nueves meses, antes de ser separado del cargo, Nicanor Boluarte, fue a buscar a dirigentes de la federación para que le pidan no criticar al Gobierno a cambio de gestionar beneficios para los trabajadores.

“Los trabajadores le dijeron que no, que eso no era posible porque [yo] estaba ejerciendo mi derecho de opinión, fue un pedido que llegó mal”, sostuvo el funcionario despedido.

Federación de Trabajadores de Construcción Civil asegura que Rudecindo Vega fue despedido por dar “declaraciones políticas”

El secretario General de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, aseguró que Rudecindo Vega fue retirado del cargo de presidente del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú (Conafovicer) por hacer declaraciones políticas a nombre de la institución.

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, presentó este martes 23 de abril ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria un requerimiento de impedimento de salida del país contra la exfiscal de la Nación, actualmente suspendida en sus funciones Patricia Benavides Vargas, como parte de la investigación que se le sigue por el denominado caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’.

El pedido del órgano fiscal se sustenta en el peligro procesal por la probable pertenencia de Patricia Benavides a la organización criminal presuntamente enquistada en el Ministerio Público, que ha sido respaldado por “numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial”.

Pronunciamiento de Fiscalía por el pedido de impedimento de salida del país, contra Patricia Benavides.

Este requerimiento de impedimento de salida del país contra Benavides Vargas fue presentado el mismo día de que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público detuviera preliminarmente a siete personas entre ellos, los exasesores y allegados de Patricia Benavides: Miguel Girao, Abel Hurtado, José Castillo, Mirtha González, Giancarlo Valer, Jorge Palomino y el exagente de la Diviac, Jorge Rodríguez Menacho. Y allanara un total de 21 inmuebles en el denominado operativo ‘Valkiria XI’, por la investigación contra la presunta organización criminal que lideraría la fiscal suspendida.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) resolvió destituir a Daniel Soria Luján del cargo de procurador general del Estado, esto a raíz de un procedimiento en su contra debido a cuestionamientos en su designación.

Mediante la resolución ministerial N.º 0097-2024-JUS, el sector también dispuso que se envíe una copia de la resolución y antecedentes a la Procuraduría General del Estado, a fin de que se proceda con el cese de la contraprestación de Soria y demás acciones administrativas correspondientes, según sus competencias.

Asimismo, se remitirá una copia de la resolución y de sus antecedentes a la Procuraduría del MINJUSDH para que según sus competencias inicien las acciones legales que correspondan en defensa de los intereses de la entidad.

Daniel Soria, el funcionario que sobrevivía desde el gobierno de Martín Vizcarra

Como se recuerda, el pasado 24 de noviembre del año pasado el MINJUSDH, mediante una comisión ad hoc, resolvió suspender temporalmente a Daniel Soria de sus funciones como procurador general del Estado.

Ello, en el marco de un proceso disciplinario iniciado por una advertencia que realizó el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría respecto de que el funcionario no cumplía con los requisitos establecidos cuando fue nombrado en el cargo durante el Gobierno de Martín Vizcarra, según se precisó, solo contaba con un certificado como asesor de la Defensoría del Pueblo.

En febrero de este año, la comisión ad hoc encargada del procedimiento administrativo disciplinario contra Soria recomendó al ministro de Justicia, Eduardo Arana, que se destituya a dicho funcionario.

El documento señalaba que los hechos por los que Soria fue suspendido en noviembre de 2023 “fueron corroborados”. Asimismo, se señaló que “la situación infractora se inicia el 3 de febrero de 2020” y “solo cesará cuando se extinga el vínculo del servidor con la entidad”.

Precisan, además, que Soria se benefició ilícitamente al ostentar un cargo que no le corresponde y que existían indicios suficientes que acreditan que Soria vulneró los principios de probidad, idoneidad y veracidad, regulados en la Ley del Código de Ética.