Política
Mi amigo Rolando y los infames “fans” de Vizcarra, por Umberto Jara
Un artículo de Umberto Jara.

Rolando Sáez se llamaba. Fue mi amigo desde el colegio y hasta el último día. Le gustaba ser silencioso. Tenía el don de la serenidad y prefería la observación y la charla personal. Cuando estuve en la tarea de investigación para mi libro “Abimael, el sendero del terror” lo visité en nuestra ciudad, Ayacucho, y me ayudó con decisión y firmeza. Me habían negado, tan solo por miedo burocrático, una copia de la partida de matrimonio de Abimael Guzmán y Augusta La Torre. Mi amigo Roly se movió al interior del Municipio y me consiguió no una sino dos copias del documento. Me dijo con una sonrisa: “A falta de una, toma dos”.
Al enterarse de que yo andaba en busca de todos los datos posibles, me dijo que había un electricista que conocía del quehacer cotidiano de Guzmán y su mujer porque en aquellos años en que se formaba Sendero Luminoso había sido una suerte de ayudante en sus problemas domésticos. Le hicimos la guardia. Era un hombre ya mayor pero seguía siendo un mil oficios. Fue arduo convencerlo por un miedo irracional que permanecía en él a pesar de que el terrorista estaba en prisión. Al final, accedió y nos echó luces con sus recuerdos sobre esa pareja de criminales. Fue el año 2016.
Antes de la pandemia, en el 2019, vi a Roly por última vez. Me habló de su familia y de su orgullo personal por haber estudiado una maestría postergada durante muchos años. Nos dimos un abrazo. Fue el último. Su nombre está registrado entre los peruanos que perdieron la vida por la Covid-19 pero su caso, como el de decenas de miles, contiene el dolor adicional de que pudo salvarse si es que el gobernante de ese momento hubiese cumplido con el mínimo apoyo que estaba obligado a dar a las ciudades de provincia.
La vida tiene instantes de coincidencia que son misteriosos. En la mañana del jueves 14 que acaba de pasar, se realizó una misa en conmemoración de su muerte. La fotografía que acompaña este artículo corresponde a su viuda portando un retrato de Roly. Cuando la misa concluyó, salió al aire el programa “Arriba mi gente” que emite la televisora Latina. No existe ninguna relación entre mi amigo muerto y ese programa y ese canal. Pero sí ocurrió una paradoja del destino.
La digna imagen de una viuda ofreciendo una misa por el esposo ausente, contrastó con la imagen en pantalla de una mujer llamada Karina Borrero que presentó de manera elogiosa y risueña la presencia de Martín Vizcarra en una cebichería a la que llegó con una portátil que le cantó la burda pero pegajosa canción “Mi bebito fiu, fiu” mientras se le acercaban gentes previamente instruidas para sacarse fotos con él. La señora Borrero—ignoro si tiene hijos, pero sin duda no entiende el concepto familia—dijo, varias sandeces todas dirigidas a sostener que Vizcarra volvía a tener una supuesta buena imagen.
¿Cómo es posible mirar con simpatía a un sujeto como Vizcarra que es responsable por la muerte de más de doscientos mil peruanos? ¿Cómo se puede elogiar a un ex mandatario que, junto a sus ineptos ministros, dio lugar a que el Perú tenga la más alta cifra de muertos del mundo en relación al número de su población? ¿Qué habita en la mente de aquellos que aún tienen apego hacia un sujeto que destinó al país al encierro mas extenso de todo el planeta sin ningún resultado, salvo la destrucción de la economía? ¿Qué habita en el corazón de quienes usan la televisión para elogiar a Vizcarra olvidando la corrupción en la compra de mascarillas, la criminal prohibición para fabricar oxígeno porque estaban coludidos con dos empresas dueñas del mercado, el no haber hecho ninguna gestión para comprar vacunas pero sí haberse vacunado a ocultas? ¿Se han olvidado de que mientras los peruanos morían, Vizcarra se divertía en Palacio de Gobierno con el sórdido Richard Swing? ¿Qué descorchaba botellas de vino argentino “El enemigo” con su íntima Mirian Morales?
En un país con fiscales decentes, Vizcarra estaría preso. Pero los famosos fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez lo siguen apañando. Todos entendemos las razones.
Si Vizcarra va a permanecer impune (por ahora), entonces para eso estamos los ciudadanos para hacerle llegar todo nuestro repudio. La canción que le han fabricado es un arma de propaganda para tratar de generarle simpatía ahora que este hombre culpable de muertes y corrupción tiene la desvergüenza de querer volver a ser candidato.
Los periodistas que se prestan para apoyar a un personaje de la calaña de Vizcarra, no merecen el nombre de periodistas. Tampoco merecen respeto porque están insultando la memoria de doscientos mil muertos, el dolor de miles de miles de familias y también todas las muertes y el esfuerzo descomunal y angustioso de médicos, enfermeras y policías, los cementerios saturados, los hospitales hasta hoy desechos, los ahorros gastados por tratar de salvar vidas.
¿Qué existe en todas las personas—me refiero a todos, sean o no periodistas—que aún le prestan atención a Vizcarra? Veo la fotografía que lleva la viuda de mi amigo Rolando Sáez y pienso en el similar dolor de miles de miles de familias y pienso también en la infamia de los dueños de Latina Televisión dispuestos a apoyar a Vizcarra. Ya no basta luchar contra los delincuentes. Nos obligan a protestar contra quienes apoyan a los impunes.
Si queremos que este deshecho país no se deshaga aún más, entendamos que corruptos responsables de muertes como Martín Vizcarra no tienen derecho alguno a pretender seguir haciendo daño.
Política
Ministerio de Cultura acepta abstención de viceministra Moira Novoa en ‘caso Armatambo’
La cuestionada viceministra de Patrimonio Cultural pidió abstenerse de opinar sobre el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela Arqueológica O en el Morro Solar. El ministro Fabricio Valencia, declaró procedente su solicitud mediante resolución ministerial.

Mediante la Resolución Ministerial N.º 158-2025-MC, el Ministerio de Cultura aceptó y declaró procedente la abstención formulada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva, respecto al procedimiento que evalúa el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela O de la Zona Arqueológica e Histórica de Armatambo – Morro Solar, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.

En su lugar, será el viceministro de Interculturalidad, Percy Yhair Barranzuela Bombilla, quien se pronunciará sobre el procedimiento mencionado.
La resolución, firmada por el ministro de Cultura Fabricio Valencia, señala en sus considerandos que Novoa Silva solicitó abstenerse por haber emitido previamente opinión técnica sobre el tema, cuando se desempeñaba como directora general de Patrimonio Arqueológico Inmueble. En ese cargo, suscribió los informes N.º 000050-2025-DGPA-VMPCIC/MC y N.º 000141-2025-DGPA-VMPCIC/MC, en los que se abordaba el caso. Por esta razón, y conforme al numeral 2 del artículo 99° del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), se configuraría una causal de abstención.

Sobre el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela O de Armatambo, especialistas advierten que deben evaluarse rigurosamente los motivos detrás de la decisión. Si la zona fue intervenida con un proyecto formal de rescate arqueológico y se concluyó que ya no existen restos patrimoniales, entonces podría justificarse la desprotección. Sin embargo, existen cuestionamientos por el uso de cateos mínimos o informes técnicos limitados como sustento para retirar la protección, lo cual representa un tema especialmente sensible dada la fragilidad del patrimonio arqueológico.
Cabe recordar que hace poco más de un mes, la misma viceministra Novoa Silva fue duramente criticada por firmar la controvertida Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, que redujo en casi un 50% el perímetro de protección de las Líneas de Nasca y Palpa, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad arqueológica y defensores del patrimonio cultural en todo el país.
Política
Congreso blinda a la JNJ y archiva denuncia por retorno de Benavides
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó investigar a los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia que avalaron la controvertida reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Con esta decisión, ya no serán procesados.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por la parlamentaria de APP María Acuña Peralta, ha vuelto a actuar como muro de contención para los intereses de ciertos sectores del poder. Esta vez, al declarar improcedentes las denuncias constitucionales contra los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que votaron por la restitución de Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, a pesar de las evidentes irregularidades en el proceso y la ausencia de unanimidad.
El blindaje es evidente: mientras la misma SAC sí decidió abrir investigación contra los miembros de la Junta de Fiscales Supremos por una controversia similar, a la JNJ se le concede impunidad institucional. Esta doble vara confirma la falta de coherencia y la clara intencionalidad política de las decisiones parlamentarias.

Las denuncias rechazadas fueron presentadas por los congresistas Alfredo Pariona (Bancada Socialista) y Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo). Acusaban a los magistrados de la JNJ de usurpación de funciones, avocamiento indebido y abuso de autoridad, al intervenir en decisiones que, según sus críticos, correspondían exclusivamente al ámbito del Ministerio Público y no al de la JNJ.
Los magistrados protegidos por el Congreso son Gino Ríos Patio (presidente), María Teresa Cabrera, Jaime De La Puente, Víctor Hugo Chanduví, Germán Serkovic y César Cayo Galindo. Todos ellos firmaron la resolución que repuso no solo a Benavides Vargas, sino también a la fiscal Azucena Solari y a la jueza Enma Benavides Vargas.
Pero el escándalo no termina ahí. El acta de la sesión extraordinaria en la que se decidió la reposición confirma que no hubo unanimidad, ya que el magistrado Francisco Távara no participó. Peor aún, la secretaria general de la JNJ, Giovanna Díaz, no fue convocada a la reunión, lo cual ella misma dejó consignado en el acta. Esta omisión plantea serias dudas sobre la legalidad de la sesión y abre la puerta a sospechas de manipulación institucional.
A pesar de estos hechos, el Congreso prefirió mirar hacia otro lado. Lo que debió ser un acto de fiscalización y defensa del orden constitucional terminó siendo otro ejemplo más de cómo las instituciones se protegen entre sí, incluso a costa de la legalidad y la confianza ciudadana. El blindaje a la JNJ por parte de la SAC deja una pregunta inquietante en el aire: ¿a quién sirve realmente el Congreso?
Política
MML derrochó más de 9 millones de dólares en estudio de abogados para luego despedirlo
Gestión de López Aliaga responsabilizó al estudio Foley Hoag LLP de perder los dos laudos arbitrales, acusándolos de omitir información que lo vincularía con Brookfield, empresa matriz de Rutas de Lima.

Plata al agua o al charco, para ser más precisos cuando se habla del alcalde de Lima. Como el dinero no sale de su bolsillo y sí de todos los peruanos, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encabezada por el errático y explosivo Rafael López Aliaga, decidió dar por terminado el vínculo contractual que tenía con el estudio de abogados Foley Hoag LLP, alegando que la firma estadounidense le habría omitido información relevante relacionada a su cercanía con Brookfield, empresa matriz de Rutas de Lima.
Cabe mencionar que en la actualidad la MML y Rutas de Lima tienen un conflicto legal derivado de la cancelación del cobro de peajes de parte de la empresa concesionaria, la cual le viene exigiendo a la comuna capitalina el pago de más de 200 millones de dólares.
Según documentos judiciales y registros de contrataciones del Estado, la MML suscribió cuatro contratos con Foley Hoag LLP, tres durante el mandato del exalcalde Jorge Muñoz y uno bajo la administración de López Aliaga. La comuna destinó más de US$ 8 millones en tres procesos arbitrales que terminó perdiendo, y un contrato adicional por US$ 1.6 millones en 2024 para frenar la ejecución de los fallos. Esta última contratación fue anulada tras revelarse un conflicto de interés no declarado.
El municipio alega que Foley Hoag LLP ocultó que también representaba a Brookfield Asset Management, empresa matriz de Rutas de Lima, mientras defendía a la comuna en procesos contra dicha concesionaria. Esta falta de transparencia habría condicionado la estrategia legal y perjudicado gravemente a la municipalidad que dirige ‘Porky’.
“El conflicto de intereses no divulgado de Foley contaminó su representación de MML, y los resultados fueron devastadores”, se lee en el escrito presentado ante la Corte de Columbia por el nuevo estudio defensor, Boies Schiller Flexner LLP. En este documento se exige anular la sentencia que valida los laudos arbitrales por US$ 200 millones, alegando que Foley Hoag omitió recursos clave para proteger a la comuna.

A la fecha, la Corte de Apelaciones ya ha ratificado la validez de los laudos arbitrales, pero la MML aún espera una decisión de la jueza de primera instancia en EE. UU. que podría cambiar el rumbo de este escándalo legal y financiero.
Política
¿A quién beneficia la millonaria compra de aviones de guerra?
¡Escandalo! en vez de invertir en hospitales, cárceles o vías de transporte, el gobierno destina más de S/ 13 mil millones a aviones de guerra sin enemigo a la vista. Una decisión desconectada de las prioridades nacionales, que podría esconder millonarios negociados oscuros antes de dejar el poder.

Esta semana se confirmó: la presidenta Dina Boluarte ha decidido endeudar al Estado peruano por la exorbitante suma de 3,500 millones de dólares para adquirir 24 aviones de caza ‘Gripen E’ a la empresa sueca Saab. En un país que no enfrenta ninguna amenaza bélica real, este acuerdo resulta escandaloso, cuestionable y oportunamente silencioso. ¿Por qué ahora? ¿Para qué esta compra? ¿Y a quién realmente beneficia?
El argumento oficial es que esta adquisición forma parte del proyecto de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La presidenta Boluarte Zegarra, flanqueada por el comandante general de la FAP, Carlos Chávez, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el premier Eduardo Arana, justificó el grosero gasto alegando que es una “decisión histórica” para “garantizar la paz mediante la disuasión”. ¿alguien puede creer eso?

Pero mientras la mandataria se alista para abandonar Palacio de Gobierno –como ya lo han hecho otros expresidentes–, deja atado al país a un endeudamiento que se pagará hasta 2050, y que no prioriza las verdaderas urgencias nacionales.
Gastos de guerra en tiempos de crisis
Dina Boluarte anuncia con orgullo esta compra, al tiempo que su propio gobierno apenas ha destinado 800 millones de soles para construir cinco penales en todo el país. Es decir, solo una fracción mínima de lo que costarán estos aviones, en un país donde el hacinamiento carcelario, la inseguridad ciudadana y la falta de infraestructura penitenciaria son un clamor nacional.
¿Por qué no destinar esos 3,500 millones de dólares a construir al menos 30 o 40 nuevos penales a nivel nacional, mejorar hospitales colapsados y construir decenas de estos, o cerrar la brecha de infraestructura educativa? ¿cuántas líneas de Metro de Lima se podrían implementar con esa millonada de dinero? ¿O es que existe un interés oculto detrás de este contrato con Saab?

Un proveedor cuestionado
Saab, la compañía sueca elegida por el gobierno peruano, está actualmente bajo investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. por su venta de aviones a Brasil en 2014. El caso, conocido como Operación Zelotes, involucró presuntos sobornos y tráfico de influencias, nada menos que con participación del actual presidente brasileño Lula da Silva y su hijo. Aunque el proceso fue archivado en Brasil, las investigaciones internacionales siguen en curso.
No se trata solo de antecedentes incómodos. Saab ha ofrecido “compensaciones legales” al Perú bajo el esquema offset, que supuestamente incluiría transferencia tecnológica y eventuales inversiones en sectores no militares. En teoría, suena bien. Pero en la práctica, es un terreno fértil para sobrecostos, contratos opacos y beneficios indirectos para actores políticos y empresariales.
Más aún: se ha revelado que parte de los aviones podrían ser ensamblados en Brasil, desde una planta inaugurada en 2023, lo que supondría una preocupante dependencia tecnológica y logística del Perú respecto al gobierno de Lula da Silva, un actor político que ya ha sido señalado por su participación directa en la anterior venta de Saab y que calificó como “intromisión” las investigaciones internacionales.

Un Congreso cómplice
Este endeudamiento no sería posible sin la venia del Congreso de la República, que aprobó el financiamiento en dos tramos: 2,000 millones de dólares en 2025 y 1,500 millones en 2026, utilizando deuda interna del Banco de la Nación. El plazo de pago será de entre 18 y 24 años. ¿Por qué un Congreso tan crítico del gasto público autoriza sin mayor resistencia esta compra? ¿Cuáles son los intereses detrás?
Esta práctica de dejar “herencias envenenadas” se repite peligrosamente. El exencargado de Palacio de Gobierno, Francisco Sagasti comprometió al país en deudas a 100 años por vacunas y compras durante la pandemia, sin rendición de cuentas claras. Más recientemente, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha endeudado a la Municipalidad Metropolitana de Lima por más de 4,000 millones de soles, comprometiendo a sus sucesores durante los próximos 20 años.
Una ‘disuasión’ sin enemigo
El argumento de la “disuasión” esgrimido por el viceministro de Políticas para la Defensa, César Torres, no resiste un análisis serio. Perú no enfrenta amenazas bélicas ni tiene conflictos armados en el horizonte. En cambio, sí vive una guerra interna contra la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad judicial. Es en esos frentes donde urge invertir.
Invertir miles de millones de dólares en armamento sin enemigo visible es no solo irresponsable: es un acto de desconexión total con las prioridades nacionales, y podría esconder negociados oscuros en nombre de la defensa nacional. Se repite así la historia de gobiernos que, antes de irse, amarran contratos millonarios para beneficios ajenos a los intereses del pueblo.
El legado de Boluarte: deuda, armas y desconfianza
No cabe duda que Dina Boluarte pasará a la historia como una mandataria sin respaldo popular, que accedió al poder por la vía sucesoria, que ejerció con represión y terminó comprometiendo el futuro económico del país en acuerdos sin consenso ni transparencia.
La compra de aviones de guerra en tiempos de paz, sin consulta pública, sin licitación internacional abierta y con un proveedor extranjero bajo investigación, es más que una mala decisión política: es una afrenta al pueblo peruano, que exige justicia, desarrollo y seguridad real, no fantasmas de guerra ni herencias de deuda.
¿Quién se beneficia de este negocio? Esa es la pregunta que el país debe hacerse ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Política
Perú Libre presenta PL para que solo jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar a funcionarios de alto rango
Iniciativa presentada por el congresista Américo Gonza pretende realizar importantes cambios en el Código Procesal Penal.

No les gusta ser investigados y ahora pretenden elegir quiénes les pueden investigar. La bancada de Perú Libre cuenta con bastantes de sus integrantes con investigaciones abiertas, ya sea por sus vínculos con ‘Los Niños’, acusados de ser ‘Mochasueldos’, y demás barbaridades al momento de votar en el hemiciclo, y ni qué decir de sus antiguos miembros que terminaron desperdigados en distintas bancadas. Igual ellos tienen ‘rabo de paja’.
Como les incomoda que la justicia nacional esté a todo momento detrás de ellos, el congresista perulibrista Américo Gonza ha presentado el Proyecto de Ley (PL) n.° 11750/2024-CR, el cual propone modificar varios artículos del Código Procesal Penal para que solo los jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar y juzgar a los altos funcionaros comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política, es decir, el presidente de la República, los parlamentarios, ministros de Estado, magistrados supremos y otros altos cargos.
De acuerdo a la iniciativa, se busca modificar artículos 44, 450, 451, 452 y 453 del Nuevo Código Procesal Penal para excluir a magistrados provisionales o supernumerarios de los procesos, pues, según el congresista Gonza, el objetivo es “asegurar un proceso penal transparente, imparcial y libre de cualquier influencia o presión política”. Esto debido a que, actualmente, la mayoría de jueces y fiscales son provisionales, lo que no ofrecería “garantías de autonomía e independencia”.
«La provisionalidad, al no estar amparada por la estabilidad que otorga la titularidad, puede propiciar una vulnerabilidad institucional, en tanto los fiscales provisionales, por el temor de ser removidos o no confirmados en sus cargos, podrían actuar condicionados por intereses externos, particularmente en investigaciones de alta carga política», sostiene el legislador cajamarquino.

En otras palabras, Gonza sostiene que los fiscales provisionales, al no tener un puesto seguro, pueden ser influenciados por la presión política o son más susceptibles a la agenda mediática y brindar una decisión «imparcial». «Esto por estar condicionadas por la necesidad de conservar el cargo o satisfacer a quienes tienen el poder de nombramiento o remoción», anota el proyecto.
Para sustentar su propuesta, el proyecto presenta una comparativa de la cantidad de fiscales provisionales frente a los titulares. Según ello, en 2023, de 8,338 fiscales, 4,662 eran provisionales y solo 3,676 titulares. «Mientras las plazas provisionales han aumentado en más de 1,400 en los últimos cinco años, el número de fiscales titulares ha disminuido», indican.

Política
El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez
El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.
El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.
Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.
El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.
Política
Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios
¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.
Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.
El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.
Conducir bajo influencia del alcohol es delito
Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.
El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.
economía
Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal
Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.
A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.
En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.
Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.
Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

La postura del Banco de la Nación
En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.
En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.
Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.
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