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MÉXICO: EL NEGOCIADO DE LA RECONSTRUCCIÓN

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Darwin Gonzales, corresponsal en Ciudad de México.

En solo segundos pueden terminar por estallar las grietas del sistema, y esto es justamente lo que ha sucedido en México. Hace 32 años sufría uno de los terremotos más devastadores de su historia, donde miles de personas perdieron la vida bajo los escombros y millones quedaron damnificados producto de ciudades construidas sobre la pobreza, la corrupción y la especulación.

Décadas después el pueblo mexicano ha vuelto a sufrir dos movimientos telúricos, además de feroces tormentas que ya venían azotando la zona del golfo. Estos acontecimientos desenmascararon un régimen de explotación que condena a millones de familias a sufrir las peores consecuencias de una sociedad organizada sobre el robo y la miseria.

Las zonas más pobres del sur de México han quedado prácticamente destruidas: Oaxaca, Chiapas y Tabasco fueron los Estados más afectados en el sismo del 9 de septiembre. Díez días después se remeció las ciudades del centro del país, provocando catastróficos daños en Morelos, Puebla y la capital mexicana. Miles de viviendas, colegios, hospitales, puentes, carreteras quedaron destruidos o inaccesibles, dejando al menos 500 muertos, 12 millones de damnificados y un millón de personas sin casa.

EDIFICACIONES PRECARIAS

Si bien el capitalismo no es responsable de los terremotos, sí es responsable de las edificaciones precarias que la naturaleza derriba con facilidad. Mucho antes del desastre, miles de denuncias fueron presentadas por violaciones a las normas de urbanización ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

Investigaciones han determinado que las principales causas del colapso de las ciudades se debe a la utilización de materiales de mala calidad, edificaciones que no siguieron las normas básicas de construcción e inspecciones fraudulentas de las obras como reconoció la misma alcaldesa de Juchitán (Oaxaca): “como nunca [!] Hubo un sismo de tal magnitud, no había ninguna cuestión estricta en las reglas de construcción”. Son innumerables también los casos de viviendas que si bien soportaron el sismo del 85, debían ser reconstruidas pero solo fueron “remodeladas” para luego ser rentadas o vendidas. Informes realizados por investigadores de la UNAM indican que el 98% del daño en las viviendas de colonias pertenecientes a la delegación Tláhuac se produjeron por grietas, hundimientos y colapsos identificados antes de los sismos de septiembre.

Muchos casos han puesto en evidencia los intereses privados de constructoras o inmobiliarias que no tomaron las precauciones debidas. Prueba de esto es el trágico derrumbe del colegio Rébsamen en Coyoacán que sepultó a casi 20 niños bajo una estructura precaria avalada por la corrupción. Lo mismo sucedió con un edificio que colapsó solo nueve meses después de inaugurado, en la colonia Portales Sur donde murieron dos empleadas, y con una fábrica textil de la colonia Obrera cuyo derrumbe dejó bajo sus escombros a una decena de trabajadoras.

Dentro de la infraestructura dañada del país se cuentan más de 180 mil viviendas que quedaron destruidas o inhabitables. Esto ha agravado aún más el serio problema de la vivienda en México, donde la población vive prácticamente hacinada con graves problemas de salubridad. En el campo, además de no contar con acceso a los servicios básicos, las estructuras son de más baja calidad y provoca menos interés gubernamental, factores que dan como resultado una mayor destrucción (más de 122 mil viviendas destruidas solo entre Chiapas y Oaxaca); pero debido a la más alta concentración poblacional en las ciudades, en estas el número de fallecidos fue mayor.

El problema de la vivienda ha afectado siempre a las clases explotadas, y son estas quienes terminan sufriendo las peores consecuencias de una calamidad. Como resultado del desarrollo capitalista, grandes masas del campo son arrojadas a las ciudades, huyendo de la miseria provocada por la ruina de sus cosechas. Sus mercancías ya no se venden como antes, los precios son fijados de acuerdo con la gran producción industrial. Y en la fase actual del capitalismo los precios quedan fijados por los monopolios transnacionales y sus acuerdos comerciales haciendo quebrar al productor nacional. El pequeño campesino tiene que marcharse forzado a dejar su vivienda que en algún momento le significó una posición relativamente estable pero que le quita libertad de movimiento para obtener trabajo y no morir de hambre.

México es uno de los primeros países que fue encadenado a los tratados de libre comercio con el imperialismo norteamericano (TLCAN – 1992-94), provocando la devastación del campo; las importaciones en el sector agroalimentario se cuadruplicaron en 20 años. En 1991 antes del TLCAN el país importaba 1.5 millones de toneladas de maíz, pero en el 2016 esta cifra aumentará a 13,8 millones de toneladas importadas exclusivamente de Estados Unidos. Por otro lado, décadas atrás la población rural casi triplicaba a la urbana, pero en la actualidad no llega ni al 20%, quedando las zonas de cultivo en manos de campesinos pobres y un puñado de empresarios agrícolas.

La Zona Metropolitana del Valle de México es una de las más pobladas del continente, expresión de la oposición entre el campo y la ciudad. El capitalismo no solo está impedido de resolver esta contradicción, sino que la profundiza; la distancia entre la producción agrícola e industrial hace imposible un reparto adecuado de la población. Así, el atraso tecnológico y la precaria infraestructura del campo para enfrentar cualquier desastre tienen su complemento en la amenazante sobrepoblación de la ciudad donde el número de víctimas suele ser mayor.

El modo de producción capitalista ha arrojado a millones de familias en el umbral del riesgo latente frente a las adversidades de la naturaleza. Ningún plan de reformas puede sanear esta gran falla estructural en la medida que la producción social se halle sometida al plan de enriquecimiento de la burguesía. Solo con los trabajadores en el poder, se podrá elaborar un plan de reordenamiento poblacional racional y en función a las necesidades sociales. Las grandes mansiones que ocupan los capitalistas podrán ser confiscadas de la misma forma que hoy, bajo el capitalismo, los bancos les quitan sus casas a los que no pagan sus criminales intereses.

EL NEGOCIADO DE LA CONSTRUCCIÓN

La construcción de infraestructura en las ciudades se encuentra tan subordinada a las necesidades del capitalismo como lo está la construcción de fábricas para producir mercancías. La extracción, procesamiento y traslado de estas requiere las mejores condiciones y la mayor eficacia a costos muy reducidos. Así, con la industria de la construcción, la burguesía tiene otra forma robarle a la clase trabajadora de la mano de sus políticos corruptos.  La gobernación de Ciudad de México destacó un crecimiento de 27% en esta industria que ha venido haciendo lucrativos negocios en la construcción de puentes, autopistas, carreteras y puertos dispuestos al servicio del comercio de las transnacionales para trasladar los recursos extraídos del país. En eso consiste precisamente el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) de la administración de Peña Nieto, que aumentaría la cantidad de carga en los puertos de 260 millones de toneladas cada año a más de 520 millones. Es decir, se duplicará el transporte de las mercancías del saqueo transnacional, mientras, el sistema de transporte público sigue siendo uno de los más caóticos e inseguros del continente.

Dentro de las “zonas estratégicas” para la inversión que contempla el PNI se encuentran diversos sectores desde las comunicaciones hasta el turismo, pasando por la salud y la vivienda. De hecho, uno de los principales proyectos que se planean es la extracción del gas, cuyas reservas ya se han venido rematando a las transnacionales. En este sentido, la administración estatal ha procurado ofrecer las mejores condiciones para la depredación extranjera, casi duplicando las adjudicaciones directas, esto es, las contrataciones estatales a empresas privadas exclusivas o mediante licitaciones cerradas con una cartera de empresas exclusivas.

México es, según la CEPAL, el país con mayor flujo financiero ilícito en América Latina, y el gobierno priista ha tenido casos de corrupción verdaderamente escandalosos como la red mafiosa descubierta en Veracruz, donde se robaron el dinero destinado a la construcción de hospitales, colegios y otros servicios mediante empresas fantasmas o licitaciones simplificadas, es decir los funcionarios escogían las empresas que debían “competir”. Cuando salieran a la luz estos negociados el ex gobernador de Veracruz se dio a la fuga y fue capturado posteriormente en Guatemala. Estas redes de corrupción se vienen descubriendo en todos lados, como el caso de la constructora brasileña Odebrecht que ha terminado con sus ejecutivos en prisión y con ex presidentes investigaciones por corrupción en Brasil, Perú, entre otros países.

La burguesía sabe, igualmente, lo rentable que le resulta el negocio de la construcción de viviendas y por eso las inversiones en este sector se han duplicado en los últimos cinco años. Los desarrolladores inmobiliarios aumentaron 30% su inversión en el 2017, teniendo como principales proyectos la construcción habitacional. Solo en Ciudad de México se planea construir 40,000 viviendas en “interés social” para el 2018. Donde hay una necesidad, hay un buen negocio esperando. El que las viviendas tengan costos menores para cierto sector de la población no modifica en absoluto el enorme beneficio que representa para la burguesía: “desde el momento en que una reforma ahorrativa se generaliza, el obrero recibe un salario mermado en la misma proporción en que este ahorro le permite vivir más barato…Así, cuanto más economiza, menos salario recibe. No economiza, pues, en su propio interés, sino en interés del capitalista” (F. Engels). Es decir, si el trabajador gastara hoy menos en comprar su casa, terminará recibiendo mañana menos paga en la misma proporción.

La construcción de viviendas resulta, pues, un gran negocio. Los precios de los inmuebles son más altos en la medida que nos aproximamos al centro de las grandes ciudades, allí la burguesía obtienen grandes utilidades de la venta y alquiler de departamentos, oficinas y centros comerciales, hacinando a las clases bajas en los márgenes de la civilización urbana. Sin embargo, los grandes bancos e inmobiliarias no dejan de hacer negocios incluso en los barrios perdidos, con créditos basura o alquileres “accesibles”. Y esto sucede con el aval del Estado, que ha venido promulgando leyes que exoneran de impuestos a estas empresas y les garantizan seguridad jurídica para sus inversiones especulativas, convirtiendo a México en un verdadero paraíso inmobiliario.

Según un estudio elaborado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), sobre la demanda de vivienda se otorgaron más de dos millones de créditos entre los años 2015 y 2016, teniendo como principal institución ofertante al INFONAVIT. Esta institución tripartita, es decir, donde aportan trabajadores, capitalistas y el Estado, fue lucrativamente reformada para establecer una tasa de interés fija anual del 12%, que ha llegado a superar incluso las tasas de la banca privada. Sin embargo, bancos extranjeros también se están beneficiando de este negociado por medio de su asociación con el INFONATIV. Por último, estos elevados intereses terminaron siendo impagables y muchos trabajadores se han visto obligados a abandonar sus casas, víctimas de esta estafa capitalista.

EL NEGOCIADO DE LA RECONSTRUCCIÓN

Si la burguesía hace negocios con la construcción, también lo hace con la reconstrucción de las ciudades destruidas por su precariedad. Todo el plan de reconstrucción capitalista consiste en endeudar más a la población otorgando “créditos especiales” impagables. A los maestros de Oaxaca, luego del sismo del siete de septiembre, el gobierno les ofreció prestarles 30 mil pesos para la reconstrucción de sus viviendas luego de condenarlos a la miseria y masacrarlos por luchar contra la privatización de la educación que ahora se impone quitando el financiamiento a siete universidades públicas. Peor aún, hace poco se aprobó el aumento de impuestos a los trabajadores, haciéndonos recordar el gasolinazo de principios de año que despertó la ira del proletariado.

La burguesía y sus partidos políticos (PRI, PAN, PRD, MORENA, etc.) pretenden dar solución al problema de la reconstrucción con las mismas herramientas del lucro capitalista. Ante la crisis de alimentos no le van a tocar ni un pelo a las grandes transnacionales que han venido especulando con la necesidad de la población. Danone, Coca Cola y Pepsico controlan el 84% del mercado del agua a nivel nacional, y han aprovechado esta tragedia para aumentar sus ventas debido a la mayor demanda. Además, Coca Cola obtiene el agua de Chiapas, precisamente uno de los Estados de México más dañados con el terremoto; esta transnacional viene haciendo negocios millonarios desde los 90 y se sabe que incluso el ex presidente Vicente Fox fue directivo de la compañía. Sus cínicas donaciones “solidarias” solo son una buena inversión publicitaria que además los libera del pago de impuestos.

Durante años los centros comerciales Walmart, Chedraui, Comercial Mexicana y Soriana han tenido fantásticas ganancias, aunque también habría que agradecerles miles de despidos. Por su parte, la Confederación Patronal (COPARMEX) dijo que para el Estado “no hay ninguna obligación de la reconstrucción de las viviendas de las personas damnificadas. Se oye frío pero es la verdad. El gobierno tiene la obligación [solo] de proveer infraestructura, salud y educación”. Esta es el verdadero rostro de la burguesía. Partidos burgueses “progresistas” como MORENA, ofrecieron el dinero de su campaña electoral para la reconstrucción del país, impulsando a los demás partidos a hacer lo mismo, sin embargo, ninguno de estos políticos está realmente en contra del jugoso negocio de las inmobiliarias, las cadenas farmacéuticas o los grandes bancos que dominan la nación. ¿De dónde salen los fondos públicos que financian sus campañas, si no es de la explotación de millones de trabajadores? Lo que realmente quieren decir es: reconstruiremos el México de los ricos con las cuentas de los pobres.

 

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Gobierno Regional de Loreto intensifica mantenimiento de la carretera Iquitos-Nauta y exige mayor apoyo del Ejecutivo

Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto.

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El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), ha intensificado las labores de mantenimiento rutinario en la carretera Iquitos – Nauta, una de las principales vías terrestres de la región amazónica. Las acciones, que comprenden la limpieza de malezas, desbroce de áreas invadidas por la vegetación, limpieza de cunetas y bacheo en zonas críticas, forman parte de una estrategia de conservación de esta importante arteria vial que conecta la capital regional con el distrito de Nauta.

Según lo anunciado por el gobierno regional, el mantenimiento de esta vía es considerado una prioridad, no solo por su relevancia para el tránsito de personas y mercancías, sino también porque es una de las pocas rutas terrestres que permite una conexión directa entre poblaciones del interior de Loreto. La Amazonía, caracterizada por su geografía compleja y dispersión territorial, depende en gran medida del buen estado de sus carreteras para facilitar el acceso a servicios básicos, el comercio local y la reactivación económica de la región.

El Dr. Pío Flores, gerente de la GRTC, informó que, además del mantenimiento rutinario, su despacho viene desarrollando los estudios técnicos necesarios para el mejoramiento integral de la carretera Iquitos-Nauta. “No solo se trata de parchar huecos o limpiar los bordes. Esta vía necesita una intervención mayor, y estamos trabajando en los estudios que lo permitan. Pero sin apoyo del Gobierno central, será difícil avanzar”, declaró Flores.

En ese sentido, el funcionario hizo un llamado enérgico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional Descentralizado, así como al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que asignen mayores recursos al Gobierno Regional de Loreto y a las municipalidades locales. “Con los escasos recursos que tenemos, hacemos lo posible por mantener nuestras vías transitables. Pero esto no puede recaer únicamente en los gobiernos regionales. El Estado debe entender que la conectividad en la Amazonía es una cuestión de urgencia y justicia territorial”, agregó.

La carretera Iquitos-Nauta, que ha sido históricamente afectada por el abandono y las inclemencias del clima, representa una línea vital para más de 120 mil personas que habitan en los distritos adyacentes. En épocas de lluvia intensa, muchas de sus zonas quedan prácticamente intransitables, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y limita el traslado de bienes de primera necesidad.

El Gobierno Regional de Loreto reitera su compromiso con el desarrollo vial de la región y continuará ejecutando labores de mantenimiento mientras gestiona el financiamiento necesario para proyectos de infraestructura más sostenibles. La ciudadanía espera que las autoridades nacionales escuchen este llamado y que, por fin, la selva deje de ser olvidada en el mapa de prioridades del Estado peruano.

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‘Cajuela’ de motorizados de delivery deberá estar fijada al chasis del vehículo

Quienes brinden servicios deberán empadronarse en el “Registro Nacional de Envíos de Entrega Rápida” de lo contrario ya no podrán circular, y deberán contar con DNI o carné de extranjería, domicilio y correo electrónico, domicilio del representante legal y partida de inscripción registral de la empresa. Asimismo, los motorizados no podrán llevar acompañantes.

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Las cajuelas portátiles que aún llevan en sus espaldas los miles de repartidores motorizados del servicio delivery que circulan por todo el país, están con las horas contadas, debido al reciente Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril, que aprueba medidas específicas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. El mismo que establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades.

Es decir, a partir del 17 de mayo de 2025, todos los repartidores de delivery, ya sean personas naturales o vinculadas a empresas o aplicaciones, están obligados a registrarse, en el «Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida», parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT).

Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril.

Requisitos para registrarse como repartidor delivery

El registro incluye a conductores de motocicletas, bicimotos y bicicletas. Estos deberán cumplir con requisitos como presentar su DNI o carné de extranjería, licencia de conducir, placa del vehículo, SOAT vigente y certificado de inspección técnica, cuando corresponda.

-Nombre, razón o denominación social.

-Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

-El domicilio y correo electrónico de la persona natural o jurídica solicitante.

-De corresponder, el nombre y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral de la empresa solicitante y de las facultades del representante legal de la persona jurídica.

-Nombre, documento nacional de identidad o carné de extranjería y número de licencia de conducir del (los) conductor(es) que se solicita habilitar, cuando corresponda.

-El número de las placas de rodaje de los vehículos que se solicita habilitar, cuando corresponda, señalando que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el presente reglamento.

-Contar con certificado SOAT y certificado de inspección técnica vehicular vigente, cuando corresponda.

-Número de operación de pago por derecho de trámite.

También se exigirá una declaración jurada donde se comprometan a no llevar acompañantes y a transportar los paquetes en cajuelas, salvo en el caso de bicicletas.

Se acabaron ‘cajuelas portátiles’ adheridas en espaldas de motorizados

En uno de los preceptos del Decreto Supremo en mención se indica las condiciones técnicas específicas que en lo sucesivo se exigirá a los motorizados repartidores del servicio de delivery

Artículo 24-A.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte de envíos de entrega rápida

24-A1 Sólo se puede destinar al servicio de transporte de envíos de entrega rápida vehículos que correspondan a la categoría L subcategorías L1 y L3 del ANEXO I. CLASIFICACIÓN VEHICULAR del RNV y bicicletas. 24-A.2 Los vehículos de la categoría L subcategorías L1 y L3 deben contar con los siguientes elementos, características, equipamientos o dispositivos:

a. Sistema de frenos;

b. Sistema Sonoro;

c. Láminas retrorreflectivas;

d. Alumbrado delantero y trasero; y

e. Cajuela para reparto de mercancía, en la cual debe consignarse la Placa Única Nacional de Rodaje y ser fijada al chasis posterior del vehículo.

Motorizados tampoco podrán viajar con acompañante durante estado de Emergencia.

Si repartidor no tiene moto, deberá tener ‘contrato de arrendamiento’

La norma contempla situaciones en las que el repartidor no sea propietario del vehículo. En estos casos, se deberá presentar un contrato de arrendamiento que indique expresamente que el vehículo será usado para entrega de pedidos. Este documento será validado por las municipalidades provinciales, que deberán verificar que el arrendador sea el dueño legítimo.

Vehículos permitidos para el servicio de delivery

-Motocicletas: Cilindrada mayor a 50 cm3. Velocidad máxima mayor a 50 km/h

-Bicimotos: Cilindrada de hasta 50 cm3. Velocidad máxima de 50 km/h

-Bicicletas: De todo tipo

Adicionalmente, los conductores deberán participar en capacitaciones dictadas por las municipalidades provinciales sobre calidad de servicio, normativas de tránsito y seguridad vial. El incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos podrá generar sanciones severas.

Repartidores que no cumplan con la norma pagarán más de S/ 4 mil

Las infracciones por operar sin estar registrado, o por no cumplir las condiciones establecidas serán consideradas «Graves» o «Muy Graves». Cada falta está sujeta a una multa de 0.8 UIT, equivalente a S/ 4.280, además del decomiso del vehículo y su internamiento.

Entre las infracciones figuran: prestar el servicio sin autorización, transportar mercancías fuera de la cajuela, llevar acompañantes, utilizar vehículos sin las condiciones técnicas exigidas o manejar con una licencia vencida, suspendida o no correspondiente.

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Fallece periodista Álamo Pérez – Luna a la edad de 61 años

Un año atrás, polifacético comunicador había indicado que le habían extirpado un tumor maligno en el riñón.

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Fue su hijo Sergio Pérez – Luna quien confirmara el sensible fallecimiento de su padre Álamo, destacado periodista que trabajara para distintas casas televisivas, así como en medios escritos.

La noticia de su partida ha ocasionado que distintas figuras del gremio de comunicadores escribieran con mucho pesar, recordándolo por su estilo crítico y frontal.

Aunque no se han dado detalles oficiales sobre la causa exacta de su fallecimiento, se presume que estuvo relacionada con las complicaciones derivadas de la enfermedad que lo aquejaba. Y es que el propio periodista, en mayo del año pasado, publicó en su cuenta de Twitter que había estado internado en el hospital Edgardo Rebagliatti por caso tres semanas.

“Del 29 de abril a este 18 de mayo he estado internado en el Hosp. Rebagliati. Me descubrieron un tumor maligno (cáncer) en el riñón y lo extirparon. Estoy en reposo absoluto hasta dentro de varias semanas. Gracias a los profesionales del Rebagliati y a todo el personal. Gracias.”, escribió entonces.

Sus restos serán velados hoy a partir de las 2 p.m. en el velatorio n.° 4 del hospital Edgardo Rebagliatti.

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Sodalicio acata orden del Vaticano y queda oficialmente suprimida

Tras décadas de denuncias por abuso sexual, psicológico y físico, el Vaticano ha puesto fin al Sodalicio de Vida Cristiana.

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Perdieron el rumbo en el camino y hoy les toca acatar la orden directa del Santo Padre. El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha dejado de existir oficialmente desde ayer, luego de que el superior general de la comunidad firmara el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical.

La disolución fue confirmada por el propio SVC a través de un comunicado en su sitio web.

La decisión, aprobada por el papa Francisco, pone fin a una institución marcada durante años por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes, perpetrados por sus líderes y fundadores.

“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión”, señala el comunicado.

En el mismo documento, el disuelto grupo pide perdón por los maltratos y abusos cometidos en la comunidad.

“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas; les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, señala el texto.

Asimismo, se da a conocer el nombramiento de monseñor Jordi Bertomeu Farnós como comisario apostólico, encargado de la ejecución del proceso de supresión.

Previo a la entrega del decreto de disolución, se identificaron las propiedades y fundaciones vinculadas al Sodalicio con el fin de evaluar su destino como parte del proceso de reparación a las víctimas y el sustento de los miembros que dependían de la comunidad.

Como se recuerda, hace dos décadas surgieron denuncias de exmiembros que fueron profundizadas por investigaciones periodísticas, las cuales expusieron los abusos sistemáticos perpetrados por su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari, quien fue finalmente expulsado del grupo en agosto de 2024.

Luis Fernando Figari, uno de los fundadores del Sodalicio. Foto: archivo GEC.

El dato:

El SVC se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del papa Francisco emitida en enero de 2025.Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.

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El hampa chalaca quiere erradicar a los extorsionadores venezolanos con sus propias manos [VIDEO]

Delincuentes del primer puerto indicaron que extranjeros han “roto” todos los códigos del bajo mundo.

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En el mundo donde la bala suena primero que la palabra, sangre con sangre se paga. Ni cuarenta estados de emergencia decretados por Dina Boluarte han hechos temblar a los extorsionadores extranjeros ante la reciente advertencia del hampa del primer puerto, quienes furiosos de que los foráneos empiecen a meterse con los ciudadanos del Callao, cobrándoles cupos, han rastrillado sus armas para lanzarles una durísima advertencia.

Y es que bien saben los delincuentes extranjeros que con otras mafias no se puede ‘negociar’ como con algunas autoridades, salvo tengan un interés en común, ahora vienen analizando a detalle qué tan ciertas sean las amenazas del hampa chalaca.

Uno de sus líderes, a través de una filmación, advirtió a todos los extranjeros que “han desatado una guerra abierta”, al considerar que se han equivocado de zona para extorsionar. “Ya no te vamos a tolerar ni una. Aquí estamos los chalacos, una sola idea, compadre. Todos contra todos ustedes”, se llega a escuchar en el video.

Advierten a venezolanos no ingresar al Callao

El discurso se ha extendido como una consigna en los barrios más convulsos del puerto. En Carrillo Albornoz, uno de los jirones con mayor presencia policial, los vecinos reconocen que el temor a una guerra declarada es cada vez más tangible. “Cualquiera que esté ahí lo veamos haciendo delivery, así lo vamos a bajar también”, dijo un encapuchado durante la grabación.

Las amenazas no solo se limitan a los miembros de bandas extranjeras. El mensaje apunta a cualquier ciudadano extranjero, incluso aquellos sin vínculos delictivos. “Sabemos que también hay venezolanos que trabajan, pero lastimosamente justos por pecadores, y así va a ser”, sostuvo uno de los pandilleros entrevistados por el equipo de Panorama.

Al parecer, dentro de estos días o semanas, se verán teñidas de sangre las calles del primer puerto, consecuencia directa de la inoperancia del gobierno de Dina Boluarte que continúa repitiendo todos los días que se encuentra luchando contra la delincuencia, bien sentada en su denominado ‘Cuarto de Guerra’, pero sin salir a recorrer las calles más álgidas de Lima y Callao.

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Metro de Lima: Cierran estaciones La Cultura y Nicolás Arriola por persona herida en rieles [VIDEO]

Como es habitual, la Línea 1 del Metro de Lima ha emitido un comunicado indicando que el cierre temporal se debe a un “incidente ajeno a su operación”. Sin embargo, cada cierto tiempo aquellos incidentes consisten en intentos de suicidios de personas que fortuitamente deciden arrojarse a los rieles de la vía ante la inoperancia de los miembros de seguridad.

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Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes 14 de abril, se reportó un nuevo incidente en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo a la información preliminar, una persona resultó herida y fue evacuada al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, como es habitual, a través de un comunicado ambiguo, el servicio de transporte público anunció el cierre temporal de las estaciones La Cultura y Nicolás Arriola, indicando que dicho cierre se debe a un incidente ajeno a su operación, evitando informar las verdaderas razones de la suspensión.

Es decir, el servicio de trenes se ha restringido de la siguiente manera: Desde Villa El Salvador hasta San Borja Sur y desde Bayóvar hasta Gamarra.

No habrá circulación de trenes entre San Borja Sur y Gamarra, por lo que las estaciones afectadas no ofrecerán servicio al público.

Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima.

Las autoridades del Metro de Lima recomiendan a los usuarios considerar otros medios de transporte para sus desplazamientos y agradecen la comprensión del público. Además, solicitan seguir las indicaciones del personal en estaciones.

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Ex operario de Medifarma, acusado por aprobación de suero defectuoso, responde: “Me imputaron esos hechos” [VIDEO]

Roy Chávez Llicán indica que farmacéutica lo coaccionó a admitir responsabilidad, obligándolo además a renunciar.

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Lo niega todo. Para que un medicamente salga al mercado necesita pasar por rigurosos controles, siendo aprobado por distintos químicos farmacéuticos, operarios y tener el visto bueno de las cabezas de área; sin embargo, según la versión de Medifarma, solo existiría un responsable y ese sería un operario.

Roy Chávez Llicán, ahora ex operario de Medifarma, estuvo detenido durante 72 horas acusado de ser el principal responsable de la muerte de 5 personas, ahora ha salido a decir su versión de los hechos de lo que pasó con el suero fisiológico defectuoso y cómo así llegó a distribuirse en los hospitales, negando de raíz todas las acusaciones en su contra, denunciando que Medifarma lo presionó a autoinculparse para liberarlos de cualquier responsabilidad penal.

En entrevista con el dominical Punto Final, Chávez aseguró que fue forzado a firmar su carta de renuncia y que la compañía le imputó toda la responsabilidad sin una investigación adecuada.

“Ellos me obligaron a renunciar, me pusieron una carta de renuncia y me imputaron todos esos hechos”, afirmó.

Tras la visita del equipo periodístico al laboratorio, Guillermo Arboleda, director corporativo de Medifarma, indicó que el producto se preparaba inicialmente con 180 kilos de cloruro de sodio disueltos en mil litros de agua esterilizada dentro de un tanque conocido como triblender. Posteriormente, esta mezcla debía ser trasladada a un segundo tanque, el reactor, donde se agregaban hasta 20 mil litros de agua adicional, lo que permitía alcanzar la concentración final adecuada de 0.9% de sodio por litro.

Según Medifarma, Chávez habría omitido el encendido del reactor durante la preparación del suero, lo que impidió una correcta disolución del sodio. Además, se le acusa de haber tomado muestras de un tanque distinto, impidiendo detectar el error a tiempo. El trabajador rechazó ambas acusaciones y sostuvo que ha sido utilizado como “chivo expiatorio”.

fuente: punto final.

La Fiscalía deberá determinar si lo ocurrido fue consecuencia de negligencias concatenadas o de una conducta deliberada. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia y respuestas claras frente a una pérdida irreparable.

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Paralizan obras del hotel Sol Ollantaytambo Boutique ante presuntas irregularidades en su construcción

Desde tempranas horas del día, DDC del Cusco intervino construcción salpicada por presuntos actos de corrupción.

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Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.

Personal de la DDC del Cusco interviniendo la obra del hotel ubicado en la calle Ventiderio, Ollantaytambo.

La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.

Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.

De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.

“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.

Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO.  Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.

La nota completa en el siguiente enlace:

Ollantaytambo: atentado al Patrimonio Arqueológico revela presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de Autoridad

Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.  

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