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MÉXICO: EL NEGOCIADO DE LA RECONSTRUCCIÓN

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Darwin Gonzales, corresponsal en Ciudad de México.

En solo segundos pueden terminar por estallar las grietas del sistema, y esto es justamente lo que ha sucedido en México. Hace 32 años sufría uno de los terremotos más devastadores de su historia, donde miles de personas perdieron la vida bajo los escombros y millones quedaron damnificados producto de ciudades construidas sobre la pobreza, la corrupción y la especulación.

Décadas después el pueblo mexicano ha vuelto a sufrir dos movimientos telúricos, además de feroces tormentas que ya venían azotando la zona del golfo. Estos acontecimientos desenmascararon un régimen de explotación que condena a millones de familias a sufrir las peores consecuencias de una sociedad organizada sobre el robo y la miseria.

Las zonas más pobres del sur de México han quedado prácticamente destruidas: Oaxaca, Chiapas y Tabasco fueron los Estados más afectados en el sismo del 9 de septiembre. Díez días después se remeció las ciudades del centro del país, provocando catastróficos daños en Morelos, Puebla y la capital mexicana. Miles de viviendas, colegios, hospitales, puentes, carreteras quedaron destruidos o inaccesibles, dejando al menos 500 muertos, 12 millones de damnificados y un millón de personas sin casa.

EDIFICACIONES PRECARIAS

Si bien el capitalismo no es responsable de los terremotos, sí es responsable de las edificaciones precarias que la naturaleza derriba con facilidad. Mucho antes del desastre, miles de denuncias fueron presentadas por violaciones a las normas de urbanización ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

Investigaciones han determinado que las principales causas del colapso de las ciudades se debe a la utilización de materiales de mala calidad, edificaciones que no siguieron las normas básicas de construcción e inspecciones fraudulentas de las obras como reconoció la misma alcaldesa de Juchitán (Oaxaca): “como nunca [!] Hubo un sismo de tal magnitud, no había ninguna cuestión estricta en las reglas de construcción”. Son innumerables también los casos de viviendas que si bien soportaron el sismo del 85, debían ser reconstruidas pero solo fueron “remodeladas” para luego ser rentadas o vendidas. Informes realizados por investigadores de la UNAM indican que el 98% del daño en las viviendas de colonias pertenecientes a la delegación Tláhuac se produjeron por grietas, hundimientos y colapsos identificados antes de los sismos de septiembre.

Muchos casos han puesto en evidencia los intereses privados de constructoras o inmobiliarias que no tomaron las precauciones debidas. Prueba de esto es el trágico derrumbe del colegio Rébsamen en Coyoacán que sepultó a casi 20 niños bajo una estructura precaria avalada por la corrupción. Lo mismo sucedió con un edificio que colapsó solo nueve meses después de inaugurado, en la colonia Portales Sur donde murieron dos empleadas, y con una fábrica textil de la colonia Obrera cuyo derrumbe dejó bajo sus escombros a una decena de trabajadoras.

Dentro de la infraestructura dañada del país se cuentan más de 180 mil viviendas que quedaron destruidas o inhabitables. Esto ha agravado aún más el serio problema de la vivienda en México, donde la población vive prácticamente hacinada con graves problemas de salubridad. En el campo, además de no contar con acceso a los servicios básicos, las estructuras son de más baja calidad y provoca menos interés gubernamental, factores que dan como resultado una mayor destrucción (más de 122 mil viviendas destruidas solo entre Chiapas y Oaxaca); pero debido a la más alta concentración poblacional en las ciudades, en estas el número de fallecidos fue mayor.

El problema de la vivienda ha afectado siempre a las clases explotadas, y son estas quienes terminan sufriendo las peores consecuencias de una calamidad. Como resultado del desarrollo capitalista, grandes masas del campo son arrojadas a las ciudades, huyendo de la miseria provocada por la ruina de sus cosechas. Sus mercancías ya no se venden como antes, los precios son fijados de acuerdo con la gran producción industrial. Y en la fase actual del capitalismo los precios quedan fijados por los monopolios transnacionales y sus acuerdos comerciales haciendo quebrar al productor nacional. El pequeño campesino tiene que marcharse forzado a dejar su vivienda que en algún momento le significó una posición relativamente estable pero que le quita libertad de movimiento para obtener trabajo y no morir de hambre.

México es uno de los primeros países que fue encadenado a los tratados de libre comercio con el imperialismo norteamericano (TLCAN – 1992-94), provocando la devastación del campo; las importaciones en el sector agroalimentario se cuadruplicaron en 20 años. En 1991 antes del TLCAN el país importaba 1.5 millones de toneladas de maíz, pero en el 2016 esta cifra aumentará a 13,8 millones de toneladas importadas exclusivamente de Estados Unidos. Por otro lado, décadas atrás la población rural casi triplicaba a la urbana, pero en la actualidad no llega ni al 20%, quedando las zonas de cultivo en manos de campesinos pobres y un puñado de empresarios agrícolas.

La Zona Metropolitana del Valle de México es una de las más pobladas del continente, expresión de la oposición entre el campo y la ciudad. El capitalismo no solo está impedido de resolver esta contradicción, sino que la profundiza; la distancia entre la producción agrícola e industrial hace imposible un reparto adecuado de la población. Así, el atraso tecnológico y la precaria infraestructura del campo para enfrentar cualquier desastre tienen su complemento en la amenazante sobrepoblación de la ciudad donde el número de víctimas suele ser mayor.

El modo de producción capitalista ha arrojado a millones de familias en el umbral del riesgo latente frente a las adversidades de la naturaleza. Ningún plan de reformas puede sanear esta gran falla estructural en la medida que la producción social se halle sometida al plan de enriquecimiento de la burguesía. Solo con los trabajadores en el poder, se podrá elaborar un plan de reordenamiento poblacional racional y en función a las necesidades sociales. Las grandes mansiones que ocupan los capitalistas podrán ser confiscadas de la misma forma que hoy, bajo el capitalismo, los bancos les quitan sus casas a los que no pagan sus criminales intereses.

EL NEGOCIADO DE LA CONSTRUCCIÓN

La construcción de infraestructura en las ciudades se encuentra tan subordinada a las necesidades del capitalismo como lo está la construcción de fábricas para producir mercancías. La extracción, procesamiento y traslado de estas requiere las mejores condiciones y la mayor eficacia a costos muy reducidos. Así, con la industria de la construcción, la burguesía tiene otra forma robarle a la clase trabajadora de la mano de sus políticos corruptos.  La gobernación de Ciudad de México destacó un crecimiento de 27% en esta industria que ha venido haciendo lucrativos negocios en la construcción de puentes, autopistas, carreteras y puertos dispuestos al servicio del comercio de las transnacionales para trasladar los recursos extraídos del país. En eso consiste precisamente el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) de la administración de Peña Nieto, que aumentaría la cantidad de carga en los puertos de 260 millones de toneladas cada año a más de 520 millones. Es decir, se duplicará el transporte de las mercancías del saqueo transnacional, mientras, el sistema de transporte público sigue siendo uno de los más caóticos e inseguros del continente.

Dentro de las “zonas estratégicas” para la inversión que contempla el PNI se encuentran diversos sectores desde las comunicaciones hasta el turismo, pasando por la salud y la vivienda. De hecho, uno de los principales proyectos que se planean es la extracción del gas, cuyas reservas ya se han venido rematando a las transnacionales. En este sentido, la administración estatal ha procurado ofrecer las mejores condiciones para la depredación extranjera, casi duplicando las adjudicaciones directas, esto es, las contrataciones estatales a empresas privadas exclusivas o mediante licitaciones cerradas con una cartera de empresas exclusivas.

México es, según la CEPAL, el país con mayor flujo financiero ilícito en América Latina, y el gobierno priista ha tenido casos de corrupción verdaderamente escandalosos como la red mafiosa descubierta en Veracruz, donde se robaron el dinero destinado a la construcción de hospitales, colegios y otros servicios mediante empresas fantasmas o licitaciones simplificadas, es decir los funcionarios escogían las empresas que debían “competir”. Cuando salieran a la luz estos negociados el ex gobernador de Veracruz se dio a la fuga y fue capturado posteriormente en Guatemala. Estas redes de corrupción se vienen descubriendo en todos lados, como el caso de la constructora brasileña Odebrecht que ha terminado con sus ejecutivos en prisión y con ex presidentes investigaciones por corrupción en Brasil, Perú, entre otros países.

La burguesía sabe, igualmente, lo rentable que le resulta el negocio de la construcción de viviendas y por eso las inversiones en este sector se han duplicado en los últimos cinco años. Los desarrolladores inmobiliarios aumentaron 30% su inversión en el 2017, teniendo como principales proyectos la construcción habitacional. Solo en Ciudad de México se planea construir 40,000 viviendas en “interés social” para el 2018. Donde hay una necesidad, hay un buen negocio esperando. El que las viviendas tengan costos menores para cierto sector de la población no modifica en absoluto el enorme beneficio que representa para la burguesía: “desde el momento en que una reforma ahorrativa se generaliza, el obrero recibe un salario mermado en la misma proporción en que este ahorro le permite vivir más barato…Así, cuanto más economiza, menos salario recibe. No economiza, pues, en su propio interés, sino en interés del capitalista” (F. Engels). Es decir, si el trabajador gastara hoy menos en comprar su casa, terminará recibiendo mañana menos paga en la misma proporción.

La construcción de viviendas resulta, pues, un gran negocio. Los precios de los inmuebles son más altos en la medida que nos aproximamos al centro de las grandes ciudades, allí la burguesía obtienen grandes utilidades de la venta y alquiler de departamentos, oficinas y centros comerciales, hacinando a las clases bajas en los márgenes de la civilización urbana. Sin embargo, los grandes bancos e inmobiliarias no dejan de hacer negocios incluso en los barrios perdidos, con créditos basura o alquileres “accesibles”. Y esto sucede con el aval del Estado, que ha venido promulgando leyes que exoneran de impuestos a estas empresas y les garantizan seguridad jurídica para sus inversiones especulativas, convirtiendo a México en un verdadero paraíso inmobiliario.

Según un estudio elaborado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), sobre la demanda de vivienda se otorgaron más de dos millones de créditos entre los años 2015 y 2016, teniendo como principal institución ofertante al INFONAVIT. Esta institución tripartita, es decir, donde aportan trabajadores, capitalistas y el Estado, fue lucrativamente reformada para establecer una tasa de interés fija anual del 12%, que ha llegado a superar incluso las tasas de la banca privada. Sin embargo, bancos extranjeros también se están beneficiando de este negociado por medio de su asociación con el INFONATIV. Por último, estos elevados intereses terminaron siendo impagables y muchos trabajadores se han visto obligados a abandonar sus casas, víctimas de esta estafa capitalista.

EL NEGOCIADO DE LA RECONSTRUCCIÓN

Si la burguesía hace negocios con la construcción, también lo hace con la reconstrucción de las ciudades destruidas por su precariedad. Todo el plan de reconstrucción capitalista consiste en endeudar más a la población otorgando “créditos especiales” impagables. A los maestros de Oaxaca, luego del sismo del siete de septiembre, el gobierno les ofreció prestarles 30 mil pesos para la reconstrucción de sus viviendas luego de condenarlos a la miseria y masacrarlos por luchar contra la privatización de la educación que ahora se impone quitando el financiamiento a siete universidades públicas. Peor aún, hace poco se aprobó el aumento de impuestos a los trabajadores, haciéndonos recordar el gasolinazo de principios de año que despertó la ira del proletariado.

La burguesía y sus partidos políticos (PRI, PAN, PRD, MORENA, etc.) pretenden dar solución al problema de la reconstrucción con las mismas herramientas del lucro capitalista. Ante la crisis de alimentos no le van a tocar ni un pelo a las grandes transnacionales que han venido especulando con la necesidad de la población. Danone, Coca Cola y Pepsico controlan el 84% del mercado del agua a nivel nacional, y han aprovechado esta tragedia para aumentar sus ventas debido a la mayor demanda. Además, Coca Cola obtiene el agua de Chiapas, precisamente uno de los Estados de México más dañados con el terremoto; esta transnacional viene haciendo negocios millonarios desde los 90 y se sabe que incluso el ex presidente Vicente Fox fue directivo de la compañía. Sus cínicas donaciones “solidarias” solo son una buena inversión publicitaria que además los libera del pago de impuestos.

Durante años los centros comerciales Walmart, Chedraui, Comercial Mexicana y Soriana han tenido fantásticas ganancias, aunque también habría que agradecerles miles de despidos. Por su parte, la Confederación Patronal (COPARMEX) dijo que para el Estado “no hay ninguna obligación de la reconstrucción de las viviendas de las personas damnificadas. Se oye frío pero es la verdad. El gobierno tiene la obligación [solo] de proveer infraestructura, salud y educación”. Esta es el verdadero rostro de la burguesía. Partidos burgueses “progresistas” como MORENA, ofrecieron el dinero de su campaña electoral para la reconstrucción del país, impulsando a los demás partidos a hacer lo mismo, sin embargo, ninguno de estos políticos está realmente en contra del jugoso negocio de las inmobiliarias, las cadenas farmacéuticas o los grandes bancos que dominan la nación. ¿De dónde salen los fondos públicos que financian sus campañas, si no es de la explotación de millones de trabajadores? Lo que realmente quieren decir es: reconstruiremos el México de los ricos con las cuentas de los pobres.

 

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IRTP y TV Perú en zona roja

Una mirada a la colorada entraña del IRTP.

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En los últimos años en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) la pugna por el poder ha sido la constante y por ello se han venido realizando tropelías y nombramientos a dedo.

Sus presidentes ejecutivos de turno han sabido encontrar una especie de “imperio” en la entidad estatal, porque colocan a sus allegados en puestos claves, cancelan programas culturales que tuvieron auge durante años y producen otros con tinte ideológico y militancia caviar; e incluso, despiden de forma masiva a trabajadores que llevaban años laborando.

¿Cuáles son las razones?  

El IRTP; no tiene el rigor que tienen los medios privados que inevitablemente están sometidos a resultados de productividad, rating, tiraje y costo beneficio, debido a que en el predio de Santa Beatriz tienen la planilla asegurada y no tienen por qué preocuparse, y sólo les queda gastar el presupuesto asignado por el MEF para asegurar sus planillas doradas.

Actualmente, la televisora estatal se encuentra en manos del magister online Jesús Solari, y prácticamente se encuentra en piloto automático, porque la gerencia de prensa continúa acéfala, sin gerente ni encargado; la gerencia de televisión con la encargada Verónica Flores, y la Gerencia de Radio Nacional, nada menos que a cargo del propio presidente ejecutivo… Jesús Solari.

Entre tanto, el IRTP afronta otro escándalo, porque acaban de despedir a dos periodistas: al caviar proizquierda Carlos Cornejo, por haber editorializado su programa Rimanchik en contra del gobierno de Dina Boluarte, y además sacaron al gerente de Prensa, Carlos Becerra por aumentar el salario a 20 trabajadores que ganaban sueldos bajísimos.

Pero lo más evidente en la gestión de Solari y que ha convertido al IRTP en una entidad de la izquierda caviar, fue el corte de la trasmisión del Concurso Nacional de Marinera en TV Perú, para trasmitir en VIVO los desmanes en Lima, algo similar a lo que hicieron los del partido Morado con la venia de los medios en noviembre de 2020.

Desde hace siete gobiernos El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú ha carecido de autoridad, monitoreo y fiscalización, y todo por las decisiones de un privilegiado grupo de servidores con cargos de confianza que solamente se han encargado de llevarlo casi al hundimiento.

Finalmente, ¿Cuándo designarán a un Presidente del IRTP que no sea ideologizado y que termine con las incompetencias y repartijas que han golpeado a la televisora estatal desde hace varios años?

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Increíble: PNP detiene a mujeres que postularon al Congreso con palos, escudos y cascos que habrían sido usado en las protestas [VIDEO]

Material incautado se encontraba dentro de un vehículo en Cercado de Lima.

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Un arsenal para la guerra. Las recientes protestas en Lima se fueron tornando violentas con el pasar de las horas y todos se preguntaban quiénes se encuentran detrás de ellas, pues se constata una previa organización para movilizar a cientos de ciudadanos con el propósito de vandalizar instituciones del Estado y el ornato público.

Provistos de palos, escudos, cascos y compuestos químicos, los manifestantes poco a poco se han ido asemejando a una guerrilla capaz de poner en jaque el Centro de Lima, obligando a los comerciantes de la zona a cerrar sus negocios de manera prematura; y a su vez, a redoblar los esfuerzos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para contener a los violentistas que se disfrazan de seudodemócratas colocándose una bandera del Perú en la espalda.

Tras un operativo, la PNP logró incautar palos, líquidos con compuestos químicos para neutralizar las bombas lacrimógenas, cascos, y escudos, que eran transportados en un vehículo por Maritza del Carmen Sánchez Perales, que fue directora regional de educación de Lima en el gobierno de Pedro Castillo.

Sin embargo, ella no estuvo sola, junto a ella la PNP intervino a Vilma Castillo Ramírez, que registra antecedentes por robo. Lo más increíble de la detención es que ambas fueron candidatas al Congreso de la República.

Maritza Sánchez Perales, y Vilma Castillo Ramírez. Fuente: Reniec.

Para los agentes de la PNP, las inscripciones en los escudos tienen significados relacionados a la violencia y a la muerte, y han sido tomados de la película “Invicto”.

Asimismo, los efectivos del orden señalaron que despliegue logístico de estos materiales, corresponde a la actuación propia de una organización criminal; incluso se logró determinar que el material usado en las violentas protestas que cobran vidas, es recogido en vehículos luego que termina el enfrentamiento.

FUENTE: 24 HORAS.

La PNP informó que queda prohibido, el transporte y utilización de esta logística para las manifestaciones. Sobre la intervención informó que se puso de conocimiento a la Fiscalía para determinar la situación legal de las intervenidas, asimismo ya se investiga las identidades de los líderes que incitan a la violencia.

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Municipalidad del Callao no renovó con concesionaria que impone fotopapeletas [VIDEO]

Alcalde Pedro Spadaro indicó que a partir del 28 de mayo se pondrá fin al “monopolio de la imposición de multas”.

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Adiós a las fotopapeletas abusivas. El alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, anunció este martes que no renovará el contrato a la empresa encargada de las fotopapeletas en su jurisdicción, que vence el 28 de mayo, debido a que el consorcio no cumplió con “una serie de factores” y por cometer “abusos”.

En entrevista para RPP, el alcalde chalaco señaló que el Consorcio Tránsito Ciudadano (CTC) tuvo el “monopolio de la imposición de multas” en el Callao durante 16 años, por lo que se pidió una auditoría al contrato de la cual ya se conocen algunas observaciones.

“De acuerdo a lo que hemos informado el día de ayer al Concejo Municipal no se le concederá un solo día más a esta empresa por varios motivos (…) lo que ha sucedido en el Callao es que este Consorcio Tránsito Ciudadano no ha cumplido con una serie de factores que estaban colocados en su contrato”, dijo.

Alcalde del Callao sostuvo que se pone fin a un “monopolio de fotopapeletas”. Foto: GEC.
 

Pedro Spadaro explicó que el CTC no cumplió con la modernización en la semaforización del Callao, no hizo una inversión en el mejoramiento de las vías y denunció una “serie de abusos y arbitrariedades” que sufrió la población por parte de la empresa.

“El esconderse sin la señalización adecuada para imponerle una multa per se solamente por colocarle una multa y que además tenga que reclamar ante un tercero y estos reclamos hasta el día de hoy no se han resuelto, y que además tengan que embargarle cuentas y extraerle el dinero, no es un fin educativo o un fin de mejorar el tránsito en el Callao. Obviamente lo que se ve es un fin lucrativo”, lamentó.

fuente: rpp.

La autoridad municipal anunció que a partir del 28 de mayo la Municipalidad Provincial del Callao asumirá el trabajo de las fotopapeletas y buscar invertir los montos recaudados en señalización, semaforización y mejoramiento de las vías.

“Se imponen aproximadamente dos mil papeletas diarias, de las cuales son notificadas entre 1 200 a 1 600, aproximadamente son entre tres a cuatro millones de soles que la empresa factura mensualmente”, aclaró.

Asimismo, Spadaro informó que se logró una amnistía de fotopapeletas al 80 % de descuento para que los afectados puedan regularizar su situación ante sanciones “impuestas indebidamente”.

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Hermana de sujeto fallecido durante las protestas en Lima: “A mi hermano lo mató un objeto contundente duro, no una piedra” [VIDEO]

Familiar de Víctor Santisteban, quien muriera este último sábado en Cercado de Lima, salió a desmentir versiones de algunos medios.

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“Digan la verdad”, ese fue el reclamo de Elizabeth Santisteban, hermana del hombre de 55 años quien falleciera el último sábado durante las protestas en el Centro de Lima, indicando que su familiar pereció producto de un “objeto contundente duro”, el cual se trataría de una granada de gas lanzada a muy corta distancia, según algunas imágenes difundidas.

En esa línea, la mujer desmintió las versiones que señalan lo contrario y pidió que se difunda la verdad al respecto, ello como muestra de respeto para su familia.

De igual forma, anunció que los familiares de Víctor Santisteban pretenden llegar “hasta las últimas consecuencias”, a fin de lograr obtener justicia por la muerte de su hermano.

“Acá está, ha sido un artefacto contundente y duro, que si ustedes (prensa) pueden entrar a Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, van a ver todos los videos, de que a mi hermano lo mató, le destrozó el cráneo, un objeto contundente duro, no una piedra. Así que yo, Elizabeth Santisteban, hermana del fallecido desmiento a todos los canales que están diciendo que es una piedra. Digan la verdad, que es lo único que pido, respeto a mi familia, digan la verdad. Y, definitivamente, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias“, declaró ante la prensa.

FUENTE: EXITOSA.

Tras ello, manifestó que “el que tiene que caer, va a caer” porque afirma que existen videos que apoyan lo que señala. Además, precisó que buscarán “todos los videos” que sean necesarios para las indagaciones correspondientes.

Elizabeth Santisteban no terminó su pronunciamiento ante los medios sin antes dirigirse a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a quien le solicitó que los ayude con su caso. 

“Me dirijo a la presidenta, como mujer, como madre, como hermana, que nos mire y nos ayude, porque no basta decir un sentido pésame, queremos actuar“, expresó la hermana del manifestante fallecido.

Lugar exacto donde recibió el impacto Víctor Santisteban. Foto: GEC.

Una muerte que se busca minimizar

De acuerdo al certificado de necropsia se precisa que la causa de muerte del hombre de 55 años es por “contusión y laceración encefálica, fractura craneal y traumatismo craneoencefálico severo”. De acuerdo a lo determinado por el médico que evaluó el cuerpo esto lo originó un “elemento contundente duro”.

Asimismo, alrededor de la muerte de Santisteban Yacsavilca se han tejido una serie de contradicciones y suspicacias que empezaron con los comunicados emitidos por el Ministerio de lnterior y EsSalud, donde primero se dijo una cosa y luego otra.

En su primer comunicado, EsSalud refirió: “Lamentamos informar el fallecimiento del adulto de iniciales V.R.S.Y., policontuso y con traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, nuestro personal hizo todo lo posible para salvarle la vida”.

Casi una hora después, la institución de salud señaló: “El paciente ingresó al hospital de Emergencias Grau en mal estado general con trastorno de conciencia, presentando herida contuso cortante en región retroauricular derecha (detrás de la oreja) producto de un golpe”.

Verdades a medias. Versión de EsSalud varió en cuestión de horas. Fuente: EsSalud.

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PJ dicta 4 meses de prisión preventiva contra 7 sujetos por bloquear la Panamericana Sur

Detenidos fueron encontrados en flagrancia de acuerdo a informe del Ministerio del Interior.

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Creyeron, de manera ingenua, que una muchedumbre los iba a proteger para que de manera impune cometan actos vandálicos. El Poder Judicial (PJ) ordenó 4 meses de prisión preventiva en contra de 7 ciudadanos quienes, el último 26 de enero, fueron detenidos en flagrancia por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuando generaron bloqueos en la Panamericana Sur; así lo informó el Ministerio del Interior (Mininter).

“El Poder Judicial ordenó la prisión preventiva, por un periodo de 4 meses, contra siete personas, quienes fueron detenidas el pasado 26 de enero, durante los disturbios registrados en la Panamericana Sur, en las zonas conocidas como Expansión Urbana y Barrio Chino, en la región Ica”, precisa el comunicado difundido en la cuenta oficial de Twitter del Mininter.

Según detalla, las personas contra las que se dictó dicha medida fueron identificados como: Joel Vega Muñoz, Luis Alcides Castillón Estrada, Yony Mendoza Llamocca, Wilber Huamaní Flores, Felimon Huamani Medina, Ezequiel Benedicto Fernández Ponce y Junior Alexander Guzmán Castillo.

Se conoce que los mencionados ya fueron trasladados hasta el penal “Cristo Rey” de Cachiche, esto por disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica. Los detenidos podrían cumplir prisión efectiva hasta por 7 años.

El oficio judicial, que fue enviado al director del mencionado establecimiento penitenciario, indica que dichos sujetos son investigados por el presunto delito de entorpecimiento al “funcionamiento de servicios públicos y otros”, en agravio del Estado y otros.

“Como se recuerda, estas personas fueron detenidas en flagrancia por efectivos de la Policía Nacional del Perú, cuando participaron de los bloqueos de la Panamericana Sur y hasta agredieron a los efectivos con piedras y otros objetos contundentes“, agrega el pronunciamiento.

De igual manera, el Mininter recalca que, entre el 24 y 27 de enero de este año, un total de 44 efectivos policiales fueron heridos como consecuencia de los enfrentamientos contra los manifestantes que bloquearon las vías de Ica.

Sujetos que bloqueen carreteras y ataquen a efectivos PNP continúan siendo intervenidos así escondan sus rostros. Foto: GEC.

En tanto, el Juzgado de Ica aprobó imponer un mes de prisión preventiva a Edwin Apari Huamán (29) y Adan Sanchoma Machari (26), intervenidos por lanzar objetos incendiarios contra policías y bloquear la carretera Panamericana Sur.

Hasta el momento, un grupo de manifestantes continúa bloqueando dos tramos de la carretera Panamericana Sur en Barrio Chino y Expansión Urbana.

La tarde de ayer un grupo de personas limpió la carretera en el kilómetro 290, pero una hora después esta volvió a ser cerrada. 

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Estudiantes de la Universidad Federico Villarreal solicitan a su rectora poder dar alojamiento a los manifestantes dentro de esa casa de estudios

Mediante un comunicado señalan solidarizarse con los ciudadanos que vienen protestando desde hace varios días en la capital.

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Estudiantes universitarios se aúnan a las protestas y en esta ocasión le tocó el turno a los de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), quienes hace unos días vienen solicitando a la rectora de su casa de estudios, Cristina Asunción, el uso de las instalaciones para poder dar cobijo a los manifestantes que se han congregado en la ciudad, en su mayoría provenientes de regiones del sur del Perú.

A través de una carta abierta enviada el pasado 21 de enero del 2023, la Coordinadora Democrática Estudiantil (COODE UNFV), el frente de estudiantes de diversas facultades y la autora del pedido, se solidarizó con quienes están ejerciendo su derecho a la protesta.

Exigimos a la rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Cristina Asunción, a la Asamblea Universitaria y al Consejo Universitario, a permitir el uso de las instalaciones de nuestra alma máter, con el objetivo de apoyar y solidarizarnos con aquellos compañeros y estudiantes que ejercen su derecho de protesta contra la dictadura de Dina Boluarte”, se lee en la misiva.

“Recordemos que, según el inciso A del artículo 4 de nuestro estatuto, uno de los principios de nuestra universidad es la justicia social, la solidaridad, la libertad, la fraternidad, la afirmación de los valores nacional y la defensa de los derechos humanos“, agregó.

En otra parte del comunicado, la COODE UNFV también rechazó la intervención policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Indicó que dicho operativo se habría podido evitar si la rectora Jerí Ramón hubiera mantenido el espíritu de diálogo, tal como ocurrió en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“Los compañeros sanmarquinos venían realizando una medida de lucha en solidaridad con los protestantes provenientes de interior del país. Esto se pudo haber evitado si la rectora de dicha universidad hubiese mantenido el dialogo y abierto la casa de estudios de manera solidaria, tal como ocurrió en la Universidad Nacional de Ingeniería”, precisó.

fuente: COODE UNFV.

Cabe recordar que previamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abrieron sus puertas para albergar a ciudadanos de la región macro sur del país, quienes posteriormente acudieron a las marchas en contra del gobierno de la presidenta Boluarte.

De aprobarse el petitorio por parte de los alumnos de la UNFV esa casa de estudios superiores se convertiría en la tercera universidad pública en albergar a los protestantes.

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Designan a nuevos integrantes para el Consejo Directivo de IRTP

A través de la Resolución Suprema N° 001-2023-MC.

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Caras nuevas y algunas ya conocidas. El Ejecutivo designó este jueves 26 de enero – mediante Resolución Suprema N° 001-2023-MC – a María Teresa del Carmen Quiroz Velasco, Manuel Ignacio Chiroque Farfán y Owan Néstor Eugenio Lay González, como integrantes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

Resolución Suprema N° 001-2023-MC. Fuente: El Peruano.

El IRTP, es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Cultura, que tiene por finalidad ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento.

Perfil de los nuevos integrantes

María Teresa del Carmen Quiroz Velasco es Magister en Sociología y Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Científica del Sur. Cuenta con publicaciones de libros dedicados a la educación y las comunicaciones.

También se desempeñó como investigadora y profesora principal en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y fue docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue directora del Instituto de Investigación Científica y es especialista en temas de comunicación, educación, cultura, tecnologías, periodismo, libertad de expresión y autorregulación.

Manuel Chiroque Farfán es especialista en comunicación audiovisual, con estudios de posgrado en marketing. Actualmente es docente y jefe del Laboratorio de Televisión de la Universidad Nacional del Santa, desde donde investiga sobre comunicación transmedia, audiencias multiplataforma, narrativas móviles y video en 360°.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en producción y dirección de contenidos televisivos, proyectos multiplataforma; así como en gestión de marca y comunidades virtuales. También fue director del noticiero Primera Edición de Chimbote del 2006 al 2009. Ha presentado ponencias en el Perú y el extranjero, y forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales – Red INAV, presente en 13 países.

De izquierda a derecha: María Teresa del Carmen Quiroz Velasco, Owan Néstor Eugenio Lay González, y Manuel Chiroque Farfán. Foto: Composición.

Owan Néstor Eugenio Lay González regresa al Consejo Directivo del IRTP, donde participó entre los años 2018 – 2021. Es gestor público y cultural, con licenciatura en Relaciones Internacionales y estudios de maestría en Gestión Pública. Ejerció cargos directivos en el sector público, organismos internacionales y no gubernamentales. Entre ellos, como director técnico del Centro Regional para Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina- CRESPIAL, Centro de categoría 2 de UNESCO.

En el sector público, fue director de Políticas para Población Afroperuana, logrando la aprobación de diferentes normas como el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana; director del Lugar de la Memoria la Tolerancia y la Inclusión Social y es miembro del directorio de la organización afroperuana Makungu para el Desarrollo y del Foro Peruano de Relaciones Internacionales FOPRI.

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Condena a ocho años de prisión y el pago de 10 mil soles a sujeto que realizó apología al terrorismo desde las redes sociales

Medida sienta un precedente para sujetos que enaltezcan a movimientos subversivos.

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Creyó sentirse seguro detrás de una computadora y que sus publicaciones no iban a pasar desapercibidas por las autoridades, sin embargo Rodrigo Benjamín Benites Silva acaba de ser condenado por el delito de apología al terrorismo, a través del uso de tecnologías de la información o comunicación (redes sociales), el último miércoles 18 de enero del presente año.

El sujeto realizó una publicación en la red social Facebook, anteriormente, donde enalteció, exaltó y justificó el accionar del cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán Reinoso, quien falleció el pasado once de septiembre del 2021.

Al grupo terrorista SL se le atribuyen más de 200 masacres, en todo el país y especialmente en zonas rurales, lideradas por Guzmán Reinoso. Además, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), los asesinados por esta organización ascendieron a más de 32 mil víctimas.

En este escenario, el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo consiguieron demostrar que Benites Silva fue el autor del post, en la mencionada plataforma digital, donde se incurrió en el referido delito.

El hecho sienta un precedente en el sistema judicial, tras la disposición del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, debido a que se trata de la primera sentencia condenatoria en este tipo de casos.

El delito de apología al terrorismo se encuentra comprendido en el artículo 316-A del Código Penal, el mismo que fue incluido mediante la Ley N° 30610 publicada el 19 de julio del pasado 2017.

El Poder Judicial determinó, en este marco, un total de ocho años de pena privativa de la libertad efectiva, así como el pago de una determinada suma de dinero, al sentenciado.

“Se dictó la primera sentencia condenatoria por Apología al terrorismo en redes sociales. Poder Judicial impuso en primera instancia ocho años de prisión efectiva y el pago de 10 mil soles por concepto de reparación civil”, informó la Procuraduría.

Sujetos que realicen apología al terrorismo pueden ser condenados hasta con 15 años de prisión. Foto: diario Correo.

Sendero Luminoso nunca fue un movimiento político sino un grupo terrorista

Por otro lado, Milko Alberto Ruiz Espinoza, procurador público especializado en delitos de terrorismo, destacó la medida como un avance, en nuestro sistema judicial, en la lucha contra el terrorismo en el país.

El funcionario reafirmó que cualquier tipo de declaración, expresión o publicación, ya sea en redes sociales u otro escenario, que exalte, justifique o enaltezca el terrorismo constituye el delito de apología sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta 15 años.

La misma sanción recae contra aquellos que, en las mismas circunstancias o similares, justifiquen, enaltezcan o exalten a una persona condenada por el delito de terrorismo.

Genocida Abimael Guzmán dentro de una carceleta. Año 1992. Foto: Reuters.

Según la CVR, en su informe final, se contabilizaron pérdidas económicas en el Perú por un total de US$ 9′184,584.648 tras los ataques terroristas entre los años 1980 y 1988. Dicho monto fue calculado por la Comisión Especial del Senado de la República.

Asimismo, la CVR también informó del costo económico para las familias rurales al interior del país, tras finalizar este periodo, que sufrieron directamente los estragos del terrorismo. Esta suma, según la entidad, superó los más de 17.000 soles por familia.

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