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Mensaje a la nación, ¿y la corrupción en Torre Tagle?

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Por Rafael Romero

El Artículo 118, numeral 11, de la Constitución señala que al presidente de la República le corresponde “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados”. Es un mandato constitucional para la primera mandataria Dina Boluarte, quien este 28 de julio deberá dar cuenta de la política exterior que ejecuta su gobierno.

Boluarte buscará en el mensaje a la nación destacar su viaje a la República Popular China, incluyendo como aderezo especial y nada despreciable el megapuerto de Chancay próximo a inaugurarse. Sin embargo, no todo es bueno y bonito, mucho más en la gestión pública donde suelen ocurrir hechos malos y feos. En estos casos, el gobierno también debe ser sincero y sobre todo coherente entre lo que predica y lo que hace.

Por ejemplo, en el Palacio de Torre Tagle el ministro de Relaciones Exteriores suscribe tratados de asistencia judicial con Costa Rica, potenciando el apoyo mutuo en la búsqueda e identificación de personas, en la citación de testigos, la obtención de pruebas, la recepción de testimonios e interrogatorios, así como el decomiso de ganancias derivadas del delito, pero todo eso pierde peso y credibilidad cuando a contra pelo no se ordena la casa, máxime cuando el canciller Javier González Olaechea es Miembro Observador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que es un espacio de articulación y coordinación entre instituciones públicas y privadas.

Lamentablemente, todo esto cae por la borda cuando no se hace lo suficiente en casos de la lucha contra la impunidad, tal como existe frente al complot contra el embajador Fortunato Quesada, donde hay pruebas irrefutables como los chats que revelaron una conspiración y el blindaje de la Cancillería a favor de Néstor Popolizio. Ahí está el documento denominado “Registro de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos”, que cuenta con visado oficial de la Embajada del Perú en Israel y sus 31 folios están fedateados por el jefe de la sección consular Víctor Reynoso.

Esos folios demuestran el complot originado por una argolla de poder dentro de Torre Tagle y que hoy mismo podría seguir actuando en medio de la nocturnidad. Por si fuera poco, la alta dirección de Cancillería -a la luz de las coordinaciones perversas entre José Boza y Pedro Rubín- actuó como juez y parte, tal como se revela en la sentencia del Poder Judicial recaída en el Exp. N° 05382-2019 (Resolución N° 22), del 20 de setiembre del 2023, evacuada por el Décimo Séptimo Juzgado de Trabajo Transitorio (Sub Especialidad Contencioso administrativo).

Otra prueba irrefutable es el documento oficial de Cancillería que pidió investigar al protagonista del complot, el embajador Popolizio, denominado “Informe (ORH) N° 011-2020-UARD/MRE”, firmado por la embajadora Fátima Trigoso Sakuma, ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, en respuesta a la Hoja de Trámite (GAC) N° 1321, del 02 de setiembre de 2020, y que cuenta con 29 folios, cuyas conclusiones sobre los artífices del complot no deberían quedar en la impunidad.

Fátima Trigoso remitió ese informe al “gabinete del viceministro” de Cancillería, dando como resultado, según el ítem IV, que los infractores son: el embajador Néstor Popolizio Bardales; el Embajador Hugo de Zela (hoy en retiro); el Embajador José Boza (fallecido en agosto del 2022); y el diplomático Pedro Rubín, nombrado por la canciller Gervasi como Cónsul General del Perú en Río Branco (Brasil).

En el folio 26 se evidencia la responsabilidad y participación del ex canciller Popolizio, pero hoy aparecería un manto de protección indebida hacia su persona, lo que lleva a preguntarnos si en Torre Tagle también prima el nefasto criterio de “otorongo no come otorongo”. La ORH concluyó y señaló que hay conductas infractoras que vulneran los deberes establecidos en el artículo 9° de la Ley del Servicio Diplomático de la República, literales a), e), f), e i); pero en el caso de altos funcionarios, esas faltas tienen la calificación de “muy graves”.

Y en el folio 28, la ORH sostiene que las responsabilidades podrían exceder el ámbito administrativo y configurar ilícitos penales. Frente a este caso, ¿la Cancillería está incurriendo en una omisión de denuncia en el caso de Popolizio y Pedro Rubín? Por su parte, la presidenta Dina Boluarte, ¿realmente quiere mejorar la imagen internacional del Perú? Pero para hacerlo, ¿no debería empezar mejorando el servicio diplomático y terminar con la impunidad? Además, ¿dónde queda la integridad?

Al respecto, en reciente artículo, Marcos Ibazeta, anotó en su interesante columna en EXPRESO que “por allí se crearon las oficinas de Integridad”, siendo de público conocimiento que Torre Tagle tiene una de ellas, “pero son entes que están pasando a mejor vida por su absoluta falta de resultados”, sostuvo Ibazeta. Pero al mismo tiempo acotó que “no tenemos un sistema consolidado de controles y la corrupción nos sigue asfixiando”, instando a renglón seguido a “repensar todo nuevamente para generar entes no burocráticos y efectivos para evitar tanto latrocinio público.”

En efecto, no le falta razón, porque las oficinas de Integridad hasta ahora no dan los resultados esperados. De manera que el reto es enorme y no puede soslayarse en ningún acto público y menos en el mensaje a la nación, pues debe primar la claridad en las directivas presidenciales, y por eso la presidenta Boluarte, que dirige la política exterior, está obligada a decirle a los peruanos la verdad y exigir que se ventilen los casos de impunidad y se busque la calidad del servicio en todo ámbito público. Y si el canciller refiere en medio de vistosas y coloridas entrevistas que “se ha rechazado el intento de la Corte IDH de convertirse en un poder del Estado peruano” o si levanta la voz frente al embajador de Canadá sobre la ley de las ONG, hoy el punto es que debería responder con autoridad frente a la impunidad de las argollas en Torre Tagle.

No olvidemos cuando el canciller, el 9 de noviembre del 2023, un día después de que asumiera el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, expuso los lineamientos de su gestión, y ahí dijo que promoverá el proceso de adhesión del Perú a la OCDE, pero ¿cómo se puede lograr eso si hasta ahora no ha enfrentado la indisciplina, la falta de probidad, de transparencia, disciplina e integridad de algunas vacas sagradas dentro de la Cancillería, mal caviar que proviene de anteriores administraciones como las de Óscar Maurtua, Meza Cuadra, Wagner, Landa y Gervasi?

Hoy nadie duda que el entonces ministro consejero Pedro Rubín, tal como se demuestra en el proceso administrativo que se le siguió, actuó obedeciendo instrucciones de altos funcionarios de la Cancillería. Pero, lo escandaloso del caso es que los responsables del complot fueron premiados con cargos diplomáticos de mayor nivel.  Hoy Popolizio está de embajador en Praga con más de S/ 70,000 al mes y Rubín, nombrado por Ana Gervasi, de cónsul general del Perú en Río Branco (Brasil).  

Por otro lado, además del caso del complot contra Quesada, desde distintos sectores de opinión se le atribuye al embajador Popolizio un papel clave, siguiendo los dictados de Martín Vizcarra, en el objetivo de evitar a toda costa el asilo político del expresidente Alan García en Uruguay. No obstante, para poner más emoción en esta historia, donde está ausente la falta de idoneidad de Popolizio, se sabe que el 30 de mayo pasado, el ex servidor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jesús Alvarado Zegarra del Carpio, que cumplió funciones de chef del embajador Quesada en Israel, escribió una carta difundida en redes sociales el último domingo 2 de junio, y la misiva tiene el efecto de una bomba atómica contra la argolla burocrática que defiende a Popolizio.

La carta del chef Jesús Alvarado Zegarra dice textualmente:  “(…) me ratifico en lo que dije anteriormente el 8 de agosto y el 18 de septiembre del 2023 en el programa Habla el Pueblo donde señalo que Sí existió Complot contra Fortunato Quesada, hecho El 2018 por el ex ministro de Relaciones Exteriores Popolizio en colusión con De Zela, Boza y el ministro consejero Pedro Rubín quien nos ordenó y donde la empleada  del Hogar la Sra. Romina Tevez Araujo y mi persona hicimos grabaciones ilegales a Quesada en reuniones privadas y las entregamos a Rubín el 2018 para que las envíen a Lima al programa periodístico PANORAMA”.

En este caso hay elementos claves. Primero: la carta del exservidor Jesús Alvarado contiene una declaración jurada pública que debió ser atendida por la Cancillería y mediante la cual se corrobora el complot. Segundo: se evidencia las contradicciones de la exempleada Romina Tevez Araujo, cuya cercanía y estrecha coordinación con Pedro Rubín se muestran en una fotografía y en el expediente disciplinario. Tercero: el canciller González-Olaechea está cometiendo los mismos errores de sus antecesores, al no enfrentar a la argolla que protege a Popolizio. Y cuarto: se demuestra una seria contradicción en el Ejecutivo, entre el canciller y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, pues no coincidiría la política de integridad y transparencia que promueve la PCM frente el manto de protección al cuestionado embajador Popolizio.

Frente a esas claves, también existe la carta enviada por el diplomático agraviado Fortunato Quesada (el 21 de mayo del 2023) al embajador Javier León Olavarría, Presidente del Consejo de Honor de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, y a los señores embajadores Fátima Trigoso, Claudio de la Puente, Julio Garro y Luis Escalante, Miembros del Consejo de Honor de la referida asociación, en la que les solicita la aclaración pública frente a la impunidad de Popolizio y De Zela, así como respecto del complot perpetrado contra su persona en el 2018. Dicho sea de paso, según fuentes confiables, el embajador León ya contestó la misiva de Quesada, pero de manera adjetiva y legalista.

De manera que el Dr. Javier González Olaechea, canciller de la Republica, el embajador Peter Camino, viceministro RREE, el embajador Eric Anderson, Secretario General RREE, y el Embajador Enrique Román, Asesor principal RREE, tienen que evaluar el papel desempeñado por Popolizio de cara a la Política Exterior de la presidenta Boluarte, a fin de evitar contradicciones y dotar a la propia Cancillería de la coherencia que necesita.

Estos hechos colisionan con las políticas de integridad, ética, transparencia e idoneidad que promueve la Presidencia del Consejo de Ministros. Es más, Néstor Popolizio en lugar de ser sancionado fue premiado por el gobierno de Pedro Castillo, pues desde el 15 de diciembre del 2021 es el embajador del Perú en República Checa

Pero, tras revelarse esas cartas, ¿Popolizio es un funcionario idóneo e integro para ganar una abultada suma de dinero mensual? ¿Hay vacas sagradas en Cancillería? ¿Prima la impunidad? Estas son preguntas que deberá responder la presidenta Dina Boluarte, que dirige la política exterior del Perú.

No obstante, en la Cancillería de la era Boluarte, existe el “ACTA DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES”, firmado el pasado 20 de febrero, donde el canciller Javier González Olaechea afirma:

“En mi calidad de Ministro de Relaciones Exteriores, conjuntamente con el Viceministro y el secretario general, manifestamos nuestro completo respaldo al modelo de integridad y lucha contra la corrupción impulsado desde el gobierno nacional, como uno de los ejes centrales de la Política General del Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2023-PCM, concordante con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto supremo N° 092-2017-PCM, el Plan nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, y las disposiciones emitidas por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros”.

Pero, ese texto puede aparecer burdo y representar solo papel mojado en tinta cuando existen pruebas irrefutables de la propia Cancillería que definen indubitablemente quiénes son los funcionarios responsables del complot contra el embajador Quesada; sin embargo, el Ejecutivo no actúa en coherencia con el ACTA de marras, suscrita por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, donde también líricamente se puede leer lo siguiente:

La corrupción es un fenómeno multidimensional y transversal, que se presenta en distintos niveles de la Administración Pública y que afecta a la gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Por ello, para continuar con el propósito de conducir al país hacia un desarrollo económico inclusivo, resiliente y ambientalmente sustentable, es primordial seguir impulsando el fortalecimiento institucional que permita alcanzar un sistema sólido de gobernanza que enfrente y combata el flagelo de la corrupción.”

En ese sentido, es necesario que se ponga sobre los hechos de inmoralidad pública el ACTA DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores, porque ahí señala que va a “fortalecer una cultura de integridad y ética pública en la Cancillería, que conlleve a los funcionarios y servidores de esta institución a actuar con probidad, respetando los valores instaurados en la entidad y los principios y deberes contemplados en el Código de Ética de la Función Pública y denunciando todo presunto acto de corrupción, conforme a la normatividad vigente”.

En consecuencia, si existiera voluntad política y un sincero propósito de palingenesia, en este momento la Cancillería dispondría medidas pertinentes para expectorar a los autores de los complots contra Quesada y Alan García, máxime cuando existen documentos judiciales en torno al rol desempeñado por el actual embajador del Perú en República Checa, Néstor Popolizio. Señores, la impunidad es un escándalo que sólo favorece a los responsables de las conspiraciones, quienes irónicamente son “premiados” con “mejores” puestos en el Estado. Depende de todos los ciudadanos y las autoridades que la impunidad no reine ni gobierne. La presidenta Dina Boluarte tiene la palabra.

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Si hubiera Estado de derecho, INDECOPI en minutos facilitaría que Ricardo Belmont recupere su canal

Lee la columna de Rafael Romero

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Por Rafael Romero

Recordemos que en el 2008 una portada de la revista ANDA News curiosamente se refería al INDECOPI, y en páginas interiores su editorial declaraba a RBC Televisión y a Ricardo Belmont Cassinelli como “enemigos de la industria”.

Han transcurrido 17 años desde esa declaratoria de guerra por parte de una revista perteneciente a los medios de comunicación de la era fujimorista, pese a que la persecución personal contra el dos veces alcalde de Lima y candidato a la presidencia en 1995, Ricardo Belmont, venía de más atrás en la línea del tiempo, pues la campaña demoledora contra su imagen empezó en 1994 con el Decreto Legislativo 776, que le cortó las rentas ediles para boicotear su gestión, sino que arreció al día siguiente de dejar el cargo de burgomaestre, en enero de 1996, con los programas Panorama y Contrapunto, entonces digitados desde el SIN de Montesinos.

Pero lo extraño o curioso es que la última batalla contra el promotor de la Teletón y de las causas nobles en provecho de la niñez más pobre, Ricardo Belmont, fue precisamente en los predios del INDECOPI, ese mismo ente referido en la portada de la revista ANDA News, pues mientras Ricardo ganaba su derecho a retornar al Canal en los fueros del Poder Judicial, de la SMV, del MTC o de la Bolsa de Valores de Lima (Cavalli), tomado por el primero de sus hijos junto a matones en abril del 2016, finalmente su regreso a gestionar y conducir su medio de comunicación fue obstaculizado por el INDECOPI.

Lamentablemente en esa entidad se manipuló el despojo y arrebato de una televisora, como Canal 11, y desde allí también se facilitó el incumplimiento de las sentencias del Poder Judicial que otorgaban beneficios sociales a los legítimos trabajadores de RBC Televisión, además de atentar contra las libertades de prensa y opinión de un medio de comunicación social.

Es decir, el INDECOPI -con su Comisión y Sala de Procedimientos Concursales- fue instrumentalizado directa o indirectamente para que -mediante una junta de acreedores hecha a la medida- se destruya el Estado de derecho, el derecho laboral, el derecho de propiedad y la libertad de prensa.

No obstante, hoy la batalla por superar ese impasse fraudulento o inventado para llevar a RBC Televisión ante una comisión concursal por supuesta falencia económica, sí puede acabar en pocos minutos con tamaña injusticia, y ello se concretaría más rápido si la Fiscalía, los trabajadores y el Poder Judicial ponen en verada a la Comisión de Procedimientos Concursales y al presidente de la junta de acreedores que ya tiene sanciones de multa por actuar dolosamente y mantiene alrededor de cinco procedimientos sancionadores a vista y paciencia de la susodicha comisión de procedimientos concursales.

Aún más, el propio INDECOPI de oficio podría sancionar y expectorar al actual presidente de dicha junta de acreedores, dejando así como entidad pública su triste papel de Celestina que ha venido practicando hasta ahora, pues está obligada a respetar la Constitución, las leyes laborales y penales, así como ejercer la buena fe corporativa, el “compliance”, la ética pública, la transparencia, la integridad e idoneidad.

Reitero, en minutos, puede regresar Ricardo Belmont a su canal si los funcionarios del INDECOPI (Comisión de Procedimientos Concursales) actúan en consecuencia de un Estado de derecho que haga del Perú una gran nación y no una República bananera.

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La campana de Julia Wong

Lee la columna de Rodolfo Ybarra

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Julia Wong nos dejó hace un año. Pero su producción literaria no se ha detenido, más bien ha tomado cauce como un río vertiginoso o una estrella fugaz en el cielo limpio. Y en estos últimos meses, dos de sus libros han visto la luz incorpórea: “El libro aún no escrito por las mariposas” por Máquina Purísima de Cecilia Podestá y “La Campana de barro” por Maquinaciones narrativa que dirige el escritor José Donayre Hoefken. Y también un importante premio literario ha tomado su nombre.

La Campana de barro nos trae un texto híbrido a caballo entre la novela, la poesía y el ensayo donde la escritora indaga en la idea del suicidio o su promesa siguiendo las huellas de Esther Greenwood en La Campana de vidrio, de Silvia Plath y que le sirve para entregarnos un texto maduro sobre su infancia o de cómo miraba el mundo desde el Empire State de Nueva York; o sus viajes por Argentina, Korea, Alemania, etc.  Sus amores, sus amantes, su madre, su hija y el futuro incierto.

Este artefacto literario que nos entrega Wong le permite reflexionar o cuestionar su mundo interior incluido el sexo, pero también lo que sucede afuera: el término “gay”, el feminismo del cual no se siente parte y la sociedad en general donde ella siempre aparece como la migrante que trata de entender los matices por ejemplo entre los coreanos, chinos o japoneses.

Julia Wong nos habla del suicidio y se incluye en la lista: Plath, Luis Hernández, Florbela Espanca, Arguedas, su tía J; pero esto no es un rechazo a la vida, es más bien todo lo contrario. Julia amaba la vida, las librerías, las playas, las conversas con los buenos amigos y una copa de vino; y los festivales que organizaba en Chepén y a los que asistía de invitada. Y a pesar de su larga y penosa enfermedad nunca abandonó la sonrisa. Solo cuando ya no había nada qué hacer escribió en su Facebook: “No-soy-Guerrera,-ni-estoy-hecha-de-fierro.”

Y eso es lo que caracterizaba a Julia, una mujer sencilla con mucho mundo; naif por ratos y que te decía de frente: “eso me gusta de ti” o “no me gusta que digas esto o lo otro”. Repasar las conversaciones que tuvimos con ella es escribir otra novela mientras resuena esta Campana de barro donde Julia está llena de vida y de cuestionamientos.

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Educación, salud mental y el vecino de Miraflores

Lee la columna de Marisol Verónica Giordano Silva

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Por Marisol Verónica Giordano Silva

Asistimos en los últimos días a casos públicos de violencia vecinal, pese a que hay otros hechos graves que no llegan a los medios de comunicación y menos a convertirse en denuncias ante la Policía Nacional, el serenazgo o la Fiscalía. Es decir, hay una cifra negra que se mantiene fuera de la estadística.

Miraflores es uno de los distritos que más ha sufrido un cambio en su fisiognomía vecinal, pues hace treinta años no tenía la proliferación de edificios en zonas residenciales, tampoco recibía de lleno el vertiginoso incremento del parque automotriz o la multiplicación de mascotas, existiendo nuevos vecinos con tres, cuatro y hasta cinco canes o gatos.

No obstante, es el mundo y la sociedad en general los que se han visto más violentos sobre todo a causa de una falta de educación del carácter y de manejo del estrés laboral, por lo que Miraflores no es la excepción, pero los últimos acontecimiento sobre vecinos díscolos pueden ayudarnos a dar una clarinada de alerta y ejecutar ya mismo planes piloto con las principales autoridades de una comuna muy caracterizada que es guía o referente en muchos aspectos para otros distritos del país.

Por eso la Municipalidad de Miraflores debe liderar una campaña masiva de valores y coordinar planes específicos de prevención del delito con la Policía Nacional, teniendo el antecedente positivo -por ejemplo- de que en el último 2024 y en lo que va del 2025, se ha visto una importante labor con líderes policiales que aman a la comunidad y que tienen vocación de servicio como el comisario Cmte. PNP Jhon Luján, pero al otro lado de la moneda lamentablemente hay una enorme cantidad de vecinos, de familias miraflorinas e instituciones públicas que no han tomado verdadera conciencia de sus responsabilidades.

En este contexto, sobre la base de la labor del municipio miraflorino, de la Policía y la familia, vienen otros actores como la escuela (ya sea pública o privada), el sector salud distrital con especial cuidado en la prevención de las salud mental y en ello deben trabajar juntos la UGEL 07 y el MINSA con el objetivo de detectar desde temprana edad en la comunidad educativa los posibles casos de riesgo y violencia potenciales.

No obstante, hay un área capital y es el de las juntas vecinales, que en Miraflores tendrán una renovación en abril, pues con vecinos líderes y con la comunicación oportuna se pueden evitar actos no solo vergonzosos sino peligrosos para la vida de los buenos vecinos, a fin de no repetir las noticias recientes donde una persona arroja un objeto contundente desde el balcón de su departamento a la edificación del frente o cuando una mujer patea a una joven paseadora de perros, aunque existe un tercer caso resiente de acoso y agresividad de una mujer contra un joven publicista reconocido que con su trabajo apoya a grupos musicales, artísticos y culturales no solo en el distrito sino en el Perú.

En conclusión, unidos las autoridades municipales, la Policía Nacional, el Serenazgo, la Fiscalía, los líderes educativos y el personal del MINSA, entre otras instituciones públicas y privadas, se puede evitar que nuestro distrito deje lo que le ha caracterizado siempre, la residencialidad, la paz pública, el apoyo al arte y la cultura, así como el respeto a sus autoridades y buenos vecinos.

Donde estemos inculquemos los valores morales, el diálogo, el dominio de sí mismo y el respeto al otro, pues con acciones simples se construye una mejor sociedad, por ejemplo, cuando se pasea a una mascota con su correa obligatoria, y si hay alguien que no lo hace pues debe aplicársele la multa municipal correspondiente. Recordemos que tenemos derechos, pero también deberes. Igualmente, no permitamos la prepotencia contra nuestros amigos policías, serenos o buenos vecinos, y menos la discriminación, el acoso y el racismo. No dejemos que esas taras se conviertan moneda corriente en nuestro distrito.

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El programa común de la derecha peruana

Lee la columna de Tino Santander

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Por Tino Santander

Jaime de Althaus, el intelectual más lúcido de la oligarquía se ha convertido en el operador político más importante de los partidos, movimientos, colectivos y membresías de la derecha conservadora, liberal y neofascista del Perú. Althaus anunció la semana pasada en El Comercio —vocero de las dictaduras y de los grupos de poder económico— el «programa común» de la derecha peruana en materia de seguridad ciudadana. Presentó una serie de medidas administrativas desde la visión oligárquica que, supuestamente, acabarían con el crimen organizado y mejorarían la seguridad ciudadana. Incluso señaló que este «programa común» podría extenderse a educación, salud, transporte, entre otros ámbitos. Lo importante es el compromiso político de estos sectores con los intereses económicos de la oligarquía peruana.

Althaus tomó prestado, coincidentemente, el nombre de «programa común» de la izquierda francesa que, en 1972, anunció la unión entre socialdemócratas y la izquierda marxista de entonces.[1] Dicho programa consistía en:

  • Nacionalización de sectores estratégicos (banca, industria pesada).
  • Reformas sociales: reducción de la jornada laboral y aumento del salario mínimo.
  • Mayor justicia fiscal: impuestos progresivos a los ricos.
  • Mejoras en servicios públicos: educación y salud.
  • Política exterior independiente, crítica al capitalismo y al imperialismo.

Este programa común de la izquierda francesa de 1972 no ha perdido vigencia para muchos sectores de la «Francia insumisa» y de los socialistas franceses.

Por otro lado, en el Perú, los sectores populares están construyendo un «programa común» de la revolución social, que ya está en marcha y es indetenible. Este programa propone:

  • Democratización del crédito mediante la libre competencia, acabando con el oligopolio de los «cuatro jinetes del apocalipsis» (BBVA, BCP, Scotiabank, Interbank).
  • Reformas sociales: eliminar el monopolio farmacéutico.
  • Reforma del Estado: acabar con la burocracia corrupta, haciéndolo más eficiente y empoderando a SERVIR; suspender el proceso de regionalización durante un año para, junto a los gobernadores actuales y las organizaciones sociales, económicas, educativas y gremiales, construir un verdadero proceso de descentralización.
  • Convertir la minería en «el salario de los peruanos», es decir, ponerla al servicio del país, promoviendo proyectos mineros por cincuenta mil millones de dólares para financiar el déficit en infraestructura agraria, educativa y de salud.

El programa común de la revolución contempla también:

  • Construir carreteras, trenes y conectar al país con la revolución digital mundial.
  • Organizar al pueblo junto a las Fuerzas Armadas y Policiales para combatir la delincuencia común y la corrupción política y empresarial.
  • Reformar los organismos reguladores controlados por las empresas que deberían ser reguladas (el caso de la Superintendencia de Banca es escandaloso).
  • Promover la cultura como instrumento para afianzar la diversidad y construir una gran industria multicultural que produzca reconocimiento y riqueza.

Diez millones de peruanos sin agua ni desagüe no pueden vivir en la indignidad, ni millones de mineros artesanales pueden permanecer al margen del país. El programa de la revolución social plantea incorporarlos al Estado a través de empresas en las que este pueda asociarse con ellos para producir valor agregado y riqueza para todos.

El programa del pueblo no excluye a nadie, a diferencia de los grupos de derecha capitaneados por Althaus y los grupos de poder económico. El mundo enfrenta una guerra comercial desatada por Norteamérica con el fin de afianzar su hegemonía. Frente a esto, el programa del pueblo promueve una política de paz, libre comercio y unidad entre los hispanoamericanos y los pueblos del tercer mundo.

Estas son las diferencias entre el «programa común de las derechas fascistas peruanas» y la revolución social en marcha que construye el pueblo y que está abierto a todos los peruanos. La alternativa es clara: o avanzamos al futuro con la inmensa mayoría popular o retrocedemos con los opresores y corruptos de siempre. ¡De usted depende de qué lado quiere estar!


[1] Ver: https://alternativaseconomicas.coop/francia-1972-un-programa-comun-de-la-izquierda

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Caliwood, el mito del cine colombiano

Lee la columna de Edwin Cavello

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En la Cali de los años setenta, un grupo de jóvenes cinéfilos, escritores y cineastas se rebeló contra las convenciones del arte y la cultura, dando origen a un movimiento que hoy conocemos como Caliwood. Luis Ospina, Carlos Mayolo y Andrés Caicedo fueron los principales exponentes de este fenómeno que combinó cine, literatura y un espíritu contestatario.

La esencia de Caliwood se gestó en espacios como la mítica Ciudad Solar, donde estos artistas encontraron refugio e inspiración en la colectividad y la transgresión. En palabras de Ospina, eran “hijos de lo que pasó en mayo del 68”, una generación que rechazaba el statu quo y buscaba nuevas formas de expresión. Más que un simple grupo de cineastas, eran una comuna artística que desafiaba su origen de clase acomodada para sumergirse en la marginalidad de su país.

La propuesta de Caliwood se caracterizó por su estilo irreverente, su sentido del humor negro y su crítica mordaz a las estructuras de poder. Películas como Agarrando Pueblo (1978) de Ospina y Mayolo denunciaban la “pornomiseria”, término acuñado para cuestionar la explotación de la pobreza en el cine documental de la época. Lejos de la complacencia del cine comercial, estas producciones buscaban incomodar y abrir un debate sobre la ética de la representación cinematográfica.

Andrés Caicedo, por su parte, aportó la visión literaria y cinéfila al movimiento. Su pasión por el cine se reflejó en la creación del Cine Club de Cali y en su mítica revista Ojo al Cine. A pesar de su temprana muerte a los 25 años, su legado sigue vivo en obras como Que viva la música, traducidas a varios idiomas y reconocidas internacionalmente. Ospina, su amigo y compañero, defendió su genio asegurando que no fue un simple mito construido por su círculo, sino una voz excepcional cuya influencia ha perdurado por más de tres décadas.

El término “Caliwood” nació como una broma entre copas, pero se convirtió en un emblema de la identidad cinematográfica caleña. Desde su origen espontáneo hasta la actualidad, ha dejado huella en la cultura popular, al punto de inspirar museos, canciones y hasta letreros de negocios locales. Lo que comenzó como una pequeña revolución de cinéfilos terminó consolidándose como un hito del cine latinoamericano, demostrando que la verdadera transgresión artística es aquella que no solo desafía, sino que también perdura.

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Feliz cumpleaños Mario Vargas Llosa

Amado por muchos y odiado por algunos, el premio Nobel de Literatura disfrutó su cumpleaños número 89 con su familia.

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El marqués de nacionalidad peruana-española y dominicana, leonciopradino, y barranquino de corazón, Mario Pedro Vargas Llosa, ha cumplido 89 años de vida ininterrumpida, oficiosa, disciplinada, periodística, literaria, política, ensimismada, y apátrida. 

Varguitas, como le llamó su tía y ex mujer Julia Urquidi, como fiel pupilo de Raúl Porras Barrenechea, quien le formó en las dotes del saber, se dedicó al periodismo y escribió sesudos artículos para ‘La Crónica’ y ‘La Industria’, hasta que en 1977 encalló en la columna propia: ‘Piedra de Toque’. Incluso, estrenó programa televisivo ‘La Torre de Babel’.

El autor de las vigentes ‘Conversación en la Catedral’ y ‘La Casa Verde’, es uno de los autores supervivientes del boom latinoamericano.

Y a propósito de la canción de Paul Anka “como un día domingo”, hace cuatro meses—un día de noviembre—Varguitas fue trasladado hasta la avenida Alfonso Ugarte N° 206, en el lugar que actualmente reposa un basural convertido en letrina pública.

Ycomo recordar es volver a vivir—el Nobel se tomó una foto en el frontis de aquel vetusto lugar de lo que fue el ‘Bar La Catedral’; una taberna que en los cincuentas era esplendorosa y acogía a las luminarias de la literatura peruana.

No cabe duda que la vida de MVLL superó a las memorias de ‘El pez en el agua’. Él soñó con ser presidente; sin embargo, perdió las elecciones en 1990 en manos de un profesor nipón. Vargas Llosa se exilió en Europa y no quiso saber nada del Perú. Su derrota política quizá haya significado una de las más grandes frustraciones en su vida, aunque él lo haya negado en reiteradas ocasiones. Pero entendió que la vida también consiste en fracasos y se reconcilió con la tierra que lo vio nacer.

Hoy se afinca en Lima y en Arequipa, donde goza del cariño de los amigos, e incluso de los que no lo son, porque, siempre tendrán algo qué decir de él. Y en honor a las celebraciones por su cumpleaños número 89, el pasado viernes 28 de marzo se realizaron lecturas dramatizadas de sus principales obras, en cuatro distritos de Lima capital.

¡Feliz cumpleaños Mario y que sean muchos más!

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El derecho por nacer: una cuestión de quien manda en el Tribunal Constitucional y no de lo que dice la Constitución

Lee la columna de Hans Herrera Núñez

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En la mesa estuvieron presentes los congresistas Montoya, Muñante y Barbarán, y como ponente especial desde el Tribunal Constitucional, Hernández Chávez. Curiosamente el viernes desde el TC se anuló la condena que recaía sobre Vladimir Cerrón por el caso la oroya.

Al respecto del derecho por nacer el magistrado Hernández Chávez señaló:

«No hemos conocido en la historia del TC un caso donde se haya presentado algún atentado respecto al derecho por los niños por nacer vinculado a una figura tan deplorable como el aborto (…) y sin embargo, no ha estado exenta de los pronunciamientos jurisprudenciales del TC». 

Por su parte, el congresista Muñante refirió sobre los avances legislativos para la protección del niño por nacer así como el fortalecimiento de la protección a la madre gestante así como han venido archivando proyectos que buscan liberalizar el aborto en Perú, como el caso del proyecto de ley 954 «Que pretendía despenalizar el aborto y que fue rechazado contundentemente con todos los votos en contra de ese proyecto menos uno, el de su autora».

Si bien perú parece un país seguro para los niños por nacer, no obstante la realidad semántica jurídica es más compleja de lo que se espera.

Ya en la España post franquista en los debates sobre el derecho a la vida para la Constitución de 1978, el diputado de la corte y constituyente Gregorio Pérez Barba, se refirió a dicho derecho la cual discutían los antiabortistas proponiendo para la fórmula el uso de la palabra «Todos», mientras los abortistas querían se usará el sintagma «Todas las personas». Esto último porque en el código civil se establece que es persona aquel que vive 24 horas fuera del claustro materno. Siendo así, Pérez Barba intervino en el debate constitucional y con cinismo dijo: 

«Desengáñense sus señorías, todos sabemos que el problema del derecho es el problema de quién está detrás del poder político y de la interpretación de las leyes (…) si hay un TC y una mayoría pro abortista «Todos» permitirá una leyenda del aborto y si hay un TC y una mayoría antiabortista «Persona» Impedirá  una ley del aborto».

Entonces, lo que sucede es una cuestión de quien tiene el poder y no de qué dice la Constitución. Caso cerrado.

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Opinión

Acelerar el caos: Grupo terrorista Aceleracionismo pone a Uruguay en alerta por amenazas de bombas

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El tranquilo Uruguay es la víctima perfecta para la expansión de una nueva corriente terrorista. Centros comerciales y universidades fueron amenazados desde el sábado hasta este jueves en Uruguay.

Los hechos acontecen a menos de un mes de asumir la presidencia el frenteamplista Orsi.  La amenaza se da cuando acaban de cambiar las autoridades policiales y la propia cabeza del ministerio de interior del Uruguay.

“Les informo que mañana iré a una facultad de la Udelar a primera hora a cometer una masacre. Iré armado con armas de fuego y cuchillos”. El marte por la noche un mail anónimo de una persona que aseguró ser integrante de una supuesta red extremista internacional llamada “764” llegó a la Udelar.

“Trataré de matar a la mayor cantidad de gente posible y luego me suicidaré. Además, transmitiré la masacre en directo por TikTok. Ustedes me causaron dolor, yo se los devolveré aumentado. Yo les demostraré a todos ustedes que Ninguna vida importa”, señala el texto, junto a una foto de armas y de municiones que forman el número 764.

Además, dicho correo, contenía un link a un canal de Telegram que, de acuerdo con El País, está inactivo desde hace 11 meses pero que servía para que sus miembros compartan contenido pornográfico y fotos de cortes autoinflingidos.

De acuerdo a la información policial, además de las amenazas de bomba a centros comerciales y a la Facultad de Medicina, se conoció el caso de una adolescente de 13 años que asistió a clases al liceo 48 de Montevideo, ubicado en Puntas de Manga, con una pistola. Además, el liceo de San Carlos,en Maldonado, tuvo que suspender las clases tras recibir un correo electrónico de una persona que amenazaba con cometer una “masacre” porque estaba “harto de tanto bullying”.

Por las amenazas en la Udelar, las facultades de Derecho, Economía y Arquitectura tuvieron que ser evacuadas este miércoles, en tanto que los centros comerciales afectados por las amenazas son el Montevideo Shopping, Punta Carretas y Portones.

La Policía Nacional de Uruguay se declaró este 26 de marzo “en alerta plena” mientras avanzan las investigaciones. El grupo 764, vinculado a la explotación infantil y la incitación a la violencia, podría ser responsable de estas amenazas.

La red 764 es una organización extremista vinculada a la explotación infantil y la incitación a la violencia y está considerada como una amenaza terrorista de nivel uno por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI.

Fue fundada por Bradley Cadenhead, un adolescente de Texas en 2021 quien tomó el código postal de su ciudad, Stephenville. En 2023, Cadenhead fue declarado culpable de posesión de imágenes de abuso sexual infantil y condenado a 80 años de prisión.

Según el FBI, “estas redes utilizan amenazas, chantaje y manipulación para coaccionar o extorsionar a las víctimas para que produzcan, compartan o transmitan en vivo actos de autolesión, crueldad animal, actos sexualmente explícitos o suicidio. Las grabaciones se difunden entre los miembros de la red para continuar extorsionando a las víctimas y ejercer control sobre ellas”.

En febrero de este año, la Guardia Civil española detuvo a un hombre de 23 años, identificado como H. F. P., acusado de amenazar con atacar varios colegios en Valencia y quien aseguró ser miembro del 764.

El FBI emitió el 6 de marzo una advertencia pública sobre un “fuerte aumento de la actividad del ‘764’ y otras redes violentas en línea que operan en Estados Unidos y en todo el mundo”.

Dicha organización forma parte de un entramado global muy activo en redes que sigue una filosofía nihilista expresada en el aceleracionismo, una corriente que propugna el cambio radical a través de atentados aislados que perpetran lobos solitarios.

Por su parte la policía como la ciudadanía de Uruguay ha demostrado no estar preparado para posibles atentados reales. Uruguay se caracteriza por una sólida democracia desde 1985. Estos atentados ocurrieron en EEUU y en un país tan tranquilo como Nueva Zelanda. Algunos analistas políticos uruguayos señalaron que las amenazas consecutivas podrían ser usadas para probar los tiempos de respuesta de los sistemas de seguridad en el país antes de ejecutar un ataque real.

Destaca también la brecha generacional en Uruguay entre los mayores y los jóvenes al abordar este fenómeno. Existe un tráfico de información diferente entre los jóvenes más sensibles y mejor enterados de estos temas. Esto genera una distancia con sus interlocutores adultos pues no saben de qué están hablando. Mientras los jóvenes uruguayos siguen hablando de estas amenazas los adultos hablan de cualquier otra cosa.

A este punto cabe preguntarse cuáles son los protocolos que tiene Uruguay al respecto para enfrentar una situación así. También hace falta saber si cuentan con la tecnología o la misma tipificación penal respecto a esta nueva forma de terrorismo que emerge en el horizonte rioplatense. ¿Es este grupo realmente un peligro para Latinoamérica y acaso estaban probando los sistemas de seguridad para desencadenar un ataque a gran escala?

Estos grupos se organizan en foros extremistas como 4chan y se caracterizan por el uso de un lenguaje y referencias crípticos a través de copypastas y memes de texto dirigidos a solo los iniciados en una subcultura de internet. Su codificación semiótica es todavía inaccesible para la policía de países como Latinoamérica poco acostumbrados a esta cultura que nació en EEUU.

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