El reciente anuncio del ministro de Justicia, Juan Alcántara, sobre la conformación de una comisión liderada por la Cancillería para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) marca un momento clave y delicado en la política exterior y de derechos humanos del país. Esta decisión, impulsada por el premier Eduardo Arana y respaldada por el Ejecutivo, pone sobre la mesa una discusión que tiene implicancias jurídicas, diplomáticas y éticas de gran magnitud.

El hecho de que la Cancillería esté a cargo de esta comisión responde a criterios de competencia institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schialer, posee la atribución exclusiva de conducir la política exterior del país, y por tanto, la eventual denuncia o retiro de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recae en su ámbito. No obstante, esta formalidad no exime al Estado peruano de asumir las consecuencias que implicaría alejarse de un sistema que ha sido tradicional en la protección de derechos fundamentales, durante las últimas décadas, especialmente en contextos donde la justicia interna ha sido insuficiente.

El SIDH ha sido históricamente una herramienta de protección para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en la región. Casos emblemáticos en el Perú, como los de La Cantuta, Barrios Altos o los abusos en penales durante la época de la subversión, encontraron justicia internacional cuando los mecanismos nacionales fallaron.

No obstante, también se han registrado excesos por parte de diversos sectores, en especial algunas ONG que, de manera cuestionable, han instrumentalizado el discurso de los derechos humanos para obtener financiamiento millonario de fundaciones internacionales, promoviendo con ello una agenda progresista. En algunos casos, incluso han recurrido a demandar al Estado con el aparente objetivo de obtener indemnizaciones cuantiosas. A esto se suma la creciente y desproporcionada injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual ha generado preocupación en distintos sectores del país.

El Ejecutivo plantea que esta evaluación se hará de manera multisectorial —incluyendo al Congreso, la sociedad civil y la academia—, es decir, esta comisión deberá tomar una decisión en un espacio real de deliberación democrática.

La soberanía democrática se fortalece cuando el país se sujeta a estándares supranacionales que garantizan el respeto a la dignidad humana; sin embargo, esta es insoslayable y bajo ningún concepto debería socavarse con algún tipo de injerencia internacional inapropiada.

En conclusión, esta comisión debe ser transparente, técnicamente sólida y abierta al escrutinio público. De lo contrario, podría sentar un precedente regresivo en la protección de derechos humanos en el Perú.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundada la solicitud de ‘cesación de prisión preventiva’ presentada por el abogado del expresidente Pedro Castillo. Con esta decisión, se confirma la vigencia de la medida coercitiva de 18 meses, dispuesta el 5 de julio de 2024 por la Sala Penal Permanente.

La resolución forma parte del proceso penal que se le sigue a Castillo Terrones por su presunta responsabilidad en delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Entre los cargos más graves figura el delito de rebelión, contemplado en el artículo 346° del Código Penal, además de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

El Poder Judicial ha considerado que no existen elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida. Para el tribunal, los delitos imputados son de suficiente gravedad como para sustentar la prisión preventiva, en tanto se continúa desarrollando el juicio correspondiente.

La defensa del exmandatario alegó que la medida resulta excesiva y desproporcionada, pero su apelación fue rechazada. Según la Corte Suprema, las condiciones jurídicas que motivaron la decisión original se mantienen vigentes, así como el riesgo procesal que representa el imputado.

Castillo se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple la prisión preventiva impuesta. Esta medida fue ratificada tras la revisión de los elementos presentados en la investigación fiscal, entre ellos su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, que dio origen a su detención y posterior procesamiento.

El proceso judicial avanza con audiencias periódicas, aunque no exentas de controversia. En las últimas semanas, se han registrado enfrentamientos verbales entre los magistrados y la defensa legal, reflejando el clima tenso que rodea el caso.

En un nuevo giro del caso “Lomas de Ilo”, el abogado del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, Erwin Siccha, ha afirmado que la información presentada por la empresa Obrainsa como parte de su colaboración eficaz ante el Ministerio Público sería falsa. Según Siccha, un informe pericial de parte, elaborado por la defensa, demostraría que las pruebas entregadas por Obrainsa no solo son inconsistentes, sino cronológicamente imposibles.

El Ministerio Público acusa a Vizcarra de haber recibido S/ 2,3 millones en sobornos a cambio de adjudicar los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional. La Fiscalía sostiene que parte de ese dinero fue entregado en efectivo por medio del exconserje Tobías Puertas. Sin embargo, la defensa del expresidente ha planteado un punto clave: los presuntos desembolsos S/ 400 mil y S/ 600 mil habrían ocurrido en enero y abril de 2014, mientras que las facturas que cobró Obrainsa y que habrían originado esos fondos para el supuesto soborno datan de junio del mismo año.

El abogado de Vizcarra se pregunta: ¿cómo puede sostenerse una teoría fiscal basada en pagos que ocurrieron después de los retiros? ¿Y por qué se aprobó una colaboración eficaz con pruebas que presentan inconsistencias tan evidentes?

Si el informe pericial presentado demuestra errores en las fechas clave, el Poder Judicial tendría el deber de examinarlo con objetividad, sin ceder a la presión mediática ni al cálculo político.

Mientras tanto, el Poder Judicial (PJ) anunció que retomará este jueves 26 de junio a las 5.00 p. m. la audiencia en la que decidirá si dicta o no seis meses de prisión preventiva contra el cuestionado exmandatario.

Quieren limpiarle la estirada cara a Dina Boluarte y lo hecho por el otrora vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien se encuentra desaparecido desde que saliera a la luz el escándalo de la comida en mal estado de Qali Warma (Wasi Mikuna), hasta el momento no viene dando resultados positivos.

Cabe recordar que la última conferencia de prensa ofrecida por el impávido vocero se dio el pasado 1 de febrero de 2025, y desde ese entonces han tenido que salir los ministros de Boluarte a brindar improvisadas conferencias a los medios de prensa.

Como Hinojosa resultaba inexpresivo y casi actuaba como un robot ante las cámaras, ahora el Gobierno ha preferido contar con una persona especialista en medios y que se encargue en mejorarle la alicaída imagen de la jefa de Estado; es por ello que ayer se designó como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial a Mónica Otilia Tiburcio Orbezo, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

La Resolución n.° 38-2025-DP/GDP lleva la firma del secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez.

La resolución también precisa que el vínculo laboral de la servidora se encuentra regulado exclusivamente por el régimen de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, su reglamento y las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

De igual modo, se dispone que la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones efectúe la publicación de la presente resolución en el portal institucional del Despacho Presidencial.

Tarea titánica

La gestión de Tiburcio estará enfocada en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Asimismo, también estará encargada de coordinar con los distintos medios de prensa y de gestionar la imagen institucional del Gobierno.

Como ya se indicó, la imagen estática dejada por Fredy Hinojosa no aportó en lo más mínimo por crear una cercanía con la población y sobre todo con los hombres de prensa.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “advirtió” sobre una supuesta afectación a la autonomía del Ministerio Público, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Con esta declaración, que ha causado controversia y rechazo en varios sectores jurídicos y políticos del país, la CIDH ha vuelto a entrometerse en los asuntos internos del Perú.  

Lo cuestionable no es solo el tono del pronunciamiento, sino su evidente sesgo. El organismo omitió que la suspensión por 24 meses de Benavides Vargas fue determinada por el Poder Judicial, a pedido de Delia Espinoza, cuando ella aún no era fiscal de la Nación, y que dicha medida dejó sin efecto cualquier intento de restitución. Sin embargo, la CIDH parece más interesada en blindar a Espinoza Valenzuela —quien desobedeció abiertamente una resolución de la JNJ— que en observar con imparcialidad el proceso institucional.

El respaldo implícito de la CIDH a una fiscal que se mantiene en el cargo tras negarse a cumplir un mandato legal, avalada luego por una decisión judicial, genera serias dudas sobre la coherencia del organismo de Derechos Humanos, que no condena la desobediencia de Espinoza ni su instrumentalización del Ministerio Público; por el contrario, se minimiza su impacto y se enfoca el reproche en una decisión que ya había sido invalidada por la justicia ordinaria.

¿Desde cuándo defender la autonomía institucional significa ignorar el Estado de derecho? La CIDH, que debería velar por los derechos humanos y la legalidad, se posiciona en un debate judicial y político interno como si tuviera mandato para intervenir, vulnerando así el principio de no injerencia.

Sus constantes pronunciamientos selectivos y omisiones calculadas evidencian una preocupante parcialidad que erosiona la legitimidad del propio sistema interamericano. En lugar de fortalecer la institucionalidad en Perú, la CIDH parece decidida a jugar un papel político, avalando conductas que, si provinieran de otras figuras, serían calificadas de antidemocráticas.

¿Cómo creerle a una bancada que en las decisiones más importantes prefirieron votar en abstención? La bancada de Podemos Perú, liderada por el cuestionado congresista José Luna Gálvez, tiene en sus filas a “perro, pericote y gato”, pues esa nómina está compuesta por parlamentarios con severas investigaciones y carpetas fiscales abiertas.

Se quieren presentar como los últimos paladines de la justicia, rechazando abiertamente una hipotética alianza con Dina Boluarte y el Gobierno Central, pero sus anteriores decisiones terminan por desmoronar tal falacia. El plan de Podemos y Luna Gálvez es querer hacer creer al ciudadano que es el bloque opositor del gobierno, para así acumular votos en las futuras elecciones.

Mediante un comunicado, la bancada de Podemos explicó que no respaldará ninguna fórmula para la nueva Mesa Directiva del Congreso. Explican que su decisión obedece a una posición coherente “frente a los graves hechos que viene marcando al actual gobierno y su relación de blindaje por ciertos grupos políticos del Congreso”.

Según ellos, añaden, solo apoyarán a la lista que garantice la independencia del Congreso, deslinde de actos de corrupción que involucren al entorno de la presidenta y rechace cualquier intento de intercambio de favores o reparto de cargos públicos. ¿Les creemos?

“Podemos Perú no permitirá que el Congreso se convierta en una extensión del Gobierno ni en un refugio de impunidad. El Perú no soporta más arreglos bajo la mesa ni componendas que solo profundizan la desconfianza ciudadana”, enfatizó la agrupación en el documento.

Cabe recordar que el pasado martes la bancada de Renovación Popular también había anunciado su decisión de no integrar la nueva Mesa Directiva 2025 -2026. Por su parte, Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, mencionó que no tiene en mente presentarse para la nueva conformación. En tanto, la bancada de Somos Perú suena como la más voceada para obtener la presidencia. A ellos se sumarían APP y Fuerza Popular para completar la mesa.

Memorex:

En el pasado voto de confianza al gabinete Arana, ocho de los catorce miembros de Podemos Perú votaron en abstención, pese a que se trataba de un gabinete reciclado y con más dudas que certezas. Así se presentan como los grandes opositores de Boluarte.

El Consejo de Ministros aprobó este miércoles la solicitud de extradición del exjuez Iván Noguera, quien fue detenido en Italia en abril y es requerido por la justicia peruana por su implicancia directa en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. El exintegrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encuentra prófugo tras haber burlado la comparecencia restringida que se le impuso inicialmente, luego de que la Fiscalía le autorizara en el mes de noviembre un viaje a Argentina del cual jamás regresó.

Noguera, autodenominado “Dr. Rock” por su afición musical, fue una figura clave en el escándalo de los CNM Audios, revelado en 2018. Junto a personajes como el también prófugo César Hinostroza y el hoy preso Walter Ríos, protagonizó una de las tramas de corrupción más escandalosas del país, donde se pactaban nombramientos judiciales, favores políticos y sentencias al mejor postor. Su supuesta «prestigiosa» trayectoria fue aplaudida públicamente por cuestionados personajes de la televisión, como Andrés Hurtado “Chibolín”, quien lo llamó “maravilloso y gran amigo” en su programa, evidenciando los peligrosos vínculos entre el poder judicial y el espectáculo.

El pedido de extradición aprobado por el Ejecutivo y tramitado por el Poder Judicial es una prueba de fuego para la lucha anticorrupción en el país. Traer a Noguera de vuelta sería un paso simbólico y judicial necesario para enfrentar la impunidad que aún persiste en las altas esferas. Pero también pone en evidencia las torpezas del sistema judicial: ¿cómo fue posible que un investigado de su calibre obtuviera permiso para salir del país?

La imagen de Noguera cantando «Regresa ya» se torna irónica. Hoy, lo que el Perú exige es que regrese, pero no al escenario, sino al banquillo de los acusados.

Se van a cumplir dos años y medio desde que Dina Boluarte asumiera como presidenta de la República y desde esa ocasión casi nunca se le ha visto ofreciendo una entrevista a un medio local. Al igual que su antecesor, Boluarte Zegarra, ha optado por tener de voceros a sus distintos ministros, incluidos sus primeros ministros, para que salgan a dar la cara por ella. Para ello, ha considerado escoger a gente de su entorno más confiable y que no sería capaz de darle la contra en ningún momento.

Pese a los constantes cuestionamientos y denuncias públicas, muchos de sus ministros se mantienen hasta la fecha en sus cargos y pasándose a otras carteras; así podemos encontrar a la abogada Leslie Urteaga Peña, quien fue ministra de Cultura desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 3 de setiembre de 2024, para luego retornar como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) el pasado 31 de enero de 2025.

Sobre Urteaga pesan una serie de críticas durante su gestión en el Mincul, sobre todo cuando se reveló un video del año 2019 donde se le ve bailando junto con Richard ‘Swing’, aquel personaje estrechamente vinculado al expresidente Martín Vizcarra y que habría conseguido lucrativos contratos con el Mincul.

Asimismo, también se le reprocha por haber permitido cambios a la Ley del Cine, siendo reprobada por toda la comunidad cinematográfica durante el Festival de Cine de Lima. Ahora, en su papel como titular del Midis, pesa sobre ella su poca participación por recomponer lo que fuera Qali Warma.

Otro de los ministros inamovibles es César Vásquez Sánchez, responsable del Ministerio de Salud (Minsa), quien está al frente de dicho ministerio desde el 19 de junio de 2023; convirtiéndolo en el más longevo de los ministros de Boluarte. Recientemente acaba de cumplir dos años en su cargo.

Vázquez, quien reemplazara a Rosa Gutiérrez, tiene un ‘rosario’ de denuncias’, pasando por la calificación de enfermedades mentales al travestismo y la transexualidad, denuncias por nepotismo, una severa crisis sanitaria o cómo olvidar el caso del suero fisiológico. Increíblemente, ha sabido esquivar todos los dedos que apuntan hacia su responsabilidad.

El tercer ministro incondicional de la chalhunaquina es el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo (MTPE), Daniel Maurate, quien está en ese portafolio desde el 6 de setiembre de 2023, próximo también a cumplir dos años en su puesto. Pareciera que la mandataria le tiene cierto afecto y confianza pues previamente fue ministro de Justicia el pasado 23 de abril de 2023.

Ocho ministros del Interior en lo que va de la gestión de Boluarte

Una ‘papa caliente’, sin lugar a dudas, es el Ministerio del Interior (Mininter) por obvias razones. La jefa de Estado poco o nada ha hecho por combatir la delincuencia común y las extorsiones y los primeros que salen en ofrecer su cabeza en bandeja de plata son los titulares del Mininter. Es por ello la poca permanencia de muchos de sus ministros en ese portafolio, durando algunos de ellos cuestión de días que fácilmente pueden ser contados con los dedos de la mano.

Para empezar, César Cervantes se mantuvo solo 11 días; le siguió Víctor Rojas, durando 23 días. Vicente Romero fue el tercero de la lista, quedándose 10 meses para luego ser sucedido por Víctor Torres. Luego, Walter Ortiz duró 45 días y fue sustituido por el apático Juan José Santiváñez, quedándose al lado de la mandataria por 10 meses. Julio Díaz pasó sin pena ni gloria y finalmente el Mininter está al cargo de Carlos Malaver desde el 13 de mayo de 2025.

Los otros ‘escuderos’

De tanto en tanto los demás ministros se van alternando en salir a defender a la jefa de Estado, tratando así de justificar de cierta manera su permanencia en sus instituciones.

Walter Astudillo está en el Ministerio de Defensa desde el 13 de febrero de 2024.

Raúl Pérez-Reyes es el encargado del Ministerio de Economía y Finanzas desde el 13 de mayo de 2025. Previamente, fue ministro de Producción en enero de 2024 y posteriormente de Transporte en setiembre del mismo año.

Juan Alcántara Medrano se desempeña como ministro de Justicia desde el 14 de mayo de 2025, mientras que un día antes César Sandoval tomó las riendas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El 1 de abril del año pasado juramentaron Morgan Quero, Sergio González Guerrero, y Ángel Manero Campos en los ministerios de Educación, Producción y Desarrollo Agrario, respectivamente.

En tanto, el 3 de setiembre de 2024 juramentaron Úrsula León Chempén y Durich Whittembury Talledo y Fabricio Valencia en los ministerios de Comercio Exterior, Vivienda y Cultura respectivamente.

El 30 de noviembre de 2024 asumiría Jorge Montero en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), mientras que Fanny Montellanos Carbajal se convertiría en ministra de la Mujer el pasado 31 de enero del año en curso.

Por más mociones de censura e interpelaciones pocas fueron las veces en que verdaderamente el Congreso intentó incomodar a la presidenta Boluarte y ella, consciente de eso, ha sabido moverse sin mucho obstáculo siempre acompañada de sus incondicionales