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Opinión

Los presidentes del Perú y la corrupción 1995-2022 (Segunda parte)

Lee la columna de Raúl Allain.

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Comentaba la semana pasada, en la primera parte de este artículo, que el Perú es quizás el único país en el mundo en el que más de cinco expresidentes han estado o están inmersos en procesos penales por diversos delitos. Mencionábamos que son conocidos los casos de Francisco Morales Bermúdez (sentenciado a cadena perpetua y fallecido en julio de 2022), Alberto Fujimori (actualmente cumpliendo condena), Alejandro Toledo (en proceso de extradición), Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Y ya se sabe que existen serios cuestionamientos e investigaciones contra Martín Vizcarra en torno a su gestión como presidente regional de Moquegua y también hay investigación fiscal contra el actual mandatario Pedro Castillo Terrones, protegido por la figura legal de “inmunidad presidencial”.

Con el suicidio de Alan García Pérez quien se disparó en la cabeza el 17 de abril de 2019 cuando la fiscalía se aprestaba a allanar su domicilio y proceder a su detención preventiva– se extinguió la acción penal contra él.

Todo esto debe ser motivo de una seria preocupación como sociedad peruana si es que queremos encontrar el rumbo. Continuamos con el recuento de presidentes procesados.

Caso Alejandro Toledo

El expresidente Alejandro Toledo detenido en julio del 2019 en California (EE.UU.), donde ha residido durante los últimos años, y estuvo ocho meses encarcelado por riesgo de fuga, pero finalmente pasó a cumplir arresto domiciliario en marzo del 2020, a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19.

Uno de los presuntos delitos en los cuales está involucrado, es el caso Ecoteva, proceso penal por un presunto delito de lavado de activos. Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug y a pedido del expresidente. En dicha empresa se usaron dos cuentas en el banco ScotiaBank de Costa Rica. La primera se creó el año 2012 en el mes de febrero a la que ingresó 17 millones de dólares.

El dinero proveniente, según Toledo, era del gobierno alemán que indemnizó a todos los judíos sobrevivientes del Holocausto, entre las que se encuentra Fernenbug. Sin embargo, se supo mediante un reportaje que ese dinero era de un préstamo a Scotiabank de Costa Rica que Ecoteva había solicitado. El préstamo fue cancelado en 89 días.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informó que esa es una modalidad para blanquear el dinero en los paraísos fiscales y que en realidad ese préstamo no lo necesitaban. Los otros involucrados en el caso Ecoteva son Eliane Karp, esposa del exmandatario, Josef Maiman, además del chofer del expresidente y su hijo de este. El juez Abel Concha Calla dispuso que Toledo sea procesado como coautor del presunto delito de lavado de activos.

El 4 de noviembre de 2015 el Tribunal Constitucional rechaza el hábeas corpus presentado por el expresidente Alejandro Toledo que buscaba anular el informe del Congreso sobre el caso Ecoteva. El Poder Judicial abre el proceso por el presunto delito de lavado de activos a Alejandro Toledo.

En las elecciones generales 2016, después de no pasar la valla electoral y perder su inscripción como partido político. Después de eso, se abre proceso a Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. El juez Abel Concha decidió el levantamiento del secreto bancario de Alejandro Toledo, siendo esto como parte del juicio por caso Ecoteva.

El día 19 de febrero, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del Juez Richard Concepción Carhuancho, emitió el auto de requerimiento judicial de extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Y ello por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.

Además, Toledo es considerado como una de las piezas claves en el escándalo de corrupción de Odebrecht (https://tinyurl.com/4zkz4su9). Toledo es uno de los tres exgobernantes peruanos implicados en las investigaciones de esta trama de corrupción que, en su caso, comprende la presunta entrega de un soborno de unos US$ 35 millones para facilitar los negocios de la empresa brasileña.

En relación al delito de tráfico de influencias, el auto de requerimiento señala que en el año 2004, el expresidente habría ofrecido a Jorge Simoes Barata (Superintendente de la Empresa Odebrecht en Perú) interceder en el proceso de licitación del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil (carretera interoceánica) a fin de que la empresa Odebrecht resultara beneficiada con la buena pro. De esta manera, Toledo “se encargaría de que los plazos proyectados en el proceso no se posterguen; así como también modificar las bases de la Licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas”. Todas ellas, funciones a cargo del Comité Especial de Proinversión, entidad que conducía el proceso de selección.

A cambio de ello, Alejandro Toledo habría recibido la suma de veinte millones de dólares entre los años 2006 y 2010 a través de las empresas del empresario Josef Maiman. Estos hechos constituirían el delito de tráfico de influencias (art. 400° del Código Penal peruano), que, conforme al auto de requerimiento, y de cara al requisito de doble incriminación, se corresponderían además con lo previsto en el artículo 201 literal b numeral 1, del Capítulo 11 sobre Cohecho, Soborno y Conflicto de Interés, del Título 18 sobre delitos y proceso Penal de los Estados Unidos de América.

Por otro lado, el requerimiento incluye el delito de colusión, debido a que, entre los años 2004 y 2005 Alejandro Toledo se habría concertado con Jorge Simoes Barata a fin de favorecer a la empresa Odebrecht en la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, Tramo 2 y 3. En ese sentido, Toledo “se encargaría de que los plazos del proceso no se posterguen, así como de lograr la modificación de las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas”. Según el auto de requerimiento, se aprecian intervenciones de Toledo en distintas fases del proceso, como por ejemplo en la designación del Comité de Selección.

Conforme a lo señalado en el auto, estos hechos calificarían como delito de colusión (art. 384 del Código Penal peruano) y estarían calificados como delitos en leyes de los Estados Unidos como el artículo 201 literal b, numeral 2, letra C, dentro del Capítulo 11 sobre Cohecho, Soborno y Conflicto de Interés, del Título 18 sobre Delitos y Proceso Penal de los Estados Unidos y el artículo 1 de la Ley Antimonopolios Sherman.

Finalmente, se atribuye a Alejandro Toledo la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia (artículo 1 de la Ley N° 27765, vigente al momento de los hechos), por la serie de transacciones realizadas a través de las cuentas bancarias de las empresas offshore de Josef Maiman. En este caso, los caudales ilícitos estarían conformados por el dinero recibido de la empresa Odebrecht (20 millones de dólares) a cambio de la intervención de Toledo en los procesos de selección antes mencionados. El uso de las cuentas y empresas de Josef Maiman estarían dirigidos a evitar la identificación de la ilicitud de dichos activos. De igual manera, el lavado de activos se encuentra previsto como delito en el Perú (Ley N° 27765, vigente al momento de los hechos) y en Estados Unidos (artículo 1956 del Título 18 del Código de los Estados Unidos).

Con el requerimiento formal de extradición activa de Alejandro Toledo a los Estados Unidos, se elevó el cuaderno de extradición correspondiente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De declararlo procedente, la Corte Suprema emitirá una resolución consultiva y remitirá el cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia. En dicha instancia, será la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados la que proponga al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Justicia, acceder o no al pedido de extradición (artículo 28 del D.S. N° 016-2006-JUS). Contando con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el pedido de extradición de Alejandro Toledo se realizará mediante Resolución Suprema. Tanto la resolución como el cuadernillo serán luego enviados a los Estados Unidos por la vía diplomática.

El diario Gestión informó que tras un prolongado proceso que comenzó con su detención en el 2019, el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, avaló que el exmandatario sea entregado a las autoridades peruanas. Hixson aseguró que su tribunal consideró las pruebas “sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero”.

“Luego del visto bueno de la Justicia estadounidense, será el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el que tomará la decisión final en un caso que el propio Gobierno de Estados Unidos ha representado los intereses de Perú durante el proceso. Aunque su defensa aún puede solicitar como último recuerdo una orden de ‘hábeas corpus’, de la decisión que tome Blinken dependerá de que Toledo, de 75 años, sea procesado en su país y afronte el pedido fiscal de una condena de 20 años y 6 meses de prisión por el caso Odebrecht”, precisó.

Caso Ollanta Humala

El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, están inmersos en un proceso penal por el caso de los presuntos aportes irregulares al Partido Nacionalista. Ellos estuvieron en prisión preventiva y ahora siguen su proceso en comparecencia.

La investigación se inició en enero del 2015, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectara transferencias por US$216 mil a cuentas bancarias de Nadine Heredia. Las operaciones fueron hechas por su madre Antonia Alarcón, su hermano Ilan Heredia Alarcón, Arturo Belaunde Lossio y las empresas venezolanas Inversiones Kaysamak CA y Venezolana de Valores.

Según la tesis de la fiscalía, el dinero para la campaña del 2006 del Partido Nacionalista habría provenido del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y para la campaña del 2011 de las empresas Odebrecht y OAS.

En octubre del 2016, luego de dejar la presidencia de la República, Ollanta Humala fue incluido en la investigación. La situación de la pareja se complicó cuando Odebrecht reconoció haber entregado cerca de US$3 millones a la campaña electoral del 2011 del Partido Nacionalista.

Sobre las presuntas irregularidades en la campaña del 2011, la fiscalía indica que hay testigos que confirman aportes fantasmas a la ONPE, anotaciones en las agendas de Heredia que coinciden con aportes bancarios y contratos ficticios usados para justificar ingresos sospechosos en el manejo de los fondos del partido.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que preside el juez Richard Concepción Carhuancho, ordenó el 13 de julio del 2017 18 meses de prisión preventiva para Humala y Heredia en el marco del proceso por lavado de activos que se les sigue a raíz de los aportes para las campañas del 2006 y 2011 del Partido Nacionalista Peruano. Asimismo, el 3 de agosto del mismo año, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, encabezada por Octavio Sahuanay, ratificó la medida.

Sin embargo, en abril de 2018, el Tribunal Constitucional (TC) dispuso que salieran de prisión ante un recurso de hábeas corpus presentado por ambos acusados.

Según el portal de noticias Infobae (https://tinyurl.com/3shz3n5c) el próximo miércoles 9 de noviembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema abordará el caso del expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista Peruano (PNP) en un debate público sobre si los aportes irregulares o clandestinos a las campañas electorales pueden considerarse delito de lavado de activos.

La definición de este asunto resulta crucial para la continuidad de los juicios por aportes fraudulentos de campaña electoral, pues tendrá incidencia en otros procesos como el de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

La defensa de todos ellos aguardan la decisión de los magistrados en una sesión en la que asistirán representantes de Fiscalía, Procuraduría y abogados de Humala y la exprimera dama Nadine Heredia.

Para los implicados, los aportes no configuran lavado de activos, pues el presunto dinero de dudosa procedencia se gasta durante la campaña. La Fiscalía, en cambio, considera que este delito se produce al ocultar a los electores y los órganos electorales la procedencia de los fondos que se utilizan para financiar la campaña política.

El matrimonio Humala-Heredia es investigado por recibir, en 2006, presunto dinero del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez extraído ilegalmente del tesoro público de dicho país por medio de la empresa Inversiones KA. Para la Procuraduría de Lavado de Activos, se debe fijar en 20 millones de soles la reparación solidaria contra Humala y Heredia.

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Raúl Allain. Escritor, poeta, editor y sociólogo peruano (Lima, 1989). Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido incluido en antologías como Antología de poetas críticos (Cisnegro, México DF, 2019), Antología décimo aniversario de Lord Byron Ediciones (Liber Factory - Lord Byron Ediciones, Madrid, 2013), Veinte poetas: muestra de poesía contemporánea (I.F.D. Editor; Lima, 2010), Poesía y narrativa hispanoamericana actual (Visión Libros - Lord Byron Ediciones, Madrid, 2010), Abofeteando a un cadáver (Bizarro Ediciones - Centro Cultural de España, 2007), entre otras. Sus textos aparecen en diversos medios literarios tanto nacionales como internacionales. Actualmente preside el Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y dirige el sello independiente Río Negro. Ha publicado Poéticas, Poiesis hispanoamericana: selección de poesía contemporánea, Eros & Tánatos: poesía y arte contemporáneos, entre otras antologías, ¡Yo no hice nada!: Sobre la idiosincrasia peruana, ¡Palaciego In Memoriam!: Selección de textos de Humberto Pinedo, así como el ensayo La cientificidad del consciente (Editorial Emooby, 2011). Premio Mundial a la Excelencia Cultural y Premio Mundial el Águila Internacional a la Excelencia Sociológica de la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE).

Opinión

Los monopolios matan: De Intercorp a Medifarma, los pobres siguen poniendo los muertos

La historia se repite: los monopolios en el Perú no solo acumulan fortunas, sino que también acumulan cadáveres. Mientras las grandes corporaciones expanden su control sobre mercados esenciales desde supermercados hasta medicamentos, los más pobres pagan con su salud, su vida y su silencio. Dos casos emblemáticos lo demuestran: la desgracia silenciada de INTERCORP en Trujillo y la reciente tragedia de los sueros contaminados de MEDIFARMA, que domina el 70% del mercado farmacéutico peruano.

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Por Jorge Paredes Terry

El monopolio que enterró la verdad: INTERCORP y Real Plaza en Trujillo

En 2023, el derrumbe de un muro durante la construcción del Real Plaza en Trujillo dejó tres trabajadores muertos y decenas de heridos. La prensa local apenas lo mencionó, las investigaciones se estancaron y el caso quedó sepultado bajo el peso de los intereses económicos. INTERCORP, el gigante financiero y comercial de los Rodríguez Pastor, manejó la narrativa: no hubo titulares nacionales, no hubo responsables tras las rejas, solo familias destruidas y un silencio comprado.

El caso de la caída del techo del Real Plaza de Trujillo es otro incidente trágico que ocurrió el 21 de febrero de 2025. Ese día, el techo del patio de comidas del centro comercial colapsó, dejando un saldo de seis personas fallecidas y más de 80 heridos.

La tragedia ocurrió mientras el recinto se encontraba en plena operación, con decenas de clientes en la zona afectada. Las labores de rescate se extendieron por más de 40 horas, y las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

Intercorp, la empresa propietaria del Real Plaza, se vio envuelta en una crisis debido a este incidente. La empresa aseguró que se haría cargo de la atención médica de los afectados y cubriría los gastos derivados de la tragedia.

Sin embargo, la responsabilidad de Intercorp saltó a la luz, por  la seguridad y el mantenimiento del centro comercial, los familiares de las victimas han pedido una investigación más a fondo sobre las causas del colapso. El silencio de los medios de comunicación y de las autoridades sobre este caso causa sospecha.

¿Por qué? Porque en el Perú, los monopolios tienen más poder que el Estado. Controlan medios de comunicación, influyen en fiscales y entierran sus errores con dinero. Mientras tanto, los trabajadores precarios sin contratos, sin seguridad siguen siendo carne de cañón para sus ganancias.  

MEDIFARMA: Cuando el monopolio de los medicamentos se convierte en veneno  

Ahora, el mismo patrón se repite con MEDIFARMA,  la empresa que domina el mercado de insumos médicos en el Perú. Sus sueros fisiológicos contaminados han sido vinculados a muertes de pacientes en hospitales públicos y clínicas  donde el pueblo recibe tratamientos con productos de dudosa calidad. ¿La razón? No hay competencia real. MEDIFARMA controla el 70% del mercado, fija precios y, ante la falta de alternativas, el Estado y las clínicas siguen comprando sus productos, aunque fallen.  

Este no es un error aislado: es la consecuencia natural de un sistema que permite que unas pocas empresas decidan quién vive y quién muere. Cuando no hay competencia, no hay incentivos para mejorar. Cuando no hay regulación, los abusos son inevitables.  

El costo humano de los monopolios: los pobres siempre pierden.

Los monopolios no son solo un problema económico: son una sentencia de muerte para los excluidos. En un país donde el Estado es débil y la corrupción abre puertas, las grandes corporaciones:  

1. Ahogan a la competencia: Pequeñas farmacéuticas o comercios locales no pueden competir con sus precios predatorios o su influencia política.  

2. Controlan la información:  Casos como el de Trujillo se silencian porque los mismos dueños de las empresas tienen acciones en medios.  

3. Externalizan sus riesgos:  Los trabajadores precarizados y los pacientes pobres asumen los costos de su negligencia.  

Hasta cuándo?  

El Perú necesita urgentemente:  

  • Leyes antimonopolio fuertes, que rompan los oligopolios en sectores clave (salud, alimentación, banca).  
  • Fiscalías independientes, que investiguen sin miedo los abusos de estos grupos de poder.  
  • Medios valientes, que dejen de ser voceros de sus anunciantes y denuncien las injusticias.  

Mientras tanto, los muertos siguen apilándose. Los de Trujillo bajo el cemento de un mall, los de los hospitales y clínicas por sueros envenenados. Y la pregunta queda flotando: El próximo serás tú? ¿O seguiremos esperando que el monopolio decida cuándo y cómo morimos?  

Basta ya. Los monopolios matan, y lo estamos permitiéndo!

Comparte y exige justicia!

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Opinión

La estultez del congresista Bustamante

Lee la columna de Edwin A. Vegas Gallo

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Por Edwin A. Vegas Gallo

Lo estulto de la declaración del congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP),  biólogo, Magister, Universidad Cayetano Heredia, Dr. Universidad Jhons Hopkins, USA; ex Decano Colegio Nacional de Biólogos; referida a que las mujeres “por su condición biológica, no pueden ser científicas”, es otra muestra más, de su estulticia.

Ya antes de ser congresista, pontificando en la pandemia, como ex jefe del Instituto Nacional de Salud, señaló, “que a falta de alcohol gel o jabón para desinfección de manos, se use la saliva”.

Recientemente defendiendo al ex ministro del Interior Santiváñez señaló, “el ministro no es el gran papá que tiene que cuidar de todos, ya que cada uno debe de cuidarse”, poco le faltó añadir, como en el viejo oeste americano, salvo que esté pensando en hacer lobbies de venta de armas.

El biólogo congresista se olvidó de su clase de “condición biológica”, que no es más que, el grado de bienestar de las personas humanas u organismos no humanos, dentro de su comunidad, sin que tengan efectos adversos nocivos correspondientes, según la composición taxonómica.

Lo estulto del biólogo congresista y ex Decano Nacional, de manera monda y lirondo, es su absoluta falta de respeto de sus colegas mujeres, que hacen ciencia con mucha dificultad, ya sea por falencia del mismo CONCYTEC o por otras cosas, pero no por condición orgánica diferente. Ello es querer ser “súper macho”, al estilo de Lando Buzzanca.

No está demás recordarle al biólogo congresista que dentro de las laureadas con el Premio Nobel de la Paz, hay 19 mujeres, en el de Física 4, Química 8, Fisiología y Medicina, 13 mujeres (todas ellas biólogas), Literatura 18 y Economía 3.

Finalmente, para señalar que lo estulto no se quita con los grados académicos ni en universidades de élite y Bustamante con sus declaraciones infelices es señal inequívoca que él pasó por la universidad, pero que la universidad no entró en él ni en 0.0001%.

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Ministro de Salud César Vásquez sobre suero defectuoso: “Es natural que genere pánico en la población”

El titular del Minsa llegó a la Comisión de Salud para referirse a la crisis de suero que se ha generado. Padres de una de las víctimas también estuvieron presentes en la sesión.

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«Ratifico en la solidaridad con las víctimas, comparto la indignación de ellos y la frustración». Fueron las palabras del ministro de Salud César Vásquez, ante la comisión del mismo que se centró hoy en las muertes ocasionadas por el caso de «Los sueros de la muerte».  El ministro solicitó venir a la comisión para comparecer y aclarar el panorama.

Qué sucedió. Primero «El laboratorio Medifarma a quien nosotros denunciamos el 24 de julio del año pasado, que junto a 14 laboratorios más formaban una red criminal que llamé La Red De Las Medicinas y que no me hicieron caso y que estaba detrás de una campaña de desestabilización en mi contra porque les era incómodo para ellos (…) Indecopi inició las investigaciones y hoy con frustración extraoficialmente me he informado que la Fiscalía ha archivado el caso. Nosotros hemos denunciado que estas empresas concertaban precios. Buscaban en las licitaciones se paguen precios mayores al mercado. No sé presentaban y quedaban desiertos. Ganaban así que se retrasasen las compras y ante un aparante desabastecimiento brutal no quedaba al Estado más que comprar directamente».

Además, mencionó: «A pesar de los errores y el destiempo en que se informó… El día en que se supo de los casos graves se sacó la alerta sanitaria y se inspeccionó el laboratorio y se concluyó con el cierre de esa área de producción y se concluyó también que se hizo mala producción y que no cumplieron con hacer un buen control de calidad. Nosotros hicimos nuevos controles de calidad para comprar los más de 10 millones de frascos que se compraron en 2024 para todo 2025. Pero el sector privado también debió hacer control de la calidad propia antes de administrarlo. Hemos hecho la denuncia al laboratorio y a la clínica».

La respuesta de los congresistas 

El primero en hablar fue Muñante que pidió cortara su alocución el ministro ante mucha explicación.

Según la tesis del ministro se trataría de «una estrategia de ellos [los laboratorios] es generar una incertidumbre de desabastecimiento».

Por su parte, la congresista Sigrid Bazán refirió que «son 22 millones de frascos de suero que la empresa a través de contratos que Digemin mismo ha permitido. El certificado los expide el Ministerio de salud». Luego arremetió contra Sonia Delgado «nombrada directora de Digemin es accionista de dos empresas farmacéuticas que asesoran a laboratorios de regulación en la misma entidad por lo que hay un conflicto de interés». 

Susel Paredes, por su parte señaló: «Están aquí los padres de Alejandra Landers que tiene muerte cerebral (…) ¿Tiene identificados a todos? Porque aparentemente están apareciendo casos nuevos en clínicas (…) Casi es un monopolio el tema este del laboratorio respecto al uso de este medicamento, 85% en el sector público y 60% en el privado (…) ¿Se harán compras internacionales de emergencia? ¿Hay plan de eliminación? No vaya ser que sigan esos frascos y lo vendan en las boticas».

Por otra parte, Katy Ugarte mencionó: «¿Quién devuelve esas vidas? (…) Pasó esto con los niños de Qali Warma intoxicados y ahora esto».

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Si hubiera Estado de derecho, INDECOPI en minutos facilitaría que Ricardo Belmont recupere su canal

Lee la columna de Rafael Romero

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Por Rafael Romero

Recordemos que en el 2008 una portada de la revista ANDA News curiosamente se refería al INDECOPI, y en páginas interiores su editorial declaraba a RBC Televisión y a Ricardo Belmont Cassinelli como “enemigos de la industria”.

Han transcurrido 17 años desde esa declaratoria de guerra por parte de una revista perteneciente a los medios de comunicación de la era fujimorista, pese a que la persecución personal contra el dos veces alcalde de Lima y candidato a la presidencia en 1995, Ricardo Belmont, venía de más atrás en la línea del tiempo, pues la campaña demoledora contra su imagen empezó en 1994 con el Decreto Legislativo 776, que le cortó las rentas ediles para boicotear su gestión, sino que arreció al día siguiente de dejar el cargo de burgomaestre, en enero de 1996, con los programas Panorama y Contrapunto, entonces digitados desde el SIN de Montesinos.

Pero lo extraño o curioso es que la última batalla contra el promotor de la Teletón y de las causas nobles en provecho de la niñez más pobre, Ricardo Belmont, fue precisamente en los predios del INDECOPI, ese mismo ente referido en la portada de la revista ANDA News, pues mientras Ricardo ganaba su derecho a retornar al Canal en los fueros del Poder Judicial, de la SMV, del MTC o de la Bolsa de Valores de Lima (Cavalli), tomado por el primero de sus hijos junto a matones en abril del 2016, finalmente su regreso a gestionar y conducir su medio de comunicación fue obstaculizado por el INDECOPI.

Lamentablemente en esa entidad se manipuló el despojo y arrebato de una televisora, como Canal 11, y desde allí también se facilitó el incumplimiento de las sentencias del Poder Judicial que otorgaban beneficios sociales a los legítimos trabajadores de RBC Televisión, además de atentar contra las libertades de prensa y opinión de un medio de comunicación social.

Es decir, el INDECOPI -con su Comisión y Sala de Procedimientos Concursales- fue instrumentalizado directa o indirectamente para que -mediante una junta de acreedores hecha a la medida- se destruya el Estado de derecho, el derecho laboral, el derecho de propiedad y la libertad de prensa.

No obstante, hoy la batalla por superar ese impasse fraudulento o inventado para llevar a RBC Televisión ante una comisión concursal por supuesta falencia económica, sí puede acabar en pocos minutos con tamaña injusticia, y ello se concretaría más rápido si la Fiscalía, los trabajadores y el Poder Judicial ponen en verada a la Comisión de Procedimientos Concursales y al presidente de la junta de acreedores que ya tiene sanciones de multa por actuar dolosamente y mantiene alrededor de cinco procedimientos sancionadores a vista y paciencia de la susodicha comisión de procedimientos concursales.

Aún más, el propio INDECOPI de oficio podría sancionar y expectorar al actual presidente de dicha junta de acreedores, dejando así como entidad pública su triste papel de Celestina que ha venido practicando hasta ahora, pues está obligada a respetar la Constitución, las leyes laborales y penales, así como ejercer la buena fe corporativa, el “compliance”, la ética pública, la transparencia, la integridad e idoneidad.

Reitero, en minutos, puede regresar Ricardo Belmont a su canal si los funcionarios del INDECOPI (Comisión de Procedimientos Concursales) actúan en consecuencia de un Estado de derecho que haga del Perú una gran nación y no una República bananera.

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La campana de Julia Wong

Lee la columna de Rodolfo Ybarra

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Julia Wong nos dejó hace un año. Pero su producción literaria no se ha detenido, más bien ha tomado cauce como un río vertiginoso o una estrella fugaz en el cielo limpio. Y en estos últimos meses, dos de sus libros han visto la luz incorpórea: “El libro aún no escrito por las mariposas” por Máquina Purísima de Cecilia Podestá y “La Campana de barro” por Maquinaciones narrativa que dirige el escritor José Donayre Hoefken. Y también un importante premio literario ha tomado su nombre.

La Campana de barro nos trae un texto híbrido a caballo entre la novela, la poesía y el ensayo donde la escritora indaga en la idea del suicidio o su promesa siguiendo las huellas de Esther Greenwood en La Campana de vidrio, de Silvia Plath y que le sirve para entregarnos un texto maduro sobre su infancia o de cómo miraba el mundo desde el Empire State de Nueva York; o sus viajes por Argentina, Korea, Alemania, etc.  Sus amores, sus amantes, su madre, su hija y el futuro incierto.

Este artefacto literario que nos entrega Wong le permite reflexionar o cuestionar su mundo interior incluido el sexo, pero también lo que sucede afuera: el término “gay”, el feminismo del cual no se siente parte y la sociedad en general donde ella siempre aparece como la migrante que trata de entender los matices por ejemplo entre los coreanos, chinos o japoneses.

Julia Wong nos habla del suicidio y se incluye en la lista: Plath, Luis Hernández, Florbela Espanca, Arguedas, su tía J; pero esto no es un rechazo a la vida, es más bien todo lo contrario. Julia amaba la vida, las librerías, las playas, las conversas con los buenos amigos y una copa de vino; y los festivales que organizaba en Chepén y a los que asistía de invitada. Y a pesar de su larga y penosa enfermedad nunca abandonó la sonrisa. Solo cuando ya no había nada qué hacer escribió en su Facebook: “No-soy-Guerrera,-ni-estoy-hecha-de-fierro.”

Y eso es lo que caracterizaba a Julia, una mujer sencilla con mucho mundo; naif por ratos y que te decía de frente: “eso me gusta de ti” o “no me gusta que digas esto o lo otro”. Repasar las conversaciones que tuvimos con ella es escribir otra novela mientras resuena esta Campana de barro donde Julia está llena de vida y de cuestionamientos.

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Educación, salud mental y el vecino de Miraflores

Lee la columna de Marisol Verónica Giordano Silva

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Por Marisol Verónica Giordano Silva

Asistimos en los últimos días a casos públicos de violencia vecinal, pese a que hay otros hechos graves que no llegan a los medios de comunicación y menos a convertirse en denuncias ante la Policía Nacional, el serenazgo o la Fiscalía. Es decir, hay una cifra negra que se mantiene fuera de la estadística.

Miraflores es uno de los distritos que más ha sufrido un cambio en su fisiognomía vecinal, pues hace treinta años no tenía la proliferación de edificios en zonas residenciales, tampoco recibía de lleno el vertiginoso incremento del parque automotriz o la multiplicación de mascotas, existiendo nuevos vecinos con tres, cuatro y hasta cinco canes o gatos.

No obstante, es el mundo y la sociedad en general los que se han visto más violentos sobre todo a causa de una falta de educación del carácter y de manejo del estrés laboral, por lo que Miraflores no es la excepción, pero los últimos acontecimiento sobre vecinos díscolos pueden ayudarnos a dar una clarinada de alerta y ejecutar ya mismo planes piloto con las principales autoridades de una comuna muy caracterizada que es guía o referente en muchos aspectos para otros distritos del país.

Por eso la Municipalidad de Miraflores debe liderar una campaña masiva de valores y coordinar planes específicos de prevención del delito con la Policía Nacional, teniendo el antecedente positivo -por ejemplo- de que en el último 2024 y en lo que va del 2025, se ha visto una importante labor con líderes policiales que aman a la comunidad y que tienen vocación de servicio como el comisario Cmte. PNP Jhon Luján, pero al otro lado de la moneda lamentablemente hay una enorme cantidad de vecinos, de familias miraflorinas e instituciones públicas que no han tomado verdadera conciencia de sus responsabilidades.

En este contexto, sobre la base de la labor del municipio miraflorino, de la Policía y la familia, vienen otros actores como la escuela (ya sea pública o privada), el sector salud distrital con especial cuidado en la prevención de las salud mental y en ello deben trabajar juntos la UGEL 07 y el MINSA con el objetivo de detectar desde temprana edad en la comunidad educativa los posibles casos de riesgo y violencia potenciales.

No obstante, hay un área capital y es el de las juntas vecinales, que en Miraflores tendrán una renovación en abril, pues con vecinos líderes y con la comunicación oportuna se pueden evitar actos no solo vergonzosos sino peligrosos para la vida de los buenos vecinos, a fin de no repetir las noticias recientes donde una persona arroja un objeto contundente desde el balcón de su departamento a la edificación del frente o cuando una mujer patea a una joven paseadora de perros, aunque existe un tercer caso resiente de acoso y agresividad de una mujer contra un joven publicista reconocido que con su trabajo apoya a grupos musicales, artísticos y culturales no solo en el distrito sino en el Perú.

En conclusión, unidos las autoridades municipales, la Policía Nacional, el Serenazgo, la Fiscalía, los líderes educativos y el personal del MINSA, entre otras instituciones públicas y privadas, se puede evitar que nuestro distrito deje lo que le ha caracterizado siempre, la residencialidad, la paz pública, el apoyo al arte y la cultura, así como el respeto a sus autoridades y buenos vecinos.

Donde estemos inculquemos los valores morales, el diálogo, el dominio de sí mismo y el respeto al otro, pues con acciones simples se construye una mejor sociedad, por ejemplo, cuando se pasea a una mascota con su correa obligatoria, y si hay alguien que no lo hace pues debe aplicársele la multa municipal correspondiente. Recordemos que tenemos derechos, pero también deberes. Igualmente, no permitamos la prepotencia contra nuestros amigos policías, serenos o buenos vecinos, y menos la discriminación, el acoso y el racismo. No dejemos que esas taras se conviertan moneda corriente en nuestro distrito.

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El programa común de la derecha peruana

Lee la columna de Tino Santander

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Por Tino Santander

Jaime de Althaus, el intelectual más lúcido de la oligarquía se ha convertido en el operador político más importante de los partidos, movimientos, colectivos y membresías de la derecha conservadora, liberal y neofascista del Perú. Althaus anunció la semana pasada en El Comercio —vocero de las dictaduras y de los grupos de poder económico— el «programa común» de la derecha peruana en materia de seguridad ciudadana. Presentó una serie de medidas administrativas desde la visión oligárquica que, supuestamente, acabarían con el crimen organizado y mejorarían la seguridad ciudadana. Incluso señaló que este «programa común» podría extenderse a educación, salud, transporte, entre otros ámbitos. Lo importante es el compromiso político de estos sectores con los intereses económicos de la oligarquía peruana.

Althaus tomó prestado, coincidentemente, el nombre de «programa común» de la izquierda francesa que, en 1972, anunció la unión entre socialdemócratas y la izquierda marxista de entonces.[1] Dicho programa consistía en:

  • Nacionalización de sectores estratégicos (banca, industria pesada).
  • Reformas sociales: reducción de la jornada laboral y aumento del salario mínimo.
  • Mayor justicia fiscal: impuestos progresivos a los ricos.
  • Mejoras en servicios públicos: educación y salud.
  • Política exterior independiente, crítica al capitalismo y al imperialismo.

Este programa común de la izquierda francesa de 1972 no ha perdido vigencia para muchos sectores de la «Francia insumisa» y de los socialistas franceses.

Por otro lado, en el Perú, los sectores populares están construyendo un «programa común» de la revolución social, que ya está en marcha y es indetenible. Este programa propone:

  • Democratización del crédito mediante la libre competencia, acabando con el oligopolio de los «cuatro jinetes del apocalipsis» (BBVA, BCP, Scotiabank, Interbank).
  • Reformas sociales: eliminar el monopolio farmacéutico.
  • Reforma del Estado: acabar con la burocracia corrupta, haciéndolo más eficiente y empoderando a SERVIR; suspender el proceso de regionalización durante un año para, junto a los gobernadores actuales y las organizaciones sociales, económicas, educativas y gremiales, construir un verdadero proceso de descentralización.
  • Convertir la minería en «el salario de los peruanos», es decir, ponerla al servicio del país, promoviendo proyectos mineros por cincuenta mil millones de dólares para financiar el déficit en infraestructura agraria, educativa y de salud.

El programa común de la revolución contempla también:

  • Construir carreteras, trenes y conectar al país con la revolución digital mundial.
  • Organizar al pueblo junto a las Fuerzas Armadas y Policiales para combatir la delincuencia común y la corrupción política y empresarial.
  • Reformar los organismos reguladores controlados por las empresas que deberían ser reguladas (el caso de la Superintendencia de Banca es escandaloso).
  • Promover la cultura como instrumento para afianzar la diversidad y construir una gran industria multicultural que produzca reconocimiento y riqueza.

Diez millones de peruanos sin agua ni desagüe no pueden vivir en la indignidad, ni millones de mineros artesanales pueden permanecer al margen del país. El programa de la revolución social plantea incorporarlos al Estado a través de empresas en las que este pueda asociarse con ellos para producir valor agregado y riqueza para todos.

El programa del pueblo no excluye a nadie, a diferencia de los grupos de derecha capitaneados por Althaus y los grupos de poder económico. El mundo enfrenta una guerra comercial desatada por Norteamérica con el fin de afianzar su hegemonía. Frente a esto, el programa del pueblo promueve una política de paz, libre comercio y unidad entre los hispanoamericanos y los pueblos del tercer mundo.

Estas son las diferencias entre el «programa común de las derechas fascistas peruanas» y la revolución social en marcha que construye el pueblo y que está abierto a todos los peruanos. La alternativa es clara: o avanzamos al futuro con la inmensa mayoría popular o retrocedemos con los opresores y corruptos de siempre. ¡De usted depende de qué lado quiere estar!


[1] Ver: https://alternativaseconomicas.coop/francia-1972-un-programa-comun-de-la-izquierda

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Opinión

Caliwood, el mito del cine colombiano

Lee la columna de Edwin Cavello

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En la Cali de los años setenta, un grupo de jóvenes cinéfilos, escritores y cineastas se rebeló contra las convenciones del arte y la cultura, dando origen a un movimiento que hoy conocemos como Caliwood. Luis Ospina, Carlos Mayolo y Andrés Caicedo fueron los principales exponentes de este fenómeno que combinó cine, literatura y un espíritu contestatario.

La esencia de Caliwood se gestó en espacios como la mítica Ciudad Solar, donde estos artistas encontraron refugio e inspiración en la colectividad y la transgresión. En palabras de Ospina, eran “hijos de lo que pasó en mayo del 68”, una generación que rechazaba el statu quo y buscaba nuevas formas de expresión. Más que un simple grupo de cineastas, eran una comuna artística que desafiaba su origen de clase acomodada para sumergirse en la marginalidad de su país.

La propuesta de Caliwood se caracterizó por su estilo irreverente, su sentido del humor negro y su crítica mordaz a las estructuras de poder. Películas como Agarrando Pueblo (1978) de Ospina y Mayolo denunciaban la “pornomiseria”, término acuñado para cuestionar la explotación de la pobreza en el cine documental de la época. Lejos de la complacencia del cine comercial, estas producciones buscaban incomodar y abrir un debate sobre la ética de la representación cinematográfica.

Andrés Caicedo, por su parte, aportó la visión literaria y cinéfila al movimiento. Su pasión por el cine se reflejó en la creación del Cine Club de Cali y en su mítica revista Ojo al Cine. A pesar de su temprana muerte a los 25 años, su legado sigue vivo en obras como Que viva la música, traducidas a varios idiomas y reconocidas internacionalmente. Ospina, su amigo y compañero, defendió su genio asegurando que no fue un simple mito construido por su círculo, sino una voz excepcional cuya influencia ha perdurado por más de tres décadas.

El término “Caliwood” nació como una broma entre copas, pero se convirtió en un emblema de la identidad cinematográfica caleña. Desde su origen espontáneo hasta la actualidad, ha dejado huella en la cultura popular, al punto de inspirar museos, canciones y hasta letreros de negocios locales. Lo que comenzó como una pequeña revolución de cinéfilos terminó consolidándose como un hito del cine latinoamericano, demostrando que la verdadera transgresión artística es aquella que no solo desafía, sino que también perdura.

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