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Opinión

Los presidentes del Perú y la corrupción 1995-2022 (Segunda parte)

Lee la columna de Raúl Allain.

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Comentaba la semana pasada, en la primera parte de este artículo, que el Perú es quizás el único país en el mundo en el que más de cinco expresidentes han estado o están inmersos en procesos penales por diversos delitos. Mencionábamos que son conocidos los casos de Francisco Morales Bermúdez (sentenciado a cadena perpetua y fallecido en julio de 2022), Alberto Fujimori (actualmente cumpliendo condena), Alejandro Toledo (en proceso de extradición), Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Y ya se sabe que existen serios cuestionamientos e investigaciones contra Martín Vizcarra en torno a su gestión como presidente regional de Moquegua y también hay investigación fiscal contra el actual mandatario Pedro Castillo Terrones, protegido por la figura legal de “inmunidad presidencial”.

Con el suicidio de Alan García Pérez quien se disparó en la cabeza el 17 de abril de 2019 cuando la fiscalía se aprestaba a allanar su domicilio y proceder a su detención preventiva– se extinguió la acción penal contra él.

Todo esto debe ser motivo de una seria preocupación como sociedad peruana si es que queremos encontrar el rumbo. Continuamos con el recuento de presidentes procesados.

Caso Alejandro Toledo

El expresidente Alejandro Toledo detenido en julio del 2019 en California (EE.UU.), donde ha residido durante los últimos años, y estuvo ocho meses encarcelado por riesgo de fuga, pero finalmente pasó a cumplir arresto domiciliario en marzo del 2020, a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19.

Uno de los presuntos delitos en los cuales está involucrado, es el caso Ecoteva, proceso penal por un presunto delito de lavado de activos. Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug y a pedido del expresidente. En dicha empresa se usaron dos cuentas en el banco ScotiaBank de Costa Rica. La primera se creó el año 2012 en el mes de febrero a la que ingresó 17 millones de dólares.

El dinero proveniente, según Toledo, era del gobierno alemán que indemnizó a todos los judíos sobrevivientes del Holocausto, entre las que se encuentra Fernenbug. Sin embargo, se supo mediante un reportaje que ese dinero era de un préstamo a Scotiabank de Costa Rica que Ecoteva había solicitado. El préstamo fue cancelado en 89 días.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informó que esa es una modalidad para blanquear el dinero en los paraísos fiscales y que en realidad ese préstamo no lo necesitaban. Los otros involucrados en el caso Ecoteva son Eliane Karp, esposa del exmandatario, Josef Maiman, además del chofer del expresidente y su hijo de este. El juez Abel Concha Calla dispuso que Toledo sea procesado como coautor del presunto delito de lavado de activos.

El 4 de noviembre de 2015 el Tribunal Constitucional rechaza el hábeas corpus presentado por el expresidente Alejandro Toledo que buscaba anular el informe del Congreso sobre el caso Ecoteva. El Poder Judicial abre el proceso por el presunto delito de lavado de activos a Alejandro Toledo.

En las elecciones generales 2016, después de no pasar la valla electoral y perder su inscripción como partido político. Después de eso, se abre proceso a Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. El juez Abel Concha decidió el levantamiento del secreto bancario de Alejandro Toledo, siendo esto como parte del juicio por caso Ecoteva.

El día 19 de febrero, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del Juez Richard Concepción Carhuancho, emitió el auto de requerimiento judicial de extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Y ello por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.

Además, Toledo es considerado como una de las piezas claves en el escándalo de corrupción de Odebrecht (https://tinyurl.com/4zkz4su9). Toledo es uno de los tres exgobernantes peruanos implicados en las investigaciones de esta trama de corrupción que, en su caso, comprende la presunta entrega de un soborno de unos US$ 35 millones para facilitar los negocios de la empresa brasileña.

En relación al delito de tráfico de influencias, el auto de requerimiento señala que en el año 2004, el expresidente habría ofrecido a Jorge Simoes Barata (Superintendente de la Empresa Odebrecht en Perú) interceder en el proceso de licitación del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil (carretera interoceánica) a fin de que la empresa Odebrecht resultara beneficiada con la buena pro. De esta manera, Toledo “se encargaría de que los plazos proyectados en el proceso no se posterguen; así como también modificar las bases de la Licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas”. Todas ellas, funciones a cargo del Comité Especial de Proinversión, entidad que conducía el proceso de selección.

A cambio de ello, Alejandro Toledo habría recibido la suma de veinte millones de dólares entre los años 2006 y 2010 a través de las empresas del empresario Josef Maiman. Estos hechos constituirían el delito de tráfico de influencias (art. 400° del Código Penal peruano), que, conforme al auto de requerimiento, y de cara al requisito de doble incriminación, se corresponderían además con lo previsto en el artículo 201 literal b numeral 1, del Capítulo 11 sobre Cohecho, Soborno y Conflicto de Interés, del Título 18 sobre delitos y proceso Penal de los Estados Unidos de América.

Por otro lado, el requerimiento incluye el delito de colusión, debido a que, entre los años 2004 y 2005 Alejandro Toledo se habría concertado con Jorge Simoes Barata a fin de favorecer a la empresa Odebrecht en la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, Tramo 2 y 3. En ese sentido, Toledo “se encargaría de que los plazos del proceso no se posterguen, así como de lograr la modificación de las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas”. Según el auto de requerimiento, se aprecian intervenciones de Toledo en distintas fases del proceso, como por ejemplo en la designación del Comité de Selección.

Conforme a lo señalado en el auto, estos hechos calificarían como delito de colusión (art. 384 del Código Penal peruano) y estarían calificados como delitos en leyes de los Estados Unidos como el artículo 201 literal b, numeral 2, letra C, dentro del Capítulo 11 sobre Cohecho, Soborno y Conflicto de Interés, del Título 18 sobre Delitos y Proceso Penal de los Estados Unidos y el artículo 1 de la Ley Antimonopolios Sherman.

Finalmente, se atribuye a Alejandro Toledo la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia (artículo 1 de la Ley N° 27765, vigente al momento de los hechos), por la serie de transacciones realizadas a través de las cuentas bancarias de las empresas offshore de Josef Maiman. En este caso, los caudales ilícitos estarían conformados por el dinero recibido de la empresa Odebrecht (20 millones de dólares) a cambio de la intervención de Toledo en los procesos de selección antes mencionados. El uso de las cuentas y empresas de Josef Maiman estarían dirigidos a evitar la identificación de la ilicitud de dichos activos. De igual manera, el lavado de activos se encuentra previsto como delito en el Perú (Ley N° 27765, vigente al momento de los hechos) y en Estados Unidos (artículo 1956 del Título 18 del Código de los Estados Unidos).

Con el requerimiento formal de extradición activa de Alejandro Toledo a los Estados Unidos, se elevó el cuaderno de extradición correspondiente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De declararlo procedente, la Corte Suprema emitirá una resolución consultiva y remitirá el cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia. En dicha instancia, será la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados la que proponga al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Justicia, acceder o no al pedido de extradición (artículo 28 del D.S. N° 016-2006-JUS). Contando con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el pedido de extradición de Alejandro Toledo se realizará mediante Resolución Suprema. Tanto la resolución como el cuadernillo serán luego enviados a los Estados Unidos por la vía diplomática.

El diario Gestión informó que tras un prolongado proceso que comenzó con su detención en el 2019, el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, avaló que el exmandatario sea entregado a las autoridades peruanas. Hixson aseguró que su tribunal consideró las pruebas “sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero”.

“Luego del visto bueno de la Justicia estadounidense, será el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el que tomará la decisión final en un caso que el propio Gobierno de Estados Unidos ha representado los intereses de Perú durante el proceso. Aunque su defensa aún puede solicitar como último recuerdo una orden de ‘hábeas corpus’, de la decisión que tome Blinken dependerá de que Toledo, de 75 años, sea procesado en su país y afronte el pedido fiscal de una condena de 20 años y 6 meses de prisión por el caso Odebrecht”, precisó.

Caso Ollanta Humala

El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, están inmersos en un proceso penal por el caso de los presuntos aportes irregulares al Partido Nacionalista. Ellos estuvieron en prisión preventiva y ahora siguen su proceso en comparecencia.

La investigación se inició en enero del 2015, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectara transferencias por US$216 mil a cuentas bancarias de Nadine Heredia. Las operaciones fueron hechas por su madre Antonia Alarcón, su hermano Ilan Heredia Alarcón, Arturo Belaunde Lossio y las empresas venezolanas Inversiones Kaysamak CA y Venezolana de Valores.

Según la tesis de la fiscalía, el dinero para la campaña del 2006 del Partido Nacionalista habría provenido del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y para la campaña del 2011 de las empresas Odebrecht y OAS.

En octubre del 2016, luego de dejar la presidencia de la República, Ollanta Humala fue incluido en la investigación. La situación de la pareja se complicó cuando Odebrecht reconoció haber entregado cerca de US$3 millones a la campaña electoral del 2011 del Partido Nacionalista.

Sobre las presuntas irregularidades en la campaña del 2011, la fiscalía indica que hay testigos que confirman aportes fantasmas a la ONPE, anotaciones en las agendas de Heredia que coinciden con aportes bancarios y contratos ficticios usados para justificar ingresos sospechosos en el manejo de los fondos del partido.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que preside el juez Richard Concepción Carhuancho, ordenó el 13 de julio del 2017 18 meses de prisión preventiva para Humala y Heredia en el marco del proceso por lavado de activos que se les sigue a raíz de los aportes para las campañas del 2006 y 2011 del Partido Nacionalista Peruano. Asimismo, el 3 de agosto del mismo año, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, encabezada por Octavio Sahuanay, ratificó la medida.

Sin embargo, en abril de 2018, el Tribunal Constitucional (TC) dispuso que salieran de prisión ante un recurso de hábeas corpus presentado por ambos acusados.

Según el portal de noticias Infobae (https://tinyurl.com/3shz3n5c) el próximo miércoles 9 de noviembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema abordará el caso del expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista Peruano (PNP) en un debate público sobre si los aportes irregulares o clandestinos a las campañas electorales pueden considerarse delito de lavado de activos.

La definición de este asunto resulta crucial para la continuidad de los juicios por aportes fraudulentos de campaña electoral, pues tendrá incidencia en otros procesos como el de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

La defensa de todos ellos aguardan la decisión de los magistrados en una sesión en la que asistirán representantes de Fiscalía, Procuraduría y abogados de Humala y la exprimera dama Nadine Heredia.

Para los implicados, los aportes no configuran lavado de activos, pues el presunto dinero de dudosa procedencia se gasta durante la campaña. La Fiscalía, en cambio, considera que este delito se produce al ocultar a los electores y los órganos electorales la procedencia de los fondos que se utilizan para financiar la campaña política.

El matrimonio Humala-Heredia es investigado por recibir, en 2006, presunto dinero del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez extraído ilegalmente del tesoro público de dicho país por medio de la empresa Inversiones KA. Para la Procuraduría de Lavado de Activos, se debe fijar en 20 millones de soles la reparación solidaria contra Humala y Heredia.

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Raúl Allain. Escritor, poeta, editor y sociólogo peruano (Lima, 1989). Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido incluido en antologías como Antología de poetas críticos (Cisnegro, México DF, 2019), Antología décimo aniversario de Lord Byron Ediciones (Liber Factory - Lord Byron Ediciones, Madrid, 2013), Veinte poetas: muestra de poesía contemporánea (I.F.D. Editor; Lima, 2010), Poesía y narrativa hispanoamericana actual (Visión Libros - Lord Byron Ediciones, Madrid, 2010), Abofeteando a un cadáver (Bizarro Ediciones - Centro Cultural de España, 2007), entre otras. Sus textos aparecen en diversos medios literarios tanto nacionales como internacionales. Actualmente preside el Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y dirige el sello independiente Río Negro. Ha publicado Poéticas, Poiesis hispanoamericana: selección de poesía contemporánea, Eros & Tánatos: poesía y arte contemporáneos, entre otras antologías, ¡Yo no hice nada!: Sobre la idiosincrasia peruana, ¡Palaciego In Memoriam!: Selección de textos de Humberto Pinedo, así como el ensayo La cientificidad del consciente (Editorial Emooby, 2011). Premio Mundial a la Excelencia Cultural y Premio Mundial el Águila Internacional a la Excelencia Sociológica de la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE).

Opinión

Fujimori organiza a la derecha

Lee la columna de Tino Santander

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Por Tino Santander Joo

El excandidato al senado japonés Alberto Fujimori, está organizando a la derecha peruana. Lo primero que ha hecho es establecer su autoridad en el fujimorismo y organizar sus filas. Nada se mueve, nadie respira sin la venia de Fujimori. El gobierno, puede ser incompetente, frívolo, y corrupto, pero se mantendrá hasta que el fujimorismo este preparado para el recambio en el 2026. Ni las denuncias por lavado de activo, ni los relojes de lujo, menos la lucha por el control del poder judicial y la fiscalía van a distraer el objetivo de Fujimori.

La estrategia es simple: sembrar el caos institucional; agudizar la percepción del desborde de la inseguridad ciudadana; culpar al gobierno de que el crimen organizado controla grandes extensiones del país; resaltar que la inversión minera y la agricultura están estancadas; que la salud y la educación hace tres décadas que están abandonadas; la consigna es: fomentar la ansiedad popular de orden y autoridad.

El fujimorismo utiliza a los gremios empresariales, a los medios de comunicación tradicionales para promover la candidatura de Antauro Humala, como el terror del sistema “democrático”. Presentan a Humala, como el orate, el fumón que va a secuestrar al rey de España; a iniciar una guerra con Chile, para recuperar Arica y Tarapacá; a expropiar los medios de comunicación; a crear una economía autárquica en base a la agricultura, la caza, y recolección de frutos; también, va a fusilar a los expresidentes corruptos.

Humala, es el nuevo fantasma de la derecha. El fujimorismo quiere una segunda vuelta con la locura; apuesta a que la inmensa mayoría no volverá a votar una opción “popular” como la de Pedro Castillo, que terminó siendo un pájaro frutero de la “izquierda radical”. El fujimorismo quiere ser el nuevo vengador del pueblo, como lo fue en 1990 contra la partidocracia de entonces.

La derecha católica medieval de López Aliaga; la derecha ignara de Acuña; la tecnocracia neoliberal; el oligopolio bancario; el monopolio farmacéutico; las organizaciones ilegales van a armonizar intereses con el fujimorismo como lo hicieron anteriormente. Incluso, sectores nostálgicos del autoritarismo en las Fuerzas Armadas van a confluir en este frente, al que se sumaran partidos a la deriva como Acción Popular y el APRA.

Algunas izquierdas “pragmáticas” estarán en el gran frente fujimorista para darle color a la nueva derecha popular que organiza en silencio Alberto Fujimori. Al frente no tiene nada. No existe una alternativa coherente frente al fujimorismo; ni las izquierdas en todas sus versiones están preparadas políticamente, ni las “derechas democráticas” están organizadas. Ninguna de ellas tiene un discurso, un programa alternativo al fujimorismo. Solo son consignas, gritos, frases sin sentido, emociones desbordadas. Nada más.

Derrotar al Fujimorismo, es una tarea política titánica que requiere organizar un frente popular, democrático, y disruptivo. Primero: que armonice intereses; segundo que promueva una revolución social que democratice el crédito; tercero: que promueva un pacto político para que la gran minería financie la infraestructura agraria, educativa, y de salud; cuarto: que implemente políticas públicas para acabar con el crimen organizado; que construya trenes; que dote de agua y desagüe a diez millones de peruanos, y que promueva de manera profesional la industria del turismo.

La derecha, tiene a su viejo guardián que tiene más experiencia, más astucia, y mucho dinero. Sólo la unidad del pueblo podrá construir una alternativa seria que derrote a las fuerzas del mal.   

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Opinión

“Degradado”, una obra de teatro para la familia

Lee la columna de Rodolfo Ybarra

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La reconocida artista y directora de teatro Pilar Astete García nos presenta esta obra que es también una crítica social, una visión de la disfunción familiar, hogares destruidos, parejas incompatibles, etc., donde generalmente los hijos son los que pagan los platos rotos y tienen que soportar las consecuencias.

Al principio se muestra a un hombre solo sentado en una banca y aparece una mujer que quiere vender un saxofón y el amor enciende sus candiles. Los flashbacks nos van mostrando de forma interrupta cómo va siendo todo este proceso. La doble vida del padre, el embarazo difícil y después el alcoholismo de la madre que vive sola y con su hijo que no ha podido madurar psicológicamente y trasunta en un mundo que nos exige responsabilidades y ser felices, pero no nos dice cómo.

Es destacable el trabajo de Luciano Galdos y su personaje Mario o Marito sobre el cual se sustenta casi toda la obra de forma monolítica, desde la infancia hasta quedar atrapado en una desadaptación, una patología que poco a poco ira in crescendo hasta desembocar en un trhiller. Hay que apuntar que la música original de la obra también ha sido compuesta por Galdos. Lo que suma a este talentoso actor con mucho futuro en nuestro medio.

La actuación de Christian Oré quien hace del padre Ramiro Dulanto y del payaso “Canchita” que casi como un alter ego acompaña a Marito en sus desafíos con su madre y con el mundo que le rodea. Así el muñeco del payaso toma vida, aconseja y señala las acciones a tomar por nuestro personaje que ya no está en sus cabales. Y Grecia Martínez o Victoria cuyo personaje nos muestra la ambición desmedida y cruel, capaz de despojar una casa con engaños y solo pensando en los réditos económicos que esto le dará a su vida.

También hay que destacar las voces en off que dan vida a los personajes en otro tiempo y que corresponden a la soprano nacional Blanca Galdos y al infante Luke Lozada.

El desenlace de la obra nos mostrará a un “niño” que sin querer se redimirá a sí mismo en búsqueda de una justicia que como siempre sabemos es ciega, sorda y sin sentido. Y es cuando “Degradado” nos deja su mensaje ígneo como una antorcha encendida en la noche: darles amor a los niños.

(Columna publicada en Diario UNO)

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“Un país Rolex”, por Umberto Jara

Lee la columna de Umberto Jara

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En sus embarcaciones traían espejos para acomodarse las barbas; tijeras y agujas para remendarse las vestimentas y collares con vistosas cuentas de colores que los comerciantes italianos habían puesto de moda. En los libros de historia, los cronistas testimonian que los españoles de la conquista encandilaron con esos objetos a los habitantes de estas tierras.

Los conquistadores eran pícaros buscavidas en pos de un mejor destino. Por su parte, los cholos de nuestro imperio incaico —que se deshacía, como hoy, por pugnas entre hermanos— sucumbieron a la novedad de un espejito, una tijera, brillantes pedazos de vidrio azul o verde.

Así somos desde hace siglos. No hemos cambiado. Nos gustan los regalitos. Por eso, en este ¿moderno? siglo XXI, aquel que vive en La Planicie o en Huaycán, ambos, están dispuestos a dejar a un lado sus débiles valores o sus opacos principios a cambio de obtener un regalo, palabra que significa conveniencia, beneficio. Ocurrió hace siglos. Ocurre ahora. Nos siguen deslumbrando los obsequios que tienen la novedad de lo extranjero. Pueden llamarse Sonne y también Rolex.

¿Acaso no aplaudimos a rabiar a Oliver Sonne, un danés alto y rubio, al que todos, de pronto, aman aún antes de saber si patea bien o no un balón vistiendo la camiseta peruana? ¿Acaso es una casualidad que doña Dina elija de todas las marcas posibles, colgarse un reloj suizo que es símbolo de gran estatus? Son los espejitos y los collares con que nos siguen conquistando.

De esa estirpe proviene la señora Dina Boluarte. Tampoco es casualidad que otro personaje andino, Wilfredo Oscorima, se declare “coleccionista de Rolex” zurrándose en el hecho de que es gobernador de Ayacucho donde hay pobreza y donde surgió Sendero Luminoso.

En la ciudad natal de la señora Boluarte, el simpático poblado de Chalhuanca, en la andina zona de Apurímac, sus habitantes —ella lo sabe desde su infancia— se enteran de la hora por el puntual tañido de las campanas de la iglesia. No necesitan de un Rolex. Ella tampoco lo necesitó en su escritorio de burócrata del Reniec cuando le bastaba mirar la hora en su celular comprado en cómodas cuotas sin intereses. Pero, la peligrosa vanidad del poder es propicia para los pícaros en busca de ventajas. Primero le alcanzaron un apurado vestido amarillo patito para que se ciña la banda presidencial; luego apareció el acomplejado encanto de un reloj suizo.

Triste y antiguo ADN peruano aquello de admirar el resplandor de lo extranjero.

Pero lo más extraño es que, de pronto, el pasivo periodismo ha despertado y clama porque se investigue y se sancione y se destituya y se encarcele a la mujer que recibió los regalitos Rolex. ¿Por qué esa sorprendente unanimidad? Porque el autor del operativo basado en un reloj, conoce bien las miserias peruanas y ha apuntado a la principal: la envidia. Ese combustible nacional que enciende hogueras: “Ella tiene, yo no tengo; hay que quemarla viva”. “Que barbaridad, cómo es posible, si ella tomaba el Metropolitano igual que yo, cómo va a tener un Rolex”. A la reja, decreta la envidia nacional.

Sin embargo, la pregunta de fondo debería ser otra: ¿el problema central es un reloj? No, ese no es el problema. El problema de fondo somos todos nosotros por una razón: nadie se indigna por las reales y gravísimas responsabilidades de Dina Boluarte.

La lista es extensa y mucho mas costosa que los Rolex que ha recibido: la economía que no se reactiva; la pobreza que se incrementa; la inseguridad que hace que cada peruano, con reloj o sin reloj, pueda perder la vida en la puerta de su casa; los hospitales que siguen en el mismo colapso de la pandemia; las carreteras de la sierra sur destruidas por falta de mantenimiento; el dinero entregado a los gobiernos regionales para “contener” el Fenómeno del Niño y que está siendo saqueado por la corrupción; los pactos palaciegos con el delincuente Martín Vizcarra. Paremos el listado porque este texto se alarga y la gente es muy ahorrativa en lectura pero despilfarra en tik-tok.

Todo ese listado suma miles de millones de soles y el desgobierno de Dina Boluarte daña a millones de familias peruanas; sin embargo, nadie protesta por esos temas. La única, feroz indignación, apunta a los relojes presidenciales.

Hay que añadir que Dina Boluarte, según la UIF, tiene dinero en sus cuentas cuyo origen no se explica; que ella protege con impunidad al prófugo Vladimir Cerrón al punto que envía dos vehículos de la flota presidencial al lugar desde el cual Cerrón fugó con ayuda de Palacio de Gobierno. En suma, con mejor disfraz, es la continuación del corrupto gobierno de Pedro Castillo.

Lo que llama la atención es que, desde hace años, la prensa no se alineaba en un objetivo común. Ahora sí, se unen por los relojes de Dina. ¿Por qué no hacen campaña, todos los días y a toda hora, para que los problemas centrales del país sean atendidos? ¿Por qué no hacen campaña para que Dina Boluarte responda por el daño que causa al país? ¿Por qué no se exige que se gobierne atendiendo, por lo menos, los problemas urgentes? Nadie percibe, por ejemplo, que el ministro de Economía anuncia que es necesario ampliar el número de notarías como si eso fuera una medida económica útil para un país que se está yendo al demonio.

Dina luce Rolex, pero los peruanos reciben balazos en las calles, en las puertas de sus casas, soportan una ola criminal, padecen desocupación y nadie hace campaña por lo importante y necesario. ¿Dónde están los verdaderos problemas? ¿En la marca de un reloj o en la ausencia de un gobierno?

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Los juegos que pasaron de moda

Lee la columna de Hélard Fuentes Pastor

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Por: Hélard Fuentes Pastor

Jugar en la era digital es diferente, por lo menos en comparación con las formas recreativas de hace 40 o 50 años. De allí, que la ciudadanía lo recuerde como “juegos tradicionales” o “de antaño” que, naturalmente, recibían una influencia directa de la escuela y los hogares, del entorno inmediato, en cambio, hoy en día, la ascendencia es más tecnológica, con servidores online e interacciones anónimas. Lo cierto es que, los “juegos”, en cualquiera de sus modalidades, son una forma de entretenimiento vigente a lo largo del tiempo, de la existencia del hombre en interacción con otros hombres y el medio que los rodea. Por ese motivo, el espacio es fundamental para el desarrollo de los mismos y su escenario más inmediato es la casa, donde hay un empoderamiento del individuo, una apropiación del lugar; y el segundo, por excelencia, es el colegio. Aún sigue siendo el punto de irradiación, pero ahora con ingenierías complejas en las cuales interviene la programación.

Antiguamente, cuando la televisión era limitada, los niños se concentraban en las calles, frente a sus casas, o, en los parques y plazas más próximas para jugar. No obstante, esto sucedía únicamente los sábados y domingos, porque en otros días ordinarios dedicaban largas horas al estudio, ocasionando el traslado de esos espacios de recreación a las escuelas o colegios. Esto quiere decir que era un espacio valorado, mejor dicho, “esperado”, pues no siempre se tenía el privilegio de jugar en cualquier día de la semana. Los padres y maestros se caracterizaban por su estrictez y rigidez en la formación de las nacientes generaciones.

Si bien existe la percepción de que dichos juegos integraban, permitían un compartir homogéneo y real ―marcando una distancia con la ficción tecnológica de este tiempo―, también la mentalidad estereotipada de aquella época, sobre todo, masculinizada, impuso roles específicos que, en algunos casos, segregaron las formas de participación y sirvieron como argumento para cuestionar a quienes no acataban la costumbre. Naturalmente, “el trompo”, “las canicas” o “el fulbito” tenía poca anuencia de las mujercitas que, en su lugar, “cortaban ropa para vestir las mariquitas de papel” y jugaban a “los yaques”.

Uno de los juegos masculinizados fue la “troya”, que consistía en trazar un círculo o cavar un hoyo poco profundo y cada participante, haciendo remoler su trompo, buscaba sacar al contrincante. Viva herencia de la primera mitad del siglo XX, según aparece documentado en Manuel E. Bustamante (1943). Las niñas rara vez o nunca jugaban al trompo, ya sea por la experticia, porque resultaba brusco o podían salir lastimadas. Lo cierto es que este artefacto, una forma de llamar al trompo fabricado en madera, permitió numerosas peripecias, como “el corriente” haciéndolo girar por debajo de la pierna o por la espalda.

Del fulbito, ni que hablar. Niña que pateaba la pelota era considerada machona o marimacha. Y aunque no fue regla, los varoncitos por definición debían ser más competitivos, un espíritu que se mostraba cuando jugaban “bolas o canicas” y al “pharpancho”, una lata atravesada por una pita o lana que se aproximaba a otra girando rápidamente para cortar la del contrincante.

Los juegos más feminizados fueron “la liga” y “los yaques” o “yaxes”. Él último era muy complejo, consistía en lanzar los doce yaxes al suelo e ir cogiendolos de uno en uno con el bote de una pelota pequeña, luego de dos en dos, etcétera. Tenía varias etapas como “la vuelta al mundo” o “el puentecito”, entre otros. El objetivo radica en ganar la mayor cantidad de fichas. La “liga”, por otro lado, consistía en que dos niñas de extremo a extremo y sujetas con un elástico a la altura de los tobillos, invitaban a otras niñas a saltar respetando su turno. A medida que avanzaban, las participantes iban subiendo la liga a la rodilla, a la cintura, incluso, ―dicen― al cuello y terminaban con las manos extendidas. Quién no conseguía brincar o pisaba la liga, perdía e inmediatamente le tocaba sujetar la misma. También, las muñecas de trapo, la tiendita y la cocinita era un juego común de niñas, por lo que sí un chiquillo cogía una olla era considerado afeminado o marica.

Por eso, no todo era perfecto. La mirada prejuiciosa de la época hizo que la experiencia de jugar, en muchos casos, tenga una respuesta excluyente, restrictiva, hasta indecorosa, principalmente para un niño o una niña diferente. Debió ser tormentoso, pues en esos años jugaron con miedo, a escondidas o con muchas limitaciones. Hubo poca tolerancia al niño que jugaba a las muñecas o a la niña que se interesaba en los carritos.

Felizmente, estaban aquellos que integraban tanto hombres como mujeres: “las escondidas”, “la soga”, “bata”, “tejo”, “pesca pesca”, etc. Algunos tuvieron muchas variantes, la pesca pesca, por excelencia, pues hubo quienes jugaban a “los congelados” que consistía en pescar o atrapar a la persona e inmovilizarla, diciendo: “congelado”, entonces quienes aún quedaban libres tenían la posibilidad de rescatarlo, volviéndolo a tocar.

Ese era el panorama de los juegos infantiles y adolescentes de los años 70, 80 y 90. Los baby boomers, la generación X y los millenials, han dado en identificar algunos valores que permitió el entretenimiento de su tiempo: la empatía, el compañerismo, la unión, la disciplina, la solidaridad, la puntualidad, la cortesía y un largo etcétera, que conduce a valorar su importancia en los imaginarios sociales contemporáneos. Los adultos consideran, por ejemplo, que los juegos de antaño no tenían malicia. Pero no es del todo cierto, hay niños que se sentían mal porque eran excluidos o recibían burlas.

A medida que pasaron los años, el acceso a los medios de televisión permitió la recreación de otros juegos, la modificación de las reglas o la incorporación de personajes ficticios, animados, cómo: “zapatito roto” o “la casa de Pinocho”, ambos usados principalmente para seleccionar a los jugadores. El primero tiene un significado particular. Todos colocaban sus zapatos alrededor como formando un círculo y alguno coreaba: “zapatito roto del Perú, dime cuántos años tienes tú”, se seleccionaba a la persona y a partir de él, se contaba: “pin uno”, “pin dos”, “pin tres”.

Entre finales del siglo e inicios del 2000, se introdujeron otros elementos de juego. Ya no sólo existían las canicas o los yaxes, también los taps, que corresponden a mi generación; y en casos más extremos, los nombres de los juegos cambiaron. Sucedió con “siete pecados” ―como fue llamado en los 80―. Cada jugador elegía el nombre de un país, uno de ellos lanzaba la pelota y gritaba el país de cualquiera. El niño convocado tenía que correr hasta alcanzarla y una vez sostenida, si no caía en el suelo, llamaba a otra persona, pero si daba bote, los demás se quedaban estáticos. Nosotros decíamos “stop”. Luego, con tres pasos largos ―a manera de brincos― trataba de aproximarse a uno de ellos y arrojaba el balón con la finalidad de chocarlo. Después, el perdedor reiniciaba el juego. Yo lo jugué desde los años 90, con la denominación de “países”.

Algunos juegos del siglo XX tuvieron un carácter más inclusivo, integrador, que permitió la concentración de muchachos de diferente barrios y urbanizaciones, inclusive desconocidos, y que en la propia interacción terminaban siendo amigos, pero hubo otros más intimistas, que se jugaban con el hermano, el primo o el mejor amigo, tal es el caso de “los soldaditos” que heredó la generación de los años 20 a la de los 90 ―incluso. Antes eran de plomo, luego lo hicieron de plástico. Dos jugadores elegían 20 a 30 soldados y en cada extremo, con una distancia aproximada de 2 metros, se colocaban frente a frente, y lanzando un “tirallo” o canica, se buscaba traer a suelo a los muñequitos. El ganador tenía que derrotar al ejército del equipo contrario.

Los juegos, aparentemente inocentes, no siempre terminaban bien. A veces, los muchachos salían lastimados, por ejemplo, según el testimonio de un médico de 50 años aprox., haciendo una peripecia, le cayó un trompo en la cabeza.

Pocos niños de ese tiempo, accedieron a tecnologías como las consolas Telstar y Odyssey Philips, cuyos mandos sólo tenían una perilla o una palanca y un botón, respectivamente. Lo cierto es que incluso esos aparatos, con sus pantallas cuadriculadas y de líneas, distan mucho de los formatos tridimensionales y táctiles que caracterizan a los juegos de la actualidad. De este modo, se dijo adiós a una época. “Yo les podría decir que salgan a jugar” ―comenta una ciudadana de 45 años aprox., de profesión ingeniera, madre de dos pequeños―. Si los papás les enseñamos nunca van a pasar de moda”.

¿Usted está segura? ―la increpamos. ¡Puede que sí! Puede que tenga razón, sin embargo otro ciudadano, abogado, padre de familia, considera que cada generación tiene su propio entorno. “Los juegos no van a ser los mismos ―agrega― pero los valores como el respeto, siempre”.

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Opinión

Los ministros no deben ser abogados defensores de Dina Boluarte

¿Omisión de funciones? Basta ya de distorsionar las obligaciones y funciones para lo que fueron designados. Los ministros de Estado no son empleados de los presidentes de turno y mucho menos sus abogados defensores, que para eso no fueron nombrados.

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El articulo 123° de la Constitución Política de Perú es clara y precisa y señala que un Presidente del Consejos de Ministros solo tiene tres funciones específicas. Ser, después de la Presidenta de la República, su portavoz autorizado.

Eso significa que puede ejercer la labor de vocero, que habla en nombre de la institución gubernamental, que es la Presidencia de la Republica que funciona en Palacio de Gobierno; más no ser abogado defensor de Dina Boluarte.

La segunda labor, es coordinar las funciones de los demás ministros y por último, refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.

Esa es la única función que está obligado a ejercer el señor Gustavo Adrianzén y por más que la señora Dina Boluarte, quizá lo haya designado para cuidarle las espaldas y/o para salir a dar mensajes a la nación en respuestas a los cuestionamientos que sufre el gobierno, para eso el Estado no le paga al premier los S/30 mil soles mensuales de salario.

La obligación de Adrianzén (artículo 125° CPP) no es otra que deliberar sobre asuntos de interés público y las demás que le otorgan la Constitución; más no del interés personal de Dina Boluarte.

Lo que debe entender este señor exmandadero de Nadine Heredia y por más que la señora Boluarte se lo haya indicado, que él no es un empleado de ella, ni trabaja para ella, aunque quizá en un plano más surrealista él se sienta obligado a pensar introspectivamente—como la presidenta me dio el cargo, yo tendré que ser leal y su subordinado incondicional—.

Pues no, él es un empleado del Estado y ni la señora Boluarte es su empleadora, ni ella le paga el salario. Así lo establece la ley y él está obligado a cumplirla; de lo contrario, estaría incurriendo en omisión de funciones.

Gustavo Adrianzén, tampoco debe olvidar (artículo 128° de la CPP) que él en su calidad de ministro de Estado, es individualmente responsable por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrenda.

Y si acaso, en toda esta maraña de presuntos actos irregularidades, blindajes, protecciones a prófugos de la justicia (Vladimir Cerrón), tenencias de joyas costosas, con relojes Rolex incluidos y presuntos desbalances patrimoniales que recaen en la figura de Dina Boluarte, el señor Adrianzén conoce algún indicio o información y se mantiene en silencio, entonces, se convertiría en cómplice de la presidenta y en el futuro tendría que asumir su responsabilidad, tal como señala la ley.

El Premier Gustavo Adrianzén defiende lo indefendible.

Se debe mencionar que este fin de semana aquel señor premier dio vergüenza ajena y salió a dar un mensaje a la Nación para asegurar que no existe un desbalance patrimonial en los ingresos y egresos de Dina Boluarte y expresó:

“Quiero informar que la señora Presidenta de la República ha expresado en todo momento su total disposición a colaborar con las autoridades jurisdiccionales en cada una de las investigaciones en la que ella se encuentra comprometida”.

¿Acaso Dina Boluarte le está haciendo un favor a la administración de justicia?

Este esbirro de la mandataria menciona que ella tiene la disposición de colaborar con la justicia, como si eso fuera un acto de caridad y de generosidad. ¡No señor! La señora Boluarte está obligada a acudir a la Fiscalía para rendir cuentas, porque está inmersa en una investigación y la ley es igual para todos.

Otras geishas omiten funciones de ministras y fungen de abogadas de Dina Boluarte

Solo hace unos días, la ministra de Vivienda, más conocida como la ministra de los banquetes y del Ensure, Hania Pérez de Cuellar, también se ha presentado en diversos medios para defender a la mandataria, en lugar de explicar y rendir cuentas sobre su ineficiente labor que ejerce en su portafolio. Ella omite a hablar de la próxima privatización de Sedapal y de las medidas para los damnificados del norte. Y en su lugar se ha convertido en abogada defensora de Boluarte Zegarra.

Ministra de Vivienda se ha convertido en abogada de la mandataria.

Lo mismo sucede con la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, la ministra de Cultura Leslie Urteaga y recientemente, con el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, que, en una rueda de prensa efectuada en el Aeropuerto Jorge Chávez, tuvo que “cubrir” a Dina Boluarte y responder en lugar de ella, ante el asedio de la prensa para poder dilucidar las denuncias en torno a los Rolex de la aun jefa de Gobierno. 

Basta ya de distorsionar las obligaciones y funciones para lo que fueron designados. Los ministros de Estado no son empleados de los presidentes de turno y mucho menos sus abogados defensores, que para eso no fueron nombrados.

Ellos fueron designados para emprender planeamientos, gestiones y tramitar los presupuestos de sus sectores para lograr los objetivos trazados, concernientes a la naturaleza de sus portafolios. 

Desafortunadamente, estos ínfimos personajes, han perdido el honor y la dignidad y su afán de angurria de pegarse al poder, los ha convertido en lo que son: infames canallas que solo velan por su interés personal, en desmedro de los intereses del Estado.  

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Opinión

¡Basta de impunidad! se exige el retiro de la inmunidad presidencial

Ya no es legítima, ya no es razonable, ya no es magnánima; ergo, ha perdido los principios, por los que fue prevista. Los jurisconsultos han perdido la perspectiva de su “efectos” que en los últimos quinquenios han sido “malhechores” y se han convertido en todo un despropósito en contra de la administración pública y de todos los administrados que solo piden que haya un saneamiento institucional.

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La figura de la inmunidad presidencial en nuestro país ha sufrido una desnaturalización grosera y se ha convertido en un absoluto mecanismo de protección para los jefes de Estado de turno.

Citemos, por el momento a los tristemente célebres Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y actualmente, la desvergonzada Dina Boluarte, que, en su afán de protegerse, continúa burlándose de los peruanos, a pesar que ya llegó la hora para que rinda cuentas.

Todos ellos, pese a las graves denuncias en su contra, fueron impunemente protegidos por la inmunidad presidencial.

Y aquí surge una ecuación elemental: ¿Quién ganó? Los presidentes investigados. ¿Quién perdió? La colectividad y la administración Pública. Entonces, concluimos con la interrogante ¿Hay derecho?

Entendemos que la inmunidad presidencial tiene orígenes doctrinarios antiquísimos. En Perú se instituyó desde la Constitución de 1860 y más allá de sus matices presidencialistas o semipresidencialistas, esta figura protege, cautela, blinda, resguarda, custodia, defiende, apoya, preserva, socorre, abriga, escuda, refugia y auxilia, a un jefe de Estado.

Léase el articulo 117° de la Constitución del Perú:

“El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

En suma, este precepto constitucional, literalmente señala que el presidente no puede ser acusado durante su mandato, sin perjuicio de adoptar otras subalternas y equivocadas “interpretaciones”, como la realizada intencionalmente por aquella sujeta fiscal Zoraida Ávalos que intencionalmente, “interpretó” que Martín Vizcarra y Pedro Castillo ni siquiera podían ser investigados por el Ministerio Público, hasta que concluyeran sus mandatos.

Es decir, los mandatarios gozan de la “inviolabilidad”, de no ser acusados no solamente por sus iure gestionis (actos privados) e iure imperii (actos púbicos) y no existe ninguna posibilidad de levantarles ese status, tal como el derecho comparado lo muestra en el derecho internacional.

Esta es una figura cotidiana, constitucional y legitima, desde el punto de vista normativo y material; no obstante, en la escena nacional política del Perú, ya perdió esa condición.

Ya no es legítima, ya no es razonable, ya no es magnánima, ya no es cauteladora; ergo, ha perdido los principios, por los que fue prevista y a pesar que en los debates académicos de índole jurídico se ha incidido en la naturaleza normativa y doctrinaria de la propia “inmunidad”; los jurisconsultos han perdido la perspectiva de su “efectos” que en los últimos quinquenios han sido “malhechores” y se han convertido en todo un despropósito en contra de la administración pública y de todos los administrados que solo piden que haya un saneamiento institucional.

En ese sentido, existe una rama jurídica que se denomina “sociología del derecho”. Esta rama del derecho simplemente observa las ciencias sociales y estudia el comportamiento “de facto” para entender cómo funciona una sociedad y a partir de un análisis, poder diseñar, implementar y derogar o aplicar una ley, para llegar al “de iure”.

Entonces, es exigible, que, tras una mesa de discusión multisectorial, el Poder Legislativo, impulse el retiro de la inmunidad presidencial, considerando que de acuerdo al statu quo nacional, el común denominador de mandatarios que ingresa al aparato público, presumiblemente lo hace para ejercer actos dolosos que atentan contra la administración pública y contra la buena fe de los electores que depositaron su confianza en ellos, para que se encargaran de la “cosa pública”.

Esta reforma constitucional, ya se hizo en el Congreso de la República, por lo menos relativamente ya extinguieron la inmunidad parlamentaria. Actualmente un congresista que cometa delitos comunes ya no está protegido por dicha figura, ni imposibilitado de afrontar procesos penales y desde luego, que, tras ser sentenciado, va directamente a la cárcel.

Es momento de poner las barbas en remojo y emprender una reforma constitucional que elimine la inmunidad presidencial, aplicando el articulo 206° de la Carta Magna.

Querer es poder y cuando el Parlamento se lo ha propuesto, ha impulsado leyes exprés en menos de lo que canta un gallo. Más aún, se exige esta medida, en medio de una conducta nauseabunda e insensata de una mandataria como Dina Boluarte, que pese a su propia debacle y con absoluto desprecio, continúa riéndose de los 33 millones de peruanos.  

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Opinión

Dr. Quintanilla, ¿y el caso de Jesús Calderón vs. la UGEL 07?

Lee la columna de Rafael Romero

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Por Rafael Romero

El año pasado, un lamentable 30 de mayo del 2023, ocurrió un accidente en el local de PRITE Buenos Aires de Villa, en Chorrillos, entidad dirigida por la funcionaria Susana Ponce Napa y bajo la jurisdicción de la UGEL 07.

En ese lugar en horas de la mañana el joven trabajador y padre de familia Jesús Antonio Calderón Ormeño cayó de una escalera y sufrió graves heridas con secuelas que se mantienen en el tiempo.

Según los informes médicos, Jesús Antonio Calderón Ormeño, sufrió un fuerte traumatismo en la región parietotemporal derecha (hematoma de 15 cm), con la consecuencia de pérdida de conciencia (TEC y contusión hemorrágica), quedando establecido que nunca antes había sufrido pérdida del conocimiento ni tampoco ningún traumatismo encefalocraneano en su vida, hasta antes del 30 de mayo del 2023.

Pero, pese a los 10 meses transcurridos, como efecto del golpe, Jesús Calderón actualmente mantiene el habla balbuceante y además sufre de otras dolencias toda vez que, aparte del golpe en la cabeza, el Servicio de Emergencia del Hospital III Suárez – Angamos de EsSalud también le diagnosticó fractura desplazada de clavícula derecha, con fuerte dolor a la movilidad del brazo derecho, y fractura del 5to arco costal, quedando el paciente hospitalizado, y para entonces con necesidad urgente de intervención quirúrgica.

Se trata de un serio accidente de trabajo, pero se requiere saber si las autoridades del PRITE Buenos Aires de Villa y de la UGEL 07 cumplieron con todas sus obligaciones para este tipo de emergencias, sobre todo si cumplieron con lo que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) determina.

De manera que estamos oficiando a la directora Susana Ponce Napa, máxima autoridad del PRITE Buenos Aires, y a la directora de la UGEL 07 a fin de acopiar toda la información de este caso donde antes, durante y después del accidente se habrían infringido una serie de normas legales, pudiendo ser pasibles las referidas servidoras públicas de drásticas sanciones.

En ese sentido, tendrán que esclarecer lo siguiente: ¿Cómo gestionaron esta ocurrencia de trabajo dentro del ámbito de un accidente grave? En segundo lugar, ¿esas entidades del Ministerio de Educación (MINEDU), previeron y estuvieron preparadas frente al riesgo de los accidentes de trabajo? En tercer lugar, ¿desarrollaron y ejecutaron todas las medidas preventivas que indican las normas legales?

En cuarto lugar, ¿notificaron oportunamente el accidente de trabajo, de acuerdo a los artículos 110 y 117 del Decreto Supremo N° 005-2012-TR? En quinto lugar, ¿contaban con la asignación de recursos presupuestales y la capacitación para tener al día los equipos y las medidas preventivas de accidentes de trabajo y para su respectiva promoción con el objetivo de evitarlos?

En sexto lugar: ¿las entidades en cuestión procedieron a adoptar y aplicar el artículo 118 del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que las obliga para que la información generada tras el accidente de Jesús Calderón sirva a fin de elaborar nuevas normas internas, políticas y proyectos diversos con el objetivo de que esa clase de accidentes de trabajo no se repita?

En séptimo lugar, ¿la UGEL 07 y el PRITE Buenos Aires de Villa contaban con el equipo de personas idóneas para que: a) investiguen la causa del accidente de trabajo; b) llenen adecuadamente el registro de accidentes de trabajo, que es uno de los ocho temas obligatorios que una institución del Estado debe cumplir; y c) gestionen la notificación del accidente en el portal web a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al Centro Médico, cualquiera que este sea (MINSA, EsSalud, Solidaridad, Fuerzas Armadas, clínica particular, etc.)?

SERVIR ha establecido que es necesario conocer qué accidentes de trabajo vienen ocurriendo a los servidores públicos, ya que es información fundamental para fines preventivos y promocionales, entre otras gestiones; y por eso queremos conocer si las entidades de educación, como el PRITE Buenos Aires y la UGEL 07, han cumplido y cumplen la Ley y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Aquí está el quid del asunto porque esa ley no solo encaja en un accidente como el sufrido por Jesús Calderón, sino que también vela por la salud del trabajador, y conviene conocer cómo se ha procedido por parte de esas entidades del MINEDU respecto de la salud y de la actividad laboral posterior al accidente de trabajo, del 30 de mayo del 2023, donde él perdió el conocimiento y por ello no pudieron los médicos operarle a tiempo la fractura de clavícula, agravándose más su cuadro clínico hasta el día de hoy.

Nuestro equipo de investigación ha indagado y las evidencias apuntan a que Jesús Calderón habría sido olvidado por las autoridades de la UGEL 07, pues esta no coordina nada frente al PRITE Buenos Aires de Villa, a fin de evitar que Jesús Calderón sea puesto en riesgo cotidianamente durante su horario de trabajo.

Es decir, nada habría cambiado tras el accidente del año pasado pues continuaría dicho servidor realizando actividades laborales riesgososas y peligrosas pese a que su estado de salud, su motricidad, reflejos y fuerza, no son los mismos a los de antes del accidente.

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Opinión

Debacle cultural

Lee la columna de Edwin Cavello

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Hemos sido testigos que en los últimos 30 años ninguno de los presidentes se preocupó en fomentar las políticas culturales ni en reforzar la educación escolar y universitaria. Para esta clase política invertir en educación y cultura siempre ha sido un gasto y no una inversión. Es por eso que hoy las nuevas generaciones vociferan orgullosos que no leen, que no les interesa la historia, las artes, el teatro y la propia realidad que vive el país.

El gobierno del dictador Alberto Fujimori eliminó la filosofía de las aulas escolares, y con ello mutiló el sentido crítico en los niños y jóvenes que hoy se han convertido en seres desmemoriados que prestan más atención a la gran cantidad de desinformación y programas basura que pululan en el ciberespacio. Actualmente, dos imbéciles tienen más audiencia que cinco premios Nobel. Los insultos, las groserías y el morbo han reemplazado a las frases lucidas y al pensamiento crítico.

¿Por qué permitimos esto? La respuesta es simple: siempre hemos elegido mal. Los políticos llegan con nuestros votos, y en esta debacle cultural, el Ejecutivo y el Congreso han trabajado mutuamente para sumergir al país en la ignorancia. Hoy no se puede hablar de presidentes, ministros o congresistas con gran capacidad intelectual. La clase política en su mayoría está conformada por seres miserables e incultos que actúan por conveniencia.

Bajo este contexto, no sirve tener un Ministerio de Cultura plagado de parásitos, que se reparte el erario público entre pequeñas mafias culturales que creen que hacen arte. Creo que ya hemos tocado fondo con Pedro Castillo y Dina Boluarte. Seguimos aún en el mismo gobierno de la mediocridad y el saqueo, aunque la señora de los Rolex lo niegue.

Aquí no se trata de cuestionar a la derecha o la izquierda. Aquí lo que se debe cuestionar es que en la actualidad los ignorantes han llegado al poder y nos están gobernando. Todos somos responsables de esto, solo hay que abrir bien los ojos y mirar alrededor nuestro. La violencia, la falta de civismo, la falta de respeto y la pendejada son señales de que algo más grave se avecina.

El tiempo es cíclico. La historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa. Bienvenidos a la farsa.  

(Columna publicada en Diario UNO)

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