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Opinión

Los presidentes del Perú y la corrupción 1995-2022 (Primera parte)

Desde Alberto Fujimori hasta la actualidad, los presidentes del Perú han sido denunciados e investigados por corrupción. Recientemente, el procurador público especializado en delitos de corrupción, Amado Enco, reveló que a nivel nacional hay 2,289 gobernadores regionales y alcaldes investigados por casos de corrupción.

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El Perú es quizás el único país en el mundo en el que más de cinco expresidentes han estado o están inmersos en procesos penales por diversos delitos. Son conocidos los casos de Francisco Morales Bermúdez (sentenciado a cadena perpetua y fallecido en julio de 2022), Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski. Existen serios cuestionamientos e investigaciones sobre Martín Vizcarra en torno a su gestión como presidente regional de Moquegua y también investigación fiscal contra el actual mandatario Pedro Castillo Terrones, protegido por la figura legal de “inmunidad presidencial”.

Con el suicidio de Alan García Pérez quien se disparó en la cabeza el 17 de abril de 2019 cuando la fiscalía se aprestaba a allanar su domicilio y proceder a su detención preventiva– se extinguió la acción penal contra él.

Asimismo, a raíz del escándalo del caso Lava Jato, se sabe que la empresa constructora Odebrecht se dedicó a pagar sobornos (coimas) a funcionarios de gobierno nacional, regionales y municipios para obtener la buena pro de obras como la ruta Interoceánica, entre otras. Además, según las declaraciones de Jorge Barata (exrepresentante de esa empresa en el Perú), Odebrecht presuntamente habría financiado las campañas electorales de Alejandro Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Lourdes Flores Nano y Susana Villarán. La investigación sobre este proceso continúa.

El índice de corrupción de funcionarios en el Perú es muy alto. Según un informe del Poder Judicial difundido por el diario La República, el año 2018 hubo “un total de 27 mil 20 funcionarios procesados por corrupción a nivel nacional. De esta cifra, 6 mil 731 corresponden a Lima y 20 mil 289 están repartidos en las regiones” (https://tinyurl.com/5ean5c8u).

La corrupción se refleja en la economía y en la disminución de la calidad de vida. La Defensoría del Pueblo, en un informe denominado “Radiografía de la corrupción en el Perú” (2017), reveló que se pierde anualmente 12 mil millones de soles, es decir alrededor de 3 mil 600 millones de dólares por actos de corrupción. El documento precisa que esto es equivalente a perder 10 millones de dólares diarios y señala que “el precio de la corrupción asciende al 10% del presupuesto nacional por año”.

En uno de mis anteriores ensayos sobre la corrupción en el Estado peruano señalé lo siguiente: “En el Perú el Estado se ha convertido en la sucursal detrás de la cual operan organizaciones criminales, que bajo diferentes modalidades delictivas y usando la corrupción como metodología tienen como único fin apropiarse del botín que representa el presupuesto nacional. Las estadísticas son contundentes: trece gobernadores regionales procesados por delitos de corrupción y la mayoría con orden de detención preventiva. Asimismo más de veinte alcaldes y exalcaldes provinciales y distritales afrontan procesos judiciales o han sido sentenciados por delitos de corrupción en sus gestiones”.

Recientemente, el procurador público especializado en delitos de corrupción, Amado Enco, reveló que a nivel nacional hay 2 mil 289 gobernadores regionales y alcaldes investigados por casos de corrupción. Y cuatro expresidentes de la República (uno de ellos en prisión), están cuestionados por presuntos delitos.

CASO MORALES BERMÚDEZ

En el mes de enero de 2017, el expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez (general del Ejército Peruano que sucedió al dictador Juan Velasco Alvarado en la década del setenta) fue condenado de cadena perpetua por un tribunal de Roma (Italia) por su participación en el “Plan Cóndor”, al ser hallado responsable, junto a otros acusados, de la muerte de una veintena de ítalo-latinoamericanos. Dos exmilitares del Perú también fueron sentenciados.

Este plan –dirigido por los gobiernos militares de Chile y Argentina– fue organizado en esta región de América para acabar con una veintena de ítalo-latinoamericanos, acusados de subversivos que supuestamente buscaban sacar del poder a las mencionadas dictaduras de Pinochet y Videla.

Morales Bermudez.

Cabe anotar que el “Plan Cóndor” fue una operación que ideó el exdictador chileno Augusto Pinochet para acabar con la oposición política entre 1970 y 1980. Esta se ejecutó principalmente en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Chile.

En el artículo “Cuatro claves para entender la sentencia contra Francisco Morales Bermúdez” de Cristina Blanco, coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP (https://tinyurl.com/2s95j9ms), señala que, para entender esta sentencia, “se debe recurrir a los supuestos habilitantes de jurisdicción interna frente a graves violaciones de derechos humanos en impunidad”.

“Hay que recordar que las investigaciones fiscales en Italia se inician con la denuncia de un familiar de detenidos-desaparecidos contra el exmarino uruguayo Jorge Néstor Troccoli, quien fugó a Italia tiempo antes para evitar ser procesado en su país. Uruguay solicitó la extradición de Troccoli, la cual fue denegada y exigió a Italia aplicar el principio aut dedere aut judicare, por el cual si un país se niega a extraditar, debe juzgar al extraditable por los delitos que se le acusan. La denuncia contra Troccoli fue seguida por varias otras en los años siguientes y, tras la acusación fiscal, se inició el juicio penal contra 27 imputados nacionales de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay; en perjuicio de 43 víctimas, entre ellos 23 ítalo-latinoamericanos y 20 uruguayos”, comenta.

Y añade que “si bien, como principio general, los tribunales tienen competencia sobre crímenes cometidos dentro de su territorio, existen ciertos nexos jurisdiccionales para que el Estado ejerza competencia por hechos ocurridos fuera de este, supuesto conocido como jurisdicción extraterritorial. Una de las habilitantes más comunes, y que establece el ordenamiento italiano, es el de la nacionalidad de las víctimas, aplicado en este caso. Pero también es posible -como ocurriría con relación a las víctimas no italianas- que una instancia penal conozca hechos cometidos fuera de su territorio, y con acusados y víctimas extranjeras cuando se trate de graves crímenes internacionales que, de otro modo, quedarían en la impunidad. Estamos aquí ante el principio de jurisdicción universal por el cual, aunque no estén presentes los factores tradicionales de conexión (lugar de los hechos, nacionalidad de víctimas o acusados), los tribunales nacionales pueden procesar a una persona sospechosa de haber cometido un crimen internacional en cualquier parte del mundo al entender que atentan contra la comunidad internacional en su conjunto”.

CASO ALBERTO FUJIMORI

El expresidente Alberto Fujimori actualmente cumple una condena de 25 años por haber sido considerado como autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado correspondientes a los casos de las matanzas de La Cantuta, Barrios Altos, y al empresario Samuel Dyer Ampudia. La sentencia se emitió el año 2009.

Alberto Fujimori.

Para sus seguidores, las condenas son un exceso porque consideran que Fujimori hizo una lucha frontal contra el terrorismo para poder pacificar el país de la violencia iniciada por Sendero Luminoso y el MRTA. Ellos argumentan que en esa guerra frontal hubo consecuencias e incluso excesos por parte de elementos de las fuerzas armadas, razón por la cual están en desacuerdo.

Desde que fue extraditado desde Chile en el año 2007, el historial de los procesos penales contra Fujimori ha tenido varios episodios. A fines del año 2000, Alberto Fujimori viajó del Perú hacia Brunéi en el marco de la cumbre anual de la APEC. Desde allí se dirigió a Japón, desde donde renunció a la presidencia del Perú vía fax. En Japón permaneció hasta el año 2005, y amparado en su doble nacionalidad, pudo evadir las acusaciones judiciales en su contra por delitos de corrupción, de peculado y de lesa humanidad (https://tinyurl.com/3j2azxpz).

El 6 de noviembre de 2005, Alberto Fujimori viajó a Chile, donde fue detenido al día siguiente por las autoridades de aquel país y desde entonces se inició, exactamente el 11 de noviembre de ese año, un proceso de extradición en su contra.

El 21 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile aprobó la petición del Poder Judicial del Perú para extraditarlo. Tras su arribo a nuestro país, afrontó diversos procesos en su contra y terminó siendo condenado por lo señalado líneas arriba.

Una década después, el 24 de diciembre de 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto humanitario a Fujimori, debido a que “una junta médica oficial ha evaluado al interno y ha determinado que el señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”.

A las horas de anunciado el indulto, la defensa de los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta interpuso un recurso para revocar la gracia concedida.

El 3 de mayo del 2016 el Tribunal Constitucional del Perú rechaza la nulidad de la condena de Alberto Fujimori, razón por que se determinó que prosiga su condena de 25 años impuesta por responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, bajo la polémica teoría de “autor mediático”.

El 03 de octubre de 2018, tras meses de audiencias, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró inaplicable el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori y ordenó su ubicación y captura inmediata.

A pesar de todas las acusaciones y condena en su contra, muchos peruanos de las zonas urbanas y rurales se muestran a favor de un indulto humanitario, considerando que fue un presidente que estabilizó la economía y derrotó al terrorismo con una estrategia frontal que terminó con la captura, juicio y condena de los principales cabecillas terroristas.

Esto es solo parte del panorama de las denuncias, investigaciones, juicios y condenas contra expresidentes. Los casos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski los analizaremos en un próximo artículo.

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Raúl Allain. Escritor, poeta, editor y sociólogo peruano (Lima, 1989). Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido incluido en antologías como Antología de poetas críticos (Cisnegro, México DF, 2019), Antología décimo aniversario de Lord Byron Ediciones (Liber Factory - Lord Byron Ediciones, Madrid, 2013), Veinte poetas: muestra de poesía contemporánea (I.F.D. Editor; Lima, 2010), Poesía y narrativa hispanoamericana actual (Visión Libros - Lord Byron Ediciones, Madrid, 2010), Abofeteando a un cadáver (Bizarro Ediciones - Centro Cultural de España, 2007), entre otras. Sus textos aparecen en diversos medios literarios tanto nacionales como internacionales. Actualmente preside el Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y dirige el sello independiente Río Negro. Ha publicado Poéticas, Poiesis hispanoamericana: selección de poesía contemporánea, Eros & Tánatos: poesía y arte contemporáneos, entre otras antologías, ¡Yo no hice nada!: Sobre la idiosincrasia peruana, ¡Palaciego In Memoriam!: Selección de textos de Humberto Pinedo, así como el ensayo La cientificidad del consciente (Editorial Emooby, 2011). Premio Mundial a la Excelencia Cultural y Premio Mundial el Águila Internacional a la Excelencia Sociológica de la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE).

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El derecho por nacer: una cuestión de quien manda en el Tribunal Constitucional y no de lo que dice la Constitución

Lee la columna de Hans Herrera Núñez

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En la mesa estuvieron presentes los congresistas Montoya, Muñante y Barbarán, y como ponente especial desde el Tribunal Constitucional, Hernández Chávez. Curiosamente el viernes desde el TC se anuló la condena que recaía sobre Vladimir Cerrón por el caso la oroya.

Al respecto del derecho por nacer el magistrado Hernández Chávez señaló:

«No hemos conocido en la historia del TC un caso donde se haya presentado algún atentado respecto al derecho por los niños por nacer vinculado a una figura tan deplorable como el aborto (…) y sin embargo, no ha estado exenta de los pronunciamientos jurisprudenciales del TC». 

Por su parte, el congresista Muñante refirió sobre los avances legislativos para la protección del niño por nacer así como el fortalecimiento de la protección a la madre gestante así como han venido archivando proyectos que buscan liberalizar el aborto en Perú, como el caso del proyecto de ley 954 «Que pretendía despenalizar el aborto y que fue rechazado contundentemente con todos los votos en contra de ese proyecto menos uno, el de su autora».

Si bien perú parece un país seguro para los niños por nacer, no obstante la realidad semántica jurídica es más compleja de lo que se espera.

Ya en la España post franquista en los debates sobre el derecho a la vida para la Constitución de 1978, el diputado de la corte y constituyente Gregorio Pérez Barba, se refirió a dicho derecho la cual discutían los antiabortistas proponiendo para la fórmula el uso de la palabra «Todos», mientras los abortistas querían se usará el sintagma «Todas las personas». Esto último porque en el código civil se establece que es persona aquel que vive 24 horas fuera del claustro materno. Siendo así, Pérez Barba intervino en el debate constitucional y con cinismo dijo: 

«Desengáñense sus señorías, todos sabemos que el problema del derecho es el problema de quién está detrás del poder político y de la interpretación de las leyes (…) si hay un TC y una mayoría pro abortista «Todos» permitirá una leyenda del aborto y si hay un TC y una mayoría antiabortista «Persona» Impedirá  una ley del aborto».

Entonces, lo que sucede es una cuestión de quien tiene el poder y no de qué dice la Constitución. Caso cerrado.

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Acelerar el caos: Grupo terrorista Aceleracionismo pone a Uruguay en alerta por amenazas de bombas

Lee la columna de Hand Herrera Núñez

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El tranquilo Uruguay es la víctima perfecta para la expansión de una nueva corriente terrorista. Centros comerciales y universidades fueron amenazados desde el sábado hasta este jueves en Uruguay.

Los hechos acontecen a menos de un mes de asumir la presidencia el frenteamplista Orsi.  La amenaza se da cuando acaban de cambiar las autoridades policiales y la propia cabeza del ministerio de interior del Uruguay.

“Les informo que mañana iré a una facultad de la Udelar a primera hora a cometer una masacre. Iré armado con armas de fuego y cuchillos”. El marte por la noche un mail anónimo de una persona que aseguró ser integrante de una supuesta red extremista internacional llamada “764” llegó a la Udelar.

“Trataré de matar a la mayor cantidad de gente posible y luego me suicidaré. Además, transmitiré la masacre en directo por TikTok. Ustedes me causaron dolor, yo se los devolveré aumentado. Yo les demostraré a todos ustedes que Ninguna vida importa”, señala el texto, junto a una foto de armas y de municiones que forman el número 764.

Además, dicho correo, contenía un link a un canal de Telegram que, de acuerdo con El País, está inactivo desde hace 11 meses pero que servía para que sus miembros compartan contenido pornográfico y fotos de cortes autoinflingidos.

De acuerdo a la información policial, además de las amenazas de bomba a centros comerciales y a la Facultad de Medicina, se conoció el caso de una adolescente de 13 años que asistió a clases al liceo 48 de Montevideo, ubicado en Puntas de Manga, con una pistola. Además, el liceo de San Carlos,en Maldonado, tuvo que suspender las clases tras recibir un correo electrónico de una persona que amenazaba con cometer una “masacre” porque estaba “harto de tanto bullying”.

Por las amenazas en la Udelar, las facultades de Derecho, Economía y Arquitectura tuvieron que ser evacuadas este miércoles, en tanto que los centros comerciales afectados por las amenazas son el Montevideo Shopping, Punta Carretas y Portones.

La Policía Nacional de Uruguay se declaró este 26 de marzo “en alerta plena” mientras avanzan las investigaciones. El grupo 764, vinculado a la explotación infantil y la incitación a la violencia, podría ser responsable de estas amenazas.

La red 764 es una organización extremista vinculada a la explotación infantil y la incitación a la violencia y está considerada como una amenaza terrorista de nivel uno por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI.

Fue fundada por Bradley Cadenhead, un adolescente de Texas en 2021 quien tomó el código postal de su ciudad, Stephenville. En 2023, Cadenhead fue declarado culpable de posesión de imágenes de abuso sexual infantil y condenado a 80 años de prisión.

Según el FBI, “estas redes utilizan amenazas, chantaje y manipulación para coaccionar o extorsionar a las víctimas para que produzcan, compartan o transmitan en vivo actos de autolesión, crueldad animal, actos sexualmente explícitos o suicidio. Las grabaciones se difunden entre los miembros de la red para continuar extorsionando a las víctimas y ejercer control sobre ellas”.

En febrero de este año, la Guardia Civil española detuvo a un hombre de 23 años, identificado como H. F. P., acusado de amenazar con atacar varios colegios en Valencia y quien aseguró ser miembro del 764.

El FBI emitió el 6 de marzo una advertencia pública sobre un “fuerte aumento de la actividad del ‘764’ y otras redes violentas en línea que operan en Estados Unidos y en todo el mundo”.

Dicha organización forma parte de un entramado global muy activo en redes que sigue una filosofía nihilista expresada en el aceleracionismo, una corriente que propugna el cambio radical a través de atentados aislados que perpetran lobos solitarios.

Por su parte la policía como la ciudadanía de Uruguay ha demostrado no estar preparado para posibles atentados reales. Uruguay se caracteriza por una sólida democracia desde 1985. Estos atentados ocurrieron en EEUU y en un país tan tranquilo como Nueva Zelanda. Algunos analistas políticos uruguayos señalaron que las amenazas consecutivas podrían ser usadas para probar los tiempos de respuesta de los sistemas de seguridad en el país antes de ejecutar un ataque real.

Destaca también la brecha generacional en Uruguay entre los mayores y los jóvenes al abordar este fenómeno. Existe un tráfico de información diferente entre los jóvenes más sensibles y mejor enterados de estos temas. Esto genera una distancia con sus interlocutores adultos pues no saben de qué están hablando. Mientras los jóvenes uruguayos siguen hablando de estas amenazas los adultos hablan de cualquier otra cosa.

A este punto cabe preguntarse cuáles son los protocolos que tiene Uruguay al respecto para enfrentar una situación así. También hace falta saber si cuentan con la tecnología o la misma tipificación penal respecto a esta nueva forma de terrorismo que emerge en el horizonte rioplatense. ¿Es este grupo realmente un peligro para Latinoamérica y acaso estaban probando los sistemas de seguridad para desencadenar un ataque a gran escala?

Estos grupos se organizan en foros extremistas como 4chan y se caracterizan por el uso de un lenguaje y referencias crípticos a través de copypastas y memes de texto dirigidos a solo los iniciados en una subcultura de internet. Su codificación semiótica es todavía inaccesible para la policía de países como Latinoamérica poco acostumbrados a esta cultura que nació en EEUU.

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Carré 35, de Albert Caravaca (2017)

Lee la columna de Mario Castro Cobos

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Cuál o cuáles son nuestras bases como personas, individuos, o lo que sea que seamos si lo somos… Nuestro mito fundacional, nuestro mito de origen… Nuestra narrativa. Qué tal si esa base se basa a su vez en un ocultamiento, una mentira. Algo que nos contaron, que no era así… O algo que nunca nos contaron… Pero que flota en el aire. Tú y quienes te rodeaban son vistos desde una luz nueva. Esta es una cuestión relevante en esta película.

Hay una admirable capacidad de insistencia en la inmersión, segura y progresiva del director, es un tema intensamente personal, urgente, en carne viva (impostergable, largamente postergado). Y lo personal es extraño, y lo propio se siente como ajeno… ¿no es curioso? Ninguna historia está nunca completa, y al no estarlo….

Somos (¿en qué medida? ¿cada vez más?) lo que hemos perdido, está en la base misma de lo que somos. Que es duro reconocerlo… Si somos ‘eso’, justo eso que hemos olvidado, que entrevemos en sueños, que sospechamos e intuimos y que no podemos formular correctamente, para lo que no tenemos un lenguaje que le haga al fin justicia.

La ausencia de alguien, que ni sabías que existió alguna vez, pero sí que sentiste de alguna manera esa ausencia, informulada, el tabú, el miedo de preguntar, eso va tomando forma, inunda tu conciencia, transmuta tu ánimo. Alguien cercano a ti, una hermana, en este caso. Ahí se verá cómo las historias de las familias se relacionan con las historias de las naciones: lo que se gana ocultando, el precio que se paga. 

Una madre, sensible y dura a la vez, negando a su hija, como por una cuestión de principios, escamoteando datos del pasado, esa lucha sutil para ir ganando terreno, para que se vaya desvelando la trama que está en el corazón de la existencia de una familia, y de cuántas más con secretos semejantes.

La película es sobria, serena y no tan oscura como creo que podría haber sido, atemperada por la tristeza y la melancolía. Y sucede que la reconciliación, la recuperación de alguna armonía y de mayor aceptación de la realidad, se hace posible ante nuestros ojos.

Honrar a nuestros muertos, por los que, por lo menos en parte, en buena parte, vivimos.

Película

https://ok.ru/video/8776838351519?fbclid=IwY2xjawJI97JleHRuA2FlbQIxMAABHdLqQG63guc41Wl8bD0d0r1KYR1FugtllXob3nylbVTnCfG-7UKMT-8a1w_aem_3_KWOAyV5CUI8hMH2zAFOw

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Paolo del Águila y un atentado a Ricardo Belmont, fundador de RBC Televisión

Lee la columna de Rafael Romero

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Por Rafael Romero

En los pasillos del INDECOPI corren las apuestas acerca de si regresará Paolo del Águila a esa institución o no volverá jamás. El referido abogado fue presidente de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual hasta el 2024.

Del Águila se hizo tristemente célebre frente a una jugada elaborada (por personas que tendrán que pasar por la Fiscalía) contra el actual presidente del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Cassinelli, mediante la cual el curtido periodista resultó impedido de conducir y dirigir su televisora fundada en 1986, Red Bicolor de Comunicaciones, conocido popularmente como RBC Televisión o el querido Canal 11 de La Victoria.

Para nadie es un secreto que, en medio de desaguisados, enjuagues y tropelías contra la ley, se llevó a ese emblemático canal ante el INDECOPI, donde existe todavía mucha tela que cortar por parte de la Secretaría Técnica de Fiscalización y por parte de la propia Comisión de Procedimientos Concursales, siendo Paolo del Águila una pieza clave para conocer toda la verdad sobre el despojo a Ricardo Belmont y a los legítimos trabajadores de un medio de comunicación que hoy prácticamente está en cuatro manos, las del primogénito de Ricardo Belmont y Phillip Butters.

Algunas fuentes oficiales dicen que la PCM ya no le quiso renovar el contrato a Del Águila en una entidad como el INDECOPI, donde los funcionarios tienen un pie dentro del Estado y otro pie en el sector privado.

Por años, malos presidentes del INDECOPI y sus súper especialistas, construyeron una entidad a la medida de los intereses de los grandes bufetes y las corporaciones, incluso se ocuparon de tener una gigantesca puerta giratoria para salir y entrar fácilmente sirviendo con absoluta impunidad a grandes entidades privadas y hasta se han dictado normas para permitirles firmar como apoderados, lo cual es injusto, antiético, contrario a la idoneidad e integridad, pues los expedientes contra esos grupos económicos resultan al final en manos de esa clase de personal del INDECOPI, no solo en el tema concursal sino también en la defensa del consumidor (basta conocer el Exp. 0553-2022/CC2 como botón de muestra, donde este escriba denunció a Coca-Cola y Arca Continental Lindley).

No obstante, volviendo al caso de Paolo del Águila, nos enteramos que en otro tema diferente al de RBC Televisión ha sido denunciado por la comisión del presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del señor Arturo Erick Malo Rabanal. Pero ante ello, como suelen hacer los funcionarios del INDECOPI, con mayor frecuencia e incidencia que en otras entidades del Estado, Del Águila solicitó que dicha institución le pague un estudio de abogados para que lo defienda frente a la carpeta fiscal que le ha abierto la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo – Equipo de Investigación N° 8.

Por cierto, el INDECOPI de inmediato le aprobó tal requerimiento, lo que implica que Del Águila puede contratar si desea al estudio jurídico más caro del Perú, y la citada entidad igual se lo va a pagar, gracias a los impuestos que pagamos los contribuyentes al fisco.

Sea como fuere, Del Águila está bajo investigación fiscal en Trujillo, pero cabe la pregunta, ¿qué elementos existen frente al caso de Red Bicolor de Comunicaciones y el proceder funcional de Del Águila cuando era vocal y luego presidente de la Sala Especializada de Procesamientos Concursales del Tribunal del Indecopi? Parafraseando a Julio Cortázar, ¿no estaremos frente a un interesante “modelo para armar” en el horizonte de la lucha contra el despojo de un medio de comunicación, el abuso y la impunidad?

Revisando documentación de fuente abierta, recordemos que una vez el abogado Brigham Young planteó la necesidad de que, en torno a Paolo del Águila se investigue si cometió desatinos legales, institucionales y morales, al permitir que el hijo de Ricardo Belmont Cassinelli siga al frente de una ilegal, ilegítima y fraudulenta junta de acreedores. Para entonces Brigham Young indicó que Paolo del Águila bien pudo en dos minutos solucionar un caso donde el Estado de derecho —Poder Judicial, SMV y Bolsa de Valores (Cavali)— ya le dio la razón al fundador y propietario de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., Ricardo Belmont padre, pero optó por privarlo de su canal. Seguiremos atentos a este caso.

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Opinión

La trampa del adelanto de elecciones y la izquierda de Cerrón que Keiko y Acuña quieren

No perdamos de vista las movidas del entorno de Boluarte y su “tridente de la corrupción” que la mantiene en el poder. Fujimori, Acuña y Cerrón saben que los días de su títere están contados por lo que harán todo lo posible para exprimirla y poder competir el 2026 con plata como cancha y limpios de procesos.

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Por Jorge Paredes Terry

El llamado «adelanto de elecciones» que promueve Dina Boluarte no es una salida democrática, sino una cortina de humo para alargar su agonía en el poder. Su gobierno ilegítimo, sostenido por el tridente corrupto de Keiko Fujimori, César Acuña y Vladimir Cerrón y los lobbies empresariales, busca ganar tiempo mientras la ciudadanía exige su renuncia. Pero el verdadero juego está en lo que viene después: estos mismos operadores ya se preparan para el 2026, usando a Boluarte como escudo mientras limpian sus fichas y acumulan recursos. Fujimori necesita que el Congreso siga bajo su control para blindar su impunidad, los empresarios requieren más tiempo para asegurar sus privilegios fiscales, y Cerrón, lejos de ser una alternativa, es el títere útil que la derecha necesita para desprestigiar cualquier proyecto progresista. Su estrategia es clara: presentar una «izquierda» desacreditada, domesticada y corrupta como la de Cerrón para que, ante el rechazo popular, el establishment pueda seguir gobernando sin oposición real. Mientras Boluarte distrae con el cuento del adelanto electoral, sus amos ya reparten los escaños, los presupuestos y las candidaturas del próximo circo electoral. El pueblo no debe caer en esta trampa: la verdadera salida no es un simple cambio de fecha, sino una Asamblea Constituyente que barra a esta clase política corrupta y reconstruya la democracia desde sus cimientos. El tiempo de los mismos de siempre se acaba, pero no se irán sin intentar, una vez más, engañar al Perú.

El adelanto de elecciones, presentada como una concesión democrática ante la presión social, no es más que una maniobra dilatoria diseñada para aliviar temporalmente la presión ciudadana mientras se perpetúan los mismos mecanismos de dominación que han mantenido al país sumido en la inestabilidad y la desigualdad. Boluarte, una presidenta sin legitimidad de origen ni de ejercicio, cuyo único sostén son los intereses del fujimorismo, el acuñismo, el cerronismo, las fuerzas represivas y los grupos económicos que ven en su gobierno un dique de contención contra cualquier cambio estructural, apuesta a que la promesa de elecciones anticipadas funcione como un sedante político. Pero la realidad es que, sin reformas profundas, sin una reconfiguración del sistema de partidos y sin una verdadera democratización del poder, este adelanto no será más que un cambio de actores dentro del mismo teatro de la democracia fallida que el Perú arrastra desde hace años.

Detrás de este simulacro, sin embargo, se esconde un juego aún más perverso: la rearticulación de una seudo izquierda funcional y domesticada totalmente por el establishment, encarnada en figuras como Vladimir Cerrón, quien convivío con los más ruin de nuestra clase política los últimos años, para este seudo líder transformar el país es lo último que le interesa, lo que busca es asegurarse un lugar en la repartija del poder. Cerrón, condenado por corrupción, absuelto de forma sospechosa de uno de sus tantos casos, operando desde las sombras como un actor clave en la política nacional, representa justamente el tipo de «oposición» que el sistema está dispuesto a tolerar: una izquierda desprestigiada, subordinada y que se prestó para consolidar el poder de un fujimorimo ruin y de un acuñismo dispuesto a defender sus privilegios por encima de todos. Su posible postulación en un eventual escenario electoral no es más que la confirmación de que el régimen prefiere una oposición domesticada antes que un verdadero debate sobre el modelo económico y político que ha sumido al Perú en la precariedad institucional.

Esta dinámica no es nueva. La historia reciente del país está plagada de ejemplos en los que la clase política, ante el colapso de su propia credibilidad, recurre a “fórmulas mágicas” para lavar su imagen, sin tocar los núcleos duros del poder. El problema es que, en un contexto de descomposición partidaria como el actual, donde no existen organizaciones políticas sólidas ni programas claros, el nuevo proceso electoral solo profundizará el vacío de representación. Las encuestas ya muestran que la ciudadanía no cree en los partidos tradicionales, pero tampoco en las nuevas figuras que emergen desde la izquierda que la derecha quiere, más por oportunismo que por convicción. En este escenario, el riesgo no es solo la continuidad del mismo círculo vicioso de inestabilidad, sino que, ante la ausencia de alternativas creíbles, se abra paso un discurso autoritario de derecha que capitalice el hartazgo popular.

La verdadera salida a esta crisis no pasa por un simple cambio de fechas electorales, sino por una refundación democrática que incluya, al menos, tres elementos irrenunciables: una Asamblea Constituyente que permita enterrar la herencia autoritaria del fujimorismo aún presente en la Constitución de 1993, una reforma política integral que acabe con el financiamiento opaco de las campañas y la captura del Estado por intereses privados, y la construcción de una izquierda nacionalista que rompa de una vez por todas con el caudillismo y la improvisación para presentar un proyecto creíble de justicia social. Mientras tanto, lo que veremos será un simulacro en el que Dina Boluarte intentará comprar tiempo, Vladimir Cerrón y otros operadores políticos buscarán reposicionarse, y el pueblo seguirá esperando una oportunidad real de cambio. La calle, la movilización organizada y la unidad de las fuerzas democráticas serán claves para evitar que esta farsa se consolide. Porque en el Perú de hoy, la democracia no se reduce a votar cada cierto tiempo, sino a quién controla el poder entre elección y elección. Y hoy, como ayer, ese poder sigue en manos de los mismos de siempre.

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El crimen 1, las víctimas 0. El Estado de emergencia ha fracasado:  18 % más en homicidios en 2025. Acostumbrémonos

Al alza tendencia de homicidios. En resumen, en el Perú no hay un solo día de este año en que alguien no sea asesinado. Aquí los números a partir del analista de datos Juan Carbajal sobre las bases de datos de la SINADEF.

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Según la PNP-SIDPOL (desde el 07/12/2022 hasta el 28/02/2025): Más de 5 mil denuncias por homicidios y más de 50 mil denuncias por extorsión.

De acuerdo al analista de datos Juan Carlos Carbajal «con o sin «estado de emergencia», y tras una semana de tal medida, persiste la tendencia creciente de homicidios. En el Perú tras 84 días del año 2025, hasta el 24 de marzo, se han registrado 517 homicidios, el cual supera en 18 % lo registrado en el mismo período del año 2024.

El promedio diario anual en lo que va del año 2025 persiste al alza siendo superior a todo el año 2024. El trimestre actual (Ene/Feb/Mar) del año 2025 no sólo supera a los 2 primeros trimestres del año 2024 sino también está camino a superar al tercer trimestre del año 2024 e incluso se acercaría a las cifras del último trimestre del año 2024 (las de mayor registro desde el año 2017 y en pleno «estado de emergencia»).

84 días del año 2025: ningún día con cero homicidios de acuerdo a los registros oficiales del SINADEF al 24 de marzo del 2025.»

No obstante Interior se muestra optimista. Hoy sacó una actualización de detenciones y operativos. 610 operativos, 295 detenidos de los cuales 34 son extranjeros. Esto según datos actualizados del 25 al 26 de marzo de este año.

Queda claro que hasta el momento el Estado peruano juega como nunca y pierde como siempre.

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Congreso trabaja en expulsión de extranjeros venezolanos

Según la data del gobierno, 1’250,000 venezolanos se encuentran en Perú y 600,000 de ellos están en situación irregular.

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Perú en parte vive una corriente migratoria de flujo sur a norte, es decir de gente que se va de Chile y Argentina. Mientras tanto los números no mienten: de 1,800 presos extranjeros en 2015 se ha pasado a 5 mil en la actualidad de los cuales alrededor de 4 mil son venezolanos. Mientras tanto, Migraciones confirma que 656 extranjeros han sido sancionados este año con la expulsión, pero la ejecución recae en la autoridad policial.

En la mesa de trabajo encabezada por la congresista Rosangella Andrea Barbarán, de la minoría étnica afrodescendiente, se vio el día de hoy la cuestión de la política de expulsión de extranjeros asociados al crimen en el marco de una perspectiva multisectorial focalizado en seguridad. Aquí los número y medidas que se vienen implementando en el control migratorio.

Barbarán desde el comienzo de la sesión dejó claro que el tema a abordar no era un asunto de xenofobia, así como su escepticismo ante los tratados de DDHH que tiene firmado el Perú: “hoy más que nunca el rol del Estado en la gestión de la migración y la seguridad debe ser pensada en el Perú antes que en cualquier tratado”.

“Desde el Ministerio de RREE.EE. reafirmamos nuestro compromiso con una gestión migratoria responsable, ordenada y humana”.  Fueron las palabras del representante de Torre Tagle en la mesa de trabajo. Lo que sorprende es que diga que “reafirman” cuando fueron los responsables de dicha cartera los que en el gobierno de PPK abrieron las puertas del Perú a una ola de inmigrantes, y fue Torre Tagle precisamente la que no se comprometió con una gestión migratoria responsable.

Pero volvamos a la mesa de trabajo.

El representante del ministerio de RREE, embajador Pedro Bravo en su participación expuso que “la política migratoria tiene que adaptarse a las nuevas realidades (…) e incorporar el componente de seguridad dentro de su ejecución”. También refirió mantener una perspectiva neutral frente a los extranjeros.  En coordinación con la superintendencia de migraciones y el Congreso el Ministerio de RREE ha tomado medidas como son la aprobación de la visa de tránsito, así como el lanzamiento de un decreto Legislativo del sistema integrado de gestión migratoria y del riesgo migratorio el cual está en estado auroral.

Esto último permite tener los datos de antecedentes policiales y judiciales para una consulta inmediata de los cónsules ante los solicitantes de visa (cosas tan simples como saber si el aspirante ha sido expulsado anteriormente).

Bravo también remarcó los cambios en los patrones migratorios que según cifras de la matriz de seguimiento de desplazamiento de la OIM, Organización Internacional de migraciones, por la cual al 2024 “presenciamos dinámicas inusuales en los puestos fronterizos (…) En Tumbes puerta de entrada de migrantes tenemos un flujo inverso”. En promedio diario 343 personas salen del Perú frente a los 228 que ingresan a diario.  Es decir, se van más de los que ingresan. En Tacna el dato es otro, son 273 los que ingresan y 173 los que salen. “En Desaguadero se mantiene una cifra ligeramente ascendente. Pero eso se explica por el incremento de tránsito de comercio legal e ilegal”, señaló Bravo.

Respecto a la demográfica estimó que el 78% de los que ingresan son venezolanos, colombianos y haitianos, lo cual evidencia un fenómeno de retorno.  “Están regresando a Perú debido al endurecimiento de las políticas migratorias y a las oportunidades que ofrecemos por nuestra estabilidad macroeconómica”.

El Embajador se mostró un poco optimista por las estadísticas que revelan un mayor promedio de salidas que de ingresos de inmigrantes al Perú. También definió al Perú como un país de una triple condición migratoria: como país de tránsito, destino temporal y de corredor de retorno.

En 2025, la cantidad de extranjeros en Perú es de 1 millón 466 mil de los cuales 1 millón 250 mil son venezolanos esto en cuanto a un número “estimado”.

El escenario con los venezolanos es complejo: 141 mil están en proceso de regularización, 515 mil en situación regular con diferentes tipos de documentos mientras 603 mil se encuentran en situación irregular. Por otra parte, según el embajador Pedro Bravo, “la exclusión social, laboral y económica expone a los migrantes a condiciones de vulnerabilidad extrema que pueden empujarlos hacia actividades ilícitas como único medio de subsistencia”.

En el plano multilateral se rescató los avances que se vienen haciendo junto a Ecuador a través de la comunidad andina, en que Perú y Ecuador lideran mecanismos de ágil intercambio de información de datos así como la próxima creación de un banco andino de datos. “En las próximas semanas una plataforma para compartir información estadística migratoria con Colombia, Chile y Ecuador estará culminada y será lanzada”.

En lo que respecta al tema de seguridad el representante del Ministerio del Interior mencionó que desde 2017 a 2024 el aumento de las denuncias policiales son la principal evidencia de una posible relación directa entre crimen y migración, puesto que las denuncias se duplicaron. A esto se clasificó que son 5 los principales delitos a los clanes se asocian estás denuncias cometidas por extranjeros: robó agravado, hurto agravado, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y extorsión.

A esto se suma que el total de ingresados en 2024 a prisión fue de 14 mil ingresados de los cuales 1006 son extranjeros lo que representa el 7% de ingresos. Estos son de nacionalidad venezolana, colombiana, ecuatoriana y mexicana.

Los expertos del Ministerio de Justicia y RREE coincidían, sin embargo, en lo complejo de determinar una relación causal entre extranjeros y crimen. Llegaron a señalar que no tenían una injerencia mayoritaria en cuanto a delitos complejos sino más bien relacionado a delitos comunes.

Según esto, la tasa de homicidios no ha tenido un cambio drástico, por ejemplo, la tasa de 2022 es similar a 2021 por lo que no se ha establecido una relación directa del crimen de sangre con la inmigración. Las que si tienen relación directa está en el incremento de denuncias policiales.

Además, cabe mencionar que la población penitenciaria de Perú pasó de 1800 extranjeros en prisión en 2015 a más de 5 mil en la actualidad, de los cuales son venezolanos alrededor de 4 mil.

También cabe destacar que en la política de migraciones a partir de la promulgación del Proceso Administrativo Sancionador que entró en vigor el 11 de enero de 2024, fueron 656 los inmigrantes sancionados en el presente año 2025. Sin embargo, los avances de la misma dependen de la policía y que lo ejecute.

Durante la mesa de trabajo se refirieron al aumento de crimen desde 2019. Previamente el incremento era por decimales, pero desde ese año la cifra no ha hecho más que aumentar en un 1% anual.

Finalmente resulta interesante saber que la máxima sanción de migraciones a un extranjero es la expulsión de hasta 15 años, Pero también que la policía ejecute lo mandado por migraciones en los plazos determinados que en teoría son bastante breves y deberían ser rápidos.

Barbarán señaló al término de la mesa técnica la posibilidad de una reunión con los embajadores de Chile y Ecuador para trabajos conjuntos al respecto de la migración (también se preguntó si todavía teníamos relación con Colombia que haría falta para dichas coordinaciones). También mencionó su decepción cuando en una reunión del Grula se quiso introducir el tema de la inmigración ligada a delincuencia pero que está fue frustrada por Cuba, Nicaragua entre otros.

En fin, queda mucho pan por rebanar.

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Opinión

Más allá de la destitución: Análisis de las implicaciones de las reformas al artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial

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Por Leonardo Serrano Zapata

Los hechos de Condorcanqui y otros casos similares donde ciudadanos que ejercieron la función docente traicionaron su misión educadora para convertirse en predadores de sus estudiantes, merecen sin duda la respuesta más contundente del sistema penal. La publicación con fecha 11 de enero de 2025, respecto de la modificatoria del artículo 49 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, acerca de la destitución docente.

La ley añade disposiciones estrictas, el literal c) la destitución a los docentes “condenados por delitos contra la libertad sexual, delito de apología del terrorismo, delito de terrorismo y sus formas agravadas y delito de tráfico ilícito de drogas”, en primera instancia. La sentencia en primera instancia se convierte así en guillotina administrativa, sin esperar el tránsito a la cosa juzgada, está debe ser susceptible de apelación —que por definición no es firme y puede ser revocada en instancias superiores—.

La destitución se convierte en una llave maestra que cierra, de un solo giro, la puerta de la presunción de inocencia consagrada en el artículo 2, inciso 24, literal e) de la Constitución Política del Perú:  «toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad». Este principio no es una mera formalidad jurídica, sino la piedra angular de un Estado constitucional de derecho.

Lo positivo

En el literal f del artículo 49.2 representa un avance significativo en la protección de estudiantes y comunidad educativa al establecer la imprescriptibilidad de las investigaciones por hostigamiento sexual y otros delitos contra la integridad sexual de los estudiantes. Esta medida garantiza que las instancias descentralizadas (UGEL, DRE o GRE) dispongan del tiempo necesario para llevar a cabo procesos exhaustivos. Sin embargo, para que esta normativa sea verdaderamente efectiva, es fundamental contar con los recursos humanos y económicos adecuados. Las Comisiones Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPADD) deben estar debidamente equipadas y capacitadas para atender este tipo de casos. Asimismo, es necesario establecer procedimientos claros y ágiles que garanticen la celeridad y transparencia de las investigaciones.

Los literales g y h del artículo 49.2, al prohibir que el docente se presente a trabajar bajo los efectos del alcohol y al impedir el uso político de los estudiantes, buscan garantizar la integridad docente y la protección de los estudiantes. Esto se complementa con los incisos d y h, al prohibir la instrumentalización de los estudiantes con fines políticos, de hacerlo ponen en peligro la integridad de los estudiantes.

Lo preocupante

El literal a) del artículo 49.2 ha generado una considerable inquietud, especialmente considerando el antecedente de la huelga docente de 2017. La posibilidad de destitución por no asistir a la evaluación ha llevado a los gremios docentes a convocar a sus bases para discutir esta medida, señalamos que esto podría pasar a ser una agenda en una eventual convocatoria a huelga docente, recordemos que uno de los pliegos de reclamo en el 2017 fue el tema de la evaluación docente. Ante esta situación, es fundamental que el Ministerio de Educación (MINEDU) recuerde que la normativa vigente contempla la posibilidad de que los docentes que no superen la evaluación participen en programas de capacitación para fortalecer sus competencias, antes de ser destituidos automáticamente.

El literal i, respecto a “las inasistencias por tres días consecutivos o cinco discontinuos”, surge la duda sobre la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción de destitución.

Preocupa lo dispuesto en el artículo 49.3, al establecer una sanción de destitución tras la reiteración de ceses temporales, genera una contradicción con lo dispuesto en el Artículo 51. Eliminación de anotaciones de sanción en el Escalafón Magisterial de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Este último artículo garantiza el derecho del docente a solicitar la eliminación de la anotación de una sanción administrativa. Esta contradicción resulta preocupante, ya que limita el derecho al buen nombre y a la rehabilitación administrativa del docente.

Además, según la Resolución Viceministerial Nº 112-2023-MINEDU, el docente puede solicitar la eliminación de una anotación en su escalafón magisterial demostrando «buena conducta», mediante la presentación del Formato de solicitud de informe para la determinación de buena conducta. Esto en el marco del artículo 2, inciso 7 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho “al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias”.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación tuvo 60 días calendario, que se cumplieron el miércoles 12 de marzo de 2025, para ajustar el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial a estas nuevas disposiciones. Este periodo fue clave para despejar dudas y establecer criterios claros para la aplicación de las sanciones, de forma que se minimicen riesgos de abusos o interpretaciones erróneas que puedan afectar tanto a docentes como a estudiantes. A esperar que dispone el despacho del ministro Morgan Quero.

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