Política
Los exclusivos ‘búnkers del placer’ de Torres Saravia, el hombre de confianza de APP
Según nuevas declaraciones de testigos, Jorge Torres Saravia armaba fiestas privadas en exclusivos departamentos en distritos como Barranco y San Isidro a las que asistían altos funcionarios del Congreso y las “trabajadoras” de la Oficina Legal Parlamentaria. Generalmente, el popular ‘Coqui’, registraba y grababa los encuentros.
Tras haber cobrado mayor relevancia, la noticia de la presunta red de prostitución que operaria en el Congreso de la República, y cuyo protagonista principal, Jorge Torres Saravia, ya se encuentra inmerso en una investigación fiscal, que lo involucraría en el reciente asesinato de su exasesora congresal Andrea Vidal; ha salido más información que coadyuva a armar los entretelones de este escandaloso caso.
Andrea Vidal era la trabajadora de confianza de Torres Saravia
Luego de haber sido colocado en el Parlamento, en agosto del 2023, gracias a los oficios de su mentor Luis Valdez Farías, de Alianza para el Progreso (APP), pese a que venía arrastrando una denuncia por violación sexual; al mes siguiente en septiembre, Torres Saravia al mando de la Oficina Legal Constitucional del Congreso se dio cuenta que para sus propósitos necesitaba una “mano derecha”. Es por ello que contrató como personal de confianza a la abogada de 27 años Andrea Vidal para que lo acompañe en su despacho.
Según el informe de ‘Hildebrandt en sus trece’, en el que revela más datos y detalles de cómo funcionaba la “solemne” Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, a partir de la presencia de la “china” (así le llamaba Torres Saravia a Vidal) empezaron a llover más contrataciones de señoritas para el despacho legal. Sin embargo, Andrea Vidal, mayormente se hacía notar por sus reiteradas inasistencias, con goce de haber. Incluso en una ocasión se ausentó un mes, debido a la cirugía estética a la que se sometió para afinar su cintura. Prácticamente, ganaba S/10 mil mensuales para salir con frecuencia de las instalaciones del Congreso. Asimismo, presumía su bonanza económica. Incluso, en febrero de este año aprovechó sus vacaciones para irse de tour por Europa. Según indica su movimiento migratorio, ella salió a España el 9 de febrero y retornó al país el 18. Vidal se daba el lujo de relajarse, porque gozaba de la confianza de su jefe Torres Saravia. El semanario accedió a unas conversaciones de WhatsApp que sostenia Torres Saravia con quien fuera su reemplazo provisionalmente en la Oficia Legal, José Rubio. En aquellos chats él le ordena a su colega que cubra las inasistencias de la “china”.
—Amigo buen día. Hoy la china no irá, apóyame con eso por favor, gracias— escribió Torres Saravia.
—Ok, no la maltrates mucho— respondió Rubio.
—Jajaja. Ya tú sa— escribió Torres Saravia.
¿Por qué José Rubio reemplazó provisionalmente a su colega Torres Saravia? La respuesta es sencilla. El recomendado de Alianza para el Progreso (APP) Torres Saravia quería tener el puesto de Procurador del Congreso, y para ingresar al concurso tuvo que dejar su cargo, pero antes había enviado a una de sus “trabajadoras” a la oficina de un influyente legislador para poder ver sí le podrían dar una mano. Finalmente, el concurso fue declarado desierto y él se quedó con los “crespos hechos” y nunca pudo se procurador parlamentario.
Las otras ‘trabajadoras’ de Torres Saravia
Otra de las trabajadoras de confianza de ‘Coqui’ Torres Saravia era Karla Ruiz Ponce, una abogada trujillana de 30 años, quien también percibía S/10 mil mensuales y quien igualmente incurría en inasistencias con goce de haber. Según fuentes del Semanario, señalan que ‘Coqui’ casi se agarra a golpes con otro servidor de la Oficina Legal, porque éste último defendió a Ruiz Ponce, debido a que habría sido maltratada psicológica y físicamente por su jefe Torres Saravia.
Alexandra Gil Ramírez es una abogada de 26 años que en abril pasado ingresó a trabajar a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso; sin embargo, ella habría conocido a Torres Saravia dos meses atrás, a través de Andrea Vidal. No obstante, Gil Ramírez laboró en dicha oficina hasta junio. Precisamente, en una conversación de WhatsApp del 23 de abril, Torres Saravia le dio indicaciones a su colega José Rubio para que tramitara un pasaje de viaje para Alexandra Gil con destino a Trujillo, para asistir a una audiencia judicial del Congreso. En aquel viaje también asistiría ‘Coqui’.
—Pero dile a Guillermo que tramite de Ale por favor, xq yo sí voy a viajar. Que se haga hoy día amigo— le escribió Torres Saravia a Rubio.
La otra “trabajadora” es Isabel Cajo Salvador de 26 años, que ingresó a la Oficina Legal del Congreso; sin embargo, su perfil no obedecía precisamente a la de una asesora, porque es más conocida por vender sus fotografías y videos de entretenimiento para adultos en la página “OnlyFans” y cuyo nombre de usuario es Isatoons”.
Torres Saravia ‘Mochasueldo’
Asimismo, según testimonios de algunos trabajadores de la Oficina Legal del Congreso, Torres Saravia también les habría mochado el sueldo. El Semanario indicó que puso constatar que varios trabajadores realizaron transferencias bancarias de 2 mil a la cuenta de Benyta Rodríguez Cruzado, actual esposa de Jorge Torres Saravia.
Las fiestas privadas para la elite del Congreso y las “trabajadoras”
Según testigos que estuvieron presentes, Torres Saravia organizaba fiestas privadas e invitaba a altos funcionarios del Congreso y donde también acudían las “trabajadoras” de la Oficina Legal. Estas reuniones se hacían en exclusivos departamentos que eran rentados en la plataforma Airbnb. Entre ellos, el que está ubicado en el piso 16 del edificio “The Modern”, en la avenida El Sol Oeste 385 en el exclusivo distrito de Barranco. Como se sabe, en este distrito bohemio que últimamente es conocido por su bullicio y vida nocturna, se ha construido una serie de edificios con varios pisos, que precisamente se han caracterizado en albergar a diversos extranjeros que buscan la oferta de un Airbnb.
Antes de subir al búnker, y para que los influyentes funcionarios pudieran ingresar, Torres Saravia les indicaba que no era necesario identificarse, ni mostrar documentos; a pesar que las normas de seguridad del edificio exigían que se identifique a toda persona que acudía a visitar a los residentes.
El siguiente búnker para dar rienda suelta al desenfreno estaba ubicado en el cuarto piso de otro edificio de la calle Dean Valdivia 207, en el también exclusivo distrito de San Isidro. Según fuentes, indicaron que, en enero del 2024, Isabel Cajo Salvador acudió a una de las fiestas extralaborales, y luego de unos meses, específicamente en mayo, ella ingresó a trabajar, primero en el Área de Administracion de Bienes del Parlamento, con un salario de S/4,700 mensuales. Sin embargo, al mes siguiente, ascendió a la Oficina Legal que jefaturaba Torres Saravia, con un sueldo de casi S/8 mil.
Según testimonios recogidos, el hoy investigado Torres Saravia registraba fotográficamente y grababa en video a los asistentes del búnker del placer. Incluso, indicaron que compartía algunas imágenes en un grupo de chat con sus más cercanos, como la fotografía de un alto funcionario parlamentario que fue captado en ropas menores. Sin embargo, dicho funcionario, no paró hasta conseguir depurar a gente de la Oficina Legal Constitucional.
De esa manera, cuando comprobaron que Andrea Vidal y Karla Ruiz usualmente no iban a trabajar y continuaban cobrando, no se les renovó el contrato, y lo mismo sucedió con Isabel Cajo Salvador; sin embargo, ella tuvo más suerte y se reenganchó en otra oficina congresal. Aquella señorita que vendía sus videos para adultos en OnlyFans, fue recontratada nada menos que por el legislador Edwin Martínez Talavera, y actualmente su despacho le paga un sueldo de S/7,106, que proviene del erario público. Lo más curioso es que el legislador de Arequipa argumenta que él mismo y su asesor evaluaron su CV y le dieron el visto bueno, para que cumpla con la labor que el propio congresista ha reconocido: “realizar encargos, oficios, y gestiones”. Entonces surge la pregunta, ¿Cuáles son esos encargos y oficios? Al parecer, el congresista Martínez se olvida que él no desembolsa de su propio peculio el salario de dicha señorita. Y quienes realmente abonan el sueldo de Isabel Cajo para que realice “encargos y oficios” son todos los peruanos.
Cabe mencionar, que la vinculación que tiene el investigado Jorge Torres Saravia con el partido Alianza para el Progreso (APP), no solamente consiste en sus relaciones amicales de él y sus hermanos, con los lideres de la agrupación política. Sino, de su propia esposa, la abogada Benyta Rodríguez Cruzado, quien actualmente ha publicado en el repositorio digital institucional de la Universidad César Vallejo un artículo de su autoría y del propio Torres Saravia titulado: “Tendencia de participación ciudadana en los últimos 5 años. Una revisión sistemática”.
Política
Ministro de Educación Morgan Quero, investigado por discriminación, es defendido con fondos del Minedu
¿Uso legítimo o abuso de recursos públicos? ¿Por qué se normalizó el despilfarro de dinero?
El Ministerio de Educación aprobó —mediante resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU — otorgar defensa legal al ministro de Educación Morgan Quero Gaime con fondos públicos, pese a estar denunciado por presunta discriminación contra el pueblo Awajún.
En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE— el Ministerio de Educación a venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.
Con la Resolución de Secretaría General N.º 111-2024-MINEDU de fecha 2 de julio de 2024, el Ministerio de educación aprobó la defensa legal de Ana del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación, por presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación. Acusación que comparte junto al actual ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime.
En efecto, mediante la Resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU, publicada el 31 de octubre de 2024, se declara procedente el otorgamiento del beneficio de defensa legal a favor del actual titular del sector.
Cabe señalar que, el actual representante del MINEDU, es investigado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, en el marco de una investigación preparatoria, a raíz de sus declaraciones del 10 de junio de 2024, en las que afirmó:
“[…] Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan […]”.
Estas declaraciones se emitieron en relación con los casos de violencia sexual contra menores de edad ocurridos en la UGEL Condorcanqui, vinculados a poblaciones nativas Awajún y Wampis.
La norma Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 185-2016-SERVIR-PE, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”. – Anexo 2, toda vez que en su numeral 6.2 de la establece cuándo NO procede otorgar defensa legal. Entre los supuestos menciona:
Literal b) Cuando el solicitante no tenga la calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable de ser el caso haya sido citado para la actuación de alguna prueba en los procesos, procedimientos previos o investigaciones a que se refiere el numeral 5.2 del Artículo 5 de la presente Directiva, los hechos imputados no estén vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil de la respectiva entidad, derivadas del ejercicio de la función pública.(el subrayado es nuestro)
¿Se justifica el uso de recursos del Estado para defender declaraciones que podrían constituir actos discriminatorios? ¿Acaso las presuntas declaraciones discriminatorias forman parte del «ejercicio regular» de funciones del ministro Morgan Quero? ¿Es un «criterio de gestión» insultar a un pueblo originario como el Awajún?
Si bien es cierto que el ministro actuaba en calidad de funcionario público al momento de las declaraciones, ello no implica per se que sus expresiones estén cubiertas por el marco funcional de su cargo. En este caso, las expresiones atribuidas al ministro —según la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque Ibarra — no solo carecen de justificación funcional, sino que colisionan especialmente si éstas contravienen principios constitucionales como el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la protección de los pueblos indígenas (artículos 1, 2 y 89 de la Constitución Política del Perú).
El caso del ministro Morgan Quero es particularmente indignante. Un alto funcionario acusado de emitir declaraciones discriminatorias contra el pueblo originario Awajún, y el Estado —nuestro dinero— pagando por su defensa. Como si las palabras que hieren a nuestras etnias fueran parte del deber ministerial. Como si ofender fuera una prerrogativa del cargo.
Resulta profundamente preocupante que, ante esta denuncia, algunos actores políticos y gremiales hayan salido a respaldar al ministro sin siquiera considerar la realidad estructural de exclusión que enfrentan las comunidades Awajún y Wampis no solo en el departamento de Amazonas.
Este caso amerita una revisión urgente por parte de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General de la República y el Congreso de la República. La defensa legal con fondos públicos debe proteger el cumplimiento del deber, no blindar actos reprochables.
El artículo 77 de la Constitución establece que el uso de los recursos públicos debe estar orientado a fines de interés general. En consecuencia, el financiamiento de la defensa legal de un ministro acusado de realizar expresiones discriminatorias genera un conflicto ético-administrativo, pues se estaría utilizando dinero de todos los peruanos para proteger actos que podrían constituir una afectación directa a un sector históricamente vulnerado como el pueblo Awajún.
En términos de control de legalidad, corresponde evaluar si este acto administrativo —aunque aparentemente válido en su forma— resulta ilegítimo por su contenido y por la finalidad que persigue.
¿Es este el Perú que queremos? ¿Uno donde la discriminación se protege con fondos públicos mientras las comunidades indígenas luchan por ser escuchadas?
Según la Resolución de Secretaría General N.º 087-2025-MINEDU, se formalizó una modificación presupuestaria por 970,950 soles al rubro Defensa Judicial del Estado. Si bien este fondo está legalmente destinado a la defensa jurídica del Estado como institución, existe el riesgo de que parte de estos recursos termine beneficiando a funcionarios de alto nivel involucrados en procesos legales por actos realizados durante su gestión. Esto abre una legítima preocupación ciudadana: ¿estamos financiando con recursos públicos una defensa que debería ser personal?
Política
Minedu cubre defensa del exministro Daniel Alfaro y el actual ministro Morgan Quero y otros 17 funcionarios
Con dinero de todos los peruanos se paga a abogados que defienden a exfuncionarios y funcionarios con problemas legales en el Ministerio de Educación.
Durante la gestión del ministro de Educación, Morgan Niccolo Quero Gaime, entre abril de 2024 y abril de 2025, la Secretaría General del Ministerio de Educación emitió 21 resoluciones mediante las cuales se concedió defensa legal a 19 personas —entre funcionarios y exfuncionarios— involucrados en procesos judiciales, investigaciones fiscales y administrativas, en el marco de presuntas responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones.
En el ajedrez político del Perú, hay piezas que se mueven solas. No importa si están en jaque, si cometieron errores, o si su jugada fue torpe: el tablero se inclina siempre a su favor. ¿Por qué? Porque el Estado ha decidido que ciertos jugadores merecen protección. No importa el color de su ficha ni las reglas del juego.
En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE—, ha venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.
Bajo este marco, se han aprobado 19 defensas legales a favor de funcionarios y exfuncionarios del sector. Aunque se argumenta que el procedimiento se ajusta a la norma, en la práctica se configura un sistema desigual donde los beneficios se otorgan de manera selectiva. Mientras a algunos se les rechaza la solicitud sin mayor explicación, otros —incluido el exministro Daniel Alfaro, el ministro Morgan Quero Nicollo y exfuncionarios— reciben el respaldo del Estado como si se tratara de un privilegio garantizado.
Daniel Alfaro fue ministro de Educación del investigado expresidente Martín Vizcarra.
Entre los beneficiados destacan:
- Ruth Marina Vilca Tasayco, exjefa encargada de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 063-2024-MINEDU, Expediente N° 12819-2023, 04/04/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al MINEDU).
- Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación (Resolución N° 077-2024-MINEDU, Expediente N° 04529-2021, 18/04/2024, presunta comisión del delito de exhibiciones obscena en material educativo).
- Leoncio Delgado Uribe, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 080-2024-MINEDU, Expediente N° 01938-2023 y Expediente N° 17692-2021-0-1801-JR-LA-84, 25/04/2024 y 03/03/2025, ambos por presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
- Willy Arturo Olivera Absi, exjefe de la Oficina De Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 082-2024-MINEDU y N° 120-2024-MINEDU, Expedientes distintos, 25/04/2024 y 2/07/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
- Raúl Antonio Moral Guillén, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 083-2024-MINEDU, PAD, 26/04/2024, presunto incumplimiento de funciones).
- Víctor Enmanuel Luján Ccorahua, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 101-2024-MINEDU, PAD, 22/05/2024, presuntamente, incumplimiento de funciones).
- Ana Del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe, y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación (Resolución N° 111-2024-MINEDU, investigación fiscal, 2/07/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
- Catalina Julietta Horna Melo, , excoordinadora del Área de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 126-2024-MINEDU, Expediente judicial, 11/07/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
- Hernán Jesús Navarro Franco, exencargado de la Unidad de Planeamiento y Normatividad de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación(Resolución N° 160-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
- Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 181-2024-MINEDU y N° 238-2024-MINEDU, expedientes distintos, 27/09/2024 y 13/12/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
- Ruth Angélica Ho González, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 183-2024-MINEDU y N° 184-2024-MINEDU, casos fiscales, 1/10/2024, presunta negociación incompatible).
- Daniel Alfaro Paredes, exministro de Educación, (Resolución N° 193-2024-MINEDU, juicio oral, 16/10/2024, presunta omisión funcional),
- Morgan Niccolo Quero Gaime, actual ministro de Educación (Resolución N° 208-2024-MINEDU, denuncia fiscal, 31/10/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
- Eric Franklin Paz Meléndez, exjefe de la Oficina de asesoría Jurídica del Ministerio de Educación(Resolución N° 215-2024-MINEDU, Expediente N° 05605-2024, 13/11/2024, presunta, indemnización por daños y perjuicios en perjuicio de la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación).
- Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 238-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Ministerio de Educación.
- Fiorella Angélica Noguera Mendieta (Resolución N° 018-2025-MINEDU, caso fiscal, 22/01/2025, presunta negociación incompatible).
- Yovana Alfaro Ramos, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 026-2025-MINEDU, caso fiscal, 30/01/2025, presunta negociación incompatible).
- María Julia Martínez Reyes, excoordinadora macrorregional de la Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura Educativa (Resolución N° 037-2025-MINEDU, Expediente N° 04492-2024, 14/02/2025, presunta indemnización de daños y perjuicios al Ministerio de educación).
- Nataly Luza Chacón, Especialista Senior en Remuneraciones de la Oficina de Gestión de Personal de la Oficina General de Recursos Humanos (Resolución N° 085-2025-MINEDU, PAD, 9/04/2025, presunta falta disciplinaria).
Casos improcedentes, no recibieron el beneficio de defensa legal de parte del Ministerio de Educación: Roberto Carlos Arrieta Casas – R.M. N.º 140-2024-MINEDU – 05/08/2024 y Rubén Jaramillo Zavala – R.M. N.º 141-2024-MINEDU – 05/08/2024.
Entre los funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Educación involucrados en procedimientos judiciales y administrativos durante el 2024 y 2025, destacan; Ruth Marina Vilca Tasayco, exresponsable del Programa de Nacional de Dotación de Materiales Educativos del Ministerio de Educación, como se recuerda habría estado involucrada en la compra de computadoras por 146 millones de soles, en la gestión del ex ministro de Educación Jaime Saavedra, lo que provocó su interpelación y censura.
En el caso de Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, estaría implicada en la investigación por ser coautora del texto escolar en el que se incluía un enlace con contenido sexual inapropiado para los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria, situación que ocasionó la interpelación de la exministra de Educación Flor Pablo Medina en el gobierno de Martín Vizcarra.
Política
La buena fortuna de Vladimir Cerrón: en cuestión de meses anulan dos sentencias en su contra y ahora el Gobierno ya no ofrece recompensa por su captura
Cabe recordar que sobre el fundador de Perú Libre aún recae una orden de 24 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.
Dos de tres. “Abran campo para la reaparición de Vladimir Cerrón”, pareciera decir la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ya viene contando los días para su salida de Palacio de Gobierno, no sin antes retirar del camino las piedras y obstáculos del escurridizo líder de Perú Libre, quien en los últimos meses la buena fortuna, y ciertos fallos legales, le vienen sonriendo de par en par.
Y es que hasta hace unos días se ofrecía por el ideólogo del partido del lápiz hasta 500 mil soles por su captura, pero al realizarse una consulta rápida al portal de recompensas del Estado su nombre ya no figura en la lista de los más buscados.
Como se recuerda, a finales de diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) le anuló una condena efectiva de 3 años y 6 meses por el denominado caso ‘Aeródromo Wanka’. En esa ocasión la Corte había concluido que no se había demostrado el delito de colusión simple, ya que la firma del contrato entre el gobierno regional de Junín y el Consorcio Aeródromo Wanka no evidenciaba concertación dolosa ni intención de perjudicar al Estado.
Meses después, en marzo del año en curso, el mismo alto tribunal también le anuló la condena impuesta por negociación incompatible en el caso ‘La Oroya’. De acuerdo al TC, tanto la sentencia original como la resolución de apelación carecían de motivación suficiente al no establecer con claridad los hechos que demostrarían un favorecimiento indebido a un contratista ni el rol específico de Cerrón Rojas en los supuestos delitos.
En ambas ocasiones el ex gobernador de Junín denunció ser un “perseguido político”.
Sin embargo, aún queda en pie una orden de prisión preventiva de 24 meses contra Vladimir Cerrón por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y los presuntos aportes ilegales de su partido que habrían favorecido las campañas de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
Resulta relevante recalcar que en la actualidad el líder de Perú Libre no cuenta con condena alguna en su contra, así como de no tener inhabilitación alguna para ejercer cualquier cargo de elección popular, pudiendo postularse como alcalde, diputado o senador.
El dato:
No solo Vladimir Cerrón ha sido borrado del mapa del Programa de Recompensas del Mininter. El ex ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, también abandonó la lista de los más buscados. Él se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de dos años.
Política
Detectan que partido de Martín Vizcarra falsificó 5 mil firmas para su inscripción [VIDEO]
Reniec indicó que durante proceso de inscripción de partido Perú Primero del ex presidente se encontró la firma de afiliados sin haber dado su consentimiento.
Política
Alcaldes del Cusco denuncian maltrato durante ceremonia del Premio Nacional Sello Municipal [VIDEO]
Burgomaestres viajaron a la capital para recibir una placa de reconocimiento, pero esta nunca llegó. Alcaldes denuncian improvisación y maltrato por parte de la presidenta Dina Boluarte y ministra Leslie Urteaga.
Política
IRTP es copado por Fuerza Popular, Ninoska Chandía prepararía terreno para campaña electoral
La presidenta del IRTP ratificó a exjefe de prensa de Fuerza Popular, Christian Peralta Navarrete. Primero aceptó su renuncia y al día siguiente lo designó como su asesor II. Anteriormente él trabajó en el Parlamento gracias a los fujimoristas y habría formado un grupo de ‘cuentas falsas’ contra opositores. Con el nuevo ROF ratificaron a más ‘allegados’ en sus cargos de confianza.
Las movidas y reacomodos dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP,) continúan bajo la jefatura de su presidenta ejecutiva Ninoska Chandía Roque. Como se recuerda, el mes pasado, exactamente el 10 de marzo, mediante Resolución de Jefatura n.° 000007-2025-IRTP-JE designó bajo el régimen CAS como hombre de su confianza a Christian Clemente Peralta Navarrete en el cargo de Asesor de la Jefatura Institucional de la entidad estatal.
Han transcurrido apenas 42 días desde su designación, y mediante Resolución de Jefatura n.° 000022-2025-IRTP-JE, del martes 22 de abril, la señora Chandía Roque resuelve aceptar la renuncia de Peralta Navarrete; y al día siguiente, mediante la Resolución de Jefatura n.° 000023-2025-IRTP-JE publicada el miércoles 23 de abril, decide contratar nuevamente a Peralta Navarrete como servidor de confianza, esta vez como Asesor II (bajo el régimen laboral D.L 1057).
Con nuevo ROF en IRTP hay todo un ‘mejunje’ interno
Resulta que desde la jefatura del IRTP liderada por Ninoska Chandía y desde la Oficina de Gerencia General comandada por José Ernesto Vidal Fernández, dieron el visto bueno a un ramillete de personajes que ya pertenecían a la casa televisora y radial, tras haber elaborado informes y memorandos dirigidos a la Oficina de Gestión de Talento Humano “confirmando” que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P), “los elegidos” cumplen con la totalidad de requisitos exigidos para los cargos asignados.
Es decir, las “ratificaciones” se basaron en el nuevo Reglamento de Organización Y Funciones del IRTP (ROF), que la señora Ninoska aprobó el 06 de febrero del 2025, el cual consta de 02 títulos y 81 artículos, dizque porque era necesario, en honor a la “modernización de la gestión del Estado”.
Servidores fueron ‘ratificados’ en sus cargos de confianza
Pero no solo el extrabajador de la bancada de Fuerza Popular y del exministro Demartini, Christian Clemente Peralta Navarrete, acaba de ser ratificado y/o reasignado en el IRTP, como asesor II de la Jefatura de la entidad.
La señora Ninoska Chandía también designó a Graciela Elizabeth Ramírez Alberca, en el cargo de Asesora II, quien apenas hace 4 meses Julio Demartini la designó como asesora en el Midis; a Víctor Raúl Ahumada Bastidas, en el cargo de Asesor I de la Gerencia General; a Nelly Flor Ramos García, también como Asesora I de la Gerencia General; a Rogger Mauro Gallardo Kruger, como Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental; a Carlos Alfredo Castro Gao, como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a Jorge Ricardo Tisnado Ipanaque, como Jefe de la Unidad de Logística; y a Jean Carlos Chávez García, como Jefe de la Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Ex jefe de prensa de Fuerza Popular continúa como asesor de IRTP
El Asesor II de la jefatura del IRTP, Christian Clemente Peralta Navarrete tiene en su historial una serie de nombramientos vinculados al partido de Keiko Fujimori y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. No solo llegó al Congreso que tuvo mayoría fujimorista (73 curules) en 2016, sino que lo hizo como parte de la jefatura de comunicaciones del Legislativo, por lo que tuvo a su cargo el canal de televisión del Congreso.
Ese mismo año, el semanario Hildebrandt en sus 13 publicó un reportaje en el que se indicaba que Peralta Navarrete había creado al interior del Parlamento un “escuadrón fujitroll” encargado del “asesinato simbólico de los adversarios”, una serie de publicaciones en redes sociales para confrontar a los enemigos u opositores a Fuerza Popular.
En junio del 2018, luego de un reportaje en Cuarto Poder que hizo eco de la denuncia hecha por Hildebrandt en sus 13, Peralta Navarrete negó públicamente que estuviese a cargo de una red de ‘fujitrolls’.
“Efectivamente, se ha fortalecido el área de Redes Sociales. El Congreso, al igual que los medios, se está volviendo multiplataforma (…) antes teníamos a dos personas (…) Toda la vida dicen que yo particularmente dirijo una red de ‘fujitrolls’ y eso es falso”, afirmó luego de ser cuestionado por la contratación de 12 personas más en esta área.
Un artículo difundido por Ojo Público afirma que entre noviembre del año 2023 y febrero del 2024, Christian Peralta Navarrete también fue asesor del cuestionado exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, que dejó el cargo a finales de enero de este año, en medio del escándalo de corrupción por el Caso ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’. En febrero del 2024, Demartini nombró a Christian Peralta Navarrete en la Oficina de Comunicación e Imagen del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis, aunque este nombramiento se mantuvo solo por unos días, entre el 16 de febrero y el 28 de febrero de ese año. Al menos hasta junio del año 2024, se reportó que Peralta Navarrete era el subgerente de comunicaciones de EsSalud; y actualmente, continúa formando parte del circulo de confianza de la allegada a Nicanor Boluarte, la presidenta ejecutiva del IRTP, Ninoska Chandía Roque.
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