Una sola onza de oro (28,350 gramos aprox.) en el mercado internacional puede valer alrededor de 3,500 dólares americanos, y según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) la minería ilegal exportó más de 90 toneladas solo el año pasado, cifra superior en un 20 % a la del 2023 y que de acuerdo a la tendencia se incrementaría una vez más este 2025. Un negocio sumamente lucrativo por donde se le mire, sobre todo cuando se considera que está libre de impuestos. Sin embargo, para que ese codicioso mineral salga, muchas de esas organizaciones habrían tenido conversaciones con algunas cabezas del Estado, entre comisarios, alcaldes, gobernadores, comandantes, y hasta quien sabe la propia mandataria también estaría al tanto de las oscuras movidas.

Los primeros en beneficiarse obviamente son los líderes de esas organizaciones criminales, llevándose millones de dólares a sus bolsillos, los cuales posteriormente son utilizados para la adquisición de armamento de última generación, granadas, chalecos antibalas, camionetas, mercenarios y equipamiento de rastreo. Pero ellos no pueden trabajar a sus anchas sin que previamente se haya conversado con alguna autoridad, ofreciéndoles una jugosa ‘tajada del pastel’. Y no nos referimos a pequeños sobres manila, sino que se trataría de verdaderos fajos de billetes manchados con sangre, pues todos se preguntan hasta el momento qué de distinto se encuentra en Pataz al declarársele en estado de emergencia.

Para tener una figura más clara y contundente de la gran cantidad de dinero que se puede obtener del oro extraído de manera ilegal, eso representa al 2,8 % del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú. Una cifra que bien podría ser utilizada para atender a miles de peruanos que viven en extrema pobreza.

Pero no solo gobernadores, alcaldes o comisarios estarían involucrados en darles ‘carta blanca’ a los mineros ilegales, sino que desde el propio Parlamento también se moverían oscuros hilos para permitir que las masacres no terminen.

El REINFO, la puerta giratoria para la minería ilegal

Resultó clave para los mineros informales la extensión hasta el 30 de junio de este año del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) pues eso les permitía seguir operando en el norte del país con la venia nada menos del Estado.

Cabe mencionar que el REINFO se creó para darle una alternativa a aquellos mineros informales para que regularicen su situación, sin embargo, en muchas ocasiones esos mineros informales no tienen la más mínima intención de formalizarse, significando que continuarán operando al margen de la ley.

El 29 de noviembre del año pasado, el Congreso de la República sesionó para debatir sobre la extensión o no del REINFO, observándose al final de la votación a bancadas enteras a favor de la extensión.

Estas bancadas fueron: Acción Popular (10 a favor); Alianza para el Progreso, del gobernador de La Libertad César Acuña (8 a favor, 1 en contra); Avanza País (7 a favor, 1 en contra); Bloque Magisterial (6 a favor, 1 en contra); Fuerza Popular, de Keiko Fujimori (20 a favor, 1 abstención); Perú Libre, del supuesto “perseguido político” Vladimir Cerrón (6 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones); Renovación Popular, del impasable alcalde de Lima Rafael López Aliaga (8 a favor); Podemos Perú (7 a favor, 1 en contra); Somos Perú (4 a favor, 1 en contra); Bancada Socialista (3 a favor, 2 en contra); Honor y Democracia (1 a favor, 4 en contra y 1 abstención); Bloque Democrático Popular (1 a favor, 4 en contra); Cambio Democrático –JPP (2 en contra, 3 abstenciones); y finalmente los No Agrupados (6 a favor, 2 en contra).

Habría que indagar si una parte de ese dinero obtenido de manera ilegal por el oro fue a parar a alguna de esas manos.

Mientras el país entero era testigo de la crisis de seguridad por el secuestro y posterior asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, en La Libertad, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria Angulo, fue captado por las cámaras de Panorama en una celebración de cumpleaños en el Gran Hotel Bolívar. del centro de Lima.

En las imágenes del miércoles 30 de abril se observa al general Zanabria festejando en una reunión privada, lo que sería su cumpleaños, en las instalaciones del Hotel Bolívar, en compañía de la fiscal de Lima Norte, Nélida Torres Sanchez y las exfiscales, Carolina Sosa y María Isabel Sotelo de Lima Norte. Ellos ingresaron a las 5 de la tarde y se retiraron a las 11pm luego de permanecer en el bar.

Como se recuerda, desde el pasado 26 de abril se reportó la desaparición de los 13 trabajadores en La Libertad, pero el Gobierno a través de la PNP poco hizo por ubicarlos.

Durante esas horas de zozobra, las autoridades policiales no lograron establecer contacto con los criminales ni activar una operación eficaz. Sumado a ello, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, se dio el lujo de negar la existencia de “información veraz” sobre el secuestro y aseguró que, hasta entonces, el Gobierno no había recibido “ninguna denuncia” oficial.

Lamentablemente, a pesar de la crisis vivida en Pataz, el comandante general de la PNP se dedicaba a celebrar en un importante hotel capitalino, mientras que en las siguientes horas se hallaron los 13 cuerpos de los mineros asesinados, en estado de descomposición.

Se acerca el Día de la Madre, pero tal parece que nuestra mandataria ha dejado de ser humana, pues como madre que es, desde el primer minuto ya hubiera salido a poner el pecho por sus hijos; sin embargo, no existe ni un ápice de indignación de parte de ella, al contrario, prefiere continuar ingresando una y otra vez al quirófano para seguir estirándose el rostro.

Ya va más de un año que Pataz (La Libertad) supuestamente se encuentra en estado de emergencia, pero todo sigue como si nada hubiese cambiado. La minería ilegal se ha apoderado de toda una provincia a punta de fusil y metralla, teniendo atemorizados a miles de ciudadanos que ven a lo lejos cómo nuestra jefa de Estado sale, casi de manera inmediata, a pronunciarse porque no la dejaron viajar al Vaticano, pero no dice absolutamente nada cuando se trata de una masacre.

Trece trabajadores de la compañía minera Poderosa fueron cruelmente asesinados por sujetos vinculados a la minería ilegal, los cuales increíblemente están mejor equipados que nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas, y ni qué decir los de la Policía que muchos de ellos solo sirven de ‘carne de cañón’ al querer ingresar a los socavones sin chalecos antibalas y portando revólveres y fusiles de hace más de 30 años. Es una lucha desigual desde donde se le vea y con mucha razón muchos policías prefieren no ingresar ante el temor de caer abatidos.

¿Y a todo eso qué hace nuestra presidenta Dina Boluarte? Tanto ella como su premier insisten en minimizar los atentados, los bombazos en las sedes del Ministerio Público, los secuestros y acribillamientos. Hace poco el impresentable primer ministro Gustavo Adrianzén, en conferencia de prensa, afirmaba que el secuestro de trece mineros se trataba de un mensaje erróneo y que por favor los medios de prensa no continúen desinformando.

En tanto, nuestra mandataria, la autodenominada “madre de todos los peruanos” se golpeaba el pecho en señal de dolor por la muerte del papa Francisco, pero ni una sola lágrima cayó por su rostro por el terrible asesinato de esos trece trabajadores.

Mientras miles de peruanos son víctimas de los extorsionadores, nuestra presidenta chalhuanquina se preocupaba más en verse más joven, realizándose “retoquitos”, tal como lo manifestara últimamente el médico cirujano Mario Cabani al dominical Cuarto Poder.

Todo parece indicar que de tanto pasar por el quirófano, sus órganos vitales fueron reemplazados por bolsas de plástico e hilos invisibles que poco o nada pueden hacer para recomponer algo que por dentro se viene descomponiendo; y en la parte donde iría su corazón solo queda una cavidad oscura y desolada.

Por Jorge Paredes Terry

Señora Presidenta Dina Boluarte,  

Escribo con el corazón en la mano, con el dolor de quien está viendo morir a su tierra lentamente. Pataz, mi provincia, esa tierra generosa que ha dado oro y riqueza al Perú por mas de dos siglos, hoy agoniza entre balas, miseria y abandono. No es solo la delincuencia, los asesinatos o los secuestros que han convertido calles antes tranquilas en escenarios de terror,  son también los males históricos: niños que mueren de anemia, madres que fallecen por falta de atención médica, caminos que parecen de la Edad Media y una población que clama, no por limosnas, sino por justicia.  

¿Cómo es posible que, después de 50 años de actividad de la gran minera con ganancias multimillonarias, Pataz siga sumida en la pobreza? ¿Dónde están los hospitales que debieron construirse? ¿Dónde las carreteras que debieron unirnos con dignidad? ¿Dónde las escuelas y los proyectos que debieron sacarnos del subdesarrollo? La respuesta duele: “nunca hubo voluntad real”. Ni del Estado ni de las empresas que extrajeron nuestra riqueza y dejaron migajas a cambio.  

Pero hoy, señora Presidenta, no escribo solo para lamentarnos. Escribo porque “aún hay esperanza”. Porque Pataz puede salvarse si hay decisión política y un plan concreto. Por eso le pido, como patacino que conoce cada rincón de esta tierra y sus problemas, lo siguiente:  

1. NOMBRAR UN ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO DE PATAZ. con autonomía y recursos, que coordine con las fuerzas del orden, los municipios, las mineras y la sociedad civil y que tenga la confianza de la población patacina.

2. DARLE 8 MESES.  para demostrar que, con una estrategia clara, podemos erradicar la delincuencia y sentar las bases del desarrollo. No hablo desde la teoría, sino desde el conocimiento de décadas de lo que falta y cómo solucionarlo.  

3. UN PACTO SOCIAL Y ECONÓMICO CON LAS MINERAS Y EL

GOBIERNO CENTRAL,  para que, de una vez por todas, inviertan en salud, educación e infraestructura, no como caridad, sino como justicia histórica.  

Señora Presidenta, no me interesa el cálculo político. Solo quiero ver a mi provincia viva, segura y con futuro. O actuamos ahora, o Pataz se balcaniza definitivamente.

La situación es grave, pero aún hay tiempo. No permitamos que el Perú pierda a Pataz.  

Jorge Paredes Terry.

Un patacino que no se rinde.  

Al igual que su apelativo, Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama Nadine Heredia, ha podido burlar a la justicia peruana con característica habilidad para pasar desapercibido, desconociéndose en la actualidad si se encuentra aún en el país o viajó hacia Brasil tal vez escondido en alguna maleta.

Su historia se remonta al año 2006. De acuerdo a la sentencia judicial, Ilan Heredia cumplía el rol durante las campañas presidenciales del 2006 y el 2011 como “tesorero en la sobra”, encargándose de administrar los fondos que provenían del Gobierno de Venezuela, canalizados a través de la Caja 2, y de los aportes provenientes de la constructora brasileña Odebrecht. Fue él quien se encargó de crear una lista de falsos donantes para simular aportes a las campañas presidenciales de su cuñado Ollanta Humala.

Según el fiscal Juárez Atoche, el rol de Ilan Heredia también incluía la manipulación de documentos para encubrir el origen de los recursos y garantizar que las campañas presidenciales de la familia Humala contaran con financiamiento.  

Es así que el pasado 15 de abril tanto él como su hermana Nadine no acudieron a la audiencia de adelanto de sentencia de su caso y desde ese momento no se conoce su paradero. Ya es de público conocimiento que su hermano logró el asilo diplomático en Brasil, pero de él oportunamente nadie dice nada; es como si el ‘sacrificio’ de su cuñado Ollanta hubiera surgido efecto.

Cabe recordar que Ilan fue sentenciado a 12 años de prisión efectiva al encontrársele culpable del delito de lavado de activos.

También se encontraría en Brasil

Por otro lado, el Poder Judicial (PJ) ya emitió la orden de captura internacional para el escurridizo hermano de Nadine, esto luego de las declaraciones de la jueza del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, Nayko Coronado Salazar, manifestando que Ilan ya se encuentra en el país de la samba.

“Se ha tenido conocimiento de que el señor Ilan Heredia Alarcón no se encuentra en territorio peruano, sino que por el contrario se encuentra en territorio brasileño y como las órdenes de captura son a nivel nacional, el pedido que está realizando el Ministerio Público es que se extienda y que se haga a nivel internacional”, indicó la integrante del Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato.

Tal vez se encuentre disfrutando de una paradisiaca playa en Brasil, o refugiado dentro de la espesa selva del país carioca, sosteniendo en una mano un coctel mientras mata el tiempo frente a una solitaria piscina. Qué buena vida de la “sombra”.

En el Ministerio de Educación (Minedu), la meritocracia parece desvanecerse cuando pesan más las lealtades políticas y sindicales. Un caso paradigmático es el de Jhino Aguilar Villegas, dirigente del sindicato FENATE PERÚ y actual subsecretario del SINTER Amazonas, quien fue favorecido con contratos públicos a pesar de que contaba con antecedentes penales en su momento.

Según documentación oficial, Aguilar Villegas fue contratado por el Minedu en 2024, cuando aún registraba antecedentes por incumplimiento de obligaciones alimentarias, vigentes al 27 de agosto de ese año. Sin embargo, al día siguiente —el 28 de agosto— se emitió la Orden de Servicio N.º 7786, por un monto de S/ 23,520.00 a su favor. Esta no sería su única contratación: el 27 de febrero de 2025, el Minedu volvió a contratarlo mediante la Orden de Servicio N.º 2809, por S/ 14,000.00.

Órdenes de servicio. Fuente OSCE.

Su nombre no es ajeno a los pasillos del ministerio. Entre 2016 y 2024, Aguilar trabajó como docente contratado en la UGEL Condorcanqui, en Amazonas, donde coincidió con personajes hoy clave en el entorno del ministro Morgan Quero: el abogado Manuel Castillo Calle, actual asesor del despacho ministerial, y José Moreno Ocampo, actual director de la DIGEBIRA (Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios ducativos en el Ámbito Rural).

Según fuentes internas del ministerio, tanto Castillo como Moreno estaban al tanto de los antecedentes de Aguilar, pero habrían impulsado su contratación pese a las objeciones del área de logística. No hubo concurso, ni evaluación técnica, ni verificación de méritos. Solo una consigna: «hay que contratarlo».

Ministro Morgan Quero y el cuestionado Aguilar Villegas en su llegada al Cenepa.

El problema no se limita a quién se contrata, sino cómo se lo hace. Las órdenes de servicio, modalidad bajo la cual fue incorporado Aguilar Villegas, no exigen la presentación de boletas, constancias ni certificaciones previas de experiencia laboral. Esta falta de controles permite incorporar operadores políticos sin pasar por filtros mínimos, mientras miles de docentes en todo el país enfrentan procesos largos y rigurosos para acceder a una plaza.

En paralelo, el Congreso guarda silencio. La Contraloría General de la República no se pronuncia. Y los profesionales de la educación —aquellos que sí cumplen con los requisitos, que sí cuentan con trayectoria comprobada— siguen esperando que algún día el mérito pese más que la cercanía al poder.

Lluvia de gastos para los traslados internacionales de los funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte. El Poder Ejecutivo a través de la Resolución Suprema N° 079-2025-PCM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, autorizó el viaje del canciller, Elmer Schialer Salcedo, a Estados Unidos para estar presente en las sesiones para la elección del nuevo secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA). En esa línea, el gobierno del Perú presentó la candidatura de la embajadora Ana María Liliana Sánchez Vargas de Ríos.  

La participación internacional del titular de la Cancillería a la ciudad de Washington D.C., será del sábado 3 al miércoles 7 de mayo; y por esas fechas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén se quedará a cargo del despacho de Relaciones Exteriores.

«Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de la República, Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, del 3 al 7 de mayo de 2025, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema», se lee en el dispositivo emitido por la PCM.

 El viaje de Elmer Schialer a Estados Unidos costará más de 6 mil dólares

La Resolución Suprema publicada por el Poder Ejecutivo, indica que los gastos de este viaje serán pagados por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en detalle indicó que el costo del pasaje aéreo es de US$ 4,851.25 y de los viáticos asciende a US$ 1,760.00, dando un total de US$ 6,611.25. Lo que en soles hace una cifra de 24,464.40.

«Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente comisión de servicios serán cubiertos por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores (…) debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, al término del referido viaje», se lee en la resolución.

El Congreso de la República no llegó a alcanzar los votos para inhabilitar por 10 años en el ejercicio de cargos públicos, al exencargado de Palacio de Gobierno, el morado Francisco Sagasti, quien se resistió a asistir al Pleno parlamentario del miércoles 30 de abril para evitar presenciar su ajusticiamiento político, por haber infringido la Constitución, por abuso de autoridad y nombramiento indebido, al haber ordenado el pase al retiro de 19 altos oficiales de la PNP, durante las protestas por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y tras la renuncia del breve presidente interino Manuel Merino. Aunque sí aprobaron su acusación constitucional que será derivada a la Fiscalía.

Sin embargo, de la misma manera que en julio del 2021 envió una misiva exigiendo una pensión vitalicia, solo por haber ocupado Palacio de Gobierno durante ocho meses, el admirador del terrorista Cerpa Cartolini, también envió un documento al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, pidiendo que se abstengan de acusarlo constitucionalmente, afirmando que su conducta arbitraria y abusiva fue licita bajo todo concepto: “Criminalizar una decisión legalmente adoptada en el ejercicio del más alto cargo del Estado vulnera los principios elementales del orden constitucional”, advirtió el exmorado Sagasti, quien solicitó el archivo definitivo de su acusación, por haber aplicado una medida desde su perspectiva, proporcional, legal y necesaria.

Sagasti sostenía que, de los altos oficiales que ordenó despedir, catorce estaban involucrados directamente en las operaciones que culminaron en muertes en noviembre del 2020. “La medida no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de un análisis riguroso y técnico dentro de los márgenes que permite la ley”, indicó el exencargado de Palacio; pero evitó mencionar que se habría asegurado la designación de un oficial afín a su entorno, como fue el general PNP, César Cervantes, en el cargo de Comandante General de la Policía.

Asimismo, argumentó que la sanción no tiene que ver con enriquecimiento ilícito, ni una traición a la patria, sino a una decisión ejecutiva legítima y sujeta a control posterior. “El Congreso puede discrepar con una decisión de política pública, pero no puede pretender que toda divergencia sea una infracción constitucional”, remarcó Sagasti, quien también advirtió que la acusación contra él se ha convertido en un peligroso precedente de inseguridad para futuros presidentes.

Pese a sus argumentos falaces, Sagasti siempre demostró que es el enemigo público de los peruanos, porque desde el breve gobierno morado que ostentó entre 2020-2021 siempre firmó con rapidez las leyes de “género” y rechazó leyes como las devoluciones de la ONP, AFP, CTS, Fonavi, y Ley de usura, todas observadas por su encargatura presidencial, e incluso, con recurrencia al TC para derogarlas.

Y pese, a que durante la toma de la residencia del embajador de Japón en diciembre de 1996; a los dos días, antes de ser liberado y abandonar la embajada, Sagasti cuenta con orgullo que le pidió un autógrafo al cabecilla del MRTA, Néstor Cerpa Cartolini, y también a su lugarteniente el terrorista Rolly Rojas ‘el árabe’, y en lugar de bajar la cerviz, continúa asumiendo una actitud pedante, que lo caracterizó desde que se acomodó en varios gobiernos de turno. En especial, porque las bancadas de izquierda lo blindaron y votaron a favor de su impunidad y contra una inhabilitación que no se dio y que pudo lograr que no ostente cargo público hasta los 91 años.