La tragedia que ha golpeado a la familia de Alejandra Landers ha dejado una profunda herida no solo en sus seres queridos, sino también en la sociedad, que observa con creciente indignación la posible negligencia médica que pudo haber causado su muerte. Alejandra, de solo 26 años, ingresó a la clínica SANNA de San Borja con un simple resfrío. Sin embargo, tras recibir un suero fisiológico contaminado, su estado empeoró rápidamente hasta llegar a la muerte cerebral. Su padre no escatima en palabras: “Mi hija llegó sana y me la entregaron muerta”, declaró, denunciando la aparente falta de cuidado y vigilancia médica en el tratamiento de su hija.

La historia de esta joven, que parece un error evitable, plantea serias dudas sobre la gestión de la clínica y el control de calidad de los insumos médicos que se suministran a los pacientes. De acuerdo con el relato de la madre, Eliana, la joven fue admitida en urgencias a las 9:17 p.m. Sin embargo, horas después, presentó síntomas graves, como convulsiones y pérdida de conciencia. La desesperación de los padres aumentó al ver que la clínica tardó tres horas en realizarle exámenes, a pesar de la evidente gravedad de su condición. “Cuando la toqué, su cara estaba mojada de saliva y su cuerpo orinado”, narró Eliana entre lágrimas, destacando la falta de una respuesta rápida y adecuada.

La situación no solo pone en evidencia una aparente falta de protocolos médicos adecuados, sino que también subraya un sistema de salud que parece proteger más a las instituciones involucradas que a las víctimas. La familia de Alejandra ha denunciado, además, la burocracia que ha rodeado la posibilidad de iniciar acciones legales contra los responsables de este trágico suceso. Su abogado denuncia que, a pesar de los esfuerzos por presentar una denuncia penal, las autoridades se niegan a aceptar el caso, alegando problemas de competencia. Es un ejemplo más de la obstrucción al acceso a la justicia, en la que las víctimas y sus familias se enfrentan a un laberinto legal que favorece la impunidad.

Para colmo, el Ministerio de Salud cambió en 2024 la normativa relacionada con la notificación de reacciones adversas a medicamentos, extendiendo el plazo para reportarlas de 24 horas a 7 días. Esta medida, que podría haber sido pensada para aliviar la carga administrativa, en la práctica podría favorecer la impunidad, al dificultar el rastreo oportuno de situaciones como la ocurrida con Alejandra, donde la contaminación del suero fue el detonante de su muerte cerebral.

A pesar de la gravedad de los hechos, tanto la clínica SANNA como la farmacéutica Medifarma han ofrecido cubrir los gastos médicos y han mencionado la posibilidad de una indemnización. Sin embargo, el padre de Alejandra rechazó cualquier compensación económica, buscando únicamente la verdad. “No queremos dinero, queremos la verdad”, afirmó contundente, dejando claro que la justicia y la responsabilidad de los involucrados son lo que realmente importa para la familia.

Este caso plantea una reflexión profunda sobre la falta de responsabilidad y el sistema de salud que parece más preocupado por proteger su reputación que por rendir cuentas ante hechos tan graves. La familia de Alejandra y la sociedad en su conjunto exigen justicia y que este tipo de tragedias no queden impunes. Es esencial que se asuman responsabilidades, se tomen medidas preventivas y se garanticen los derechos de los pacientes, para que casos como este no se repitan.

Panorama conversó con los padre Alejandra. Aquí todos los detalles.

Por Jorge Paredes Terry

Tres jóvenes trabajadores de Poderosa  han caído en una emboscada de la delincuencia organizada y muchos más ciudadanos anónimos en toda la provincia están siendo masacrados.

¿Cuántos muertos más hacen falta para que la soberbia de unos pocos se derrumbe? ¿Cuántos ataques, cuánto dolor debe soportar la población antes de que las empresas y las autoridades entiendan que sin la unión con la gente organizada, la batalla contra el crimen está perdida?  

Las Rondas Campesinas no piden limosnas, piden herramientas, recursos, colaboración. Son la primera línea de defensa en una zona donde el Estado brilla por su ausencia. Mientras tanto, la delincuencia avanza, mejor armada, más violenta, más audaz. Cada rechazo, cada desdén, es una victoria para las hordas criminales que ven cómo sus enemigos están divididos.  

La soberbia mata. Mata cuando las empresas privilegian sus protocolos sobre la vida de las personas. Mata cuando el Estado responde con burocracia a una emergencia. Y mientras tanto, en Pataz, los ronderos siguen plantando cara a los balazos con nada más que coraje y palos.  

¿Hasta cuándo? La respuesta debería ser hoy. Porque mañana, el costo será mas. Comparto con ustedes parte de la propuesta entregada a las compañías mineras y al gobierno central.

Propuestas para una Estrategia Integral

1. Comités de Seguridad Mixtos

   – Crear mesas de trabajo conformadas por líderes ronderos, mandos policiales, representantes del Ejército y delegados de las mineras. Estos comités diseñarían operativos conjuntos con inteligencia compartida, evitando la duplicidad de esfuerzos y garantizando una respuesta rápida ante ataques.  

2. Financiamiento Compartido

   – Las mineras, en vez de gastar millones en seguridad privada para sus instalaciones, deberían destinar un porcentaje a fondos mancomunados con el gobierno regional. Estos recursos financiarían:  

     – Equipamiento básico: Radios, chalecos antibalas, drones de vigilancia y botiquines de emergencia para las Rondas.  

     – Infraestructura: Puestos de control en zonas críticas, con tecnología de monitoreo y alerta temprana.  

3. Capacitación y Legalidad

   – La Policía y el Ejército deben entrenar a los ronderos en:  

     – Primeros auxilios.  

     – Protocolos de detención sin violencia excesiva.  

     – Uso de tecnologías de rastreo.  

     – Uso de armamento no letal o escopetas

   – A cambio, regularizar su estatus jurídico para que su labor sea reconocida y protegida, no criminalizada.  

4. Operativos «Escudo Andino»

   – Desplegar unidades móviles combinadas (Policía, Ejército y Rondas) para patrullajes en zonas de alta peligrosidad, con apoyo aéreo en casos de enfrentamientos.  

   – Establecer un número de emergencia exclusivo para alertas rápidas, con geolocalización.  

5. Programas Sociales como Prevención

   – Las mineras y el Estado deben impulsar proyectos en las comunidades para cortar el reclutamiento de jóvenes por el crimen: becas, talleres técnicos y empleos formales en lugar de migajas asistencialistas.

Nos unimos o nos  derrotan

La soberbia empresarial y la indiferencia estatal ya han costado demasiadas vidas. Pataz no necesita discursos, necesita acción. Si las mineras y el gobierno no se unen hoy a las Rondas, mañana no habrá operativo que detenga el avance de las hordas criminales.  

La pregunta no es si pueden hacerlo, sino si quieren. Porque mientras deliberan, los pobres siguen poniendo los muertos.

Primero carne de caballo, luego alimentos en mal estado, y ahora ¡vellos! Un terrible caso se ha dado en la Institución Educativa n.° 016 del Centro Poblado Puentecillos, distrito de Santa Rosa, en Jaén, donde padres de familia han denunciado la presencia de vellos en las conservas de pollo distribuidas por el programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma).

El incidente fue reportado durante la preparación de los alimentos escolares, en presencia de los padres de familia, docentes y personal de cocina del centro educativo.

«Se han encontrado vellos supuestamente. Son pequeños. Delante de padres de familia, de la directora y de las profesoras vimos. Yo pensé que eran gusanos. Al momento en que nosotros abrimos el pollo enlatado era prácticamente vellos», aseveró una madre de familia.

Ante la situación, los padres han solicitado la presencia de las autoridades responsables para inspeccionar los productos y garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo. Advirtieron que, de no obtener una solución, rechazarán la recepción de estos productos en futuras entregas.

El caso ha reavivado cuestionamientos sobre el control de calidad en la distribución de alimentos escolares y la supervisión de los proveedores encargados del abastecimiento.

La respuesta de Wasi Mikuna

En tanto, el programa Wasi Mikuna, a través del encargado de imagen institucional, mencionó que se vienen realizando las indagaciones en el centro educativo de conformidad a los protocolos, adelantando que se pronunciarán oficialmente cuando haya resultados.

Asimismo, el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (Midis) pidió que no se consuma el producto hasta que exista un pronunciamiento al respecto.

«Ante esta alerta (…) sobre una presunta materia extraña en la conserva de pollo, el programa Wasi Mikuna informa que (…), al tomar conocimiento de manera inmediata, acudió a la institución educativa donde, en presencia de los integrantes del comité de alimentación escolar y comunidad educativa procedió a verificar el lote del producto. Se procedió a revisar el muestreo de los alimentos; en tanto, se suspendió el uso y consumo del lote involucrado», se puede leer en el documento.

En la bajada de Armendáriz una gigantesca grúa generó el rechazo y el malestar de transeúntes y conductores vehiculares no solo miraflorinos y barranquinos, sino de la capital, por encontrarse abandonada y varada hace varios meses en el lugar que ya debía haberse inaugurado un puente peatonal que uniría los distritos de Miraflores y Barranco. Sin embargo, gracias a la improvisación, esta obra quedó paralizada debido a las disputas y desencuentros entre la Municipalidad de Miraflores liderada por el alcalde de Renovación Popular, Carlos Canales y la compañía INCOT SAC Contratistas Generales.

Caos en el circuito de playas hasta el 01 de abril Así las cosas, la bajada de Armendáriz ha sido cerrada totalmente al tránsito vehicular desde altas horas de la noche del jueves 27 de marzo, hasta el martes 01 de abril. ¿Las razones? La municipalidad de Miraflores anunció que reiniciaron las obras del Corredor Turístico, que enlazará Miraflores con Barranco, con el puente tubular en la quebrada mencionada. En tanto, la Municipalidad miraflorina informó que, el cierre será total hasta las 5:00 a. m. del martes 1 de abril.

A partir de esa fecha, las restricciones continuarán según el horario aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML): de lunes a domingo, se restringirá el tránsito de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., y el cierre será total de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. del día siguiente. Según informan, la medida es requerida debido al movimiento de la gigantesca grúa que ocupará parte de los carriles. Se espera que una vez finalizadas las obras—anunciaron que sería dentro de tres meses, a fines del mes de junio—la vía será completamente reabierta.

Alcalde Canales en 2024 canceló contrato y perjudicó a vecinos

Como se recuerda, en diciembre del 2024, la Municipalidad de Miraflores resolvió el contrato con INCOT S.A.C. Contratistas Generales debido al incumplimiento en la culminación de un puente peatonal en los malecones que uniría a los distritos de Miraflores y Barranco, el cual se denomina: proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva”. Sin embargo, INCOT se defendió y le echó la culpa a la subcontratista, la empresa metalmecánica AMENPROD STELL S.A.C. tildándola como la verdadera responsable de la paralización de la obra, por no cumplir con la entrega de la estructura metálica, pese a que estaba pagada en un 95%. E incluso, porque pedían más dinero para cumplir con la entrega.

Rutas alternas durante el cierre

Mientras dure el cierre, los conductores deberán tomar rutas alternas para aminorar en algo el congestionamiento que ya viene perjudicándolos. Para el desplazamiento de norte a sur, se debe tomar la Subida San Martín hacia la Av. Del Ejército, girar a la izquierda en la Av. José Pardo, continuar por la Av. Ricardo Palma y luego acceder a la vía auxiliar de la Vía Expresa en dirección sur. Otra alternativa es usar la Bajada Balta desde el Circuito de Playas, girar a la derecha en la Av. Óscar R. Benavides (Diagonal) y seguir hasta la Av. José Pardo.

De sur a norte, quienes vengan de Barranco pueden tomar la salida 2 (Av. 28 de Julio) hacia la vía auxiliar de Paseo de la República, girar a la izquierda en la Av. Ricardo Palma, seguir por la Av. José Pardo hasta la Av. Del Ejército y continuar hasta la Subida San Martín. Otra opción es tomar la Av. Reducto, continuar por la Av. 28 de Julio, girar a la derecha en la Av. José Larco, luego girar nuevamente a la derecha en la Calle Shell, lo que llevará directamente a la Bajada Balta en dirección norte.

Los vecinos miraflorinos y barranquinos y los ciudadanos en general, esperan que la municipalidad de Miraflores, con supervisión de la MML, esta vez cumplan con los plazos de entrega, ya que se han visto dilatados durante meses y es exigible que el famoso puente peatonal realmente sea culminado en el mes de junio, de acuerdo a lo anunciado.

Muertes en los quirófanos. El Ministerio de Salud (Minsa) emitió la “alerta sanitaria” n.° 38 -2025 ante el reporte de varios casos de pacientes que registraron reacciones adversas al suero fisiológico proveniente de un lote en específico; la situación se agravó aún más cuando se informó sobre la muerte de tres personas de distintas regiones del país a consecuencia de la aplicación de ese suero. A detalle se trata de dos pacientes de la Clínica Sánchez Ferrer de Trujillo y uno más de una persona en Cusco que se había sometido a una liposucción.

De acuerdo con el Minsa, la alerta se activó tras la identificación de cuatro casos iniciales de reacciones adversas “no graves” en clínicas de Lima y Cusco, registrados el 22 de marzo de 2025 en la base de datos nacional de farmacovigilancia. Posteriormente, al 24 de marzo, el número de casos ascendió a diez, distribuidos en las regiones de Lima (4), Cusco (4) y La Libertad (2). Entre estos, dos casos graves fueron reportados en Cusco, lo que incrementó la preocupación sobre la seguridad del producto.

En tanto, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), entidad adscrita al Minsa, ha ordenado la retirada inmediata de todas las unidades de este lote en particular y procederá a su evaluación.

Clínicas deslindan responsabilidad

Por su parte, la clínica de Cusco Medical Network 02 emitió un comunicado donde deslinda toda responsabilidad médica en relación al fallecimiento de una paciente tras someterse a una liposucción. La clínica aclara que el médico que atendió a la paciente “no forma parte del staff permanente de nuestra clínica, sino que fue contratado directamente por la propia paciente para la realización de un procedimiento específico”. Asimismo, el mencionado centro médico indicó que tomará “acciones legales” contra Medifarma y M&M Productos Médicos y Farmacéuticos SRL”.

La clínica Sanna informó que desde el lunes se conoció que el laboratorio farmacéutico Medifarma había anunciado la presencia de un lote defectuoso de suero fisiológico. En ese sentido precisaron que este producto fue retirado ya de su red de clínicas.

Así como ocurrió el pasado viernes 21 de marzo, ciudadanos a través de diferentes plataformas han difundido una nueva convocatoria para manifestarse este viernes 28 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Parque José Luis Bustamante y Rivero, en San Isidro. La protesta lleva como nombre ¡Marchamos todos! y en el cual los asistentes partirán desde el parque sanisidrino y se dirigirán a la sede del Ministerio del Interior, ubicada en la Av. Canaval y Moreyra.

Marcharán los artistas

Distintos artistas de salsa, cumbia, DJs, cantantes solistas y otros representantes del ámbito musical han compartido y difundido publicaciones sobre la convocatoria, e hicieron un llamado a la población a sumarse a la protesta. El objetivo de esta manifestación es exigir al Gobierno de Dina Boluarte, que tome acciones contra la criminalidad que día a día somete a la población a los más viles vejámenes y los asesina a mansalva, tal como ocurrió con la tragedia por el reciente homicidio del cantante Paul Flores.

Hace 11 días asesinaron a Paul Flores

Apenas hace una semana, la reconocida agrupación Armonía 10 compartió un mensaje en redes sociales en memoria de Paul Flores (39 años), conocido como ‘Ruso’, quien perdió la vida la madrugada del domingo 16 de marzo, tras ser víctima de un atentado armado. Se presume que el crimen estuvo vinculado a extorsionadores que habrían amenazado a la banda de cumbia.

Por causa de este execrable suceso, la ola de indignación en la comunidad artística y en la ciudadanía en general creció enormemente, y se organizó una primera marcha (21 de marzo) en la que cientos de personas salieron a las calles para exigir al Gobierno que tomen acciones rápidas y efectivas contra el crimen organizado, para que “no los sigan matando”.

En menos de diez días, una serie de denuncias sobre la gestión de la directora del colegio Santa Rosa de Lima, la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo, ha llegado a la redacción de Lima Gris.  Hemos publicado aquellas respaldadas con documentos oficiales y testimonios de fuentes involucradas, entre ellas: la asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico con dinero de los padres de familia y la manipulación del proceso de contratación docente.

Ahora, hemos accedido al documento titulado Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú. Este convenio establece que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer exclusivamente en un oficial PNP. Es decir, el nombramiento de la suboficial Cama Trebejo sería irregular y contrario a la normativa vigente.

En la cláusula quinta del documento, titulada “Compromiso de las Partes”, se especifica que la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de designar en el cargo de Director, a un Oficial PNP. El convenio claramente señala: «podrán celebrar Convenios de Cooperación Institucional con la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía siempre, reconociendo como Director de II EE PNP, al Oficial designado por el Mininter (Ministerio del Interior)».

El nombramiento irregular de la suboficial Cama Trebejo no es un asunto menor; sería una violación directa a un convenio que busca garantizar una gestión adecuada en los colegios administrados por la PNP. Permitir que estas irregularidades se normalicen pone en riesgo no solo el cumplimiento de la normativa, sino también la calidad educativa de cientos de estudiantes.

En el mismo convenio, en la cláusula décimo segunda se señala: «En caso de incumplimiento, dentro de los 15 días calendario de producido el mismo, la parte afectada requerirá a la otra el cumplimiento de los compromisos asumidos, otorgándole un plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento que el convenido quede resuelto de pleno derecho».

Es importante señalar que el convenio fue firmado por los exministro Daniel Alfaro y Carlos Morán. La educación no es un juego ni un espacio para la improvisación o el favoritismo. Es un derecho fundamental que debe ser protegido con responsabilidad y transparencia, y en este caso, es el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior quienes deben responder con acciones concretas.

No es posible que algunos integrantes de la Policía Nacional del Perú manejen espacios educativos como si fuera una chacra. Lo que más sorprende que esto sucede frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.

Por Rafael Romero

El pasado jueves 20 de marzo cuatro alumnos de la institución educativa Pinson Valley High School, en Alabama (EE.UU.), viajaban en una camioneta rumbo a sus casas cuando sufrieron un accidente por fallas mecánicas, estrellándose contra un árbol.

Las edades de los estudiantes fluctúan entre los 15 y 16 años y entre los heridos está nuestro compatriota Víctor Guerrero Marchena, quien se encuentra hace seis días en cuidados intensivos del Childrens Hospital de Alabama USA, con lesión cerebral y múltiples fracturas en la cara, nariz y cuerpo, necesitando múltiples cirugías y un proceso de recuperación largo y costoso.

No dejemos solos al adolescente Víctor Guerrero Marchena y la ayuda la pueden enviar a su familiar Javier Hip Marchena: cuenta ahorro soles Scotiabank Cuenta Ahorro Soles N° 0023473010 y Código de Cuenta Interbancario N° 00920220002347301037

Sus padres son músicos y como tantos peruanos hace unos años emigraron a Estados Unidos de Norteamérica en busca de mejores oportunidades. Este es el momento de ser solidarios con un chico estudioso y talentoso cuya vida está en riesgo y tiene tan solo 16 años.