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Ley de cine: esperando la segunda vuelta

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Por Christian Wiener Fresco


El flamante Ministro de Cultura, el séptimo en lo que va de este gobierno, ¿será finalmente quien logre la nueva Ley de Cine? Recordemos que todos sus antecesores en el cargo prometieron en su momento conseguirla. Pero hasta el momento sigue en suspenso en el Congreso, pendiente de una segunda y definitiva votación del pleno. 

El arqueólogo Luis Jaime Castillo, sin embargo, no es alguien ajeno al sector, pues fue viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales durante la gestión de Diana Álvarez Calderón en la segunda mitad del gobierno de Ollanta Humala. Por lo que se le conoce de su paso por el cargo, no parece una persona muy interesada en estimular las Industrias Culturales, ni siquiera en lo que a la conservación y patrimonio se refiere (por ejemplo la tan anhelada Cinemateca Nacional), si ello implica entrar en conflicto con las políticas del MEF.

Es bueno recordarlo porque, como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, sin una voluntad política real de apoyo a la cultura al más alto nivel, resulta muy difícil y precario tratar de sacar adelante leyes y apoyos oficiales duraderos en un contexto de polarización política y social. Eso se ha visto en las últimas semanas, donde más allá de las gestiones y esfuerzos de los funcionarios encargados de aplicar la norma, carecieron del necesario respaldo a nivel ministerial y del propio gobierno en su conjunto, como si fuese un tema ajeno a ellos, pese a tratarse de una iniciativa emanada de un proyecto presentado al Congreso por el Ejecutivo.

Del Congreso dominado por la mayoría fujimorista no hay mucho que sorprenderse, Sabemos de su nulo interés y hostilidad por todo lo que sea cultura que no pueda aprovecharla a su favor, con expresiones demagógicas y asociación antojadiza del cine peruano con la para ellos ‘sensibilidad caviar’,  que en su limitado vocabulario es casi sinónimo de terruco. Todo ello simbolizado en la figura del Primer Ministro Salvador del Solar, a quien acusan de querer promover leyes con nombre propio, porque, claro, el ladrón siempre cree que todos son de su misma condición.
Por eso mismo, decíamos, si el gobierno estaba realmente interesado en llevar adelante este proyecto como expresión de su política cultural se requería de expresiones firmes ante el Congreso y la opinión pública, como se ha hecho en otros temas. No ha sido así, prefiriéndose la negociación a puertas cerradas con los sectores reacios y hostiles a la propuesta, dejándola finalmente en ‘stand-by’ a pedido de su principal mentor parlamentario, el exfujimorista Francesco Petrozzi, que planteó postergar la segunda votación para la próxima legislatura para evitar una votación adversa que llevara todo el proceso a fojas cero.

Lo realmente preocupante es hasta donde serán capaces los funcionarios del Ministerio de Cultura, y de los gremios de cine que lo siguen, de ceder ante las fuerzas oscuras del Congreso con tal de conseguir el anhelado presupuesto, que es la principal motivación de la propuesta legislativa. Ya no hablemos de todo lo que se ha renunciado en este largo proceso, desde la Cinemateca Nacional, la Escuela de Cine o la Film Commission,  pasando por la Cuota de Pantalla y el Mínimo de Mantenimiento (luego de lo sucedido con los estrenos de “Los helechos” y “Prueba de Fondo”), los derechos de los artistas y técnicos peruanos, hasta la posibilidad de conseguir un fondo realmente autónomo y estable de la propia taquilla, y no dependiente del tesoro público que, como la reciente experiencia en Chile con el BancoEstado ha demostrado, al igual que en México, y en el propio caso peruano también con la ley actual durante tantos años, es siempre frágil e impredecible en tiempos de austeridad fiscal, aun cuando este escrito en leyes. 

Al parecer, el artículo censor que veta la participación en los beneficios de la Ley de las obras “que vulneren o no respeten el ordenamiento jurídico peruano y los reglamentos de la presente ley”; que apareció en la última versión del proyecto votado, luego del famoso cuarto intermedio solicitado por la congresista Beteta, y que fuimos los primeros en alertarlo, fue introducido a pedido de congresistas de Fuerza Popular, lo que no es de extrañar, y es coherente con su trayectoria autoritaria y represiva. Pero lo que no queda claro es si fue un contrabando no consultado o resultado de un pacto fáustico. Abona a esta última hipótesis que otros cambios en el texto de última hora refuerzan el poder de los funcionarios del Ministerio de Cultura, como la modificación de lo relacionado al porcentaje del presupuesto para el cine regional, contraviniendo el 40% acordado en el Dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio y Cultural, así como el señalamiento explícito a la Dirección General  de Industrias Culturales y Artes en la toma de decisiones ejecutivas de la Ley sobre financiamiento y manejo tributario, casi al mismo nivel del ministro del sector. En todo caso, si fueron realmente sorprendidos por este párrafo amedrentador e inconstitucional, lo que corresponde sería propiciar su retiro inmediato y no aceptarlo de forma pasiva y silenciosa como hasta el momento.


En la dinámica congresal, los proyectos son siempre susceptibles de variantes, agregados y eliminaciones hasta el último momento, como se ha visto incluso en las modificaciones antes mencionadas. ¿Por qué no hacerlo en un caso tan ostensible e inaceptable como el artículo mencionado? En tiempo de revivales fascistas, caudillos autoritarios e intolerancias políticas y religiosas en todo el mundo, toda prevención contra la sombra de la censura es pertinente y necesaria, aun a costa de cualquier presupuesto. Se trata de un asunto de principios elemental, que un creador tiene que defender como esencia de su actividad, y no permitir que se abra, bajo ningún concepto o necesidad, la peligrosa puerta al control de contenidos con ropaje legal.

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Migraciones: Expulsarán a 31 extranjeros de Etiopía, Haití y Venezuela, intervenidos en Cusco y Tumbes

Los extranjeros fueron interceptados en operativos policiales mientras se desplazaban a Lima desde Tumbes y Cusco, los días 22 y 23 de mayo. Además de la medida de expulsión, se les impuso un impedimento de retorno al país por un periodo de 15 años.

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La Superintendencia Nacional de Migraciones ordenó 31 órdenes de expulsión para extranjeros en Cusco y Tumbes, luego de los operativos realizados por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

En las diligencias se constató que los extranjeros intervenidos, ingresaron a Perú sin cumplir con el control migratorio legal.

Para ello, se aplicó el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), diseñado para la rápida salida de infractores. Un método que permite acciones rápidas contra quienes ingresan de manera irregular, o ejercen actividades que atenten contra el orden público, la seguridad nacional o ciudadana.

Los extranjeros, provenientes de Etiopía, Haití y Venezuela, fueron interceptados en diferentes operativos policiales, mientras se desplazaban a Lima desde Tumbes y Cusco, los días 22 y 23 de mayo. Además de la medida de expulsión, se les impuso un impedimento de retorno al país por un periodo de 15 años.

Asimismo, en Tumbes, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de Trata de Personas hallaron a 12 extranjeros caminando cerca del Centro Binacional de Atención en Fronteras (CEBAF) con dirección al sur. Según el informe policial, Migraciones utilizó el PASEE, un mecanismo que facilita la expulsión inmediata de personas extranjeras que evaden el control migratorio.

Este procedimiento del PASEE consta de dos fases: una fase instructora y otra sancionadora. Inicia con la imputación de cargos y finaliza con la notificación de la resolución de expulsión, la cual debe ser ejecutada por la PNP en un plazo máximo de 24 horas.

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Milagritos Saldarriaga renunció al cargo de coordinadora de la Biblioteca Pública de Lima

La servidora Saldarriaga duró más de un mes y medio en el cargo y anteriormente durante casi una década estuvo al mando de la Casa de la Literatura Peruana, con una gestión que pasó desapercibida para la sociedad y terminó convirtiendo el espacio cultural en un elefante blanco.

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Tras solo 47 días de gestión administrativa y de ser designada en el puesto, hoy viernes 24 de mayo, Milagritos Olenka Saldarriaga Feijoo renunció al cargo de Coordinadora de la Gran Biblioteca Pública de Lima.

La señora Saldarriaga Feijoo, asumió la coordinación de la sede librera de la avenida Abancay el 7 de abril del presente año; sin embargo, mediante la Resolución Jefatural N° 000052-2024-BNP se aceptó su renuncia.

Resolución Jefatural N° 000052-2024-BNP.

El documento lo firmó el jefe Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), Boris Gilmar Espezúa Salmón y encargó a la Oficina de tecnologías de la Información la publicación de la resolución en el portal web institucional de la entidad, que es adscrita al Ministerio de Cultura.

Hay que recordar, que el 5 de mayo del 2023, la señora Saldarriaga Feijoo, tras casi 10 años de gestión fue cesada como directora de la Casa de la Literatura Peruana (Caslit) que, durante dichos años, prácticamente, se había convertido en un elefante blanco en la antigua Estación de Desamparados en el centro histórico de Lima.

Finalmente, en reemplazo de Milagritos Saldarriaga, se designó a la señora Cecilia Edith Ilizarbe Ugalde, en el cargo de Coordinadora de la Gran Biblioteca Pública de Lima, previsto en el CAP Provisional, con el número de orden 404.

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María Caruajulca retomó sus funciones como procuradora general del Estado

Tras el fallo del PJ, que ordenaba reponerla en el cargo, el martes 21 de mayo María Caruajulca acudió con policías a la sede de la Procuraduría para despachar en el piso 8 donde se halla su oficina, pero no le permitieron ingresar. Sin embargo, luego de la renuncia del procurador Javier Pacheco, la abogada hoy se reincorporó a sus funciones.

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El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y mediante la Resolución Suprema N° 099-2024-JUS restituyó en el cargo de procuradora general del Estado a la abogada María Aurora Caruajulca Quispe, en cumplimiento de mandato judicial.

Cabe recordar que solo hace unos días, el martes 21 de mayo, Caruajulca Quispe se presentó en la sede de la Procuraduría General del Estado (PGE), con policías para exigir que se cumpla la decisión judicial de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que ordenara reponerla en el cargo para el que fue designada por el vacado expresidente Pedro Castillo, pero fue impedida de asumir sus funciones como procuradora general del Estado.

Resolución Suprema N° 099-2024-JUS que restituyó en el cargo a María Aurora Caruajulca.

Ese día lanzó su voz de protesta y dijo:

“A mí se me cesa de manera ilegal bajo el concepto de pérdida de confianza, pese a que las normas de la Procuraduría General del Estado, de manera clara y precisa, establecen que a un procurador no se le puede cesar por pérdida de confianza”.

«[Las sentencias judiciales] Se deben cumplir, pero cuando es un mandato de un órgano constitucional, aún con mayor razón”, mencionó.

Agregó también que, si se insiste en que no se le permita asumir su puesto, entonces no descartaría “penas más severas, inclusive destitución y detención provisional”. Tras el impedimento que tuvo, Caruajulca acudió a la comisaría de San Isidro a interponer la denuncia correspondiente.

Sin embargo, tras la renuncia del procurador saliente Javier Pacheco, hoy se le restituyó en el cargo de procuradora general del Estado.

Mientras, en la parte considerativa señala que el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances.

De otro lado, mediante la Resolución Suprema N° 098-2024-JUS, resolvió aceptar la renuncia formulada por Javier Alonso Pacheco Palacios al cargo de procurador general del Estado, dándosele las gracias por los servicios prestados.

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Javier Pacheco renunció al cargo de procurador general del Estado

Javier Pacheco, tras conocer el mandato judicial que ordena reponer a María Caruajulca en ese cargo, tomó la decisión y presentó su carta de renuncia, dirigida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.

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El Procurador General del Estado, Javier Pacheco, presentó su carta de renuncia al cargo, dirigida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana. Entre los motivos de su renuncia indicó, la preservación de su prestigio y buen nombre como funcionario público y servidor público por más de 20 años de servicio.

Javier Pacheco, señaló en la misiva, que su labor se encuentra amenazada por las acciones realizadas en su contra por parte de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que con sus decisiones generan perjuicios en sus derechos laborales.

“Los motivos de mi renuncia obedecen en lo personal a mantener mi prestigio y buen nombre como funcionario y servidor público por más de 20 años en donde tuve la finalidad de reconstruir la Procuraduría General del Estado; sin embargo, esta labor está siendo amenazada por el accionar de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien con su decisión adoptada viene a generarme un perjuicio en mis derechos laborales, habilitándome la posibilidad de accionar constitucionalmente, pero debo señalar que mi persona, pudiendo hacerlo no accionará judicialmente para ser repuesto en el cargo, pues lo que pretendo es cortar ese vínculo vicioso de acceso al mismo”.

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Poder Judicial ordena la inmediata reincorporación a Zoraida Ávalos como fiscal suprema

La Tercera Sala en lo Constitucional de Lima ordenó la inmediata reincorporación de la fiscal que blindó a los expresidentes Martín Vizcarra y a Pedro Castillo, en el Ministerio Público y oficia al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, para que dé cumplimiento.

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El Poder Judicial, a través de la Tercera Sala en lo Constitucional de Lima ordenó la actuación inmediata de la sentencia que reincorpora a la fiscal suprema Zoraida Ávalos en el Ministerio Público y oficia al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, para que cumpla con la sentencia.

Ordenan la reincorporación inmediata

“LA ACTUACIÓN INMEDIATA DE LA SENTENCIA ESTIMATORIA contenida en la resolución N.º 8 de fecha veintinueve de abril último en el extremo que: DECLARÓ FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA, y por tanto INAPLICABLE A LA DEMANDANTE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCION LEGISLATIVA N°. 024-2022-2023-CR, publicada el 23 de junio de 2023, que dispone: “INHABILITAR por cinco años para el ejercicio de la función pública a la señora Zoraida Ávalos Rivera, en su condición de ex fiscal de la Nación, por infracción de la Constitución Política del Perú”; y reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación o amenaza del derecho fundamental; ORDENÁNDOSE la REINCORPORACIÓN de la demandante ZORAIDA ÁVALOS RIVERA como Fiscal Suprema Titular del ministerio público”, detalla el documento.

Cabe recordar que, en junio de este año, el Congreso de la República aprobó su inhabilitación por 5 años del ejercicio público, tras una denuncia constitucional presentada por las congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) y Gladys Echaíz (Renovación Popular). La orden fue dada, un día después de la destitución de Patricia Benavides por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Se debe de tener en cuenta que, aun cuando el Código Procesal Constitucional establece plazos perentorios y céleres para el proceso de amparo, en la realidad y en el trámite de los mismos, dichos plazos se ven sobrepasados, y que de no actuarse en forma inmediata la sentencia, sin duda no solamente tendría incidencia en el aspecto laboral de la demandante, sino también en su desarrollo profesional y proyecto de vida, siendo evidente que, esto podría causar daños irreparables”, se lee el comunicado.

Los jueces superiores dispusieron la orden al verificar que la no actuación inmediata “podría generar una situación irreversible” para Ávalos, dado que la apelación del Congreso podría tomar más tiempo del indicado en ley.

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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego declara “El Día del Queso Peruano”

¡Prioridad Nacional! El Midagri, mediante Resolución Ministerial publicada este jueves, establece que el cuarto viernes del mes de mayo de cada año se declare el día del mencionado producto lácteo.

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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), según la Resolución Ministerial N° 0187-2024-Midagri, publicada este jueves 22 de mayo en el Diario Oficial El Peruano, declaró el cuarto viernes del mes de mayo de cada año como “El Día del Queso Peruano”.

La norma firmada por el ministro Ángel Manuel Manero Campos, señala que el “Día del Queso Peruano”, es un mecanismo de promoción de las cadenas asociadas a la producción de leche y productos lácteos, que permitirá fortalecer e impulsar la formalización de la agroindustria rural de lácteos y mejorará la calidad e inocuidad de sus derivados producidos, así como la promoción de su consumo, para así incrementar el ingreso de los productores ganaderos de la agricultura familiar.

Resolución Ministerial N° 0187-2024-Midagri, publicada este jueves 22 de mayo en el Diario Oficial El Peruano.

Según la norma, la declaratoria también favorece a las cadenas productivas vinculadas a los sectores Comercio Exterior y Turismo, Producción, así como Trabajo y Promoción del Empleo, por el nivel de empleabilidad laboral y creación de fuentes de trabajo asociadas.

“Establecer el “Día del Queso Peruano” resulta sumamente meritorio y necesario, más aún cuando está orientado a promover y promocionar el potencial lechero con valor agregado, en orden a incrementar su consumo y que revierta su producto en favor de los productores lecheros y de la agroindustria rural del país” argumentan en la citada resolución.

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Gobierno declara 30 días de ‘estado de emergencia’ en Pachacámac y Villa María del Triunfo por explosión del grifo

El Decreto Supremo N°052-2024-PCM firmado por la presidenta Dina Boluarte, el premier Adrianzén y otros ministros, se debe al impacto de daños a consecuencia de explosión en la estación de gas natural, y será para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

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Tras la explosión ocurrida en una estación de carga de gas natural comprimido, el Poder Ejecutivo declaró Estado de Emergencia en los distritos de Pachacámac y Villa María del Triunfo. La medida tendrá una duración de 30 días calendarios y busca implementar acciones urgentes para atender a los afectados por el trágico suceso.

En el Decreto Supremo se indica que la emergencia permitirá ejecutar medidas excepcionales, inmediatas y necesarias para responder a la crisis y rehabilitar las áreas afectadas. Esta declaración se fundamenta en el impacto severo que la explosión ha tenido en la vida, salud, viviendas y comercios de los vecinos de ambos distritos.

Decreto Supremo N°052-2024-PCM, firmado por la presidenta Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén y otros ministros de Estado.

También se informó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) evaluaron la situación, concluyendo que los daños requerían una intervención urgente y coordinada. El informe redactado por INDECI remarcó la necesidad de adoptar medidas urgentes, debido a la magnitud de los daños reportados.

El INDECI y otras entidades del Estado tomarán medidas urgentes

El Decreto Supremo N°052-2024-PCM también establece que la declaración del estado de emergencia, implica una coordinación técnica y seguimiento por parte del INDECI, junto con la participación de múltiples ministerios y entidades gubernamentales. Entre ellos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

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Patricia Benavides ya no es fiscal de la Nación: La JNJ la destituyó del cargo y también a su hermana Enma Benavides

Con una votación unánime de cinco votos, la Junta Nacional de Justicia destituyó a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación, por haber removido a la fiscal Bersabeth Revilla. De igual modo, a su hermana Enma Benavides del cargo de jueza superior y a la fiscal superior Azucena Solari.

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) este miércoles 22 de mayo destituyó, por unanimidad, a Patricia Benavides como fiscal suprema y, en consecuencia, ya no es fiscal de la Nación.

Votaron a favor de la sanción los consejeros María Zavala, Guillermo Thornberry, Marco Tulio Falconí, Imelda Tumialán y Antonio de la Haza.

Durante la exposición de las posturas de los integrantes del colegiado también se decidió la destitución al cargo de jueza superior de Enma Benavides Vargas, hermana de la hoy exfiscal de la Nación, así como la destitución de la fiscal superior Azucena Solari Escobedo.

Por su parte y ante dicha decisión de destitución, el abogado defensor de Patricia Benavides Vargas, Juan Peña, aseguró que lo que corresponde es presentar un recurso de reconsideración ante la JNJ; sin embargo, el abogado también reconoció no tener esperanza con el recurso, pues el pedido de reconsideración respecto a la suspensión de Benavides, que fue planteado en enero, aún no lo resuelven.

“Lo que queda es también recurrir a la vía constitucional y dar la comunicación al Poder Judicial y a un juez constitucional que valore y haga respetar los derechos de una persona, de un ciudadano que está pidiendo justicia”, concluyó en una entrevista televisiva.

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