La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció la extensión del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días más, como parte de las acciones para combatir el sicariato y la extorsión y anunció medidas radicales para los vehículos menores que usualmente perpetran crímenes en Lima y Callao.

Entre las principales disposiciones se encuentra la prohibición de que dos personas circulen a bordo de una moto lineal. La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N° 046-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano.

Según el decreto, durante la vigencia del estado de emergencia, se restringe el tránsito de vehículos menores de las categorías L1 y L3, que incluyen motocicletas permitiendo únicamente la circulación del conductor, sin acompañante. La restricción rige desde este lunes 14 de abril hasta el sábado 17 de mayo.

“Los delincuentes lamentablemente se valen de las motocicletas como vehículos para cometer estos actos criminales y fugar impunemente. Pues, Esto se acabó. Ahora no podrán tan fácilmente cometer sus acciones y la Policía actuará de manera enérgica para capturarlos. Se extiende el estado de emergencia, para aquellos peruanos que se ganan el pan día a día de manera decente. La restricción de vehículos menores, circularán con solo un conductor. Aquella moto que circule con dos, será inmediatamente intervenida por nuestra Policía Nacional; esto será en Lima Metropolitana y el Callao, con el fin de combatir las extorsiones», dijo Boluarte.

La norma establece que, de detectarse indicios de la comisión de un delito, las personas involucradas serán conducidas a la comisaría correspondiente para iniciar las investigaciones, de acuerdo con el marco legal vigente. Además, se precisa que el control será ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas.

El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto bancario de la excongresista Luciana Milagros León Romero, por la investigación preparatoria que le sigue la Fiscalía por su presunta participación en la organización criminal conocida como ‘Los Intocables Ediles de La Victoria’.

Como se recuerda, el Ministerio Público el pasado 6 de enero del presente año, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra la exparlamentaria en su condición de congresista, como presunta autora del delito de trafico de influencias agravado, por la condición de funcionario público, en agravio del Estado. Según los hechos, la denunciada habría ofrecido interceder a través de su asistente y de ella misma, ante funcionarios de diversas entidades públicas, a cambio de una promesa de beneficio económico a su favor, entre los años 2018 y 2019.

Levantamiento del secreto bancario será por casi 3 años

La medida fue aprobada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el pedido presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, el pasado 10 de abril de 2024.

La resolución también alcanza a otras nueve personas implicadas en el caso, entre ellas el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba.

El periodo comprendido para el levantamiento del secreto bancario abarca desde el 1 de enero de 2017, hasta el 31 de diciembre de 2019, etapa en la que se habrían realizado diversas operaciones financieras entre los investigados. La medida judicial también incluye al cónyuge de la excongresista, Víctor Augusto Narvarte, así como al mencionado exburgomaestre Elías Cuba.

Luciana León presunta integrante de ‘Los Intocables Ediles’

Según la tesis fiscal, Luciana León habría recibido pagos mensuales de Alexander Peña Quispe, señalado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Intocables Ediles’, a cambio de utilizar su posición como parlamentaria para beneficiar actividades ilícitas vinculadas a la Municipalidad de La Victoria. Junto con su asesora Betsy Matos Franco, Luciana León habría gestionado contactos con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas con el fin de asegurar recursos públicos para proyectos impulsados desde la comuna distrital. Entre los indicios recogidos por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos figuran registros de llamadas, conversaciones por WhatsApp y referencias a reuniones en las que se habrían concretado entregas de dinero.

Exparlamentaria habría contratado a 8 trabajadores ‘fantasmas’

Adicionalmente, León enfrenta otra investigación en Fiscalía por presuntamente haber contratado a ocho personas como trabajadores de confianza en el Congreso, quienes en realidad no habrían desempeñado funciones. Según el Ministerio Público, estas contrataciones simuladas le habrían permitido apropiarse de sus salarios, ya que no existen registros de asistencia ni evidencia documental que respalde las supuestas labores realizadas por ese personal.

Pasamos d las loncheras de AG a las #CincoChapitas de Lucianita quien trataba como un pelele al exministro de economía de PPK, Alfredo Thorne para q la favorezca con la aprobación d presupuesto en las obras del Alcalde d La Victoria en donde ella iba a recibir sus tamalitos(1/6) pic.twitter.com/SBwHVCO6dY

— La Salita del SIN (@LaSalitadelSin) March 14, 2022

La presidenta comer de todo menos ‘caviar’. La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte, promulgó este mediodía la ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para endurecer la supervisión del financiamiento de la cooperación internacional que reciben las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y aplicar sanciones severas en escenarios cuestionables, como el uso del financiamiento para demandas contra el Estado Peruano.

En su discurso, Boluarte aseguró que la norma tiene como objetivo “garantizar la transparencia” y “asegurar que los recursos públicos o privados se utilicen con honestidad”.

“No se trata de control, se trata de claridad. No se trata de fiscalización arbitraria, sino de rendición de cuentas”, dijo. Sin embargo, cerca al final de su exposición reconoció que esta nueva ley está dirigida a las ONG que considera “actúan en contra de los intereses del Estado”.

“Esta ley también velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país sembrando odio y atacando nuestro sistema. Organizaciones que no están comprometidas con el bienestar de la nación, sino que buscan desestabilizar y promover la división utilizando recursos de la cooperación internacional para avanzar su propia agenda ideológica”, alegó.

Boluarte promulgó la ley que modifica a la APCI
¿Fiscalización o persecución?
Esta ley es también para (…) "poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONG’s que actúan en contra de intereses de nuestro país sembrando odio y atacando nuestro sistema". #NoNosCallaran pic.twitter.com/NMxiqfYU9j

— CEPES (@CEPES_RURAL) April 14, 2025

Incluso, en una parte de su discurso, Boluarte se dirigió a los congresistas presentes para remarcar que aprobaron una “ley valiente”. Los parlamentarios que asistieron al acto fueron José Cueto, María Acuña, Auristela Obando y Alejandro Aguinaga.

El rol de la Sunat y la APCI

La mandataria señaló que la APCI asumirá nuevas funciones para supervisar recursos no reembolsables y garantizar la transparencia.

La ley otorga a la APCI la responsabilidad de ejecutar la política nacional de cooperación técnica internacional y crear un registro público donde las ONG deberán inscribir sus planes, proyectos y gastos.

Además, faculta a la SUNAT a evaluar la creación de una unidad especializada para supervisar el cumplimiento de la norma.

La palabra tiene un gran poder energético y puede mover conciencias. Un par de frases motivadoras y bienhechoras incluso pueden forjar sueños y sublimar vidas. Sin embargo, si estas son lanzadas como dardos, también pueden trabar proyectos y sentenciar destinos. Así de influyente es la palabra, determinante y decisiva.

Sin embargo, la cualidad moral que le da dimensión a la ‘palabra’ es el honor. Una persona sin honor es como un ente inerte que apenas supervive para vegetar. Los individuos están destinados a escoger qué camino optan a seguir. Si, el de la virtud, o el de la deshonra. Desafortunadamente, el efecto geopolítico de la globalización no ha sido—digamos—el más deseable. Porque ha instaurado modelos sociales, inmediatistas, homogéneos y tan superficiales que le rinden tributo a la crematística como componente indispensable para conseguir la felicidad, y generalmente está asociada a la prosperidad.

Actualmente, la autorrealización, consiste en obtener “resultados” visibles ante los demás. En la categoría económica, siempre será apreciable poseer patrimonios, activos fijos, acciones, empresas y negocios prósperos. Factores preponderantes para lograr a acceder a la categoría social, como membresías a clubes exclusivos, cofradías y/o fraternidades sociales, y elites cerradas. En todo caso, la categoría política se ha convertido en la más importante, porque al obtenerla a través de puestos claves en el aparato público, el circulo de logros personales habría llegado a su cúspide. Es decir, la vida se hace más fácil y auspiciosa para un concejal, alcalde, prefecto, director regional, gobernador, ministro, congresista—y qué decir—para un presidente.

Todo lo anteriormente descrito es entendible y cada quien puede forjar su destino de acuerdo a sus necesidades e intereses. Sin embargo, ¿dónde quedan la dimensión espiritual y la búsqueda del conocimiento? ¿Qué pasó con el propósito de brindarle a la sociedad lo que uno aprendió? Todas estas interrogantes, desafortunadamente se habrían vertido por el inodoro. Y para el actual ciudadano posmoderno que anda ensimismado en su individualismo, le es indiferente practicar “civitas”, y mucho menos cuestiona y fiscaliza a sus autoridades.

Así las cosas, en nuestro país nos damos el lujo de tolerar a políticos indignos, inmorales y embusteros, como es el caso de la jefa de Estado chalhuanquina. Una innombrable que miente grosera y sistemáticamente, sencillamente porque no tiene honor… sencillamente porque su palabra carece de todo valor.               

De pasear en mototaxi a viajar en camello por la India. La polémica congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz Agüero, hace de todo menos legislar, pues un reportaje del dominical Cuarto Poder ha revelado que se ausentó de sus funciones parlamentarias gran parte del mes de marzo para viajar a la India para llevar un curso; sin embargo, lo que no contó la legisladora que de los 19 días solo utilizó 3 para llevar el curso, los demás se la pasó haciendo turismo.

Su ausencia fue justificada inicialmente con una licencia por enfermedad desde el primero de marzo y, posteriormente, con una licencia personal, lo que generó cuestionamiento sobre el uso de estas herramientas legislativas para actividades fuera del país.

De acuerdo al citado medio periodístico, el 6 de marzo, en la primera sesión del año, Alcarraz brilló por su ausencia. Minutos después, presentó una licencia por enfermedad que la excusaba. Aquel día no participó de la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

De la licencia por enfermedad pasó a la “licencia personal”, la famosa LP, para ausentarse sin perder ni un solo sol de su sueldo. Tampoco participó en la votación de la moción de censura contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Según registros migratorios, Alcarraz salió del país el 9 de marzo y retornó el 28, acumulando 19 días de viaje durante los cuales no cumplió con su semana de representación ni asistió a las sesiones del Pleno. “De los 5 días de semana de representación, hay 2 días que ha recibido dinero, según el informe, y ella lo ha destinado para hacer turismo en el extranjero”, cuestionó Alejandro Rospigliosi, experto en temas parlamentarios.

En videos de las redes sociales, se puede observar bailando y disfrutando del viaje, dejando de lado sus funciones en el Perú. Además, de una experiencia en un camello. En fotografías, posa con una de las 7 maravillas del mundo moderno y otros lugares que no serían parte del curso.

La congresista Kira Alcarraz mostró su diploma y aseguró que su viaje fue solo por un curso, pero omitió publicar estas otras imágenes, reveladas por #CuartoPoder, que muestran otra cara de su estadía en India ► https://t.co/ey6HF8RbRJ pic.twitter.com/2C2sRQ5dh2

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) April 14, 2025

A pesar de buscar su respuesta, la parlamentaria no dio declaraciones. “No te voy a dar nada, no te voy a hablar”, expresó molesta legisladora. Al no contar con una declaración clara, emitió un comunicado, en el que indicaba que el año pasado postuló y ganó una beca financiada por la embajada de la India para un curso de “Gestión de emprendimientos”, realizado del 12 al 25 de marzo, fueron sus descargos.

El Congreso de la República no cesa en su afán de instaurar en beneficio de sus ocupantes parlamentarios, más gollerías durante el tiempo que les queda de servicio parlamentario y ha aprobado un presupuesto de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 42,800 para pagar a los abogados de cada congresista que actualmente se encuentra investigado por el Ministerio Público, según el informe del dominical «Punto Final».

Eduardo Salhuana Cavides, como presidente la Mesa Directiva del Congreso, hace algunas semanas autorizó fondos públicos para cuatro congresistas que actualmente enfrentan investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción, como tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho pasivo y posible vinculación con organizaciones criminales. Aquellos parlamentarios son Kelly Portalatino (Perú Libre), Luis Cordero Jon Tay (Podemos Perú), Hilda Marleny Portero (Acción Popular) y Patricia Chirinos (Renovación Popular). La decisión congresal se ampara en una disposición legal de la ‘Ley Servir’, que originalmente no fue concebida para ser aplicada a los parlamentarios.

Se estaría incurriendo en una presunta ‘malversación de fondos’

La decisión de la Mesa directiva que preside Salhuana Cavides, se ampara en disposiciones de la Ley Servir, la cual, según expertos constitucionalistas como Miguel Ángel Ferreyra, Alejandro Rospigliosi y Franco García Lazo, no está diseñada para aplicarse a congresistas. Debido a que dicha normativa, fue creada para funcionarios que ejercen funciones administrativas, no para quienes legislan, representan o fiscalizan. Por lo tanto, el Congreso estaría ejerciendo una presunta malversación de fondos.

Congresistas beneficiadas se defienden

Entre las parlamentarias favorecidas con el “financiamiento legal”, se encuentran Kelly Portalatino, quien afronta una investigación por presunta negociación incompatible, debido a la contratación de su sobrina política, Rommy Vásquez Yáñez, tanto en el Ministerio de Salud, como en el Congreso. 

«La verdad desconozco los procedimientos administrativos. Yo solicito para que me den una defensa porque han mancillado mi honor muchos medios de comunicación y para eso se tiene que ejercer una defensa», declaró Portalatino para el dominical.

Por su parte, la legisladora de Renovación Popular, Patricia Chirinos Venegas es investigada en el Ministerio Púbico por presuntas coordinaciones y estrategias con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para promover una denuncia penal contra los magistrados que habrían favorecido a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). A ello se suma otra investigación de la Fiscalía por ‘peculado doloso’, ya que Chirinos habría utilizado pasajes aéreos pagados por el Congreso para asistir a la celebración del cumpleaños de su colega, Diego Bazán, en Trujillo.

«La verdad no sé cuántas UIT son. Creo que es hasta 40 mil soles. Bueno, creo que sí las estoy utilizando, pero no son para mí, eso va directamente al abogado», respondió Chirinos Venegas.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, nuevamente se ha convertido en el centro de la noticia y de acuerdo a la nueva encuesta nacional de Datum Internacional, el burgomaestre metropolitano enfrenta una desaprobación del 57 % de la población limeña. Y apenas un 40 % aprueba su gestión; mientras que el 3 % restante no sabe, o no opina.

Desde que López Aliaga asumió el cargo de alcalde en enero de 2023, ha sido objeto de críticas debido a la ausencia de obras emblemáticas en la capital, y por la falta de cumplimiento de las promesas realizadas durante su campaña municipal. Como se recuerda, el actual burgomaestre mencionó en todas las plataformas comunicacionales que Lima se convertiría en una “potencia mundial”. Sin embargo, continúan el desorden urbano en el centro histórico de la ciudad, el caos en el transporte público y la inseguridad ciudadana.

La encuesta de Datum fue realizada de forma presencial a 1,203 personas a nivel nacional, en zonas urbanas y rurales, con un margen de error de +2.8 % y un nivel de confianza del 95 %.

Premier y presidente del Congreso también están desaprobados

Sin embargo, no solo el alcalde de Lima se encuentra desaprobado como resultado del estudio. La encuestadora también midió la aprobación de otras autoridades nacionales. Como es el caso del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, quien luego de la encuesta apenas registra una aprobación de 5 %, mientras que un 89 % de los ciudadanos lo desaprueba.

Asimismo, Eduardo Salhuana Cavides, actual presidente del Congreso de la República, apenas alcanza una aprobación de solo 8 %, frente a una gran desaprobación del 83 %.

Aquellos resultados reflejan que las principales autoridades del Perú ya no cuentan con el respaldo ni la confianza de la población, debido a la inoperancia de sus gestiones en la administración pública.

Muy bonito en el papel, pero ahora toca ver cómo controlarán a miles de motociclistas. El gobierno de Dina Boluarte acaba de prohibir, mediante el Decreto Supremo n.° 046-2025-PCM, que dos personas se puedan movilizar en una sola moto lineal. Asimismo, se anuncia la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao.

Esta medida ha entrado en vigencia desde las primeras horas de hoy, extendiéndose hasta el 17 de mayo, según se puede leer en la mencionada fuente normativa. Durante ese periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), ejercerán las acciones de control preventivo y control administrativo de los dispuesto.

“La Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas ejercen acciones de control verificando el cumplimiento de lo dispuesto (…) en caso se adviertan indicios de la comisión de un delito, los involucrados serán conducidos a las comisarías policiales para realizar las investigaciones que correspondan conforme al marco normativo administrativo y penal correspondiente», se indica.

Esta norma también prohíbe que los motociclistas porten elementos o accesorios adheridos al casco que impidan o limiten la visibilidad del rostro del conductor.

“Durante la vigencia del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo N° 035-2025-PCM en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, y la prórroga dispuesta por el presente Decreto Supremo se restringe el acceso a las vías a los vehículos menores de las categorías vehiculares L1 y L3, los cuales solo podrán circular con su conductor, sin llevar ningún acompañante”, se lee en el decreto.

Con ello, el Gobierno deja de lado la recomendación de la Defensoría del Pueblo, que solicitaba restringir la circulación de motocicletas durante 12 horas diarias, desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m.