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Política

Las declaraciones del viceministro Jaime Luyo espantan las inversiones

Desde del Ministerio de Energía y Minas se viene ahuyentando a las inversiones. Resulta sospechosa la actitud de los viceministros y del ministro del MINEM Óscar Vera, ya que vienen impulsando un proyecto de ley que genera inseguridad eléctrica y jurídica pero que casualmente beneficia un puñado de empresarios. Para esto incluso llegan a mentir en sus recientes entrevistas.

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Desde hace unas semanas el viceministro de Electricidad, Jaime Luyo Kuong, viene apareciendo en diferentes medios de prensa declarando incoherencias y cosas absurdas que terminan ahuyentando las inversiones en el sector eléctrico. En una reciente entrevista en el diario Gestión, el viceministro mencionó: “del potencial de energía solar consumimos menos del 1%, del eólico menos del 2%”. Además, agrega que la tecnología con las que van operar esas energías las hace más eficientes. ¿En serio?

Luyo acaso intenta decirnos que por la “eficiencia” con una participación en el mercado eléctrico de un aproximado de 2%, se pretende por ley dar un salto al 20% o 30%. Nos preguntamos, ¿eso es seguro? No sería mejor ir midiendo la eficiencia con la entrada gradual de las energías renovables, en la medida que efectivamente garanticen eficiencia al sistema eléctrico y en salvaguarda de los usuarios finales. Este apuro del Minen con complicidad de los congresistas denominados “Los Niños”, que siempre están vinculados al Ministerio de Energía y Minas, es muy sospechoso ¿qué intereses se esconden detrás de las declaraciones de Jaime Luyo?

Viceministro Jaime Luyo.

Lo que despierta más sospechas es que el Proyecto de ley del Ejecutivo ha pasado de manera exprés por el Consejo de Ministros, como se dice: por un tubo. Algo sin precedentes, ni las normas contra el dengue o la pandemia del covid tuvieron tanta celeridad. Aquí observamos un intenso apuro por aprobar la norma.

El Ministro de Energía y Minas, Óscar Vera y su exviceministro de Hidrocarburos Enrique Bisetti, —quien recomendó como viceministro de Electricidad a Jaime Luyo— saben que no les queda más tiempo porque están cuestionados, ya recientemente la lideresa del Partido Fuerza Popular increpó que la Presidenta de la Republica no se pronuncia sobre sus políticas estatizadoras del Minem. Es que todos sabemos que el Minem por sí solo, no ejerce poder sobre la PCM o la Casa Pizarro, por lo que, el proyecto que busca beneficiar a las empresas del rubro renovables estaría promovido desde la propia residencia de Palacio de Gobierno.

Ministro de Energía y Minas Óscar Vera.

En la reciente entrevista al diario Gestión, el viceministro Luyo afirma que el Proyecto de Ley presentado por su sector va a reducir las tarifas eléctricas según sus simulaciones. ¿De qué simulaciones habla si nadie las conoce? Si es que esas simulaciones existen, entonces sería bueno que lo haga público, porque según otros expertos, las mismas distribuidoras eléctricas del Estado y el FONAFE, han advertido que este Proyecto de Ley va a generar desabastecimiento en el mercado y también afectará las inversiones de las empresas estatales. Además, otros expertos han alertado sobre los subsidios ocultos, costos complementarios que serían asumidos por la demanda, o sea, el afectará el bolsillo de todos los peruanos.

Asimismo, de manera irresponsable y temeraria el viceministro Luyo Koung, afirmó que “son las mismas compañías distribuidoras, que tienen todo el manejo de la licitación y de los contratos, y son ellas las que se están oponiendo, interesadamente (a que haya subastas) porque no quieren licitar.”

Esta afirmación es absolutamente falsa, está mentira es producto del desconocimiento de las normas regulatorias del sector eléctrico o simplemente responde algún interés empresarial. O tal vez, es generado por un lobby montado desde las más altas esferas del poder de turno, porque reiteramos, el actual ministro de Energía, no es alguien con las credenciales y con la capacidad técnica para meterse al bolsillo al propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y eso es algo que actualmente está sucediendo. Lo preocupante es que esto viene pasando con el silencio cómplice del ministro de Economía, Alex Contreras, que al parecer está pintado en la pared, y con su actitud sumisa solo se aferra al cargo.

Ministro de Economía Alex Contreras.

Además, hay que señalar que el viceministro Luyo está mintiendo, porque las distribuidoras eléctricas no hacen las licitaciones impidiendo que puedan participar las empresas privadas del rubro energías renovables. Esas empresas no participan porque simplemente estas energías no ofrecen potencia y solo pueden garantizar energía cuando hay sol y/o viento. Ya que no controlan el clima no pueden asegurar nada.

Hay que entender que actualmente se obliga a licitar energía y potencia juntas, estás dos cosas van de la mano. Pero lo que buscan los lobistas es que promueven la Ley para que se separe esta condición de que deban ir unidad. Es decir, las empresas privadas poderosas dedicadas a las energías renovables vienen promoviendo para cambiar esta condición para su beneficio. Es importante comprender que la potencia da estabilidad al sistema eléctrico, es por eso es relevante mantenerla.

Además, un desequilibrio entre la generación y el consumo de potencia puede causar problemas en la calidad del suministro, como caídas de tensión o fluctuaciones en la frecuencia. Por lo tanto, es necesario gestionar adecuadamente la potencia para garantizar un suministro estable y confiable.

Exviceministro de Hidrocarburos Enrique Bisetti.

Pero en este caso, las grandes empresas privadas del rubro energías renovables, no solo quieren que las distribuidoras le compren energía sin ofrecer potencia, sino, lo que plantean en su dictamen, es obligar a comprar energía a las renovables por 10 años con una proyección exigida por ley, proyección que técnicamente no es posible ni responsable realizar, ya que se corre el riesgo de que las distribuidoras eléctricas se sobre stockear afectando sus inversiones, según lo manifestaron los representantes de las empresas eléctricas del estado, lo que derivará en afectación en sus inversiones, afectando directamente a los pensionistas de la ONP, ya que  el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), son accionistas mayoritarios de las empresas distribuidoras estatales. Esto parece no importarles porque el lobby pesa más.

Además, para sumar a sus pretensiones de asegurar un mercado asegurado, estas grandes empresas privadas de energías renovables de capitales chinos y patrocinados por el MINEM, pretenden desconocer por ley contratos firmados entre las distribuidoras y generadoras eléctricas, pretendiendo que las distribuidoras eléctricas compren solo energía a las renovables, con proyección a 10 años, sin tomar en cuenta la necesidad real de éstas para abastecer el mercado eléctrico peruano.

Esto es una mala señal de inseguridad jurídica que atenta a las grandes inversiones que actualmente generan miles de empleos y aportan al PBI, lo que no es nada raro porque en la reciente entrevista dada por el viceministro de Energía Jaime Luyo, se ha evidenciado su sesgo anti inversión y su fustán caviar, generando de manera irresponsable un clima de inestabilidad en el sector eléctrico. Nada raro porque el viceministro Luyo, junto a su patrocinador, el exviceministro de hidrocarburos Bisetti, han sido viceministros del primer gabinete ministerial del Gobierno de Pedro Castillo. ¡Qué Dios nos ayude!

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Política

Ministro de Educación Morgan Quero, investigado por discriminación, es defendido con fondos del Minedu

¿Uso legítimo o abuso de recursos públicos? ¿Por qué se normalizó el despilfarro de dinero?

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El Ministerio de Educación aprobó —mediante resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU — otorgar defensa legal al ministro de Educación Morgan Quero Gaime con fondos públicos, pese a estar denunciado por presunta discriminación contra el pueblo Awajún.

En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE— el Ministerio de Educación a venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.

Con la Resolución de Secretaría General N.º 111-2024-MINEDU de fecha 2 de julio de 2024, el Ministerio de educación aprobó la defensa legal de Ana del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación, por presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación. Acusación que comparte junto al actual ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime.

En efecto, mediante la Resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU, publicada el 31 de octubre de 2024, se declara procedente el otorgamiento del beneficio de defensa legal a favor del actual titular del sector.

Cabe señalar que, el actual representante del MINEDU, es investigado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, en el marco de una investigación preparatoria, a raíz de sus declaraciones del 10 de junio de 2024, en las que afirmó:

“[…] Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan […]”.

Estas declaraciones se emitieron en relación con los casos de violencia sexual contra menores de edad ocurridos en la UGEL Condorcanqui, vinculados a poblaciones nativas Awajún y Wampis.

La norma Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 185-2016-SERVIR-PE, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”. – Anexo 2, toda vez que en su numeral 6.2 de la establece cuándo NO procede otorgar defensa legal. Entre los supuestos menciona:

Literal b) Cuando el solicitante no tenga la calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable de ser el caso haya sido citado para la actuación de alguna prueba en los procesos, procedimientos previos o investigaciones a que se refiere el numeral 5.2 del Artículo 5 de la presente Directiva, los hechos imputados no estén vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil de la respectiva entidad, derivadas del ejercicio de la función pública.(el subrayado es nuestro)

¿Se justifica el uso de recursos del Estado para defender declaraciones que podrían constituir actos discriminatorios? ¿Acaso las presuntas declaraciones discriminatorias forman parte del «ejercicio regular» de funciones del ministro Morgan Quero? ¿Es un «criterio de gestión» insultar a un pueblo originario como el Awajún?

Si bien es cierto que el ministro actuaba en calidad de funcionario público al momento de las declaraciones, ello no implica per se que sus expresiones estén cubiertas por el marco funcional de su cargo. En este caso, las expresiones atribuidas al ministro —según la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque Ibarra — no solo carecen de justificación funcional, sino que colisionan especialmente si éstas contravienen principios constitucionales como el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la protección de los pueblos indígenas (artículos 1, 2 y 89 de la Constitución Política del Perú).

El caso del ministro Morgan Quero es particularmente indignante. Un alto funcionario acusado de emitir declaraciones discriminatorias contra el pueblo originario Awajún, y el Estado —nuestro dinero— pagando por su defensa. Como si las palabras que hieren a nuestras etnias fueran parte del deber ministerial. Como si ofender fuera una prerrogativa del cargo.

Resulta profundamente preocupante que, ante esta denuncia, algunos actores políticos y gremiales hayan salido a respaldar al ministro sin siquiera considerar la realidad estructural de exclusión que enfrentan las comunidades Awajún y Wampis no solo en el departamento de Amazonas.

Este caso amerita una revisión urgente por parte de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General de la República y el Congreso de la República. La defensa legal con fondos públicos debe proteger el cumplimiento del deber, no blindar actos reprochables.

El artículo 77 de la Constitución establece que el uso de los recursos públicos debe estar orientado a fines de interés general. En consecuencia, el financiamiento de la defensa legal de un ministro acusado de realizar expresiones discriminatorias genera un conflicto ético-administrativo, pues se estaría utilizando dinero de todos los peruanos para proteger actos que podrían constituir una afectación directa a un sector históricamente vulnerado como el pueblo Awajún.

En términos de control de legalidad, corresponde evaluar si este acto administrativo —aunque aparentemente válido en su forma— resulta ilegítimo por su contenido y por la finalidad que persigue.

¿Es este el Perú que queremos? ¿Uno donde la discriminación se protege con fondos públicos mientras las comunidades indígenas luchan por ser escuchadas?

Según la Resolución de Secretaría General N.º 087-2025-MINEDU, se formalizó una modificación presupuestaria por 970,950 soles al rubro Defensa Judicial del Estado. Si bien este fondo está legalmente destinado a la defensa jurídica del Estado como institución, existe el riesgo de que parte de estos recursos termine beneficiando a funcionarios de alto nivel involucrados en procesos legales por actos realizados durante su gestión. Esto abre una legítima preocupación ciudadana: ¿estamos financiando con recursos públicos una defensa que debería ser personal?

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Política

Minedu cubre defensa del exministro Daniel Alfaro y el actual ministro Morgan Quero y otros 17 funcionarios

Con dinero de todos los peruanos se paga a abogados que defienden a exfuncionarios y funcionarios con problemas legales en el Ministerio de Educación.

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Durante la gestión del ministro de Educación, Morgan Niccolo Quero Gaime, entre abril de 2024 y abril de 2025, la Secretaría General del Ministerio de Educación emitió 21 resoluciones mediante las cuales se concedió defensa legal a 19 personas —entre funcionarios y exfuncionarios— involucrados en procesos judiciales, investigaciones fiscales y administrativas, en el marco de presuntas responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones.

En el ajedrez político del Perú, hay piezas que se mueven solas. No importa si están en jaque, si cometieron errores, o si su jugada fue torpe: el tablero se inclina siempre a su favor. ¿Por qué? Porque el Estado ha decidido que ciertos jugadores merecen protección. No importa el color de su ficha ni las reglas del juego.

En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE—, ha venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.

Bajo este marco, se han aprobado 19 defensas legales a favor de funcionarios y exfuncionarios del sector. Aunque se argumenta que el procedimiento se ajusta a la norma, en la práctica se configura un sistema desigual donde los beneficios se otorgan de manera selectiva. Mientras a algunos se les rechaza la solicitud sin mayor explicación, otros —incluido el exministro Daniel Alfaro, el ministro Morgan Quero Nicollo y exfuncionarios— reciben el respaldo del Estado como si se tratara de un privilegio garantizado.

Daniel Alfaro fue ministro de Educación del investigado expresidente Martín Vizcarra.

Entre los beneficiados destacan:

  1. Ruth Marina Vilca Tasayco, exjefa encargada de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 063-2024-MINEDU, Expediente N° 12819-2023, 04/04/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al MINEDU).
  2. Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación (Resolución N° 077-2024-MINEDU, Expediente N° 04529-2021, 18/04/2024, presunta comisión del delito de exhibiciones obscena en material educativo).
  3. Leoncio Delgado Uribe, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 080-2024-MINEDU, Expediente N° 01938-2023 y Expediente N° 17692-2021-0-1801-JR-LA-84, 25/04/2024 y 03/03/2025, ambos por presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
  4. Willy Arturo Olivera Absi, exjefe de la Oficina De Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 082-2024-MINEDU y N° 120-2024-MINEDU, Expedientes distintos, 25/04/2024 y 2/07/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
  5. Raúl Antonio Moral Guillén, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 083-2024-MINEDU, PAD, 26/04/2024, presunto incumplimiento de funciones).
  6. Víctor Enmanuel Luján Ccorahua, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 101-2024-MINEDU, PAD, 22/05/2024, presuntamente, incumplimiento de funciones).
  7. Ana Del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe, y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación (Resolución N° 111-2024-MINEDU, investigación fiscal, 2/07/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
  8. Catalina Julietta Horna Melo, , excoordinadora del Área de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 126-2024-MINEDU, Expediente judicial, 11/07/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
  9. Hernán Jesús Navarro Franco, exencargado de la Unidad de Planeamiento y Normatividad de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación(Resolución N° 160-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
  10. Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 181-2024-MINEDU y N° 238-2024-MINEDU, expedientes distintos, 27/09/2024 y 13/12/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
  11. Ruth Angélica Ho González, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 183-2024-MINEDU y N° 184-2024-MINEDU, casos fiscales, 1/10/2024, presunta negociación incompatible).
  12. Daniel Alfaro Paredes, exministro de Educación, (Resolución N° 193-2024-MINEDU, juicio oral, 16/10/2024, presunta omisión funcional),
  13. Morgan Niccolo Quero Gaime, actual ministro de Educación (Resolución N° 208-2024-MINEDU, denuncia fiscal, 31/10/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
  14. Eric Franklin Paz Meléndez, exjefe de la Oficina de asesoría Jurídica del Ministerio de Educación(Resolución N° 215-2024-MINEDU, Expediente N° 05605-2024, 13/11/2024, presunta, indemnización por daños y perjuicios en perjuicio de la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación).
  15. Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 238-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Ministerio de Educación.
  16. Fiorella Angélica Noguera Mendieta (Resolución N° 018-2025-MINEDU, caso fiscal, 22/01/2025, presunta negociación incompatible).
  17. Yovana Alfaro Ramos, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 026-2025-MINEDU, caso fiscal, 30/01/2025, presunta negociación incompatible).
  18. María Julia Martínez Reyes, excoordinadora macrorregional de la Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura Educativa (Resolución N° 037-2025-MINEDU, Expediente N° 04492-2024, 14/02/2025, presunta indemnización de daños y perjuicios al Ministerio de educación).
  19. Nataly Luza Chacón, Especialista Senior en Remuneraciones de la Oficina de Gestión de Personal de la Oficina General de Recursos Humanos (Resolución N° 085-2025-MINEDU, PAD, 9/04/2025, presunta falta disciplinaria).

Casos improcedentes, no recibieron el beneficio de defensa legal de parte del Ministerio de Educación: Roberto Carlos Arrieta Casas – R.M. N.º 140-2024-MINEDU – 05/08/2024 y Rubén Jaramillo Zavala – R.M. N.º 141-2024-MINEDU – 05/08/2024.

Entre los funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Educación involucrados en procedimientos judiciales y administrativos durante el 2024 y 2025, destacan; Ruth Marina Vilca Tasayco, exresponsable del Programa de Nacional de Dotación de Materiales Educativos del Ministerio de Educación, como se recuerda habría estado involucrada en la compra de computadoras por 146 millones de soles, en la gestión del ex ministro de Educación Jaime Saavedra, lo que provocó su interpelación y censura.

En el caso de Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, estaría implicada en la investigación por ser coautora del texto escolar en el que se incluía un enlace con contenido sexual inapropiado para los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria, situación que ocasionó la interpelación de la exministra de Educación Flor Pablo Medina en el gobierno de Martín Vizcarra.

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Política

La buena fortuna de Vladimir Cerrón: en cuestión de meses anulan dos sentencias en su contra y ahora el Gobierno ya no ofrece recompensa por su captura

Cabe recordar que sobre el fundador de Perú Libre aún recae una orden de 24 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

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Dos de tres. “Abran campo para la reaparición de Vladimir Cerrón”, pareciera decir la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ya viene contando los días para su salida de Palacio de Gobierno, no sin antes retirar del camino las piedras y obstáculos del escurridizo líder de Perú Libre, quien en los últimos meses la buena fortuna, y ciertos fallos legales, le vienen sonriendo de par en par.

Y es que hasta hace unos días se ofrecía por el ideólogo del partido del lápiz hasta 500 mil soles por su captura, pero al realizarse una consulta rápida al portal de recompensas del Estado su nombre ya no figura en la lista de los más buscados.

Fuente: Mininter.

Como se recuerda, a finales de diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) le anuló una condena efectiva de 3 años y 6 meses por el denominado caso ‘Aeródromo Wanka’. En esa ocasión la Corte había concluido que no se había demostrado el delito de colusión simple, ya que la firma del contrato entre el gobierno regional de Junín y el Consorcio Aeródromo Wanka no evidenciaba concertación dolosa ni intención de perjudicar al Estado.

Meses después, en marzo del año en curso, el mismo alto tribunal también le anuló la condena impuesta por negociación incompatible en el caso ‘La Oroya’. De acuerdo al TC, tanto la sentencia original como la resolución de apelación carecían de motivación suficiente al no establecer con claridad los hechos que demostrarían un favorecimiento indebido a un contratista ni el rol específico de Cerrón Rojas en los supuestos delitos.

En ambas ocasiones el ex gobernador de Junín denunció ser un “perseguido político”.

Sin embargo, aún queda en pie una orden de prisión preventiva de 24 meses contra Vladimir Cerrón por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y los presuntos aportes ilegales de su partido que habrían favorecido las campañas de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Resulta relevante recalcar que en la actualidad el líder de Perú Libre no cuenta con condena alguna en su contra, así como de no tener inhabilitación alguna para ejercer cualquier cargo de elección popular, pudiendo postularse como alcalde, diputado o senador.

El dato:

No solo Vladimir Cerrón ha sido borrado del mapa del Programa de Recompensas del Mininter. El ex ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, también abandonó la lista de los más buscados. Él se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de dos años.

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Política

Detectan que partido de Martín Vizcarra falsificó 5 mil firmas para su inscripción [VIDEO]

Reniec indicó que durante proceso de inscripción de partido Perú Primero del ex presidente se encontró la firma de afiliados sin haber dado su consentimiento.

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Más falsas que las vacunas que trajo en pandemia. Pensaba que nadie se daría cuenta y que iba a pasar de manera disimulada como con las vacunas que se inoculó, pero fue tanto el escándalo de cientos de ciudadanos que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se puso a revisar los padrones de afiliados a los partidos políticos, encontrándose con una serie de irregularidades en los documentos.

De acuerdo a una investigación de Latina Noticias se pudo constatar que el partido político Perú Primero, del ex presidente Martín Vizcarra Cornejo, había completado su lista de 25 mil afiliados con 5 mil firmas falsificadas, las mismas que no contarían con el consentimiento de los ciudadanos.

Es así que el Reniec va a proceder a denunciar a dicho partido por un intento de “fraude masivo”.

En su reporte, Reniec identificó que el partido del ‘Lagarto’ Vizcarra, que hasta ahora no se da cuenta que se encuentra impedido de postular, había presentado en total más de 5 mil firmas falsas, y que todas estas provenían del mismo puño. Por ejemplo, de las 25 mil 189 rúbricas presentadas por Perú Primero en noviembre de 2022, 1936 fueron rechazadas tras detectarse irregularidades. Durante los años posteriores, hasta noviembre de 2024, la entidad excluyó alrededor de 3181 afiliaciones por el mismo motivo.

La Reniec también precisó que Perú Primero actuó de manera sistemática durante este proceso, puesto a que también «han fraguado huellas digitales«, es decir, se ha colocado una misma huella en distintas fichas de inscripción. 

fuente: latina noticias.

Pero el partido del ‘Lagarto’ no es el único en jugar sucio para su inscripción. El partido Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo, también había presentado más de 4 mil firmas falsas desde julio de 2023.

De acuerdo a las autoridades del JNE y la Reniec, Perú Primero y Voces del Pueblo estarían incurriendo es el delito de falsedad genérica e ideológica. Por tal motivo, las entidades han presentado las denuncias respectivas para garantizar el cumplimiento de la ley.

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Política

Alcaldes del Cusco denuncian maltrato durante ceremonia del Premio Nacional Sello Municipal [VIDEO]

Burgomaestres viajaron a la capital para recibir una placa de reconocimiento, pero esta nunca llegó. Alcaldes denuncian improvisación y maltrato por parte de la presidenta Dina Boluarte y ministra Leslie Urteaga.

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Se fueron con las manos vacías. Alcaldes y alcaldesas de la región Cusco se mostraron sumamente indignados luego de haber acudido hoy a la ceremonia de reconocimiento a las municipalidades ganadoras de la octava edición del Premio Nacional Sello Municipal, organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera encabezada por la cuestionada ministra Leslie Urteaga que anteriormente tuvo a su cargo la cartera de Cultura.

Estando ellos incluidos entre los ganadores, las autoridades municipales tuvieron que viajar hasta Lima para recibir el premio que reconocer a aquellos municipios por la mejora de sus servicios públicos y la calidad de vida de las personas en situación de pobreza extrema, sin embargo, se dieron con la amarga sorpresa de que las placas de reconocimiento se habían agotado, desatando la incomodidad e indignación de esas autoridades municipales, que tuvieron que invertir tiempo y dinero para viajar hasta la capital.

No solo las autoridades de la región Cusco se vieron afectadas, sino también se reporta que los representantes municipales de Puno y Junín habrían tenido la misma suerte. Se estima que fueron cerca de 30 alcaldes que tuvieron que retornar a sus jurisdicciones tal como vinieron, ya que las autoridades del Midis le comunicaban que se trataba de una demora del vehículo que transportaba los premios.

El dato:

En esta edición, se convocaron un total de 1,890 municipalidades, de las cuales 1,698 se registraron para participar, logrando un récord histórico. Un total de 1,140 gobiernos locales recibieron este reconocimiento, a través de la Resolución Ministerial N° D000052-2025-MIDIS, lo que marca un hito en esta octava edición del premio nacional.

De estas, 559 municipalidades fueron distinguidas con la insignia Platinum, 394 recibieron la insignia Oro, 23 obtuvieron la insignia Plata y 164 fueron galardonadas con la de Bronce.

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Política

IRTP es copado por Fuerza Popular, Ninoska Chandía prepararía terreno para campaña electoral

La presidenta del IRTP ratificó a exjefe de prensa de Fuerza Popular, Christian Peralta Navarrete. Primero aceptó su renuncia y al día siguiente lo designó como su asesor II. Anteriormente él trabajó en el Parlamento gracias a los fujimoristas y habría formado un grupo de ‘cuentas falsas’ contra opositores. Con el nuevo ROF ratificaron a más ‘allegados’ en sus cargos de confianza.

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Las movidas y reacomodos dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP,) continúan bajo la jefatura de su presidenta ejecutiva Ninoska Chandía Roque. Como se recuerda, el mes pasado, exactamente el 10 de marzo, mediante Resolución de Jefatura n.° 000007-2025-IRTP-JE designó bajo el régimen CAS como hombre de su confianza a Christian Clemente Peralta Navarrete en el cargo de Asesor de la Jefatura Institucional de la entidad estatal.

Resolución de Jefatura n.° 000007-2025-IRTP-JE que en marzo designó a Christian Clemente Peralta Navarrete. Fuente: El Peruano.

Han transcurrido apenas 42 días desde su designación, y mediante Resolución de Jefatura n.° 000022-2025-IRTP-JE, del martes 22 de abril, la señora Chandía Roque resuelve aceptar la renuncia de Peralta Navarrete; y al día siguiente, mediante la Resolución de Jefatura n.° 000023-2025-IRTP-JE publicada el miércoles 23 de abril, decide contratar nuevamente a Peralta Navarrete como servidor de confianza, esta vez como Asesor II (bajo el régimen laboral D.L 1057).

Resolución de Jefatura n.° 000023-2025-IRTP-JE publicada el miércoles 23 de abril de este año.

Con nuevo ROF en IRTP hay todo un ‘mejunje’ interno

Resulta que desde la jefatura del IRTP liderada por Ninoska Chandía y desde la Oficina de Gerencia General comandada por José Ernesto Vidal Fernández, dieron el visto bueno a un ramillete de personajes que ya pertenecían a la casa televisora y radial, tras haber elaborado informes y memorandos dirigidos a la Oficina de Gestión de Talento Humano “confirmando” que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P), “los elegidos” cumplen con la totalidad de requisitos exigidos para los cargos asignados.

Es decir, las “ratificaciones” se basaron en el nuevo Reglamento de Organización Y Funciones del IRTP (ROF), que la señora Ninoska aprobó el 06 de febrero del 2025, el cual consta de 02 títulos y 81 artículos, dizque porque era necesario, en honor a la “modernización de la gestión del Estado”. 

Resolución n.° 000002-2025-IRTP-JE, que aprueba el nuevo ROF para el IRTP firmado por Ninoska Chandía.

Servidores fueron ‘ratificados’ en sus cargos de confianza

Pero no solo el extrabajador de la bancada de Fuerza Popular y del exministro Demartini, Christian Clemente Peralta Navarrete, acaba de ser ratificado y/o reasignado en el IRTP, como asesor II de la Jefatura de la entidad.

La señora Ninoska Chandía también designó a Graciela Elizabeth Ramírez Alberca, en el cargo de Asesora II, quien apenas hace 4 meses Julio Demartini la designó como asesora en el Midis; a Víctor Raúl Ahumada Bastidas, en el cargo de Asesor I de la Gerencia General; a Nelly Flor Ramos García, también como Asesora I de la Gerencia General; a Rogger Mauro Gallardo Kruger, como Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental; a Carlos Alfredo Castro Gao, como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a Jorge Ricardo Tisnado Ipanaque, como Jefe de la Unidad de Logística; y a Jean Carlos Chávez García, como Jefe de la Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Ex jefe de prensa de Fuerza Popular continúa como asesor de IRTP

El Asesor II de la jefatura del IRTP, Christian Clemente Peralta Navarrete tiene en su historial una serie de nombramientos vinculados al partido de Keiko Fujimori y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. No solo llegó al Congreso que tuvo mayoría fujimorista (73 curules) en 2016, sino que lo hizo como parte de la jefatura de comunicaciones del Legislativo, por lo que tuvo a su cargo el canal de televisión del Congreso.

Ese mismo año, el semanario Hildebrandt en sus 13 publicó un reportaje en el que se indicaba que Peralta Navarrete había creado al interior del Parlamento un “escuadrón fujitroll” encargado del “asesinato simbólico de los adversarios”, una serie de publicaciones en redes sociales para confrontar a los enemigos u opositores a Fuerza Popular.

En junio del 2018, luego de un reportaje en Cuarto Poder que hizo eco de la denuncia hecha por Hildebrandt en sus 13, Peralta Navarrete negó públicamente que estuviese a cargo de una red de ‘fujitrolls’.

“Efectivamente, se ha fortalecido el área de Redes Sociales. El Congreso, al igual que los medios, se está volviendo multiplataforma (…) antes teníamos a dos personas (…) Toda la vida dicen que yo particularmente dirijo una red de ‘fujitrolls’ y eso es falso”, afirmó luego de ser cuestionado por la contratación de 12 personas más en esta área.

Christian Peralta Navarrete trabajo como jefe de prensa de la organización política de Keiko Fujimori en el año 2016.

Un artículo difundido por Ojo Público afirma que entre noviembre del año 2023 y febrero del 2024, Christian Peralta Navarrete también fue asesor del cuestionado exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, que dejó el cargo a finales de enero de este año, en medio del escándalo de corrupción por el Caso ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’. En febrero del 2024, Demartini nombró a Christian Peralta Navarrete en la Oficina de Comunicación e Imagen del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis, aunque este nombramiento se mantuvo solo por unos días, entre el 16 de febrero y el 28 de febrero de ese año. Al menos hasta junio del año 2024, se reportó que Peralta Navarrete era el subgerente de comunicaciones de EsSalud; y actualmente, continúa formando parte del circulo de confianza de la allegada a Nicanor Boluarte, la presidenta ejecutiva del IRTP, Ninoska Chandía Roque.

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Política

Renuncia Javier Llaque a la jefatura del INPE tras bochornosa fuga de un reo en el penal de Lurigancho

Medida fue oficializada en la Resolución Suprema n.° 077 -2025 –JUS, publicada esta mañana en el diario El Peruano.

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Se le escapó la tortuga y ahora asume las consecuencias. El pasado lunes el reo venezolano Jhon Kennedy Javier Sebastián, sentenciado a 10 años de pena privativa de la libertad por delitos contra el patrimonio, saltó el muro que da hacia los exteriores del penal de Lurigancho, lastimándose una de sus piernas debido a la fuerte caída, tomándose unos segundos para poder reincorporarse y desaparecer en la oscuridad de la noche. Durante ese tiempo, personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) deambularon de aquí para allá sin saber exactamente qué hacer. Fue así como se dio la fuga más insólita de los últimos años.

Es así que el Poder Ejecutivo hizo oficial la renuncia de Javier Llaque Moya a la jefatura del INPE, como consecuencia directa a la fuga del reo extranjero. Su destitución fue oficializada mediante la Resolución Suprema n.° 077 -2025 –JUS, siendo refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que la salida de Llaque responde a una “responsabilidad funcional” asumida por el exjefe del INPE. También anunció la destitución del director del penal de Lurigancho y la revisión de los protocolos de vigilancia. El Gobierno ya evalúa a su posible sucesor.

“El señor Llaque presentó su renuncia, que ha sido aceptada, y se designará un nuevo titular del INPE”, declaró Adrianzén, quien enfatizó que este tipo de decisiones son necesarias para enfrentar fallas institucionales graves como la reciente fuga.

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Política

Ante innumerables denuncias de afiliación indebida a partidos políticos, JNE elimina el pago por desafiliación

Ente electoral informó la eliminación del pago de S/ 46.20 para desafiliarse de una organización política.

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De manera oportuna, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de manera conjunta, anunciaron la eliminación del pago correspondiente al proceso de desafiliación a un partido político, luego que se reportaran incontables denuncias de parte de ciudadanos que no habían dado su consentimiento para pertenecer a una organización política.

Es así que ayer el presidente del JNE, Roberto Burneo, y la jefa del Reniec, Carmen Velarde, realizaron un pronunciamiento, detallando que se tomó la decisión de cancelar el pago como respuesta directa a los miles de casos de afiliación indebida.

Asimismo, indicaron dichas autoridades que se procederá a denunciar ante el Ministerio Público a las organizaciones que habrían incurrido en la presentación de firmas sin la autorización de los ciudadanos.

El sustento de estas denuncias fueron 130 informes técnicos presentados por el Reniec, con los que se observaron 238 335 firmas, las que quedaron invalidadas para el proceso de inscripción de estas organizaciones políticas”, precisaron.

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