El tranquilo Uruguay es la víctima perfecta para la expansión de una nueva corriente terrorista. Centros comerciales y universidades fueron amenazados desde el sábado hasta este jueves en Uruguay.

Los hechos acontecen a menos de un mes de asumir la presidencia el frenteamplista Orsi.  La amenaza se da cuando acaban de cambiar las autoridades policiales y la propia cabeza del ministerio de interior del Uruguay.

“Les informo que mañana iré a una facultad de la Udelar a primera hora a cometer una masacre. Iré armado con armas de fuego y cuchillos”. El marte por la noche un mail anónimo de una persona que aseguró ser integrante de una supuesta red extremista internacional llamada “764” llegó a la Udelar.

“Trataré de matar a la mayor cantidad de gente posible y luego me suicidaré. Además, transmitiré la masacre en directo por TikTok. Ustedes me causaron dolor, yo se los devolveré aumentado. Yo les demostraré a todos ustedes que Ninguna vida importa”, señala el texto, junto a una foto de armas y de municiones que forman el número 764.

Además, dicho correo, contenía un link a un canal de Telegram que, de acuerdo con El País, está inactivo desde hace 11 meses pero que servía para que sus miembros compartan contenido pornográfico y fotos de cortes autoinflingidos.

De acuerdo a la información policial, además de las amenazas de bomba a centros comerciales y a la Facultad de Medicina, se conoció el caso de una adolescente de 13 años que asistió a clases al liceo 48 de Montevideo, ubicado en Puntas de Manga, con una pistola. Además, el liceo de San Carlos,en Maldonado, tuvo que suspender las clases tras recibir un correo electrónico de una persona que amenazaba con cometer una “masacre” porque estaba “harto de tanto bullying”.

Por las amenazas en la Udelar, las facultades de Derecho, Economía y Arquitectura tuvieron que ser evacuadas este miércoles, en tanto que los centros comerciales afectados por las amenazas son el Montevideo Shopping, Punta Carretas y Portones.

La Policía Nacional de Uruguay se declaró este 26 de marzo “en alerta plena” mientras avanzan las investigaciones. El grupo 764, vinculado a la explotación infantil y la incitación a la violencia, podría ser responsable de estas amenazas.

La red 764 es una organización extremista vinculada a la explotación infantil y la incitación a la violencia y está considerada como una amenaza terrorista de nivel uno por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI.

Fue fundada por Bradley Cadenhead, un adolescente de Texas en 2021 quien tomó el código postal de su ciudad, Stephenville. En 2023, Cadenhead fue declarado culpable de posesión de imágenes de abuso sexual infantil y condenado a 80 años de prisión.

Según el FBI, “estas redes utilizan amenazas, chantaje y manipulación para coaccionar o extorsionar a las víctimas para que produzcan, compartan o transmitan en vivo actos de autolesión, crueldad animal, actos sexualmente explícitos o suicidio. Las grabaciones se difunden entre los miembros de la red para continuar extorsionando a las víctimas y ejercer control sobre ellas”.

En febrero de este año, la Guardia Civil española detuvo a un hombre de 23 años, identificado como H. F. P., acusado de amenazar con atacar varios colegios en Valencia y quien aseguró ser miembro del 764.

El FBI emitió el 6 de marzo una advertencia pública sobre un “fuerte aumento de la actividad del ‘764’ y otras redes violentas en línea que operan en Estados Unidos y en todo el mundo”.

Dicha organización forma parte de un entramado global muy activo en redes que sigue una filosofía nihilista expresada en el aceleracionismo, una corriente que propugna el cambio radical a través de atentados aislados que perpetran lobos solitarios.

Por su parte la policía como la ciudadanía de Uruguay ha demostrado no estar preparado para posibles atentados reales. Uruguay se caracteriza por una sólida democracia desde 1985. Estos atentados ocurrieron en EEUU y en un país tan tranquilo como Nueva Zelanda. Algunos analistas políticos uruguayos señalaron que las amenazas consecutivas podrían ser usadas para probar los tiempos de respuesta de los sistemas de seguridad en el país antes de ejecutar un ataque real.

Destaca también la brecha generacional en Uruguay entre los mayores y los jóvenes al abordar este fenómeno. Existe un tráfico de información diferente entre los jóvenes más sensibles y mejor enterados de estos temas. Esto genera una distancia con sus interlocutores adultos pues no saben de qué están hablando. Mientras los jóvenes uruguayos siguen hablando de estas amenazas los adultos hablan de cualquier otra cosa.

A este punto cabe preguntarse cuáles son los protocolos que tiene Uruguay al respecto para enfrentar una situación así. También hace falta saber si cuentan con la tecnología o la misma tipificación penal respecto a esta nueva forma de terrorismo que emerge en el horizonte rioplatense. ¿Es este grupo realmente un peligro para Latinoamérica y acaso estaban probando los sistemas de seguridad para desencadenar un ataque a gran escala?

Estos grupos se organizan en foros extremistas como 4chan y se caracterizan por el uso de un lenguaje y referencias crípticos a través de copypastas y memes de texto dirigidos a solo los iniciados en una subcultura de internet. Su codificación semiótica es todavía inaccesible para la policía de países como Latinoamérica poco acostumbrados a esta cultura que nació en EEUU.

Cuál o cuáles son nuestras bases como personas, individuos, o lo que sea que seamos si lo somos… Nuestro mito fundacional, nuestro mito de origen… Nuestra narrativa. Qué tal si esa base se basa a su vez en un ocultamiento, una mentira. Algo que nos contaron, que no era así… O algo que nunca nos contaron… Pero que flota en el aire. Tú y quienes te rodeaban son vistos desde una luz nueva. Esta es una cuestión relevante en esta película.

Hay una admirable capacidad de insistencia en la inmersión, segura y progresiva del director, es un tema intensamente personal, urgente, en carne viva (impostergable, largamente postergado). Y lo personal es extraño, y lo propio se siente como ajeno… ¿no es curioso? Ninguna historia está nunca completa, y al no estarlo….

Somos (¿en qué medida? ¿cada vez más?) lo que hemos perdido, está en la base misma de lo que somos. Que es duro reconocerlo… Si somos ‘eso’, justo eso que hemos olvidado, que entrevemos en sueños, que sospechamos e intuimos y que no podemos formular correctamente, para lo que no tenemos un lenguaje que le haga al fin justicia.

La ausencia de alguien, que ni sabías que existió alguna vez, pero sí que sentiste de alguna manera esa ausencia, informulada, el tabú, el miedo de preguntar, eso va tomando forma, inunda tu conciencia, transmuta tu ánimo. Alguien cercano a ti, una hermana, en este caso. Ahí se verá cómo las historias de las familias se relacionan con las historias de las naciones: lo que se gana ocultando, el precio que se paga. 

Una madre, sensible y dura a la vez, negando a su hija, como por una cuestión de principios, escamoteando datos del pasado, esa lucha sutil para ir ganando terreno, para que se vaya desvelando la trama que está en el corazón de la existencia de una familia, y de cuántas más con secretos semejantes.

La película es sobria, serena y no tan oscura como creo que podría haber sido, atemperada por la tristeza y la melancolía. Y sucede que la reconciliación, la recuperación de alguna armonía y de mayor aceptación de la realidad, se hace posible ante nuestros ojos.

Honrar a nuestros muertos, por los que, por lo menos en parte, en buena parte, vivimos.

Película

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Por Rafael Romero

En los pasillos del INDECOPI corren las apuestas acerca de si regresará Paolo del Águila a esa institución o no volverá jamás. El referido abogado fue presidente de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual hasta el 2024.

Del Águila se hizo tristemente célebre frente a una jugada elaborada (por personas que tendrán que pasar por la Fiscalía) contra el actual presidente del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Cassinelli, mediante la cual el curtido periodista resultó impedido de conducir y dirigir su televisora fundada en 1986, Red Bicolor de Comunicaciones, conocido popularmente como RBC Televisión o el querido Canal 11 de La Victoria.

Para nadie es un secreto que, en medio de desaguisados, enjuagues y tropelías contra la ley, se llevó a ese emblemático canal ante el INDECOPI, donde existe todavía mucha tela que cortar por parte de la Secretaría Técnica de Fiscalización y por parte de la propia Comisión de Procedimientos Concursales, siendo Paolo del Águila una pieza clave para conocer toda la verdad sobre el despojo a Ricardo Belmont y a los legítimos trabajadores de un medio de comunicación que hoy prácticamente está en cuatro manos, las del primogénito de Ricardo Belmont y Phillip Butters.

Algunas fuentes oficiales dicen que la PCM ya no le quiso renovar el contrato a Del Águila en una entidad como el INDECOPI, donde los funcionarios tienen un pie dentro del Estado y otro pie en el sector privado.

Por años, malos presidentes del INDECOPI y sus súper especialistas, construyeron una entidad a la medida de los intereses de los grandes bufetes y las corporaciones, incluso se ocuparon de tener una gigantesca puerta giratoria para salir y entrar fácilmente sirviendo con absoluta impunidad a grandes entidades privadas y hasta se han dictado normas para permitirles firmar como apoderados, lo cual es injusto, antiético, contrario a la idoneidad e integridad, pues los expedientes contra esos grupos económicos resultan al final en manos de esa clase de personal del INDECOPI, no solo en el tema concursal sino también en la defensa del consumidor (basta conocer el Exp. 0553-2022/CC2 como botón de muestra, donde este escriba denunció a Coca-Cola y Arca Continental Lindley).

No obstante, volviendo al caso de Paolo del Águila, nos enteramos que en otro tema diferente al de RBC Televisión ha sido denunciado por la comisión del presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del señor Arturo Erick Malo Rabanal. Pero ante ello, como suelen hacer los funcionarios del INDECOPI, con mayor frecuencia e incidencia que en otras entidades del Estado, Del Águila solicitó que dicha institución le pague un estudio de abogados para que lo defienda frente a la carpeta fiscal que le ha abierto la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo – Equipo de Investigación N° 8.

Por cierto, el INDECOPI de inmediato le aprobó tal requerimiento, lo que implica que Del Águila puede contratar si desea al estudio jurídico más caro del Perú, y la citada entidad igual se lo va a pagar, gracias a los impuestos que pagamos los contribuyentes al fisco.

Sea como fuere, Del Águila está bajo investigación fiscal en Trujillo, pero cabe la pregunta, ¿qué elementos existen frente al caso de Red Bicolor de Comunicaciones y el proceder funcional de Del Águila cuando era vocal y luego presidente de la Sala Especializada de Procesamientos Concursales del Tribunal del Indecopi? Parafraseando a Julio Cortázar, ¿no estaremos frente a un interesante “modelo para armar” en el horizonte de la lucha contra el despojo de un medio de comunicación, el abuso y la impunidad?

Revisando documentación de fuente abierta, recordemos que una vez el abogado Brigham Young planteó la necesidad de que, en torno a Paolo del Águila se investigue si cometió desatinos legales, institucionales y morales, al permitir que el hijo de Ricardo Belmont Cassinelli siga al frente de una ilegal, ilegítima y fraudulenta junta de acreedores. Para entonces Brigham Young indicó que Paolo del Águila bien pudo en dos minutos solucionar un caso donde el Estado de derecho —Poder Judicial, SMV y Bolsa de Valores (Cavali)— ya le dio la razón al fundador y propietario de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., Ricardo Belmont padre, pero optó por privarlo de su canal. Seguiremos atentos a este caso.

Por Jorge Paredes Terry

El llamado «adelanto de elecciones» que promueve Dina Boluarte no es una salida democrática, sino una cortina de humo para alargar su agonía en el poder. Su gobierno ilegítimo, sostenido por el tridente corrupto de Keiko Fujimori, César Acuña y Vladimir Cerrón y los lobbies empresariales, busca ganar tiempo mientras la ciudadanía exige su renuncia. Pero el verdadero juego está en lo que viene después: estos mismos operadores ya se preparan para el 2026, usando a Boluarte como escudo mientras limpian sus fichas y acumulan recursos. Fujimori necesita que el Congreso siga bajo su control para blindar su impunidad, los empresarios requieren más tiempo para asegurar sus privilegios fiscales, y Cerrón, lejos de ser una alternativa, es el títere útil que la derecha necesita para desprestigiar cualquier proyecto progresista. Su estrategia es clara: presentar una «izquierda» desacreditada, domesticada y corrupta como la de Cerrón para que, ante el rechazo popular, el establishment pueda seguir gobernando sin oposición real. Mientras Boluarte distrae con el cuento del adelanto electoral, sus amos ya reparten los escaños, los presupuestos y las candidaturas del próximo circo electoral. El pueblo no debe caer en esta trampa: la verdadera salida no es un simple cambio de fecha, sino una Asamblea Constituyente que barra a esta clase política corrupta y reconstruya la democracia desde sus cimientos. El tiempo de los mismos de siempre se acaba, pero no se irán sin intentar, una vez más, engañar al Perú.

El adelanto de elecciones, presentada como una concesión democrática ante la presión social, no es más que una maniobra dilatoria diseñada para aliviar temporalmente la presión ciudadana mientras se perpetúan los mismos mecanismos de dominación que han mantenido al país sumido en la inestabilidad y la desigualdad. Boluarte, una presidenta sin legitimidad de origen ni de ejercicio, cuyo único sostén son los intereses del fujimorismo, el acuñismo, el cerronismo, las fuerzas represivas y los grupos económicos que ven en su gobierno un dique de contención contra cualquier cambio estructural, apuesta a que la promesa de elecciones anticipadas funcione como un sedante político. Pero la realidad es que, sin reformas profundas, sin una reconfiguración del sistema de partidos y sin una verdadera democratización del poder, este adelanto no será más que un cambio de actores dentro del mismo teatro de la democracia fallida que el Perú arrastra desde hace años.

Detrás de este simulacro, sin embargo, se esconde un juego aún más perverso: la rearticulación de una seudo izquierda funcional y domesticada totalmente por el establishment, encarnada en figuras como Vladimir Cerrón, quien convivío con los más ruin de nuestra clase política los últimos años, para este seudo líder transformar el país es lo último que le interesa, lo que busca es asegurarse un lugar en la repartija del poder. Cerrón, condenado por corrupción, absuelto de forma sospechosa de uno de sus tantos casos, operando desde las sombras como un actor clave en la política nacional, representa justamente el tipo de «oposición» que el sistema está dispuesto a tolerar: una izquierda desprestigiada, subordinada y que se prestó para consolidar el poder de un fujimorimo ruin y de un acuñismo dispuesto a defender sus privilegios por encima de todos. Su posible postulación en un eventual escenario electoral no es más que la confirmación de que el régimen prefiere una oposición domesticada antes que un verdadero debate sobre el modelo económico y político que ha sumido al Perú en la precariedad institucional.

Esta dinámica no es nueva. La historia reciente del país está plagada de ejemplos en los que la clase política, ante el colapso de su propia credibilidad, recurre a “fórmulas mágicas” para lavar su imagen, sin tocar los núcleos duros del poder. El problema es que, en un contexto de descomposición partidaria como el actual, donde no existen organizaciones políticas sólidas ni programas claros, el nuevo proceso electoral solo profundizará el vacío de representación. Las encuestas ya muestran que la ciudadanía no cree en los partidos tradicionales, pero tampoco en las nuevas figuras que emergen desde la izquierda que la derecha quiere, más por oportunismo que por convicción. En este escenario, el riesgo no es solo la continuidad del mismo círculo vicioso de inestabilidad, sino que, ante la ausencia de alternativas creíbles, se abra paso un discurso autoritario de derecha que capitalice el hartazgo popular.

La verdadera salida a esta crisis no pasa por un simple cambio de fechas electorales, sino por una refundación democrática que incluya, al menos, tres elementos irrenunciables: una Asamblea Constituyente que permita enterrar la herencia autoritaria del fujimorismo aún presente en la Constitución de 1993, una reforma política integral que acabe con el financiamiento opaco de las campañas y la captura del Estado por intereses privados, y la construcción de una izquierda nacionalista que rompa de una vez por todas con el caudillismo y la improvisación para presentar un proyecto creíble de justicia social. Mientras tanto, lo que veremos será un simulacro en el que Dina Boluarte intentará comprar tiempo, Vladimir Cerrón y otros operadores políticos buscarán reposicionarse, y el pueblo seguirá esperando una oportunidad real de cambio. La calle, la movilización organizada y la unidad de las fuerzas democráticas serán claves para evitar que esta farsa se consolide. Porque en el Perú de hoy, la democracia no se reduce a votar cada cierto tiempo, sino a quién controla el poder entre elección y elección. Y hoy, como ayer, ese poder sigue en manos de los mismos de siempre.

Según la PNP-SIDPOL (desde el 07/12/2022 hasta el 28/02/2025): Más de 5 mil denuncias por homicidios y más de 50 mil denuncias por extorsión.

De acuerdo al analista de datos Juan Carlos Carbajal «con o sin «estado de emergencia», y tras una semana de tal medida, persiste la tendencia creciente de homicidios. En el Perú tras 84 días del año 2025, hasta el 24 de marzo, se han registrado 517 homicidios, el cual supera en 18 % lo registrado en el mismo período del año 2024.

El promedio diario anual en lo que va del año 2025 persiste al alza siendo superior a todo el año 2024. El trimestre actual (Ene/Feb/Mar) del año 2025 no sólo supera a los 2 primeros trimestres del año 2024 sino también está camino a superar al tercer trimestre del año 2024 e incluso se acercaría a las cifras del último trimestre del año 2024 (las de mayor registro desde el año 2017 y en pleno «estado de emergencia»).

84 días del año 2025: ningún día con cero homicidios de acuerdo a los registros oficiales del SINADEF al 24 de marzo del 2025.»

No obstante Interior se muestra optimista. Hoy sacó una actualización de detenciones y operativos. 610 operativos, 295 detenidos de los cuales 34 son extranjeros. Esto según datos actualizados del 25 al 26 de marzo de este año.

Queda claro que hasta el momento el Estado peruano juega como nunca y pierde como siempre.

Perú en parte vive una corriente migratoria de flujo sur a norte, es decir de gente que se va de Chile y Argentina. Mientras tanto los números no mienten: de 1,800 presos extranjeros en 2015 se ha pasado a 5 mil en la actualidad de los cuales alrededor de 4 mil son venezolanos. Mientras tanto, Migraciones confirma que 656 extranjeros han sido sancionados este año con la expulsión, pero la ejecución recae en la autoridad policial.

En la mesa de trabajo encabezada por la congresista Rosangella Andrea Barbarán, de la minoría étnica afrodescendiente, se vio el día de hoy la cuestión de la política de expulsión de extranjeros asociados al crimen en el marco de una perspectiva multisectorial focalizado en seguridad. Aquí los número y medidas que se vienen implementando en el control migratorio.

Barbarán desde el comienzo de la sesión dejó claro que el tema a abordar no era un asunto de xenofobia, así como su escepticismo ante los tratados de DDHH que tiene firmado el Perú: “hoy más que nunca el rol del Estado en la gestión de la migración y la seguridad debe ser pensada en el Perú antes que en cualquier tratado”.

“Desde el Ministerio de RREE.EE. reafirmamos nuestro compromiso con una gestión migratoria responsable, ordenada y humana”.  Fueron las palabras del representante de Torre Tagle en la mesa de trabajo. Lo que sorprende es que diga que “reafirman” cuando fueron los responsables de dicha cartera los que en el gobierno de PPK abrieron las puertas del Perú a una ola de inmigrantes, y fue Torre Tagle precisamente la que no se comprometió con una gestión migratoria responsable.

Pero volvamos a la mesa de trabajo.

El representante del ministerio de RREE, embajador Pedro Bravo en su participación expuso que “la política migratoria tiene que adaptarse a las nuevas realidades (…) e incorporar el componente de seguridad dentro de su ejecución”. También refirió mantener una perspectiva neutral frente a los extranjeros.  En coordinación con la superintendencia de migraciones y el Congreso el Ministerio de RREE ha tomado medidas como son la aprobación de la visa de tránsito, así como el lanzamiento de un decreto Legislativo del sistema integrado de gestión migratoria y del riesgo migratorio el cual está en estado auroral.

Esto último permite tener los datos de antecedentes policiales y judiciales para una consulta inmediata de los cónsules ante los solicitantes de visa (cosas tan simples como saber si el aspirante ha sido expulsado anteriormente).

Bravo también remarcó los cambios en los patrones migratorios que según cifras de la matriz de seguimiento de desplazamiento de la OIM, Organización Internacional de migraciones, por la cual al 2024 “presenciamos dinámicas inusuales en los puestos fronterizos (…) En Tumbes puerta de entrada de migrantes tenemos un flujo inverso”. En promedio diario 343 personas salen del Perú frente a los 228 que ingresan a diario.  Es decir, se van más de los que ingresan. En Tacna el dato es otro, son 273 los que ingresan y 173 los que salen. “En Desaguadero se mantiene una cifra ligeramente ascendente. Pero eso se explica por el incremento de tránsito de comercio legal e ilegal”, señaló Bravo.

Respecto a la demográfica estimó que el 78% de los que ingresan son venezolanos, colombianos y haitianos, lo cual evidencia un fenómeno de retorno.  “Están regresando a Perú debido al endurecimiento de las políticas migratorias y a las oportunidades que ofrecemos por nuestra estabilidad macroeconómica”.

El Embajador se mostró un poco optimista por las estadísticas que revelan un mayor promedio de salidas que de ingresos de inmigrantes al Perú. También definió al Perú como un país de una triple condición migratoria: como país de tránsito, destino temporal y de corredor de retorno.

En 2025, la cantidad de extranjeros en Perú es de 1 millón 466 mil de los cuales 1 millón 250 mil son venezolanos esto en cuanto a un número “estimado”.

El escenario con los venezolanos es complejo: 141 mil están en proceso de regularización, 515 mil en situación regular con diferentes tipos de documentos mientras 603 mil se encuentran en situación irregular. Por otra parte, según el embajador Pedro Bravo, “la exclusión social, laboral y económica expone a los migrantes a condiciones de vulnerabilidad extrema que pueden empujarlos hacia actividades ilícitas como único medio de subsistencia”.

En el plano multilateral se rescató los avances que se vienen haciendo junto a Ecuador a través de la comunidad andina, en que Perú y Ecuador lideran mecanismos de ágil intercambio de información de datos así como la próxima creación de un banco andino de datos. “En las próximas semanas una plataforma para compartir información estadística migratoria con Colombia, Chile y Ecuador estará culminada y será lanzada”.

En lo que respecta al tema de seguridad el representante del Ministerio del Interior mencionó que desde 2017 a 2024 el aumento de las denuncias policiales son la principal evidencia de una posible relación directa entre crimen y migración, puesto que las denuncias se duplicaron. A esto se clasificó que son 5 los principales delitos a los clanes se asocian estás denuncias cometidas por extranjeros: robó agravado, hurto agravado, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y extorsión.

A esto se suma que el total de ingresados en 2024 a prisión fue de 14 mil ingresados de los cuales 1006 son extranjeros lo que representa el 7% de ingresos. Estos son de nacionalidad venezolana, colombiana, ecuatoriana y mexicana.

Los expertos del Ministerio de Justicia y RREE coincidían, sin embargo, en lo complejo de determinar una relación causal entre extranjeros y crimen. Llegaron a señalar que no tenían una injerencia mayoritaria en cuanto a delitos complejos sino más bien relacionado a delitos comunes.

Según esto, la tasa de homicidios no ha tenido un cambio drástico, por ejemplo, la tasa de 2022 es similar a 2021 por lo que no se ha establecido una relación directa del crimen de sangre con la inmigración. Las que si tienen relación directa está en el incremento de denuncias policiales.

Además, cabe mencionar que la población penitenciaria de Perú pasó de 1800 extranjeros en prisión en 2015 a más de 5 mil en la actualidad, de los cuales son venezolanos alrededor de 4 mil.

También cabe destacar que en la política de migraciones a partir de la promulgación del Proceso Administrativo Sancionador que entró en vigor el 11 de enero de 2024, fueron 656 los inmigrantes sancionados en el presente año 2025. Sin embargo, los avances de la misma dependen de la policía y que lo ejecute.

Durante la mesa de trabajo se refirieron al aumento de crimen desde 2019. Previamente el incremento era por decimales, pero desde ese año la cifra no ha hecho más que aumentar en un 1% anual.

Finalmente resulta interesante saber que la máxima sanción de migraciones a un extranjero es la expulsión de hasta 15 años, Pero también que la policía ejecute lo mandado por migraciones en los plazos determinados que en teoría son bastante breves y deberían ser rápidos.

Barbarán señaló al término de la mesa técnica la posibilidad de una reunión con los embajadores de Chile y Ecuador para trabajos conjuntos al respecto de la migración (también se preguntó si todavía teníamos relación con Colombia que haría falta para dichas coordinaciones). También mencionó su decepción cuando en una reunión del Grula se quiso introducir el tema de la inmigración ligada a delincuencia pero que está fue frustrada por Cuba, Nicaragua entre otros.

En fin, queda mucho pan por rebanar.

Por Leonardo Serrano Zapata

Los hechos de Condorcanqui y otros casos similares donde ciudadanos que ejercieron la función docente traicionaron su misión educadora para convertirse en predadores de sus estudiantes, merecen sin duda la respuesta más contundente del sistema penal. La publicación con fecha 11 de enero de 2025, respecto de la modificatoria del artículo 49 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, acerca de la destitución docente.

La ley añade disposiciones estrictas, el literal c) la destitución a los docentes “condenados por delitos contra la libertad sexual, delito de apología del terrorismo, delito de terrorismo y sus formas agravadas y delito de tráfico ilícito de drogas”, en primera instancia. La sentencia en primera instancia se convierte así en guillotina administrativa, sin esperar el tránsito a la cosa juzgada, está debe ser susceptible de apelación —que por definición no es firme y puede ser revocada en instancias superiores—.

La destitución se convierte en una llave maestra que cierra, de un solo giro, la puerta de la presunción de inocencia consagrada en el artículo 2, inciso 24, literal e) de la Constitución Política del Perú:  «toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad». Este principio no es una mera formalidad jurídica, sino la piedra angular de un Estado constitucional de derecho.

Lo positivo

En el literal f del artículo 49.2 representa un avance significativo en la protección de estudiantes y comunidad educativa al establecer la imprescriptibilidad de las investigaciones por hostigamiento sexual y otros delitos contra la integridad sexual de los estudiantes. Esta medida garantiza que las instancias descentralizadas (UGEL, DRE o GRE) dispongan del tiempo necesario para llevar a cabo procesos exhaustivos. Sin embargo, para que esta normativa sea verdaderamente efectiva, es fundamental contar con los recursos humanos y económicos adecuados. Las Comisiones Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPADD) deben estar debidamente equipadas y capacitadas para atender este tipo de casos. Asimismo, es necesario establecer procedimientos claros y ágiles que garanticen la celeridad y transparencia de las investigaciones.

Los literales g y h del artículo 49.2, al prohibir que el docente se presente a trabajar bajo los efectos del alcohol y al impedir el uso político de los estudiantes, buscan garantizar la integridad docente y la protección de los estudiantes. Esto se complementa con los incisos d y h, al prohibir la instrumentalización de los estudiantes con fines políticos, de hacerlo ponen en peligro la integridad de los estudiantes.

Lo preocupante

El literal a) del artículo 49.2 ha generado una considerable inquietud, especialmente considerando el antecedente de la huelga docente de 2017. La posibilidad de destitución por no asistir a la evaluación ha llevado a los gremios docentes a convocar a sus bases para discutir esta medida, señalamos que esto podría pasar a ser una agenda en una eventual convocatoria a huelga docente, recordemos que uno de los pliegos de reclamo en el 2017 fue el tema de la evaluación docente. Ante esta situación, es fundamental que el Ministerio de Educación (MINEDU) recuerde que la normativa vigente contempla la posibilidad de que los docentes que no superen la evaluación participen en programas de capacitación para fortalecer sus competencias, antes de ser destituidos automáticamente.

El literal i, respecto a “las inasistencias por tres días consecutivos o cinco discontinuos”, surge la duda sobre la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción de destitución.

Preocupa lo dispuesto en el artículo 49.3, al establecer una sanción de destitución tras la reiteración de ceses temporales, genera una contradicción con lo dispuesto en el Artículo 51. Eliminación de anotaciones de sanción en el Escalafón Magisterial de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Este último artículo garantiza el derecho del docente a solicitar la eliminación de la anotación de una sanción administrativa. Esta contradicción resulta preocupante, ya que limita el derecho al buen nombre y a la rehabilitación administrativa del docente.

Además, según la Resolución Viceministerial Nº 112-2023-MINEDU, el docente puede solicitar la eliminación de una anotación en su escalafón magisterial demostrando «buena conducta», mediante la presentación del Formato de solicitud de informe para la determinación de buena conducta. Esto en el marco del artículo 2, inciso 7 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho “al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias”.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación tuvo 60 días calendario, que se cumplieron el miércoles 12 de marzo de 2025, para ajustar el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial a estas nuevas disposiciones. Este periodo fue clave para despejar dudas y establecer criterios claros para la aplicación de las sanciones, de forma que se minimicen riesgos de abusos o interpretaciones erróneas que puedan afectar tanto a docentes como a estudiantes. A esperar que dispone el despacho del ministro Morgan Quero.

Sin duda, la mandataria Dina Boluarte Zegarra se encuentra muy preocupada debido a los rumores que corren en ‘Pasos Perdidos’ del Congreso, en los cuales se difunde que ya perdió la venia y el apoyo de algunas bancadas que antes lograron ‘sostenerla’ en el poder.

Actualmente, el escenario se muestra diferente y tras la salida del ministro Juan José Santivañez de la cartera del Interior, y en medio de más colaboraciones de testigos protegidos que vienen aportando más elementos de convicción al Ministerio Público, eso sin contar la próxima declaración de su “excompañera” de confianza Patricia Muriano, quien exclusivamente llegará a Perú para declarar ante Fiscalía todo lo que sabe de la presidenta, y que la comprometería seriamente a raíz de las carpetas fiscales sobre casos, como las operaciones estéticas que se realizó en la clínica Cabani, y el presunto trafico de influencias que tras las sombras habría ejercido su hermano Nicanor Boluarte, con su aprobación; no cabe duda, que la situación legal de la jefa de Estado pasaría a un nivel más delicado, sino, critico.

Acompañada de los jefes de ‘entes electorales’

Es casi seguro que la mandataria siguió los consejos de sus asesores cercanos, que más parecen sus enemigos y de pronto brindó un inesperado mensaje a la Nación, en el que antes de tiempo convocó a Elecciones Generales de 2026.

Algo que podría tener una lectura negativa del anuncio de Boluarte Zegarra, en el cual se hizo público que los comicios generales se celebrarán el 12 de abril del próximo año, obedece al hecho de haber convocado para que la acompañen en su “aviso” a los mandamases de los entes electorales. Dina Boluarte, durante su trasmisión en Palacio de Gobierno, estuvo flanqueada por el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Roberto Burneo Bermejo y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) Carmen Velarde Koechlin.

A simple vista, se podría colegir que con ‘tamaña compañía’, la jefa de Estado, pretende mostrar trasparencia y un respeto irrestricto a la institucionalidad; por ello mencionó: “Los peruanos tenemos una cita con la historia y elegiremos a las autoridades en unas elecciones limpias, transparentes y ordenadas”.

Sin embargo, ¿por qué Corvetto, Burneo y Velarde se prestaron a este show palaciego y salieron como escuderos a refrendar con su presencia el anuncio de la mandataria investigada? ¿Acaso se olvidaron de sus roles y creyeron que estaban haciendo la función de ministros?

¿Acaso Dina Boluarte pretende ‘utilizarlos’ como aliados estratégicos para mejorar su imagen? Dicha presunción, no solo sería injustificada, sino antiética e ilegal, considerando que la ONPE, el JNE y la RENIEC, son organismos del Estado constitucionalmente autónomos y que no se encuentran adscritos a ninguna otra entidad, ni Poder del Estado. Ergo, estos altos funcionarios no se deben a la presidenta, ni a nadie, sino a la defensa de la institucionalidad y al ejercicio de la independencia, la transparencia y la imparcialidad, en cualquier decisión que tomen.

Así las cosas, la mandataria, no solo se encontraría temerosa, debido al cerco fiscal que en menos de lo que se piensa, continúa estrechándole su espacio de poder—pese a que desde Palacio sus arlequines denuncian acoso político y periodístico, y pese a que continúan escudándose en el artículo 117° que la reviste de inmunidad —. Sino que, además—como sucede con el “cuy en tómbola”—, ya estaría buscando espacios alternos y liberados para encontrar refugio ¿acaso un asilo? ¿Acaso un intempestivo viaje oficial?, porque no cabe duda que en las próximas semanas su situación presidencial y legal, cobrarán un ‘color de hormiga’.