Un ‘depa’ de ‘300 lucas’. El Ministerio Público informó este viernes que la Quinta Fiscalía Provincial Especializada en Extinción de Dominio de Lima logró obtener la incautación del inmueble del periodista Mauricio Fernandini, ubicado en el distrito de San Isidro y valorizado en S/ 377 000, en el marco de las investigaciones por el ‘Fondo Mivivienda’.

Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía a cargo de la indagación patrimonial, el referido inmueble habría sido utilizado para la comisión de actividades ilícitas vinculadas a la criminalidad organizada, actos de corrupción y lavado de activos.

En una nota de prensa, la Fiscalía explicó que con este tipo de medidas cautelares se pretende asegurar la eficacia del proceso de extinción de dominio hasta que, con la sentencia definitiva a emitirse en el proceso principal, se decida la situación jurídica del inmueble.

Vivienda habría sido el lugar elegido para las reuniones clandestinas

Según la tesis fiscal, esa propiedad fue usada para las reuniones clandestinas en las que Sada Goray pactó y entregó sobornos.

De acuerdo a la investigación, fue el comunicador quien se encargó de hacer el primer contacto con el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, para que este se reúna con la dueña de Marka Group.

Alvarado derivó a Fernandini con Salatiel Marrufo, su jefe de Gabinete de Asesores, para que hiciera las coordinaciones. Así empezaron las gestiones ilícitas.

La empresaria entregó S/5.4 millones a Marrufo a cambio de que Marka Group se adjudique millonarios proyectos inmobiliarios en el sector.

El dinero le sirvió a la empresaria para designar a Pedro Arroyo, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta en el directorio del Fondo Mi Vivienda y así garantizar sus contratos.

El 7 de diciembre de 2022, Marrufo contó al Congreso que parte de ese dinero llegó a manos de Pedro Castillo. Ese día, el exmandatario intentó un golpe de Estado que terminó con su detención.

De esa manera, Mauricio Fernandini pasó nueve meses en prisión preventiva, hasta que en mayo último el Poder Judicial dispuso que afronte la investigación en libertad.

A cambio de la prisión preventiva, el juzgado impuso mandato de comparecencia restringida bajo reglas de conducta; entre ellas, comparecer cada quince días sobre sus actividades ante el juzgado; no ausentarse del lugar de residencia, además de pagar una caución económica de S/ 30 000.

Asimismo, Fernandini se encuentra prohibido de entablar comunicación con otros investigados por el caso, entre ellos la empresaria Sada Goray, el ex ministro Geiner Alvarado; el exjefe del gabinete de asesores del MVCS, Salatiel Marrufo; entre otros.

La bancada Alianza para el Progreso (APP), en sociedad con Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, ha sido relegida y continuará un año más ejerciendo su poder en el Congreso, gracias a los acuerdos que sostuvieron durante los últimos días. El cuestionado Alejandro Soto, le pasó la posta al congresista Eduardo Salhuana que acaba de ser electo como el nuevo presidente del Congreso de la República, seguido de Patricia Juárez, de Fuerza Popular, en la primera vicepresidencia; Waldemar Cerrón, de Perú Libre, en la segunda vicepresidencia, y Alejandro Cavero, de Avanza País, en la tercera vicepresidencia.

Con 96 votos que ya estaban prácticamente “cantados”, el Parlamento eligió a la lista número 1, que despachará en el periodo anual de sesiones, 2024-2025.

En su primer discurso el parlamentario elegido Eduardo Salhuana dijo: “Esta mesa directiva extiende su mano fraterna a todos. Agradezco a mi partido Alianza para el Progreso y a su fundador el ingeniero César Acuña Peralta”.

Fueron dos listas para la Mesa Directiva

Los legisladores Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso y Silvana Robles de la Bancada Socialista disputaron desde ayer la presidencia del Congreso, y se presentaron como líderes de lista N° 1 y 2, respectivamente, para la Mesa Directiva del periodo 2024-2025.

La lista ganadora N° 1, la conformó Salhuana como candidato a la presidencia, seguido de Patricia Juárez, de Fuerza Popular, en la primera vicepresidencia; Waldemar Cerrón, de Perú Libre, en la segunda vicepresidencia, y Alejandro Cavero, de Avanza País, en la tercera vicepresidencia.

Mientras que la lista perdedora de la bancada Socialista, la lideró Silvana Robles Araujo, como candidata a la presidencia; acompañada de Pasión Dávila Atanasio, en la primera vicepresidencia; Jaime Quito Sarmiento, en la segunda vicepresidencia, y Alex Flores Ramírez, en la tercera vicepresidencia.

No cabe la menor duda de que no se vienen realizando esfuerzos por capturar al ideólogo de Perú Libre. El congresista José Balcázar, presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República, reveló ayer que mantiene comunicación telefónica con Vladimir Cerrón, líder del partido del lápiz, quien ha evadido al menos nueve operativos desde que está en la clandestinidad. “Creo que el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, no echarle la culpa a nadie. Desde luego, también la Policía”, declaró.

Durante una transmisión en vivo ante las cámaras deCanal N, el parlamentario afirmó que, si marcara en ese momento, Cerrón le contestaría. “No me comunico siempre con él, pero me llama. No hay ningún problema en comunicarse. El problema es que la Policía no lo llama”, agregó.

Balcázar también confirmó que el fugitivo mantiene su número telefónico habitual y sugirió que las autoridades podrían contactarlo si lo desearan. “Ellos también tienen el número original del señor Cerrón […] Lo dejo a la imaginación periodística, que es muy buena”, dijo antes de retirarse entre risas.

Se trata del primer parlamentario que admite abiertamente una conexión con el líder de Perú Libre, quien lleva más de 300 días prófugo de la justicia luego de ser condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el Caso Aeródromo Wanka.

“Yo tenía mucha amistad con Perú Libre. Cuando formé mi bancada fue con la anuencia de ellos, en el mejor momento que estaba el partido, no cuando estaba en bajada. Como mi bancada cerró, […] me parece lo más lógico volver al partido de Vladimir Cerrón. […] Somos muy amigos”, agregó Balcázar.

El dato:

El legislador, hasta ahora miembro de la bancada de Perú Bicentenario —una formación constituida por integrantes de Perú Libre— desató una ola de repudio el año pasado durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil, donde defendió que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”.

La Contraloría de la República alertó que el concesionario del Proyecto Vías Nuevas de Lima cobró irregularmente más de 8 millones a sus usuarios, a través de su empresa encargada del Sistema de Cobro Electrónico denominado ‘E-pass’. 

Y es que los montos adicionales a la tarifa del peaje llegaron a un total de S/ 8 151 804 en el periodo diciembre de 2015 a febrero 2024, incumpliendo con el contrato de concesión. 

El Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Mejoramiento, Conservación, Operación y Explotación del proyecto Vías Nuevas de Lima determinó que los gastos relacionados al equipamiento electrónico para el cobro de peaje y todos los costos de operación son responsabilidad del concesionario y serán cubiertos con la recaudación de la tarifa. 

El organismo a cargo de César Enrique Aguilar expuso lo alertado tras la emisión del Informe de Auditoria de Cumplimiento N.º 14979-2024-CG/APP-AC en el que también identificaron a los presuntos responsables. 

La comisión auditora identificó la presunta responsabilidad civil de 8 funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), así como la presunta responsabilidad administrativa de una exfuncionaria de la MML.

Esto tuvo como fundamento en que la alcaldía fue advertida por Invermet sobre los cobros indebidos en 2016, sin embargo, se hizo de oídos sordos y no tomó acciones concretas que desembocaron en 9 años de desembolsos injustos, pese a que la comuna está obligada a administrar el contrato de concesión. 

Sumado a ello la Contraloría también avisó sobre el hecho a través de su Informe de Hito de Control N.° 1582-2019-CG/APP-SCC, emitido en julio de 2019. 

Perjuicio económico

El informe de control determinó que la municipalidad dejó de percibir un monto estimado de S/ 71 882 582 por concepto de pago por derecho de la concesión, el cual está sometido a la culminación de las obras obligatorias por parte del contratista en los tramos Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé. 

No obstante, los proyectos no fueron culminados porque el municipio no cumplió con la entrega de terrenos y liberación de las interferencias en las áreas de la concesión. 

Asimismo, el cabildo dio vía libre a 17 ampliaciones de plazo para ejecución de obras obligatorias donde los exfuncionarios suscribieron actas de acuerdo, estableciendo plazos sin sustento para la entrega de los terrenos, el cual mantiene el incumplimiento hasta la fecha. 

Entre rejas por un buen tiempo. El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de organización criminal en el caso Valquiria.

El juez Raúl Justiniano también dictó similar medida contra el abogado José Castillo Alva y el empresario Giancarlo Valer Enciso, quienes se encuentran comprendidos dentro de caso.

El magistrado dispuso que estos tres investigados sean recluidos en un penal que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde deberán cumplir esta medida restrictiva de prisión preventiva por 36 meses, la cual tomando en cuenta el momento de su detención el 23 de abril del 2 024 durante el operativo denominado ‘Valquiria VI’ vencerá el 22 de abril del 2027.

No, obstante el juez Justiniano Romero rechazó el requerimiento fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el exgerente del Ministerio Público, José Luis Palomino Quesada, y dispuso su inmediata libertad a fin de que afronte esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones sujeto a reglas de conducta y el pago de una caución económica de 5 000 soles.

El magistrado también ordenó que sea puesto en libertad el capitán de la Policía Nacional, Jorge Rodríguez Menacho, a fin de que la continuación de la audiencia en la que se evaluará el requerimiento fiscal de 36 meses de prisión preventiva en su contra se lleve a cabo el 30 de julio a las 5:00 p. m. en la sede de la Corte Superior Nacional, en el Cercado de Lima.

Al término de la audiencia en la que se dio a conocer este fallo, el fiscal Julio Ormeño del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder expresó su conformidad con lo resuelto respecto a los 36 meses de prisión preventiva dictada contra Miguel Angel Girao, José Castillo Alva y Giancarlo Valer, pero indico que apelará la comparecencia con restricciones que se impuso a José Palomino Quesada.

En tanto, los abogados de los tres investigados para quienes se dictó prisión preventiva informaron que apelarán el fallo para que la instancia superior revise la medida restrictiva dictada contra sus patrocinados a fin de que se emita una decisión final al respecto.

¡Atentado contra la libertad de prensa! Los tiempos serán distintos, pero las modalidades nunca cambian. Cuando un gobierno o un personaje cercano al poder se encuentra incómodo ante la constante investigación de los periodistas lo que suele acostumbrarse en esos gobiernos autoritarios es elaborar toda una red de miedo y confusión. El prófugo Vladimir Cerrón, líder y fundador de Perú Libre se encuentra tan cómodo en su escondite pues sabe que nadie verdaderamente lo está buscando ni tiene la menor intención de hacerlo, y aquellos que lo hagan recibirán amenazas y mensajes atemorizantes; todo, presuntamente, con la venia de la mismísima presidenta Dina Boluarte.

Fue la propia casa televisiva donde trabaja el periodista Iván Escudero quien diera la terrible noticia del secuestro al paso de su progenitora. Los hechos ocurrieron ayer jueves en Huaraz cuando dos sujetos con el rostro cubierto sustrajeron a la madre del reportero, obligándola a subirse de manera rauda a una camioneta.

Según un comunicado difundido por Panamericana Televisión, “durante su cautiverio, la víctima recibió intimidaciones de distinta índole y, a través suyo, amenazas” contra el periodista, quien investiga al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde hace casi 300 días, cuando fue condenado a prisión por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

“Luego de varios minutos de angustia, [la víctima] fue liberada en un lugar alejado de dicha ciudad. Este repudiable y cobarde acto delictivo se produce luego que, hace unos días, nuestro reportero recibiera mensajes anónimos y fotografías de un seguimiento a su persona y a sus familiares más cercanos”, se lee en el comunicado.

Periodista ya había denuncia un reglaje en su contra

Hace unos días, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) había denunciado que Escudero fue víctima de reglaje por su investigación contra el político prófugo. “El pasado 12 de julio, un desconocido ingresó al edificio donde vive y le dejó un sobre con dos fotografías: una del reportero saliendo del canal de televisión y otra de un familiar cercano”, señaló el gremio.

Escudero, quien había expuesto previamente las amenazas de Cerrón a altos mandos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para evitar que lo capturen, declaró que el seguimiento en su contra es una represalia por las investigaciones que viene realizando.

“Escudero denunció el hecho ante la comisaría del distrito limeño de Pueblo Libre. IPYS condena los hechos intimidatorios contra Escudero para buscar silenciarlo y exige a las autoridades la inmediata identificación del sujeto que dejó las fotografías al periodista, con el fin de dar con los responsables”, apuntó el pronunciamiento.

Como es de costumbre, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, constantemente, enaltece y destaca la figura de la presidenta de la República, Dina Boluarte.  Esta vez, ha remarcado el compromiso constante y articulado entre los diferentes niveles de gobierno para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En declaraciones a la prensa, Pérez de Cuellar anunció que, bajo el liderazgo de la presidenta, se han logrado avances significativos en el cierre de brechas en agua y saneamiento.

Afirmó, que en tan solo un año y medio, se ha disminuido la brecha de agua y saneamiento en casi un cinco por ciento. También remarcó que seguirán trabajando “a pesar del ruido político, los problemas y las críticas” de manera “honesta, responsable y profesional”.

“Estamos afinando los últimos detalles (del mensaje a la Nación), y ella (la presidenta Dina Boluarte), como la Constitución lo manda, estará el 28 de julio en el Congreso para el discurso presidencial (…) Hará anuncios importantes”, respondió ante los medios, este jueves 25 de julio.

Asimismo, como es habitual, no quiso hablar de las investigaciones fiscales en curso por el ‘caso Rolex’, que involucra a la mandataria y prefirió no ahondar en detalles.

Dijo que los anuncios en el ‘Mensaje a la Nación’ serán importantes

Por otro lado, se discutió en profundidad el discurso que la presidenta Boluarte dará el próximo 28 de julio en el Congreso, el cual ha sido objeto de ajustes y revisiones por parte del Consejo de Ministros. Además, aseguró que la mandataria brindará “anuncios importantes”. 

Fuera de toda comprensión. En mayo de 2022, dos menores de 12 y 13 años fueron agredidos sexualmente mientras regresaban a sus casas en Tarapoto, en la Región San Martín. Los atacantes, identificados poco después como Lincer Murrieta Torres y Jeyfer Satalaya Tuanama, fueron denunciados por las familias de las víctimas por tocamientos indebidos y violación, iniciándose así un proceso judicial que ha generado gran controversia debido a su inusitada demora.

El caso llegó al Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Martín, donde se emitió un auto de apertura de juicio oral para el 1 de septiembre de 2037. Esta decisión provocó indignación, ya que implicaba esperar más de 13 años para el inicio del juicio, cuando las víctimas tendrían 25 y 26 años.

Al respecto, el presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, el Dr. Walter Francisco Ángeles, expresó su rechazo a la decisión de los jueces que prolongaron la fecha del juicio alegando una alta carga procesal.

Ángeles comunicó el caso al órgano de control disciplinario para que se evalúen y sancionen las actuaciones de estos magistrados. Además, destacó que la programación del juicio para el 2037 representa una afrenta a las víctimas y a la sociedad en su conjunto, demandando una urgente reevaluación del calendario judicial.

Rectifican fecha de audiencia

Ante el escándalo desatado, los jueces responsables de la resolución decidieron revertir su decisión, reprogramando el inicio del juicio para el 5 de diciembre de 2024 a las 08:00 a.m. Este cambio de fecha busca paliar en parte el daño ocasionado a las víctimas, quienes han sufrido no solo por el abuso, sino también por las dilaciones en la administración de justicia.

El 5 de diciembre de 2024, Lincer Murrieta Torres y Jeyfer Satalaya Tuanama deberán comparecer ante el Poder Judicial para responder por las graves acusaciones de abuso sexual contra los menores. La expectativa es que, a través de este procedimiento, se logre una resolución justa y se repare en alguna medida el enorme perjuicio causado a los afectados y a la comunidad.