Por Rafael Romero

El cariño del pueblo va increscendo para dos líderes, cuyo apellido coincidentemente empieza con la letra “B”, de bonhomía, bondad y bienestar. Se trata de Ricardo Belmont y Daniel Barragán, presidente y secretario general, respectivamente, del Partido Cívico Obras.

Muchos coincidimos en la necesidad de devolverle el alma al Perú, de renovar el espíritu nacional y creemos en la urgencia de dotar a nuestra patria de los valores morales que, lamentablemente, a causa de malas personas y advenedizos metidos de “políticos” se vienen difuminando a una velocidad que solo potencia a la corrupción, el caos, la violencia y la delincuencia común u organizada.

Ricardo tiene la experiencia y sabiduría ganada al fragor de mil y una batallas, mientras que Daniel tiene juventud y un excelso patriotismo, pero ambos poseen la madurez necesaria bajo el común denominador de haberse dirigido -y se siguen dirigiendo- al ciudadano peruano con el objetivo de edificarlo. Ambos han usado -y usan- los micrófonos promoviendo el positivismo, el carácter espartano y el liderazgo en provecho de sus audiencias.

Así, mientras Ricardo lo hacía desde “Habla el Pueblo”, por citar uno de sus múltiples programas de radio y televisión, Daniel lo hacía frente a los auditorios donde presentaba (y presenta) sus conferencias motivacionales, sus talleres de liderazgo y de desarrollo personal.

Esa sana coincidencia y cariño por el prójimo es una de las claves del PCO, y la otra clave es la unidad monolítica partidaria, trasmitiendo esas fortalezas a las regiones del país premunidos de una nueva “filosofía de vida” y de una “filosofía política” refundacional de la República. A su vez, esa experiencia y juventud constituye una garantía en otros dos niveles.

El primer nivel tiene que ver con el crecimiento y fortalecimiento del PCO, haciendo Daniel Barragán la metáfora con el bambú japonés, y donde esas raíces profundas con el pueblo es el secreto de su victoria a diferencia de los vientres de alquiler donde ya se pelean los candidatos a la presidencia invitados y los dueños de esos clubes electorales.

En el segundo nivel, se trata de la garantía para llevar al Estado a los mejores ciudadanos, reconociendo que la política es para políticos de verdad y no para advenedizos. Los hechos y la historia reciente demuestran que no todos los “PhD, doctorados, maestrías y los togados” son buenos políticos, pues muchos de ellos en los últimos treinta años resultaron comprometidos en graves casos de corrupción.

Si de liderazgo se trata, el mejor título de un político es el de ser el mejor estudiante, el mejor agricultor, el mejor obrero, el mejor emprendedor, profesor, dirigente sindical, etc., pues al final Luis Bedoya Reyes siempre tuvo razón cuando dijo “los técnicos se alquilan” porque, lamentablemente, estos, salvo honrosas excepciones, están arruinando al Perú, al ser los que elaboran las normas, las directivas y la letra chiquita con el fin perverso de beneficiarse en medio de los vericuetos burocráticos, la corrupción y la impunidad (ahí están el Gas de Camisea y Odebrecht con los peajes, por citar dos casos).

En ese sentido, con sabiduría, experiencia, juventud y madurez la “Dupla de Oro”, Ricardo y Daniel, tienen la gran misión de buscar a los mejores entre los peruanos que residen en nuestra patria y en el exterior para que asuman el gran reto de refundar la República, bajo un urgente reseteo de la administración pública para poner orden y devolverle a las nuevas generaciones un futuro promisorio, con paz, desarrollo, justicia, salud, trabajo y cultura.

Por Jorge Paredes Terry

El REINFO cambió las reglas del juego: miles de mineros cholos hoy son empresarios, sus hijos van a la universidad y en el 2026 llevarán su voz al Congreso. La oligarquía quiere volver a los tiempos de la mita colonial, pero los pueblos mineros han dicho ¡NO! Esta es la historia de una transformación imparable.

La historia se repite, pero esta vez con un final diferente. Durante siglos, los dueños del Perú nos vieron como simples mitayos, como esos indígenas explotados que morían en las minas de Potosí para enriquecer a las grandes monarquías parásitas europeas. Hoy, gracias a la lucha organizada y al REINFO, esa realidad está cambiando. Por primera vez, los mineros artesanales y pequeños productores han logrado salir de la pobreza, han formalizado sus operaciones y están construyendo un futuro digno para sus familias.  

Este despertar no ha sido gratuito. La oligarquía limeña y sus socios extranjeros han respondido con toda su artillería: medios de comunicación mintiendo, leyes diseñadas para asfixiar al pequeño minero, y hasta balas para quienes osan defender sus derechos. Pero hay algo que no calcularon: el pueblo minero ya no está solo, ya no tiene miedo, y lo más importante, ya tiene conciencia de su poder.  

El 2026 marcará un punto de inflexión. En las comunidades mineras ya se escuchan los nombres de los futuros congresistas: hombres y mujeres que conocen el sudor de la mina, que han vivido la represión, que saben lo que es ver cómo se llevan la riqueza mientras dejan miseria. No serán los típicos políticos limeños con corbata y discursos vacíos. Serán líderes auténticos, formados en la lucha diaria, que llevarán al hemiciclo el olor a tierra y mineral que tanto odia la oligarquía.  

Esta revolución no es solo económica, es cultural y política. Los hijos de los mineros ya no quieren ser peones, quieren ser ingenieros, empresarios, congresistas. Las mujeres mineras ya no aceptan ser invisibles, hoy son dirigentes que toman decisiones. Las comunidades ya no creen en promesas, exigen participación real en las ganancias.  

El mensaje es claro: no somos la mano de obra barata del siglo XXI. Somos los herederos de una tierra rica que por fin está en manos de sus verdaderos dueños. Las balas no detendrán este proceso, las mentiras no confundirán a quienes han abierto los ojos, y las trampas legales no frenarán la ola de cambio que viene.  

En el 2026, cuando los primeros representantes mineros lleguen al Congreso, brillarán como el oro no por su valor monetario, sino por representar la esperanza de un país que decidió dejar de ser colonia. Esta vez, la plata y el oro no irán a enriquecer a otros, servirán para construir escuelas, hospitales y fábricas en nuestras propias tierras.  

La mita colonial terminó. La esclavitud minera del siglo XXI también está por acabarse. Los pueblos mineros han despertado y no hay vuelta atrás. ¡Que tiemble la oligarquía, la revolución minera popular ya comenzó!

Pedro Pablo Kuczynski, conocido popularmente como PPK, se pavonea hoy, gracias a una ley del Congreso de la República (Ley 32130) aprobada en 2024, con la libertad de salir del país cuando le plazca, sin ninguna restricción procesal que lo retenga. Este sujeto, que durante años engatusó a la nación con su fachada de erudito formado en Princeton University, no es más que un símbolo de la decadencia política y moral del Perú. Su paso por la política nacional no ha sido más que un recorrido para satisfacer oscuros apetitos crematísticos, disfrazados de tecnocracia y savoir-faire económico.

Su opaca historia, lejos de ser la de un estadista exitoso, está marcada por decisiones que favorecieron descaradamente intereses extranjeros en detrimento de la soberanía peruana. Desde su controvertida gestión en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en 1968, donde autorizó, sin la debida autorización ministerial, la transferencia de 17 millones de dólares a la International Petroleum Company (IPC), a pesar de la nacionalización decretada por el régimen de Velasco Alvarado, PPK dejó claro que su prioridad nunca fue el Perú, sino sus conexiones internacionales y la protección de capitales foráneos.

Su fuga apresurada y cobarde del país tras el golpe militar de 1968, refugiándose en la embajada estadounidense y fugándose hacia EE.UU., marcó para siempre la dimensión de su oscuro compromiso con el Perú, por demás nulo. Y regresó en los años ochenta para incorporarse a la política peruana, siendo acogido nuevamente por Fernando Belaúnde que lo erigió como ministro de Energía y Minas; no para redimirse, sino para tejer una carrera política plagada de escándalos, denuncias y una ominosa política migratoria que ha desangrado la seguridad del país.

Durante su breve gobierno, PPK abrió deliberadamente las puertas del Perú a la avalancha migratoria venezolana, implementando el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que facilitó la entrada masiva de ciudadanos venezolanos, entre ellos un número alarmante de delincuentes que ahora engrosan las filas de la inseguridad nacional. En un país con un sistema de justicia débil y penitenciario colapsado, la irresponsabilidad de PPK en esta materia no es solo política, sino criminal. No cabe duda que siempre despreció al Perú, porque gracias a su traición ingresaron más organizaciones criminales internacionales como el «Tren de Aragua», una red venezolana que sembró el terror en el país, con la extorsión, el proxenetismo y el sicariato.

Recordemos que, en su mensaje a la Nación del 28 de julio de 2017, PPK dijo: “¡Todos los venezolanos son bienvenidos a este país democrático!” y a los pocos meses, en una entrevista con la televisora estatal, afirmó: “Hermanos venezolanos, bienvenidos al Perú; vengan aquí y les pagaremos los sueldos de ley”.

Pero la lista negra de PPK no termina ahí. Está su indulto a Alberto Fujimori, otorgado bajo sospechosas condiciones políticas y en un momento crucial para su permanencia en el poder, vendiendo así una parte de su alma a Kenji Fujimori. Está también el ocultamiento de millones en paraísos fiscales, con la creación de empresas offshore mientras ejercía cargos públicos, evidenciando su doble moral y su cercanía con la corrupción.

El colmo de la burla es que, luego de estar bajo medidas restrictivas por investigaciones vinculadas a Odebrecht y lavado de activos, gracias a la ley del Congreso que limita las comparecencias con restricciones a 36 meses, PPK quedó libre para salir del país, arriesgándose a una fuga que sería la confirmación final de su desprecio por la justicia y el país, al que siempre lo vio como una mina de oro. Mientras otros peruanos luchan por sobrevivir a un sistema judicial ineficaz y corrupto, este abominable norteamericano, se pasea con total impunidad.

Para colmo, PPK contó con la complicidad de medios y periodistas que, con cinismo, le dieron media training para que su imagen de “mandatario culto” se mantuviera intacta ante la opinión pública. Personajes mediáticos como Rosa María Palacios, Gustavo Gorriti y Cecilia Valenzuela le dieron media training, lo prepararon para debates y le sirvieron como escudo frente a una ciudadanía que merecía transparencia y ética, no un espectáculo calculado y vacío. Incluso, una conductora del ‘prime time’ de Willax todavía hoy se jacta, con orgullo apenas disimulado, de que PPK asistió a su boda.

Cómo olvidar que lo coronaron como “presidente de lujo” apenas puso un pie en Palacio, no por su visión de país —que nunca tuvo—, sino porque sabía tocar la flauta traversa y era primo de Jean-Luc Godard. Como si la música de cámara y el parentesco con un cineasta francés fueran credenciales de estadista. Así, su desastroso gobierno fue celebrado por una corte de aduladores y oportunistas que no buscaban otra cosa que una silla cerca del poder.

Este abominable personaje que ha disfrutado de privilegios y de un blindaje mediático envidiable, representa todo lo que el Perú no necesita: la traición a su pueblo, el favorecimiento a intereses foráneos y la impunidad para quienes deberían responder ante la ley. PPK no es solo un expresidente inmoral; es un traidor a la patria peruana que lo acogió de joven. Y peor aún, es un enemigo silencioso que se pasea libremente, dejando una herida abierta en la democracia peruana.

Que nadie olvide: mientras el Perú lucha por justicia y seguridad, PPK puede hoy fugarse del país y dejar atrás la justicia nacional. Este es el legado de un individuo que, con máscaras de erudición y tecnocracia, terminó convirtiéndose en el peor enemigo del Perú.

Por Tino Santander Joo

Sí, porque todavía no hemos resuelto el conflicto indo-hispano en nuestro subconsciente. Paradójicamente, sobrevaloramos al Perú en muchos aspectos, lo que evidencia un etnocentrismo que refleja nuestros complejos de identidad. La historiadora Cecilia Méndez ilustra este conflicto latente en su magistral artículo “Incas Sí, indios No”. Mientras el nacionalismo criollo exaltaba al incario para obtener beneficios económicos, marginaba y explotaba cruelmente a los campesinos indígenas en sus haciendas. Así, en el Perú contemporáneo, exaltamos el Tahuantinsuyo, pero a la vez despreciamos culturalmente a los cholos de los conos, a los serranos y a los chunchos de la Amazonía.

Esta contradicción se refleja en nuestro orgullo por la geografía y la cultura milenaria del país, pero también en una sensación de inferioridad, ya que muchos todavía cargan con la “mancha” india, mestiza y chola, que la mayoría quisiera borrar. Como resultado, somos un país hemipléjico, una república a medias y una democracia de papel. El Estado de derecho es una ficción, y la clase política, corrupta, está al servicio de los intereses de los grupos de poder económico. Esta situación avergüenza a millones de peruanos, quienes buscan emigrar del país, amparados en la inseguridad y la falta de oportunidades.

La degradación cultural también se manifiesta en las encuestas, que muestran que la mayoría se avergüenza del Congreso, del Gobierno y de los medios de comunicación. Surge entonces la pregunta: ¿por qué odiamos tanto a los congresistas, políticos, medios, a la CONFIEP y a los banqueros? ¿Será que son como nosotros, “pendejos”, “achorados” y “rosquetes”, como se dice en las calles del Cusco? La corrupción, la degradación, la informalidad y la pobreza conviven con nosotros, pero no hacemos nada, o simplemente no nos interesa, o nos hemos acostumbrado a ese modo de vida.

Aquí surge otra cuestión: ¿realmente nos avergonzamos de ser peruanos, o es solo una pose de las clases medias altas esnobistas? Estas clases parecen ser de izquierda por las mañanas, cuando hay humedad en Miraflores y San Isidro, pero por las noches terminan aplaudiendo a Vizcarra o al político de turno que sea “políticamente correcto”. Así, la vergüenza de ser peruanos se convierte en un síntoma de la pequeña burguesía que no acepta la “choledad” del peruano, sus maneras de pensar, sentir y actuar. No toleran su vulgaridad, su “achoramiento” huachafo, ni su música, que consideran carente de armonía. Nada que ver con el Perú formal y blanco, que se moviliza en burbujas tribales. Es ese Perú el que quiere un barra brava como Phillip Butters de presidente, alguien que “patee” a los cholos insurrectos. Buscan un líder monotemático que cuente chistes y promueva el circo, siempre y cuando no afecte los intereses del oligopolio bancario y del monopolio farmacéutico; mientras tanto, todo está muy bien.

La burguesía, por su parte, no quiere hacer la revolución ni tomar el poder directamente; son los “rosquetes” que se esconden detrás de matones o militares que defiendan sus intereses. Compran los medios de comunicación tradicionales y los utilizan como voceros institucionales de sus empresas. Son incapaces de conducir al país, pues no tienen un proyecto de patria; solo buscan enriquecerse haciendo de la política un vil negociado. Las clases medias, a diferencia de la derecha peruana, no se avergüenzan del Perú, pero son indiferentes a sus dramas.

En contraste, están los cholos, el pueblo, los comuneros andinos y amazónicos, los estudiantes, los emprendedores y las mujeres de las organizaciones sociales y femeninas. Ellos, en las fiestas patrias, marchan con orgullo en los desfiles cívicos que conmemoran la independencia del Perú. No sienten vergüenza los cholos; son otros quienes se avergüenzan del Perú, aquellos que no reconocen que son mestizos, que el Perú nació con España y que sigue siendo un reto pendiente, un país que merece una revolución social que sacuda sus cimientos y nos encamine hacia la libertad y el verdadero Estado de derecho. Los cholos somos, y seguiremos siendo, orgullosamente peruanos.

Por Rafael Romero Vásquez

En calidad de primicia accedimos a la Casación N° 18558-2024 evacuada por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que falló en materia de un Procedimiento Administrativo realizado en la Cancillería, declarando “IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público Adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito del 02 de mayo de 2024, contra la sentencia de vista del 14 de marzo de 2024, emitida por la Novena Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima”.

Ese recurso de casación lo presentó el citado procurador público contra la sentencia del 14 de marzo del 2024 emitida por la Novena Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia apelada del 20 de setiembre del 2023, que declaró fundada en parte la demanda del embajador Fortunato Quesada interpuesta en la vía contenciosa administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución Ministerial N° 0791-2018-RE, que declaró infundado el recurso de apelación presentado contra la Resolución Vice Ministerial N° 0373-2018-RE y así se deje sin efecto la sanción administrativa disciplinaria de destitución que se le impuso por los cargos de maltrato laboral, falsificación de un documento oficial y haberse ausentado sin permiso por un período de dos días; y, reformándolo, peticionó que disponga la sanción de suspensión por un período no mayor de 12 meses.

En cuanto atañe a la Cancillería, esta propuso como causas de su recurso la inobservancia de la garantía constitucional de carácter procesal a la tutela jurisdiccional efectiva establecida en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política, señalando que se vulneró su derecho al contradictorio y la tutela jurisdiccional efectiva, en cuanto el Colegiado Superior no consideró ni analizó los agravios expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia del A quo. Igualmente, agregó que se afectó su derecho a la igualdad sustancial en el proceso, pues la Sala se pronunció sobre situaciones jurídicas que no han sido materia de controversia y actuación probatoria, afectándose además su derecho a probar.

También argumentó la inobservancia de una norma legal de carácter procesal sancionada con la nulidad, con supuesta infracción al principio de congruencia procesal establecido en el inciso 4) del artículo 122° del Código Procesal Civil, argumentando que se emitió la sentencia de vista sin pronunciarse sobre los agravios formulados en la apelación. Además, sostuvo la Cancillería que se valoraron hechos que no son objeto de la controversia y que se amparó una pretensión no contenida en la demanda; y dizque no se valoró de manera conjunta los medios probatorios actuados que obran en el expediente administrativo disciplinario, con las cuales se acredita la legalidad del procedimiento y de las resoluciones que sancionaron con la destitución al demandante. También manifestó una supuesta ilogicidad de la motivación de la sentencia de vista, indicando que la Sala superior erró en su razonamiento, violentando las reglas de la lógica, afectando su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en cuanto inobservó el principio de congruencia procesal entre las pretensiones de la demanda y lo decidido.

No obstante, la Corte Suprema, analizado lo reseñado en los párrafos precedentes, evidenció que el procurador de la Cancillería presentó una argumentación muy genérica, como si se tratara de un recurso de apelación, verificándose que, lo que en el fondo se pretende es que, el Colegiado Supremo efectúe una revaloración de pruebas, así como un nuevo estudio de cuestiones fácticas ya analizadas por la segunda instancia, a fin de que se asuma por válida la tesis postulada; lo cual resulta ajena a los fines casatorios, cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de este Tribunal al debate de cuestiones eminentemente jurídicas que incidan en el sentido de la resolución recurrida.

En consecuencia, para la Corte Suprema lo propuesto en el recurso de casación por el procurador público de la Cancillería carece manifiestamente de fundamento, por lo que incurre en el motivo de improcedencia establecido en el artículo 393.2.a del CРС. Por tanto, en el escenario jurídico, vuelve a ganar por goleada el embajador Fortunato Quesada Seminario, tal como ocurrió en la sentencia recaída en el Exp. N° 05382-2019 (Resolución N° 22), evacuada el 20 de setiembre del 2023 por el Décimo Séptimo Juzgado de Trabajo Transitorio (Sub Especialidad Contencioso administrativo), lo que constituye una noticia importante para el derecho y la justicia, particularmente en materia del principio de licitud y del derecho de la prueba.

De manera que no cabe duda de que es una victoria del ciudadano Fortunato Quesada, embajador del Perú en Israel el año 2018, frente a la destitución de la cual fue objeto tras un complot que se consumó con la firma de Néstor Popilizio en su Resolución Ministerial N° 0791-2018-RE del 28 de diciembre del 2018; como también se consumó con la Resolución Vice Ministerial N° 0373-2018-RE, firmada por Hugo de Zela, siendo ambos documentos hoy declarados nulos por la citada sentencia y la Casación.

En otras palabras, siendo ya el demandante el embajador Fortunato Quesada y la demandada la Cancillería, la administración de justicia del Perú abre un camino para que, más temprano que tarde, dicho accionante sea restituido en el último cargo que desempeñaba antes de ser víctima de un complot corroborado con pruebas irrefutables surgidas del propio procedimiento administrativo llevado a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, máxime cuando han aparecido nuevos hechos, revelados y documentados por el chef que laboró en la residencia de la embajada del Perú en Israel, el señor Jesús Alvarado, hechos expuestos por él valientemente en el programa “Habla el Pueblo”, del 8 de agosto y del 18 de setiembre del 2023, evidenciando que sus protagonistas de esa conspiración fueron Rubín, Boza, Popolizio y De Zela. El caso es que se trató de una conspiración que atentó contra los derechos fundamentales, la dignidad humana, la carrera profesional, los derechos laborales y el proyecto de vida del ciudadano Quesada.

Así, el Poder Judicial nuevamente da la razón a dicho ciudadano, razón negada o soslayada en su momento por cancilleres como Óscar Maurtua, Meza Cuadra, Wagner, Landa, Ana Gervasi, etc. Es decir, después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, y el viceministro De Zela botaron del servicio diplomático al embajador Fortunato Quesada, todos los demás cancilleres han creído en lo que Popolizio y De Zela han dicho sobre el caso.

Por lo demás, resultón un agravante que el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, pudiendo declarar fundado el recurso de apelación del embajador Quesada no lo haya hecho y con su Resolución Ministerial N° 0791-2018-RE, del 28 de diciembre del 2018, solo ha expuesto ante los fueros del Poder Judicial una situación vergonzosa de algunos funcionarios de la diplomacia peruana. No obstante, la justicia acaba de declarar nula dicha resolución como también la Resolución Vice Ministerial N° 0373-2018-RE, firmada por De Zela, documentos perversos mediante los cuales se cortó la carrera del embajador Quesada.

Tras siete años de litigio, se abre el camino de la restitución del embajador Quesada en el servicio diplomático, quien se enfrenta a una argolla que atenta contra la ética en la función pública y la calidad en el servicio que brinda la Cancillería. Hoy tampoco nadie puede dudar que el entonces ministro consejero Pedro Rubín en Tel Aviv, tal como se demuestra en el proceso administrativo que se le siguió, actuó obedeciendo instrucciones de altos funcionarios de la Cancillería que despachan desde Lima.

Pero, lo escandaloso del caso es que los responsables del complot fueron premiados con cargos diplomáticos de mayor nivel pero, por su parte, la Suprema ratifica el fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que sentenció en segunda instancia la nulidad de la resolución administrativa firmada por Néstor Popolizio -excanciller de Martín Vizcarra- y la nulidad de la resolución viceministerial rubricada por Hugo de Zela, mediante las cuales se retiró de la carrera diplomática al embajador Quesada.

Ahora, con la Casación N° 18558-2024, ganó la justicia y la verdad contra una conspiración, al haberse vulnerado el debido proceso contra el citado diplomático. En otras palabras, debería la Fiscalía profundizar las investigaciones sobre una supuesta organización perversa desde donde supuestamente Popolizio, Rubin, De Zela, y el fallecido José Boza, habrían premeditado y realizado actos que lindarían con tipos penales para vulnerar los derechos laborales y humanos del diplomático Quesada, y probablemente de otros funcionarios bajo la misma modalidad de la conspiración.

Finalmente, si hubo un complot y actos ilícitos para armar una trama, con el agravante de que se organizaron desde el seno de la Cancillería, en Lima, y que se teledirigieron los ataques hasta Tel Aviv, entonces, ¿no debería haber una sanción administrativa y/o penal para los responsables de una maniobra que generó daños y perjuicios no solo contra un diplomático de carrera como Quesada sino también contra la propia imagen y prestigio internacionales del Perú?

Conocimos a JRR en el Queirolo del jirón Quilca, era fines de los ochenta, y el poeta había entrado en un trance de iluminación y alejamiento de la realidad. La poesía lo había poseído por completo. Sus cabellos desordenados, su saco lustroso y sus ojos detrás de sus lentes gruesos parecía que solo querían ver hacia adentro. Cóncavo o convexo, él ya estaba “más allá del bien y del mal”. Nietzsche dixit.

Pero JRR todavía iba a los recitales de poesía y estuvo en la Biblioteca Nacional cuando Carlos Oliva leyó un poema sobre Lima en 1991. Sentado al fondo disfrutaba en silencio de cada verso y cuando se le preguntaba si quería participar de una lectura, simplemente no aceptaba. Atrás había quedado su manifiesto Palabras Urgentes escrito al alimón con Jorge Pimentel y sus libros Un par de vueltas por la realidad, Vida Perpetua y Las Armas Molidas. Tres fabulosos libros que intentaba cubrir el tiempo que le tocó vivir en esta Tierra.

Recuerdo un día que apareció asustado y diciendo que en un viaje que tuvo a Chiclayo se le había extraviado un texto que venía escribiendo y me pidió que lo ayudara a buscar, pegando carteles para localizar esos poemas que viajaron en un taxi.

Uno de sus poemas más conocidos es el Júbilo: “Atención, éste es el júbilo, éste es el júbilo/huyendo del silencio, viene, viene, se queda,/limpia, éste es el júbilo, el silencio le huye./Elfina tu decías no, pero está conmigo/tómalo en mis ojos, en mis manos. Elfina/deja la tarde en la calle, avisa y que vengan,/(…) éste es el júbilo,/éste es el júbilo, reconócelo Elfina, éste es el júbilo.”

JRR partió a la eternidad en junio del 2007, un ómnibus lo atropelló y fue enterrado como NN y así estuvo durante ocho meses. Sus amigos lo buscaron por aire, mar y tierra. Las redes rebotaban sus fotos y nadie daba razón de lo que había sucedido con el vate hasta que apareció en el cementerio Parque Eterno de Huanchaco.

En 2016, el profesor de la universidad de Hawái, Zachary Payne, me propuso editar en España las Óperas Primas de Hora Zero, ahí incluiríamos el primer libro de JRR bajo el auspicio de la editorial Amargord junto a los también primeros textos de Enrique Verástegui y Jorge Pimentel. Esta triantología sería todo un éxito en el país de García Lorca.

Por: Marisol Verónica Giordano Silva.

Todos los profesores del país deben tener muy claro los preceptos constitucionales en materia de educación nacional. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1993 es una copia incompleta de la Carta Fundamental de 1979, no obstante, en esencia debemos tener presente que las normas sobre educación están enmarcadas dentro del “Título I de la persona y la sociedad” y están redactadas después del “Capítulo I derechos fundamentales de la persona”.

Por tanto, los que somos profesores estamos frente al derecho humano de educar y de ser educado. Recordemos que el Artículo 1° de la Constitución textualmente dice: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Aún más, el Artículo 2° dice: “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.

Y así, con ese tono y esa lógica, se abre el camino de artículos y enunciados sobre los derechos a la igualdad, a la libertad, a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto, mucho más cuando la Carta Magna dice que “El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión” (Art. 2, Numeral 8).

El tema educativo viene dentro del Capítulo II de los Derechos Sociales y Económicos”, donde el Artículo 4° prescribe que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad (…)”.

Así es como al lado de los derechos de la salud y la seguridad social, (artículos 11 y 12, respectivamente), aparecen los conceptos de la educación en el Artículo 13°, señalando lo siguiente: “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo”.

Empiezan los contenidos sobre la educación desde el artículo 13, y son en total siete, hasta el 19, los artículos concretamente dedicados a la educación (inicial, primaria, secundaria y superior).

El Artículo 14° señala: “La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural”.

Por su parte, el Artículo 15° prescribe: “El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico. Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley”.

El Artículo 16° nos refiere lo siguiente: “Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República”.

Mientras que el Artículo 17° dice: “La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa.

El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional”.

En cuanto al Artículo 18°, tenemos el nivel superior de la educación, y la norma dice: “La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.

Finalmente, el séptimo artículo dedicado a la educación en la Constitución Política es el 19°, que a la letra dice: “Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes. Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley. La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios. Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta”.

En conclusión, bajo estas líneas generales y preceptos claves, los decentes debemos enmarcar nuestra capacitación, conocimiento y experiencia diaria al frente de la pedagogía y el trabajo de aula, con el objetivo de que las instituciones educativas brinden un servicio de calidad al prójimo, en especial cuando este es el niño y el adolescente que son el futuro de la patria. Son artículos constitucionales muy importantes, pero a veces las cosas de tan sabidas se olvidan. Gracias por llegar hasta aquí y hasta una próxima oportunidad.

El Congreso de la República aprobó, sin mayor resistencia, la denominada “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal” (Foncomún). La norma eleva de 2% a 4% la asignación del Impuesto General a las Ventas (IGV) para el Foncomún, es decir, el doble de recursos para las municipalidades del país, muchas de las cuales apenas logran ejecutar el presupuesto que ya tienen.

Impulsada por el congresista Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, la ley se presenta con el discurso de “fortalecer la descentralización fiscal” y de mejorar la capacidad de los gobiernos locales para financiar inversiones en salud, educación, saneamiento o seguridad. Sin embargo, los datos son claros: las municipalidades, en promedio, no ejecutan más del 63% de su presupuesto anual. La falta de cuadros técnicos, planificación y transparencia son el pan de cada día en muchos municipios.

Con esta ley, el Congreso entregará más de 2 mil millones de soles adicionales, una cifra que aumentará progresivamente hasta llegar a cerca de 9 mil millones en 2029. En otras palabras, por cada S/ 18 recaudados en IGV, S/ 4 irán directamente a más de 1,800 municipalidades y centros poblados, bajo la bandera de una descentralización que, en la práctica, ha sido terreno fértil para la ineficiencia y la corrupción.

La norma fue respaldada con entusiasmo por diversas bancadas y asociaciones como la AMPE y REMURPE, y promovida desde hace meses con reuniones sostenidas con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de las filas de Alianza para el Progreso (APP). Todo en nombre de una supuesta equidad fiscal. Pero la pregunta es inevitable: ¿equidad para quién? ¿Para alcaldes que no logran gastar ni el dinero que ya tienen? ¿O para clientelas políticas que se alimentan de estas “inyecciones” millonarias en años electorales?

A pesar de sus implicancias fiscales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) —que debería haber sido un muro de contención técnica— avaló la norma. Su titular, Raúl Pérez-Reyes, inexplicablemente apoyó la medida. Incluso el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ya anunció que el Ejecutivo promulgará la autógrafa “a la mayor brevedad posible”. La pregunta cae por su peso: ¿por qué tanta urgencia?

“La autógrafa será publicada lo antes posible, porque por encima de todo, están los peruanos que necesitan obras”, dijo Arana desde Huancayo. Una retórica vacía si se considera que muchas de esas municipalidades apenas consiguen licitar correctamente una obra menor sin escándalos o adendas millonarias.

En teoría, la ley contempla ciertos filtros. Para acceder al incremento, los municipios deberán haber ejecutado el 100% del presupuesto anterior, y el dinero deberá destinarse exclusivamente a obras. Nada de consultorías externas, dice la norma. Pero en un país donde los sistemas de control fallan sistemáticamente, ¿alguien cree que esos candados serán respetados? ¿quién fiscalizará el libre uso de los nuevos y millonarios recursos que tendrán las municipalidades?

Peor aún, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero igual lo hizo. Y el Gobierno de Dina Boluarte, en una peligrosa confabulación, apoya sin reparos. ¿Coincidencia que esta millonaria asignación se haga justo cuando se acercan las elecciones generales y municipales? Pareciera que el verdadero objetivo no es descentralizar, sino llenar las arcas locales para asegurar campañas reeleccionistas y alianzas subnacionales.

Una vez más, el Congreso y el Ejecutivo entregan plata como cancha. Y el país, otra vez, lo pagará.