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LA MESA TRIPARTITA, ONGs FEMINISTAS y ESTERILIZACIONES FORZADAS

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En agosto de 1997 se constituyó la “Mesa Tripartita” integrada por sectores del Estado, entre ellos el  Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, PROMUDEH, la Secretaría de Cooperación Técnica Internacional, el Instituto de Estadística e Informática, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. También hicieron parte las agencias de cooperación internacional USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas), OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la Unión Europea, y, por último, ONGs feministas, organizaciones de control natal y universidades peruanas: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, Red Nacional de Promoción de la Mujer, REDESS-Jóvenes, Pontificia Universidad Católica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de Estudios de Población de la Universidad Cayetano Heredia, APROPRO e INPPARES (1).

Su objetivo era realizar el seguimiento para que se cumplieran los compromisos adquiridos por parte del gobierno peruano del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo llevada a cabo en El Cairo en 1994, es decir, monitorear y evaluar todo lo referente a la “salud reproductiva” y “planificación familiar” entre otros puntos.

La Mesa Tripartita se constituyó en “un espacio de trabajo conjunto y de coordinación”(2) y de intercambio de información entre sus componentes, así, todos los participante se mantenían al tanto del avance y desarrollo del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR del gobierno.

Cuando se instaló la Mesa Tripartita había transcurrido más de un año de denuncias sobre casos de esterilizaciones forzadas a las que estaban siendo sometidas miles de mujeres en los “Festivales de ligaduras de trompas” del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación familiar.

A pesar de esta grave situación de violencia ejercida desde el Estado contra la mujer, la indiferencia e impasibilidad fueron los signos característicos de la Mesa Tripartita. No era sorprendente, pues la mayor parte de sus componentes participaban activamente en el programa gubernamental. Pero el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, las dos principales ONGs feministas que hacían parte de la Mesa Tripartita y que se presentaban como defensoras de los derechos de la mujer peruana ¿por qué callaron esta situación?

¿Ignoraban acaso las intenciones del régimen cuando Alberto Fujimori viajó personalmente a Beijing y pronunció un discurso de apariencia “progresista” y “feminista” en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995? En su discurso, Fujimori había prometido llevar a cabo “una estrategia integral de planificación familiar como parte de una política de desarrollo social y de lucha contra la pobreza” (3) proporcionando la información y los servicios necesarios a tal efecto, una estrategia integral donde “las mujeres puedan tener a su disposición con plena autonomía y libertad, las herramientas necesarias para tomar decisiones sobre sus propias vidas(4).

Pero, ¿se podía dar credibilidad al discurso de un presidente que meses antes había promulgado una ley de amnistía para proteger con un manto de impunidad a los militares del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte culpable de múltiples ejecuciones extrajudiciales?

Lo cierto es que esta parte del movimiento feminista peruano hacia finales de los ochenta había pasado de las calles a las oficinas del Estado y de las Agencias de Cooperación Internacional. Este sector oenegizado del feminismo cobró mucha mayor fuerza e importancia, con mayores fondos y recursos que los colectivos autónomos.

Si bien la Iglesia Católica peruana ha estado siempre opuesta a los programas de control de la natalidad del gobierno que incluyeran métodos anticonceptivos “artificiales”, así como al aborto, tenemos que reconocer que fueron justamente miembros de la Iglesia quienes prestaron atención a los testimonios de mujeres que denunciaban desde mediados de 1996 lo que también comenzó a aparecer en la prensa peruana de ese entonces, es decir, el desarrollo de campañas de esterilizaciones forzadas a lo largo y ancho del territorio peruano. Hay que reconocer también aquí la labor infatigable de la periodista Julia María Urrunaga, la importante investigación de la activista feminista Giulia Tamayo, y las denuncias hechas por la dirigente de la Federación de la Mujer Campesina de Anta, Hilaria Supa, en esos primeros tiempos.

En enero de 1998, Joseph Rees, jefe de asesores del Subcomité del Congreso Norteamericano sobre Operaciones Internacionales y Derechos Humanos, fue enviado al Perú, donde se entrevistó con representantes del sector Salud, de la Iglesia, ONGs feministas y de Derechos Humanos por las innumerables denuncias que recaían sobre el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR del régimen de Fujimori.

Rees declaró en una entrevista a un diario local que “El Subcomité tiene la responsabilidad de fiscalizar los programas de planificación familiar financiados por los Estados Unidos. El programa de planificación familiar de USAID en el Perú es el más grande de su clase en este hemisferio” (5). Afirmó también que había un “consenso de que existen abusos contra las mujeres, metas para esterilizaciones”(6).

Ante la pregunta sobre las denuncias hechas por las campesinas acerca de la relación existente entre el Programa de Asistencia Alimentaria para Niños Desnutridos PANFAR y las campañas de ligaduras de trompas, Joseph Rees respondió que “en pueblos alejados, ambos programas son administrados en la posta médica y a veces es la misma persona quien hace las dos cosas”(7).

Aunque aceptó la existencia de metas y la aplicación de esterilizaciones, Rees defendió el rol de USAID en el programa del gobierno peruano: “tengo la seguridad que USAID no financia intencionalmente campañas de esterilización” (8). Rees finalizó la entrevista señalando que en su informe “sugerirá que se marque públicamente la distancia con las campañas de esterilización” (9).

En realidad las verdaderas intenciones de USAID ya se venían plasmando desde finales de los años 80 a través de sus primeros programas pilotos con ONGs de control natal en el Perú, programas centrados principalmente en AQVs (10)  y  DIUs o T de Cobre, cuando la esterilización aún no había sido legalizada en el Perú.  Ya con Fujimori en el poder, desde los primeros años de su mandato, el proceso de capacitación en técnicas de AQV y las Ferias de Ligaduras de Trompas “casa por casa” (11) se desarrollaron como objetivo prioritario, con el financiamiento de USAID, con quien el Ministerio de Salud tenía reuniones mensuales.

Un mes después de la entrevista, Avelina Sánchez Nolberto y Victoria Vigo, dos mujeres esterilizadas, y el médico ayacuchano Héctor Chávez Chuchón, presentaron sus testimonios ante el Congreso Estadounidense.

Días antes de la presentación en Washington, cuando se esperaban los testimonios acusatorios ante el pleno del Congreso, Mark Schneider, jefe de USAID para América latina y el Caribe, “anunció que el gobierno peruano le había comunicado oficialmente que descontinuaría las campañas de ligadura de trompas y vasectomías” (12).

Esta primera partida la ganó definitivamente el grupo conservador republicano estadounidense, del que hacía parte el patrón de Rees, Christopher Smith, ferviente militante anti-abortista; aunque esto no impidió que Marino Costa Bauer, ministro de Salud de ese entonces, respondiera enfáticamente que las campañas de planificación familiar no se descontinuarían y que, por el contrario, seguirían desarrollándose.

Lo cierto es que cuando el “Gran Jefe” Rees llegó al Perú, la tierra tembló. La sacudida hizo que las ONGs feministas Centro de la Mujer Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos y varias otras organizaciones, a través de una carta abierta, pidieran cuentas al gobierno peruano sobre “las irregularidades” (13) en las “acciones de AQV” sin denunciar directamente el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR, es decir, la política gubernamental.  También PRISMA, otra ONG del entorno USAID, que dirigía el programa PANFAR, señaló que abriría una investigación. La Defensoría del Pueblo, financiada desde su creación por USAID, dio visto bueno al informe que se estaba efectuando sobre los casos de esterilizaciones forzadas. Hechos todos que muestran la importancia que tuvo la llegada de Rees al Perú, pero lo significativo fue ver que las dos principales ONGs feministas, el Centro de la Mujer Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos, a pesar de las claras evidencias sobre las campañas de esterilizaciones forzadas, nunca abandonaron la Mesa Tripartita.

Aún en 1999 cuando las esterilizaciones desbordaban y hacían agua por todos lados, la Mesa Tripartita manifestó a través de un comunicado que, a pesar de las múltiples denuncias de “la supuesta aplicación en el Perú de un programa de esterilización masivo de carácter coercitivo”, concluían que estas obedecían a una ‘información errónea” y “no se ajustaba a la realidad” (14).

El millonario proyecto REPROSALUD del Movimiento Manuela Ramos, financiado por USAID con 25 millones de dólares, y el financiamiento por parte de la Fundación Ford, USAID, la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre otras más del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, parece que tuvieron mayor relevancia que la defensa de los derechos de las mujeres que tanto preconizaban defender.

Por ello, exigir actualmente responsabilidades y justicia en el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú, pasa también por pedir cuentas a este sector del feminismo, aliados del fujimorismo.

Aquí el documental La cicatriz de Paulina.

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 (1) Persistencia de la Memoria, Feminismo y estado en el Perú de los 90, Maruja    Barrig.

(2) La Conferencia de El Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva, Susana Galdos Silva.

(3) Discurso del Presidente de la República del Perú Alberto Fujimori en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing China 1995.

(4) Ibíd.

(5) Entrevista a Joseph Rees,  Julia María Urrunaga, Diario El Comercio 1 de febrero de 1998.

(6) Ibíd.

(7) Ibíd.

(8) Ibíd.

(9) Ibíd.

(10) AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria) es el término técnico constantemente cambiante para definir las ligaduras de trompas. En épocas de Alan García se empleó el término PQRR (Prevención Quirúrgica del Riesgo Reproductivo)

(11) Salud Reproductiva. Ministerio de Salud.

(12) Diario El Comercio, 26 de febrero de 1998.

(13) Carta Abierta a  Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la República, 18 de febrero 1998

(14) Diario El Comercio, 19 de enero de 1999.

Manuel Legarda es artista visual y cineasta. Realizador del documental La cicatriz de Paulina, que recoge los testimonios de mujeres esterilizadas en los años 90. Seleccionado en diferentes festivales internacionales, obtuvo la Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Político en Buenos Aires-Argentina y ganó el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cinéma Péruvien de Paris.

http://lacicatrizdepaulina.blogspot.com

http://manuel-legarda.blogspot.com

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Manuel Legarda. Nacido en Lima. Es cineasta y artista plástico. Vive y trabaja en La Chaux-de-Fonds (Suiza). Estudio en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en Lima, y en la Escuela de Artes Visuales, Ginebra - Suiza.

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Anuncian cacerolazo en el cumpleaños de presidenta Dina Boluarte

Debido a la aversión que ha generado no solo el desgobierno de Boluarte Zegarra, sino, la actitud de no querer responder ante la ciudadanía, a través de las redes sociales, los usuarios anunciaron que realizarán la manifestación el viernes 31 de mayo a las 21:00 horas, el mismo día del onomástico de la mandataria.

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Más allá de la casi nula aprobación que hoy tiene la presidenta de la República Dina Boluarte, debido a los cuestionamientos conocidos durante su primer año y medio de mandato, por los escándalos de corrupción, por el ‘caso Rolex’ y por las contrataciones irregulares infestadas en toda su administración, que serían patrocinadas por su hermanísimo Nicanor Boluarte, han conllevado a que la población, sienta una aversión colectiva; sobre todo, si los propios ministros de Estado vienen orquestando una campaña de protección y blindaje hacia la mandataria.

Es por ello, que, a través de las redes sociales, se ha anunciado un cacerolazo en contra de la presidenta de la República y también del Congreso, por tomar una acción casi cómplice con el gobierno.

La manifestación se realizará este viernes 31 de mayo a las 21:00 horas. Esta fecha coincide con el día del cumpleaños de la presidenta, quien cumplirá 62 años

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Centro Comercial Parque Cánepa será administrado por la municipalidad de La Victoria

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, anunció que el emporio del C. C. Parque Cánepa será administrado por su municipio cuando culmine el contrato de concesión con la empresa Construcciones Listo S. A. C. a partir del próximo 21 de julio de 2024.

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El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, informó que la comuna que lidera administrará en lo sucesivo el Centro Comercial Parque Cánepa, tras la finalización del contrato de concesión vigente.

Para el alcalde Canepa se había vuelto un negocio inmobiliario

El alcalde se pronunció sobre el término de la concesión del C. C. Parque Cánepa con la empresa ‘Construcciones Listos S. A. C’ y aseguró que la propia municipalidad tomará las riendas de la administración del negocio, a partir del próximo 21 de julio de 2024.

“No vamos a concesionar a ninguna empresa. La municipalidad va a administrar Parque Cánepa. Esto se ha vuelto un negocio inmobiliario y no quieren soltar la ‘mamadera”’, afirmó Rubén Cano durante una ceremonia ofrecida en el palacio municipal de La Victoria.

También destacó que el dinero obtenido por el alquiler de los más de 350 stands del centro comercial será invertido en obras para el mejoramiento urbano del distrito victoriano, como en la construcción de pistas, veredas, áreas verdes y cámaras de seguridad. Sin embargo, la intervención de la Municipalidad de La Victoria en la futura administración del C. C. Parque Cánepa ha generado polémica en los vecinos del distrito, dividiendo a los empresarios y a los ciudadanos.

Por un lado, los vecinos apoyan la decisión de la Municipalidad, debido a que los impuestos cobrados a los antiguos concesionarios del emporio comercial no se han visto reflejados en recursos para la localidad en todos estos años.

“Nosotros venimos a respaldar al alcalde, porque ya son como 30 años que la constructora tiene el Parque Cánepa y no hay recursos. Los impuestos no han sumado al distrito para hacer obras”, admitió un ciudadano a Canal N.

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Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admite denuncia constitucional contra ‘Mochasueldos’ Rosío Torres

El grupo de trabajo liderado por Lady Camones admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía contra la congresista ‘Mochasueldos’ por el presunto delito de concusión.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso del Parlamento aprobó por unanimidad con 11 votos a favor, admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la legisladora por Loreto Rosío Torres, por el caso ‘Mochasueldos’.

El grupo de trabajo parlamentario admitió a trámite la denuncia contra la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) por el presunto delito de concusión.

De acuerdo a la denuncia constitucional 456°, “La congresista habría doblegado la voluntad de sus trabajadores, tanto de su despacho como del personal de confianza de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando ejerció la presidencia de la misma”.

Dicha denuncia sindica a la parlamentaria de haber obligado a sus trabajadores de entregar un monto fijo de sus salarios mensuales; así como, cualquier bono extraordinario.

“Se obligó a los trabajadores de la denunciada para que entreguen un monto fijo de sus remuneraciones mensuales y que adicionalmente entreguen cualquier bono extraordinario”, se lee en el documento.

Hay que precisar que la denuncia cumplió con todos los requisitos establecidos en los literales a) y c) del artículo 89° del Reglamento del Congreso y por tanto, se admitió a trámite por ser procedente y se acumula con las denuncias 361 y 370, por investigar hechos similares.

Como se recuerda, Rosío Torres habría obligado a que sus trabajadores del despacho parlamentario le depositen una parte de sus sueldos a su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra. A raíz de ello, el 1 de marzo del 2024, la Fiscalía presentó ante el Congreso, dos denuncias constitucionales contra las congresistas Rosío Torres Salinas y Heidy Juárez Calle, por el caso ‘Mochasueldos’.

En ese sentido, el Poder Judicial (PJ) el 8 de marzo declaró fundado el requerimiento para levantar el secreto bancario de la congresista Rosío Torres. La medida la tomó el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley.

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Fiscalía allana oficina de Darwin Espinoza

Darwin Espinoza Vargas es cuestionado e investigado por usar los recursos de su despacho congresal para formar su partido político ‘Movimiento Regional Adelante Áncash’.

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La mañana de este miércoles 29 de mayo, la Fiscalía ha realizado un allanamiento a la oficina del congresista de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, ubicada en la sede ‘Fernando Belaunde Terry’ del jirón Huallaga, en el centro histórico de Lima.

Esta nueva diligencia se da en el marco de las investigaciones por el presunto uso de recursos públicos del Parlamento para que el congresista organice su partido político con miras a las elecciones generales del 2026 y en el que, a través de un reportaje se evidenció que los trabajadores de su despacho congresal realizaban actividades ajenas a su función en la región Ancash.

Dos camionetas del Ministerio Público llegaron al edificio congresal, e intervinieron la oficina del parlamentario quien está seriamente cuestionado e investigado de forma preliminar por usar irregularmente los recursos públicos del Estado.

Hace más de un mes la Fiscalía realizó diligencias en la oficina de Darwin Espinoza

Cabe recordar que el pasado 16 de abril, un equipo de fiscales ya había realizado una diligencia de constatación en la oficina del congresista Darwin Espinoza, acusado de utilizar recursos del Parlamento y al personal de su despacho para promover la inscripción de su propio partido: ‘Movimiento Regional Adelante Áncash’.

En aquella ocasión, Los fiscales llegaron alrededor de las 09:00 a.m. a la oficina del cuestionado legislador en el edificio Fernando Belaunde Terry.

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Junta Nacional de Justicia mediante resolución oficializó destitución de Patricia Benavides

Las hermanas Benavides Vargas no van más. El fallo resolutivo de la máxima judicatura, señala que ambas serían partícipes de actos ilícitos.

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha publicado la Resolución N° 089-2024-PLENO_JNJ, que oficializa la destitución de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas y de su hermana, la exjueza Emma Benavides Vargas, ambas sancionadas por faltas muy graves. 

El último jueves 23 de mayo, se dio el fallo, e indican que ambas hermanas serían partícipes de actos ilícitos y se ordenó la cancelación de sus títulos y la inscripción de la destitución en sus registros personales; es decir, se registrará en la nómina nacional de sanciones contra servidores civiles, administrada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. También se dispuso enviar un oficio a los titulares del Poder Judicial y Fiscalía de la Nación.

El documento incluye considerandos y fundamentos detallados en más de cien folios, no solo sobre Patricia Benavides Vargas, sino también sobre su hermana Emma Benavides Vargas y la exfiscal, Azucena Inés Solari Escobedo.

Resolución de la Junta Nacional de Justicia.

Se declara infundados varios aspectos de la defensa de Patricia Benavides, como la nulidad del informe de instrucción y la inexistencia de causa probable. Este fallo decisivo concluye con la destitución de Patricia Benavides Vargas de su cargo por interferencia en la investigación seguida a su hermana Enma y por dar un trato degradante a la exfiscal Bersabeth Revilla Corrales. 

Asimismo, el fallo ordena la destitución de Emma Benavides Vargas por su actuación como juez superior y por mentir a la ciudadanía sobre sus antecedentes disciplinarios.

Además, Azucena Inés Solari Escobedo también es destituida por su falta de independencia e imparcialidad como fiscal suprema provincial. 

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Fiscalía abrió investigación preliminar contra las hermanas Patricia y Enma Benavides

La indagación se realiza por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.

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La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, inició una investigación preliminar contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, su hermana Emma Benavides y los jueces Bacilio Cueva, María Vidal y Jacqueline Tarrillo.

La indagación se realiza por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.

El Ministerio Público informó que los hechos materia de investigación giran en torno al presunto favorecimiento a la ex fiscal de la Nación, Benavides Vargas, en el proceso de amparo que inició ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima contra la Junta Nacional de Justicia.

Comunicado del Ministerio Público.

Mediante un comunicado difundido este martes 28 de mayo por el Ministerio Público, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos es la instancia que ha iniciado esta nueva etapa en la diligencias contra la exfiscal suprema.

Asimismo, la Fiscalía recuerda que Patricia Benavides es señalada junto a su hermana Enma Benavides por la presunta comisión de los delitos de cohecho activos específico y cohecho pasivo específico.

“Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos informa que ha iniciado investigación preliminar contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y los jueces Bacilio Luciano Cueva Chauca, Enma Rosaura Benavides Vargas, María Delfina Vidal La Rosa y Jacqueline Tarrillo Meneses por la presunta comisión de los delitos de cohecho activos específico y cohecho pasivo específico”, se lee en el mencionado documento.

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Tío y sobrino de Jackeline Salazar mantuvieron contacto con los secuestradores

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, indicó que la policía ha encontrado una serie de vinculaciones, tanto de carácter presencial y telefónico, entre los parientes de la propietaria del gimnasio Soulfit y los responsables del acto criminal.

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Luego de que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieran la tarde de ayer en la funeraria San Martín S.R.L., en la avenida Honorio Delgado, en el distrito de San Martín de Porres, a Jesús Santos Victorio Acuña (56) y Jesús Abraham Victorio Vallejos (24), padre e hijo; es decir, el tío y primo político, respectivamente de Jackeline Salazar, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Ángulo, dio más detalles sobre la intervención, realizada por el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), a los parientes de la empresaria.

Jackeline Salazar tras ser liberada, acudiendo a dar su manifestación. foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

La respuesta de Víctor Zanabria sobre los parientes de Jackeline Salazar

El general Zanabria, mencionó que la Policía Nacional del Perú ha encontrado una serie de vinculaciones, tanto de carácter presencial y telefónico, entre los familiares de la propietaria del gimnasio Soulfit y los responsables del acto criminal.

Ante ello, el director de la Policía pone en evidencia la vinculación del tío y del primo de la empresaria, con algunos de los integrantes de la organización criminal que la mantuvieron secuestrada por 11 días.

Para Víctor Zanabria, estos enlaces y vinculaciones han sido elementos de convicción para que el Ministerio Público pueda solicitar la detención respectiva. «Acá hubo un manejo de informaciones con la finalidad de atemorizar a la familia», concluyó.

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Poder Judicial rechaza apelación de Pedro Castillo para archivar investigación por ‘organización criminal’

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia para archivar la investigación en contra del expresidente, por la que se encuentra cumpliendo 36 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

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El Poder Judicial, a través de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó su decisión de desestimar un recurso presentado por la defensa técnica del expresidente Pedro Castillo, con el cual pretendía archivar la investigación en su contra, por el presunto delito de ‘organización criminal’.

“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara firme la resolución que declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción para archivar investigación por organización criminal contra el expresidente Pedro Castillo Terrones”, se lee en comunicado del Poder Judicial en su red social.

Así lo determinó el tribunal supremo, que preside el magistrado César San Martín Castro, por desistimiento de recurso de apelación por parte de la defensa técnica de Castillo Terrones, que ahora está a cargo de William Paco Castillo, exabogado de Alberto Fujimori.

Por su parte, el defensor Paco Castillo desistió en su intento de anular el proceso por el presunto delito de organización criminal, recurso que había sido presentado previamente por la defensa legal de Castillo.

“Hemos decidido en nuestra visión técnico jurídica desistirnos del recurso de apelación por cuanto lo que resuelva no resulta para nuestra estrategia legal relevante”, indicó.

Expresidente Castillo y su abogado defensor en audiencia por acusación por presunta organización criminal. Crédito: Justicia TV.

El recurso de improcedencia de acción buscaba el archivamiento de la investigación preparatoria que se le sigue al expresidente, por el presunto delito de organización criminal, relacionado con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

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