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LA MESA TRIPARTITA, ONGs FEMINISTAS y ESTERILIZACIONES FORZADAS

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En agosto de 1997 se constituyó la “Mesa Tripartita” integrada por sectores del Estado, entre ellos el  Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, PROMUDEH, la Secretaría de Cooperación Técnica Internacional, el Instituto de Estadística e Informática, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. También hicieron parte las agencias de cooperación internacional USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas), OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la Unión Europea, y, por último, ONGs feministas, organizaciones de control natal y universidades peruanas: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, Red Nacional de Promoción de la Mujer, REDESS-Jóvenes, Pontificia Universidad Católica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de Estudios de Población de la Universidad Cayetano Heredia, APROPRO e INPPARES (1).

Su objetivo era realizar el seguimiento para que se cumplieran los compromisos adquiridos por parte del gobierno peruano del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo llevada a cabo en El Cairo en 1994, es decir, monitorear y evaluar todo lo referente a la “salud reproductiva” y “planificación familiar” entre otros puntos.

La Mesa Tripartita se constituyó en “un espacio de trabajo conjunto y de coordinación”(2) y de intercambio de información entre sus componentes, así, todos los participante se mantenían al tanto del avance y desarrollo del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR del gobierno.

Cuando se instaló la Mesa Tripartita había transcurrido más de un año de denuncias sobre casos de esterilizaciones forzadas a las que estaban siendo sometidas miles de mujeres en los “Festivales de ligaduras de trompas” del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación familiar.

A pesar de esta grave situación de violencia ejercida desde el Estado contra la mujer, la indiferencia e impasibilidad fueron los signos característicos de la Mesa Tripartita. No era sorprendente, pues la mayor parte de sus componentes participaban activamente en el programa gubernamental. Pero el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, las dos principales ONGs feministas que hacían parte de la Mesa Tripartita y que se presentaban como defensoras de los derechos de la mujer peruana ¿por qué callaron esta situación?

¿Ignoraban acaso las intenciones del régimen cuando Alberto Fujimori viajó personalmente a Beijing y pronunció un discurso de apariencia “progresista” y “feminista” en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995? En su discurso, Fujimori había prometido llevar a cabo “una estrategia integral de planificación familiar como parte de una política de desarrollo social y de lucha contra la pobreza” (3) proporcionando la información y los servicios necesarios a tal efecto, una estrategia integral donde “las mujeres puedan tener a su disposición con plena autonomía y libertad, las herramientas necesarias para tomar decisiones sobre sus propias vidas(4).

Pero, ¿se podía dar credibilidad al discurso de un presidente que meses antes había promulgado una ley de amnistía para proteger con un manto de impunidad a los militares del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte culpable de múltiples ejecuciones extrajudiciales?

Lo cierto es que esta parte del movimiento feminista peruano hacia finales de los ochenta había pasado de las calles a las oficinas del Estado y de las Agencias de Cooperación Internacional. Este sector oenegizado del feminismo cobró mucha mayor fuerza e importancia, con mayores fondos y recursos que los colectivos autónomos.

Si bien la Iglesia Católica peruana ha estado siempre opuesta a los programas de control de la natalidad del gobierno que incluyeran métodos anticonceptivos “artificiales”, así como al aborto, tenemos que reconocer que fueron justamente miembros de la Iglesia quienes prestaron atención a los testimonios de mujeres que denunciaban desde mediados de 1996 lo que también comenzó a aparecer en la prensa peruana de ese entonces, es decir, el desarrollo de campañas de esterilizaciones forzadas a lo largo y ancho del territorio peruano. Hay que reconocer también aquí la labor infatigable de la periodista Julia María Urrunaga, la importante investigación de la activista feminista Giulia Tamayo, y las denuncias hechas por la dirigente de la Federación de la Mujer Campesina de Anta, Hilaria Supa, en esos primeros tiempos.

En enero de 1998, Joseph Rees, jefe de asesores del Subcomité del Congreso Norteamericano sobre Operaciones Internacionales y Derechos Humanos, fue enviado al Perú, donde se entrevistó con representantes del sector Salud, de la Iglesia, ONGs feministas y de Derechos Humanos por las innumerables denuncias que recaían sobre el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR del régimen de Fujimori.

Rees declaró en una entrevista a un diario local que “El Subcomité tiene la responsabilidad de fiscalizar los programas de planificación familiar financiados por los Estados Unidos. El programa de planificación familiar de USAID en el Perú es el más grande de su clase en este hemisferio” (5). Afirmó también que había un “consenso de que existen abusos contra las mujeres, metas para esterilizaciones”(6).

Ante la pregunta sobre las denuncias hechas por las campesinas acerca de la relación existente entre el Programa de Asistencia Alimentaria para Niños Desnutridos PANFAR y las campañas de ligaduras de trompas, Joseph Rees respondió que “en pueblos alejados, ambos programas son administrados en la posta médica y a veces es la misma persona quien hace las dos cosas”(7).

Aunque aceptó la existencia de metas y la aplicación de esterilizaciones, Rees defendió el rol de USAID en el programa del gobierno peruano: “tengo la seguridad que USAID no financia intencionalmente campañas de esterilización” (8). Rees finalizó la entrevista señalando que en su informe “sugerirá que se marque públicamente la distancia con las campañas de esterilización” (9).

En realidad las verdaderas intenciones de USAID ya se venían plasmando desde finales de los años 80 a través de sus primeros programas pilotos con ONGs de control natal en el Perú, programas centrados principalmente en AQVs (10)  y  DIUs o T de Cobre, cuando la esterilización aún no había sido legalizada en el Perú.  Ya con Fujimori en el poder, desde los primeros años de su mandato, el proceso de capacitación en técnicas de AQV y las Ferias de Ligaduras de Trompas “casa por casa” (11) se desarrollaron como objetivo prioritario, con el financiamiento de USAID, con quien el Ministerio de Salud tenía reuniones mensuales.

Un mes después de la entrevista, Avelina Sánchez Nolberto y Victoria Vigo, dos mujeres esterilizadas, y el médico ayacuchano Héctor Chávez Chuchón, presentaron sus testimonios ante el Congreso Estadounidense.

Días antes de la presentación en Washington, cuando se esperaban los testimonios acusatorios ante el pleno del Congreso, Mark Schneider, jefe de USAID para América latina y el Caribe, “anunció que el gobierno peruano le había comunicado oficialmente que descontinuaría las campañas de ligadura de trompas y vasectomías” (12).

Esta primera partida la ganó definitivamente el grupo conservador republicano estadounidense, del que hacía parte el patrón de Rees, Christopher Smith, ferviente militante anti-abortista; aunque esto no impidió que Marino Costa Bauer, ministro de Salud de ese entonces, respondiera enfáticamente que las campañas de planificación familiar no se descontinuarían y que, por el contrario, seguirían desarrollándose.

Lo cierto es que cuando el “Gran Jefe” Rees llegó al Perú, la tierra tembló. La sacudida hizo que las ONGs feministas Centro de la Mujer Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos y varias otras organizaciones, a través de una carta abierta, pidieran cuentas al gobierno peruano sobre “las irregularidades” (13) en las “acciones de AQV” sin denunciar directamente el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR, es decir, la política gubernamental.  También PRISMA, otra ONG del entorno USAID, que dirigía el programa PANFAR, señaló que abriría una investigación. La Defensoría del Pueblo, financiada desde su creación por USAID, dio visto bueno al informe que se estaba efectuando sobre los casos de esterilizaciones forzadas. Hechos todos que muestran la importancia que tuvo la llegada de Rees al Perú, pero lo significativo fue ver que las dos principales ONGs feministas, el Centro de la Mujer Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos, a pesar de las claras evidencias sobre las campañas de esterilizaciones forzadas, nunca abandonaron la Mesa Tripartita.

Aún en 1999 cuando las esterilizaciones desbordaban y hacían agua por todos lados, la Mesa Tripartita manifestó a través de un comunicado que, a pesar de las múltiples denuncias de “la supuesta aplicación en el Perú de un programa de esterilización masivo de carácter coercitivo”, concluían que estas obedecían a una ‘información errónea” y “no se ajustaba a la realidad” (14).

El millonario proyecto REPROSALUD del Movimiento Manuela Ramos, financiado por USAID con 25 millones de dólares, y el financiamiento por parte de la Fundación Ford, USAID, la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre otras más del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, parece que tuvieron mayor relevancia que la defensa de los derechos de las mujeres que tanto preconizaban defender.

Por ello, exigir actualmente responsabilidades y justicia en el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú, pasa también por pedir cuentas a este sector del feminismo, aliados del fujimorismo.

Aquí el documental La cicatriz de Paulina.

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 (1) Persistencia de la Memoria, Feminismo y estado en el Perú de los 90, Maruja    Barrig.

(2) La Conferencia de El Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva, Susana Galdos Silva.

(3) Discurso del Presidente de la República del Perú Alberto Fujimori en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing China 1995.

(4) Ibíd.

(5) Entrevista a Joseph Rees,  Julia María Urrunaga, Diario El Comercio 1 de febrero de 1998.

(6) Ibíd.

(7) Ibíd.

(8) Ibíd.

(9) Ibíd.

(10) AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria) es el término técnico constantemente cambiante para definir las ligaduras de trompas. En épocas de Alan García se empleó el término PQRR (Prevención Quirúrgica del Riesgo Reproductivo)

(11) Salud Reproductiva. Ministerio de Salud.

(12) Diario El Comercio, 26 de febrero de 1998.

(13) Carta Abierta a  Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la República, 18 de febrero 1998

(14) Diario El Comercio, 19 de enero de 1999.

Manuel Legarda es artista visual y cineasta. Realizador del documental La cicatriz de Paulina, que recoge los testimonios de mujeres esterilizadas en los años 90. Seleccionado en diferentes festivales internacionales, obtuvo la Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Político en Buenos Aires-Argentina y ganó el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cinéma Péruvien de Paris.

http://lacicatrizdepaulina.blogspot.com

http://manuel-legarda.blogspot.com

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Manuel Legarda. Nacido en Lima. Es cineasta y artista plástico. Vive y trabaja en La Chaux-de-Fonds (Suiza). Estudio en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en Lima, y en la Escuela de Artes Visuales, Ginebra - Suiza.

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Durante Fiestas Patrias marcharán contra Dina Boluarte y el Congreso

Las protestas fueron anunciadas por el presidente de la Organización Nacional de Familiares de Asesinados y Víctimas de las Masacres (2022-2023), Raúl Samillán, quien precisó que la marcha tendrá como destino Palacio de Justicia.

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El presidente de la Organización Nacional de Familiares de Asesinados y Víctimas de las Masacres (2022-2023), Raúl Samillán, anunció que el 27, 28 y 29 de julio marcharán contra la presidenta de la República, Dina Boluarte y el Congreso de la República.  

Las protestas serán durante Fiestas Patrias

Samillán, a través de Exitosa pidió a los familiares de los asesinados y víctimas marchar para protestar contra Boluarte Zegarra, argumentando que el Estado debe hacerse cargo de ellos, tal y como recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nosotros pedimos que se cumplan las recomendaciones de la CIDH, la cual el Estado debe hacerse cargo por todo el daño que les ha causado con las separaciones integrales (…) atender las necesidades en las que se encuentran (…) Para este 27, 28 y 29, esta marcha nacional se dará en todas las regiones”, declaró.

El punto de concentración será la Plaza Dos de Mayo

Además, señaló que el punto de concentración para el evento nacional será la Plaza 2 de mayo, a donde diversos gremios, organizaciones y colectivos se apersonarán para posteriormente iniciar el recorrido a las 3 p.m. con destino al Palacio de Justicia, donde se llevarán a cabo actividades culturales y una vigilia con todos los familiares de las víctimas.

“Acá, en Lima, el día 27, se hará una gran marcha donde se van a concentrar todos los gremios, organizaciones, colectivos en la Plaza 2 de mayo. (…) la concentración será a las 2 p.m. y el punto de partida a las 3 p.m., luego llegaremos al Palacio de Justicia, donde se llevarán a cabo actividades culturales y terminará con una vigilia de todos los familiares que vienen de las diferentes regiones”, agregó.

No han recibido apoyo de la CGTP

En otro momento, se refirió al presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú y excandidato a gobernador regional de Madre de Dios, Freddy Vracko Metzger, afirmando que este solo habría buscado ganar protagonismo para posteriormente inclinarse a partidos políticos.

“El presidente de los movimientos regionales (…) el señor (Freddy) Vracko, justamente lo que está buscando es ganar protagonismo y negociar (…) ya se inclinaron a los partidos políticos. Ya consiguieron su objetivo y no tienen representatividad”, sostuvo.

Finalmente, aclaró que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) tampoco los apoyó en este propósito: “(¿La CGTP los apoyó en algún momento?) En ningún momento, ninguna organización nos ha apoyado”.

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Harvey Colchado presentó demanda por difamación contra exministros del Interior Remigio Hernani y Fernando Rospigliosi

Asimismo, el exjefe de la Diviac, también querelló al fujimorista Omar Suriel Chacón Huamán. Las denuncias fueron interpuestas en el Décimo Tercer Juzgado Penal Unipersonal Sede Central y solicitan penas privativas de libertad y reparaciones civiles costosas.

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El exjefe de la Diviac, Harvey Colchado quiere limpiar su honor y ha presentado tres querellas por difamación agravada contra los exministros del Interior Remigio Hernani, y Fernando Rospigliosi (actual congresista de Fuerza Popular). Asimismo, interpuso querella contra el fujimorista Omar Suriel Chacón Huamán. Las denuncias fueron interpuestas en el Décimo Tercer Juzgado Penal Unipersonal Sede Central y solicitan penas privativas de libertad y reparaciones civiles onerosas.

En el caso del general de la Policía en retiro y exministro del Interior del segundo gobierno aprista, Remigio Hernani, Colchado solicitó una pena privativa de libertad de un año y ocho meses, junto con la imposición de 180 días multa, alegando la comisión del delito de difamación agravada.

Querella presentada contra Remigio Hernani.

Por su parte, el exministro del Interior del gobierno de Alejandro Toledo, Fernando Rospigliosi enfrenta una querella similar, en la cual se pide una reparación civil de un millón ochocientos mil soles por el mismo delito de difamación agravada.

Colchado argumenta que el parlamentario fujimorista se ha presentado en los medios de comunicación para brindar declaraciones que afectan gravemente su honor y reputación.

Querella presentada contra Fernando Rospigliosi.

Finalmente, Omar Suriel Chacón ha sido acusado de difamación agravada con una solicitud de pena privativa de la libertad que oscila entre un año y ocho meses a dos años y cuatro meses.

Como se recuerda, en agosto de 2021, denunciaron ante la Fiscalía a los promotores de la campaña fujimorista “Chapa tu caviar” y según el abogado de IDL, Paulo César Chávez, también identificaron al fujimorista Omar Suriel Chacón Huamán, quien desde sus redes sociales ofreció sus cuentas bancarias y de Yape para financiar la campaña “Chapa tu caviar”.

“Hola, mi gente cazadora. Gracias a ti, el equipo de El Cazador de Caviares sigue siendo libre e independiente. No olvides que necesita tu apoyo una vez al mes. ¿Ya yapeaste este mes de junio?”, escribió en esa época Omar Chacón, quien se identificaba como Suriel Chacón.

“Lo que se busca con las denuncias es evitar que se cometan abusos en perjuicio de las personas mencionadas por la campaña y se deje de publicar los datos de los agraviados”, indicó en aquel tiempo el abogado Paulo César Chávez.

Querella presentada contra Omar Suriel Chacón.

Colchado exige una reparación civil de un millón de soles. En este caso, Chacón Huamán es acusado de afirmar que Colchado pertenece a una presunta organización criminal dentro de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).

Harvey Colchado nombró al Dr. Elin Calixto Ayala como su abogado en estos casos, quien se encargará de llevar adelante las querellas presentadas. Los documentos y pruebas han sido entregados y se espera una respuesta del juzgado en los próximos días.

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Consultoras de ministro Santiváñez mantienen deudas coactivas de casi medio millón de soles con la Sunat

Estudios jurídicos del ministro del Interior Juan José Santivañez deben al Estado cientos de miles de soles. Asimismo, él registra deudas coactivas con la Sunat desde el 2009. Al respecto, el excongresista Richard Arce afirma: “Es imposible que continúe, él defendía delincuentes. Este sujeto fue puesto simplemente para tumbarse a la Diviac”.

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Se ha revelado que el ministro del Interior Juan José Santiváñez, quien ya lleva poco más de dos meses en el cargo, registra a título personal más de S/116 mil soles de deuda coactiva por no pagar impuestos. La deuda está vigente desde junio del 2022, cuando se inició la cobranza coactiva, según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Estudios jurídicos de Santivañez cobraban honorarios y omitían pagar impuestos

Pero hay más. Consultoras legales constituidas por Juan José Santiváñez también le deben al Estado. La suma asciende a más de S/330 mil soles, de los cuales S/311 mil soles corresponden a deuda tributaria y S/22 mil soles a abonos no entregados a Essalud. En total, más de medio millón de soles impagos.

Santiváñez & Molina Abogados Consultores S.A.C., fundada en el 2017 por el actual ministro del Interior, registra S/160 mil soles en deudas coactivas con la Sunat y Essalud. En junio del 2021, el ente recaudador empezó, sin éxito, un proceso de cobranza coactiva que no ha sido honrado hasta hoy. En tanto, SM Consultores Legales S.A.C. le debe al Estado cerca de S/90 mil soles, desde el 2023. Más de S/79 mil soles corresponden a tributos impagos y S/10 mil soles a deudas con el Seguro Social. La compañía fue fundada en el 2021 por Santiváñez, quien posee 917 acciones de la empresa.

En el caso de Prodemocracia Internacional Management & Consulting S.A.C., hoy de baja, mantiene desde hace 15 años una deuda con el Estado por S/45 mil 400 soles. Fue constituida en el 2003 y Santiváñez renunció a la gerencia general de esta compañía en el 2022. Asimismo, Santiváñez Antúnez Abogados Asociados S.A.C. tiene deudas pendientes por S/29 mil soles a Essalud y a la Sunat, desde el 2012 y 2013. La empresa ya no registra operaciones, pero la cobranza coactiva sigue vigente. Finalmente, la quinta empresa, que lleva el nombre completo del actual ministro, Juan José Santiváñez Antúnez Abogados & Consultores S.A.C., también presenta una deuda tributaria impaga por S/8 mil 750 soles, que corresponde al año 2017.

Richard Arce sobre Juan José Santiváñez: “¿Cómo es posible que haya un ministro deudor tributario?”

El excongresista Richard Arce cuestionó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por mantener deudas por casi medio millón de soles con el Estado, a través de  sus consultoras legales.

“Es imposible que continúe. Él defendía delincuentes y un delincuente está a punto de ser extraditado por la Policía. Un delincuente que cometía crímenes execrables y que el día de hoy el ministro del Interior que defendía a ese delincuente, está encargado de perseguir el delito, de perseguir a los delincuentes y ahora este tema tributario.

Lo que veo es básicamente de su labor profesional de abogado. Yo pensaba que tenía empresas productivas industriales, y a veces se puede entender que estás haciendo la inversión para poder recuperar. Pero cuando eres abogado, tú brindas tu servicio justamente a esos delincuentes y tienen que pagarte, tú tienes que girar tus recibos por honorarios y tus facturas. Entonces él recibía la plata, y lo que corresponde es pagar impuestos. Cada año en el mes de marzo, ahora fue en mayo pagamos nuestro impuesto a la renta. Y si no lo puedes pagar, el Estado te da la opción de poder pagarlo y fraccionarlo.

Cómo puede ser posible que haya un ministro de Estado deudor tributario, pero no por una… es una retahíla de situaciones que lo deja muy mal parado. La hipótesis, con eso se confirma, este sujeto fue puesto simplemente para tumbarse a la Diviac. Necesitaban sacar a la Policía que se estaba encargando de hacer el trabajo para investigar justamente a los corruptos en el poder”, concluyó el exlegislador.     

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Gobierno observa nueva Ley del Cine invocando una mayor “reflexión y una “revisión exhaustiva” [VIDEO]

Denominada ‘Ley Tudela’ volverá nuevamente a debate en el Congreso.

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El Poder Ejecutivo observó la autografía de la ‘Ley del Cine’, aprobada por el Congreso en junio de este año. La propuesta que plantea incentivos económicos y fiscales ha sido acusada de no garantizar la distribución imparcial de estos. 

En el oficio enviado al presidente del Palacio Legislativo, Alejandro Soto Reyes, el Gobierno de Dina Boluarte emitió una serie de observaciones de la iniciativa legislativa conocida como la ‘Ley Tudela’. Las objeciones engloban el otorgamiento de beneficios tributarios e incumplimiento de reglas fiscales, así como estímulos a la actividad cinematográfica y audiovisual que ya existirían. 

Por otra parte, también indican que la legislación del impuesto a la renta ya permite la deducción de gastos a raíz de donaciones. En ese sentido aclara que la propuesta no contempla que la “deducción de donaciones realizadas a empresas”.

“La autógrafa no reconoce la importancia de la especialización de la materia para garantizar el otorgamiento de estímulos de manera autónoma e imparcial. (…) La autógrafa no reconoce que la entrega de estímulos a la industria cinematográfica genera réditos a la economía local, regional y nacional. (…) La autógrafa no considera la institucionalidad que debe guardar la identificación, rescate, catalogación, conservación, digitalización, masterización, promoción, acceso e investigación de la herencia audiovisual”, señala el documento

fuente: 24 horas.

Mincul se pronuncia sobre límites a cineastas peruanos que viven fuera del país

Al respecto, la titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Leslie Urteaga, indicó que no se podía aplicar límites para que los cineastas peruanos que residen en el exterior no puedan postular, cuando se necesita democratización de los concursos. También habló sobre la Comisión Fílmica, sobre la cual dijo que se debería respetar las competencias, teniendo en cuenta que el sector Cultura es el ente rector en la materia.

Asimismo, dijo que los contenidos que se promueven, están en acorde al marco legal constitucional, respetando la libertad artística y creativa. Por lo que se hizo una precisión al estar todo dentro de la ley. Además, pidió impulsar un mercado positivo para el cine peruano, cine de mujeres y el cine indígena. Por lo que no puede haber diferencias en el financiamiento.

“Tal vez, la ley que tenemos no sea perfecta, pero es necesario inyectar recursos. Hay mucha gente que trabaja en la realización, producción y las comunidades se benefician con todo este proceso. Por eso, esperamos que se tomen las recomendaciones para dicha ley y que beneficie al país”, sentenció.

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Fiscalía pide información sobre viaje de Patricia Benavides a Chile

A pesar que existe un requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Patricia Benavides viajó a Chile y la fiscal Delia Espinoza ha solicitado documentación y evidencias sobre el lugar de residencia durante su estancia en el país sureño.

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La titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, ha emitido un comunicado sobre el viaje al extranjero de la investigada por presunta “organización criminal”, Liz Patricia Benavides Vargas. De acuerdo a información fiscal, el abogado de Benavides Vargas presentó un pasaje aéreo para un viaje familiar a Santiago de Chile, con salida: miércoles 24 de julio a las 11:55 a.m. y con fechas de estadía, del 24 al 28 de julio.

Ante dicha salida, la fiscalía tomó una serie de medidas para asegurar el cumplimiento de las leyes vigentes. En ese sentido, requieren a Patricia Benavides y a su defensa que proporcionen documentación veraz sobre el lugar de residencia en Chile durante el tiempo que dure el viaje. Asimismo, han solicitado información a la Superintendencia Nacional de Migraciones sobre el movimiento migratorio de la investigada exfiscal y también se ha oficiado información a la línea aérea Latam para obtener detalles sobre la compra de los pasajes.

Hay que mencionar que aún existe un requerimiento de impedimento de salida del país contra Benavides Vargas desde el 23 de abril de 2024, emitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Esa esa línea, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha declarado fundado el recurso de apelación presentado por la fiscalía, anulando una resolución previa que había declarado infundado el requerimiento y ordenando una nueva audiencia de impedimento de salida.

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Actividades por Fiestas Patrias en el Centro de Lima

Eventos en la Plaza Mayor empiezan este viernes 26.

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Desde tempranas horas de hoy en la ciudad de Lima se respira un aire de sosiego y tranquilidad. Algunos afortunados incluso ya salieron de la capital para pasar este feriado largo haciendo turismo en la alguna ciudad del interior o para reencontrarse con sus seres queridos. Sin embargo, para los que no tienen esa chance existen una serie de eventos programados en el Centro de Lima.

Es así que este viernes 26 y sábado 27 de julio, la Plaza Mayor de Lima será el epicentro de una serie de actividades gratuitas en conmemoración del 203 aniversario de la independencia del Perú y el Día del Pisco. Organizadas por la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), estas actividades ofrecerán una oportunidad para disfrutar y conocer más sobre la historia de la ciudad.

Las actividades comenzarán el viernes 26 de julio a las 5 p.m. con el recorrido turístico “Monumentos a los Libertadores”, el cual partirá desde el Parque Universitario. Durante este recorrido nocturno por el Centro Histórico de Lima, los asistentes podrán visitar calles, casonas e iglesias iluminadas mientras escuchan historias y leyendas que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.

El sábado 27 de julio, a partir de las 10 a.m., las festividades continuarán con una visita especial a la Casa Museo de Miguel Grau, en honor al natalicio del héroe nacional. Este recorrido partirá desde la Oficina de Información Turística de Lima y permitirá a los visitantes conocer detalles sobre la vida de Grau y presenciar el cambio de guardia en el Palacio de Gobierno.

Desde el mediodía, la Plaza Mayor se transformará en una feria gastronómica, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de degustar platos típicos peruanos como pachamanca, sopa seca, arroz con pato, anticuchos, causa, picarones, mazamorra morada, arroz con leche y champús.

Día del Pisco

El sábado 27 de julio también marcará el inicio de las celebraciones por el Día Nacional del Pisco. Desde las 5 p.m., se distribuirán gratuitamente más de 4000 vasos de pisco en el Damero de Pizarro, congregando a vecinos y turistas para celebrar esta bebida emblemática del Perú. Simultáneamente, habrá presentaciones de grupos musicales, danzas folclóricas, proyecciones audiovisuales y otras atracciones familiares.

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Cadetes y comandos oficiales de China desfilarán en la Gran Parada Militar

¿Los chinos están colonizando al Perú? Primero fueron las megaempresas de China que han monopolizando el mercado de hidrocarburos y la electricidad, luego los ‘hubs’ y ahora seremos testigos de la presencia de cadetes y oficiales de las escuelas militares chinas en el tradicional desfile patriótico nacional.

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La presidenta Dina Boluarte invitó a una delegación china para que participe en el evento militar tradicional. El Ministerio de Defensa (Mindef) confirmó que la delegación de China participará en la Gran Parada Militar y Desfile Cívico Militar 2024, a realizarse el próximo lunes 29 de julio en la tradicional avenida Brasil. La repentina inclusión de militares chinos marca un cambio significativo en el evento oficial, que por tradición usualmente ha contado con la presencia de delegaciones militares de países de América Latina, como Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Esta vez las calles de Lima, verán a la delegación china.

Este grupo estará conformado por cadetes, oficiales y comandos de las escuelas militares de la nación asiática. Según la agencia estatal, la invitación fue enviada a inicios de este 2024. Cada delegación está conformada por 12 personas, aproximadamente.

La presidenta Dina Boluarte le rinde tributo a los capitales chinos.  Crédito REUTERS.

El desfile que se celebra desde 1960 contará con 6 mil participantes y se extenderá por casi tres horas. Las unidades históricas como la Legión Peruana de la Guardia, tendrán nuevas posiciones en el desfile. Además, habrá una variación en el programa militar, que incluirá nuevas agrupaciones y modificaciones en el orden tradicional de aparición. En tanto, anuncian que este enfoque busca resaltar tanto el patrimonio nacional, como la “creciente relación con aliados internacionales”.

“Por ejemplo, las unidades históricas tradicionalmente desfilaban juntas, en un agrupamiento. Vale decir la Legión Peruana de la Guardia, la Compañía Fanning de la Marina de Guerra y la compañía histórica de la Fuerza Aérea del Perú, la cuadrilla número 72. Pero este año, la Legión Peruana de la Guardia encabezará uno de los primeros agrupamientos de la parte militar del desfile”, precisaron desde el Ministerio de Defensa.

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Indecopi impone millonaria multa a Alianza Lima por apagón ocurrido en final contra Universitario

Club íntimo expuso a un “riesgo injustificado” a los asistentes a final del año pasado.

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Les apagaron la sonrisa. Una ‘palomillada’ que más allá de quedar bien ante el mundo lo que está dejando solamente es una larga fila de sanciones administrativas y económicas.

El club Alianza Lima ha sido sancionado en primera instancia por Indecopi por dos infracciones durante la final de la Liga 1 2023 que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva. La Comisión de Protección al Consumidor N° 2 impuso a la institución de La Victoria una multa de 588.36 UIT, equivalentes a S/. 3.030.054 (tres millones treinta mil cincuenta y cuatro soles), por apagar las luces del recinto.

De acuerdo con la resolución N° 1472-2024/CC2, emitida el 17 de julio de 2024, el organismo estatal desestimó los argumentos del club ‘blanquiazul’. Alianza Lima defendió que la decisión de apagar las luces se tomó para garantizar la seguridad de los espectadores, pero esta justificación no fue aceptada por Indecopi, resultando en una multa de 450 UIT o S/. 2 millones 70 mil soles por este incidente en particular. Según la normativa vigente, estas acciones son consideradas graves por comprometer la seguridad y el bienestar de los asistentes al evento deportivo.

“La acción de apagar las luces artificiales que iluminaban el campo de juego y tribunas al concluir el evento deportivo, lejos de construir una medida de protección para los espectadores a efectos de garantizar su seguridad, los expuso a un riesgo injustificado para su salud y la seguridad de sus bienes”, indica el escrito.

Asimismo, por el ingreso de las bengalas al recinto, el club recibió otra multa de 138.36 UIT, correspondiente a otros 712 mil 554: “No tomó las acciones pertinentes para evitar que se ingresen bengalas al Estadio Alejandro Villanueva y sean lanzadas al campo de juego, exponiéndose así la salud de los espectadores a un riesgo injustificado”, añadieron.

En adición, se ordenó a Alianza Lima brindar una capacitación a sus trabajadores, en la cual se les concientice respecto a las medidas de seguridad que deben tomar cuando organicen un evento deportivo:

“ORDENAR al Club Alianza Lima como medida correctiva complementaria que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, cumpla con brindar una capacitación a su personal, dependiente y/o contratado a fin de que tomen conciencia respecto a las medidas de seguridad que se deben adoptar en los eventos deportivos de los cuales son organizadores”.

El dato:

El equipo victoriano cuenta con 15 días hábiles para apelar dicha sanción. De ser así, el caso sería revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en segunda y última instancia administrativa del Indecopi.

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