Por: Rafael Romero.
La justicia está por encima del derecho, el derecho por encima de la ley y la ley por encima del abuso, la bajeza y el fraude.
En este momento, en medio del juicio contra el periodista Ricardo Belmont, por supuesta usurpación en agravio de la inquilina PBO, empresa aliada de su hijo Martín Belmont Vallarino, deben de ser notificados los colegas periodistas del Perú, de América Latina y del mundo respecto de un sainete organizado por gente ligada a un sector de la derecha más desalmada, cobarde y traidora que uno se puede imaginar.
Al margen de los detalles domésticos, propios del alquiler de Radio Tigre, activo de la empresa RBC Televisión, fundada por Ricardo Belmont, y de la pelea del citado broadcaster vivo más antiguo del Perú por recuperar esa propiedad, lo cierto es que hace más de dos años estamos ante un ucase del poder reaccionario que siempre buscó silenciar al fundador de Habla el Pueblo y al promotor de la Teletón en tierras incas.
Lo que estamos viendo es el plan anti-Belmont expuesto por el propio Phillip Butters frente a Nicolás Lúcar en Radio Exitosa (https://www.youtube.com/watch?v=xTnQup20LN4), donde afirmó hace siete años, es decir el 2017, que se ha “comprado el canal de Belmont”, hecho inverosímil pero que ya por entonces revelaba sus verdaderas intenciones para despojar a Ricardo de su canal, documento en vídeo que debe ser revisado por los jueces y fiscales si no quieren hacer el ridículo o prestarse a la mala fe y el prevaricato.
Sin embargo, recordemos que un año antes, en abril del 2016, el primogénito de Ricardo tomó el canal con matones, y para esa fecha él ya llevaba por lo menos dos años de amistad con Phillip Butters, el mismo que en Radio Exitosa y frente a Nicolás Lúcar dijo “ahora que me he comprado el canal de Belmont, van a ver mis pinches enemigos”, y acotó que no va a ser “como un lorna”, refiriéndose a Lúcar, porque él sí se va a “vengar de todos sus enemigos”, mostrando públicamente en los estudios de radio Exitosa su celular y acercándolo a la cara de Lúcar dijo “este es el hombre, este es el hombre que lo tiene todo”, y mientras seguía acercando el móvil al rostro de Lúcar, continuó diciendo “acá está, acá está, el 776”, en alusión al Decreto Legislativo 776 con el que el fujimontesinismo boicoteó la gestión del alcalde Ricardo Belmont.
¿Quién era ese personaje puesto en foto en el celular de Butters? ¿Un poderoso familiar de Ricardo, pero enemistado con él desde la década de los años sesenta del siglo pasado? ¿O era otro broadcaster de los años ochenta o un nuevo empresario de las comunicaciones como Erasmo Wong?
Y así, frente al Lúcar, el aliado del hijo de Ricardo, el ahora famoso Butters, reveló en radio Exitosa un plan perverso, uno más que se sumaba al de otras personas que por años han buscado demoler a Ricardo, y donde su propio hijo le da el puñal por la espalda, montando año a año, desde el 2016 a la fecha, una serie de expedientes para destruir Canal 11, al punto incluso de haberse vendido su sede histórica y emblemática, un edificio de la década del sesenta ubicado en la avenida Manco Cápac cuya antena de más de 80 metros era como un faro de Alejandría en el distrito de la Victoria, venta realizada sin dar cuenta de los millones que le dio como ganancia y sin informar nada a los trabajadores que ya habían ganado sentencias laborales y que ahora tienen acreencias en el Indecopi que hasta el día de hoy el hijo de Ricardo no honra.
Lamentablemente, Butters avaló con su alianza toda esa burla al Poder Judicial y al Indecopi, no le importó sumar su plan personal al plan perverso del hijo de Ricardo, ocasionando un daño enorme a la clase trabajadora del Perú, representada en este caso por los colaboradores de RBC Televisión.
En ese contexto, el juicio penal por usurpación formulado en contra de Ricardo Belmont solo es un eslabón más de esa cadena del despojo, que viene desde el 2016 con el objetivo de silenciar a Ricardo Belmont, y ahora con mayor razón que lidera el Partido Cívico Obras, que demostró en la cancha las sólidas condiciones que tiene para ganar las elecciones, como en las municipales de 1989 y la de 1992, y pudo ganar también las presidenciales de 1995 si no hubiera sido por el fujimontesinismo que perpetró un fraude con sus flamantes ONPE, RENIEC y JNE de entonces.
Ya Ricardo ha dado pelea por recuperar su canal, pasó por el Poder Judicial, por la SMV, por la Bolsa de Valores y por los agentes de Bolsa, que como Cavali, del propio Rafael López Aliaga, ha reconocido que el dueño de RBC Televisión es Ricardo papá y no su hijo, pero mientras el periodista de Habla el Pueblo ganaba en todas esas instancias, por lo bajo se cocinaba una supuesta falta de liquidez para llevar de mala manera y en medio de la mentira al Canal 11 ante el INDECOPI, porque dizque su hijo el canal estaba en “insolvencia”, y ello solo con la finalidad de evadir el pago de los beneficios sociales de los trabajadores.
Pero Dios revela todo a su tiempo, tal como ahora el propio Indecopi ha multado al hijo de Belmont con casi un millón de soles puesto que descubrió que dolosamente desviaba fondos del canal a sus cuentas privadas, en medio de su alianza con Phillip Butters. Esta es la verdad monda y lironda y el Poder Judicial no puede avalar ese tipo de ilegalidades ni prestarse al abuso del derecho.
La Corte Suprema de Justicia de la República, los colegiados de la Corte Superior de Justicia de Lima y los jueces, sean titulares o supernumerarios, en especial los de Chorrillos, no pueden ni deben avalar este lawfare, no pueden ser protagonistas de un plan perverso de ataque y traición contra un ciudadano que jugó las cartas limpiamente y que el ingresar a la política perdió su patrimonio por honesto, mientras otros se hacen ricos con el poder, pisoteando a los trabajadores del Canal 11, como hoy lo hace el primogénito de Ricardo y su partner Butters.
El Poder Judicial no puede prestarse a este tipo de persecución, a la “guerra legal o uso de acciones legales para causar perjuicio en el oponente”, que es lo que significa lawfare, pues la víctima es Ricardo Belmont por más de ocho años (2016 – 2024) y el juicio que ahora enfrenta, desde la perspectiva de un juez sabio y probo, no debería de tener otro lugar más que el archivo.
Lamentablemente, la fiscal Madeleine Jáuregui Soto no hizo bien su trabajo, no consideró a los testigos debidamente ni valoró sus declaraciones, encima es usada y llevada de la nariz porque no ha entendido los sucesos del Morro Solar o del cerro Centinela, en Chorrillos, de aquel 19 de octubre del 2022, cuando debió investigar mejor e informase de todo lo que está detrás en este caso, donde uno de los hombres más cercano a Ricardo y trabajador de RBC Televisión resultó asesinado en circunstancias extrañas ese año 2017, don Guido Valdivia, época en la cual Butters decía que se había “comprado el canal de Belmont”, televisora al que el hijo de Ricardo ahora la llama Viva TV, pero para el común de la gente es “Vivo TV”.
Así, la Fiscal de Chorrillos, Madeleine Jáuregui, no ha dado una mirada holística ni completa a los hechos del caso, ha investigado mal y el Ministerio Público y el Poder Judicial deberían de tener una perspectiva de justicia absoluta y de respeto al derecho de propiedad, donde la víctima es Ricardo Belmont Cassinelli, a quien unos muchachos lo han convertido en objeto de traición y fraude, de modo que no solo en este caso sino en otros, es obligación que los fiscales y jueces se informen bien de los hechos pues las cosas en el mundo a veces están al revés, como ahora donde Ricardo es el despojado, el vejado y el usurpado en el continuum del 2016 al 2024. Todo es una fotografía, una entera, pero es triste cuando fiscales como Madeleine Jauregui solo han tenido la octava parte de la misma y no la fotografía completa; y así no se hace justicia.
En solidaridad con Ricardo, periodistas del Perú, América Latina, EEUU o Europa deberían de pronunciarse porque se acabe este tipo de persecuciones y sobre todo cuando a sus casi 80 años, el fundador de RBC Televisión, solo viene defendiendo lo que es suyo y de los trabajadores; pero también viene lidiando con otros intereses que solo tienen por finalidad sacarlo de la competencia electoral, y por todo ello es mejor que el mundo esté notificado. La judicatura no puede ser cómplice de la injusticia y del abuso.