Política
La historia oculta de Sunedu
La famosa reforma universitaria tiene una serie de irregularidades y más de una investigación pendiente. Cerrar pésimas universidades recoge total consenso pero, detrás de esa pantalla, se utilizó a la SUNEDU para cierres indiscriminados con la oscura finalidad de crear un nuevo mercado universitario.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) fue creada el 3 de julio de 2014 en el gobierno de Ollanta Humala, a través de la Ley 30220, conocida como la Ley Universitaria, norma que estableció las 17 funciones de la SUNEDU. En ninguna de esas funciones se le otorgó la facultad de clausurar universidades. En efecto, la ley señaló que la finalidad de la SUNEDU es “asegurar una oferta educativa de calidad en favor de los estudiantes, a través del licenciamiento y supervisión de este servicio público”. La supervisión le permitía a esta entidad tomar las medidas necesarias para reestructurar, reformar, rectificar el rumbo de una casa de estudios pero jamás la ley universitaria contempló el cierre de universidades.
¿Por qué la ley original no autorizaba el cierre? Por una razón: proteger a los cientos de miles de estudiantes. Cerrar una universidad es dejar en la calle a miles de estudiantes, es privarles de un futuro profesional, es atentar contra su derecho a recibir educación superior. Por eso, la Ley Universitaria nunca estableció mecanismos de cierre para que la SUNEDU clausure centros de estudio. Al contrario, fue creada para que tome las medidas necesarias para encauzar a las universidades en problemas y obligarlas a que mejoren el nivel educativo: las Condiciones Básicas de Calidad.
Una muestra indiscutible de que esa fue la idea central de la Ley Universitaria es que entre el 2014, año de creación de la SUNEDU, y abril de 2018, se licenciaron 22 universidades públicas y 32 universidades privadas y no se cerró ninguna.
Cuándo y por qué cambiaron las reglas
Todo cambio cuando el expresidente Martín Vizcarra vio la oportunidad de un lucrativo e ilegal negociado que hasta hoy no se investiga. La historia es la siguiente.
El 7 de mayo de 2018, Vizcarra nombró como Superintendente de la SUNEDU a un desconocido sociólogo que se desempeñaba como profesor de la Pontificia Universidad Católica, llamado Martín Benavides Abanto. Cuatro meses después de su nombramiento, exactamente el 10 de setiembre de 2018, Benavides creó y puso en vigencia un sorpresivo reglamento para cerrar universidades. Lo hizo mediante Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD.
Yendo contra la Ley Universitaria y contra las funciones específicas de la SUNEDU, Benavides, el socio de Vizcarra, cambió ilegalmente las reglas de juego al disponer lo siguiente: “El presente reglamento regula el proceso de cese de actividades de universidades y escuelas de posgrado” (Artículo 1) y se encargó de precisar que, por cese de actividades, se debería entender “Cese de la prestación del servicio educativo superior universitario debido a la denegatoria o cancelación de la licencia institucional o, de ser el caso, ante la decisión voluntaria de la universidad y/o escuela de posgrado”.
Así nació el famoso Licenciamiento de universidades y en su gestión Benavides rápidamente desenvainó una espada que la ley no le había concedido a la SUNEDU y, usando el reglamento hecho a la medida por él mismo, cerró 46 universidades en apenas 20 meses. Una cifra que demuestra que la evaluación de universidades fue un trámite falso por una razón: se cerraron 2.3 universidades por mes, es decir, cada 13 días la SUNEDU de Benavides Abanto y Vizcarra cerraba una universidad. Esto es imposible porque significaría haber inspeccionado locales, analizado miles de documentos, recibido descargos, evaluado informes en solo 13 días para una sola universidad. Algo imposible.
Con esa espada, la SUNEDU despedazó el derecho a la educación y dejó en la calle a más de 180 mil estudiantes y, lo más grave, no se tomaron el afán de darles una alternativa. Miles de jóvenes estudiantes se quedaron sin ninguna alternativa y quedó deshecho el esfuerzo de sus padres por darles un futuro. En ningún caso, la SUNEDU contempló la opción de exigir la reforma, la adecuación, la reestructuración de centros de estudio. Solo buscó el cierre, la cancelación de las licencias.
SUNEDU, Vizcarra, Benavides y un escenario pendiente de investigación
En el gobierno de Vizcarra, los medios de comunicación se encargaron de ser propagandistas de su gestión y una eficaz campaña mediática convirtió a la SUNEDU en un ente intocable. Cuando se intentaba mostrar los actos oscuros de la gestión de Benavides, empezaba el coro: “Si cuestionan a Benavides, están atacando la reforma universitaria; si atacan a Benavides, están apoyando a Telesup y a Luna Gálvez”.
Ese fue el escudo fabricado por el ex presidente Martín Vizcarra y los medios de comunicación y fue utilizado por la SUNEDU de Benavides. Es verdad que los casos de Telesup y otras universidades cuestionadas merecían el cierre pero también existieron otras que podían ser restructuradas.
Lo que en verdad ocurrió tiene una hipótesis central: se retiraron licenciamientos para darle el mercado a un sector que Vizcarra y Benavides buscaron beneficiar y, en ese sentido, hubo actos que, por ahora, hay que llamar de presunta corrupción y presunto tráfico de influencias, y que necesitan de una investigación.
Las sombras del Caso UTP
La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) es el negocio universitario de Intercorp, el poderoso grupo empresarial de Carlos Rodríguez Pastor que abarca banca, seguros, hotelería, restaurantes, inmobiliarias, educación, administración, lotería, y servicios. Es un grupo de tendencia monopólica como es el caso de la cadena Inkafarma y Mifarma y que ha incursionado en el rubro educación a nivel escolar y universitario.
UTP tiene su sede central en Lima pero un mercado millonario consiste en establecer una cadena de universidades en provincias. En vista de que ese mercado ya contaba con universidades en funcionamiento ¿cuál era el mecanismo para dejar libre ese mercado? El cierre indiscriminado de universidades. Allí adquiere sentido lo siguiente: Benavides Abanto inventó el reglamento de cierre de universidades el 10 de setiembre de 2018, llegó a cerrar 46 universidades en apenas 20 meses a un ritmo absurdo de 2.3 universidades sin licencia por mes, una cerrada cada 13 días y, de pronto, en enero de 2018 la SUNEDU emitió un comunicado señalando que “El 26 de enero del 2018, la UTP presentó la solicitud de creación de 8 filiales ubicadas en las regiones de Ancash, Cusco, Tacna, Puno, Ica, Piura, Junín y La Libertad” y añadió que “Para obtener su licenciamiento, la universidad demostró contar con la infraestructura y el equipamiento necesario para la prestación del servicio educativo”. De inmediato, la SUNEDU le extendió el licenciamiento a las filiales de la UTP del Grupo Intercorp “tras corroborar que dicha casa de estudio cumplía las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) indispensables para ofrecer el servicio educativo de nivel universitario en el Perú”.
Se terminó otorgando licenciamiento a la UTP (sede central) y a 7 filiales (pidieron 8 al final fueron 7), trayendo abajo las reglas establecidas porque la UTP no cumplía con las reglas aplicadas para cerrar a 46 universidades pero, milagrosamente, obtuvo los licenciamientos.
Para que una universidad obtenga el Licenciamiento Institucional debe cumplir con una exigencia obligatoria: que la sede principal y sus filiales a nivel nacional tengan infraestructuras similares y el mismo nivel de equipamiento e implementación y estos requisitos deben ser verificados de manera presencial durante el proceso de licenciamiento. Es decir, la SUNEDU debe constatar que la infraestructura esté completa, que estén instaladas las bibliotecas, equipados los laboratorios y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de una sede universitaria.
¿Qué hizo la SUNEDU en el caso de las filiales de la UTP? Otorgó las licencias sin que existan los locales. Más de una de esas filiales, en el momento que se les otorgó el licenciamiento, se encontraban en construcción y otras ni siquiera iniciaban. Es decir, no cumplían con lo que la ley exige: infraestructura completa, bibliotecas ni laboratorios. Tampoco contaban con otro requisito exigido por la SUNEDU: licencia de funcionamiento municipal que se otorga recién cuando se empieza a operar.
Cada vez que se querían revelar estas irregularidades, la prensa adicta a Vizcarra y ciertos opinólogos saltaban furiosamente sosteniendo que la inmaculada SUNEDU no debía ser cuestionada. A estos medios no les interesaba para nada la situación de las decenas de miles de estudiantes.
Las preguntas que están pendientes de investigación son varias. ¿Cuáles fueron los nexos de Vizcarra y Benavides con el Grupo Intercorp? ¿Cuál fue el rol de Fernando Zavala, quien después de haber compartido tareas ministeriales con Vizcarra terminó como gerente general de Intercorp? ¿Cuántas decenas de millones de soles significan las siete filiales universitarias que obtuvo ilegalmente la UTP? ¿Por qué Vizcarra nombró como ministro de Educación a Martín Benavides cuando terminó la famosa pero ilegal reforma universitaria de la SUNEDU? ¿Por qué el licenciamiento se volvió uno de los documentos más valiosos en el sistema educativo peruano? Y finalmente ¿por qué nadie pensó en los más de 180 mil estudiantes a los que dejó sin un futuro profesional?
La SUNEDU debe ser investigada y, sobre todo, debe cumplir con las normas en lugar de dedicarse a rechazar todo intento para reestructurar universidades que sí podrían funcionar siempre y cuando cumplan con las reglas de Condiciones Básicas de Calidad.
Política
JNE declara infundada vacancia de Arturo Fernández y podría regresar a la alcaldía de Trujillo
Polémico personaje político podría retornar al sillón municipal en el mes de junio.
Cuando la Ciudad de la Eterna Primavera estaba empezando nuevamente a florecer, un polémico personaje podría volver a poner de cabeza esa ciudad con sus irreverencias y caprichos. Arturo Fernández regresaría al sillón municipal de Trujillo en el mes de junio y se quedaría ahí hasta el 2026. Esto después de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara infundado el pedido de vacancia en su contra.
La autoridad fue sentenciada a un año de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de difamación agravada contra una teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), que se originó por comentarios ofensivos hechos durante una transmisión en vivo en Facebook; sin embargo, para los magistrados, este fallo no lo inhabilita de ejercer un cargo público.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo el miércoles 17 de abril, el abogado de Arturo Fernández reiteró que el proceso judicial contra su patrocinado todavía no ha concluido, ya que está pendiente que resuelvan un recurso de queja. Este argumento habría sido clave a la hora que de que el Pleno tome una decisión.
“Ustedes tienen conocimiento de que hay un recurso de queja y mientras este recurso no se resuelva, la condición del sentenciado César Arturo Fernández Bazán no se encuentra firme, es decir, es una resolución no consentida, no ejecutoriada (…). Por lo cual, pido que se declare la improcedencia del recurso de apelación”, afirmó el letrado Jean Paul Silva León.
No obstante, Grego Quiroz Diaz, abogado y exconsejero regional, expresó su desconcierto ante la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones. “En realidad, no entiendo la razón por lo cual el JNE ha declarado infundada la apelación cuando se cumplía con todos los elementos y requisitos. Legalmente esto no debió suceder. Hay que esperar la resolución para conocer el argumento del órgano electoral que lo ha llevado a declarar infundada la vacancia. Fernández Bazán seguirá suspendido hasta que culmine su sentencia, salvo que reciba otra condena por otro expediente”, señaló al medio trujillano N60.
Arturo Fernández, quien impulsó la instalación de los huacos eróticos en Moche, retornaría al sillón municipal en junio, eso quiere decir que Mario Reyna solo ocuparía el cargo de burgomaestre hasta dicha fecha.
Política
Congreso aprueba por insistencia creación de la universidad San Juan de Lurigancho
Informe final para la creación del centro de educación superior había sido observado por el Ejecutivo. Distrito más poblado del país finalmente podrá contar con una propia universidad.
Con el propósito de promover el acceso a la educación superior, por amplia mayoría (94 votos a favor), el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de los proyectos de ley 3716, 4298 y 4590, recaído en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que modifica la Ley 29659, que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho, a fin de preservar su autonomía universitaria conforme a lo dispuesto en la Ley Universitaria.
El presidente la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José María Balcázar Zelada (PB), sustentó el texto destacando la necesidad de respaldar la propuesta en beneficio de miles de jóvenes.
“San Juan de Lurigancho amerita tener su propia universidad, al poseer una población que supera el millón de habitantes, sin incluir a las zonas aledañas de Lima”, sostuvo.
En esta misma línea el congresista José Jerí Oré (SP), en su calidad de presidente la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, coincidió en desestimar cada una de las observaciones presentadas por el Ejecutivo, teniendo en cuenta que la universidad ya posee un terreno y un pliego presupuestal.
“En la Ley de Equilibrio Financiero aprobada en diciembre pasado, se le asignó 3 millones de soles para que inicie su funcionamiento. Luego de la aprobación de esta insistencia, se van a iniciar las acciones para que comience a operar”, detalló el congresista de Somos Perú.
Durante el debate las congresistas Margot Palacios Huamán (PL) y Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN), lamentaron las observaciones realizadas por el Ejecutivo, teniendo en cuenta la gran población que posee el referido distrito.
La congresista Noelia Herrera Medina (RP), sostuvo que la oportunidad educativa, será siempre la base fundamental para el desarrollo, no sólo de la población de San Juan de Lurigancho (SJL) sino de todos los peruanos.
Seguidamente, la parlamentaria Susel Paredes Piqué (CD-JPP), justificó la aprobación del texto, considerando la educación pública vital para el país. “La educación es la herramienta más eficaz de movilidad social, de entendimiento, de conocer nuestras realidades distintas y de superarnos como peruanos”, agregó.
De igual manera, los congresistas Alejandro Cavero Alva (Avanza País) y Martha Moyano Delgado (FP), se mostraron a favor de la iniciativa, considerando que SJL puede llegar a convertirse en un gran centro de innovación, tecnología y educación, en favor del país.
Participaron también del debate los legisladores Américo Gonza Castillo (PL), Alex Paredes Gonzales (BMCN), Wilson Soto Palacios (AP), Francis Paredes Castro (PP), José Elías Avalos (PP), Guido Bellido Ugarte (PB), Rosangella Barbaran Reyes (FP), entre otros.
Política
Archivan investigación que comprometía a Kenki, Hiro y Sachi Fujimori por el caso Limasa
Hijos del dictador Alberto Fujimori eran acusados de utilizar empresa para el presunto delito de lavado de activos.
Solo queda un gran silencio por delante. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Especializada en Delitos de Lavado de Activos archivó de manera definitiva la investigación que se les seguía a Kenji, Hiro y Sachi Fujimori, y otros, por el presunto delito de lavado de activos relacionados con la ex empresa Limasa (ahora denominada Integrated Global Logistics), entre los años 2014 y 2016.
“Declara no haber mérito para formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Kenji Fujimori Higuchi, Hiro Fujimori Higuchi, Sachie Fujimori Higuchi (…) por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado y archívense definitivamente los actuados“, se puede leer en la resolución.
El caso
El escándalo de la empresa LIMASA es un caso en el que se involucra directamente a Kenji Fujimori y sus hermanos, descendientes del expresidente Alberto Fujimori. Este caso se centra en la investigación de supuestos actos de corrupción y manejo irregular de fondos relacionados con la empresa LIMASA, dedicada a la gestión de residuos, entre los años 2014 y 2016.
La fiscalía de la Nación centró su atención en las actividades financieras de esta empresa constituida por los hermanos Fujimori, especialmente por la forma en comofue utilizada para presuntamente canalizar fondos ilícitos. De acuerdo con las investigaciones, los Fujimori habrían desviado recursos del Estado hacia cuentas y empresas controladas por ellos, en un esquema de lavado de dinero y apropiación indebida de recursos públicos.
A medida que avanzaba la investigación, se recopiló una serie de pruebas, incluyendo registros bancarios, testimonios de colaboradores cercanos y análisis de transacciones financieras, que apuntaban a una red de corrupción sofisticada.
Según la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP, que remitió los informes contables correspondientes, Kenji Fujimori registró un desbalance patrimonial de S/466.747 soles. Asimismo, su hermana Sachi Fujimori y su esposo, Marc Koenig, registraron entre los dos un desbalance de S/1 millón 395 mil 691 soles; mientras que Hiro Fujimori registró un total de S/1 millón 159 mil 54 soles. Estos desbalances fueron detallados por un informe extenso del medio Ojo Público en el 2021.
Política
Gobierno de México suspende solicitud de visa para peruanos hasta el 6 de mayo
Exigencia estaba prevista para este sábado 20 de abril, lo cual ocasionó gran malestar entre los nacionales que tenían pensado hacer turismo en México.
El Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador ha postergado la exigencia de visa para ciudadanos peruanos que quieran ingresar a dicho país. La disposición, que entraba en vigor el 20 de abril, fue extendida y ahora entrará en vigencia el lunes 6 de mayo.
La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y firmada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dispone la “reforma el diverso por el que se da a conocer la aplicación temporal de la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en pasaportes ordinarios” de los peruanos.
La Secretaría de Gobierno (Segob) argumentó que la norma responde al incremento “sustancial” en el número de peruanos que ingresan al territorio, con un perfil que “no se ajusta al del visitante o turista genuino y presentan inconsistencias en su documentación”.
Cabe precisar que en el año 2012 México dispuso eliminar el requisito de visa para los peruanos que visitaran el país durante un máximo de 180 días. Tras esta disposición, los ciudadanos de nuestro país se ubicaron entre las diez nacionalidades que más visitan la nación azteca.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció la postergación de la medida temporal que requiere la visa a los ciudadanos peruanos para ingresar a su territorio.
Gobierno del Perú dio marcha atrás en exigir visa a los mexicanos
Como se recuerda, en respuesta a la nueva exigencia de México en exigir visa a los peruanos, el Gobierno del Perú, a través de un Decreto Supremo, estableció el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos que visiten el Perú; sin embargo, días después el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se decidió revocar la norma.
Mediante un comunicado se precisa que “esta acción responde al llamado de diversas voces del sector turismo y afines, y honra nuestro compromiso con los principios de la Alianza del Pacífico (…) Asimismo, reafirma nuestro espíritu en favor de la integración regional y los lazos de amistad y de cooperación con el pueblo mexicano”.
Política
Comisión de Ética blinda a congresista Edgar Tello por caso “mochasueldo” y solo lo sancionaron por pedir donación
El grupo de trabajo rechazó la denuncia del caso ‘Mochasueldos’. Cabe recordar, que en 2023 Edgar Tello fue denunciado por haber recortado el sueldo a sus trabajadores, hostigar a una de ellas que se encontraba embarazada y haber solicitado $8 mil dólares al gobierno de Taiwán.
Política
Comisión de Ética aprueba investigar al congresista Darwin Espinoza por el presunto uso indebido de recursos del Estado
Reporte televisivo evidenció que oficina del parlamentario de Acción Popular se fomentaba la inscripción de su nuevo partido político.
‘Niño’ travieso y descarado. La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó este jueves iniciar una indagación contra Darwin Espinoza, vocero de Acción Popular, por presuntamente usar recursos del Congreso para impulsar la inscripción de su partido político “Adelante Áncash”.
La votación registrada en la sesión que empezó a las 8 a.m. terminó con 18 votos a favor y una sola abstención, la de Kira Alcarraz (Podemos Perú).
Diego Bazán (Avanza País), presidente de la comisión, señaló antes de someter al voto este caso que la presidencia de Ética estaba proponiendo de oficio denunciar a Darwin Espinoza en base al informe emitido por el programa “Punto Final” sobre el supuesto uso de trabajadores y bienes de su despacho para promover la inscripción del movimiento regional “Adelante Áncash”.
“Existen elementos de convicción que determinarían aparentemente una responsabilidad”, aseveró en alusión a los tres hechos cuestionados según el reportaje de “Punto final” contra Espinoza: el uso de la cuenta de Reniec para verificar a militantes de los padrones del movimiento regional, el emplear a trabajadores parlamentarios para recolectar firmas, y usar bienes del Congreso como papel y la impresora de su despacho.
Bazán había adelantado que este jueves se votaría el caso de Espinoza, luego que se frustrara la sesión ordinaria que habían programado para el lunes por falta de quórum ante las ausencias de legisladores de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso (APP).
“Vamos a realizar una sesión de manera extraordinaria el jueves en la mañana, antes de la sesión del pleno, para que no haya ninguna excusa de ningún parlamentario”, aseguró este lunes.
En una entrevista a RPP otorgada el martes 16 de abril, Bazán reiteró sus cuestionamientos a los otros integrantes de Ética por no haberse presentado y así haber frustrado la realización de la sesión en la cual verían, además del caso de Darwin Espinoza, informes finales contra dos legisladores acusados por “mochasueldos”.
“Lo que ha sucedido el lunes me ha avergonzado particularmente […] De los nueve, solo tres entregaron licencia válida. Dos por temas de salud, uno porque estaba fuera del país. Los demás, queda claro que son descuentos que se van a aplicar”, señaló en alusión a los parlamentarios de Fuerza Popular y APP.
Política
Gobierno de Dina Boluarte no observará retiro de AFP
El ministro de Economía, José Arista anunció la decisión del Ejecutivo y “pediría al Congreso que autorice con un piso mínimo de cuatro meses”, sostuvo en conferencia de prensa.
Política
Ministro Morgan Quero reincorporará a profesores que fueron cesados por no rendir evaluaciones
El titular de Educación defiende la norma de reincorporación de profesores cesados que el Congreso aprobó por insistencia y anunció que la medida beneficiará a miles de docentes. «Vamos a capacitarlos y evaluarlos», advirtió Quero Gaime.
El ministro de Educación (Minedu), Morgan Quero Gaime, defiende la Ley de la Carrera Pública Magisterial que el Congreso aprobó por insistencia el ultimo 4 de abril para el retorno de profesores cesados por desaprobar o no rendir evaluación y acaba de confirmar que se reincorporarán a la Carrera Pública Magisterial (CPM) a un gran grupo de docentes que fueron cesados en el 2014.
Según estimaciones del portafolio educativo, entre 2 mil y 3 mil docentes se verían beneficiados con esta medida.
Quero Gaime afirmó que los profesores, antes de ser reincorporados serán sometidos a un proceso de capacitación y evaluación.
«Vamos a capacitar y evaluar a todos los profesores. Cada vez que un maestro pasa de una escala a otra tiene que ser evaluado de manera muy precisa», refirió.
El titular del porfolio explicó que su decisión se basa en el reconocimiento de la importancia de la experiencia de los profesores en el sistema educativo, a pesar de no haber participado en la integración inicial a la Carrera Publica Magisterial. Además, refirió que la exclusión de estos docentes fue por motivos políticos y disputas sobre el proceso de evaluación.
De esa manera, el último 10 de abril fue publicada la ley que incorpora al magisterio a docentes interinos que fueron cesados en 2014, por no cumplir con los requisitos de evaluación vigentes en esa fecha.
La disposición, publicada en el diario oficial El Peruano, lleva la firma del titular del Parlamento, Alejandro Soto, y del vicepresidente, Arturo Alegría.
«Se autoriza al Ministerio de Educación a realizar una evaluación excepcional y por única vez, para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial, a aquellos profesores que fueron nombrados interinamente durante la vigencia de la Ley 24029, Ley del Profesorado, y retirados del servicio público magisterial en aplicación de la Resolución de Secretaría General 2078-2014-MINEDU», se lee.
¿Cuáles son los requisitos para ser reincorporados?
Los profesores que deseen ser reincorporados deberán acreditar el título en educación obtenido desde 26/11/12 hasta el 25/11/14; asimismo, deberán constatar que han ejercido como tal (profesores) en la modalidad de contratado por 30 (o más) meses de manera continua o interrumpida. Además, aquellos profesores que no hayan tenido un título bajo la vigencia la ‘Ley del Profesorado’, pero que lo hayan obtenido hasta el 25/11/12, también serán incorporados en caso, lo acrediten.
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