Por Rafael Romero

Señora Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza Valenzuela, públicamente denuncio a quienes resulten responsables en el Ministerio de Cultura por el supuesto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales frente a la tramitación lenta, defectuosa y arbitraria de los Expedientes N° 34720-2024 y N° 128394-2024, paralizados dolosamente en el despacho viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales desde el 5 de diciembre del año pasado.

Algunos funcionarios podrán buscar mil excusas, poner pretextos o simular nuevos vericuetos de su tramitología, pero lo que no pueden negar es su falta de vocación de servicio, muchos más cuando hay razones de peso para cumplir y hacer cumplir la ley ante pintores o escultores que merecen ser reconocidos dadas sus credenciales, dones, talento y profesionalismo, respecto de los cuales el Estado tiene la obligación de promoverlos, promocionarlos y entregarles sencillos galardones cuando esos artistas están poniendo el nombre del Perú muy alto a nivel mundial.

Pero a los señores del MINCUL no les da la gana de trabajar y menos de estudiar más ni de cultivar mejor la inteligencia o el análisis suficiente como para entender la perspectiva provechosa para el país cuando los ciudadanos presentamos expedientes probos, justos, sanos y limpios, siendo el deber de la administración pública el de tramitarlos de acuerdo a ley, de forma célere y oportuna, conforme a la Ley 27444, pero no lo han hecho.

Es lamentable que el ciudadano de a pie o el administrado sea una persona de segunda categoría frente a la práctica perversa e insensible de un puñado de funcionarios del Ministerio de Cultura, donde -salvo honrosas excepciones- hay gente que se cree de primera categoría, configurando una burocracia dorada que solo se sirve del cargo en sus intereses particulares, mas no sirve a los intereses nacionales.

Lamentablemente, señores del Ministerio Público, dentro del citado portafolio del Poder Ejecutivo atrás quedaron los principios de la PCM sobre la integridad y atrás también quedaron los sabihondos discursos de SERVIR sobre la idoneidad y la ética en la función pública. Todo eso en la praxis no es nada más que papel mojado en tinta frente a la negligencia funcional, al cohecho, al peculado, la impunidad o la procrastinación. 

En ese sentido, de oficio incluso, los fiscales que hace unas semanas iniciaron investigaciones preliminares a la alta dirección del MINCUL, también pueden indagar qué ha pasado con los Expedientes N° 34720-2024 y N° 128394-2024, y según los hechos y documentos deberán individualizar responsabilidades sobre el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, entre otros ilícitos penales que adicionalmente pudieran presentarse.

Ahora bien, frente al tipo penal específico señalado, se recuerda que el bien jurídico tutelado es el normal y correcto funcionamiento de la Administración Pública en cuanto a la oportunidad y eficacia en el cumplimiento de la función pública por parte de los funcionarios públicos que representan al Estado. Se busca así el normal desarrollo de las funciones públicas con el objetivo de evitar que estas se vean perjudicadas por la inercia dolosa del funcionario que ejerce un cargo determinado, según la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema (Casación N° 169-2012-ÁNCASH, 12 de setiembre de 2013).

De otro lado, la omisión de actos funcionales es una infracción del deber, que se configura con la sola omisión, sin exigir un resultado lesivo a la Administración Pública más allá de la propia inercia dolosa del funcionario. En consecuencia, se trata que es un delito de mera actividad; y si bien en el delito de omisión de actos funcionales no se afecta el patrimonio público, lamentablemente, sí se afecta la regularidad y la legalidad de los actos administrativos, según lo señala la jurisprudencia penal.

En otras palabras, se lesiona esencialmente el correcto funcionamiento de la Administración Pública, como bien jurídico protegido, en cuanto persigue garantizar la regularidad y la legalidad de los actos realizados por los funcionarios públicos en el desarrollo de las actividades propias del cargo, así como evitar su actuación arbitraria, contraria a la Constitución, leyes o deberes (Sala Penal Permanente RN 2347-2008-LIMA).

No obstante, el sujeto pasivo es el Estado y la persona natural o jurídica que haya sido perjudicada con el acto abusivo del funcionario estatal del MINCUL. De manera que no existe explicación razonable para excluir a quien es el directo perjudicado en sus derechos como sujeto pasivo-agraviado y por tanto puede participar del proceso penal como tal.

En este artículo de denuncia y divulgación, es pertinente señalar que la figura delictiva denominada “incumplimiento de deberes” se perfecciona hasta por tres hipótesis o supuestos claramente diferenciados, según tres verbos que recoge el tipo penal: “omitir”, “rehusar” y “retardar” algún acto a cargo de un funcionario.

Se “omite” un acto cuando el funcionario público prescinde, descuida, desatiende o incumple algún trámite dentro de sus atribuciones en el cargo, empleo u oficio que desempeña en el MINCUL, y no se requiere de un resultado lesivo más allá de la propia inercia dolosa del funcionario.

Por su parte, el funcionario “reúsa” algún acto de su cargo, cuando esquiva, declina, desestima o niega el cumplimiento de un acto funcional que está en el deber de hacer por hallarse dentro de sus atribuciones, de acuerdo con el cargo que desempeña en el MINCUL. Y se “retarda” algún acto de su cargo cuando un servidor público demora, retrasa, difiere, aplaza, dilata o pospone el cumplimiento de dicho acto funcional cuando está en el deber de hacerlo en tiempo oportuno.

En suma, son supuestos delictivos de comisión dolosa y de simple actividad, no cabiendo la comisión por culpa, pues el funcionario actúa con conocimiento de que su conducta es ilegal, omitiendo, rehusando o retardando un acto funcional que le corresponde realizar; y el delito se consuma automáticamente e incluso sin necesidad de que se produzca un resultado material o un perjuicio para terceros.

El cine: jugar a, o sospechar que, las imágenes tienen conciencia de sí mismas. El mundo: signos escritos. Cómo se descifra lo viviente, lo existente. El mundo. ¿Es descifrable? Pero si lo es, es íntimo, personal. Te lo llevas del ojo a la boca. El mundo está bueno para comer. Pro-nun-ciar. En una película que se gusta muda. ¡Tan llena de letras, de palabras! Palabras para dominar el mundo, o la imagen del mundo. Tentado de pensar que el mundo es solo imagen, y entonces, en el fondo…

Vuelvo, para no quedarme mudo. Palabras… para que seas dominado por las palabras. El mundo te dice. Tú dices al mundo. Tantas palabras, y no sabemos (todavía) qué son. Un mundo de palabras, sí, ¡también las palabras son un mundo! Jugamos con dobles, pluralidades. Palabras, buscadas, encontradas por la ciudad. Como señales. Como piezas de un rompecabezas… qué va hacia dónde…

Entre las delicias visuales, frescas y constantes, al ritmo casi marcha de las letras me mantengo, estoy a la espera de una revelación. Ah la verdad abstracta tras la miríada de particularidades. La película es generosa en mostrar pero también en esconder. Insisto. ¿Leemos -vemos, entendemos- el mundo como si estuviese hecho de / con palabras? El alfabeto. Qué necesidad. Qué invento. Su magia inocente cargada de sonido, de sentido. Palabras que empiezan con A, con B, con C… y así. Una y otra vez, es una ronda. Podríamos no acabar nunca. Es el goce del juego, y el juego es uno de los más profundos significados. En cada momento.    

Pero me olvidaba. Esta película empieza no con palabras escritas sino con pantalla en negro y una voz. Oh la recitación. Oh el viejo libro infantil. Oh las órdenes disimuladas. Las frases, dichas en tono monocorde, con impecable indiferencia, quieren ser hipnóticas. Somos niños, ¿te acuerdas?, empezando a aprender el alfabeto. Luego, como divas, una a una, las letras, las 24 actrices de la profundamente bella película, se suceden, desfilan, explotan.

El filme estructural. No tiene ‘contenido’ ¿aparente? o el contenido es su propia construcción, su estructura, su forma, sus patrones. Nada en contra de los films máquinas (¡pero todos lo son!) que no disimulan serlo.  Al contrario. Pues buscan la esencia, no solo de los films, sino de nosotros mismos. Sí, te engañaron: el cine es más de lo que tú crees.    

Película

https://m.ok.ru/video/1748433701577

Por Fernando Casanova

Hay que tener estómago para seguir creyendo en las elecciones peruanas.
Hay que tener una fe propia de los conventos.
Porque vamos, ¿quién puede mirar esta farsa sin reírse, sin escupir al suelo después? Basta con tener los ojos abiertos para ver que lo que se viene no es democracia,
es un nuevo y cansado casting de ratas.

Otra vez elecciones. Otra vez la propaganda.
Otra vez los spots de tipos que no te mirarían en la calle
pero ahora te prometen patria, justicia y trabajo.
Otra vez la escenografía de la “fiesta cívica”,
con sus ONPEs desveladas,
con su desfile de candidatos que huelen a sobre manila,
a billetes de banco, de mina, de droga.

Porque seamos serios:
el crimen está gobernando.
No en la sombra, no detrás.
Gobierna desde el estrado, desde la curul, desde el despacho ministerial, en la corte suprema.
El sicariato se volvió parte del paisaje.
Ya no causa escándalo, causa tráfico.
Y la policía —esa caricatura de autoridad—
está más ocupada borrando pruebas que haciendo operativos.

¿Y las Fuerzas Armadas?
Juran lealtad a la Constitución con una mano,
y con la otra custodian avionetas de narcos mientras le sacan el igv a lo inimaginable.

Hay una peste moral que lo ha tocado todo, si no, tiren entonces la primera piedra.
Desde el municipio más remoto hasta el hemiciclo más iluminado.
Y aún así, nos siguen diciendo que el problema es la abstención ciudadana.
Que es peligroso no votar. Que la multa.
Como si marcar una cédula fuera a exorcizar un sistema podrido.

No. No va a cambiar nada.
Porque el sistema no está en crisis: es la crisis.
El sistema se alimenta del caos, lo administra, lo recicla.
Nos da elecciones como quien pone morfina a un enfermo terminal para que no grite tanto.

¿Puede acaso haber democracia
con más de cuarenta partidos inscritos con firmas falsas, con locales fantasma y comités que no existen.
Cuando los candidatos emergen no del clamor popular, sino de los escritorios de las farmacias, de traficantes de tierra, de lavadores?

Pero uno igual va.
Con la nariz tapada, con el hígado revuelto.
Va como quien deja constancia en una escena del crimen.
Firma, no para elegir al presidente,
sino para decir: yo vi esto y me hice el cojudo.

Eso es hoy votar.
Una liturgia sin fieles, un trámite deprimente, una forma de dejar que el silencio se coma todo. No hay esperanza. No la busquen en las urnas.
Lo que hay es rabia, necesidad, miedo.
Y si se junta lo suficiente, quizás —con los años, entre las ruinas y hartos ya de salir a trabajar entre la escombrera—
nos dé para inventar otro país.

Pero por ahora, todo indica que
nos tocará votar, otra vez, entre cenizas.

La reciente propuesta de la congresista Katy Ugarte para trasladar a reos peruanos de alta peligrosidad a cárceles en El Salvador ha desatado un intenso debate público. Por un lado, un sector de analistas la tilda de inconstitucional, inviable e incluso absurda; por otro, ciudadanos comunes —sobre todo quienes sufren a diario los estragos de la criminalidad— ven en la idea una medida necesaria para castigar con mayor rigor a los avezados cabecillas del crimen organizado. En el imaginario colectivo, estas cárceles extranjeras, particularmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, representan un infierno sin privilegios, donde los delincuentes “pagan de verdad” sus crímenes. A diferencia de Perú, donde algunas cárceles se han convertido en resorts del crimen.

Presentado como un proyecto de ley en el Congreso de la República, el plan se justifica con el argumento de reducir la sobrepoblación carcelaria, que ya sobrepasa el 150 % en el país, e impedir que las mafias sigan operando desde los penales y, supuestamente, ahorrar recursos al Estado. Sin embargo, detrás del aparente pragmatismo de la propuesta se esconde una preocupante crisis de gestión penitenciaria, una peligrosa cesión de soberanía judicial y una estrategia que, lejos de atacar la raíz del problema, simplemente lo traslada literalmente fuera de nuestras fronteras.

Este proyecto exige un análisis más profundo, no solo desde la logística penitenciaria, sino también desde la sociología del poder, los derechos humanos y la gobernabilidad. Lo que parece una genuina política pública de seguridad, en realidad revela un fracaso estructural del Estado para reformar su sistema penitenciario.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) la megacárcel creada por el hoy mayormente popular presidente Nayib Bukele en El Salvador, ha ganado notoriedad mundial por sus métodos radicales. Las imágenes de miles de reclusos rapados, alineados, bajando la cerviz y semidesnudos han sido interpretadas por muchos como símbolo de orden y disciplina.

Que el premier Eduardo Arana haya viajado a El Salvador a inicios de 2024, y que el Ejecutivo actualmente evalúe adoptar este modelo carcelario, no es casual. En un contexto de baja aprobación presidencial, el gobierno de Dina Boluarte busca desesperadamente proyectar imagen de firmeza ante el crimen, apelando al populismo punitivo como salvavidas político. Mostrar “mano dura” podría resultar rentable electoralmente, sobre todo en los sectores populares más golpeados por la criminalidad, como San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres o Villa El Salvador.

No obstante, cabe preguntarse: ¿es esta realmente una solución eficaz o simplemente un paliativo mediático?

Desde una perspectiva sociológica, este tipo de propuestas no resuelven las causas estructurales del delito. El crimen organizado no nace en las cárceles: se alimenta de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y el abandono institucional. Las cárceles son apenas la última estación del trayecto. Pensar que enviar reos al extranjero desarticulará redes criminales es tan ingenuo como creer que barrer la basura bajo la alfombra limpia una casa. Las bandas no dependen de un solo líder encarcelado, sino de estructuras complejas con tentáculos territoriales y económicos que seguirán operando con o sin sus cabecillas.

El traslado de reos al extranjero también plantea serias preguntas éticas, jurídicas y económicas. ¿Qué tipo de soberanía judicial conserva un país que permite que otra nación custodie, alimente y discipline a sus ciudadanos condenados? ¿Cuál será el verdadero costo para el Estado peruano? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se estima que paga alrededor de 20 mil dólares al año por cada convicto confinado en el Cecot. ¿Estamos dispuestos a asumir una carga similar, solo para aparentar control?

Además, si el Cecot es denunciado por violaciones de derechos humanos contra reclusos peruanos, ¿quién asumirá la responsabilidad? Las ONG ya han alertado sobre las condiciones extremas en esta prisión salvadoreña. Eventuales indemnizaciones internacionales terminarán siendo pagadas, como siempre, por el contribuyente peruano.

Los promotores del proyecto sostienen que “es más barato enviar a los delincuentes fuera” que mantenerlos en penales dominados por mafias. Pero esta afirmación, lejos de ser un argumento de peso, constituye una confesión del fracaso estatal. El Estado peruano no solo es incapaz de controlar sus cárceles, sino que, en lugar de invertir en mejorar el sistema penitenciario, opta por tercerizar el castigo, como una especie de servicio subcontratado.

Este tipo de propuestas evidencia una forma de populismo punitivo que ofrece resultados inmediatos en encuestas, pero que no garantiza seguridad a largo plazo.

Tampoco es cierto que esta medida ayude a reestructurar el sistema penal. No construirá nuevas cárceles, no modernizará el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), no fortalecerá la Policía Nacional del Perú, ni evitará que miles de jóvenes de los barrios más vulnerables ingresen a las bandas criminales por necesidad. No es una política pública de seguridad integral, sino un mero maquillaje de emergencia diseñado para calmar momentáneamente la indignación ciudadana. Más preocupante aún es el precedente que se sentaría: convertir el encierro en una mercancía internacional.

En definitiva, esta iniciativa parlamentaria no representa una solución real, sino una maniobra cosmética para ocultar el verdadero problema: el Estado peruano ha perdido el control de su sistema penitenciario. Y como suele ocurrir con los paliativos, pueden calmar el dolor por un rato, pero no curan la enfermedad.

Por Edwin A. Vegas Gallo

La presidenta Dina Boluarte asistirá a la Cumbre Mundial del Océano, a realizarse en Niza, Francia, entre el 9 y el 13 de junio próximo, con el lema NUESTRO OCÉANO, NUESTRO FUTURO, NUESTRA RESPONSABILIDAD.

El viaje presidencial fuera altamente provechoso, si el Perú contara con una política de Estado a largo plazo para la sostenibilidad de nuestro mar.

 Lamentablemente, ello no es así, ya que la decisión ejecutiva y legislativa más pasa por favorecer la extracción de anchovetas del mar peruano para harina destinada a la alimentación animal, además de permitir la explotación de hidrocarburos en el litoral.

No hay visión política en este mar de problemas, como es el mar peruano, en esta parte del Pacífico sur oriental.

Ni siquiera tenemos una ley de manejo costero integrado que la presidenta pueda exhibir en Niza en la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos.

Al contrario, tenemos un mar peruano enfermo por la contaminación producida por los gobiernos locales adyacentes a aquél, donde descargan tanto vertidos líquidos como sólidos, con un mar de plástico incluido.

En Niza se tratará sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas marinos y, hasta donde se conoce, las autoridades ministeriales que tienen competencia en ellono se han preocupado de agendar este tema, que de por sí es un tema de derechos humanos.

Recordemos el pasado año los impactos del oleaje producido en Máncora, con destrucción de viviendas y hoteles, dentro del área prohibida para la construcción, o el desastre económico de los pescadores artesanales por la dificultad de salir a la pesca.

Ni que decir de la contaminación de la caleta Cabo Blanco, dejada por la empresa petrolera Savia y heredada por Petroperú, con consecuencias funestas para la economía de los pescadores.

Asimismo, no hay que olvidar la pretensión judicial de la Sociedad Nacional de Pesquería para que se les permita la pesca industrial de la anchoveta dentro del área de la Reserva Marina de Paracas.

En este punto, señalo que el Perú se ha comprometido a proteger el 30% del área marina y apenas se llega al 9%.

No se me ocurre qué puede señalar la presidenta Boluarte cuando, en la agenda de Niza, se vea el estado de la ratificación del Convenio de Naciones Unidas sobre el alta mar, que aquí en Perú, Cancillería no impulsa su discusión en el Congreso y que, por cierto, los padres y madres de la patria lo desconocen.

¿Sabrá la presidenta Boluarte que entre el 2003 y el 2022 el 21% del océano global (75 millones de km²) se está oscureciendo, con consecuencias para el comportamiento animal y humano?

 Sabrá la Sra. Boluarte de la matanza de tiburones, para sólo usar las aletas y exportarlas a mercados exóticos.

Por cierto, el próximo 8 de junio es el Día Internacional de los Océanos. El lema será MARAVILLA SOSTENIENDO LO QUE NOS SUSTENTA. Se concientizará en el marco del Decenio de Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas y durante la Conferencia Mundial de los Océanos.

Es de señalar que la Cumbre de Niza pasa por que se hagan inversiones para el buen manejo de un océano sano, que generen beneficios significativos económicos, ambientales y de salud, con fuerte gobernanza, con finanzas innovadoras y con tecnología que trabaje en la restauración y protección de los ecosistemas marinos costeros.

Por Rafael Romero

El cariño del pueblo va increscendo para dos líderes, cuyo apellido coincidentemente empieza con la letra “B”, de bonhomía, bondad y bienestar. Se trata de Ricardo Belmont y Daniel Barragán, presidente y secretario general, respectivamente, del Partido Cívico Obras.

Muchos coincidimos en la necesidad de devolverle el alma al Perú, de renovar el espíritu nacional y creemos en la urgencia de dotar a nuestra patria de los valores morales que, lamentablemente, a causa de malas personas y advenedizos metidos de “políticos” se vienen difuminando a una velocidad que solo potencia a la corrupción, el caos, la violencia y la delincuencia común u organizada.

Ricardo tiene la experiencia y sabiduría ganada al fragor de mil y una batallas, mientras que Daniel tiene juventud y un excelso patriotismo, pero ambos poseen la madurez necesaria bajo el común denominador de haberse dirigido -y se siguen dirigiendo- al ciudadano peruano con el objetivo de edificarlo. Ambos han usado -y usan- los micrófonos promoviendo el positivismo, el carácter espartano y el liderazgo en provecho de sus audiencias.

Así, mientras Ricardo lo hacía desde “Habla el Pueblo”, por citar uno de sus múltiples programas de radio y televisión, Daniel lo hacía frente a los auditorios donde presentaba (y presenta) sus conferencias motivacionales, sus talleres de liderazgo y de desarrollo personal.

Esa sana coincidencia y cariño por el prójimo es una de las claves del PCO, y la otra clave es la unidad monolítica partidaria, trasmitiendo esas fortalezas a las regiones del país premunidos de una nueva “filosofía de vida” y de una “filosofía política” refundacional de la República. A su vez, esa experiencia y juventud constituye una garantía en otros dos niveles.

El primer nivel tiene que ver con el crecimiento y fortalecimiento del PCO, haciendo Daniel Barragán la metáfora con el bambú japonés, y donde esas raíces profundas con el pueblo es el secreto de su victoria a diferencia de los vientres de alquiler donde ya se pelean los candidatos a la presidencia invitados y los dueños de esos clubes electorales.

En el segundo nivel, se trata de la garantía para llevar al Estado a los mejores ciudadanos, reconociendo que la política es para políticos de verdad y no para advenedizos. Los hechos y la historia reciente demuestran que no todos los “PhD, doctorados, maestrías y los togados” son buenos políticos, pues muchos de ellos en los últimos treinta años resultaron comprometidos en graves casos de corrupción.

Si de liderazgo se trata, el mejor título de un político es el de ser el mejor estudiante, el mejor agricultor, el mejor obrero, el mejor emprendedor, profesor, dirigente sindical, etc., pues al final Luis Bedoya Reyes siempre tuvo razón cuando dijo “los técnicos se alquilan” porque, lamentablemente, estos, salvo honrosas excepciones, están arruinando al Perú, al ser los que elaboran las normas, las directivas y la letra chiquita con el fin perverso de beneficiarse en medio de los vericuetos burocráticos, la corrupción y la impunidad (ahí están el Gas de Camisea y Odebrecht con los peajes, por citar dos casos).

En ese sentido, con sabiduría, experiencia, juventud y madurez la “Dupla de Oro”, Ricardo y Daniel, tienen la gran misión de buscar a los mejores entre los peruanos que residen en nuestra patria y en el exterior para que asuman el gran reto de refundar la República, bajo un urgente reseteo de la administración pública para poner orden y devolverle a las nuevas generaciones un futuro promisorio, con paz, desarrollo, justicia, salud, trabajo y cultura.

Por Jorge Paredes Terry

El REINFO cambió las reglas del juego: miles de mineros cholos hoy son empresarios, sus hijos van a la universidad y en el 2026 llevarán su voz al Congreso. La oligarquía quiere volver a los tiempos de la mita colonial, pero los pueblos mineros han dicho ¡NO! Esta es la historia de una transformación imparable.

La historia se repite, pero esta vez con un final diferente. Durante siglos, los dueños del Perú nos vieron como simples mitayos, como esos indígenas explotados que morían en las minas de Potosí para enriquecer a las grandes monarquías parásitas europeas. Hoy, gracias a la lucha organizada y al REINFO, esa realidad está cambiando. Por primera vez, los mineros artesanales y pequeños productores han logrado salir de la pobreza, han formalizado sus operaciones y están construyendo un futuro digno para sus familias.  

Este despertar no ha sido gratuito. La oligarquía limeña y sus socios extranjeros han respondido con toda su artillería: medios de comunicación mintiendo, leyes diseñadas para asfixiar al pequeño minero, y hasta balas para quienes osan defender sus derechos. Pero hay algo que no calcularon: el pueblo minero ya no está solo, ya no tiene miedo, y lo más importante, ya tiene conciencia de su poder.  

El 2026 marcará un punto de inflexión. En las comunidades mineras ya se escuchan los nombres de los futuros congresistas: hombres y mujeres que conocen el sudor de la mina, que han vivido la represión, que saben lo que es ver cómo se llevan la riqueza mientras dejan miseria. No serán los típicos políticos limeños con corbata y discursos vacíos. Serán líderes auténticos, formados en la lucha diaria, que llevarán al hemiciclo el olor a tierra y mineral que tanto odia la oligarquía.  

Esta revolución no es solo económica, es cultural y política. Los hijos de los mineros ya no quieren ser peones, quieren ser ingenieros, empresarios, congresistas. Las mujeres mineras ya no aceptan ser invisibles, hoy son dirigentes que toman decisiones. Las comunidades ya no creen en promesas, exigen participación real en las ganancias.  

El mensaje es claro: no somos la mano de obra barata del siglo XXI. Somos los herederos de una tierra rica que por fin está en manos de sus verdaderos dueños. Las balas no detendrán este proceso, las mentiras no confundirán a quienes han abierto los ojos, y las trampas legales no frenarán la ola de cambio que viene.  

En el 2026, cuando los primeros representantes mineros lleguen al Congreso, brillarán como el oro no por su valor monetario, sino por representar la esperanza de un país que decidió dejar de ser colonia. Esta vez, la plata y el oro no irán a enriquecer a otros, servirán para construir escuelas, hospitales y fábricas en nuestras propias tierras.  

La mita colonial terminó. La esclavitud minera del siglo XXI también está por acabarse. Los pueblos mineros han despertado y no hay vuelta atrás. ¡Que tiemble la oligarquía, la revolución minera popular ya comenzó!

Pedro Pablo Kuczynski, conocido popularmente como PPK, se pavonea hoy, gracias a una ley del Congreso de la República (Ley 32130) aprobada en 2024, con la libertad de salir del país cuando le plazca, sin ninguna restricción procesal que lo retenga. Este sujeto, que durante años engatusó a la nación con su fachada de erudito formado en Princeton University, no es más que un símbolo de la decadencia política y moral del Perú. Su paso por la política nacional no ha sido más que un recorrido para satisfacer oscuros apetitos crematísticos, disfrazados de tecnocracia y savoir-faire económico.

Su opaca historia, lejos de ser la de un estadista exitoso, está marcada por decisiones que favorecieron descaradamente intereses extranjeros en detrimento de la soberanía peruana. Desde su controvertida gestión en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en 1968, donde autorizó, sin la debida autorización ministerial, la transferencia de 17 millones de dólares a la International Petroleum Company (IPC), a pesar de la nacionalización decretada por el régimen de Velasco Alvarado, PPK dejó claro que su prioridad nunca fue el Perú, sino sus conexiones internacionales y la protección de capitales foráneos.

Su fuga apresurada y cobarde del país tras el golpe militar de 1968, refugiándose en la embajada estadounidense y fugándose hacia EE.UU., marcó para siempre la dimensión de su oscuro compromiso con el Perú, por demás nulo. Y regresó en los años ochenta para incorporarse a la política peruana, siendo acogido nuevamente por Fernando Belaúnde que lo erigió como ministro de Energía y Minas; no para redimirse, sino para tejer una carrera política plagada de escándalos, denuncias y una ominosa política migratoria que ha desangrado la seguridad del país.

Durante su breve gobierno, PPK abrió deliberadamente las puertas del Perú a la avalancha migratoria venezolana, implementando el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que facilitó la entrada masiva de ciudadanos venezolanos, entre ellos un número alarmante de delincuentes que ahora engrosan las filas de la inseguridad nacional. En un país con un sistema de justicia débil y penitenciario colapsado, la irresponsabilidad de PPK en esta materia no es solo política, sino criminal. No cabe duda que siempre despreció al Perú, porque gracias a su traición ingresaron más organizaciones criminales internacionales como el «Tren de Aragua», una red venezolana que sembró el terror en el país, con la extorsión, el proxenetismo y el sicariato.

Recordemos que, en su mensaje a la Nación del 28 de julio de 2017, PPK dijo: “¡Todos los venezolanos son bienvenidos a este país democrático!” y a los pocos meses, en una entrevista con la televisora estatal, afirmó: “Hermanos venezolanos, bienvenidos al Perú; vengan aquí y les pagaremos los sueldos de ley”.

Pero la lista negra de PPK no termina ahí. Está su indulto a Alberto Fujimori, otorgado bajo sospechosas condiciones políticas y en un momento crucial para su permanencia en el poder, vendiendo así una parte de su alma a Kenji Fujimori. Está también el ocultamiento de millones en paraísos fiscales, con la creación de empresas offshore mientras ejercía cargos públicos, evidenciando su doble moral y su cercanía con la corrupción.

El colmo de la burla es que, luego de estar bajo medidas restrictivas por investigaciones vinculadas a Odebrecht y lavado de activos, gracias a la ley del Congreso que limita las comparecencias con restricciones a 36 meses, PPK quedó libre para salir del país, arriesgándose a una fuga que sería la confirmación final de su desprecio por la justicia y el país, al que siempre lo vio como una mina de oro. Mientras otros peruanos luchan por sobrevivir a un sistema judicial ineficaz y corrupto, este abominable norteamericano, se pasea con total impunidad.

Para colmo, PPK contó con la complicidad de medios y periodistas que, con cinismo, le dieron media training para que su imagen de “mandatario culto” se mantuviera intacta ante la opinión pública. Personajes mediáticos como Rosa María Palacios, Gustavo Gorriti y Cecilia Valenzuela le dieron media training, lo prepararon para debates y le sirvieron como escudo frente a una ciudadanía que merecía transparencia y ética, no un espectáculo calculado y vacío. Incluso, una conductora del ‘prime time’ de Willax todavía hoy se jacta, con orgullo apenas disimulado, de que PPK asistió a su boda.

Cómo olvidar que lo coronaron como “presidente de lujo” apenas puso un pie en Palacio, no por su visión de país —que nunca tuvo—, sino porque sabía tocar la flauta traversa y era primo de Jean-Luc Godard. Como si la música de cámara y el parentesco con un cineasta francés fueran credenciales de estadista. Así, su desastroso gobierno fue celebrado por una corte de aduladores y oportunistas que no buscaban otra cosa que una silla cerca del poder.

Este abominable personaje que ha disfrutado de privilegios y de un blindaje mediático envidiable, representa todo lo que el Perú no necesita: la traición a su pueblo, el favorecimiento a intereses foráneos y la impunidad para quienes deberían responder ante la ley. PPK no es solo un expresidente inmoral; es un traidor a la patria peruana que lo acogió de joven. Y peor aún, es un enemigo silencioso que se pasea libremente, dejando una herida abierta en la democracia peruana.

Que nadie olvide: mientras el Perú lucha por justicia y seguridad, PPK puede hoy fugarse del país y dejar atrás la justicia nacional. Este es el legado de un individuo que, con máscaras de erudición y tecnocracia, terminó convirtiéndose en el peor enemigo del Perú.